jueves, 7 de agosto de 2014

Las Bloqueras a punto de Cierre en Guayana

La Crisis del Cemento

Por: Antonio García Romero

Los Fabricantes de bloques del Municipio Caroní tienen graves problemas con la producción porque desde Venezolana de Cementos no le han despachado desde hace más de diez semanas, las bloquearías distribuyen su producto a la Gran Misión Vivienda Venezuela y al público en general-

El gremio Bloquero hace un llamado al presidente de Venezolana de Cementos, Basilio Labrador, para que agilice los trámites para lograr los despachos, Pedimos que Planta Guayana restablezca la distribución del cemento, que la Gerente de Comercialización Gleidis Tamaronis, sea equitativa y justa para que el suministro de cemento a los bloqueros les llegue, porque la denuncia es que se distribuye cemento a las grandes ferreterías y comercio de materiales de construcción, dejando sin el cemento a las Bloqueras, que la mayoría de sus productos van a los programas de construcción de viviendas del gobierno nacional y la falta de cemento trae como consecuencia  que podemos cerrar y que están en peligro más de 400 puesto de trabajo por falta de cemento.

Esta denuncia tiene sus asideros en lo que se puede observar en planta Guayana de Venezolana de Cementos, cuando hay preferencias a los grandes negocios, dejando por fuera a las bloqueras, estamos consciente de las limitaciones en planta, los Bloqueros algunos cuentan con cupos lo cual nos beneficia a pequeños y medianos bloqueros, con nuestra producción contribuimos al desarrollo de las pequeñas y medianas construcciones de la entidad.

En San Félix, municipio Caroní, en el sector La Manga podemos observar numerosos camiones cargados de cemento; el valor de un saco de cemento es de 500,00 bolívares, es una gran especulación que daña la economía y se permite la usura contra el pueblo, si ese cemento sala de Planta Guayana, quien autoriza su despacho para generar la especulación, esto debe ser investigado, el llamado es nuevamente el coronel Basilio Labrador como presidente de Venezolana de Cementos S.A.C.A, empresa adscrita a la Corporación Socialista de Cemento. Hay que aplicar las tres R en planta Guayana, porque la distribución de cemento no es justa ni equitativa, al parecer hay favoritismo y preferencias en los despachos.

Tiene que establecerse un criterio para el despacho y que sea de una manera programada y organizada, para que todos puedan obtener el producto de forma objetiva y equilibrada., recordemos que las bloqueras son transformadoras de materia prima y deben tener prioridad. Los Bloqueros no pueden adquirir producto de los revendedores, porque esto trae como consecuencia que los costos de producción son muy elevados y nosotros no podemos cargar ese costo a nuestra sociedad.

Coronel Basilio Labrador, tenemos varias semanas sin producir bloques u otro productos de nuestra línea de producción. El cemento que adquirimos en planta Guayana, es para fabricar bloques, no somos revendedores y su finalidad no es comercializar con cemento, su objetivo es transformar el cemento en bloques, placas, prefabricadas y otras unidades de construcción.

La gran preocupación del sector constructor de bloques, como es posible que se permita la venta del saco de cemento en 500 bolívares, sin que ninguna autoridad intervenga, ese  producto sale de Venezolana de Cementos, Planta Guayana, es que estos revendedores y especuladores tienen muy buenos contactos en la gerencia de Comercialización, se deben revisar los códigos de estos cupos, porque para los usureros y especuladores no se debe despachar cemento. Además esto es así que hay  una presunta complicidad de las gerencias responsable de estos despachos. Mientras esto ocurre el sector de las Bloquerias paralizadas porque en Planta Guayana no despachan cementos, sino  a las grandes casas comerciales de construcción y a los revendedores. Coronel Basilio Labrador revise esta situación, mande a investigar esta situación, con cual criterio se realiza la distribución y comercialización del cemento  en Guayana. Este problema es una alerta al Ministerio del Poder Popular para Industrias., al cual esta adscrito Venezolana de Cementos. Esperamos la investigación y la normalización de la venta de cemento a las Bloqueras.

antoniogarciaromero2010@hotmail.com

Aporrea
06-08-2014
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Aquiles Martini: Ley de Arrendamientos Inmobiliarios beneficia a ambas partes

El presidente de la Cámara Inmobiliaria dijo que es necesario que el Gobierno respete la propiedad privada y promueva leyes para el desarrollo del país.

Las llamadas "mesas de paz" llegaron hasta la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. El presidente de esta organización empresarial, Aquiles Martini Pietri, y el ministro de vivienda, Ricardo Molina; han sostenido conversaciones para analizar los problemas que presenta el sector y que, por supuesto, afectan a los ciudadanos.

En mayo de este año, en Gaceta Oficial Nº 40.418, fue aprobada la Ley de Regularización de Arrendamientos Inmobiliarios para el Uso Comercial. En vista de que el Gobierno nacional consideró que el sector inmobiliario nacional, especialmente el dedicado al arrendamiento con fines comerciales o de servicios, había tenido en los últimos años un comportamiento "especulativo"; propuso esta normativa.
Martini, en aras de presentar las bondades y características de esta Ley, viajó a Puerto Ordaz este jueves para participar en el foro organizado por la Cámara Inmobiliaria del estado Bolívar, con el fin de informar a los empresarios y usuarios cómo beneficia el reglamento.

EL DIÁLOGO FUNCIONÓ

"Esta Ley es una consecuencia de la negociación entre el Gobierno y el sector privado. Es diálogo es viable", dijo al inicio de sus declaraciones. Prosiguió asegurando que mientras las conversaciones sean equilibradas van a permitir la viabilidad económica y social "del uno y del otro". "Ambas partes cedieron, eso es importante, es la única manera de avanzar", agregó.

Martini resaltó que una de las bondades de esta normativa es que el Gobierno reconoce que las partes deben ponerse de acuerdo. "El Gobierno no puede esperar lo negativo para interceder. Esta ley es un gran logro porque nunca se había reconocido la voluntad de las partes involucradas. Claro, con esto no quiero decir que la Ley no tenga sus críticas", expresó.

Igualmente, señaló que el reglamento beneficia tanto al arrendador como al arrendatario. Indicó que el decreto presidencial que se publicó antes de la promulgación de esta normativa "había que revisarlo" debido a que "la población va a los centros comerciales como medio de escape, en busca de servicios y diversión" y que la ordenanza del Ejecutivo los obligaba prácticamente a cerrar.

Aseguró que con las tres modalidades de pago que se describen en la Ley, el inquilino tiene mayores posibilidades de negociar con el propietario y acordar una forma de pago "más cómoda y acorde a las necesidades de cada quien".

RESPETO Y GARANTÍA

El vocero inmobiliario, en las reuniones con funcionarios del Gobierno, exigió el respeto a la propiedad privada y la garantía por los derechos constitucionales. Pero también reconoció que "hay propietarios e inquilinos que abusan" y que hay que poner parámetros para evitarlo.

Aquellos inquilinos que tienen muchos años alquilando un local comercial, tienen seis meses, desde el momento de la promulgación de la Ley, para adaptarse a las nuevas normas. Se tendrá que recurrir a un procedimiento legal en caso de que no lo haga.

Otro de los puntos que destacó fue la ubicación y condición del espacio en alquiler. Estos puntos deberán ser tomados en consideración al momento de fijar el precio que deberá cancelar el arrendatario.

Pese a que este estatuto tiene algunas críticas, ha sido aceptado por la mayoría. Sin embargo, Martini asevera que no excluirá de discusión. Precisamente, con la gira nacional que realiza, pretende informar lo que establece y conocer las opiniones de los interesados. Comunicó que en Venezuela existen 400 mil locales comerciales de los cuales 50 mil están situados dentro de centros comerciales.

750 mil viviendas en alquiler

Martini citó a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, mencionando que hay 750 mil unidades de viviendas en alquiler en Venezuela. El vocero inmobiliario cree que son menos, "pero siendo así, igual es un número importante". Advirtió que urge estimular la producción e impulsar la producción de viviendas.

Como consecuencia de una falta de planificación, dijo que para el 2014 el Gobierno anunció la entrega de 400 mil viviendas "y no van más de 52 mil en siete meses". Las causas de esta situación, señaló, son carencia de créditos hipotecarios, falta de leyes inclusivas, sequía de materia prima y crisis en las empresas productoras de cabilla, cemento y demás materiales de construcción. Indicó que la Ley de Arrendamiento de Viviendas también será modificada.

El Diario de Guayana
02-08-2014
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“Me dejaron sin trabajo cuando me quitaron el estacionamiento

Calógeno Alotto es mejor conocido por sus amigos como Lilo

El gobierno no lo atiende, pero el papa Francisco le respondió en un mes la carta en la que explicaba el problema 

ANA DÍAZ

El 15 de diciembre de 2010 es una fecha trágica para Calógeno Alotto. Ese día le expropiaron el terreno donde tenía un estacionamiento. “A las 10:00 de la mañana se presentaron miembros armados de la milicia ordenándome desalojar en 24 horas porque si no iba preso, por instrucción del comandante Hugo Chávez”, contó.

Mejor conocido por los amigos y vecinos como Lilo, este ciudadano de origen italiano llegó a Venezuela en 1961 con sus padres a los cinco años de edad. “Me obligaron a desalojar sin la notificación establecida en la ley sobre expropiación por causa de utilidad pública. De hecho, el decreto 6981 publicado en la Gaceta Oficial 39588 con la notificación salió el 6 de enero de 2011”.

Alotto recordó que comenzó a trabajar muy joven, fundamentalmente como conductor de grúas, y que estuvo ahorrando para instalar un negocio propio: el estacionamiento. El terreno, ubicado en la esquina de Candilito, parroquia Santa Rosalía, al lado de la iglesia con el mismo nombre, lo compró en 1986. “Invertí todo el dinero que tenía”.

Un edificio de 12 pisos de la Misión Vivienda sustituyó el estacionamiento. “Me llevo bien con sus habitantes porque vivo enfrente. Sin embargo, la justicia que le hicieron a ellos no me la han hecho a mí. He acudido a todas las instancias gubernamentales y todavía nada, situación que ha afectado mi salud”.

A la fecha no ha recibido de las autoridades la indemnización correspondiente por el terreno y las bienhechurías. “Me dejaron sin trabajo cuando me quitaron el estacionamiento con el que mantenía a mi familia”.

El calvario

Una vez que salió en el decreto en la Gaceta, Alotto fue a la Procuraduría General de la República, organismo al cual debían acudir los expropiados para suscribir actas amigables y recibir la compensación económica correspondiente al avalúo, según el artículo 6. También ordena el artículo 2 la adquisición forzosa de terrenos ubicados en las parroquias de Santa Teresa, Santa Rosalía y Altagracia para la construcción de viviendas.

No fue sino hasta el 30 de mayo de 2011 cuando afectados por el decreto fueron llamados por la Procuraduría a un acto con funcionarios de la consultoría jurídica del organismo: el procurador encargado para la fecha, Joel Vergara, y el coordinador de expropiaciones, Carlos Flores.

“Para firmar el acuerdo amigable se hizo el avalúo que fue entregado a la Procuraduría”, dijo Alotto. Los meses pasaban y no había respuesta y en septiembre de 2012 le propusieron un nuevo arreglo amigable en el que, según otro decreto (el 9050) las autoridades pusieron el precio: 76% por debajo del avalúo original.

“No firmé el documento porque la ley no puede ser retroactiva”, sostuvo. Desde entonces, Alotto ha hecho diligencias, sin éxito, para resolver el problema en el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional.

La última gestión ante el gobierno fue el 23 de enero pasado con Cristóbal Francis y Lourdes Gámez, de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos, encargada ahora de las expropiaciones. “Les manifesté que no tengo trabajo y no puedo insertarme en la vida laboral y dependo además del pago del terreno que compré con mucho sacrificio. Hasta ahora no he tenido respuesta”.

Alotto ha llevado su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le contestó el 28 de febrero de 2012, dos meses después de enviar la comunicación. “Le escribí al papa Francisco el 16 de agosto de 2013, el 17 de septiembre me contestó con palabras de aliento y que ora por mí, a diferencia del gobierno venezolano que a más de tres años no ha respondido”.

“No soy burgués para nada, ni tampoco soy rico. Por eso, molesta que representantes del oficialismo te satanicen”, concluyó Alotto.

Movimiento 115 

Debido a la tardanza de las autoridades de pagar la indemnización, un grupo de propietarios de los estacionamientos expropiados en Caracas y Vargas fundó en febrero de 2013 el Movimiento 115, referido al artículo del mismo número de la Constitución que garantiza el derecho a la propiedad, contó Calógeno Alotto.

Añadió que el texto constitucional dice que solo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia y pago de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de bienes. 

Solicitaron una audiencia al presidente Nicolás Maduro pero aún no tienen respuesta. Al Movimiento se han incorporado también propietarios de inmuebles arrendados que no han podido recuperar.

El Nacional
06-08-2014
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