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La Red Metropolitana de Inquilinos adelanta la construcción de propuestas para la redacción del reglamento que regirá la aplicación de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, aprobada por la Asamblea Nacional (AN) el pasado 27 de junio.
Elizabeth Santos, vocera de esta organización, indicó en una entrevista a Venezolana de Televisión que este reglamento será el brazo ejecutor de la norma jurídica con la que se regularán de ahora en adelante las relaciones entre los arrendadores y arrendatarios en el proceso de alquiler de viviendas.
“Hay un equipo de la Red Metropolitana de Inquilinos trabajando en este reglamento para ver cómo se va a aplicar la Ley. En los artículos de esta norma se estipula que el movimiento social estará inmerso en las acciones de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos, haciendo auditoría, contraloría y velando por que este gran esfuerzo del pueblo y del Gobierno se cumpla y se ejecute cabalmente”, destacó.
Santos Exhortó a la población a conocer el contenido de la Ley, y a no dejarse llevar por las falsas matrices que han creado algunos medios de comunicación privados y otros sectores que se oponen a esta legislación.
La normativa aprobada establece la creación de una Superintendencia Nacional de Inquilinato, organismo que llevará un registro de arrendadores y arrendatarios y se encargará de revisar todos los contratos, establecer el canon de alquiler y mediar en caso de problemas, entre otras funciones. Además, contempla la creación de un fondo para la protección del inquilino y el pequeño arrendador, elimina la consignación de depósitos y fija en un año la duración mínima del contrato.
Para fijar el canon de arrendamiento se tomarán en cuenta aspectos como la ubicación, el tamaño, las condiciones y el tiempo de la vivienda a alquilar.
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04-11-2011
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Lic. Henry Medina
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lunes, 7 de noviembre de 2011
Prometen 3,7 millones de viviendas en 10 años
El número de familias inscritas en el registro de la Gran Misión Vivienda obligó al Gobierno a modificar las metas del programa, afirmó Juan Pedro Posani, director del Museo Nacional de Arquitectura, en el seminario ¿Hacia un Nuevo Modelo de Vivienda Social?, realizado en el Jardín Botánico.
El presidente Hugo Chávez prometió en mayo pasado cuando presentó la iniciativa construir 2 millones de viviendas entre 2011 y 2017. Ahora el objetivo del Gobierno es, según Posani, brindar techo digno en 10 años a las 3,7 millones de familias que se inscribieron en la misión gubernamental.
El funcionario afirmó que el registro también proporcionó información útil para la planificación de las obras, como que el promedio de habitantes por hogar bajó de 5 a 4 y que 83% de las familias que necesitan casa están integradas por personas de entre 19 y 55 años de edad.
Posani admitió que edificar anualmente un promedio de 370.000 viviendas implicará un esfuerzo gigantesco. "Lo máximo que se ha hecho en un año es 100.000 unidades. Debemos triplicar esa cantidad". Agregó que el plan gubernamental también debe incluir los urbanismos.
En el seminario participó Alfredo Cilento, profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, quién cree que la única manera de construir una cantidad tan grande de viviendas es con el modelo de unidades de desarrollo progresivo. Es decir, las que pueden ser ampliadas y mejoradas por las familias que las reciben.
Francis Rambert, director del Instituto Francés de Arquitectura, dijo que la construcción de viviendas sociales en ese país se ha caracterizado por aplicar diseños similares al resto, para que no haya estigmatización e incorporar estas unidades en proyectos mixtos que incluyan comercios y oficinas.
4.243 proyectos en ejecución
En los primeros 10 meses de 2011 fueron concluidas 84.500 viviendas en el país, afirmó el presidente Hugo Chávez vía telefónica en una rueda de prensa que ofrecían los ministros que integran el Órgano Superior de Vivienda.
Las cifras oficiales indican que 54.900 viviendas 65% del total fueron terminadas por el sector público, incluidas 25.965 edificadas por los consejos comunales con el apoyo del Gobierno. Las empresas privadas aportaron 29.600 unidades (35%).
La cifra de viviendas que el Ejecutivo dice haber terminado hasta la fecha puesta en duda por empresarios y especialistas representa 55% de la meta de 153.000 unidades prometidas por Chávez para 2011, cuando lanzó la Gran Misión Vivienda Venezuela.
El mandatario habla ahora de una meta conjunta para el período 2011-2012 de 353.000 viviendas, de las cuales 286.180 corresponden a 4.243 proyectos en ejecución. El próximo año comenzará la construcción de las 66.820 que faltan para completar el objetivo.
El Nacional
04-11-2011
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El presidente Hugo Chávez prometió en mayo pasado cuando presentó la iniciativa construir 2 millones de viviendas entre 2011 y 2017. Ahora el objetivo del Gobierno es, según Posani, brindar techo digno en 10 años a las 3,7 millones de familias que se inscribieron en la misión gubernamental.
El funcionario afirmó que el registro también proporcionó información útil para la planificación de las obras, como que el promedio de habitantes por hogar bajó de 5 a 4 y que 83% de las familias que necesitan casa están integradas por personas de entre 19 y 55 años de edad.
Posani admitió que edificar anualmente un promedio de 370.000 viviendas implicará un esfuerzo gigantesco. "Lo máximo que se ha hecho en un año es 100.000 unidades. Debemos triplicar esa cantidad". Agregó que el plan gubernamental también debe incluir los urbanismos.
En el seminario participó Alfredo Cilento, profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, quién cree que la única manera de construir una cantidad tan grande de viviendas es con el modelo de unidades de desarrollo progresivo. Es decir, las que pueden ser ampliadas y mejoradas por las familias que las reciben.
Francis Rambert, director del Instituto Francés de Arquitectura, dijo que la construcción de viviendas sociales en ese país se ha caracterizado por aplicar diseños similares al resto, para que no haya estigmatización e incorporar estas unidades en proyectos mixtos que incluyan comercios y oficinas.
4.243 proyectos en ejecución
En los primeros 10 meses de 2011 fueron concluidas 84.500 viviendas en el país, afirmó el presidente Hugo Chávez vía telefónica en una rueda de prensa que ofrecían los ministros que integran el Órgano Superior de Vivienda.
Las cifras oficiales indican que 54.900 viviendas 65% del total fueron terminadas por el sector público, incluidas 25.965 edificadas por los consejos comunales con el apoyo del Gobierno. Las empresas privadas aportaron 29.600 unidades (35%).
La cifra de viviendas que el Ejecutivo dice haber terminado hasta la fecha puesta en duda por empresarios y especialistas representa 55% de la meta de 153.000 unidades prometidas por Chávez para 2011, cuando lanzó la Gran Misión Vivienda Venezuela.
El mandatario habla ahora de una meta conjunta para el período 2011-2012 de 353.000 viviendas, de las cuales 286.180 corresponden a 4.243 proyectos en ejecución. El próximo año comenzará la construcción de las 66.820 que faltan para completar el objetivo.
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04-11-2011
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Crisis inmobiliaria (Parte I): Ofertas de alquileres en el país ha llegado al 0%
acn.com.ve
A dos meses para que culmine el 2011 vemos con mayor preocupación la caída aparatosa de los diferentes sectores productivos del país. Uno de ellos es el mercado de alquiler habitacional que a diferencia de otros países en donde al menos un 45% de las viviendas están destinadas a este campo, en Venezuela se ha reducido prácticamente a 0% según estadísticas de las diferentes cámaras inmobiliarias de la nación.
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela, recientemente divulgó cifras alarmantes para el mercado inmobiliario, al resaltar que hace 10 años el mercado de alquiler tenía una oferta de al menos 30% a nivel nacional, mientras que desde que se planteó la nueva Ley de Arrendamientos, para el primer trimestre del 2011 la oferta bajó a 3% y actualmente está en 0%.
En el estado Carabobo el panorama no es diferente, ya que basta abrir los miniaunincios de cualquier periódico regional para evidenciar que la oferta de viviendas en alquiler es limitada en comparación a años anteriores cuando los alquileres ocupaban gran porcentaje del espacio en los clasificados.
El Ing. Rafael Trejo, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Carabobo, explica que sin duda los factores determinantes para la caída del mercado inmobiliario han sido la escases de materiales para la construcción y la legislación ya prácticamente ejecutada de la nueva Ley de Arrendamientos.
Es así como el Ingeniero avala que desde el año 2008 cuando el Gobierno Nacional tomó posesión de las cementeras y del control de la cabilla, el sector construcción ha sufrido una baja incomparable en la producción de materiales, a lo que agrega la eliminación desde el 2009 del IPC, utilizado por las constructoras para equilibrar los gastos de inflación.
Venezuela vive su peor registro en construcción en 33 años
Es en este punto donde se hace necesario rescatar las cifras dadas a inicio del 2011 por el ex presidente de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, Arturo Facchin, quien el 08 de febrero le aseguró a la ACN que “Venezuela registra el peor desempeño de los últimos 33 años, construyendo 35% menos viviendas de lo que Luis Herrera Campins construyó en su momento”.
Al hacer una comparación con la construcción de viviendas desde el año 2009 hasta la actualidad, el Vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo resalta que hace dos años en el país se construyeron 75 mil viviendas, en el 2010 bajó a 45 mil casas y en lo que va de 2011 sólo se han entregado 29 mil soluciones habitacionales, cifras manejadas por sectores opositores del país y que difieren de los datos aportados por el Ejecutivo que divulgan la construcción de más de 80 mil viviendas.
Esta desaceleración del sector construcción justifica una de las variables para la caída del mercado inmobiliario que sólo en la entidad carabobeña alcanza el 0% según manifiesta el Ing. Rafael Trejo, mientras que alega que de ese 30% que ocupaban los alquileres en el país, los porcentajes actuales permanecen entre el 4-5% del mercado nacional.
acn.com.ve
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La Cámara Inmobiliaria de Venezuela, recientemente divulgó cifras alarmantes para el mercado inmobiliario, al resaltar que hace 10 años el mercado de alquiler tenía una oferta de al menos 30% a nivel nacional, mientras que desde que se planteó la nueva Ley de Arrendamientos, para el primer trimestre del 2011 la oferta bajó a 3% y actualmente está en 0%.
En el estado Carabobo el panorama no es diferente, ya que basta abrir los miniaunincios de cualquier periódico regional para evidenciar que la oferta de viviendas en alquiler es limitada en comparación a años anteriores cuando los alquileres ocupaban gran porcentaje del espacio en los clasificados.
El Ing. Rafael Trejo, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Carabobo, explica que sin duda los factores determinantes para la caída del mercado inmobiliario han sido la escases de materiales para la construcción y la legislación ya prácticamente ejecutada de la nueva Ley de Arrendamientos.
Es así como el Ingeniero avala que desde el año 2008 cuando el Gobierno Nacional tomó posesión de las cementeras y del control de la cabilla, el sector construcción ha sufrido una baja incomparable en la producción de materiales, a lo que agrega la eliminación desde el 2009 del IPC, utilizado por las constructoras para equilibrar los gastos de inflación.
Venezuela vive su peor registro en construcción en 33 años
Es en este punto donde se hace necesario rescatar las cifras dadas a inicio del 2011 por el ex presidente de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo, Arturo Facchin, quien el 08 de febrero le aseguró a la ACN que “Venezuela registra el peor desempeño de los últimos 33 años, construyendo 35% menos viviendas de lo que Luis Herrera Campins construyó en su momento”.
Al hacer una comparación con la construcción de viviendas desde el año 2009 hasta la actualidad, el Vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Carabobo resalta que hace dos años en el país se construyeron 75 mil viviendas, en el 2010 bajó a 45 mil casas y en lo que va de 2011 sólo se han entregado 29 mil soluciones habitacionales, cifras manejadas por sectores opositores del país y que difieren de los datos aportados por el Ejecutivo que divulgan la construcción de más de 80 mil viviendas.
Esta desaceleración del sector construcción justifica una de las variables para la caída del mercado inmobiliario que sólo en la entidad carabobeña alcanza el 0% según manifiesta el Ing. Rafael Trejo, mientras que alega que de ese 30% que ocupaban los alquileres en el país, los porcentajes actuales permanecen entre el 4-5% del mercado nacional.
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"Pido mi casa alquilada para vivir"
Verónica Boscán vive alquilada en Macaracuay porque la familia de su madrina de matrimonio no quiere devolverle su casa Caurimare NICOLA ROCCO
Vende tortas y productos dietéticos para cubrir la mensualidad del colegio de sus dos hijos y ayudar con los gastos de la vivienda que a ella y a su familia les tocó alquilar en Macaracuay, porque sus inquilinos de la calle F de Caurimare se niegan a devolverle la casa donde nació en 1972.
Verónica Boscán forma parte de los 150 casos de propietarios en Caracas donde los inquilinos rechazan la entrega de propiedades privadas, según cifras del Comité de Defensa de la Vivienda en Alquiler.
"Yo no quiero mi casa para volverla a alquilar. Solo la pido para vivir con mis tres hijos y mi esposo. Hoy estamos en crisis porque estoy sin trabajo y no podemos pagar el colegio de mi último hijo", resaltó.
Los problemas de Boscán comenzaron en 2001 luego de que su esposo fuera transferido a una empresa en Puerto La Cruz. Ante el temor de perder su casa se la arrendó a la familia de su amiga y madrina de matrimonio, quien le indico que viviría allí y "nunca tendría una queja".
Al poco tiempo Boscán, dueña del apartamento 5-C del edificio Los Monjes de Caurimare (Baruta), no recibió el depósito exigido en el contrato que le firmó la familia de su amiga, por un año.
"El inquilino, (padre de mi amiga), incumplió el contrato. Su hija estudió conmigo toda la carrera en la Universidad Central de Venezuela. Supe luego que los sacaban de los sitios que arrendaban. Pero como había confianza les alquilé mi casa", afirmó.
Al caso de la familia Boscán se suman otros 50 dueños de pensiones en el municipio Libertador afectados por inquilinos que tomaron sus inmuebles con apoyo del Frente Contra Desalojos Arbitrarios y no pagan el alquiler. Incluso cambiaron cerraduras y agredieron a encargados y dueños.
"Mi padre fue atacado por bandas organizadas que trabajan con el Frente de Resistencia Contra Desalojos Arbitrarios, recibió varios disparos y murió. Él era dueño del Hotel Posada Parador Andino C.A, de las esquinas Muerto a Gobernador de Santa Rosalía. Hoy estoy siendo amenazada por ellos", denunció por su parte Nancy Gabriela Riveros, hija.
Riveros destacó que las autoridades deben investigar a los líderes del Frente Contra Desalojos porque generan violencia.
Boscán por su parte aseguró que el 15 de agosto de 2002 notificó a la familia que ocupa su apartamento que su contrato venció y que se renovaría solo por seis meses. "Se negaron y decidí no firmar otro contrato. En 2005 mi esposo recibió una oferta de trabajo en Caracas y les enviamos un comunicado para pedirles mi apartamento. Ellos se comprometieron legalmente a entregarlo en seis meses. Pasaron dos años y no cumplieron. En 2007 se firmó un nuevo contrato con Bs 1.300 de alquiler, que hoy pagan por un apartamento que mide 106 m2 y tiene tres habitaciones y dos baños", precisó.
Sin embargo, los Boscán pagan Bs 6.500 de alquiler y Bs 400 de condominio. A eso se suma el pago de Bs 800 del condominio en el edificio de Caurimare. "Aceptamos ese contrato porque no quiero que al dueño de Macaracuay le pase lo mismo que a mí", dijo.
En mayo 2008 volvió a vencerse el contrato, pero no entregaron el inmueble. "Me dijeron que de allí no salían, que los sacara con la policía. Fuimos a tribunales y perdí el caso por un error. Pero en vista de que la familia tenía contrato desde 2001, se venció su plazo de entrega del inmueble y debían dármelo. Apelaron la decisión y siguen allí. Hoy, con la Ley de Arrendamiento, hay que comenzar de nuevo. Debo gastar más dinero en abogados, mientras vivo alquilada", dijo.
El Universal
Fecha: 04-11-2011
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Vende tortas y productos dietéticos para cubrir la mensualidad del colegio de sus dos hijos y ayudar con los gastos de la vivienda que a ella y a su familia les tocó alquilar en Macaracuay, porque sus inquilinos de la calle F de Caurimare se niegan a devolverle la casa donde nació en 1972.
Verónica Boscán forma parte de los 150 casos de propietarios en Caracas donde los inquilinos rechazan la entrega de propiedades privadas, según cifras del Comité de Defensa de la Vivienda en Alquiler.
"Yo no quiero mi casa para volverla a alquilar. Solo la pido para vivir con mis tres hijos y mi esposo. Hoy estamos en crisis porque estoy sin trabajo y no podemos pagar el colegio de mi último hijo", resaltó.
Los problemas de Boscán comenzaron en 2001 luego de que su esposo fuera transferido a una empresa en Puerto La Cruz. Ante el temor de perder su casa se la arrendó a la familia de su amiga y madrina de matrimonio, quien le indico que viviría allí y "nunca tendría una queja".
Al poco tiempo Boscán, dueña del apartamento 5-C del edificio Los Monjes de Caurimare (Baruta), no recibió el depósito exigido en el contrato que le firmó la familia de su amiga, por un año.
"El inquilino, (padre de mi amiga), incumplió el contrato. Su hija estudió conmigo toda la carrera en la Universidad Central de Venezuela. Supe luego que los sacaban de los sitios que arrendaban. Pero como había confianza les alquilé mi casa", afirmó.
Al caso de la familia Boscán se suman otros 50 dueños de pensiones en el municipio Libertador afectados por inquilinos que tomaron sus inmuebles con apoyo del Frente Contra Desalojos Arbitrarios y no pagan el alquiler. Incluso cambiaron cerraduras y agredieron a encargados y dueños.
"Mi padre fue atacado por bandas organizadas que trabajan con el Frente de Resistencia Contra Desalojos Arbitrarios, recibió varios disparos y murió. Él era dueño del Hotel Posada Parador Andino C.A, de las esquinas Muerto a Gobernador de Santa Rosalía. Hoy estoy siendo amenazada por ellos", denunció por su parte Nancy Gabriela Riveros, hija.
Riveros destacó que las autoridades deben investigar a los líderes del Frente Contra Desalojos porque generan violencia.
Boscán por su parte aseguró que el 15 de agosto de 2002 notificó a la familia que ocupa su apartamento que su contrato venció y que se renovaría solo por seis meses. "Se negaron y decidí no firmar otro contrato. En 2005 mi esposo recibió una oferta de trabajo en Caracas y les enviamos un comunicado para pedirles mi apartamento. Ellos se comprometieron legalmente a entregarlo en seis meses. Pasaron dos años y no cumplieron. En 2007 se firmó un nuevo contrato con Bs 1.300 de alquiler, que hoy pagan por un apartamento que mide 106 m2 y tiene tres habitaciones y dos baños", precisó.
Sin embargo, los Boscán pagan Bs 6.500 de alquiler y Bs 400 de condominio. A eso se suma el pago de Bs 800 del condominio en el edificio de Caurimare. "Aceptamos ese contrato porque no quiero que al dueño de Macaracuay le pase lo mismo que a mí", dijo.
En mayo 2008 volvió a vencerse el contrato, pero no entregaron el inmueble. "Me dijeron que de allí no salían, que los sacara con la policía. Fuimos a tribunales y perdí el caso por un error. Pero en vista de que la familia tenía contrato desde 2001, se venció su plazo de entrega del inmueble y debían dármelo. Apelaron la decisión y siguen allí. Hoy, con la Ley de Arrendamiento, hay que comenzar de nuevo. Debo gastar más dinero en abogados, mientras vivo alquilada", dijo.
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Fecha: 04-11-2011
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Banavih diseñará plan de regularización de propiedad de 31 mil viviendas
El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) iniciará un plan para regularizar la propiedad de 31 mil 401 viviendas construidas hace más de 14 años con recursos del Fondo de Aportes del Sector, otorgados por el Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur). Esta institución, ya liquidada, fungió como productora de unidades habitacionales mediante créditos a corto plazo concedidos a promotoras privadas o asociaciones civiles.
El plan de regularización permitirá a las familias beneficiadas obtener el título de propiedad del inmueble e incluye su compromiso de cancelar oportunamente la casa adjudicada por el Estado, detalló una nota de prensa. El monto que deberán pagar las personas lo establecerá una mesa técnica multidisciplinaria y el Banavih podrá exonerar los intereses de financiamiento y mora de los créditos. Se estudia, además, la simplificación de los requisitos que deberán presentar los beneficiarios ante los respectivos bancos.
Entorno Inteligente
04-11-2011
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El plan de regularización permitirá a las familias beneficiadas obtener el título de propiedad del inmueble e incluye su compromiso de cancelar oportunamente la casa adjudicada por el Estado, detalló una nota de prensa. El monto que deberán pagar las personas lo establecerá una mesa técnica multidisciplinaria y el Banavih podrá exonerar los intereses de financiamiento y mora de los créditos. Se estudia, además, la simplificación de los requisitos que deberán presentar los beneficiarios ante los respectivos bancos.
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España ⁄ El precio de la vivienda en España cae casi un 9% en octubre
El precio de la vivienda en España cayó en octubre un 8,89% respecto al mismo mes del año anterior, hasta un precio medio de 2.147 euros por metro cuadrado, según detalla un informe del portal inmobiliario pisos.com.
Esta cifra de octubre representa un descenso del 0,14% frente al pasado mes de septiembre, cuando el precio fue de 2.150 euros por metro cuadrado.
El Índice del Mercado Inmobiliario pisos.com se ha colocado en 84,58 puntos en octubre de 2011 en España. Ninguna región se sitúa por encima de la primera referencia, correspondiendo los índices más bajos a Castilla-La Mancha, Aragón, Navarra, Canarias y Cataluña, con diferencias frente a inicios del año 2009 de 31,16, 25,09, 22,90, 20,46 y 19,81 puntos respectivamente.
Cataluña (2,49%), Navarra (1,22%) y Castilla-La Mancha (1,01%) son las regiones que más incrementan sus precios de venta respecto al mes de septiembre. Los descensos más significativos del último mes se localizan en Cantabria (-1,69%), Aragón (-1,58%) y Madrid (-1,51%).
Interanualmente, Extremadura (5,05%) es la única que crece. En el mismo periodo, Castilla-La Mancha (-17,89%), Melilla (-16,15%) y Aragón (-13,13%) resultan ser las que más bajan.
Las regiones más caras en octubre de 2011 son País Vasco (3.732 euros/metro cuadrado), Madrid (2.670 euros/metro cuadrado) y Cataluña (2.500 euros/metro cuadrado), mientras que las más baratas son Castilla-La Mancha (1.282 euros/metro cuadrado), Extremadura (1.485 euros/metro cuadrado) y Murcia (1.677 euros/metro cuadrado).
21 PROVINCIAS INCREMENTAN SUS PRECIOS.
Según el informe mensual de pisos.com, 21 provincias han incrementado sus precios de venta entre septiembre y octubre de 2011, destacando Tarragona (3,64%), Ourense (3,54%) y Toledo (2,65%).
Entre octubre de 2010 y el mismo mes de 2011 se registran tres incrementos: León (8,08%), Badajoz (5,65%) y A Coruña (5,10%). Los descensos más marcados en el último mes han tenido lugar en Guadalajara (-3,40%), Zamora (-2,89%) y Guipúzcoa (-2,58%), mientras que de un año a otro, las caídas más profundas se dan en Teruel (-21,23%), Toledo (-19,09%) y Ciudad Real (-17,93%).
En la clasificación de las provincias por precio, Guipúzcoa ocupa la primera posición con 4.535 euros por metro cuadrado. Le siguen Vizcaya (3.617 euros/metro cuadrado), Madrid (2.670 euros/metro cuadrado), Barcelona (2.659 euros/metro cuadrado) y Álava (2.641 euros/metro cuadrado). Ciudad Real cierra la clasificación con 1.019 euros por metro cuadrado.
Europa Press
04-11-2011
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Cataluña (2,49%), Navarra (1,22%) y Castilla-La Mancha (1,01%) son las regiones que más incrementan sus precios de venta respecto al mes de septiembre. Los descensos más significativos del último mes se localizan en Cantabria (-1,69%), Aragón (-1,58%) y Madrid (-1,51%).
Interanualmente, Extremadura (5,05%) es la única que crece. En el mismo periodo, Castilla-La Mancha (-17,89%), Melilla (-16,15%) y Aragón (-13,13%) resultan ser las que más bajan.
Las regiones más caras en octubre de 2011 son País Vasco (3.732 euros/metro cuadrado), Madrid (2.670 euros/metro cuadrado) y Cataluña (2.500 euros/metro cuadrado), mientras que las más baratas son Castilla-La Mancha (1.282 euros/metro cuadrado), Extremadura (1.485 euros/metro cuadrado) y Murcia (1.677 euros/metro cuadrado).
21 PROVINCIAS INCREMENTAN SUS PRECIOS.
Según el informe mensual de pisos.com, 21 provincias han incrementado sus precios de venta entre septiembre y octubre de 2011, destacando Tarragona (3,64%), Ourense (3,54%) y Toledo (2,65%).
Entre octubre de 2010 y el mismo mes de 2011 se registran tres incrementos: León (8,08%), Badajoz (5,65%) y A Coruña (5,10%). Los descensos más marcados en el último mes han tenido lugar en Guadalajara (-3,40%), Zamora (-2,89%) y Guipúzcoa (-2,58%), mientras que de un año a otro, las caídas más profundas se dan en Teruel (-21,23%), Toledo (-19,09%) y Ciudad Real (-17,93%).
En la clasificación de las provincias por precio, Guipúzcoa ocupa la primera posición con 4.535 euros por metro cuadrado. Le siguen Vizcaya (3.617 euros/metro cuadrado), Madrid (2.670 euros/metro cuadrado), Barcelona (2.659 euros/metro cuadrado) y Álava (2.641 euros/metro cuadrado). Ciudad Real cierra la clasificación con 1.019 euros por metro cuadrado.
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Cuba ⁄ El mercado inmobiliario llega a Cuba
Los cubanos podrán vender y comprar viviendas por primera vez en 50 años, según el diario oficial Granma.
La medida, aprobada por el gobierno, forma parte de las reformas económicas emprendidas por el presidente Raúl Castro y había sido adoptada por el VI Congreso del Partido Comunista, en abril.
Según Granma, la nueva ley entrará en vigor a partir del próximo 10 de noviembre y quedará restringida a los ciudadanos cubanos y extranjeros con residencia permanente.
Hasta ahora, los cubanos sólo podían cambiar de propiedad a través de una serie de complicados arreglos conocidos como "permutas", sin que pudiera haber dinero de por medio. La alternativa de muchos era acudir al mercado negro.
La primera duda que surge es si se fomentarán créditos hipotecarios para que los cubanos puedan acceder a la compra de vivienda, ya que gran parte de la población no dispone de recursos para afrontar un desembolso muy fuerte.
También quedan en el aire las cuestiones de cuál será la política de impuestos para las operaciones de compraventa inmobiliaria y qué programas pondrá en marcha el gobierno para evitar que la liberalización del mercado de vivienda derive en la profundización de las desigualdades en el seno de la isla.
Noticia esperada
Según cifras oficiales citadas por la agencia de noticias Efe, Cuba en 2010 tenía un déficit reconocido de 600.000 viviendas, en parte por los destrozos de los huracanes de 2008.
Además, la mitad de las viviendas presentan problemas que hacen que sean consideradas en mal estado, hasta el punto que el 85% de los edificios necesita reparaciones.
Como explica Liliet Heredero, de BBC Mundo, los cubanos tienen sus viviendas por herencia -las que son propiedad de la familia desde antes de la Revolución (1959)-, o por haberla recibido del Estado: las dejadas atras por exiliados o las promociones sociales de aire clic soviético construidas por el gobierno.
"El gobierno otorgaba las viviendas por centros de trabajo, a los 'destacados', pero esos programas se acabaron en los años 90", comenta Heredero.
Después se puso en marcha el programa de "microbrigadas", con los que los aspirantes a adquirir la vivienda, después del trabajo, se sumaban a las cuadrillas que trabajaban en la construcción.
"La única forma de cambiar de vivienda era mediante un sistema de permutas que ha generado un mercado negro y altos niveles de corrupción. La compra venta ilegal también existía".
Reformas
Desde su llegada al poder, el hermano menor de Fidel Castro emprendió una serie de paulatinas reformas tendentes a liberalizar la economía socialista de la isla caribeña.
En el congreso comunista de abril se aprobaron 313 medidas, entre ellas relajar la política de permisos para viajar al exterior.
Poco a poco el gobierno ha ido aprobando las enmiendas legales necesarias para la puesta en marcha de estas medidas.
La última, a finales de septiembre, había sido la liberalización del mercado de compra venta de clic autos después de 50 años de veto.
Antes se había abierto la posibilidad de usar teléfono celular o de dormir en hoteles.
Aunque la mayor de las medidas fue la expansión del sector privado, sobre todo teniendo en cuenta que el 85% de los cinco millones de trabajadores de Cuba son empleados del Estado.
La apertura de un mercado de vivienda, algo que muchos consideran que los cubanos esperaban ansiosos, se podría considerar la más importante de las reformas.
Ahora, como apunta Heredero, lo que esperan los cubanos es la reforma migratoria, "la última gran cuenta pendiente".
BBC Mundo
03-11-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
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La medida, aprobada por el gobierno, forma parte de las reformas económicas emprendidas por el presidente Raúl Castro y había sido adoptada por el VI Congreso del Partido Comunista, en abril.
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Hasta ahora, los cubanos sólo podían cambiar de propiedad a través de una serie de complicados arreglos conocidos como "permutas", sin que pudiera haber dinero de por medio. La alternativa de muchos era acudir al mercado negro.
La primera duda que surge es si se fomentarán créditos hipotecarios para que los cubanos puedan acceder a la compra de vivienda, ya que gran parte de la población no dispone de recursos para afrontar un desembolso muy fuerte.
También quedan en el aire las cuestiones de cuál será la política de impuestos para las operaciones de compraventa inmobiliaria y qué programas pondrá en marcha el gobierno para evitar que la liberalización del mercado de vivienda derive en la profundización de las desigualdades en el seno de la isla.
Noticia esperada
Según cifras oficiales citadas por la agencia de noticias Efe, Cuba en 2010 tenía un déficit reconocido de 600.000 viviendas, en parte por los destrozos de los huracanes de 2008.
Además, la mitad de las viviendas presentan problemas que hacen que sean consideradas en mal estado, hasta el punto que el 85% de los edificios necesita reparaciones.
Como explica Liliet Heredero, de BBC Mundo, los cubanos tienen sus viviendas por herencia -las que son propiedad de la familia desde antes de la Revolución (1959)-, o por haberla recibido del Estado: las dejadas atras por exiliados o las promociones sociales de aire clic soviético construidas por el gobierno.
"El gobierno otorgaba las viviendas por centros de trabajo, a los 'destacados', pero esos programas se acabaron en los años 90", comenta Heredero.
Después se puso en marcha el programa de "microbrigadas", con los que los aspirantes a adquirir la vivienda, después del trabajo, se sumaban a las cuadrillas que trabajaban en la construcción.
"La única forma de cambiar de vivienda era mediante un sistema de permutas que ha generado un mercado negro y altos niveles de corrupción. La compra venta ilegal también existía".
Reformas
Desde su llegada al poder, el hermano menor de Fidel Castro emprendió una serie de paulatinas reformas tendentes a liberalizar la economía socialista de la isla caribeña.
En el congreso comunista de abril se aprobaron 313 medidas, entre ellas relajar la política de permisos para viajar al exterior.
Poco a poco el gobierno ha ido aprobando las enmiendas legales necesarias para la puesta en marcha de estas medidas.
La última, a finales de septiembre, había sido la liberalización del mercado de compra venta de clic autos después de 50 años de veto.
Antes se había abierto la posibilidad de usar teléfono celular o de dormir en hoteles.
Aunque la mayor de las medidas fue la expansión del sector privado, sobre todo teniendo en cuenta que el 85% de los cinco millones de trabajadores de Cuba son empleados del Estado.
La apertura de un mercado de vivienda, algo que muchos consideran que los cubanos esperaban ansiosos, se podría considerar la más importante de las reformas.
Ahora, como apunta Heredero, lo que esperan los cubanos es la reforma migratoria, "la última gran cuenta pendiente".
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España ⁄ La reducción de stock y el parón de la nueva construcción dibujarán un nuevo mercado inmobiliario
Las grandes empresas inmobiliarias han liquidado en lo que va de año un 25% del stock acumulado. Las casas y pisos pendientes de venta desde el momento en el que empezó la crisis económica ya son un 50% menos que en el momento del desplome del mercado. Junto a esta cifra hay que valorar que apenas se construye en torno al 10% de lo que se promovía en 2006, y que las ventas sobre plano han desaparecido, lo que implica que las viviendas terminadas y a un precio cuya rebaja se sitúa incluso por encima del 30%, comenzarán en breve a ser un bien escaso, si no en peligro de extinción.
Mientras el cliente nacional continúa a la espera de mayores bajadas de precio o una tranquilizadora estabilidad económica, la oferta de vivienda española está sirviendo de refugio a nuevas clases medias del Este de Europa, como Rusia, y otras economías maduras como la de suizos, noruegos, finlandeses y alemanes, entre otros. Este hecho se ha convertido en noticia en las ferias del sector inmobiliario que se han celebrado en los últimos meses y que abarcan desde Málaga hasta Cataluña.
Junto a esta situación, la inminente rebaja de los tipos de interés del Banco Central Europeo y las medidas de empuje económico que entrarán en escena antes de que finalice el año con el cambio de gobierno, están acelerando los procesos de decisión de compra, reservas y estudios de viabilidad hipotecaria en relación con los ingresos percibidos, ya que empieza a cundir un nuevo miedo, y esta vez no tiene que ver con el hecho de que se pueda o no obtener un crédito hipotecario de una caja o banco, sino que existan viviendas disponibles o no en ese momento.
Las constantes operaciones de liquidación de stock han supuesto un goteo leve, pero goteo de ventas al fin y al cabo, que no han sido repuestas con nuevas construcciones, y esa realidad, junto al atractivo que representan los compradores de países del Norte o Este de Europa empiezan a dibujar un nuevo mercado que en cierta medida regresa a los orígenes del anterior ciclo expansivo, es decir, los promotores vuelven a centrarse en el turismo residencial y obvian la destinada a primera vivienda en el entorno de las ciudades.
En Almería existen algunas excepciones que aún son oportunidades, como el caso de la Vega de Acá, donde promotoras como Staig S.A.
tiene planificada la segunda fase de Jardines de La Vega mientras liquida las unidades que aún mantiene en la primera fase de este mismo residencial y de La Goleta, contando con el apoyo de diversas entidades financieras para garantizar una financiación del 100% del valor de compra. Pese a todo y debido a que la venta sobre plano ha caído totalmente, la reposición de stock con nuevas promociones llevará su tiempo y ello hará que las viviendas ofertadas en estos momentos ya no sean una oportunidad en cuanto a ubicación y precio, sino respecto a su disponibilidad actual.
La situación puede complicarse para el comprador de vivienda de uso habitual ya que no sólo tendrá que esperar a que se terminen nuevos edificios, sino que pagará la actualización de precios que provocará la escasez de este modelo de vivienda, debido a que la mayor parte de las nuevas construcciones irán dirigidas irremediablemente al mercado extranjero. Además, servicios como estudio gratuito del crédito hipotecario, las ayudas de la Junta de Andalucía de hasta 15.000 euros por vivienda adquirida y otros beneficios actuales, como las grandes zonas ajardinadas y las calidades de las viviendas que se encuentran en el actual stock, estarán limitadas a quienes estén dispuestos a pagar su precio real y no el actual, que tiene una media de un 30% de reducción respecto a 2007.
teleprensa.es
03-11-2011
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Junto a esta situación, la inminente rebaja de los tipos de interés del Banco Central Europeo y las medidas de empuje económico que entrarán en escena antes de que finalice el año con el cambio de gobierno, están acelerando los procesos de decisión de compra, reservas y estudios de viabilidad hipotecaria en relación con los ingresos percibidos, ya que empieza a cundir un nuevo miedo, y esta vez no tiene que ver con el hecho de que se pueda o no obtener un crédito hipotecario de una caja o banco, sino que existan viviendas disponibles o no en ese momento.
Las constantes operaciones de liquidación de stock han supuesto un goteo leve, pero goteo de ventas al fin y al cabo, que no han sido repuestas con nuevas construcciones, y esa realidad, junto al atractivo que representan los compradores de países del Norte o Este de Europa empiezan a dibujar un nuevo mercado que en cierta medida regresa a los orígenes del anterior ciclo expansivo, es decir, los promotores vuelven a centrarse en el turismo residencial y obvian la destinada a primera vivienda en el entorno de las ciudades.
En Almería existen algunas excepciones que aún son oportunidades, como el caso de la Vega de Acá, donde promotoras como Staig S.A.
tiene planificada la segunda fase de Jardines de La Vega mientras liquida las unidades que aún mantiene en la primera fase de este mismo residencial y de La Goleta, contando con el apoyo de diversas entidades financieras para garantizar una financiación del 100% del valor de compra. Pese a todo y debido a que la venta sobre plano ha caído totalmente, la reposición de stock con nuevas promociones llevará su tiempo y ello hará que las viviendas ofertadas en estos momentos ya no sean una oportunidad en cuanto a ubicación y precio, sino respecto a su disponibilidad actual.
La situación puede complicarse para el comprador de vivienda de uso habitual ya que no sólo tendrá que esperar a que se terminen nuevos edificios, sino que pagará la actualización de precios que provocará la escasez de este modelo de vivienda, debido a que la mayor parte de las nuevas construcciones irán dirigidas irremediablemente al mercado extranjero. Además, servicios como estudio gratuito del crédito hipotecario, las ayudas de la Junta de Andalucía de hasta 15.000 euros por vivienda adquirida y otros beneficios actuales, como las grandes zonas ajardinadas y las calidades de las viviendas que se encuentran en el actual stock, estarán limitadas a quienes estén dispuestos a pagar su precio real y no el actual, que tiene una media de un 30% de reducción respecto a 2007.
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Uruguay ⁄ Agentes inmobiliarios alarmados por impacto de un acuerdo con Argentina
elpais.com.uy
La firma de un acuerdo de intercambio de datos fiscales con Argentina preocupa al sector inmobiliario local, que ya ve algunas inversiones detenidas por este cambio de reglas de juego. Dicen que se avecina un impacto "tremendo" para el país.
La preocupación es tal que el viernes se reunió la comisión directiva de la Cámara Inmobiliaria de Colonia para analizar el tema, y sus integrantes expresaron que "es claro que (el acuerdo con Argentina) va a afectar a Uruguay" y que su tenor sería "grave". Esta semana se volverán a reunir para hacer un seguimiento del tema. Asimismo, la Cámara Inmobiliaria del Uruguay también se reunirá para hacer un análisis, informó su presidente Gabriel Conde.
"Creo que va a ser muy nefasto para la economía y la inversión que hay en este momento", dijo a El País el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado, Francisco Bistiancic.
El empresario considera que los controles que hay "son suficientes" y que agregar más y hacer informes sobre quién está invirtiendo en el país "no va a contribuir en nada al mercado inmobiliario ni a las inversiones que ya están, que se van a ir a otros lugares". Agregó que la mayoría de las veces los inversores no tienen "dinero sucio" y que "ante esta situación sienten disconformidad", porque "no se les dan las garantías necesarias".
"Los perjudicados acá van a ser los uruguayos y no los argentinos", sostuvo. "Creo que el impacto va a ser tremendo y las consecuencias van a ser bastante grandes", dijo Bistiancic.
El miércoles, el vicepresidente de la República, Danilo Astori, anunció que se le hará un planteo a los países del Mercosur para el intercambio de información fiscal y se modificará el régimen de acciones al portador, luego de que se diera a conocer que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) encontrara en esos aspectos algunas de las debilidades del país para cumplir con la transparencia global.
El gobierno tiene plazo hasta 2014 para ajustarse a los consejos de OCDE. De lo contrario, podría recibir sanciones económicas de sus países miembros. El Presidente, José Mujica, dijo que "no deberíamos quedar en la ilegalidad internacional".
La firma de un acuerdo con ese país implica que se le deberá dar información sobre actividades que los argentinos realicen en territorio uruguayo, con lo que el gobierno de Cristina Fernández contará con más instrumentos para detectar la capacidad contributiva de sus ciudadanos y así poder mejorar la eficiencia de su recaudación de impuestos, por ejemplo. Esto le será muy útil para mejorar su resultado fiscal, que actualmente es deficitario.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, Conde, informó que algunos inversores se aprestaban a iniciar negocios y decidieron no hacerlos a raíz del anuncio. "Estaban por hacer una operación y ya la detuvieron. Son muy pocos casos, pero ya es una señal", afirmó. Estimó que las inversiones "por un tiempo seguramente se van a enlentecer al no tener seguridad de cómo se va a mover el país".
Conde coincidió en que no será solo el sector el que sufra las consecuencias de este acuerdo con Argentina. "Va a afectar a nivel nacional, porque la inversión inmobiliaria y en construcción son uno de los pilares de la economía y también el área agrícola está explotada por empresas argentinas. Donde eso se frene, el impacto va a ser mucho más importante de lo que la gente piensa", dijo.
El empresario sostuvo que el país depende en buena medida de los inversores extranjeros, a los que, "si les cambiamos las reglas de juego o la seguridad jurídica, van a pensar en otros países".
Las inversiones de argentinos en el sector inmobiliario se concentran principalmente en zonas turísticas, como los departamentos de Colonia y Maldonado.
En Maldonado, se estima que más del 50% de las transacciones inmobiliarias son realizadas por argentinos. Si se considera que según la Intendencia de ese departamento en los 12 meses cerrados en marzo se habían transado padrones por US$ 1.408 millones, al menos US$ 700 millones son los que corresponden a agentes económicos de la vecina orilla.
La mayor parte de las transacciones se concentran en Punta del Este, áreas rurales y la ciudad de Maldonado, aunque también en La Barra, en José Ignacio y Punta Ballena.
El presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este, Omar Milar, sostuvo que se espera una comunicación del gobierno más profunda y que el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, informe de "cómo realmente se va a ejecutar" el acuerdo.
En esa ciudad balnearia, "prácticamente entre un 60% y un 70% de los propietarios son argentinos", indicó Milar.
En Colonia, entre el 85% y el 90% de las compras o inversiones en inmuebles son con capitales argentinos, según informó a El País el presidente de la cámara empresarial de ese departamento, Richard Brunelli.
La cifra
700 Son los millones de dólares que como mínimo aportaron argentinos en operaciones inmobiliarias en Maldonado en un año.
Precios pueden bajar
Si los inversores argentinos comienzan a retirarse del mercado inmobiliario local, es de prever que a la menor demanda haga que bajen los precios de las propiedades, según los agentes consultados por El País. El titular de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, Gabriel Conde, dijo que "es muy prematuro" hacer conclusiones, pero que ese escenario puede darse porque el impacto de un acuerdo con Argentina sobre el mercado inmobiliario será directo. El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado, Francisco Bistiancic, dijo que en ese caso "los precios van a empezar a caer y van a quedar un montón de proyectos sin concluir".
elpais.com.uy
30-10-2011
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La firma de un acuerdo de intercambio de datos fiscales con Argentina preocupa al sector inmobiliario local, que ya ve algunas inversiones detenidas por este cambio de reglas de juego. Dicen que se avecina un impacto "tremendo" para el país.
La preocupación es tal que el viernes se reunió la comisión directiva de la Cámara Inmobiliaria de Colonia para analizar el tema, y sus integrantes expresaron que "es claro que (el acuerdo con Argentina) va a afectar a Uruguay" y que su tenor sería "grave". Esta semana se volverán a reunir para hacer un seguimiento del tema. Asimismo, la Cámara Inmobiliaria del Uruguay también se reunirá para hacer un análisis, informó su presidente Gabriel Conde.
"Creo que va a ser muy nefasto para la economía y la inversión que hay en este momento", dijo a El País el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado, Francisco Bistiancic.
El empresario considera que los controles que hay "son suficientes" y que agregar más y hacer informes sobre quién está invirtiendo en el país "no va a contribuir en nada al mercado inmobiliario ni a las inversiones que ya están, que se van a ir a otros lugares". Agregó que la mayoría de las veces los inversores no tienen "dinero sucio" y que "ante esta situación sienten disconformidad", porque "no se les dan las garantías necesarias".
"Los perjudicados acá van a ser los uruguayos y no los argentinos", sostuvo. "Creo que el impacto va a ser tremendo y las consecuencias van a ser bastante grandes", dijo Bistiancic.
El miércoles, el vicepresidente de la República, Danilo Astori, anunció que se le hará un planteo a los países del Mercosur para el intercambio de información fiscal y se modificará el régimen de acciones al portador, luego de que se diera a conocer que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) encontrara en esos aspectos algunas de las debilidades del país para cumplir con la transparencia global.
El gobierno tiene plazo hasta 2014 para ajustarse a los consejos de OCDE. De lo contrario, podría recibir sanciones económicas de sus países miembros. El Presidente, José Mujica, dijo que "no deberíamos quedar en la ilegalidad internacional".
La firma de un acuerdo con ese país implica que se le deberá dar información sobre actividades que los argentinos realicen en territorio uruguayo, con lo que el gobierno de Cristina Fernández contará con más instrumentos para detectar la capacidad contributiva de sus ciudadanos y así poder mejorar la eficiencia de su recaudación de impuestos, por ejemplo. Esto le será muy útil para mejorar su resultado fiscal, que actualmente es deficitario.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, Conde, informó que algunos inversores se aprestaban a iniciar negocios y decidieron no hacerlos a raíz del anuncio. "Estaban por hacer una operación y ya la detuvieron. Son muy pocos casos, pero ya es una señal", afirmó. Estimó que las inversiones "por un tiempo seguramente se van a enlentecer al no tener seguridad de cómo se va a mover el país".
Conde coincidió en que no será solo el sector el que sufra las consecuencias de este acuerdo con Argentina. "Va a afectar a nivel nacional, porque la inversión inmobiliaria y en construcción son uno de los pilares de la economía y también el área agrícola está explotada por empresas argentinas. Donde eso se frene, el impacto va a ser mucho más importante de lo que la gente piensa", dijo.
El empresario sostuvo que el país depende en buena medida de los inversores extranjeros, a los que, "si les cambiamos las reglas de juego o la seguridad jurídica, van a pensar en otros países".
Las inversiones de argentinos en el sector inmobiliario se concentran principalmente en zonas turísticas, como los departamentos de Colonia y Maldonado.
En Maldonado, se estima que más del 50% de las transacciones inmobiliarias son realizadas por argentinos. Si se considera que según la Intendencia de ese departamento en los 12 meses cerrados en marzo se habían transado padrones por US$ 1.408 millones, al menos US$ 700 millones son los que corresponden a agentes económicos de la vecina orilla.
La mayor parte de las transacciones se concentran en Punta del Este, áreas rurales y la ciudad de Maldonado, aunque también en La Barra, en José Ignacio y Punta Ballena.
El presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este, Omar Milar, sostuvo que se espera una comunicación del gobierno más profunda y que el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, informe de "cómo realmente se va a ejecutar" el acuerdo.
En esa ciudad balnearia, "prácticamente entre un 60% y un 70% de los propietarios son argentinos", indicó Milar.
En Colonia, entre el 85% y el 90% de las compras o inversiones en inmuebles son con capitales argentinos, según informó a El País el presidente de la cámara empresarial de ese departamento, Richard Brunelli.
La cifra
700 Son los millones de dólares que como mínimo aportaron argentinos en operaciones inmobiliarias en Maldonado en un año.
Precios pueden bajar
Si los inversores argentinos comienzan a retirarse del mercado inmobiliario local, es de prever que a la menor demanda haga que bajen los precios de las propiedades, según los agentes consultados por El País. El titular de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, Gabriel Conde, dijo que "es muy prematuro" hacer conclusiones, pero que ese escenario puede darse porque el impacto de un acuerdo con Argentina sobre el mercado inmobiliario será directo. El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado, Francisco Bistiancic, dijo que en ese caso "los precios van a empezar a caer y van a quedar un montón de proyectos sin concluir".
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