miércoles, 5 de diciembre de 2012

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Caída del sector inmobiliario dificulta aplicación de la ley


A un año de vigencia de la Ley de Regularización y Control para los Arrendamientos de Vivienda todavía no se ha podido aplicar en su totalidad. Marlene Sierralta, vocera de la Asociación Bolivariana de Inquilinos, dijo que uno de los puntos pendientes es el porcentaje de viviendas para alquiler que deben tener los edificios en construcción. “Esto no se está cumpliendo”, afirmó.

Fuentes del sector de la construcción señalaron que la legislación no se ha materializado porque no existen muchos desarrollos privados nuevos, y los proyectos que se encuentran en progreso no han alcanzado a definir en la práctica este aspecto con la Superintendencia.

La situación fue corroborada por el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Gilbert Dao, que en un foro –esta semana- sobre empresas mixtas y formas de participación en el desarrollo de la infraestructura vial, señaló que este año el sector privado de la construcción había caído por problemas de insumos, y que la mayoría de las viviendas fueron edificadas por la Gran Misión Vivienda.

Las cifras del Banco Central de Venezuela lo confirman: el sector privado de la construcción lleva 11 trimestres en caída sostenida, pues al cierre del tercer trimestre presenta un descenso de casi 11%. Sin embargo, la construcción en general registró un aumento de 12% en el PIB, debido al impulso de las obras públicas.

Desde 2011, el sector inmobiliario y de construcción ha acusado el impacto de seis leyes: Ley de Emergencia para Terrenos Urbanos (2011), Ley del Régimen de Propiedad de la Misión Vivienda (2011), Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria (2011), Ley Especial de Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana (2011), Ley contra la Estafa Inmobiliaria (2012)

Ley para la Determinación del Justiprecio de Inmuebles (2012), Reforma Parcial de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (2012).

Las más polémicas para la industria, de acuerdo con especialistas, han sido la Ley contra la Estafa Inmobiliaria y la de Control y Regularización Arrendamientos, pues han reducido la oferta del mercado primario y secundario de viviendas, y de alquileres.

Sierralta expresó que las redes de inquilinos deben presionar para que se apliquen todos los artículos de la Ley de Arrendamiento. “Si en algo mostramos debilidad como colectivos es que nos quedamos callados una vez aprobada la legislación”.

Uno de los aspectos pendientes era la publicación del valor de reposición, necesario para el cálculo del canon de arrendamiento y del precio de venta de los inmuebles a los inquilinos, el cual tenía un año de retraso.

Participación ciudadana. Aún quedan asuntos por resolver. Sierralta añadió que entre ellos está el registro de viviendas en la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda. Recientemente, la superintendente, Ana Marina Rodríguez, informó que había 10.000 inscritos, de los cuales 80% eran inquilinos.

Adicionalmente, Sierralta mencionó el retraso con el pago de las consignaciones, que también ha afectado la actividad arrendaticia. Sin embargo, consideró que la reciente presión de las asociaciones de inquilinos ha tenido éxito: la Sunavi acelera el proceso para lanzar el Sistema de Arrendamiento de Vivienda en Línea e instruye a inspectores voluntarios para agilizar la atención de solicitudes de canon de arrendamiento.

Problemas del mercado. Rosalinda Bruzual, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, señaló que las más recientes leyes en materia de vivienda habían tenido un impacto negativo en la oferta de inmuebles, de compraventa y alquiler. El mercado inmobiliario ha mostrado una caída de 71% desde 2010, mientras que la venta de apartamentos disminuyó 39% desde el primer trimestre de 2011.
Añadió que ahora que fue publicada la metodología para obtener el valor actual del los inmuebles, la oferta arrendaticia se contraerá aún más. No le sorprende que al cierre del cuarto trimestre las cifras del sector continúen en picada.
Los porcentajes de rentabilidad con los cuales se fija el canon de arrendamiento (3% en el caso del multiarrendador y 5% en el del pequeño arrendador) no incentivan la oferta de alquileres sino que más bien la desestimulan. “La renta no les sirve para pagar el condominio ni los gastos de mantenimiento del apartamento”, expresó.



La superintendente Ana Marina Rodríguez declaró esta semana a la Agencia Venezolana de Noticias que es falso que el mercado de alquileres se haya reducido como consecuencia de la aplicación de la ley, como dicen sus principales detractores.
“Lo que ha habido es una manipulación tremenda. Son sectores oligarcas que siempre se han manejado como grupos concentrados de poder, que han acaparado el mercado inmobiliario no sólo del alquiler de viviendas, sino también de locales comerciales y de la compra y venta de inmuebles”, opinó.

Rosalinda Bruzual, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria, insiste en que ya el mercado venía muy deprimido y va a caer aún más. Señaló que la metodología aplicada por la Sunavi en sí misma está bien. No obstante, dijo que el organismo incurrió en un error conceptual al no tomar en cuenta la valoración del terreno, la cual incluye la zona y las modificaciones realizadas por el promotor.

El Dato
Los arrendadores que no se inscriban en el Registro Nacional de Arrendamientos de Vivienda serán sancionados con 400 unidades tributarias por cada inmueble que dejen de reportar. La superintendente Ana Marina Rodríguez dijo que si el propietario no se anota y uno de sus inquilinos sí, se le abrirá un procedimiento sancionatorio. El valor de la unidad tributaria es de 90 bolívares, por lo que la multa equivale a 36.000 bolívares por vivienda.

El Nacional
02-12-2012

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Regulación de alquileres disminuye construcción de viviendas


Para el coordinador de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Lucio Herrera Gubaira, el problema fundamental de todas las regulaciones que contempla la Ley de Arrendamientos de Viviendas, es que cada vez son menos las personas que construyen tanto para la venta, como para aquellas que destinan un segundo inmueble para el alquiler.


De acuerdo con Herrera, toda esta situación posiblemente llegue a producir un complejo enfrentamiento entre los propios ciudadanos. Aseguró que las nuevas disposiciones que reglamentan las relaciones entre los inquilinos y propietarios constituyen una especie de cerco, a lo que es la recuperación del mercado arrendaticio en el país.

El experto comentó que arrendadores están inciertos a los fines de vender sus inmuebles hasta incluso alquilarlos, debido a la serie de trabas que limita la disponibilidad e incluso la posibilidad de obtener otros ingresos. Mencionó que la mayoría de los propietarios en el país optan por vender sus bienes antes de que sea afectado el patrimonio familiar. Esto ha limitado la posibilidad de que se extiendan los nuevos contratos de arrendamientos.

Mercado paralelo

Herrera manifestó que esto último puede alterar el mercado, pues de alguna u otra forma llega la escasez, generando todo un comercio paralelo e incluso fuera de la ley, así como ocurre con algunos productos de primera necesidad. Piensa que al no haber inmuebles ofertados para la vivienda se producen especulaciones por otras vías.

Regulación de alquileres disminuye construcción de casas

El sector sigue experimentando una escasez en los materiales. (Foto El Carabobeño)

Mariangie Tarazona | mtarazona@el-carabobeno.com

Para el coordinador de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Lucio Herrera Gubaira, el problema fundamental de todas las regulaciones que contempla la Ley de Arrendamientos de Viviendas, es que cada vez son menos las personas que construyen tanto para la venta, como para aquellas que destinan un segundo inmueble para el alquiler.

De acuerdo con Herrera, toda esta situación posiblemente llegue a producir un complejo enfrentamiento entre los propios ciudadanos. Aseguró que las nuevas disposiciones que reglamentan las relaciones entre los inquilinos y propietarios constituyen una especie de cerco, a lo que es la recuperación del mercado arrendaticio en el país.

El experto comentó que arrendadores están inciertos a los fines de vender sus inmuebles hasta incluso alquilarlos, debido a la serie de trabas que limita la disponibilidad e incluso la posibilidad de obtener otros ingresos. Mencionó que la mayoría de los propietarios en el país optan por vender sus bienes antes de que sea afectado el patrimonio familiar. Esto ha limitado la posibilidad de que se extiendan los nuevos contratos de arrendamientos.

Mercado paralelo
Herrera manifestó que esto último puede alterar el mercado, pues de alguna u otra forma llega la escasez, generando todo un comercio paralelo e incluso fuera de la ley, así como ocurre con algunos productos de primera necesidad. Piensa que al no haber inmuebles ofertados para la vivienda se producen especulaciones por otras vías.

En cuanto al valor que se establece en el artículo 203 de la Ley de Vivienda y Hábitat, el coordinador de Anauco indicó que no se toman en cuenta la ubicación del inmueble y su zona geográfica para poder definir el cálculo para el canon de arrendamiento como el valor de reposición del inmueble, que es el costo de adquisición por parte de arrendatario. “Eso es absolutamente injusto porque no puede ser que un inmueble pueda tener el mismo costo al de una zona donde no se ha invertido en servicios”.

Yelitza Hernández, gestora inmobiliaria, explicó que ahora las nuevas disposiciones que contempla la ley ha hecho el trabajo más difícil para las personas que laboran en este tipo de negocios. Comentó que la dueña del inmueble que estaba en alquiler ahora será vendido. “La propietaria me llamó y me dijo que ahora decidió poner en venta el apartamento porque ya está cansada de tantas trabas”.

70% de escasez de insumos en el sector
Siete de cada diez constructores denuncian ser afectados por la escasez de insumos para la construcción, según cifras provenientes del Banco Central de Venezuela (BCV), reveló Carlos Luis González, presidente de la Cámara de la Construcción de Carabobo. El líder gremial detalló que 47,6% de la escasez se da en cemento y productos derivados del concreto. En la lista, le siguen cabillas, aceros, mallas, vigas y alambres, con 44,3%, agregados como piedras, arenas, rellenos, con 6,7% y otros como madera, vidrios y cables con 2,7%. El representante del sector construcción manifestó que la escasez de insumos básicos continúa siendo el principal problema que afrontan los desarrollos privados. La situación obedece a que los principales implementos de la construcción como el cemento y los productos de acero, están orientados a satisfacer la creciente demanda generada por las obras de la Gran Misión Vivienda Venezuela, quedando por fuera los privados. (LC)

El Carabobeño
03-12-2012

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Ejecutivo nacional contempla reformar régimen de vivienda


Se plantea la búsqueda de fuentes de financiamiento para el sector

El Gobierno en el marco de las discusiones del Segundo Plan Socialista contempla hacer ajustes al régimen prestacional de vivienda.

Desde hace varias semanas las autoridades han estado recogiendo propuestas para sumarlas al proyecto que entregó el Presidente Hugo Chávez Frías ante el CNE (Consejo Nacional Electoral) en junio de este año.

En ese proceso de revisión de sugerencias, el presidente del Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat (Banavih), Mario Isea, señaló que "entre las propuestas elevadas por el sector público de vivienda destaca la discusión de la reforma del régimen prestacional de vivienda y hábitat".

En un comunicado, agregó que se analiza "la reorientación del subsidio, la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento pechando a los que más dinero tienen y estudiando en detalle cómo fluyen los excedentes tributarios a fin de garantizar el fortalecimiento de la familia y convertir a Venezuela en un país potencia".

El funcionario no detalló cuáles serían los cambios al sistema de vivienda. Por ahora el Ejecutivo Nacional ha efectuado reformas a la Ley del Régimen de Vivienda para permitir la entrega de los créditos equivalentes al 100% del valor del inmueble, ajustar el esquema de garantías de los préstamos y elevar las sanciones a los empleadores.

Esos ajustes se han acompañado de resoluciones que han modificado el régimen financiero del sector vivienda, especialmente tras el lanzamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Desde el pasado año, los bancos tienen que destinar más recursos al sector hipotecario.

Mario Isea comentó que "estamos seguros que con la participación del ministro para la Vivienda, Ricardo Molina, estas propuestas serán bien acogidas".

En la reunión realizada por el Banco Nacional de la Vivienda para recibir las sugerencias, los integrantes de los colectivos revolucionarios de vivienda plantearon la creación de más empresas de producción social para el sector construcción, a fin de que se pueda incrementar la producción de insumos.

El Universal
04-12-2012

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Alianza público privada una vía para desarrollar la infraestructura


"La infraestructura de un país genera bienestar y desarrollo, y afecta por igual a todos los sectores, además genera sobrecostos, por lo que se hace importante generar una alianza permanente y a largo plazo entre los sectores público y privado, que permita invertir a tasa internacional en infraestructura, que son las mismas tasas registradas en nuestro país en el 2008", así lo señaló el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Gilbert Dao, en el marco de la realización del foro Empresas mixtas y otras formas de desarrollo y mantenimiento de infraestructura, realizado este jueves 29 de noviembre.

Para el representante de los constructores del país, la idea es generar una política publica, sustentada en alianzas públicos-privadas, que coadyuve al sector público al desarrollo y expansión de la infraestructura, tanto en la construcción de obras nuevas como el mantenimiento de las obras existentes". Dao afirmó que esta propuesta viene a retomar esa senda del crecimiento, donde ambos sectores público y privado, bajo la modalidad de empresas mixtas, asuman errores, riesgos y algunos costos, con miras a desarrollar la infraestructura que requiere el país.

"El sector privado va a estar presto a asumir el riesgo, siempre y cuando los cuellos de botellas, que actualmente, estamos identificando puedan eliminarse o disminuirse en el corto plazo". Destacó que el tema de los insumos es, por ejemplo, uno de esos cuellos de botella, y solicitó una pronta evaluación, pues, a su juicio si no se cuenta con el suministro oportuno de esos recursos, ello genera un impacto negativo tanto en el tiempo de culminación como en los costos finales de las obras.

La propuesta de la CVC, según Dao, apunta a la búsqueda de una respuesta inmediata ante la situación de la infraestructura del país, que parte, principalmente, por inventariar las obras no concluidas hasta el momento y buscar la viabilidad presupuestaria para culminarlas; en segundo lugar, y no menos importante, generar un plan de mantenimiento, correctivo y masivo de la vialidad, bajo la modalidad de empresas mixtas entre el sector público y privado, que atienda a todo el país y, posteriormente, y no menos importante, generar un plan nacional de desarrollo de infraestructura en concordancia con los planes de vivienda, que permita llevar de la mano el sector servicios de una manera armónica en aquellas áreas donde se va a llevar a cabo las nuevas edificaciones .

Por su parte, José Manuel Vasallo, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y consultor de la CAF, Banco de Desarrollo para América Latina, precisó que la infraestructura es un sector primordial para las naciones, donde la participación del sector público es fundamental pero el apoyo del sector privado es clave, por cuanto a través de una alianza entre ambos sectores, se puede obtener mayores recursos para mantener, construir infraestructura y dar mayor calidad a los usuarios y a la sociedad en general.

Cámara Venezolana de la Construcción
01-12-2012

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Sunavi evalúa a los aspirantes a inspectores voluntarios de alquileres


La Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi) se encuentra en pleno proceso de revisión de las evaluaciones practicadas el viernes pasado a los primeros aspirantes a inspectores voluntarios, quienes se encargarán de acompañar al organismo en la revisión de los inmuebles en alquiler para la fijación de los cánones.

La información la suministró la tarde de este lunes la superintendente Ana Marina Rodríguez, quien añadió que estos inspectores emprenderán una tarea que exige una gran responsabilidad, minuciosa y delicada, por lo que se están asegurando de que los seleccionados tengan la capacidad necesaria para ello.

Indicó que quienes aprueben la evaluación serán notificados para que se presenten ante la Superintendencia a fin de iniciar las labores.

Asimismo, comentó que la semana pasada, los funcionarios del organismo en el interior del país recibieron la inducción necesaria para que realicen los cursos de formación de inspectores voluntarios en las regiones.

El pasado 25 de noviembre, la Sunavi dictó en Caracas el primer taller de formación a inspectores voluntarios, en el que participaron casi 150 personas, provenientes fundamentalmente de los movimientos sociales de inquilinos. La convocatoria está abierta también para estudiantes universitarios y miembros de consejos comunales. Las personas que aprueben el curso apoyarán a la Superintendencia en la realización de las inspecciones de los inmuebles en alquiler.

En la inspección estarán presentes tanto el arrendatario como el propietario, y ambos deben firmar para refrendar el resultado.

Se realiza a partir de una tabla que contiene 281 elementos, publicada por el Ministerio de Vivienda y Hábitat en la Gaceta Oficial del 20 de noviembre, la cual abarca tres tipos de información.

La primera se refiere a las áreas del inmueble: de la parcela, de construcción, de la edificación, la destinada a vivienda, la de las áreas comunes, el número de pisos y de apartamentos. Una segunda, en la que se precisan los materiales y equipos de la estructura: paredes, techo, pisos, instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas; ventanas y puertas. Y una tercera parte que contiene las características generales del inmueble: patio, escalera, ascensores, estacionamiento, sótano, muro de contención, subtipología de la vivienda, obras exteriores, rodapié, cocina, baños, puertas del clóset, vestier, habitaciones, etc.

Los participantes del curso recibieron un instructivo para llenar esta planilla de inspección y una explicación sobre cada elemento. Estos ítems representan una cantidad de puntos.

El puntaje total obtenido remite al fiscal de la Sunavi a una de las seis tablas contenidas en la resolución del Minvih con los 236 valores de construcción, expresados en bolívares por metro cuadrado, de acuerdo con el tipo de vivienda (edificio o casa), su número de pisos y si posee sótano o no.

Es el fiscal y no el inspector voluntario, se detalló en el taller, el que aplicará las fórmulas contenidas en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda y en su reglamento. En primera instancia obtendrá el valor de reposición (VR): cuánto costaría construir ese inmueble hoy en día.

Se aplica luego la fórmula que abarca depreciación, vulnerabilidad sísmica y coeficiente por región geográfica para determinar, con ese valor de reposición, el valor actual del inmueble. A partir de allí, se precisa el canon.

Se ha informado que los talleres de inspectores estarán abiertos en la medida en que se requieran inspectores.

La Sunavi es el ente encargado de fijar los precios de los alquileres en el país, tal como lo establece la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, promulgada en noviembre de 2011. Esta norma es la primera nacida en Venezuela por iniciativa del pueblo organizado.

Globovisión
03-12-2012

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Familias peregrinan tras paralización de urbanismo


En la obra no hay rastro de obreros ni maquinarias tras su expropiación en 2011

La construcción de los tres edificios permanece paralizada desde que fue expropiado el conjunto OSWER DÍAZ
DALYLA DENNERY
El sueño de tener una vivienda parece estar cada vez más lejos para noventa familias que compraron apartamento en la etapa II de Terrazas de La Vega. La construcción que presenta 75% de avance se encuentra paralizada desde febrero de 2011, cuando fue decretada la expropiación del conjunto.

Desde entonces la vida de estas familias ha sido un peregrinar, pues la mayoría vive alquilada y el conjunto constituía la solución para tener una vivienda propia.

Para Josined Hernández la espera no ha sido sencilla, pues vive con sus dos hijas, ambas menores de edad, en una habitación. "Ese es nuestro sueño, tener nuestro hogar, pero ni siquiera tenemos respuestas y mientras tanto nuestro dinero se sigue devaluando", contó.

Lo que más preocupa a los vecinos que se denominan como afectados de la etapa II de Terrazas de La Vega (edificios 43, 44 y 45) es que sigue pasando el tiempo, la infraestructura que quedó a medias se sigue deteriorando y ningún organismo se hace responsable de la situación que atraviesan.

José Gómez, uno de los coordinadores del grupo vecinal, señaló que han acudido a Miraflores, la Vicepresidencia de la República y la Defensoría del Pueblo a reportar el problema, pero hasta el momento no han obtenido ningún resultado.

Aunque la infraestructura de los tres edificios está avanzada la basura y los matorrales ya invaden las construcciones.

Al respecto, el grupo de vecinos, consideró que se trata de un problema de voluntad para hacer las cosas, pues aseguran que en un galpón aledaño hay cabilla, bloque, piezas sanitarias y demás materiales de construcción que serían usados en esas edificaciones y que se ahora se están deteriorando.

"No entendemos qué pasa, aquí no viene nadie. Nos preguntamos para qué el Gobierno expropió si no siguieron construyendo los edificios, en teoría la medida era para beneficiarnos pero no han hecho nada por nosotros. Ellos deben asumir que se equivocaron con esa decisión", dijo Hernández.

Olinda Sierra y su hija también sufren las consecuencias de la paralización de la obra. "Estamos pagando alquiler en una habitación y nos están desalojando, tenemos dos meses para irnos. Nosotros pagamos al urbanismo más de la inicial y ahora ni regresan el dinero, ni el Gobierno se hace responsable, nadie da respuesta por el daño que nos hicieron".

La medida de expropiación se ejecutó luego que el Gobierno desalojara a 150 familias por riesgo de muerte, según lo dijera la Defensoría del Pueblo. Las personas que vivían en la parte alta del urbanismo sufrieron daños en sus casas por las lluvias de 2010, sin embargo, la situación afectó a también a quienes compraron en las etapa II, quienes hoy esperan respuesta y siguen sin vivienda.

El Universal
04-12-2012

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"Nos mantenemos unidos para obtener nuestras viviendas"


El movimiento de afectados fue organizado tras la expropiación

Los cabezas de familia sueñan con tener sus hogares listos OSWER DÍAZ
José Gómez, Josined Hernández y Olinda Sierra forman parte del movimiento vecinal de afectados de la etapa II de Terrazas de La Vega que representa a las noventa familias perjudicadas por la medida de expropiación. La organización fue conformada en octubre de 2010 con el objetivo de enfrentar este problema. Actualmente, su anhelo es obtener sus viviendas.

- ¿Qué ha sido lo más difícil de articular este grupo vecinal?

JG: Lo más complicado fue contactarnos porque nadie quería proporcionarnos el número de teléfono de las otras familias que habían comprado en la misma etapa. Desde que logramos reunirnos, en octubre de 2011 nos mantenemos en permanente comunicación por nuestro único objetivo, nuestras casas.

- ¿Qué esperan de este movimiento vecinal?

JH: Esperamos lograr que se reanude la construcción de los tres edificios para obtener nuestras viviendas y poderles brindar a nuestros hijos un hogar digno donde vivir.

- ¿Cómo ha sido la respuesta de los vecinos frente al problema?

JG: Los vecinos han sido constantes, tratamos de mantenernos unidos para luchar por nuestras viviendas y que el tema no caiga en el olvido. De hecho unimos esfuerzos y nos vimos en la necesidad de contratar un abogado que nos ayude con nuestra causa.

CRONOLOGÍA

• En el 2011, el grupo de afectados acudió al Palacio de Miraflores (octubre) y a la Vicepresidencia de la República (noviembre), pero no obtuvieron respuesta alguna.

• Enero 2012, los vecinos sostuvieron cuatro reuniones en el Ministerio para el Comercio que contaron con la presencia de la ministra Edmée Betancourt que no llegaron a nada.

• En marzo 2012, la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, les aseguró que la decisión no dependía del ente sino de la junta interventora, esta instancia refirió por que la decisión quedaría en manos del TSJ, según lo señalado por el grupo.

• Ahora los vecinos esperan respuesta definitiva, pus un escrito del TSJ refiere que la demanda no incluye su caso.

El Universal
04-12-2012

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"Vivimos en una pocilga, queremos casas dignas"


Las estructuras están que se caen por las filtraciones
   
Maraña de cables y grietas sobran en el edificio
Norma Rivas Herrera | ÚN.-

Caracas. Un total de 110 familias distribuidas en las pensiones Manzana de Oro, Gilcar y Maracay, ubicadas en la avenida San Martín, parroquia San Juan, viven en alto riesgo en estructuras colapsadas, destruidas por las filtraciones de aguas servidas y de lluvias. Se sienten a la deriva, porque entregaron documentos a diversos representantes de entes públicos y no han conseguido las casas dignas.

En el caso de la pensión Manzana de Oro, ubicada entre las esquinas Aguacate y San Francisquito, su dueña María Rodríguez se desentendió de las mejoras que este espacio requería y con el tiempo se deterioró. Actualmente se desbordan las cloacas y hay una maraña de cables de electricidad que representan peligro.

El 19 de diciembre de 2010, el presidente Chávez aprobó, para reubicar allí a las 42 familias, la construcción del urbanismo Capuchinos 2, ubicado en la misma zona en un terreno sin uso perteneciente al sistema Metro de Caracas. Sin embargo, aunque el urbanismo ya está listo será entregado a damnificados de otras parroquias capitalinas.

Justo al lado de Manzana de Oro está la pensión Gilmar. Allí también viven en precarias condiciones 42 familias con 16 niños. Los baños y las paredes tienen filtraciones y la edificación se ha convertido en un criadero de ratas que ponen en riesgo la salud de niños y adultos.

Dos cuadras más arriba, de Quebrado a Pescador, está la pensión Maracay, donde viven hacinadas 26 familias. El año pasado se deslizaron nueve habitaciones.

El pasado 19 de octubre trancaron la calle y al día siguiente recibieron una llamada de la Vicepresidencia de la República con promesas de adjudicaciones, pero no le ven el queso a la tostada. Piden que los manden a un refugio, derriben las pensiones y les construyan sus viviendas. Tienen proyectos.

HABLA LA GENTE

Gisela Ojeda "Tengo 12 años viviendo aquí. Hicimos un  proyecto con el apoyo de un ingeniero. Esperamos que nos hagan nuestras casas".

María Isabel Ruiz "Tengo ocho años viviendo aquí. Esto es una pocilga. Quiero pedirle al Presidente que nos ayude, pues somos familias pobres".

nrivas@cadena-capriles.com

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03-12-2012

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Paralizan planta de transporte de cemento en Catia La Mar


Los trabajadores exigen cumplimiento de las condiciones de seguridad industrial

Trabajadores del Centro de Transporte y Concreto de Catia La Mar mantienen paralizadas las operaciones por la falta de higiene y seguridad industrial.

Juan Martínez, secretario de organización del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Empresa Vencemos del Distrito Capital, señaló que desde hace cuatro años vienen sufriendo desmejoras ante la mirada indiferente de las autoridades.

Cuenta que tienen equipos dañados, no se realiza la limpieza diaria y el surtidor de gasoil interno no sirve, y los trabajadores deben costear el gasto de combustible.

Ayer se agotó la paciencia de los trabajadores y decidieron apegarse al artículo 53 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), que establece el derecho de los trabajadores a desarrollar sus labores en un adecuado ambiente de trabajo y de seguridad.

"Si las normas dicen que no estamos prestos para ejecutar las labores, nos apegamos a la Lopcymat", manifestó.

Martínez aseguró que no levantarán la protesta hasta no recibir solución. Destacó el compromiso con la Gran Misión Vivienda, pero también exige el mismo compromiso de las autoridades con los trabajadores. Agregó que varios compañeros padecen de enfermedades ocupacionales, sin recibir su indemnización.

En la planta de cemento de Catia La Mar la situación no es diferente, según Ulises Rodríguez, secretario general del Sindicato de Planta, Transporte y Concreto.

Precisó que a pesar del expediente que reposa en la Inspectoría del Trabajo, siguen sufriendo desmejoras de sus condiciones laborales. YF

El Universal
04-12-2012

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Ninguna autoridad se ha acercado a los huelguistas de la Misión Vivienda


El cansancio y el agotamiento se hace presente en los manifestantes.

David A. Rondón

Desde el lunes pasado un grupo de trabajadores de la Misión Vivienda de Monagas llegó a Caracas por reclamos salariales. En una semana protestaron, iniciaron una huelga de hambre y se mantienen a la expectativa, esperando ser escuchados por alguna autoridad del Gobierno que no se les ha acercado hasta la fecha.

Zoraida Veliz, una de las manifestantes, recordó que los reclamos van dirigidos a la Vicepresidencia, ente que podría gestionar todo lo referente a los pagos que se les adeudan.

Tras no ser escuchados por la vicepresidencia, decidieron apostarse a las afueras de la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), donde cada día se nota más su cansancio y debilitamiento. Los primeros días llegaron con cartones y sábanas, pero a estas alturas tienen colchonetas y abundantes botellones de agua.

El proceso electoral del 16 de diciembre les preocupa, pues temen no ser escuchados mientras se mantenga la campaña en todo el país. “Estoy decepcionada del sistema social del Gobierno. Somos trabajadores de la construcción que hemos laborado con todas nuestras ganas para ofrecer viviendas dignas, pero no nos han recompensado como se debe. No nos rendiremos, tienen que haber una revolución dentro de la revolución, enfocada de verdad en el área social. No puede ser de la boca para afuera. Tenemos derechos, los conocemos y por ello los reclamamos”, aseguró Veliz.

El Carabobeño
03-12-2012

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Distribuidor de Ciudad Caribia no operó


Los vecinos de Ciudad Caribia esperan la apertura del distribuidor localizado entre los viaductos 2 y 3 de la autopista Caracas-La Guaira | Samuel Hurtado
Se construyó en agosto de 2010 y ha tenido varias fechas de inauguración, pero ninguna se ha cumplido

MAOLIS CASTRO
Los vecinos de Ciudad Caribia esperaron ayer sin éxito la apertura del distribuidor localizado entre los viaductos 2 y 3 de la autopista Caracas-La Guaira, que prometió la empresa contratista de la obra, Zago Maquinarias. “No funcionó, pese a que nos dijeron que iba a estar listo. Ahora se escucha que entregarán esto el miércoles, pero ya no tenemos mucha fe”, dijeron.

El distribuidor, construido desde agosto de 2010, ha tenido varias fechas de inauguración, pero ninguna se ha cumplido. La última vez que se pensó estaría listo fue a finales de septiembre, antes de las elecciones presidenciales, cuando se cerró el paso en varios canales de la autopista Caracas-La Guaira para avanzar en la obra.

En Ciudad Caribia residen más de 1.100 familias –la mayoría perdió sus viviendas por las lluvias de 2010–, que con frecuencia reclaman la falta de transporte. Sólo cuentan con 28 vehículos rústicos que los trasladan a Caracas o La Guaira. Sin embargo, aseguran que son insuficientes para cubrir la demanda en el complejo urbanístico.

El Nacional
04-12-2012

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Obreros de Misión Vivienda piden su bono navideño


Cerraron la avenida Libertador a la altura de Maripérez. Reclaman la cancelación de seis mil bolívares por cada trabajador
   
Protesta en la avenida Libertador

Mabel Sarmiento Garmendia.- Los obreros de la Misión Vivienda asignados en la construcción de Quebrada Honda reclaman la cancelación del bono navideño decretado por el Ejecutivo Nacional a finales de noviembre de este año.

Cerraron la avenida Libertador a la altura de Maripérez por espacio de una hora. Un representante del gobierno distrital está negociando con los manifestantes. Además piden el pago de 600 bolívares por bono de producción.

La empresa contratista es FCF Constructora. Según Luis Lozada, vocero de los 167 obreros, dijo que ese dereto salió el 20 de noviembre de este año. Amenazan con volver a cerrar si la respuesta no es favorable a sus peticiones.

Últimas Noticias
03-12-2012

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Tercerizados de Venalum y Alcasa irrumpen con protesta en Alta Vista


Los manifestantes cerraron las avenidas Guayana y Las Américas, cerca del edificio CVG.

10 horas duró la tranca en el centro de Alta Vista, donde confluye el tráfico y la actividad comercial de Ciudad Guayana. Los cooperativistas de CVG Venalum mantienen su reclamo por el bono compensatorio por los beneficios adeudados y los de Alcasa exigen su traspaso a la nómina fija de la estatal. Ambos grupos son la expresión de un atropellado sistema de tercerización de mano de obra, cuya eliminación sigue siendo una falsa bandera del Gobierno nacional.

Clavel A. Rangel Jiménez
crangel@correodelcaroni.com
Fotos Diego Meinhard


Trabajadores de otras empresas evalúan sumarse a la manifestación por la definitiva eliminación de la tercerización

“¡Sigan votando por Chávez!” gritó con desdén un transeúnte al bajarse de un taxi -subiendo la avenida Las Américas- a pocos metros de la protesta de cooperativistas de CVG Venalum; la primera manifestación del mes de diciembre y la sexta desde noviembre que involucra el cierre de alguna avenida de Ciudad Guayana.

Menos de 10 autobuses de la estatal bastaron para colapsar la ciudad. Cuatro en Las Américas, en ambos sentidos, y otros dos en la avenida Guayana congestionaron el tráfico de Puerto Ordaz ante la mirada paciente de decenas de funcionarios de la Guardia Nacional (GN) y los insultos de otra decena de conductores que hicieron maromas para escapar del embotellamiento.

Los cooperativistas que protestan por el pago de un bono (aprobado por el gobierno para el sector aluminio y Sidor) y los tercerizados de Alcasa que reclaman pasar a la nómina fija, decidieron congestionar las vías desde las 9:00 de la mañana de este lluvioso lunes para ser escuchados.

Antes, a las 7:00 de la mañana, estuvieron concentrados pacíficamente esperando una reunión con el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Rafael Gil Barrios, pero éste les dijo que los iba a “agendar”.

La respuesta indignó a los trabajadores y provocó el cierre de las avenidas. “Usted sabe que nosotros dimos un espacio, pero ¿Por qué ellos no nos respetan?”, cuestionaba uno de los técnicos de Venalum al comandante del Destacamento 88, Frank Lynch, que intentó en vano mediar en la protesta.

“¡Tú sabes que esto que ustedes están haciendo es ilegal!”, replicó el comandante a un vocero de los cooperativistas, Douglas Zamora, y luego se retiró.

Los trabajadores responsabilizaron a Lynch de lo que les pudiera ocurrir, pues uno de los efectivos grababa con su teléfono celular el intercambio entre manifestantes y la Guardia Nacional.


Por 10 horas la ciudad estuvo completamente congestionada por el cierre de avenidas de un grupo de trabajadores

Pero la discusión no pasó de allí. Mientras los guayaneses modificaban su agenda para llegar a sus casas o buscar a sus hijos a las escuelas, una cuadrilla de efectivos de la GN esperaba tener algún recado, alguna buena noticia para los manifestantes, pero ésta no llegó.

Por un recuento
En la tarde, el asistente del presidente de Venalum se acercó a la protesta junto a otros vicepresidentes de CVG. El encuentro decepcionó a los voceros de los 1.200 cooperativistas de Venalum, pues una vez más fueron interrogados sobre los motivos del reclamo.

Con paciencia los trabajadores repitieron sus argumentos. Uno, que por estar amparados por el contrato colectivo de Sutralum les corresponde el bono (40 mil bolívares) aprobado por el Ejecutivo para los trabajadores del sector aluminio, por concepto de retraso en la discusión del contrato. Dos, que de no darse el bono les deben 12 aumentos presidenciales.

Los 238 tercerizados de Alcasa, que esperaban desde febrero su incorporación a nómina, insistieron en que, por ser un mandato del presidente Hugo Chávez, les corresponde engrosar la nómina de más de 4 mil empleados de la reductora.

Amanecerá y veremos
La última vez que los trabajadores protestaron fue el 19 de noviembre cuando cerraron la avenida Guayana, en ambos sentidos, cerca del peaje Guayana. En aquel entonces, luego de nueve horas de protesta los cooperativistas abrieron el paso tras la promesa del presidente de la CVG, presidente de Sidor y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Rafael Gil Barrios, de mediar ante el Ministerio del Trabajo.

El dirigente de los cooperativistas, Franklin Gascón, aseguró que tomarían medidas más radicales si el Ejecutivo no se pronunciaba este lunes.

A las 6:34 de la tarde los trabajadores decidieron levantar la tranca en el centro de Alta Vista, con la promesa de que este martes se harían sentir.

CVG descalifica la protesta

En un comunicado la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) rechazó la protesta de los trabajadores de Venalum y Alcasa, asegurando que el Gobierno “en su visión humanista garantiza los derechos de los trabajadores a través de una política laboral continua”.

Atribuyeron la protesta a la “actual coyuntura electoral” en la que se han presentado “diversas manifestaciones de trabajadores y sectores de oposición al proceso revolucionario, que exigen respuestas inmediatas a través de medidas radicales como el cierre de vías públicas”.

De acuerdo con el remitido de prensa, los trabajadores se negaron al diálogo cerrando avenidas y secuestrando autobuses de CVG Venalum. Por esa razón, ratificaron “la garantía a los derechos laborales de la clase trabajadora, sobre la premisa del respeto y el diálogo” y rechazaron “toda forma que violente los derechos ciudadanos de las venezolanas y venezolanos al libre tránsito y a la paz”.

Correo del Caroní
04-12-2012

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