La Federación de Centros Españoles solicitó a Rajoy mediar para garantizar el pago de indemnizaciones
Más de 500 productores agropecuarios, comerciantes y empresarios de origen español o descendientes esperan desde hace unos 5 años que el Gobierno reconozca el pago de propiedades invadidas, expropiadas y algunas intervenidas por el Estado.
La Federación de Centros de Españoles solicitó, a través de cartas al gobierno de Mariano Rajoy y al rey Juan Carlos I de Borbón, que le exija al Ejecutivo venezolano reconocer el pago de las indemnizaciones y de las propiedades afectadas. Abogan porque se cumpla el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones que está vigente entre ambos países.
Félix Barbero Martín, presidente de la federación, recordó que en julio de 2009 el entonces ministro de Relaciones Exteriores de España, Miguel Ángel Moratinos, visitó Venezuela y acordó con el gobierno de Chávez, a través del canciller Nicolás Maduro, crear comisiones para la revisión de estos casos. "Para ese momento se crearon varias mesas de trabajo junto con las autoridades del Instituto Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura y se acordó realizar los avalúos para indemnizar a los propietarios, pero hasta ahora no se ha pagado la mayoría.
Una excepción fue La Vaca de la familia Solórzano que logró, mediante huelga de hambre, que se le reconociera lo adeudado y otros casos puntuales" dijo Barbero Martín.
El resto de los propietarios está en una situación de incertidumbre jurídica: ni les devuelven las fincas ni se las pagan. "Muchas propiedades están destruidas. Donde había caña de azúcar sólo queda monte y hay haciendas que fueron parceladas y vendidas por los propios invasores", señaló Martín.
Señaló que hasta la fecha se calcula que la deuda por las indemnizaciones que no se han pagado podría superar los 5 millardos de euros, equivalentes a 29,1 millardos de bolívares al tipo de cambio oficial.
Sostiene el representante de la federación que el Gobierno no cumple con la garantía constitucional del respeto a la propiedad privada y que las expropiaciones se han realizado de manera ilegal y violando los derechos humanos. "Ante la situación desesperada y complicada que describimos, en la que se ha arremetido contra las propiedades en muchos casos de nuestros abuelos, decidimos reunirnos en el Consulado General de España para presentar la solicitud justa de defensa a los españoles que son víctimas de apropiaciones indebidas de sus propiedades en Venezuela", indica la carta enviada tanto al jefe del gobierno español, como al rey Juan Carlos I de Borbón.
Desde fincas hasta comercios. Entre los afectados están dueños de fincas que eran ganaderas, de cultivo de caña de azúcar, mataderos industriales como Fribarsa en Barinas, comercios como los supermercados Friosa y agroindustrias como Agroisleña. La mayoría fueron intervenidas entre 2005 y 2007, salvo Agroisleña y Friosa que fue en 2010. En el INTI se evaluaron los casos de 15 fincas situadas en varios estados como Anzoátegui, Cojedes, Portuguesa, Vargas, Yaracuy, Guárico, Aragua, Táchira y Zulia. Entre las haciendas están San Pedro, Tarapio, La Catalda, San Rafael, La Morita, Las Guacamayas, Mesadora, La Morelia, San Pedro, Rancho M3, Los Toros, Mama Hilda, Guanayen, La Argentina y La Vaca, estas dos últimas son las únicas que fueron indemnizadas de ese grupo.
"Las autoridades del INTI en muchos casos no reconocen la propiedad de la tierra, solo las bienhechurías, pero hay situaciones en las que no quieren asumir tampoco el pago porque alegan que fueron invasiones", indicó Félix Barbero.
El Nacional
07-01-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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