jueves, 12 de abril de 2012

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Demolieron casas patrimoniales sin permiso

Durante la Semana Santa fueron demolidas cuatro casas de valor histórico en El Paraíso. Las edificaciones están catalogadas como bienes culturales de Caracas y son protegidas por la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural.

Representantes del Instituto de Patrimonio Cultural, Fundacaracas y el Gobierno del Distrito Capital aseguraron no haber ejecutado ni autorizado la demolición de las casas durante el asueto.

"Este es el segundo año consecutivo en el que, en Semana Santa, en el que ocurren atentados contra bienes culturales de la nación", dijo la presidenta de la Fundación Memoria Urbana, Hannia Gómez.

El año pasado, en vísperas de Semana Santa, se intentó demoler el edificio Toki Eder, situado en Chacaito. La acción despertó las críticas y el rechazo de instituciones, particulares y hasta de diputados de la Asamblea Nacional.

"Tiene que haber un culpable y debe pagar, porque sino va a seguir sucediendo lo mismo cada año. Lo que pasó es comparable a quemar un cuadro de Reverón", afirmó Gómez.

Este año le tocó, sin suerte, la demolición a las quintas Marfingra y Helena. Ambas figuraban como bienes culturales en el catálogo de Patrimonio Cultural del Municipio Libertador y, según Gómez, tenían un valor artístico e histórico incalculable.

Marfingra era una obra del arquitecto de la Universidad Central de Venezuela, Carlos Raúl Villanueva, proyectada en 1941 para el Henrique Toledo Trujillo, primer ministro de Salubridad, Agricultura y Cría del país. Fue considerada, por algunos expertos, como un eslabón importante en la vida del artista y se encontraba en riesgo desde hacía más de un año.

El estilo de la quinta Helena, cuyo autor es desconocido, correspondía al de la arquitectura urbana moderna Art Deco que data de la década de 1930.

"Lo más grave de todo es la práctica sinvergüenza y poco ciudadana de demoler bienes patrimoniales en los días de asueto, aprovechando que la gente está en otra cosa", expresó Gómez.

Iris Auxiliadora Rangel, presidenta de la Asociación Civil para el Rescate del Patrimonio Histórico Venezolano, exige que se penalice a los culpables y se le exija reconstruir las edificaciones.

El Nacional
11-04-2012

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Decretan como área para construir viviendas terreno ya urbanizado

En la parte alta de Las Minitas de Baruta las viviendas carecen de cloacas y las aguas blancas y calles son insuficientes para una comunidad de 7.000 habitantes. Sin embargo, 70% del barrio fue declarado como un Área Vital de Vivienda y de Residencia por el decreto presidencial 8889.

La declaratoria ­publicada en la Gaceta Oficial 39896implica que el Ejecutivo hará estudios en el lugar con el fin de determinar si es apto para la construcción de más residencias.

El terreno, de 14,5 hectáreas, corresponde a un ejido municipal. Autoridades de la Alcaldía de Baruta han entregado allí la titularidad de la tierra a 120 personas que han vivido en el sector por más de 30 años. "Nuestra prioridad es la vivienda", afirma Keyla Gómez, vocera del consejo comunal Las Minitas Parte Alta.

A finales de 2010, ese consejo comunal junto con los de Las Minitas Parte Baja, Polifibra, La Naya y El Güire presentaron en la Presidencia y la Vicepresidencia de La República el Proyecto Ciudad Socialista Francisco de Miranda, para beneficiar con viviendas a más de 2.000 familias de la zona que viven hacinadas o alquiladas. El desarrollo se haría en Las Minitas, pero no en el área que fue afectada por el decreto, sino en un terreno adyacente conocido como El Plan, abandonado hace más de 30 años y que actualmente es utilizado como campo deportivo.

"Tuvo que ser un error", afirma Gómez cuando conoció que sólo 30% de El Plan entró en la clasificación de Avivir.

Zona en riesgo. El Plan se ubica sobre un terreno inestable. De acuerdo con Gerardo Blyde, alcalde de Baruta, es un suelo de relleno hecho con la tierra que fue sacada durante la construcción de la autopista de Prados del Este.

En 2011, la alcaldía junto con el consejo comunal Prados del Este también desarrolló un proyecto para el espacio que incluía instalaciones deportivas y la edificación de viviendas en sus áreas más estables.

"50% de Las Minitas está construido en zona de alto riesgo. Proponemos al Gobierno que expropien el terreno de El Plan ­cuyo dueño está preso por estafa− y que lo desarrollen para que la mitad del barrio, que se encuentra en peligro, sea trasladada al sitio", declaró Blyde.

Hasta ahora ninguno de los dos proyectos ha tenido éxito.

En el caso de la alcaldía continúan esperando la respuesta del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Mientras que el presentado por los consejos comunales recibió algunas observaciones: "Nuestro proyecto incluía la edificación de 10 a 12 torres, de 10 pisos cada una, pero nos recomendaron disminuir el número de pisos a 5. El terreno de El Plan lo estamos custodiando desde el año 2008 y debe beneficiar a las personas de Las Minitas y las comunidades adyacentes", expresa Gómez.

Reacción de la comunidad. En Las Minitas se observan casas hasta de tres pisos, funciona una zona industrial y existen talleres mecánicos, carpinterías, herrerías, tapicerías, entre otros comercios; por eso las personas de la comunidad no consideran posible que el decreto abarque una zona urbanizada. "El único terreno libre está en El Plan. Si es ese el que van a utilizar para hacer viviendas me parece bien porque aquí vive mucha gente alquilada y ese proyecto debe beneficiar a las personas de la misma comunidad", dice Hilda Martínez, encargada de un comercio.

Alba Pariata, que ha vivido más de 50 años en el sector, no está de acuerdo con la construcción de más viviendas: "Hay lotes vacíos en muchas partes del país. No pueden entorpecer nuestra cotidianidad", opina.

El Nacional
11-04-2012

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Apiur: “la oferta de arrendamiento ha llegado a un mínimo histórico”

El mercado de alquiler de inmuebles se ha reducido notoriamente a casi cinco meses de la entrada en vigencia de la Ley para Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, promulgada el 12 de noviembre de 2011 por el presidente de la República Hugo Chávez.

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela estima que la oferta de viviendas para arrendar se ubica en 1%. El año pasado la cifra estaba en 3%, mientras que en 1998 representaba 40% del total, según los datos del gremio.

Entre las causas de este descenso de viviendas en renta destacan el congelamiento de alquileres vigente desde febrero de 2003, las dificultades para ejecutar desalojos y la paralización de los juicios inmobiliarios.

“El mercado está en un limbo, por decir lo menos. Sigue la tendencia a la baja. La gente no quiere alquilar porque sabe que es casi imposible recuperar la vivienda”, señaló Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.

Por su parte, Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, aseguró que “la oferta de arrendamiento ha llegado a un mínimo histórico. Nunca había existido tan poca. No sólo en Caracas, lo mismo sucede en Coro, Maracay, Valencia y en el resto del país“.
El año pasado la cifra de arrendamiento se ubicaba en 3%

“El alquiler desapareció. Hay personas que arrendaban su inmueble para cubrir gastos pero, en condiciones tan adversas, prefieren buscar otras opciones”, afirmó María Elena Navarro, presidenta de la Red de Propietarios de Vivienda en Alquiler.

En las páginas de clasificados inmobiliarios, la oferta de arrendamiento no supera 250 apartamentos y casas en todo el país. La gran mayoría en el segmento de lujo, dirigido a ejecutivos de compañías transnacionales y con rentas mensuales por encima de 10.000 bolívares.

La Ley para Regularización y Control de los Arrendamientos se ha convertido en una dificultad incluso para las personas que están dispuestas a alquilar. “El hecho de que la Superintendencia Nacional de Arrendamiento no esté instalada en todo el país tiene graves consecuencias, porque según la ley todas las fases del alquiler dependen del organismo”, señaló Orta.

El presidente de Apiur recordó que toda persona que vaya a arrendar una vivienda debe acudir a la Superintendencia para que le revisen el contrato y le fijen el canon. “El alquiler se volvió un trámite sumamente lento”, agregó.

“La superintendente informó que diariamente atienden a 200 personas. Eso quiere decir que no van más de 20.000 familias registradas, lo que representa menos de 3% del total”, calculó el presidente de la Cámara Inmobiliaria.

“Así la gente quiera cumplir la ley, no lo puede hacer. En Caracas hay más movimiento, pero en otras ciudades no hay oficina o no hay personal suficiente”, añadió Orta.

Orta advirtió que la actitud de la Superintendencia aumenta la conflictividad: “Como el organismo no está preparado para solucionar los problemas, la gente empieza a tomar medidas por su cuenta”.

Con información de El Nacional


Noticias 24
09-04-12

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Prestaciones financiarán compra de viviendas

Entre las propuestas recibidas para la activación del Fondo de Prestaciones, aún en estudio (según Oswaldo Vera), está que los recursos puedan ser utilizados para invertir en viviendas y en la adquisición de las mismas por parte de los trabajadores.

"Hoy se pueden hacer adelantos de hasta el 75% para vivienda, salud. Sabemos que es muy difícil que con ese porcentaje alcance para una vivienda, por eso la idea de que un conglomerado de una empresa, establecimiento o un conjunto de trabajadores lo pida y permita hacer esa inversión" a través de ese fondo, dice Vera.

El asambleísta aclaró que las prestaciones son un patrimonio privado del trabajador y sólo él puede decidir en qué usarlo. Agregó que en relación con el régimen actual, la única diferencia existente es que "lo que antes fue invertido en la banca privada para reflotarla, en un momento donde se generaron cierres, en este momento planteamos una diversidad de colocación de esos recursos que sirvan no sólo a beneficio de la banca, sino que también los trabajadores decidan en qué pueda ser invertido. Es un patrimonio de la familia".

Dijo que las cuentas van a mantenerse en forma individual.

"Cada trabajador sabrá cuántos son los recursos depositados, los cuales le sirven de garantía en un momento determinado porque vamos al sistema retroactivo".

mrmartinez@cadena−capriles.com

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11-04-2012

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En Barinas reclaman terminar viviendas de bienestar social

El 15 de abril vence el plazo para que la empresa SMZ Construcciones, entregue la primera etapa del plan sustitución de ranchos por viviendas, en el sector la Floresta de Barinas, al que no solo le falta seis unidades por culminar, sino también que las terminadas mostraron filtraciones con la lluvia del pasado fin de semana.

Juan Remolina del Consejo Comunal de La Floresta, dijo que la preocupación de las familias que deben ser beneficiadas en la segunda etapa del proyecto, es que "la empresa prácticamente se tiró al suelo, y no creo que esa gente vaya a responder por las casas".

Barvialsa es una empresa mixta creada por la Gobernación de Barinas y Pdvsa, cuyo objetivo es responder por las construcciones de viviendas con recursos públicos.

En el caso del plan de viviendas en La Floresta, le encomendó esta tarea a la empresa SMZ Construcciones, quien no termina el proyecto. WO.

El Universal
11-04-2012

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Se necesitarán soportes para solicitar prestaciones sociales

Los depósitos en el Fondo de Prestaciones Sociales estarán bajo la administración del Estado a través de las entidades públicas financieras (AVN)

A partir de la entrada en vigencia del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, los trabajadores tendrán que consignar los soportes que justifiquen cualquier solicitud de adelanto de prestaciones, para evitar "gastos inadecuados" de esos fondos por parte del trabajador.

Carlos López, coordinador general de la Central Bolivariana de Trabajadores, señaló que el anticipo de las prestaciones deben ser para garantizar al trabajador y a su familia su seguridad social, vivienda y educación. "No puede ser para que las disfrute o para que se vaya a pasear por el mundo solo o a dilapidar su dinero", dijo.

Descartó cualquier tipo de obstáculo para que las prestaciones sociales dejen de cumplir su función social. Por ello, el Estado tendrá a su cargo la administración de los recursos. Cabe destacar que la Ley de Trabajo vigente también establece las mismas prioridades para la asignación de los recursos, pero no impone la consignación de soportes.

Fuentes oficiales explicaron que este fondo público se va a remitir a una ley especial, sin embargo, mantendrá los mismos beneficios que actualmente tienen los trabajadores (pago de intereses, anticipo de 75% o retiro total una vez finalizada la relación laboral). Lo que cambia es el depósito de esos fondos, porque ahora las empresas en lugar de hacerlos en bancos privados tendrán que efectuarlo en entidades públicas. Este cambio comenzará a aplicarse cuando se promulgue la ley especial que regulará al fondo. Mientras, las empresas deberán continuar emitiendo los pagos en los bancos donde tienen el fideicomiso.

Desde el Gobierno hacen un llamado a la calma y confianza del sector laboral. "Los fondos de fideicomiso que estaban en el sector privado, por ejemplo en el Banco Federal, los tuvo que recuperar el Estado. Esa es parte de las experiencias que estamos tratando de corregir", argumentaron las fuentes gubernamentales.

Al respecto, López agregó que la deuda del Ejecutivo con los trabajadores de la administración pública tuvo como objetivo "garantizar la supervivencia de la revolución, pero ahora la revolución está corrigiendo una anormalidad que impusieron en 1997", dijo.

El pago de las prestaciones traerá además otros cambios con la Ley del Trabajo. Los voceros oficiales adelantaron modificaciones en cuanto a la forma y periodicidad, sin precisar mayores detalles.

Actualmente, el trabajador tiene derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco días de salario por cada mes, después del tercer mes ininterrumpido de servicio.

Después del primer año de servicio, o fracción superior a seis meses, el patrono pagará adicionalmente dos días de salario, acumulativos hasta treinta días de salario.

Aún evalúan si el reconocimiento de la antigüedad laboral se hará en base a 30 ó 45 días por año de servicio, y si la retroactividad se aplicará antes del 1 de mayo de 2012, pese a los anuncios de algunos redactores de la ley.

El Universal
10-04-2012

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Misión Vivienda edifica 52 mil hogares adicionales al plan de emergencia

Estas viviendas se levantan con el objeto de satisfacer la demanda natural de una población que va creciendo y que se ubica en más de 28 millones de habitantes.

La Gran Misión Vivienda Venezuela construye 52.000 techos en paralelo a los que se edifican dentro del plan de emergencia esbozado por el Gobierno Nacional para atender la crisis causada por las lluvias de los años 2010 y 2011.

En la actualidad, a través del plan de emergencia, se construyen 34.000 viviendas y "más allá de este plan" se levantan 52.000, detalló el ministro de Estado para la reconstrucción de Caracas, Francisco Sesto Novás.

Tras las fuertes lluvias que se registraron en el país a finales de 2010 y principios de 2011, el Ejecutivo nacional creó el mencionado plan de emergencia y a su vez constituyó la Gran Misión Vivienda Venezuela, órgano que motoriza el levantamiento de diversas obras en todo el país. Sólo en 2011 se construyeron y entregaron 143.000 techos. Para este año la meta asciende a 200.000.

Las 52.000 viviendas que están fuera del plan de emergencia se levantan con el objeto de satisfacer la demanda natural de una población que va creciendo y que se ubica en más de 28 millones de habitantes.

320 apartamentos

El ministro Sesto estuvo este lunes en la parroquia El Valle, del Distrito Capital, donde en un terreno de media hectárea se están levantando dos torres, de 160 apartamentos cada una.

Ambas son construidas por trabajadores formados dentro de la Gran Misión Saber y Trabajo, que se enlaza con la de vivienda para incorporar a la población económicamente activa al desarrollo del país.

En la obra, Sesto criticó que el terreno donde ahora se levantan las torres -que harán propietarios a 320 grupos familiares en situación de refugio-, era utilizado por una empresa aseguradora como un "cementerio de carros chocados (accidentados)".

"Es un absurdo", dijo el ministro, a través de un contacto informativo transmitido por Venezolana de Televisión. "Casi media hectárea utilizada para carros chocados mientras el pueblo está por allá en las barrancas, corriendo riesgos, hacinado", recordó.

Destacó que el proceso de construcción supone un gran esfuerzo para el Estado por tanto celebró que sea el mismo pueblo el que levante sus propias casas, esto en alusión a la incorporación de obreros formados en la Gran Misión Saber y Trabajo.

"Estas no son viviendas para los ricos, son las viviendas del pueblo, construidas por el propio pueblo", aplaudió.

Subrayó que todo este esfuerzo en la construcción de viviendas trajo consigo una verdadera revolución porque se han hecho cambios profundos en los métodos constructivos.

"La Gran Misión Vivienda viene cambiando viejos métodos por nuevos; nuevos procedimientos, nuevo sistema de construcción, nuevas relaciones laborales, nuevos sistemas de financiamiento, industrialización, nueva visión sobre terrenos", detalló.

Instó a los venezolanos a incorporarse técnica y espiritualmente a la Gran Misión Saber y Trabajo, la cual fue creada con el fin de insertar a la población en los planes de desarrollo del país. El programa consta de varias áreas, entre ellas construcción, salud, educación, Faja petrolífera del Orinoco y servicios.

A inicios de este mes, 1.190.749 venezolanos se habían incorporado a la misión.

RNV
09-04-2012

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El mercado arrendatario está prácticamente congelado

Sólo unas 20 mil familias se han registrado en la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SNAV), de unas 750 mil que representa el total del país. A cinco meses de la aprobación y publicación en Gaceta de la nueva Ley de Arrendamiento Inmobiliarios, siguen sin habilitarse todas las oficinas del nuevo órgano, precisó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Aquiles Martini Pietri.

El valor, que deriva de anuncios oficiales donde se asegura que al día se inscriben unas 200 personas, representa sólo a un 3,7%, añadió Martini Pietro. “No han dado el valor de reposición que debe aplicarse en la fórmula que se contempla en la norma”.

Esta falta de elementos, junto con las multas estipuladas y la desocupación del inquilino se unen para impactar de manera negativa al mercado de alquileres. Conseguir un inmueble para alquilar es algo casi imposible. Las casas y apartamentos que se encontraban en un gran centimetraje de los clasificados de los periódicos han ido desapareciendo desde hace unos cinco meses.

Como resultado el sector está prácticamente paralizado, señala el presidente de la CIV. Los alquileres lo están realizando los propietarios a personas conocidas partiendo de la buena fe del ciudadano. “Así deberían partir todas las relaciones de los venezolanos. Si no alquilas la vivienda debes pagar más impuesto y si se registra y está desocupado da miedo a que un consejo comunal decida invadirlo”.

La situación que cada vez se ha vuelto más crítica -se manejan cifras de la disminución de un 75% con respecto al año pasado que ya tenía valores mínimos- ha hecho que el mercado secundario -venta de viviendas usadas- se incremente en un 5%, expresó Martini.

La visión política ideológica tiene más fuerza que la de la lógica, sostuvo el presidente. “Este gran show ha creado más anarquía en la relación entre los venezolanos”. Esperan simplemente que se cumpla la norma. “Debe hacerlo en primer lugar el Gobierno que fue quien la hizo y no ha dado el valor de reposición para la fórmula”.



Cifras maquilladas

Los datos de la Misión Vivienda están claras para Martini. De las 146 mil viviendas que el Gobierno dice que construyó, 58 mil fueron sustitución de rancho por casa, 50 mil construidas por el sector privado y el resto por el público. Del total hay un porcentaje que ya estaban construidas, resaltó. Agregó que hay un esfuerzo del Gobierno y que ha construido mayor cantidad de casas en este último año. “Esto no solucionará el déficit de viviendas. Hay una disminución en el sector privado, aunado a la poca producción de materia prima como el cemento y cabilla que afecta a ambos sectores. Más del 70% de las obras está paralizada o atrasada”.

El Carabobeño
09-04-2012

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