martes, 20 de mayo de 2014

Charles Darwin

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Charles Darwin

"No es la especie mas fuerte la que sobrevive, ni la mas inteligente, sino la que responde mejor al cambio. "
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Aquiles Martini: el sector inmobiliario sigue bajo una fuerte distorsión, no se están produciendo viviendas

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El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, señaló que “cada día que pasa, las cosas se ponen peor, lamentablemente el sector inmobiliario del país sigue bajo una fuerte distorsión en todo lo que significa los términos del arrendamiento”.

Asimismo, dijo en la sección de entrevistas del “Noticiero Televen” que la promoción inmobiliaria para los sectores de la clase media está “muy mal, porque el sector privado no está produciendo en cuantía ni en la cantidad de las viviendas que se requieren. No hay créditos, no hay materia prima y hay una persecución constante al sector inmobiliario promotor del país”.

“La Ley de Arrendamiento sigue siendo estragos, porque ahora pusieron una providencia de la Sunavi que obliga a los propietarios a vender y obliga a los inquilinos a comprar. De estos 1.500 edificios más o menos que existen, el 95% no tienen el documento de condominio y es imposible que bajo la ley y las ordenanzas legales de hoy en día, puedan ser vendido. Esta providencia pareciera que busca de alguna manera arrebatarle la propiedad a un grupo de venezolanos para en teoría dársela a otro grupo de personas”, explicó.

Sostuvo que la Cámara Inmobiliaria de Venezuela ha introducido un documento ante los tribunales de República “pidiendo la anulación de una providencia que pretende estar por encima de la Constitución“.

“La situación económica del venezolano es verdaderamente crítica (…) La realidad es que estamos viviendo un problema importantísimo en el país en términos de lo que es la parte de vivienda porque no se están produciendo vivienda ni en el Gobierno ni mucho menos en el sector privado“, agregó.

Precisó sobre la participación del sector privado en la Gran Misión Vivienda Venezuela que “está participando muy poco“, puesto que éste “no puede promover vivienda en los números que el Gobierno da”.

En cuanto al arrendamiento comercial, Aquiles Martini comentó que “sigue estando inviable la posibilidad de mantener las operaciones de los centros comerciales y como no es posible mantener un condominio, estamos viendo un desequilibrio económico”.

Noticias 24
19-05-2014
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Los centros comerciales caminan en la cuerda floja

Tiendas que se quedaron sin productos bajaron sus santamarías

No saben por cuánto tiempo más estarán operativos. Su destino está en manos del presidente Nicolás Maduro. Mientras esperan que el mandatario dicte el ejecútese a la Ley de Arrendamiento de Locales Comerciales, los propietarios de centros comerciales hacen equilibrismo sobre la cuerda floja del Decreto Transitorio N° 602, el mismo que les ha obligado a restringir horarios, sacar de funcionamiento escaleras mecánicas y hasta prescindir de personal. 

La desmejora en la calidad de los servicios que prestan los malls en todo el país, es la consecuencia más visible de la medida anunciada por Maduro en cadena nacional el 29 de noviembre de 2013. Ese viernes el Ejecutivo dijo que había decidido sacar un decreto especial de control y regulación de los alquileres vinculados al comercio “con el propósito de acabar con el arrendamiento especulativo y explotador”. Prometió que la medida sería temporal y que antes del 31 de diciembre de ese año aprobaría vía Habilitante la ley que regularía los alquileres comerciales. Han pasado seis meses y los propietarios de centros comerciales aún esperan el instrumento legal definitivo. 

En el Decreto Transitorio N° 602, publicado en Gaceta Oficial N° 40.305, quedó establecido que los arrendamientos de locales o establecimientos en los que se desarrollan actividades comerciales no podrían exceder un monto mensual equivalente a 250 bolívares por metro cuadrado y se eliminaron algunas cláusulas contenidas en los contratos y documentos de condominios de inmuebles destinados al comercio. 

Desde entonces, por ejemplo, un kiosco de cuatro metros cuadrados, cuyo alquiler en 2013 costaba aproximadamente 20 mil bolívares con gastos de condominio incluidos, pasó a costar 1.250 bolívares al mes. 

“La medida lanzada por el Gobierno nacional tuvo el objeto de proteger a los comerciantes y consumidores, porque uno de los argumentos que alegaban los comerciantes arrendatarios es que pagaban precios muy elevados por los alquileres”, afirma el presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, Claudio Farías, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). 

El director de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, cree que haber llevado todos los alquileres al mismo parámetro fue una decisión absurda. “No puede valer lo mismo un local que tiene pisos de mármol que uno que tiene pisos de cemento”, explica. El legislador chavista difiere, asegura que el canon de arrendamiento establecido permite a los centros comerciales recuperar su inversión y mantenerse operativos 

Reacción en cadena 

La medida provisional generó una reacción en cadena. Los gerentes de diferentes centros comerciales expresaron su informidad con el decreto y solicitaron al Gobierno invitar a la Cámara de Centros Comerciales y de Comercio (Cavececo) a participar en mesas de trabajo para analizar la situación. De forma casi simultánea algunos malls modificaron sus horarios de trabajo y los comercios hicieron lo propio. A esto le siguió la clausura de baños públicos, escaleras mecánicas y ascensores. 

Los primeros en sentir los efectos de las medidas de ahorro puesta en marcha por las gerencias de los diferentes malls fueron los comerciantes, tanto propietarios como arrendatarios. “Un día (a principios de 2014) nos dimos cuenta que habían retirado todas las papeleras del centro comercial, ahora hay más basura en las adyacencias”, cuenta la vendedora María Blandón, quien por más de 6 años ha trabajado en el centro comercial capitalino El Recreo.

Recorte

Más recientemente, los propietarios debieron prescindir de personal. Los guardias de seguridad y empleados de mantenimiento fueron los primeros afectados. Hace aproximadamente un mes hubo reducción de personal de seguridad en el centro comercial El Recreo. “Ahora tenemos más trabajo”, dice un vigilante del mall que pidió no ser identificado. 

Los usuarios también resienten la disminución en la calidad de los servicios y el deterioro de los centros comerciales. Son más de 2.4 millones de personas las que, según Cavececo, visitan a diario los conglomerados de tiendas de Venezuela. Aunque el presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parilli, asegura que, como resultado de las medidas de ahorro adoptadas por los establecimientos y la ausencia de mercancías, el número de ciudadanos que visitan los malls ha disminuido alrededor de 40% en los últimos meses. 

El Tiempo intentó, sin éxito, obtener declaraciones de Cavececo. “La vocería está cerrada por los momentos”, informó la directora Claudia Itriago. Pero el silencio no ha sido absoluto, durante las tres primeras semanas de mayo, la institución, a través de su cuenta en twitter (@CAVECECO), solicitó en reiteradas ocasiones al Ejecutivo aprobar, cuanto antes, la nueva ley sobre centros comerciales, la cual recoge acuerdos entre Cavececo y el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat (MinVivienda).

Anaqueles vacíos 

Hasta la segunda semana de mayo los maniquíes de la tienda Zara, del grupo español Inditex, ubicada en el centro comercial El Recreo, permanecían desnudos, a pesar de que a principios de abril el Gobierno firmó un acuerdo de trabajo y de cooperación con 220 tiendas del sector textil, entre ellas la española. Vendedores y encargados aseguran desconocer cuándo arribará la mercancía al establecimiento. 

En el mismo centro comercial caraqueño, hay por lo menos 5 locales cerrados y muchas vitrinas a medio llenar. Es el caso de Casiolandia, representante oficial de la marca japonesa Casio en Venezuela. Comercio que aún intenta reponer los inventarios agotados a finales del año pasado, luego del ajuste de precios ordenado por el Ejecutivo. La dificultad para acceder a las divisas y la Ley de Costos y Precios Justos ha complicado la reposición de productos a centenares de comerciantes en todo el país. “Hay que promover la empresa privada y simplificar la trama cambiaria para salir del atolladero”, sostiene el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, Víctor Maldonado. 

En los últimos seis meses cerca de 10% de los establecimientos que funcionan en centros comerciales han bajado sus santamarías, lo que es igual a 60 mil puestos de trabajo menos, afirma Maldonado. 

Los vendedores y encargados de tiendas lidian ahora, no solo con la desmejora en la calidad de los servicios de los centros comerciales, sino también con una baja en las ventas que ha reducido las comisiones. Así como también, con la posibilidad de perder sus puestos de trabajo. 

Los anaqueles de una de las dos jugueterías de El Recreo, Toy Manía, están a medio llenar. “Toy Manía no es ni la cuarta parte de lo que era, nos llegan productos pero no como antes”, explica la encargada de la tienda, Lineth García. Cuenta que de los seis empleados que laboraban en el comercio solo quedan dos y que las comisiones por ventas han descendido casi 75%. 

Cavececo y la Cámara de Caracas estiman que los centros comerciales generan alrededor del 11% de los empleos formales del país, esto equivale a 589 mil puestos de trabajo directos que advierten podrían desaparecer si las condiciones en las que están operando se mantienen.

Del cielo al suelo

El Tolón Fashion Mall de Las Mercedes, que el año pasado fue incluido por segunda vez consecutiva en el ranking Great Place To Work como una de las mejores empresas de entre 50 y 500 empleados de Latinoamérica, también sufre las consecuencias de las regulaciones. Tiendas cerradas y vitrinas vacías caracterizan sus pasillos.

Esperanzados

El 14 de mayo Cavececo manifestó, a través de un comunicado de prensa estar confiada en que el Gobierno respetará los acuerdos conciliatorios alcanzados en el Diálogo Económico. Esperan que el Ejecutivo no modifique sustancialmente la legislación que está por aprobarse. “No tenemos razones para dudar de la actuación del Gobierno Nacional”, dijeron.

Protesta creativa 
En marzo de 2014, a cuatro meses de la aprobación del Decreto Transitorio N° 602, centros comerciales y comerciantes de todo el país, adscritos a la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Comerciantes y Afines (Cavececo), lanzaron una campaña institucional para explicar a sus usuarios a través de imágenes los efectos negativos del instrumento legal que modificó el canon de arrendamiento de los locales destinados al comercio. La iniciativa, que lleva por nombre “Lo bueno hay que preservarlo”, fue y sigue siendo promovida en la red social twitter con la etiqueta #CentrosComercialesVzla.
Vías de escape que dejan de ser seguras para los venezolanos
Jhonny Vásquez, administrador del centro comercial Regina, en Puerto La Cruz, manifestó que desde diciembre del año pasado han tenido pérdidas económicas por la rebaja en los alquileres de los locales. Esto, dice, ha obligado al condominio a ajustar gastos como por ejemplo en la vigilancia, mantenimiento de ascensores y escaleras, y reducido el uso de las escaleras mecánicas. 

En su opinión, el decreto para el Control y Regulación de Arrendamiento de locales vinculados a la actividad comercial en el país, como parte de una Ley Habilitante aprobada por la Asamblea Nacional, representa serios inconvenientes al sector. 

Comentó que la situación económica por la que atraviesa el país también ha perjudicado a los comerciantes, pues debido a los problemas con la aprobación de divisas, algunos han tenido que cambiar de ramo. “Tenemos información de tiendas que vendían ropa y cambiaron a ofrecer servicio de belleza y peluquería para no perder el negocio”. 

Esta es una situación que viven otros centros comerciales de la zona metropolitana. Bajaron las ventas y las compras. El hecho de que muchos locales no tengan mercancía que ofrecer, es un grave problema. Sin embargo, se trata de mantener el servicio. 

Gustavo Ramos, directivo de la Cámara de Comercio de Barcelona, refirió que las medidas del Gobierno respecto a los mall ha originado una serie de inconvenientes entre arrendatarios y arrendadores, pues hay diatribas a la hora de ajustar el pago por los alquileres. 

Dijo que manejan información de casos de comercios que realizan la cancelación por tribunales, es decir los arrendatarios se niegan a cancelar las tarifas que establecen los dueños, alegando que no concuerdan con las establecidas en el mandato nacional. 

“La falta de liquidación de divisas también afecta el desempeño de los comerciantes, pues no tienen cómo comprar mercancía, por lo tanto las ganancias son mínimas y no alcanza para cubrir los gastos básicos de un negocio comercial”. 

Aseguró que pese a esta difícil situación, en la Cámara de Comercio no han recibido ninguna notificación de cierre de locales, pero no descarta que esto pueda ocurrir. 

Un espacio que se pierde 

El centro comercial representa, para el venezolano promedio, lo que la plaza para los chilenos o el parque para los colombianos. En definitiva, un lugar de esparcimiento, explica el presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores de Venezuela (Anauco), Roberto León Parilli. 

“Los centros comerciales se han convertido en el espacio público más frecuentado. Son lo que fue la plaza o el bulevar en siglos pasados”, expresa el profesor de Psicología Económica de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Axel Capriles. Y son, además, de los pocos espacios en los que los ciudadanos se sienten, o por lo menos solían sentirse, medianamente seguros, agrega el especialista. 

Los despidos de vigilantes que algunos malls han efectuado en los últimos meses como medida de ahorro, han incrementado los índices delictivos en esos establecimientos. Un guardia de seguridad del centro comercial capitalino El Recreo dijo que las fechorías se han incrementado a la par de las reducciones de personal. 

Otra de las razones por la cual los venezolanos visitan los centros comerciales es porque “representan para los grandes sectores de la población que vive en barrios un lugar de fantasía a través del cual pueden evadir por un espacio de tiempo la precariedad de sus lugares de habitación”, asegura Capriles. 

Es por ello, que las vitrinas vacías, y en general el deterioro de esos establecimientos, es sentido como un golpe al nivel de vida y al de aspiración, añade. 

El especialista advierte que el desgaste de los centros comerciales genera aislamiento y escape.

Eltiempo.com.ve
18-05-2014
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El sector vivienda afronta una severa crisis

Para el ciudadano común, adquirir una vivienda digna parece ser una utopía, más cuando existe una crisis económica que golpea duramente su poder adquisitivo y no se ofertan oportunas soluciones habitacionales que puedan garantizar su correcta calidad de vida. Problemas como la escasez de materiales, inflación, inseguridad jurídica y exiguas alianzas con la empresa privada se presentan como un escabroso trayecto que debe enfrentar el Estado para acortar las distancias entre oferta y demanda en el sector inmobiliario.

Según el arquitecto y urbanista Ángel García, quien cuenta con 36 años de experiencia en planes de desarrollo urbanístico en el país, en los últimos 15 años el déficit de vivienda a nivel nacional se ha incrementado de 2.3 a 3.2 millones. A partir de estas cifras, se puede desprender el siguiente análisis:
En tres años de la Gran Misión Vivienda Venezuela (2011 – 2014), según información aportada por el organismo, el Gobierno Nacional ha construido 558 mil unidades habitacionales, lo cual promedia un balance anual de 186 mil. 

Sin embargo, teniendo en cuenta el ritmo emprendido por el Estado, el déficit de 3.2 millones de hogares ameritaría 18 años de trabajo continuo para erradicar la demanda existente en la Nación.

A su vez, las citadas cuentas distan considerablemente de la promesa anunciada por el presidente Nicolás Maduro, quien aseguró que su gestión se encargaría de construir 3 millones de domicilios antes de la culminación de su periodo presidencial, en el año 2019. Por tanto, para llegar a cumplir esa meta, el ejecutivo requeriría gestionar un promedio anual de 500 mil viviendas en un lapso no menor de seis años.

García señaló que una de las principales fallas en la crisis del sector vivienda se debe a la escasez de materiales para la construcción, cuya causa proviene a raíz de las expropiaciones generadas en los últimos años contra las instalaciones cementeras y siderúrgicas, que hoy en día, bajo la responsabilidad del Estado, generan una producción inferior a la acostumbrada durante la administración privada.

"Desde hace tres años, la producción de cemento y acero en Venezuela ha disminuido radicalmente. Hace cuatro años y medio se manejaban en Lara 24 proyectos habitacionales, en tres años se recortaron a 18, luego a 12 y actualmente se realizan cuatro obras de vivienda. Estamos prácticamente paralizados, no estamos consiguiendo los insumos y eso conlleva a que se detenga la mano de obra, por tal sentido también se está creando un problema social gravísimo”, argumentó.

Todo este conjunto de situaciones -prosigue- coloca a constructoras privadas dentro de una situación insostenible, ya que el mercado venezolano no genera sustentabilidad propia. También porque dada la exclusión del Gobierno y la anestesiada seguridad jurídica, se ha creado un ambiente de desconfianza en el empresario que teme por el futuro de su propiedad.

"La empresa privada no puede invertir. Una cosa es decir que un saco de cemento vale 22 bolívares cuando en la calle cuesta 400 bolívares; al igual que una cabilla, que tiene un precio regulado de 24 bolívares y la consigues por 260 bolívares. Y además con todos estos inconvenientes deben construir una vivienda en precio regulado que está por el orden de los 600 mil bolívares. Por eso se paralizan las obras, y el sector laboral de la construcción entra en crisis y por tanto la gente no tiene acceso a la vivienda”.

En cuanto a las soluciones, el sector vivienda debe funcionar en una tríada compuesta entre Estado, empresa privada y banca pública. Asimismo, explicó que el eje metropolitano integrado por Iribarren y Palavecino debe adecuarse a modelo de crecimiento vertical, mediante edificios de apartamentos que permitan una mejor relación económica y social.

"Barquisimeto tiene la misma extensión de París, pero la ciudad francesa se sustenta y nosotros no. Estos problemas suceden porque en Venezuela seguimos empeñados en hacer viviendas unifamiliares, y resulta que este modelo es mucho más costoso y arropa mayor cantidad de terreno. Desde tiempos inmemorables, el Banco Obrero demostró que la mejor relación económica, social y de costo eran los edificios de cuatro, cinco y ocho pisos”, puntualizó.

Torres de El Sisal 

El pasado 14 de mayo, la rehabilitación de las Torres de El Sisal cumplió un año de labores paralizadas tras protestas de trabajadores que denunciaban irregularidades administrativas en la obra. Cerca de 200 familias de los sectores populares de la parroquia Juan de Villegas, están a la espera de la culminación de la primera fase del proyecto que quedó estancado en un 54% de ejecución. Según la opinión de García, esta edificación no puede ser dirigida a un concepto de vivienda de interés social, puesto que una estructura de 24 pisos depende de sistemas técnicos muy avanzados y su mantenimiento es sumamente oneroso para personas de bajos recursos. La solución que plantea, es la reducción de ocho pisos en cada torre, a fin de que sean menores los gastos, se puedan distribuir de mejor manera los servicios y los edificios tengan una estabilidad suficiente para soportar las cualidades sísmicas de la ciudad.

El Impulso
19-05-2014
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Falta de materiales de construcción retrasa Misión Vivienda

Las 100 familias que serán beneficiadas con la comunidad “Francisco de Miranda”, ubicada en Los Mangos y perteneciente a la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), siguen esperando por la finalización del complejo habitacional, a pesar de que este fue prometido por el Instituto de Viviendas, Obras y Servicios (Inviobras), para diciembre de 2013.

“Por la falta de material se ha atrasado la construcción de las casas”, dijo Graciela Trejo, miembro del consejo comunal “Los Mangos”, resaltando que a pesar de eso “siempre ha habido actividad en la construcción” con los materiales que les ha surtido Construpatria.

Las casas están casi todas construidas, pero el urbanismo espera por los servicios básicos: No se han instalado tuberías, tendido eléctrico, mucho menos asfaltado, aceras o brocales. Erineldo Gómez, miembro del comité de tierra urbana del mencionado consejo comunal, pidió al alcalde José Ramón López que “cumpla con la electrificación” que aprobó para dicha comunidad, hace casi dos meses, en una reunión que el gerente de la ciudad sostuvo con varios consejos comunales de la parroquia Universidad.

Gómez exaltó que López se comprometió además con la instalación de “una parte de las tuberías”, pues los materiales los donó Hidrobolívar, y con otorgar la zonificación para otro lote de terreno que correspondería a la segunda entapa de la GMVV en Los Mangos, que también esperan. El vocero explicó que solicitan colaboración de todos los entes del Estado “porque por la zona (Los Mangos), el gobierno lo que hace es ayudar, lo demás es por autogestión” de los beneficiarios, que deben pagar 90 mil bolívares por cada inmueble, “70 mil los pone la persona, y 25 mil los pone el Estado”.

Informe 21
17-05-2014
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I GOT SUNSHINE! EL PUEBLO NORUEGO QUE SE NIEGA A ESTAR SIN SOL




I GOT SUNSHINE! EL PUEBLO NORUEGO QUE SE NIEGA A ESTAR SIN SOL.


Rjukan es un pueblo al sur de Noruega, que cuenta con 3500 habitantes. Este pueblo nórdico se encuentra en medio de montañas, por lo que entre los meses de septiembre [continue leyendo…]












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Alcaldía de Sotillo rechazó invasiones a espacios públicos o privados

El Director General del ayuntamiento, Rafael Vega, indicó que esa no es la vía para darle solución a la problemática de vivienda que afecta al municipio

Prensa Alcaldía de Sotillo

Puerto La Cruz.- “La Alcaldía del municipio Juan Antonio Sotillo rechaza rotundamente cualquier manifestación de invasión a espacios públicos o privados de la ciudad”., así lo señaló el Director General del ayuntamiento, Rafael Vega, quien expresó que esa no es la vía para darle solución a la problemática de la vivienda.

“Desde Puerto La Cruz hacemos un llamado a las comunidades a que no procedan de esa manera, sino que tramiten la solicitud de los terrenos y las propiedades de una manera adecuada y cónsona”, precisó Vega, al tiempo que recordó que el Presidente Hugo Chávez era uno de los principales opositores de las invasiones.

Vega hizo un llamado a quienes pretenden apoderarse del galpón de la empresa Vepaco, ubicado en la Av. Municipal de la ciudad, espacio perteneciente a la Alcaldía de Sotillo, así como de otras siete instalaciones invadidas desde la pasada gestión, a que depongan esta situación y desocupen éstos espacios.

“Les pido el apoyo a las comunidades y a todo el pueblo, para que el Municipio Sotillo vuelva a ser un ejemplo en el tema del respeto a las propiedades y espacios públicos”, dijo Vega.

Asimismo puntualizó que están al pendiente de los espacios de la Zona Rural de Puerto La Cruz, donde hay gente que se aprovecha de la situación para vender terrenos en nombre de la revolución bolivariana.

“Sabemos que muchos de ellos se aprovechan de la carencia del pueblo, y sobre todo en estos momentos en los que a través de la Gran Misión Vivienda, estamos dando respuestas al pueblo. El mejor respaldo de esto son más de 40 mil hogares ya construidos y entregados en Anzoátegui”, expresó.

El Tiempo
19-05-2014
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