lunes, 13 de agosto de 2012

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Un Gobierno, Cuatro Justiprecios

En los últimos años el oficialismo ha impulsado, ya sea a través de la Asamblea Nacional o de la Ley habilitante, cuatro leyes que contienen diferentes métodos de avalúo para determinar el valor de una propiedad sujeta a expropiación:


Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en los casos de expropiaciones de emergencia con fines de poblamiento y habitabilidad, la Ley de Tierras Urbanas, la Ley de Arrendamientos de Viviendas y la reforma de la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública o Social. Estos cuatro instrumentos regulan la expropiación de inmuebles en el país, creando una gran confusión para el propietario expropiado, quien no puede saber a ciencia cierta cuál de los métodos y de los procedimientos aplicarán al momento de ser expropiado por un ente público. Los diferentes métodos son los siguientes:
1.- La Ley de Justiprecio en su artículo 3, establece que para determinar el justiprecio del bien expropiado por la Ley de Emergencia de Terrenos y Vivienda, se determinará basándose en el Valor de compra mayor a un año actualizado por el promedio de tres índices: el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el promedio de la Tasa Activa Bancaria emitida por el Banco Central de Venezuela y el promedio de la tasa pasiva de los depósitos bancarios a 90 días (BCV). No se tomará en cuenta el impacto de inversiones del sector.
2.- La Ley de Tierras Urbanas en su artículo 20, establece los siguientes parámetros para determinar el justiprecio: a.- Valor para las tierras urbanas similares ubicadas en los diferentes sectores, b.- Clase, calidad, situación, dimensiones aproximadas, c.- Su probable producción y d.- Otras circunstancias que influyan en las operaciones.
3.- Ley de Arrendamientos de Vivienda en su artículo 73, establece 5 elementos para la determinación del valor de un inmueble arrendado, que aplicará para la determinación del justiprecio en el caso de expropiación sancionatoria del inmueble arrendado: a.-Valor de reposición (valor de construcción nueva), b.- Dimensiones del inmueble; c.- Depreciación por antigüedad; d.- Vulnerabilidad sísmica y e.- Región geográfica. Es de hacer notar que el valor del terreno no forma parte del método haciendo totalmente confiscatorio e inconstitucional el método.
4.- Ley de Expropiación establece en su artículo 36 los siguientes elementos de obligatoria apreciación: a.- Valor fiscal declarado; b.- Valor de compra, mayor a 6 meses; c.- Precios medios de los últimos doce (12) meses. Este es el método más justo que se ha utilizado tradicionalmente en Venezuela, pero que ha sido minimizado por las demás leyes paralelas a esta, que no garantizan un precio justo, ni una justa defensa del propietario.
Visto los cuatro métodos, podemos concluir que el oficialismo legisla sin revisar las leyes vigentes y crea gran pastel legislativo con leyes contradictorias e inconstitucionales que violan el artículo 115 de la Constitución, el cual garantiza un precio justo, una expropiación a través de una sentencia firme y un pago oportuno. Ninguno de estos 3 elementos son garantizados por las leyes que impulsa el gobierno. A todo evento más allá del método, no existe una política de pago por parte del Ejecutivo Nacional, sino una política de confiscación masiva de propiedades que todos los venezolanos debemos rechazar.

Por Abg. Roberto Orta Martínez. Twitter @robertoeorta Email: robertoeorta@gmail.com

APIUR
10-08-2012

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Informe especial (CIV)

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela organizó un foro donde sus expertos más destacados analizaron las leyes que ha decretado el Gobierno nacional en los últimos años para regular ese sector de la economía, deprimiendo áreas sensibles de la vida venezolana, como es el desarrollo de viviendas. En este Informe Especial puede leer un resumen con los detalles más resaltantes de ese encuentro.
1. Marco jurídico que indirectamente perjudica el derecho a la propiedad privada
El mercado inmobiliario se basa en el fundamento de la propiedad privada, que ha sido piedra angular del desarrollo de las sociedades. En la Constitución de la República Bolivariana se establece que solo en pro del interés social y cuando no exista otra alternativa se podrá sacrificar este derecho individual, pero incluso en ese caso, debe justificarse en la necesidad de emprender una obra, y el afectado tiene el derecho a la defensa. Si aún así se ejecutase la expropiación, la toma, o el embargo, el Gobierno debería indemnizar a la persona que perdió su inmueble.
Lo alarmante para quienes trabajan en el mundo inmobiliario, y para la ciudadanía en general, es que las formas en las que el Gobierno puede violentar el derecho de propiedad han proliferado a través de leyes y decretos, generando un marco jurídico amenazante para empresarios y emprendedores.
Por ejemplo, en la Ley Para la Defensa de las Personas en el Acceso de Bienes y Servicios, en el artículo 6, se declaran como utilidad pública e interés social todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios. Por lo anterior, el Ejecutivo nacional puede iniciar el procedimiento expropiatorio cuando se hayan cometido ilícitos económicos y administrativos.
De acuerdo con esa Ley, todas las propiedades en el territorio de la República son suceptibles de expropiación.
Está también el caso de la Ley de Costos y Precios Justos, dijo el abogado Alejandro Gallotti. La misma afecta a las personas naturales y jurídicas que, con ocasión del desempeño de sus actividades dentro del territorio nacional, produzcan, importen o comercialicen bienes, o presten servicios, por lo cual reciban una contraprestación pecuniaria que satisfaga su intercambio.
Gracias a esta normativa, se puede castigar con la ocupación temporal de 90 días de un inmueble o negocio si la persona vendió un producto por un precio superior al que hubiere informado. Se puede llegar a inhabilitar al individuo del ejercicio del comercio, la actividad o la profesión, en caso de que se repita la infracción.
El procedimiento que indica la Ley es que si un inspector detecta irregularidades, puede ordenar el cierre y la toma temporal preventiva, lo que se materializaría mediante la posesión inmediata del inmueble.
Finalmente, la recientemente aprobada Ley Orgánica del Trabajo incluye la posibilidad de la adquisición forzosa de los bienes de una entidad de trabajo para reactivar la operación económica y productiva.
Se comprueba, afirmó Gallotti en el foro "Nuevas Leyes que Inciden en el Sector Inmobiliario", que hay una abierta tendencia por parte del Gobierno nacional a reducir la propiedad privada.


2. Análisis de Ley de Arrendamiento de Viviendas


Con la Ley de Arrendamiento de Viviendas se genera un extremo control del Estado en la contratación privada, y en el regimen arrendatario en su totalidad, porque el mismo se considera de interés público y social. Se incluye también la sanción a las piezas desocupadas. Todo lo anterior se realiza mediante la acción de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda e instancias de representación en las entidades federales, creadas a partir de la Ley.
Con esta normativa, se generan nuevos fundamentos de la relación arrendaticia, como la defensa obligatoria del inquilino, y el control del precio de la vivienda en cuanto al canon y a la venta. Se establece también la centralización de la mayoría de los trámites en la figura de la Superintendencia de Arrendamientos, por lo que aumenta la burocracia. Cualquier falla en el proceso de tramitar un arrendamiento, puede acarrear la penalización.

Esto ha tenido efectos negativos para el mercado de viviendas de alquiler. En primera instancia, se cometen más ilícitos y fraudes que lesionarán en principio a los inquilinos, y posteriormente a los propietarios por las sanciones que dispone el texto legal. Se genera, de esa forma, una escasez absoluta de inmuebles destinados a viviendas para alquilar.
Entre las consecuencias jurídicas más graves se encuentra la obligación de venta, porque un inquilino no puede serlo por más de 10 años, pero se dificulta el desalojo hasta que el arrendador no le haya conseguido otra solución habitacional a la familia que vive en su propiedad. Lo anterior, sumado a la dificultad de adelantar gestiones en la Superintendencia, lesiona la propiedad privada.
De acuerdo con la abogada experta, Teresa Borges, la Ley de Arrendamientos de Viviendas produce el enriquecimiento sin causa del inquilino, el conflicto de competencias entre distintos órganos del Estado (debido a la creación de la Superintendencia) y hará que proliferen las vías de hecho y las estafas inmobiliarias. Finalmente, agregó, nadie querrá construir viviendas para alquilar.
En la Ley de Arrendamiento de Viviendas, se indican los siguientes procedimientos administrativos que pueden derivar en sanción: cualquier violación genérica de la Ley puede significar la imposición de indemnizaciones, restituciones y reparo de daños; arrendar una vivienda adjudicada por el Estado; el cobro de sumas de dinero por exhibir o mostrar el inmueble también es penado; no ofertar el inmueble en venta al inquilino; establecer un canon en moneda extranjera; incumplir la formalidad en el Registro Nacional de Arrendamiento de Viviendas; violación de la Ley por medio de la no consignación del contrato de arrendamiento; entre otros.
Existe una sanción especial para los "desalojos arbitrarios" que es de 1000 Unidades Tributarias. La reincidencia en las faltas puedes concluir en la expropiación del inmueble.
Teresa Borges fue enfática al decir que "murió el arrendamiento de viviendas en Venezuela" debido a esta ley.
3. Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en casos de Expropiación

El abogado presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta, recordó que la Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles dice que "el justiprecio del inmueble se determinará utilizando como base del cálculo, el último valor de dicho inmueble, indicado en el documento de propiedad debidamente protocolizado". Añadió Orta que la misma normativa impone que si el documento de propiedad posee "data inferior a un año para el momento del inicio del procedimiento de expropiación de emergencia, se considerará como base de cálculo, la penúltima transacción registrada".

Finalmente, el cálculo de la actualización del precio se hará en base a:"la variación del índice nacional de precios al consumidor (INPC)"; "la tasa de interés pasiva nominal de los depósitos a plazos superiores a noventa (90) días capitalizable mensual" y "la tasa de interés activa nominal promedio ponderada".

Orta expresó que esta es una normativa que viene a cerrar más el espacio de la propiedad pivada, porque no bastaba con que las expropiaciones se hicieran comunes en Venezuela, sino que ahora el Estado cuenta con un sistema para determinar cuánto pagará al propietario. El mayor peligro que encierra esta ley, prosiguió el experto, es que no considera las remodelaciones que se le hayan hecho al inmueble, por lo que una toma por parte del Gobierno, bajo la luz de esta ley, podría significar enormes pérdidas.

Pareciera que el Gobierno seguirá, a pesar de los malos resultados que ha tenido, atacando y limitando la propiedad privada, advirtió Orta, quien además lamentó que todos los propietarios, incluidos los medianos y pequeños, están en riesgo.
4. Ley Contra la Estafa Inmobiliaria


La Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, publicada este 2012 en Gaceta Oficial, centralizó todo lo relacionado con constructoras, contratistas, productoras y promotores de viviendas en la Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat. Esto hace prácticamente imposible desarrollar un inmueble desde el sector privado, ya que cualquier trámite o documento debe ser aprobado por la Dirección Nacional.
Lo más agraviante es que el precio de venta del inmueble será calculado por ese organismo del Gobierno. Además, la ley estipula que se debe presentar al inicio de un proyecto de vivienda una fianza bancaria de fiel cumplimiento que sea equivalente al 100% del precio total de la obra, señaló Cristóbal Blaco Uribe, abogado.
Explicó que esta modalidad de trabajo, sumado a que las irregularidades son castigadas con altísimas multas, dificultan la promoción de viviendas privadas en el país.
En el momento de la aprobación de esa ley, el Ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, dijo que el Gobierno pondría orden en el sector inmobiliario. Contestó en aquel momento el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, que solo conseguirían afectar a los más pobres del país, porque el déficit de viviendas se incrementaría.
5. ¿El futuro?

"Con un déficit superior a 2 millones 750 mil unidades de viviendas en el país, el sector inmobiliario y los actores relacionados tienen mucho trabajo por hacer. Hemos visto como con estas leyes y decretos han cercado la labor de los promotores de la vivienda y de los desarrolladores urbanísticos, hasta el punto en el que muchas empresas han abandonado esta área o simplemente se han ido hacia otros países", explicó Aquiles Martini Pietri en el Foro de las Leyes que Afectan al Sector Inmobiliario.
Destacó que hay un obvio tinte político que las decisiones que toma el Gobierno para regular el sector, y en la entrega de concesiones a empresas extranjeras en lugar de nacionales para desarrollar los proyectos urbanísticos.
Afirmó, sin embargo, que desde el gremio se propone entablar mesas de diálogo para acordar con las autoridades públicas cuotas de participación en la solución del déficit de vivienda, de forma abierta y democrática, desmontando el marco jurídico restrictivo, y estableciendo una planificación estratégica para alcanzar el progreso. Añadió que no solo se trata de construir viviendas dignas, sino también generar condiciones de habitabilidad y prosperidad para los ciudadanos.
"Indistintamente de los cambios que vengan en el futuro en el plano político, económico o social, nosotros, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, sus afiliados, las empresas relacionadas, y todo el gremio, seguiremos luchando para no ser desplazado en la tarea que asumimos, en este trabajo que nos apasiona, en este empeño por brindar felicidad a nuestro pueblo", declaró.

CIV
09-08-2012

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Trabajadores de Misión Vivienda paralizaron obra en avenida Lebrún

Un grupo de trabajadores de la Gran Misión Vivienda Venezuela que labora en la construcción de un urbanismo en la avenida Lebrún, en el municipio Sucre (Mir), paralizaron sus actividades el día lunes como reclamo al cambio en las condiciones de trabajo que les impuso la empresa administradora de la obra, según informaron los obreros en el sitio.


Juan Carlos Arena, vocero del grupo, destacó que la gerencia ha realizado despidos injustificados a varios trabajadores y han impuesto cambios en los turnos de trabajo, reducción del número de horas trabajadas y, por consiguiente, el sueldo. Indicaron que la administración les anunció que tienen que trabajar turnos de ocho horas y no se trabajarán los fines de semana ya que no tiene dinero para pagar sobretiempo.

Señalaron que este mes no han recibido el pago del bono de alimentación o cestaticket.
Los trabajadores destacaron que en los últimos tres meses han paralizado la obra varias veces, pero a pesar de ello las irregularidades continúan. Indicaron que quieren continuar con sus actividades pero en condiciones laborales acordes para todos.


José Briceño, obrero, relató que la empresa administradora ha despedido trabajadores pero no les han dado su liquidación. De igual forma, indicó que varios obreros despedidos gozaban de inamovilidad laboral por tener hijos recién nacidos y no les fue respetada. Dijo que la directiva no se ha reunido con ellos a oír sus peticiones y han tomado decisiones arbitrariamente.


Denunciaron que los despidos se realizaron para no pagarles a los trabajadores el bono por útiles escolares para sus hijos. Destacaron que este paro no es contra el Gobierno Nacional sino contra la empresa que gerencia la obra, e indicaron que la misma tiene retrasos por la mala dirigencia.


Los laborales denunciaron maltratos y agresiones por parte de la administración. Hacen un llamado a Ricardo Molina, ministro de Vivienda y Hábitat, para que se aboque a resolver la situación. Exigen la destitución de toda la gerencia y han recogido 300 firmas que avalan esta petición.


Arena indicó que la empresa administradora amenazó con botar a todos los trabajadores si la huelga dura más de tres días.

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Escasez de insumos afecta a la construcción

La escasez de insumos, especialmente de cemento y cabilla, afectó a 70% de los constructores durante el primer trimestre de 2012, según el estudio presentado ayer por la Cámara de la Construcción de Carabobo, que refleja cifras a escala nacional.

El presidente del gremio, Carlos González, explicó que el impacto de las dificultades al acceso de los materiales de construcción se reflejó en la paralización, a principios de este año, de 38.448 viviendas en todo el país.

Según González, entre el primer trimestre de 2011 y el mismo período de 2012 no hubo mayores cambios en los proyectos paralizados, ya que en ese lapso se detuvo la edificación de 38.184 viviendas que eran desarrolladas por el sector privado, que presentó 20% menos de obras terminadas, 69% más de proyectos paralizados y 17% menos de urbanismos en construcción.

En el sector público el comportamiento ha sido diferente. En el mismo período terminaron 711% más proyectos; la paralización de los inconclusos se redujo en 76% y 286% más entraron en fase de construcción.

La diferencia del comportamiento entre ambos ámbitos se debe −según el gremio− al acceso a los insumos, la inseguridad jurídica y el acceso a financiamiento.

Argumentó que el Estado tiene el control de la producción del cemento y acero, situación que utiliza para direccionar como prioridad todos sus productos para los requerimientos de la Misión Vivienda Venezuela.

En cambio, los privados sostienen que solo les pueden vender hasta cinco sacos de cemento por proyecto.

Cámara Venezolana de la Construcción
09-08-2012

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Vivir en Terrazas de Tirima es un calvario para 80 familias

Un verdadero calvario sufren las 80 familias que habitan en la comunidad Terrazas de Tirima (Carayaca), la cual ocupan desde 2001.
Los vecinos aseguran sentirse decepcionados hasta el alma, por las condiciones en las que están viviendo.
Desde 2003, las casas comenzaron a presentar serios problemas en los techos, ya que las láminas estilo "petrocasas", de las cuales están hechos, han venido cediendo. La situación este año se tornó insoportable.
Las familias que habitan en los segundos pisos del urbanismo no pueden dormir en sus habitaciones. El techo se está cayendo y el agua se filtra de manera alarmante.
"En 2003 denunciamos la situación ante el Instituto de la Vivienda de Vargas (Ivivar) y le colocaron una capita para impermeabilizarlos, pero eso no duró nada, el problema se incrementó", contó Luis Salazar, dueño de una de las casas más afectadas.
Dificultades. Aparte del problema con los techos, los habitantes también se quejan de las filtraciones de aguas servidas.
"La planta de tratamiento se dañó hace años. Nunca la repararon y ahora, en lugar de tener una estructura para sanear el ambiente, tenemos un enorme pozo séptico", refirió Salazar.
Los vecinos no aguantan el hedor que emana de la planta y temen que el líquido se esté acumulando en el pavimento, pues las vías principales de ambas terrazas se hunden.
Otra dificultad es un enorme tanque aéreo de agua, que nunca usaron. Las bases están corroídas y endebles. Piden que lo quiten, antes de que caiga sobre una casa cercana.

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10-08-2012

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En Caricuao rechazan obra inconsulta

La comunidad de los bloques 1, 2 y 3 del sector UD2 de la parroquia Caricuao, en el municipio Libertador, rechazan la instalación de un puesto de emergencia, con atención las 24 horas del día, que supuestamente funcionaría en la planta baja de este urbanismo.
Héctor Guardia, en nombre de la comunidad, señaló que sin la autorización de los vecinos las autoridades del gobierno del Distrito Capital comenzaron la remodelación de un consultorio de salud que funcionaba en estas instalaciones, y ahora quieren colocar un puesto para atender emergencias todo el día, hecho que aseguran ocasionará graves problemas a la comunidad.
"Las autoridades nunca dieron a conocer a la comunidad en torno a esta obra inconsulta, en donde además se pretende construir un cuarto para desechos tóxicos hospitalarios, servicios de ambulancias y otros servicios de salud, en unos espacios no acordes para ello", señaló Guardia.
Indicó que, en total, en los mencionados bloques habitan 200 familias que no están de acuerdo con la obra, y que han elevado su reclamo a través de distintas comunicaciones a las autoridades del Distrito Capital, la Alcaldía de Libertador y el Ministerio de la Salud. Además, han tenido reuniones con los voceros de la Comuna Indio Caricuao, pero hasta ahora no han tenido ningún tipo de respuesta.
"Estas son las áreas comunes y hace 15 años en estas instalaciones funcionaba un kinder, posteriormente la junta de condominio otorgó un permiso para la instalación de un ambulatorio en donde se ofrecía atención primaria con un horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Exigimos una reunión con las autoridades competentes, y para el día de hoy desde tempranas horas de la mañana vamos a realizar una protesta en el lugar de la obra", dijo Guardia.

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En Catia llevan 12 mil firmas recogidas para pedir pase a municipio

Existen varias vías para convertir a Catia en municipio (una vieja idea que el candidato Henrique Capriles volvió a poner sobre el tapete en un recorrido por el sector el pasado domingo), pero hay una que contempla la Constitución y que involucra a los propios vecinos: la recolección de firmas.

Y es que el artículo 204 de la Constitución, en su numeral 7, establece que la iniciativa de las leyes corresponde a los electores en un número no menor del cero como uno por ciento (0,1%) de los inscritos en el Registro Electoral. Bastarían entonces unas 18 mil firmas para echar a andar esta iniciativa.

José Quintero, director de Procatia, es partidario de esta modalidad pues involucra a los vecinos, y explica que el procedimiento es el siguiente: se recogen las firmas, se entregan a la Asamblea Nacional, que está obligada a discutir el proyecto de ley para transformarlo en ley en la próxima sesión ordinaria.

Si el debate no se inicia entonces, según establece el artículo 205, el proyecto se someterá a referendo aprobatorio (aunque no está claro en este caso quiénes podrían votar, si solo los catienses, toda Caracas o todo el país).

La AN es la que tendría que discutir luego los detalles en sí: límites de este municipio, fecha en que se elegiría su alcalde, presupuesto, sustentabilidad económica, situado y población. Lo ideal sería que quienes presenten las firmas, explica Quintero, propongan también un proyecto de ley. En Procatia se han hecho jornadas de recolección y ya llevan 12 mil firmas. "Lo hemos querido hacer solo con catienses, y por eso aún no llegamos a las 18 mil", explica Quintero.

El Universal
08-08-2012

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Vecinos de Pipe exigen cese de construcción de casas

Iraida Aular, C.I. 10.517.046, y Jinett Flores, C.I. 14.755.604, representantes del Consejo Comunal Montañas de Pipe, hacen un llamado al presidente Hugo Chávez para que frene la construcción de viviendas en los linderos del Parcelamiento Pipe y el Parque Universal La Paz en Caricuao (DC).
"Este proyecto está impulsado por otro consejo comunal del lugar, pero el problema es que el terreno no es apto para edificar porque cada vez que llueve la tierra cede y con esta situación se expondrían las vidas de las personas que habitarían el lugar", comentó Aular.
Además, aseguran que la adjudicación de estas casas se plantean para personas que no son del sector y no pertenecen a ningún refugio. "Esto se quiere llevar a cabo sólo por intereses muy personales y no por el bien de la comunidad y del proyecto que plantea el presidente Hugo Chávez", explicó Flores.
Indicaron que con esta acción se violaron artículos de la Constitución y algunas leyes orgánicas. "En nuestra Carta Magna se establece −en los artículos 127 y 129− que es un derecho y un deber de los ciudadanos cuidar nuestro medio ambiente, al igual que en los artículos 2, 3, 4, 83 y 100 de la Ley Orgánica del Ambiente, la cual en nuestro país no es respetada y debemos estar claros en que allí hay un parque universal y debemos preservar nuestro ambiente para el futuro de nuestros hijos", dijeron.
Consideran que tampoco "reconocen la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular y la Ley Orgánica del Poder Popular, donde se explica claramente que como ciudadanos debemos y tenemos la obligación de cuidarnos unos a los otros", señalaron las representantes del Consejo Comunal Montañas de Pipe. Exigen que el Presidente solicite la suspensión de la construcción por cuestiones de seguridad. Telfs. (0416) 432.5920 / (0416) 721.8602.

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Protestaron en Pozuelos para solicitar viviendas

Habitantes del sector Agua Potable, en la parte alta de Pozuelos, Sotillo, protestaron ayer al mediodía para exigir a la Alcaldía de Sotillo que agilice la ejecución de un proyecto de viviendas que, aseguraron, beneficiará a 56 familias que actualmente residen en ranchos.

Pedro Vargas, vocero del consejo comunal Las Lomas, explicó que la semana pasada solicitaron un derecho de palabra en la cámara municipal, y acordaron celebrar este miércoles en el sitio un comité con los representantes de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Sin embargo, “fuimos embarcados. Sólo vino el edil Harrison Mariño”.

El dirigente dijo que la petición de soluciones habitacionales reposa en el ayuntamiento desde 2006. Por su parte, Milagros Martínez, de la comisión de Hábitat de la organización vecinal, aseguró que ya han entregado varios censos y estudios solicitados por las autoridades, pero no termina de arrancar la obra.

“Ni siquiera nos han tomado en cuenta para los planes de Sustitución de Ranchos por Casas (Suvi). Ahora con este desplante sentimos que se han burlado del pueblo”.

En proceso

Cuando se le consultó si el consejo comunal tiene la titularidad del terreno donde esperan se construya el proyecto habitacional, los voceros informaron que el Comité de Tierras Urbanas adelanta esos trámites. “Aquí falta voluntad política. Al parecer hay que tener una palanca en la alcaldía para que te den viviendas”.

El Tiempo
09-08-2012

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