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viernes, 2 de marzo de 2012
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GN desalojó a invasores en La Ensenada
Desde el lunes en la noche y hasta ayer a primera hora, funcionarios de la Guardia Nacional efectuaron el desalojo de las 40 familias que habían invadido 36 de los 120 town houses del conjunto residencial La Ensenada, en Taguantar, luego de dialogar con ellas y convencerlas para que desistieran de su acción ilegal.
Luis López Marcano, uno de los agraviados por la invasión, confirmó que las personas abandonaron las viviendas parte de las cuales están en construcción y agradeció la actuación de los cuerpos de seguridad.
El prefecto del municipio Díaz, Robert Salas, indicó además que el lunes en la tarde fueron retiradas más de 100 personas que pretendían ocupar un terreno privado en el sector Las Praderas.
Comentó que el desalojo fue hecho por funcionarios del Instituto Neoespartano de Policía de forma pacífica luego de que conversaron con el grupo para que gestionara a través de la Gran Misión Vivienda la adquisición de sus hogares.
El prefecto Salas aseguró que la alcaldesa del municipio Díaz, Marisel Velásquez, "mintió y emitió acusaciones sin fundamento al pretender señalar al gobierno de Morel Rodríguez como promotor de esas invasiones".
DEXCY GUÉDEZ PORLAMAR
El Nacional
29-02-2012
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Luis López Marcano, uno de los agraviados por la invasión, confirmó que las personas abandonaron las viviendas parte de las cuales están en construcción y agradeció la actuación de los cuerpos de seguridad.
El prefecto del municipio Díaz, Robert Salas, indicó además que el lunes en la tarde fueron retiradas más de 100 personas que pretendían ocupar un terreno privado en el sector Las Praderas.
Comentó que el desalojo fue hecho por funcionarios del Instituto Neoespartano de Policía de forma pacífica luego de que conversaron con el grupo para que gestionara a través de la Gran Misión Vivienda la adquisición de sus hogares.
El prefecto Salas aseguró que la alcaldesa del municipio Díaz, Marisel Velásquez, "mintió y emitió acusaciones sin fundamento al pretender señalar al gobierno de Morel Rodríguez como promotor de esas invasiones".
DEXCY GUÉDEZ PORLAMAR
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60 familias serán desalojadas de terrenos de Playa Grande
Para la ejecución de la segunda etapa de un proyecto habitacional en terrenos de Playa Grande, que incluye la construcción de 880 viviendas, procederán esta semana al desalojo definitivo de 60 familias, 280 gandoleros y más de 10 talleres y comercios.
El procedimiento comenzará en las próximas horas, por solicitud del Ministerio para la Vivienda y el Hábitat, organismo que pidió la desocupación del área mediante un oficio emitido el 24 de febrero, informó el procurador del estado, Pedro Rodríguez.
De acuerdo con datos oficiales, el proyecto prevé la construcción de un total de 2.328 viviendas, para lo que se invertirán 87,8 millones de dólares, como parte de un convenio firmado con la empresa Summa, de Turquía. El plan es que los apartamentos estén terminados en agosto.
Explicó Rodríguez que 26 hectáreas de terreno serán ocupadas por viviendas. Además, en la zona levantarán un preescolar Simoncito, una cancha, un módulo de salud, entre otros servicios, acotó.
Futuro incierto. Yelitza Mohedano, comerciante con 20 años en el lugar, afirmó que no saldrá del terreno porque no le garantizan indemnización por la inversión que ha hecho en su pequeño negocio. "Esta venta de comida es la única fuente de ingresos de nuestra familia", aseveró.
Para Pieriza Acuña, vocera del Consejo Comunal Montemar, las 60 familias que aún permanecen en los terrenos de Playa Grande merecen que se les ubique en los apartamentos Brisas del Aeropuerto. "Las casas están levantadas con años de esfuerzo; no se justifica que nos envíen a cualquier refugio porque no lo vamos a aceptar. No somos damnificados porque aquí tenemos nuestras casas", expuso.
Añadió que esperan que las familias afectadas por el desalojo sean reubicadas en el proyecto de viviendas, aunque añadió que hasta ahora el consejo comunal no ha sido tomado en cuenta.
Juan Bonasi, conductor de gandola, rechazó los cobros ilegales que le han hecho por estacionar en un lugar que fue expropiado. "Con un número de cuenta y un toldito no pueden pretender cobrar un dinero ilegalmente", denunció.
Según informó el procurador, en 2010 recaudaron 812.851 bolívares y en 2011, 762.410 bolívares por concepto de pago de comerciantes y gandoleros que usan terrenos de la nación. Afirmó que los fondos son destinados a la Fundación Vargas Salud. "Esos recursos son usados por la fundación para ayudas médicas", aseguró.
El desalojo de terrenos de Playa Grande comenzó el 30 de julio del año pasado, cuando gandoleros, caucheros y propietarios de talleres mecánicos y de latonería fueron notificados de la decisión y se destacó un contingente militar para la custodia del sitio. En aquel momento señalaron que más de 5.000 empleos corrían peligro de desaparecer.
LUIS LÓPEZ LA GUAIRA
El Nacional
29-02-2012
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El procedimiento comenzará en las próximas horas, por solicitud del Ministerio para la Vivienda y el Hábitat, organismo que pidió la desocupación del área mediante un oficio emitido el 24 de febrero, informó el procurador del estado, Pedro Rodríguez.
De acuerdo con datos oficiales, el proyecto prevé la construcción de un total de 2.328 viviendas, para lo que se invertirán 87,8 millones de dólares, como parte de un convenio firmado con la empresa Summa, de Turquía. El plan es que los apartamentos estén terminados en agosto.
Explicó Rodríguez que 26 hectáreas de terreno serán ocupadas por viviendas. Además, en la zona levantarán un preescolar Simoncito, una cancha, un módulo de salud, entre otros servicios, acotó.
Futuro incierto. Yelitza Mohedano, comerciante con 20 años en el lugar, afirmó que no saldrá del terreno porque no le garantizan indemnización por la inversión que ha hecho en su pequeño negocio. "Esta venta de comida es la única fuente de ingresos de nuestra familia", aseveró.
Para Pieriza Acuña, vocera del Consejo Comunal Montemar, las 60 familias que aún permanecen en los terrenos de Playa Grande merecen que se les ubique en los apartamentos Brisas del Aeropuerto. "Las casas están levantadas con años de esfuerzo; no se justifica que nos envíen a cualquier refugio porque no lo vamos a aceptar. No somos damnificados porque aquí tenemos nuestras casas", expuso.
Añadió que esperan que las familias afectadas por el desalojo sean reubicadas en el proyecto de viviendas, aunque añadió que hasta ahora el consejo comunal no ha sido tomado en cuenta.
Juan Bonasi, conductor de gandola, rechazó los cobros ilegales que le han hecho por estacionar en un lugar que fue expropiado. "Con un número de cuenta y un toldito no pueden pretender cobrar un dinero ilegalmente", denunció.
Según informó el procurador, en 2010 recaudaron 812.851 bolívares y en 2011, 762.410 bolívares por concepto de pago de comerciantes y gandoleros que usan terrenos de la nación. Afirmó que los fondos son destinados a la Fundación Vargas Salud. "Esos recursos son usados por la fundación para ayudas médicas", aseguró.
El desalojo de terrenos de Playa Grande comenzó el 30 de julio del año pasado, cuando gandoleros, caucheros y propietarios de talleres mecánicos y de latonería fueron notificados de la decisión y se destacó un contingente militar para la custodia del sitio. En aquel momento señalaron que más de 5.000 empleos corrían peligro de desaparecer.
LUIS LÓPEZ LA GUAIRA
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Alcaldesa de El Hatillo denuncia intento de invasiones en su municipio
Prensa Hatillo.− 28 de febrero de 2012.− Myriam Do' Nascimento, Alcaldesa del municipio El Hatillo, denunció este martes los intentos de invasión y ocupación de espacios en El Hatillo que se han producido en las últimas semanas después de las elecciones primarias del 12 de febrero.
"Tenemos alrededor de 05 intentos de invasión que hemos frustrado gracias al apoyo de PoliHatillo, vecinos y de la Guardia Nacional. Se han presentado en Gavilán en la Zona Rural, en Corralito tres veces han querido estas personas quedarse en un terreno de propiedad privada y esta última semana en La Unión al lado del colegio Caniguá donde gracias a la activación de todos como hatillanos no permitimos la ocupación" indicó Do' Nascimento
Asimismo la Alcaldesa informó que están atentos ante un próximo ataque por parte de adeptos al Gobierno Bolivariano que hacen vida en el municipio y que lo único que pretenden es desestabilizar la tranquilidad a la que han estado acostumbrados en la localidad. "Recordemos que si expropiar es robar, invadir también lo es. No se puede pretender ocupar espacios que no pertenecen y que están calificados como terrenos privados. En El Hatillo defenderemos hasta el último pedazo de tierra que sea de orden privado" finalizó la Alcaldesa de El Hatillo.
Entorno Inteligente
28-02-2012
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Asimismo la Alcaldesa informó que están atentos ante un próximo ataque por parte de adeptos al Gobierno Bolivariano que hacen vida en el municipio y que lo único que pretenden es desestabilizar la tranquilidad a la que han estado acostumbrados en la localidad. "Recordemos que si expropiar es robar, invadir también lo es. No se puede pretender ocupar espacios que no pertenecen y que están calificados como terrenos privados. En El Hatillo defenderemos hasta el último pedazo de tierra que sea de orden privado" finalizó la Alcaldesa de El Hatillo.
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Caracas registra un déficit de 741 mil puestos de estacionamiento
A los 200 propietarios que expropiaron no les han cancelado
MIGDALIS CAÑIZÁLEZ V.
La inseguridad es otro problema que tienen los conductores, que los obliga a hacer colas en la puerta de los estacionamientos EDSAÚ OLIVARES
El problema de movilidad se ha agravado por la falta de puestos de estacionamientos que en los últimos seis años se han reducido en 20 mil, no solo por el congelamiento de tarifas sino por la inseguridad jurídica del ramo, debido a las ocupaciones que han hecho de terrenos a los que declararon su expropiación y no han indemnizado a sus dueños, coinciden expertos y directivos de la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Garajes y Estacionamientos (Anpage).
Para Celia Herrera, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad (Sotravial), la falta de estos establecimientos en Caracas se ha convertido en un problema grave para la movilidad, debido a que la mayoría de las personas, ante la falta de un garaje para resguardar su vehículo, para estacionar busca las calles en sitios como el Casco de Chacao o Candelaria, donde aún se mantiene ciertos niveles de seguridad, lo que reduce capacidad de las vías para la circulación.
Además, agregó que lo más grave es que no se vislumbra una solución a corto plazo, porque el negocio de estacionamientos en Caracas "ya no es rentable, no solo porque las tarifas siguen congeladas desde hace seis años sino porque los propietarios que quedan tampoco invierten, pues temen que en cualquier momento se los confisquen".
Para Herrera el servicio de "valet parking" o "acomodadores de vehículos" tampoco es una solución, a pesar de que era un negocio rentable, debido a que la mayoría de los estacionamientos que cuentan con este servicio lo que ocurre es que se congestionan los espacios. Esto representa un riesgo porque aparcan carros hasta en las rampas de acceso y salidas de emergencias, que al momento de una tragedia natural son muchos los que quedarían atrapados tratando de sacar sus autos.
Por su parte, Luis Benigno, presidente de Anpage , comentó que en los últimos seis años han cerrado 1.300 estacionamientos en Caracas, y se estima que ante el aumento del parque automotor se requieren 741 mil puestos para cubrir la demanda.
Además, afirmó que solo por el decreto de expropiación del año 2010 quedaron en la calle 200 propietarios de garajes a quienes "ni siquiera le han cancelado los terrenos e incluso algunos residen damnificados en refugios, porque ellos tenían sus viviendas en los estacionamientos que ocuparon".
Benigno cuenta que en esos sitios que expropiaron y que no les han pagado hay personas que tenían 40 años en el negocio y quedaron sin nada.
Indicó que mientras no se revisen las tarifas de este servicio, poseer un estacionamiento no es negocio. Según indicó, mensualmente el gremio solicita a las autoridades que actualicen las tarifas que están congeladas desde hace seis años.
Según los estudios que ha hecho la asociación, las tarifas reales del servicio se deberían ubicar entre 5 y 6 bolívares la hora y actualmente está en Bs 1,12. "Pero sabemos que no nos van a aprobar lo que solicitamos y creemos que podrían ubicarse entre 3 y 4 bolívares y paulatinamente subir los precios". Sin embargo, afirmó que a pesar de las solicitudes, no hemos tenido respuesta".
EN CIFRAS
• Actualmente operan en Caracas unos 800 estacionamientos que son insuficientes ante la cantidad de vehículos que existen, que según cifras extraoficiales llegan a dos millones de carros que se movilizan diariamente en la ciudad.
• Los sitios más críticos por la falta de garajes son el casco central, donde expropiaron un gran número de terrenos (Altagracia, Santa Rosalía, San José y Santa Teresa); y las vías centrales de Chacao, donde se utilizan las calles como estacionamientos.
El Universal
29-02-2012
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Para Celia Herrera, presidenta de la Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad (Sotravial), la falta de estos establecimientos en Caracas se ha convertido en un problema grave para la movilidad, debido a que la mayoría de las personas, ante la falta de un garaje para resguardar su vehículo, para estacionar busca las calles en sitios como el Casco de Chacao o Candelaria, donde aún se mantiene ciertos niveles de seguridad, lo que reduce capacidad de las vías para la circulación.
Además, agregó que lo más grave es que no se vislumbra una solución a corto plazo, porque el negocio de estacionamientos en Caracas "ya no es rentable, no solo porque las tarifas siguen congeladas desde hace seis años sino porque los propietarios que quedan tampoco invierten, pues temen que en cualquier momento se los confisquen".
Para Herrera el servicio de "valet parking" o "acomodadores de vehículos" tampoco es una solución, a pesar de que era un negocio rentable, debido a que la mayoría de los estacionamientos que cuentan con este servicio lo que ocurre es que se congestionan los espacios. Esto representa un riesgo porque aparcan carros hasta en las rampas de acceso y salidas de emergencias, que al momento de una tragedia natural son muchos los que quedarían atrapados tratando de sacar sus autos.
Por su parte, Luis Benigno, presidente de Anpage , comentó que en los últimos seis años han cerrado 1.300 estacionamientos en Caracas, y se estima que ante el aumento del parque automotor se requieren 741 mil puestos para cubrir la demanda.
Además, afirmó que solo por el decreto de expropiación del año 2010 quedaron en la calle 200 propietarios de garajes a quienes "ni siquiera le han cancelado los terrenos e incluso algunos residen damnificados en refugios, porque ellos tenían sus viviendas en los estacionamientos que ocuparon".
Benigno cuenta que en esos sitios que expropiaron y que no les han pagado hay personas que tenían 40 años en el negocio y quedaron sin nada.
Indicó que mientras no se revisen las tarifas de este servicio, poseer un estacionamiento no es negocio. Según indicó, mensualmente el gremio solicita a las autoridades que actualicen las tarifas que están congeladas desde hace seis años.
Según los estudios que ha hecho la asociación, las tarifas reales del servicio se deberían ubicar entre 5 y 6 bolívares la hora y actualmente está en Bs 1,12. "Pero sabemos que no nos van a aprobar lo que solicitamos y creemos que podrían ubicarse entre 3 y 4 bolívares y paulatinamente subir los precios". Sin embargo, afirmó que a pesar de las solicitudes, no hemos tenido respuesta".
EN CIFRAS
• Actualmente operan en Caracas unos 800 estacionamientos que son insuficientes ante la cantidad de vehículos que existen, que según cifras extraoficiales llegan a dos millones de carros que se movilizan diariamente en la ciudad.
• Los sitios más críticos por la falta de garajes son el casco central, donde expropiaron un gran número de terrenos (Altagracia, Santa Rosalía, San José y Santa Teresa); y las vías centrales de Chacao, donde se utilizan las calles como estacionamientos.
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En Sucre los vecinos vigilan áreas desalojadas e invadidas
La Alcaldía aún no ha formulado una denuncia legal contra los invasores
En la Zona Industrial del Este la Guardia Nacional desalojó a 500 familias, pero dejó a una familia en resguardo en cada uno de los nueve terrenos invadidos FOTOS VENANCIO ALCÁZARES
JORGE HERNÁNDEZ
La mayor exigencia que hacen los residentes y líderes vecinales de Filas de Mariche al alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, y al Ejecutivo Nacional es que se investiguen y se censen a los principales colectivos y personas que están detrás de la "oleada ilegal de invasiones", anunció Miguel Jiménez, vocero del Consejo Comunal Hacienda Las Marías.
Jiménez y decenas de familias de urbanismos y sectores populares de Sucre realizaron vigilia de 24 horas en once inmuebles invadidos y desocupados por la Guardia Nacional el lunes, y en otros 12 terrenos, dos edificios y un galpón donde aún viven invasores.
"La noche del lunes invadieron por segunda vez el terreno en Las Minas de Guaicoco, lugar donde hace días hubo tres heridos de bala. La Guardia Nacional los sacó", dijo Jiménez.
Los líderes comunales de los sectores Las Minas y Las Marías recordaron que los invasores (Colectivos Maca, La Dolorita, José Félix Ribas y La Unión de Petare) portaban "muchas armas". "Tomaron los terrenos con pistolas, rifles con miras infrarrojas y con bombas lacrimógenas que evidencian que están apoyados por el Estado", afirmó Jiménez.
Daniel Acosta, vocero vecinal de Terrazas de Guaicoco, contó por su parte que con un censo de la Alcaldía de Sucre y del Ejecutivo se pueden identificar a las personas que realmente necesitan viviendas. "Con esa medida impiden invasiones que se convierten en un negocio donde participan niños y embarazadas", alertó.
Voceros de la Guardia Nacional (GN) afirmaron que se mantendrán por tiempo indefinido en el municipio Sucre para impedir enfrentamientos vecinales y más invasiones. "Junto a la Policía de Sucre hacemos patrullaje 24 horas en motos y autos bien identificados", dijeron.
En la Zona Industrial del Este, la Guardia Nacional desalojó a 500 familias de La Dolorita y otros sectores de Petare que permanecían en nueve terrenos. No obstante, la GN permitió que cada grupo de invasores dejara a una familia por terreno para "resguardarlo".
"Los funcionarios nos prometieron hacer gestiones con el Gobierno para comprar los terrenos y construir viviendas. Hoy vamos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide a ver si nos consiguieron los documentos de propiedad de los terrenos para comprarlos. Otras 54 familias aún están en el edificio de la antigua escuela de PTJ que invadimos la semana pasada", informó Noemí Pérez, vocera de los invasores de la Zona Industrial del Este, Km 9 de la Carretera Petare-Santa Lucía.
En las áreas desalojadas por la Guardia Nacional, dos semanas después de las invasiones, propietarios y obreros iniciaron labores de limpieza, reforzamiento de cercas perimetrales e instalación de cerraduras. "Nos conseguimos con bombas molotov, cartuchos de bala y tablas", alertó Ramón López, vocero vecinal de Guaicoco.
María Bergueiro, dueña de Materiales Molde (Km 2 de Filas de Mariche), agradeció la actuación de la GN. Ayer junto a su familia cambió cerraduras y limpió su galpón de 1.200 m2 donde guarda materiales de hierro y tiene a un inquilino. "La Guardia Nacional me pidió copia del título de propiedad y de la denuncia en Fiscalía por ser los dueños", dijo. A pocos metros los invasores informaron que hacen gestiones en Miraflores para que se expropien las áreas desalojadas por la GN para hacer casas.
Mientras que en la hacienda Altamira del Km 12 de Filas de Mariche 200 familias vecinas decidieron invadir 13 hectáreas de terreno antes de que vuelvan los "colectivos armados". Ayer la Guardia Nacional los desalojó e impide la construcción de ranchos en la zona. "La dueña tendrá que negociar con nosotros porque nos cansamos de proteger su propiedad", dijo Jesús Quevedo, vocero comunal.
Voceros de la Alcaldía de Sucre informaron que la institución no ha hecho una denuncia legal en contra de los invasores.
El ejemplo de Lomas del Avila
Los invasores sintieron que los iban a linchar. La experiencia que se vivió la noche del domingo en Lomas del Ávila, para Richard Sandoval, residente del sector, es un ejemplo de que si los vecinos se unen, salen a la calle y ejercen presión, pueden frustrar las tomas ilegales.
Quienes invadieron el edificio en construcción en Lomas del Ávila sumaban unos 60. Pero la comunidad que se agolpó a los alrededores eran casi 500 personas. "Los tomistas se asustaron porque vieron la actitud firme y combativa de la gente. Tanto, que después pidieron que la GN los custodiara para salir de allí", comenta Inés Rivas, vecina y administradora de la pagina en Facebook Vecinos Palo Verde. A través de esta herramienta y del Twitter, el flujo de información era "una locura". Sentada frente a su computadora, en diez minutos Rivas recibió más de 40 notificaciones de amistad y mensajes directos de vecinos.
"No alcanzaba a leer. A través de las redes sociales la comunidad se puso de acuerdo para bajar a defender el edificio invadido. Esa noche, mientras ocurrían los hechos, 50 personas comenzaron a seguir la dirección en Twitter @vecinospaloverde", comenta Rivas sobre lo eficaces que han sido las redes sociales para mantener comunicados a los vecinos de la urbanización.
"No hubo desidia ni miedo, toda Lomas del Ávila bajó a la calle. Los rumores que empezaron a circular días antes nos permitieron alertar a todas las organizaciones que hacen vida en la zona. Los invasores decían que estaban cansados de estar en refugios y de que los atracaran. Y me pedían: 'calme a sus vecinos'. Ese desalojo fue un triunfo de la comunidad organizada", dijo Sandoval. DM
ZONA INDUSTRIAL DEL ESTE AÚN INVADIDA. Los nueve terrenos invadidos por vecinos de La Dolorita (Petare) en el Km 9 de Filas de Mariche permanecen en "resguardo" de una familia por cada área tomada, como lo ordenó la Guardia Nacional. Los vecinos hacen gestiones para ejecutar proyectos de vivienda en la zona.
RECUPERAN GALPÓN EN KM 2. María Bergueiro logró recuperar su empresa, Materiales Molde, con ayuda de la Guardia Nacional en el Km 2 de la Carretera Petare-Santa Lucía. Ayer su familia asistió a una segunda audiencia en la Fiscalía Superior en la avenida Urdaneta para dar continuidad legal a su denuncia de invasión.
Vigilancia y recuperacion de terrenos tomados
RESGUARDO PERMANENTE. La Guardia Nacional y la Policía de Sucre mantienen vigilancia y patrullaje las 24 horas a lo largo de Filas de Mariche. Ayer decenas de funcionarios recorrieron la zona en motos con armas largas y chalecos antibala. Los vecinos aplaudieron la medida y exhortaron a desalojar al resto de los invasores.
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En la Zona Industrial del Este la Guardia Nacional desalojó a 500 familias, pero dejó a una familia en resguardo en cada uno de los nueve terrenos invadidos FOTOS VENANCIO ALCÁZARES
JORGE HERNÁNDEZ
La mayor exigencia que hacen los residentes y líderes vecinales de Filas de Mariche al alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, y al Ejecutivo Nacional es que se investiguen y se censen a los principales colectivos y personas que están detrás de la "oleada ilegal de invasiones", anunció Miguel Jiménez, vocero del Consejo Comunal Hacienda Las Marías.
Jiménez y decenas de familias de urbanismos y sectores populares de Sucre realizaron vigilia de 24 horas en once inmuebles invadidos y desocupados por la Guardia Nacional el lunes, y en otros 12 terrenos, dos edificios y un galpón donde aún viven invasores.
"La noche del lunes invadieron por segunda vez el terreno en Las Minas de Guaicoco, lugar donde hace días hubo tres heridos de bala. La Guardia Nacional los sacó", dijo Jiménez.
Los líderes comunales de los sectores Las Minas y Las Marías recordaron que los invasores (Colectivos Maca, La Dolorita, José Félix Ribas y La Unión de Petare) portaban "muchas armas". "Tomaron los terrenos con pistolas, rifles con miras infrarrojas y con bombas lacrimógenas que evidencian que están apoyados por el Estado", afirmó Jiménez.
Daniel Acosta, vocero vecinal de Terrazas de Guaicoco, contó por su parte que con un censo de la Alcaldía de Sucre y del Ejecutivo se pueden identificar a las personas que realmente necesitan viviendas. "Con esa medida impiden invasiones que se convierten en un negocio donde participan niños y embarazadas", alertó.
Voceros de la Guardia Nacional (GN) afirmaron que se mantendrán por tiempo indefinido en el municipio Sucre para impedir enfrentamientos vecinales y más invasiones. "Junto a la Policía de Sucre hacemos patrullaje 24 horas en motos y autos bien identificados", dijeron.
En la Zona Industrial del Este, la Guardia Nacional desalojó a 500 familias de La Dolorita y otros sectores de Petare que permanecían en nueve terrenos. No obstante, la GN permitió que cada grupo de invasores dejara a una familia por terreno para "resguardarlo".
"Los funcionarios nos prometieron hacer gestiones con el Gobierno para comprar los terrenos y construir viviendas. Hoy vamos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide a ver si nos consiguieron los documentos de propiedad de los terrenos para comprarlos. Otras 54 familias aún están en el edificio de la antigua escuela de PTJ que invadimos la semana pasada", informó Noemí Pérez, vocera de los invasores de la Zona Industrial del Este, Km 9 de la Carretera Petare-Santa Lucía.
En las áreas desalojadas por la Guardia Nacional, dos semanas después de las invasiones, propietarios y obreros iniciaron labores de limpieza, reforzamiento de cercas perimetrales e instalación de cerraduras. "Nos conseguimos con bombas molotov, cartuchos de bala y tablas", alertó Ramón López, vocero vecinal de Guaicoco.
María Bergueiro, dueña de Materiales Molde (Km 2 de Filas de Mariche), agradeció la actuación de la GN. Ayer junto a su familia cambió cerraduras y limpió su galpón de 1.200 m2 donde guarda materiales de hierro y tiene a un inquilino. "La Guardia Nacional me pidió copia del título de propiedad y de la denuncia en Fiscalía por ser los dueños", dijo. A pocos metros los invasores informaron que hacen gestiones en Miraflores para que se expropien las áreas desalojadas por la GN para hacer casas.
Mientras que en la hacienda Altamira del Km 12 de Filas de Mariche 200 familias vecinas decidieron invadir 13 hectáreas de terreno antes de que vuelvan los "colectivos armados". Ayer la Guardia Nacional los desalojó e impide la construcción de ranchos en la zona. "La dueña tendrá que negociar con nosotros porque nos cansamos de proteger su propiedad", dijo Jesús Quevedo, vocero comunal.
Voceros de la Alcaldía de Sucre informaron que la institución no ha hecho una denuncia legal en contra de los invasores.
El ejemplo de Lomas del Avila
Los invasores sintieron que los iban a linchar. La experiencia que se vivió la noche del domingo en Lomas del Ávila, para Richard Sandoval, residente del sector, es un ejemplo de que si los vecinos se unen, salen a la calle y ejercen presión, pueden frustrar las tomas ilegales.
Quienes invadieron el edificio en construcción en Lomas del Ávila sumaban unos 60. Pero la comunidad que se agolpó a los alrededores eran casi 500 personas. "Los tomistas se asustaron porque vieron la actitud firme y combativa de la gente. Tanto, que después pidieron que la GN los custodiara para salir de allí", comenta Inés Rivas, vecina y administradora de la pagina en Facebook Vecinos Palo Verde. A través de esta herramienta y del Twitter, el flujo de información era "una locura". Sentada frente a su computadora, en diez minutos Rivas recibió más de 40 notificaciones de amistad y mensajes directos de vecinos.
"No alcanzaba a leer. A través de las redes sociales la comunidad se puso de acuerdo para bajar a defender el edificio invadido. Esa noche, mientras ocurrían los hechos, 50 personas comenzaron a seguir la dirección en Twitter @vecinospaloverde", comenta Rivas sobre lo eficaces que han sido las redes sociales para mantener comunicados a los vecinos de la urbanización.
"No hubo desidia ni miedo, toda Lomas del Ávila bajó a la calle. Los rumores que empezaron a circular días antes nos permitieron alertar a todas las organizaciones que hacen vida en la zona. Los invasores decían que estaban cansados de estar en refugios y de que los atracaran. Y me pedían: 'calme a sus vecinos'. Ese desalojo fue un triunfo de la comunidad organizada", dijo Sandoval. DM
ZONA INDUSTRIAL DEL ESTE AÚN INVADIDA. Los nueve terrenos invadidos por vecinos de La Dolorita (Petare) en el Km 9 de Filas de Mariche permanecen en "resguardo" de una familia por cada área tomada, como lo ordenó la Guardia Nacional. Los vecinos hacen gestiones para ejecutar proyectos de vivienda en la zona.
RECUPERAN GALPÓN EN KM 2. María Bergueiro logró recuperar su empresa, Materiales Molde, con ayuda de la Guardia Nacional en el Km 2 de la Carretera Petare-Santa Lucía. Ayer su familia asistió a una segunda audiencia en la Fiscalía Superior en la avenida Urdaneta para dar continuidad legal a su denuncia de invasión.
Vigilancia y recuperacion de terrenos tomados
RESGUARDO PERMANENTE. La Guardia Nacional y la Policía de Sucre mantienen vigilancia y patrullaje las 24 horas a lo largo de Filas de Mariche. Ayer decenas de funcionarios recorrieron la zona en motos con armas largas y chalecos antibala. Los vecinos aplaudieron la medida y exhortaron a desalojar al resto de los invasores.
El Universal
29-02-2012
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Prevén que cajas de ahorro financien la construcción de viviendas
El Ministerio de la Vivienda y Hábitat contempla ampliar las fuentes de recursos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, y por tal motivo, se prepara un programa que permitirá a las cajas de ahorro financiar los proyectos.
El titular de la Vivienda, Ricardo Molina, señaló que "este año entrarán nuevos sectores a financiar como son las cajas de ahorro y las organizaciones gremiales, que quieren trabajar en el plan habitacional".
Las cajas de ahorro orientarán recursos a la construcción de soluciones, no prestarán para la compra de las unidades habitacionales, y esa participación en el plan será cuando los trabajadores notifiquen que necesitan de viviendas.
El funcionario detalló que "no será la directiva la que decidirá a cuáles afiliados se les darán las viviendas, quienes necesiten viviendas tienen que manifestarse. Las cajas de ahorro no van a participar como si fuera un negocio, es si los trabajadores se manifiestan. Esas instancias financiarían la construcción con trabajadores del sector organizado".
Ese programa comenzaría con las cajas de ahorro de la administración pública y luego se sumarán las del sector privado.
El ministro de la Vivienda reiteró que para este año se prevé la construcción de 200.000 soluciones habitacionales, siendo la inversión 55 millardos de bolívares.
Más allá de los recursos de las cajas de ahorro, el dinero para el plan surgirá del Fondo de Ahorro de Vivienda, la gaveta hipotecaria y las otras contribuciones del sector público, que abarca los aportes de Pdvsa.
El presidente de la estatal petrolera, Rafael Ramírez, comentó que los desembolsos de la industria al plan habitacional se efectuarán de acuerdo a los requerimientos de los entes oficiales.
Ricardo Molina comentó que el porcentaje de la cartera hipotecaria obligatoria se está definiendo. El pasado año el despacho de la Vivienda ordenó a la banca destinar 12% de la cartera al sector hipotecario.
Para que las instituciones pudieran cubrir parte de la gaveta, al finalizar el año el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat realizó la emisión de papeles.
Por áreas
El funcionario señaló que de las 200.000 casas previstas, 80.000 las efectuará el poder popular (sustitución de ranchos y autoconstrucción).
Agregó que el sector privado hará entre 30.000 y 40.000 unidades y el resto estará a cargo de los entes oficiales (80.000 soluciones).
marmas@eluniversal.com
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Las cajas de ahorro orientarán recursos a la construcción de soluciones, no prestarán para la compra de las unidades habitacionales, y esa participación en el plan será cuando los trabajadores notifiquen que necesitan de viviendas.
El funcionario detalló que "no será la directiva la que decidirá a cuáles afiliados se les darán las viviendas, quienes necesiten viviendas tienen que manifestarse. Las cajas de ahorro no van a participar como si fuera un negocio, es si los trabajadores se manifiestan. Esas instancias financiarían la construcción con trabajadores del sector organizado".
Ese programa comenzaría con las cajas de ahorro de la administración pública y luego se sumarán las del sector privado.
El ministro de la Vivienda reiteró que para este año se prevé la construcción de 200.000 soluciones habitacionales, siendo la inversión 55 millardos de bolívares.
Más allá de los recursos de las cajas de ahorro, el dinero para el plan surgirá del Fondo de Ahorro de Vivienda, la gaveta hipotecaria y las otras contribuciones del sector público, que abarca los aportes de Pdvsa.
El presidente de la estatal petrolera, Rafael Ramírez, comentó que los desembolsos de la industria al plan habitacional se efectuarán de acuerdo a los requerimientos de los entes oficiales.
Ricardo Molina comentó que el porcentaje de la cartera hipotecaria obligatoria se está definiendo. El pasado año el despacho de la Vivienda ordenó a la banca destinar 12% de la cartera al sector hipotecario.
Para que las instituciones pudieran cubrir parte de la gaveta, al finalizar el año el Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat realizó la emisión de papeles.
Por áreas
El funcionario señaló que de las 200.000 casas previstas, 80.000 las efectuará el poder popular (sustitución de ranchos y autoconstrucción).
Agregó que el sector privado hará entre 30.000 y 40.000 unidades y el resto estará a cargo de los entes oficiales (80.000 soluciones).
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Mesa de la Unidad acusa al Gobierno por ola de invasiones
Reclama actuación de los organismos que garantizan el orden público
En Petare previnieron 30 invasiones VENANCIO ALCÁZARES/ARCHIVO
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) responsabilizó al "estrepitoso fracaso del Gobierno de Hugo Chávez para solucionar el problema de la vivienda" de las invasiones violentas de propiedades privadas que han recobrado auge en los últimos días. La alianza acusó al Ejecutivo nacional de promover esas acciones y del "enfrentamiento entre hermanos venezolanos".
"No más atropellos, no más invasiones. El 7 de octubre Venezuela cerrará por siempre la puerta al abuso, a la violencia y a la intimidación. El futuro es ya, y nos incluye a todos" dice la MUD en un comunicado, en el que reclama "la actuación pertinente y ajustada a derecho de los organismos de orden público".
"Mientras unos intentaban hacerse por medio de la violencia de lo que a otros costó trabajo abnegado, el Gobierno asume una actitud de 'dejar hacer' a los invasores". La alianza advierte que el Gobierno "intenta evadir su responsabilidad y asignarla a otros". "Ante la bochornosa actitud del Gobierno, las comunidades organizadas y los servidores públicos de la Unidad han mostrado un comportamiento ejemplar. Pese a la violencia exhibida, se han tendido puentes para establecer la mediación con los ocupantes ilegales". Dicen que han prevenido 30 invasiones en el Municipio Sucre (Miranda) y 14 se mantienen.
"Pareciera ser una arremetida, orquestada por sectores criminales, que se aprovechan de las necesidades del pueblo, producto de la ineptitud de un gobierno que no resuelve sus problemas. Mercaderes de miseria, mafias que juegan con las ilusiones y el trabajo de la gente".
Añade el documento de la Mesa: "Defendemos la propiedad como elemento básico para el progreso nacional y reivindicamos el laborioso esfuerzo de los venezolanos de bien, del venezolano humilde, de poder vivir y progresar en paz, disfrutando el fruto de su trabajo sin que otro se lo arrebate por la fuerza. En la Unidad tenemos soluciones y equipos capaces para hacerlas realidad. La solución de fondo está en el progreso. Programas de atención prioritaria para atender las necesidades de la población en materia de viviendas y que contempla entre otros: reducción de la vulnerabilidad, habilitación física y equipamiento de barrios, con el objetivo de garantizar su integración cultural, social, económica, ambiental y física a la ciudad; construcción de macro parcelas y urbanizaciones, insertas en la trama urbana y equipada con todos los servicios públicos y comunales, para la construcción de viviendas de desarrollo progresivo".
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En Petare previnieron 30 invasiones VENANCIO ALCÁZARES/ARCHIVO
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) responsabilizó al "estrepitoso fracaso del Gobierno de Hugo Chávez para solucionar el problema de la vivienda" de las invasiones violentas de propiedades privadas que han recobrado auge en los últimos días. La alianza acusó al Ejecutivo nacional de promover esas acciones y del "enfrentamiento entre hermanos venezolanos".
"No más atropellos, no más invasiones. El 7 de octubre Venezuela cerrará por siempre la puerta al abuso, a la violencia y a la intimidación. El futuro es ya, y nos incluye a todos" dice la MUD en un comunicado, en el que reclama "la actuación pertinente y ajustada a derecho de los organismos de orden público".
"Mientras unos intentaban hacerse por medio de la violencia de lo que a otros costó trabajo abnegado, el Gobierno asume una actitud de 'dejar hacer' a los invasores". La alianza advierte que el Gobierno "intenta evadir su responsabilidad y asignarla a otros". "Ante la bochornosa actitud del Gobierno, las comunidades organizadas y los servidores públicos de la Unidad han mostrado un comportamiento ejemplar. Pese a la violencia exhibida, se han tendido puentes para establecer la mediación con los ocupantes ilegales". Dicen que han prevenido 30 invasiones en el Municipio Sucre (Miranda) y 14 se mantienen.
"Pareciera ser una arremetida, orquestada por sectores criminales, que se aprovechan de las necesidades del pueblo, producto de la ineptitud de un gobierno que no resuelve sus problemas. Mercaderes de miseria, mafias que juegan con las ilusiones y el trabajo de la gente".
Añade el documento de la Mesa: "Defendemos la propiedad como elemento básico para el progreso nacional y reivindicamos el laborioso esfuerzo de los venezolanos de bien, del venezolano humilde, de poder vivir y progresar en paz, disfrutando el fruto de su trabajo sin que otro se lo arrebate por la fuerza. En la Unidad tenemos soluciones y equipos capaces para hacerlas realidad. La solución de fondo está en el progreso. Programas de atención prioritaria para atender las necesidades de la población en materia de viviendas y que contempla entre otros: reducción de la vulnerabilidad, habilitación física y equipamiento de barrios, con el objetivo de garantizar su integración cultural, social, económica, ambiental y física a la ciudad; construcción de macro parcelas y urbanizaciones, insertas en la trama urbana y equipada con todos los servicios públicos y comunales, para la construcción de viviendas de desarrollo progresivo".
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Acusan a Ocariz de dirigir invasiones y trancas
El director de la Cámara Municipal del municipio Sucre, Miguel González, dijo poseer evidencias sobre las acciones de la Alcaldía propiciando invasiones. Afirma tener grabaciones de presuntos sobornos a las personas que “identifican los terrenos” para ponerlos a la orden del pueblo.
“El alcalde está detrás de esto hace mucho tiempo, hace unos meses se acercó a unos dirigentes que iban a identificar un terreno en Los Dos Caminos, y una dirigente del Consejo Comunal pudo prender su teléfono y grabar. Pudimos oír como el alcalde trataba de chantajear y sobornar a la dirigente del Consejo Comunal Dos Caminos Pedrozo”, dijo en VTV.
Para el edil, “estos hechos que están sucediendo en el municipio llaman la atención porque el gobierno venezolano y el Consejo del Municipio Sucre, rechazan las ocupaciones ilegales, y han estado de la mano con el pueblo, acompañando al que quedó sin casa y vive en condiciones criticas”.
González señaló que el alcalde Carlos Ocariz hizo una rueda de prensa para denunciar una supuesta ola de invasiones, cuando sólo se había producido una. “Estas invasiones se produjeron seguidamente en la tarde y en la noche después que el alcalde da las declaraciones”.
Manifestó que varios ediles han acudido a los terrenos invadidos “y no conocemos a nadie, es inexplicable que muchos de los lideres del municipio Sucre, desconozcamos a quienes están allí invadiendo, tenemos la firme convicción que detrás de las invasiones está Carlos Ocariz, está el director de la Policía, y el alcalde encargado Luis Comellas”.
Para el edil, es una estrategia del alcalde para producir efectos en la opinión pública. “Seguramente luego sale a negociar con los invasores, ofrecerle cuatro lochas para que abandonen los terrenos, confrontar pueblo contra pueblo, y hoy estoy seguro dirigió la tranca en la Petare-Santa Lucia”.
A su juicio, el pueblo organizado “sabe que no debe invadir terrenos, no se están produciendo invasiones de terreno sino solamente en el municipio Sucre, uno de los veintiún municipios de Miranda”.
Unión Radio
27-02-2012
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“El alcalde está detrás de esto hace mucho tiempo, hace unos meses se acercó a unos dirigentes que iban a identificar un terreno en Los Dos Caminos, y una dirigente del Consejo Comunal pudo prender su teléfono y grabar. Pudimos oír como el alcalde trataba de chantajear y sobornar a la dirigente del Consejo Comunal Dos Caminos Pedrozo”, dijo en VTV.
Para el edil, “estos hechos que están sucediendo en el municipio llaman la atención porque el gobierno venezolano y el Consejo del Municipio Sucre, rechazan las ocupaciones ilegales, y han estado de la mano con el pueblo, acompañando al que quedó sin casa y vive en condiciones criticas”.
González señaló que el alcalde Carlos Ocariz hizo una rueda de prensa para denunciar una supuesta ola de invasiones, cuando sólo se había producido una. “Estas invasiones se produjeron seguidamente en la tarde y en la noche después que el alcalde da las declaraciones”.
Manifestó que varios ediles han acudido a los terrenos invadidos “y no conocemos a nadie, es inexplicable que muchos de los lideres del municipio Sucre, desconozcamos a quienes están allí invadiendo, tenemos la firme convicción que detrás de las invasiones está Carlos Ocariz, está el director de la Policía, y el alcalde encargado Luis Comellas”.
Para el edil, es una estrategia del alcalde para producir efectos en la opinión pública. “Seguramente luego sale a negociar con los invasores, ofrecerle cuatro lochas para que abandonen los terrenos, confrontar pueblo contra pueblo, y hoy estoy seguro dirigió la tranca en la Petare-Santa Lucia”.
A su juicio, el pueblo organizado “sabe que no debe invadir terrenos, no se están produciendo invasiones de terreno sino solamente en el municipio Sucre, uno de los veintiún municipios de Miranda”.
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Ocariz: "Presión popular obligo actuación de la Guardia Nacional"
El alcalde del Municipio Sucre, Carlos Ocariz, agradeció en nombre del pueblo, que el Gobierno Central haya rectifcado y permitiera la actuación de la Guardia Nacional desde el día de ayer. Informó que 32 de las 45 invasiones fueron desalojadas durante las últimas 24 horas.
“Hoy queremos dar posición especial sobre un tema delicado como son las invasiones a las que hemos sido expuestos, casualmente después del 12 de febrero. Este problema que tuvo dos momentos especiales, el lunes de Carnaval y el pasado sábado 25. Hasta los momentos tenemos registradas 45 invasiones, de las cuales 32 ya fueron desalojadas y otras 28 fueron abortadas. Nosotros queremos explicar las atribuciones de cada quien, Polisucre no tiene competencia en materia de orden público, en este caso quien debe actuar es la Guardia Nacional. Desde que se produjo esta situación hicimos un llamado a este organismo y no obtuvimos respuesta. Actuaron las últimas 24 horas gracias a la presión popular”, expresó Ocariz.
El Alcalde hizo un reconocimiento a los vecinos y al cuerpo de seguridad municipal por la actuación que vienen desempeñando “Queremos reconocer el aporte solidario de la gente, los vecinos y el apoyo, también de nuestra Policía Municipal por cumplir con su deber. También no tenemos complejo en decir que ahora si estamos contando con la Guardia Nacional".
Ocariz criticó las declaraciones que ofreció el Ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aisami. “Lamentablemente todo parece indicar que este tipo de acciones son auspiciadas por el Gobierno Nacional, desde aquí rechazamos lo que dijo el ministro donde expresó que no pueden haber terrenos vacíos”.
El mandatario local expresó que en varias oportunidades se reunió con distintos grupos de invasores con el objetivo de evitar daños mayores. “En muchas ocasiones hablé y escuché las inquietudes de estas personas, pude sentir de cerca sus necesidades y la verdad que es muy triste ver este tipo de situaciones. Ayer en el sector de Guaicoco se enfrentó pueblo contra pueblo, en ese mismo momento hablamos con la Guardia Nacional y desde al instante la actitud de los funcionarios del organismo de seguridad del Estado, cambió”.
Igualmente aseguró que su despacho ha ofrecido terrenos al Gobierno Nacional para la Construcción de viviendas. “Nosotros enviamos una comunicación al Ministro Francisco Sesto donde ofrecimos terrenos para hacer un proyecto de soluciones habitacionales, hasta ahora no hemos tenido respuesta, también las remitimos al Vicepresidente Elías Jaua. Es lamentable que estos “Súper Ministros” nos ignoren, eso demuestra lo ineficiente que han sido en buscarle una solución al problema de la vivienda en el país.”
El alcalde de Sucre recordó que en su Municipio expropiaron dos terrenos donde el sector privado tenía previsto construir terminales de pasajeros. “El año pasado la Alcaldía con cero costo para el Municipio y gracias al apoyo de la empresa privada se iban a construir dos terminal de transporte público para los habitantes de Guaneras y Guatire. El Gobierno Nacional ya hace más de un año, lo expropió y hasta ahora no han movido ni una sola piedra, brilla por su ausencia la construcción de viviendas”.
Unión Radio
27-02-2012
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“Hoy queremos dar posición especial sobre un tema delicado como son las invasiones a las que hemos sido expuestos, casualmente después del 12 de febrero. Este problema que tuvo dos momentos especiales, el lunes de Carnaval y el pasado sábado 25. Hasta los momentos tenemos registradas 45 invasiones, de las cuales 32 ya fueron desalojadas y otras 28 fueron abortadas. Nosotros queremos explicar las atribuciones de cada quien, Polisucre no tiene competencia en materia de orden público, en este caso quien debe actuar es la Guardia Nacional. Desde que se produjo esta situación hicimos un llamado a este organismo y no obtuvimos respuesta. Actuaron las últimas 24 horas gracias a la presión popular”, expresó Ocariz.
El Alcalde hizo un reconocimiento a los vecinos y al cuerpo de seguridad municipal por la actuación que vienen desempeñando “Queremos reconocer el aporte solidario de la gente, los vecinos y el apoyo, también de nuestra Policía Municipal por cumplir con su deber. También no tenemos complejo en decir que ahora si estamos contando con la Guardia Nacional".
Ocariz criticó las declaraciones que ofreció el Ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aisami. “Lamentablemente todo parece indicar que este tipo de acciones son auspiciadas por el Gobierno Nacional, desde aquí rechazamos lo que dijo el ministro donde expresó que no pueden haber terrenos vacíos”.
El mandatario local expresó que en varias oportunidades se reunió con distintos grupos de invasores con el objetivo de evitar daños mayores. “En muchas ocasiones hablé y escuché las inquietudes de estas personas, pude sentir de cerca sus necesidades y la verdad que es muy triste ver este tipo de situaciones. Ayer en el sector de Guaicoco se enfrentó pueblo contra pueblo, en ese mismo momento hablamos con la Guardia Nacional y desde al instante la actitud de los funcionarios del organismo de seguridad del Estado, cambió”.
Igualmente aseguró que su despacho ha ofrecido terrenos al Gobierno Nacional para la Construcción de viviendas. “Nosotros enviamos una comunicación al Ministro Francisco Sesto donde ofrecimos terrenos para hacer un proyecto de soluciones habitacionales, hasta ahora no hemos tenido respuesta, también las remitimos al Vicepresidente Elías Jaua. Es lamentable que estos “Súper Ministros” nos ignoren, eso demuestra lo ineficiente que han sido en buscarle una solución al problema de la vivienda en el país.”
El alcalde de Sucre recordó que en su Municipio expropiaron dos terrenos donde el sector privado tenía previsto construir terminales de pasajeros. “El año pasado la Alcaldía con cero costo para el Municipio y gracias al apoyo de la empresa privada se iban a construir dos terminal de transporte público para los habitantes de Guaneras y Guatire. El Gobierno Nacional ya hace más de un año, lo expropió y hasta ahora no han movido ni una sola piedra, brilla por su ausencia la construcción de viviendas”.
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27-02-2012
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GN desaloja a invasores de tres terrenos ocupados ayer en Guaicoco
Los vecinos mantienen cerrada en ambos sentidos la carretera Petare-Santa Lucia, y dicen que permanecerán allí hasta que la Guardia Nacional culmine dicho desalojo.
La Guardia Nacional desalojó hace pocos momentos a los invasores de tres terrenos que habían sido ocupados ilegalmente en Guaicoco el día de ayer.
Los vecinos mantienen la vía cerrada en ambos sentidos en la carretera Petare-Santa Lucia, y afirman que permanecerán allí hasta que la GN culmine dicho desalojo.
Con esta medida quedan en el Municipio Sucre un total de ocho terrenos invadidos, dos galpones y dos edificios.
El Universal
27-02-2012
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Los vecinos mantienen la vía cerrada en ambos sentidos en la carretera Petare-Santa Lucia, y afirman que permanecerán allí hasta que la GN culmine dicho desalojo.
Con esta medida quedan en el Municipio Sucre un total de ocho terrenos invadidos, dos galpones y dos edificios.
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Municipio Sucre afectado por las invasiones
Los vecinos de Terrazas de Guaicoco y de Filas de Mariches se defendieron de los invasores. Vigilias y organización vecinal se activaron hasta que la Guardia Nacional ejecutó desalojos de inmuebles privados.
El Universal
27-02-2012
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El Universal
27-02-2012
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Lic. Henry Medina
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Sin definir porción de viviendas nuevas que ira al alquiler
Constructoras aún no reciben permisos de Superintendencia de Arrendamientos.
En la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarias se ordena a las empresas constructoras a destinar un porcentaje de las viviendas nuevas al alquiler, pero ya el marco legal tiene tres meses de vigencia y no se ha definido el monto de las unidades.
Representantes del sector construcción señalan que existen retrasos por parte del Ministerio de la Vivienda y la Superintendencia de Arrendamientos para determinar esos porcentajes, lo que afecta el inicio de las obras, porque sin los permisos del organismo supervisor no se pueden comenzar los proyectos.
Según la Ley, el Ministerio de la Vivienda fija el porcentaje de unidades que se orientarán al arrendamiento y las empresas constructoras deberán, previo inicio de los desarrollos, notificar e informar al despacho la cantidad de viviendas a realizar y sin la carta aval del Ministerio no se pueden iniciar las obras. El texto añade que el Gobierno, adicionalmente, se encarga de designar los inmuebles que serán arrendados.
Esta ley no afecta a los proyectos que están marcha, pero sí a los que están por comenzar con los trámites para luego arrancar las obras.
En la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, que fue aprobada en diciembre, también se imponen más requisitos a las constructoras para realizar los desarrollos habitacionales, pero todavía ese instrumento no ha sido promulgado por el Ejecutivo.
Las fuentes del sector construcción agregan que las compañías tienen que cumplir con más requisitos para construir las viviendas, cuando además tienen que enfrentarse a problemas con el suministro de insumos.
El Universal
27-02-2012
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Según la Ley, el Ministerio de la Vivienda fija el porcentaje de unidades que se orientarán al arrendamiento y las empresas constructoras deberán, previo inicio de los desarrollos, notificar e informar al despacho la cantidad de viviendas a realizar y sin la carta aval del Ministerio no se pueden iniciar las obras. El texto añade que el Gobierno, adicionalmente, se encarga de designar los inmuebles que serán arrendados.
Esta ley no afecta a los proyectos que están marcha, pero sí a los que están por comenzar con los trámites para luego arrancar las obras.
En la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, que fue aprobada en diciembre, también se imponen más requisitos a las constructoras para realizar los desarrollos habitacionales, pero todavía ese instrumento no ha sido promulgado por el Ejecutivo.
Las fuentes del sector construcción agregan que las compañías tienen que cumplir con más requisitos para construir las viviendas, cuando además tienen que enfrentarse a problemas con el suministro de insumos.
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