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El TSJ reactiva el Sicri, pero ordena al Gobierno modificarlo
JUAN FRANCISCO ALONSO
Antes de aprobar una solicitud para una tarjeta de crédito o un crédito hipotecario los bancos podrán volver a revisar el historial del peticionario en las otras instituciones financieras del país, pues el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) levantó la veda que él mismo impuso hace casi seis años para el uso del Sistema de Información Central de Riesgo (Sicri), también conocido como la "lista negra de deudores bancarios".
La decisión la adoptó la Sala Constitucional al desechar la demanda que en agosto de 2004 interpuso el entonces defensor del Pueblo, Germán Mundaraín, contra la derogada Ley General de Bancos y al levantar la prohibición que, en diciembre de 2005, le impuso a la Superintendencia de Bancos (hoy de Instituciones Financieras) para que permitiera el uso de ese registro de morosos.
No obstante, en el fallo 1.318, que redactó la presidenta de la instancia, magistrada Luisa Estella Morales, se deja en claro que el Sicri no regresará tal y como era antes, pues en él se le ordena al despacho dirigido por Edgar Hernández Behrens se modifique para ajustarlo al marco legal actual.
En primer lugar el TSJ mandó que se les informe a los usuarios del sistema financiero que sus datos serán recopilados en una base de datos a la que solo podrán acceder los bancos para evitar realizar inversiones riesgosas y manda a éstos últimos a actualizar permanentemente la información.
Sobre este último punto, la Sala dictaminó que "quien ha incurrido en alguna mora o retardo en la cancelación de una obligación crediticia debe incluirse en el Sicri, pero si con posterioridad paga su obligación, no podría aceptarse ninguna tesis que le impida ser borrado".
Por último, además de prohibir la existencia de sistemas paralelos, el TSJ ordenó que se sumen a esta lista negra no solos los deudores, sino también los condenados por legitimación de capitales, terrorismo, traición a la patria y a los exdirectivos de bancos intervenidos.
El universal
09-08-2011
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Lic. Henry Medina
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martes, 9 de agosto de 2011
En suspenso están 40.000 juicios contra inquilinos
Propietarios deberán asumir arreglos menores en los inmuebles
Presentan demanda contra el texto que prohíbe desalojos
Ante la entrada en vigencia de la Ley contra los Desalojos Arbitrarios están paralizados los juicios inquilinarios, los juicios por comodato y las ejecuciones de hipotecas.
La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) estima que cerca de 40.000 juicios inquilinarios están en suspenso, debido a que el marco legal señala que "las medidas judiciales están suspendidas por un plazo no menor de 90 días hábiles ni mayor a 180 días hábiles".
El presidente de la organización, Roberto Orta, indicó que el nuevo instrumento ha impedido que se ejecuten las decisiones y, adicionalmente, ha generado otros efectos como la mayor morosidad por parte de los inquilinos.
Aseguró que existen arrendatarios que se están retrasando en sus pagos, debido a lo previsto en el texto y agregó que "la conflictividad entre inquilinos y propietarios se está incrementando".
La Ley contra los Desalojos entró en vigencia el pasado mes de mayo, y además de prohibir las desocupaciones forzosas, establece que si hay fallos a favor de los propietarios, los afectados abandonarán el inmueble cuando el Ministerio de la Vivienda les haya conseguido una casa temporal o definitiva.
En vista de la situación generada por la ley, Apiur presentó una demanda de nulidad contra el marco legal en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
El organismo considera que "dicho instrumento produce la paralización de los desalojos ordenados por los tribunales, lo que es arbitrario, porque son legítimos actos del Poder Judicial".
Más revisiones
Por otra parte, este lunes la instancia técnica de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea revisó más artículos de la reforma de la Ley de Arrendamientos.
Las disposiciones evaluadas serán presentadas esta semana a los diputados para su aprobación definitiva. Uno de los puntos que se evaluó ayer fue el correspondiente a las desocupaciones y remodelaciones de inmuebles.
La instancia, en la que participan las organizaciones que agrupan a los inquilinos y los inmobiliarios, decidió incorporar un artículo que señala que las remodelaciones mayores y menores serán responsabilidad de los propietarios de las viviendas.
Eso significa que si se registra un pequeño daño en el inmueble, el inquilino no lo pagará, la cancelación le corresponderá al dueño.
En caso de las reparaciones mayores, se le debe garantizar al arrendatario una solución temporal. MAH
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Presentan demanda contra el texto que prohíbe desalojos
Ante la entrada en vigencia de la Ley contra los Desalojos Arbitrarios están paralizados los juicios inquilinarios, los juicios por comodato y las ejecuciones de hipotecas.
La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) estima que cerca de 40.000 juicios inquilinarios están en suspenso, debido a que el marco legal señala que "las medidas judiciales están suspendidas por un plazo no menor de 90 días hábiles ni mayor a 180 días hábiles".
El presidente de la organización, Roberto Orta, indicó que el nuevo instrumento ha impedido que se ejecuten las decisiones y, adicionalmente, ha generado otros efectos como la mayor morosidad por parte de los inquilinos.
Aseguró que existen arrendatarios que se están retrasando en sus pagos, debido a lo previsto en el texto y agregó que "la conflictividad entre inquilinos y propietarios se está incrementando".
La Ley contra los Desalojos entró en vigencia el pasado mes de mayo, y además de prohibir las desocupaciones forzosas, establece que si hay fallos a favor de los propietarios, los afectados abandonarán el inmueble cuando el Ministerio de la Vivienda les haya conseguido una casa temporal o definitiva.
En vista de la situación generada por la ley, Apiur presentó una demanda de nulidad contra el marco legal en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
El organismo considera que "dicho instrumento produce la paralización de los desalojos ordenados por los tribunales, lo que es arbitrario, porque son legítimos actos del Poder Judicial".
Más revisiones
Por otra parte, este lunes la instancia técnica de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea revisó más artículos de la reforma de la Ley de Arrendamientos.
Las disposiciones evaluadas serán presentadas esta semana a los diputados para su aprobación definitiva. Uno de los puntos que se evaluó ayer fue el correspondiente a las desocupaciones y remodelaciones de inmuebles.
La instancia, en la que participan las organizaciones que agrupan a los inquilinos y los inmobiliarios, decidió incorporar un artículo que señala que las remodelaciones mayores y menores serán responsabilidad de los propietarios de las viviendas.
Eso significa que si se registra un pequeño daño en el inmueble, el inquilino no lo pagará, la cancelación le corresponderá al dueño.
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Las mentiras del Indepabis sobre urbanismos expropiados se descubren a diario y con impunidad
runrun.es
Leyendo el periódico oficial del régimen, Correo del Orinoco, se entera uno de las líneas que el gobierno monta y dicta tratando de manipular la opinión pública sobre los temas más calientes para la obra gubernamental.
Leer las declaraciones de Augusto Montiel, presidente de Indepabis, quien está en el montaje del nuevo organismo que regirá la Ley de Costos y Precios Justos, es una demostración palpable de las mentiras que repiten y repiten tratando de hacernos creer que su obra es maravillosa, sus ejecutorias infalibles y que la búsqueda del socialismo es el Norte que los motiva.
Mientras en El Universal del mismo día, ayer domingo, la colega Maye Albornoz da cuenta del atraso y el engaño sobre la reactivación de los urbanismos expropiados:
“Caras largas, manos en la cabeza y una que otra lágrima. Ayer se reunieron los propietarios del urbanismo expropiado El Encantado (Macaracuay) y las noticias que se manejaron no fueron buenas. A nueve meses de la intervención del Gobierno en el urbanismo, los avances han sido nulos.
Las declaraciones del presidente Hugo Chávez el 31 de octubre del año pasado aún están frescas en la memoria de los afectados: “Están paralizados y la gente ya pagó, ahora nosotros expropiamos, vamos a terminarlos, a reajustar los precios, a multar a esta empresa y a entregarlos”. Puede que en un principio causaran esperanza en algunos, pero hoy, al recordarlas, la palabra que les viene a la mente a todos los propietarios es “engaño”.
Montiel por su parte, dice que “cerca de 8 mil familias recibieron sus viviendas de las 35 mil que las tienen garantizadas, tras reactivarse la construcción después de la firma con la banca de los compromisos de culminación”. Sigue en su fantasía asegurando que “se ha garantizado la construcción de 57 urbanismos que estaban paralizados”.
Para demostrar que la mentira tiene patas cortas, cito otro párrafo de la colega de El Universal:
“Juan Montes, representante del consejo comunal, explicó que aunque su nombre aparece en el decreto de expropiación como representante de la comunidad en la Junta Administradora, no se le ha invitado a las reuniones ni tomado en cuenta para tomar decisiones.
Montes aseguró que incluso la compra de algún tornillo debe pasar por la aprobación de la funcionaria del Ministerio de Vivienda, Oriana Rodríguez, quien es la coordinadora nacional de los urbanismos objetos de adquisición forzosa: “Esta situación genera lentitud y más burocracia a la hora de tomar decisiones. Las acciones emprendidas por la junta nombrada por el Ministerio de Vivienda han sido insuficientes, ineficaces e insuficientes para reactivar la obra al 100%. Y nosotros no somos informados de nada, nos toman el pelo, nos toman por idiotas”.
En el titular del mencionado trabajo se dice mucho de lo que acontece pues señala que hay solo 30 obreros de los 500 que se necesitan y que tras nueve meses de expropiación la obra sigue igual.
Nosotros en estos Runrun.es dimos cuenta de la reunión que en la sede de PDVSA se realizó, hace dos meses y medio, a la que fueron citados los constructores y promotores de los urbanismos expropiados o intervenidos para llegar a un acuerdo que les permitiera arrancar de nuevo la construcción. Los promotores exigieron el cese de las persecuciones y el levantamiento de las medidas judiciales contra ellos, los que han dado la cara, ante la necesidad planteada por el ministro Rafael Ramírez de “arrancar de nuevo la construcción de los edificios por la premura del Comandante en cumplir con los propietarios”.
Hasta hoy nada se ha hecho para implementar el acuerdo planteado.
Solo para saber la dimensión de El Encantado leamos lo que cuenta la compañera de El Universal:
“Se trata de 1500 apartamentos en tres etapas (II, II y IV) de cuatro torres cada una. En la segunda etapa, que ya estaba levantada en el momento de la intervención, faltan numerosos detalles de construcción, como ventanas, estacionamientos, instalación se ascensores y servicios de electricidad y agua.
Mientras, en la tercera etapa solo están los esqueletos de las estructuras y, en la cuarta, apenas unos pilotes y el terreno. Según la información que maneja el consejo comunal, hacen falta 9 millones de bolívares para culminar la segunda etapa, 60 millones la tercera y 230 millones la cuarta.
Los propietarios se han esforzado por no politizar la situación e insisten en que su único objetivo es que su situación se resuelva. Tras largas esperas y reuniones decepcionantes en cinco entes del Estado
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Leer las declaraciones de Augusto Montiel, presidente de Indepabis, quien está en el montaje del nuevo organismo que regirá la Ley de Costos y Precios Justos, es una demostración palpable de las mentiras que repiten y repiten tratando de hacernos creer que su obra es maravillosa, sus ejecutorias infalibles y que la búsqueda del socialismo es el Norte que los motiva.
Mientras en El Universal del mismo día, ayer domingo, la colega Maye Albornoz da cuenta del atraso y el engaño sobre la reactivación de los urbanismos expropiados:
“Caras largas, manos en la cabeza y una que otra lágrima. Ayer se reunieron los propietarios del urbanismo expropiado El Encantado (Macaracuay) y las noticias que se manejaron no fueron buenas. A nueve meses de la intervención del Gobierno en el urbanismo, los avances han sido nulos.
Las declaraciones del presidente Hugo Chávez el 31 de octubre del año pasado aún están frescas en la memoria de los afectados: “Están paralizados y la gente ya pagó, ahora nosotros expropiamos, vamos a terminarlos, a reajustar los precios, a multar a esta empresa y a entregarlos”. Puede que en un principio causaran esperanza en algunos, pero hoy, al recordarlas, la palabra que les viene a la mente a todos los propietarios es “engaño”.
Montiel por su parte, dice que “cerca de 8 mil familias recibieron sus viviendas de las 35 mil que las tienen garantizadas, tras reactivarse la construcción después de la firma con la banca de los compromisos de culminación”. Sigue en su fantasía asegurando que “se ha garantizado la construcción de 57 urbanismos que estaban paralizados”.
Para demostrar que la mentira tiene patas cortas, cito otro párrafo de la colega de El Universal:
“Juan Montes, representante del consejo comunal, explicó que aunque su nombre aparece en el decreto de expropiación como representante de la comunidad en la Junta Administradora, no se le ha invitado a las reuniones ni tomado en cuenta para tomar decisiones.
Montes aseguró que incluso la compra de algún tornillo debe pasar por la aprobación de la funcionaria del Ministerio de Vivienda, Oriana Rodríguez, quien es la coordinadora nacional de los urbanismos objetos de adquisición forzosa: “Esta situación genera lentitud y más burocracia a la hora de tomar decisiones. Las acciones emprendidas por la junta nombrada por el Ministerio de Vivienda han sido insuficientes, ineficaces e insuficientes para reactivar la obra al 100%. Y nosotros no somos informados de nada, nos toman el pelo, nos toman por idiotas”.
En el titular del mencionado trabajo se dice mucho de lo que acontece pues señala que hay solo 30 obreros de los 500 que se necesitan y que tras nueve meses de expropiación la obra sigue igual.
Nosotros en estos Runrun.es dimos cuenta de la reunión que en la sede de PDVSA se realizó, hace dos meses y medio, a la que fueron citados los constructores y promotores de los urbanismos expropiados o intervenidos para llegar a un acuerdo que les permitiera arrancar de nuevo la construcción. Los promotores exigieron el cese de las persecuciones y el levantamiento de las medidas judiciales contra ellos, los que han dado la cara, ante la necesidad planteada por el ministro Rafael Ramírez de “arrancar de nuevo la construcción de los edificios por la premura del Comandante en cumplir con los propietarios”.
Hasta hoy nada se ha hecho para implementar el acuerdo planteado.
Solo para saber la dimensión de El Encantado leamos lo que cuenta la compañera de El Universal:
“Se trata de 1500 apartamentos en tres etapas (II, II y IV) de cuatro torres cada una. En la segunda etapa, que ya estaba levantada en el momento de la intervención, faltan numerosos detalles de construcción, como ventanas, estacionamientos, instalación se ascensores y servicios de electricidad y agua.
Mientras, en la tercera etapa solo están los esqueletos de las estructuras y, en la cuarta, apenas unos pilotes y el terreno. Según la información que maneja el consejo comunal, hacen falta 9 millones de bolívares para culminar la segunda etapa, 60 millones la tercera y 230 millones la cuarta.
Los propietarios se han esforzado por no politizar la situación e insisten en que su único objetivo es que su situación se resuelva. Tras largas esperas y reuniones decepcionantes en cinco entes del Estado
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Metro Caracas, de infraestructura moderna a deteriorado sistema de transporte
El sucio colma las paredes del Metro de Caracas | Alexandra Blanco
Antes referencia de modernidad y hoy deteriorado por la falta de mantenimiento, el Metro de Caracas cumple años entre las críticas de sus usuarios y los intentos del Gobierno venezolano de impulsarlo sin renunciar a las tarifas socialistas que lo hacen el más económico de la región.
Hace hoy 34 años fue fundada la Compañía Anónima Metro de Caracas, encargada de construir el subterráneo de la capital venezolana, que abrió sus puertas al público en 1983 como un ejemplo de avance tecnológico, confort, civismo e, incluso, estética que pronto se convirtió en un servicio público pionero en la región.
Pero el aniversario le llega al metro en horas bajas, con fallas eléctricas crónicas que paralizan el sistema durante horas, vagones y escaleras mecánicas en mal estado, aires acondicionados que no funcionan pese a las altas temperaturas, y un plan para tratar de resolver el problema de delincuencia en sus instalaciones.
"Hace diez años comenzó un proceso de deterioro por una incomprensión de este gobierno de los fenómenos urbanos, porque bajó el nivel de mantenimiento y por unos niveles de congestión para los que no hubo suficientes previsiones", indicó a Efe Omar Hernández, sociólogo experto en planificación urbana.
Para este profesor jubilado de la Universidad Simón Bolívar, el metro nunca fue una cuestión prioritaria para el presidente, Hugo Chávez, que retiró personal "experimentado" por conflictos laborales y lo reemplazó por personas "poco capacitadas".
Además, en doce años de gestión nombró a diez presidentes al frente de la compañía, dependiente del Ministerio de Transporte.
Tras cinco años con el billete congelado en 0,50 bolívares (0,11 dólares), un precio que apenas cubre un 10% de los costes, según cifras oficiales, se decidió doblar en junio el importe de los pasajes a un bolívar (0,22 dólares) para destinarlo al mantenimiento del sistema.
"Ahí se anunció un aumento a la tarifa del Metro de Caracas. Era justo, teníamos no sé cuántos años sin incrementar la tarifa. El Metro es subsidiado. Si el pasaje se liberara, como harían los capitalistas, no se pudiera (sic) viajar", señaló Chávez el 31 de mayo, tras aprobar 325 millones de dólares para el sistema.
En 2010, Venezuela gastó cerca de 355 millones de dólares en programas de mantenimiento del subterráneo capitalino, acumulando 3.000 millones de dólares desde 1999, cuando Chávez asumió el poder.
Sin embargo, esta gran inversión no se ha trasladado en mejoras sustanciales del sistema según los propios usuarios.
"El servicio está medio medio, no está muy bueno para lo que tiene Venezuela. Es un servicio no acorde con lo que deberíamos tener siendo los dueños del petróleo", dijo a Efe un funcionario de 59 años de un municipio de Caracas que pidió no ser identificado.
Mayerlin Mendoza, una fisioterapeuta de 35 años que viaja diariamente desde Los Teques, Miranda (centro), hasta el este de Caracas para trabajar, se lamenta que el servicio ya no sea "como antes" y asegura estar "muy preocupada" por la inseguridad.
Durante 2010 se registraron unos 80 delitos mensuales, según cálculos del Ejecutivo, que, consciente del foco de delincuencia en que se había convertido el Metro, decidió implantar en septiembre un plan de seguridad con más de 500 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Seis meses después de la aplicación del programa, la PNB había detenido a 702 personas por robo y había desmantelado a 35 bandas delictivas, y los delitos pasaron de 73 en febrero de 2010 a 21 en febrero de este año.
Sin embargo, para el diputado opositor Stalin González "hay un problema de gerencia por parte del Gobierno y de cómo administrar un servicio de transportes de esa magnitud".
Frente a las críticas, el actual presidente del metro, Haiman El Troudi, argumentó que parte del colapso y deterioro del subterráneo se debe a que fue diseñado para transportar a 700.000 personas y su demanda actual es del doble.
"Si no construyen la línea paralela a la uno, evidentemente, siempre va a estar colapsada", apuntó González, en momentos en que se realizan esos trabajos de ampliación.
El Nacional
08-08-2011
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Antes referencia de modernidad y hoy deteriorado por la falta de mantenimiento, el Metro de Caracas cumple años entre las críticas de sus usuarios y los intentos del Gobierno venezolano de impulsarlo sin renunciar a las tarifas socialistas que lo hacen el más económico de la región.
Hace hoy 34 años fue fundada la Compañía Anónima Metro de Caracas, encargada de construir el subterráneo de la capital venezolana, que abrió sus puertas al público en 1983 como un ejemplo de avance tecnológico, confort, civismo e, incluso, estética que pronto se convirtió en un servicio público pionero en la región.
Pero el aniversario le llega al metro en horas bajas, con fallas eléctricas crónicas que paralizan el sistema durante horas, vagones y escaleras mecánicas en mal estado, aires acondicionados que no funcionan pese a las altas temperaturas, y un plan para tratar de resolver el problema de delincuencia en sus instalaciones.
"Hace diez años comenzó un proceso de deterioro por una incomprensión de este gobierno de los fenómenos urbanos, porque bajó el nivel de mantenimiento y por unos niveles de congestión para los que no hubo suficientes previsiones", indicó a Efe Omar Hernández, sociólogo experto en planificación urbana.
Para este profesor jubilado de la Universidad Simón Bolívar, el metro nunca fue una cuestión prioritaria para el presidente, Hugo Chávez, que retiró personal "experimentado" por conflictos laborales y lo reemplazó por personas "poco capacitadas".
Además, en doce años de gestión nombró a diez presidentes al frente de la compañía, dependiente del Ministerio de Transporte.
Tras cinco años con el billete congelado en 0,50 bolívares (0,11 dólares), un precio que apenas cubre un 10% de los costes, según cifras oficiales, se decidió doblar en junio el importe de los pasajes a un bolívar (0,22 dólares) para destinarlo al mantenimiento del sistema.
"Ahí se anunció un aumento a la tarifa del Metro de Caracas. Era justo, teníamos no sé cuántos años sin incrementar la tarifa. El Metro es subsidiado. Si el pasaje se liberara, como harían los capitalistas, no se pudiera (sic) viajar", señaló Chávez el 31 de mayo, tras aprobar 325 millones de dólares para el sistema.
En 2010, Venezuela gastó cerca de 355 millones de dólares en programas de mantenimiento del subterráneo capitalino, acumulando 3.000 millones de dólares desde 1999, cuando Chávez asumió el poder.
Sin embargo, esta gran inversión no se ha trasladado en mejoras sustanciales del sistema según los propios usuarios.
"El servicio está medio medio, no está muy bueno para lo que tiene Venezuela. Es un servicio no acorde con lo que deberíamos tener siendo los dueños del petróleo", dijo a Efe un funcionario de 59 años de un municipio de Caracas que pidió no ser identificado.
Mayerlin Mendoza, una fisioterapeuta de 35 años que viaja diariamente desde Los Teques, Miranda (centro), hasta el este de Caracas para trabajar, se lamenta que el servicio ya no sea "como antes" y asegura estar "muy preocupada" por la inseguridad.
Durante 2010 se registraron unos 80 delitos mensuales, según cálculos del Ejecutivo, que, consciente del foco de delincuencia en que se había convertido el Metro, decidió implantar en septiembre un plan de seguridad con más de 500 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Seis meses después de la aplicación del programa, la PNB había detenido a 702 personas por robo y había desmantelado a 35 bandas delictivas, y los delitos pasaron de 73 en febrero de 2010 a 21 en febrero de este año.
Sin embargo, para el diputado opositor Stalin González "hay un problema de gerencia por parte del Gobierno y de cómo administrar un servicio de transportes de esa magnitud".
Frente a las críticas, el actual presidente del metro, Haiman El Troudi, argumentó que parte del colapso y deterioro del subterráneo se debe a que fue diseñado para transportar a 700.000 personas y su demanda actual es del doble.
"Si no construyen la línea paralela a la uno, evidentemente, siempre va a estar colapsada", apuntó González, en momentos en que se realizan esos trabajos de ampliación.
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En Montalbán mantendrán lucha por espacios verdes
Los vecinos se negaron a seguir perdiendo espacios MANAURE QUINTERO
"Nosotros queremos nuestro proyecto comunal porque no tenemos áreas verdes" indicó Irma de Tovar, presidente de Asocire, asociación de vecinos del sector F de Montalbán 1 que, desde el 20 de enero de 2011, se mantiene en defensa de un terreno en el cual el Gobierno pretende construir viviendas.
El sábado, la asociación realizó una asamblea de ciudadanos donde presentaron el proyecto que la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe) le entregó a representantes de la comunidad. El plan pretende construir 68 townhouse en un área verde que estaba destinada para la realización de un parque comunal que incluía canchas y espacios recreacionales para los habitantes del sector y zonas aledañas.
"Ellos tienen que entender la problemática. El plan tiene muchas fallas; contempla un espacio más grande que el existente, pretende duplicar la población del sector y además se quiere mantener las mismas conexiones de nuestro servicios básicos, lo cual implica un colapso total", agregó Miguel García, vocero de seguridad y defensa del consejo comunal.
"Nosotros no hemos sido consultados, ahora es que nos están consultando pero ya con un proyecto en la mano", aseveró Tovar.
En la asamblea los vecinos votaron y decidieron no aceptar el plan presentado por el Estado y aseguraron que seguirán defendiendo su proyecto. "Nuestras armas son la palabra y la razón y así seguiremos", agregó Tovar, quien informó que en Montalbán ya han tomado muchos espacios, incluida la plaza mayor, donde iniciaron construcciones sin preguntar a nadie.
El Universal
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El sábado, la asociación realizó una asamblea de ciudadanos donde presentaron el proyecto que la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe) le entregó a representantes de la comunidad. El plan pretende construir 68 townhouse en un área verde que estaba destinada para la realización de un parque comunal que incluía canchas y espacios recreacionales para los habitantes del sector y zonas aledañas.
"Ellos tienen que entender la problemática. El plan tiene muchas fallas; contempla un espacio más grande que el existente, pretende duplicar la población del sector y además se quiere mantener las mismas conexiones de nuestro servicios básicos, lo cual implica un colapso total", agregó Miguel García, vocero de seguridad y defensa del consejo comunal.
"Nosotros no hemos sido consultados, ahora es que nos están consultando pero ya con un proyecto en la mano", aseveró Tovar.
En la asamblea los vecinos votaron y decidieron no aceptar el plan presentado por el Estado y aseguraron que seguirán defendiendo su proyecto. "Nuestras armas son la palabra y la razón y así seguiremos", agregó Tovar, quien informó que en Montalbán ya han tomado muchos espacios, incluida la plaza mayor, donde iniciaron construcciones sin preguntar a nadie.
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"La ignorancia de esta gente es digna de un premio Nobel"
Graziano Gasparini está trabajando ahora en la publicación de su libro 55, que tiene por título "Respetar el monumento" OSWER DÍAZ
Premio Nacional de Arquitectura, doctor Honoris Causa de la UCV, 54 libros publicados, ha intervenido más de 150 iglesias en el país, fundó el Instituto de Patrimonio Cultural en 1974 y trabajó en la restauración de la Ciudad Vieja de Guatemala, de Quito, de La Habana, de Lima, de El Cuzco y de Tiahuanaco.
Cualquier espacio se queda corto a la hora de presentar a Graziano Gasparini. Nadie ha hecho tanto por la preservación de la arquitectura colonial venezolana como este italiano que llegó al país en 1948, nadie tiene más autoridad que él a la hora de hablar de conservación del patrimonio. Antes de él ni siquiera existía la restauración de obras arquitectónicas en el país más allá de una intervención que se le hizo a la Casa de Bolívar en 1919.
Cuando en los cincuenta se demolieron dos de las casas coloniales más importantes de Caracas, el colegio Chaves y la casa Llaguno, Gasparini sugirió que sus fachadas se reprodujeran a ambos lados de la casa natal de Bolívar, y así nacieron el Museo Bolivariano y la Sociedad Bolivariana.
-¿Ha visitado la cuadra de Bolívar últimamente?
-No, me da grima solo pensar que tendría que ver ese esperpento, ese misil que pusieron en la plaza San Jacinto.
-¿Ya no trabaja en obras de restauración?
-Hace doce años que no trabajo en eso. Este gobierno no me llamará, ellos se creen infalibles y yo soy de la cuarta república. Tanto mejor, esta gente es de una ignorancia nobélica. Digo, digna de un Nobel.
-Pero en los últimos tres años se han emprendido varias jornadas de restauración en el centro histórico...
-Eso no es restauración. ¿Tú crees que restaurar es pintar una fachada? Lo que hacen es trabajar en base a fantasías, con una incompetencia total.
-¿Por qué lo dice?
-¿Has visto los colores que utilizan? Es algo que no tiene sentido, yo siempre me pregunto, y aún no encuentro respuesta, cómo es el proceso mental que lleva a una persona a utilizar esos colores que le pusieron al Correo de Carmelitas o a la Santa Capilla. Uno parece una tienda de Disney y el otro una fábrica de tomates, es espantoso, da dolor. Hasta los pilastros de la entrada lateral de Miraflores los pintaron de rojo. Una fachada que arquitectónicamente es del siglo XIX y la pintan de rojo... ni encuentro palabras para calificar eso.
-¿Y ha hablado con los arquitectos que lo hicieron?
-Nadie los conoce, y lo hicieron sin consultar a nadie. De los treinta años que estuve en la UCV pasé 18 dirigiendo el Consejo de Desarrollo Humanista y en la década del 70 logré enviar a quince profesionales a estudiar por períodos de dos años a un curso de formación de Arquitectos Restauradores en Roma. ¿Tú crees que a alguno de ellos lo llamaron? ¡A ninguno!
-Pero usted conoce a Farruco Sesto de la Facultad de Arquitectura de la UCV...
-Bueno, sí, y también cuando él trabajaba con Andrés Velásquez en la gobernación de Bolívar y yo restauraba la Casa del Congreso de Angostura. No he hablado con él, la verdad, pero lo que sé es que cuando uno actúa guiado por prejuicios ideológicos, como está haciendo él, siempre se mete la pata. Al final no haces lo que quieres sino lo que tú crees que quiere tu amo. Pintan todo de rojo para que les den palmaditas en la espalda. Pero con respecto al centro histórico hay algo peor que los colores...
-¿Qué cosa?
-El criterio militarista. Le quieren poner un uniforme a la ciudad. Cómo es posible que a un centro urbano vivo le obliguen a utilizar la misma santamaría gris. Y además obligan a quitar los avisos. Señores, entérense: los avisos son los elementos que más vida le dan a una zona urbana e identifican la actividad comercial.
-¿Pero no está el centro histórico mejor que hace tres o cuatro años?
-Está mejor en aceras, zonas peatonales y mantenimiento del conjunto urbano en general, pero podría estar mucho mejor si hubiesen respetado las normas de restauración. Cómo es posible que utilicen todo ese dinero para producir una mamarrachada como lo que hicieron con el Correo de Carmelitas.
-¿Por qué en Caracas se conserva tan poco de la arquitectura colonial?
-Por ese afán de tumbar y tumbar que caracteriza a esta ciudad desde la muerte de Gómez. A Caracas la destrozaron porque las casas coloniales estaban en los terrenos más costosos, como todo lo que es hoy la parroquia Altagracia. La especulación acabó con el centro histórico, pero también pasó en Lima y en México. Solo se conservan las iglesias porque no tenían un uso comercial. Ah, y muy importante: se conserva el trazado histórico, ese cuadrilátero de cinco manzanas por cinco con la plaza en el medio.
-Ahora se habla de peatonalizarlas...
-Estaría bien, pero hay que tomar algunas cosas en cuenta, como las emergencias médicas, la recolección de basura.. parece elemental, pero aquí son capaces de cerrar el acceso con barreras de cemento.
-¿Qué le parece el nuevo mausoleo de Bolívar?
-Apenas vi un dibujito en El Universal, y a primera vista me pareció una rampa para patineteros. Pero el problema es que el proyecto no se ha hecho público. Qué bueno hubiera sido convocar un concurso entre los países bolivarianos, porque hay que ver los arquitectos que tienen Colombia o Perú, o los profesionales que tenemos entre nosotros. Pero no, todo lo manejan en secreto. ¿Sabes que es mucho peor que un ignorante? Un ignorante con poder.
El Universal
08-08-2011
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Lic. Henry Medina
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Premio Nacional de Arquitectura, doctor Honoris Causa de la UCV, 54 libros publicados, ha intervenido más de 150 iglesias en el país, fundó el Instituto de Patrimonio Cultural en 1974 y trabajó en la restauración de la Ciudad Vieja de Guatemala, de Quito, de La Habana, de Lima, de El Cuzco y de Tiahuanaco.
Cualquier espacio se queda corto a la hora de presentar a Graziano Gasparini. Nadie ha hecho tanto por la preservación de la arquitectura colonial venezolana como este italiano que llegó al país en 1948, nadie tiene más autoridad que él a la hora de hablar de conservación del patrimonio. Antes de él ni siquiera existía la restauración de obras arquitectónicas en el país más allá de una intervención que se le hizo a la Casa de Bolívar en 1919.
Cuando en los cincuenta se demolieron dos de las casas coloniales más importantes de Caracas, el colegio Chaves y la casa Llaguno, Gasparini sugirió que sus fachadas se reprodujeran a ambos lados de la casa natal de Bolívar, y así nacieron el Museo Bolivariano y la Sociedad Bolivariana.
-¿Ha visitado la cuadra de Bolívar últimamente?
-No, me da grima solo pensar que tendría que ver ese esperpento, ese misil que pusieron en la plaza San Jacinto.
-¿Ya no trabaja en obras de restauración?
-Hace doce años que no trabajo en eso. Este gobierno no me llamará, ellos se creen infalibles y yo soy de la cuarta república. Tanto mejor, esta gente es de una ignorancia nobélica. Digo, digna de un Nobel.
-Pero en los últimos tres años se han emprendido varias jornadas de restauración en el centro histórico...
-Eso no es restauración. ¿Tú crees que restaurar es pintar una fachada? Lo que hacen es trabajar en base a fantasías, con una incompetencia total.
-¿Por qué lo dice?
-¿Has visto los colores que utilizan? Es algo que no tiene sentido, yo siempre me pregunto, y aún no encuentro respuesta, cómo es el proceso mental que lleva a una persona a utilizar esos colores que le pusieron al Correo de Carmelitas o a la Santa Capilla. Uno parece una tienda de Disney y el otro una fábrica de tomates, es espantoso, da dolor. Hasta los pilastros de la entrada lateral de Miraflores los pintaron de rojo. Una fachada que arquitectónicamente es del siglo XIX y la pintan de rojo... ni encuentro palabras para calificar eso.
-¿Y ha hablado con los arquitectos que lo hicieron?
-Nadie los conoce, y lo hicieron sin consultar a nadie. De los treinta años que estuve en la UCV pasé 18 dirigiendo el Consejo de Desarrollo Humanista y en la década del 70 logré enviar a quince profesionales a estudiar por períodos de dos años a un curso de formación de Arquitectos Restauradores en Roma. ¿Tú crees que a alguno de ellos lo llamaron? ¡A ninguno!
-Pero usted conoce a Farruco Sesto de la Facultad de Arquitectura de la UCV...
-Bueno, sí, y también cuando él trabajaba con Andrés Velásquez en la gobernación de Bolívar y yo restauraba la Casa del Congreso de Angostura. No he hablado con él, la verdad, pero lo que sé es que cuando uno actúa guiado por prejuicios ideológicos, como está haciendo él, siempre se mete la pata. Al final no haces lo que quieres sino lo que tú crees que quiere tu amo. Pintan todo de rojo para que les den palmaditas en la espalda. Pero con respecto al centro histórico hay algo peor que los colores...
-¿Qué cosa?
-El criterio militarista. Le quieren poner un uniforme a la ciudad. Cómo es posible que a un centro urbano vivo le obliguen a utilizar la misma santamaría gris. Y además obligan a quitar los avisos. Señores, entérense: los avisos son los elementos que más vida le dan a una zona urbana e identifican la actividad comercial.
-¿Pero no está el centro histórico mejor que hace tres o cuatro años?
-Está mejor en aceras, zonas peatonales y mantenimiento del conjunto urbano en general, pero podría estar mucho mejor si hubiesen respetado las normas de restauración. Cómo es posible que utilicen todo ese dinero para producir una mamarrachada como lo que hicieron con el Correo de Carmelitas.
-¿Por qué en Caracas se conserva tan poco de la arquitectura colonial?
-Por ese afán de tumbar y tumbar que caracteriza a esta ciudad desde la muerte de Gómez. A Caracas la destrozaron porque las casas coloniales estaban en los terrenos más costosos, como todo lo que es hoy la parroquia Altagracia. La especulación acabó con el centro histórico, pero también pasó en Lima y en México. Solo se conservan las iglesias porque no tenían un uso comercial. Ah, y muy importante: se conserva el trazado histórico, ese cuadrilátero de cinco manzanas por cinco con la plaza en el medio.
-Ahora se habla de peatonalizarlas...
-Estaría bien, pero hay que tomar algunas cosas en cuenta, como las emergencias médicas, la recolección de basura.. parece elemental, pero aquí son capaces de cerrar el acceso con barreras de cemento.
-¿Qué le parece el nuevo mausoleo de Bolívar?
-Apenas vi un dibujito en El Universal, y a primera vista me pareció una rampa para patineteros. Pero el problema es que el proyecto no se ha hecho público. Qué bueno hubiera sido convocar un concurso entre los países bolivarianos, porque hay que ver los arquitectos que tienen Colombia o Perú, o los profesionales que tenemos entre nosotros. Pero no, todo lo manejan en secreto. ¿Sabes que es mucho peor que un ignorante? Un ignorante con poder.
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Lapso de 30 días tendría el inquilino para decidir si quiere comprar o no
Luego de que el arrendatario emita la notificación de venta del inmueble al inquilino, éste deberá responder en un máximo de 30 días, según el anteproyecto de Ley de Regulación y Control de Arrendamiento. Si pasado el mes, el inquilino no responde, el propietario puede ofrecer el inmueble a terceros, explica el anteproyecto. Pero, si transcurridos 45 días calendarios (contados a partir del día de la oferta), el propietario no logra vender el inmueble, la oferta quedará sin efecto. "Debiendo en consecuencia cursarse una nueva oferta al arrendatario para cualquiera otra negociación que se pretendiere celebrar", añade el anteproyecto de la Asamblea Nacional.
La norma será discutida esta semana en la comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, AN, con varias asociaciones de inquilinos y propietarios de inmuebles. Se espera que los artículos que se refieren a las preferencias de la oferta de las viviendas sean modificados según la situación en la que se encuentre el contrato de alquiler, explicó el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta Martínez.
Otro de los artículos del anteproyecto clasifica el precio al que debería venderse el apartamento o vivienda, dependiendo del tiempo que tenga de residencia el inquilino. Cuando exista una relación arrendataria de 10 y 20 años, el inmueble deberá ser vendido al inquilino con un descuento de 10%. Si el tiempo es de 21 y 30 años el descuento deberá ser de 15% equivalente al avalúo de la unidad habitacional. Aquellos inquilinos que tengan más de 30 ó 40 años viviendo en el inmueble, podrán optar a un descuento de entre 20% y 25%, según el anteproyecto de Ley de Arrendamiento. La preferencia de la oferta al momento de vender el inmueble continúa siendo del arrendatario, dice el anteproyecto; pero éste deberá estar solvente en el pago de los cánones del arrendamiento al momento de la oferta.
Sin embargo, el proyecto de la AN no explica si el propietario puede ofrecer a un tercero el inmueble, en caso de que su inquilino no esté solvente en el pago del alquiler.
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La norma será discutida esta semana en la comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, AN, con varias asociaciones de inquilinos y propietarios de inmuebles. Se espera que los artículos que se refieren a las preferencias de la oferta de las viviendas sean modificados según la situación en la que se encuentre el contrato de alquiler, explicó el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta Martínez.
Otro de los artículos del anteproyecto clasifica el precio al que debería venderse el apartamento o vivienda, dependiendo del tiempo que tenga de residencia el inquilino. Cuando exista una relación arrendataria de 10 y 20 años, el inmueble deberá ser vendido al inquilino con un descuento de 10%. Si el tiempo es de 21 y 30 años el descuento deberá ser de 15% equivalente al avalúo de la unidad habitacional. Aquellos inquilinos que tengan más de 30 ó 40 años viviendo en el inmueble, podrán optar a un descuento de entre 20% y 25%, según el anteproyecto de Ley de Arrendamiento. La preferencia de la oferta al momento de vender el inmueble continúa siendo del arrendatario, dice el anteproyecto; pero éste deberá estar solvente en el pago de los cánones del arrendamiento al momento de la oferta.
Sin embargo, el proyecto de la AN no explica si el propietario puede ofrecer a un tercero el inmueble, en caso de que su inquilino no esté solvente en el pago del alquiler.
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Tanto dueños como inquilinos tienen que seguir de cerca la evolución de la ley
reportero24.com
¿Cambian la ley de alquileres?
En marzo de este año llegó a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Es la primera propuesta legal que lleva el llamado Poder Popular al Parlamento para su aprobación.
Este texto cambiará los términos de la llamada Ley de Inquilinato y, en consecuencia, la forma como se manejan actualmente los alquileres de viviendas en Venezuela.
La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional que preside Diosdado Cabello es la que viene revisando el articulado propuesto, junto a varios comités de inquilinos y representantes de los gremios inmobiliarios.
Aun la revisión del proyecto no ha terminado, pero una vez que la comisión parlamentaria termine su labor el texto pasará a plenaria para su aprobación.
Tanto los dueños de viviendas dedicadas al alquiler (incluyendo habitaciones, etc) y los inquilinos deben seguir de cerca la evolución de esta ley, porque tendrá un fuerte impacto en el mercado arrendaticio venezolano.
Cito a continuación algunos artículos del proyecto de ley:
El artículo 46 indica que los contratos de arrendamiento tendrán una duración mínima de 3 años, los cuales podrán ser renovados por preferencia del inquilino. Pudiendo el arrendatario manifestar antes de la culminación del lapso su voluntad de no continuar con el contrato sin perjuicio de tener que pagar indemnizaciones.
Esa disposición está acorde con el artículo 70 que indica que los cánones de arrendamiento serán fijados cada tres años. La revisión podrá efectuarse antes de ese lapso si el propietario del inmueble ha ejecutado mejoras, cuyo costo excedan del 20% del valor del inmueble.
El artículo 4 en su párrafo único expresa que la desocupación de las viviendas es contraria al interés social e implica una contribución tributaria especial para los propietarios y determinada por el organismo encargado de velar su cumplimiento como medida para promover el arrendamiento de viviendas desocupadas. Se promoverá igualmente la liberación de cargas tributarias sobre la propiedad de inmuebles arrendados como parte de las políticas de estímulo.
La disposición 32 acota que es deber de los arrendadores entregar los inmuebles en buen estado de los servicios, seguridad y sanidad y poner a su disposición los servicios, cosas y usos conexos y los adicionales en la fecha convenida en el contrato.
La regulación a los servicios se amplía en el artículo 33, allí se expresa que es un deber de los arrendadores preservar en buen estado el inmueble y los servicios básicos, áreas comunes y adicionales, de acuerdo a lo previsto en el contrato firmado.
Luego el artículo 34 apunta que los pagos de los servicios en habitaciones de casas de vecindad, pensiones, habitaciones de particulares o de cualquier otra porción de un inmueble será responsabilidad del arrendador (propietario de la vivienda).
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¿Cambian la ley de alquileres?
En marzo de este año llegó a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda. Es la primera propuesta legal que lleva el llamado Poder Popular al Parlamento para su aprobación.
Este texto cambiará los términos de la llamada Ley de Inquilinato y, en consecuencia, la forma como se manejan actualmente los alquileres de viviendas en Venezuela.
La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional que preside Diosdado Cabello es la que viene revisando el articulado propuesto, junto a varios comités de inquilinos y representantes de los gremios inmobiliarios.
Aun la revisión del proyecto no ha terminado, pero una vez que la comisión parlamentaria termine su labor el texto pasará a plenaria para su aprobación.
Tanto los dueños de viviendas dedicadas al alquiler (incluyendo habitaciones, etc) y los inquilinos deben seguir de cerca la evolución de esta ley, porque tendrá un fuerte impacto en el mercado arrendaticio venezolano.
Cito a continuación algunos artículos del proyecto de ley:
El artículo 46 indica que los contratos de arrendamiento tendrán una duración mínima de 3 años, los cuales podrán ser renovados por preferencia del inquilino. Pudiendo el arrendatario manifestar antes de la culminación del lapso su voluntad de no continuar con el contrato sin perjuicio de tener que pagar indemnizaciones.
Esa disposición está acorde con el artículo 70 que indica que los cánones de arrendamiento serán fijados cada tres años. La revisión podrá efectuarse antes de ese lapso si el propietario del inmueble ha ejecutado mejoras, cuyo costo excedan del 20% del valor del inmueble.
El artículo 4 en su párrafo único expresa que la desocupación de las viviendas es contraria al interés social e implica una contribución tributaria especial para los propietarios y determinada por el organismo encargado de velar su cumplimiento como medida para promover el arrendamiento de viviendas desocupadas. Se promoverá igualmente la liberación de cargas tributarias sobre la propiedad de inmuebles arrendados como parte de las políticas de estímulo.
La disposición 32 acota que es deber de los arrendadores entregar los inmuebles en buen estado de los servicios, seguridad y sanidad y poner a su disposición los servicios, cosas y usos conexos y los adicionales en la fecha convenida en el contrato.
La regulación a los servicios se amplía en el artículo 33, allí se expresa que es un deber de los arrendadores preservar en buen estado el inmueble y los servicios básicos, áreas comunes y adicionales, de acuerdo a lo previsto en el contrato firmado.
Luego el artículo 34 apunta que los pagos de los servicios en habitaciones de casas de vecindad, pensiones, habitaciones de particulares o de cualquier otra porción de un inmueble será responsabilidad del arrendador (propietario de la vivienda).
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Constructoras tienen que edificar casas para alquiler
La ley para la Regularización y Control de Arrendamientos en Viviendas, que debaten grupos organizados de inquilinos con los diputados de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, AN, contempla la obligación que tendrán las empresas constructoras privadas de ofertar un porcentaje (aún no determinado), de viviendas para el alquiler.
La disposición que será discutida en las sesiones de avance que se retomarán a partir de hoy en la AN, precisa que las constructoras no podrán iniciar las obras habitacionales, si no tienen un permiso expedido por la Superintendencia de Inquilinato, donde se certifique que las compañías de construcción se comprometen a destinar unidades para el arrendamiento. De esta manera, se adiciona un permiso más con el que deben contar las constructoras que edifican conjuntos residenciales, además de otros permisos expedidos por el Ministerio del Ambiente, Indepabis y Ministerio para la Vivienda y Hábitat.
La medida es clara.
Sin el nuevo aval, las empresas no podrán iniciar las obras. No obstante, en el texto se señala que como incentivo para que el sector privado participe en desarrollos habitacionales, se exonerarán del pago de impuestos sobre la renta. Durante la discusión del articulado que integra el Capítulo V del proyecto de ley, referido a la obligatoriedad de arrendamiento que tendrá el sector privado, también se debatirá la competencia de la Superintendencia de Inquilinato en la asignación de los inmuebles nuevos que se destinen a alquiler.
Se señala que tendrán prioridad en la asignación de estos inmuebles las familias que tengan sentencia firme de desalojo. El texto describe que para determinar el canon de arrendamiento de estas viviendas que en principio se ofrecerán en alquiler y pasados 10 años se deberán ofrecer en opción de venta al ocupante, se tomará en cuenta los costos de construcción; para ello, las empresas constructoras deberán entregar toda la información de costo neto de la obra, a fin de que el órgano regulador -en este caso la Superintendencia de Inquilinato- fije el canon mensual de alquiler.
Avances En las reuniones que se retoman hoy lunes, se espera avancen "lo máximo posible", como lo adelantó el presidente de la Comisión de Administración y Servicios, Diosdado Cabello, pues la meta es aprobar el nuevo instrumento legal, antes de que finalice el primer período parlamentario, el 15 de agosto.
Sin embargo, voceros de las organizaciones de inquilinos, dudan que se termine de ensamblar el articulado antes del 15 de agosto. "Yo tengo mis reservas, dudo de esta fecha, pero bueno, seguimos trabajando porque necesitamos esa ley lo más pronto posible", dijo Marlene Sierralta de la Asociación de Inquilinos Bolivarianos. En todo caso, la promesa de los diputados es aprobar la nueva ley de alquileres este año. Entre los artículos aprobados está la eliminación del cobro de depósitos y comisiones al arrendador por parte del dueño.
También se determinó que cuando se trate de alquiler de habitaciones en pensiones, casas o apartamentos el pago de servicios (luz, agua), corre por cuenta del arrendador. Quedó establecido que los contratos de alquiler se harán por tres años mínimo y el canon se ajustará también a los tres años. Quedan prohibidos los contratos verbales y no tendrán legitimidad ni serán reconocidos por la ley aquellos que se hagan sin la autorización de la Superintendencia de Inquilinato. No se aceptarán contratos de arrendamientos que se formulen con base en monedas extranjeras.
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La medida es clara.
Sin el nuevo aval, las empresas no podrán iniciar las obras. No obstante, en el texto se señala que como incentivo para que el sector privado participe en desarrollos habitacionales, se exonerarán del pago de impuestos sobre la renta. Durante la discusión del articulado que integra el Capítulo V del proyecto de ley, referido a la obligatoriedad de arrendamiento que tendrá el sector privado, también se debatirá la competencia de la Superintendencia de Inquilinato en la asignación de los inmuebles nuevos que se destinen a alquiler.
Se señala que tendrán prioridad en la asignación de estos inmuebles las familias que tengan sentencia firme de desalojo. El texto describe que para determinar el canon de arrendamiento de estas viviendas que en principio se ofrecerán en alquiler y pasados 10 años se deberán ofrecer en opción de venta al ocupante, se tomará en cuenta los costos de construcción; para ello, las empresas constructoras deberán entregar toda la información de costo neto de la obra, a fin de que el órgano regulador -en este caso la Superintendencia de Inquilinato- fije el canon mensual de alquiler.
Avances En las reuniones que se retoman hoy lunes, se espera avancen "lo máximo posible", como lo adelantó el presidente de la Comisión de Administración y Servicios, Diosdado Cabello, pues la meta es aprobar el nuevo instrumento legal, antes de que finalice el primer período parlamentario, el 15 de agosto.
Sin embargo, voceros de las organizaciones de inquilinos, dudan que se termine de ensamblar el articulado antes del 15 de agosto. "Yo tengo mis reservas, dudo de esta fecha, pero bueno, seguimos trabajando porque necesitamos esa ley lo más pronto posible", dijo Marlene Sierralta de la Asociación de Inquilinos Bolivarianos. En todo caso, la promesa de los diputados es aprobar la nueva ley de alquileres este año. Entre los artículos aprobados está la eliminación del cobro de depósitos y comisiones al arrendador por parte del dueño.
También se determinó que cuando se trate de alquiler de habitaciones en pensiones, casas o apartamentos el pago de servicios (luz, agua), corre por cuenta del arrendador. Quedó establecido que los contratos de alquiler se harán por tres años mínimo y el canon se ajustará también a los tres años. Quedan prohibidos los contratos verbales y no tendrán legitimidad ni serán reconocidos por la ley aquellos que se hagan sin la autorización de la Superintendencia de Inquilinato. No se aceptarán contratos de arrendamientos que se formulen con base en monedas extranjeras.
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Suben precios de las pinturas y los insumos de plomería
Los productos de acero subieron 11,4% en 12 meses VICENTE CORREALE
El índice precios de la construcción del Banco Central de Venezuela (BCV) refleja que los productos de acero y asfálticos, los materiales de plomería y las pinturas siguen siendo los más costosos.
La información del instituto emisor señala que en julio los precios de los materiales de la construcción a nivel de productor tuvieron una variación de 0,4%. En 12 meses el incremento fue 12,4%, pero si se compara con el período de julio 2010 y julio 2009, cuando el aumento fue 20,7%, se observa una desaceleración.
Pese al comportamiento general, en productos puntuales los precios están en ascenso. Los materiales de plomería en 12 meses aumentaron 39,7%, y en ese resultado tuvo incidencia el repunte registrado por los costos de los productos de acero, que en el mismo período subieron 11,4%.
Aunque las autoridades aseguran que la producción de las empresas siderúrgicas se está recuperando, la oferta sigue siendo insuficiente para atender las obras públicas y privadas. Representantes del sector construcción reiteran que el suministro de cabillas y otros productos es irregular.
Los datos del BCV señalan que los precios de las pinturas entre julio 2011 y julio 2010 tuvieron una variación de 28,9%. Voceros de la actividad de la construcción destacan que en esos costos tienen incidencia las importaciones.
Los productos asfálticos en 12 meses se incrementaron 30%, solamente en julio el aumento fue 9,7%.
El BCV muestra más alzas. Los precios de los productos para recubrimientos de pisos, paredes y techos registraron una variación de 14,6%. Los productos de concreto en 12 meses subieron 13,8%, por las fallas con los agregados.
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08-08-2011
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La información del instituto emisor señala que en julio los precios de los materiales de la construcción a nivel de productor tuvieron una variación de 0,4%. En 12 meses el incremento fue 12,4%, pero si se compara con el período de julio 2010 y julio 2009, cuando el aumento fue 20,7%, se observa una desaceleración.
Pese al comportamiento general, en productos puntuales los precios están en ascenso. Los materiales de plomería en 12 meses aumentaron 39,7%, y en ese resultado tuvo incidencia el repunte registrado por los costos de los productos de acero, que en el mismo período subieron 11,4%.
Aunque las autoridades aseguran que la producción de las empresas siderúrgicas se está recuperando, la oferta sigue siendo insuficiente para atender las obras públicas y privadas. Representantes del sector construcción reiteran que el suministro de cabillas y otros productos es irregular.
Los datos del BCV señalan que los precios de las pinturas entre julio 2011 y julio 2010 tuvieron una variación de 28,9%. Voceros de la actividad de la construcción destacan que en esos costos tienen incidencia las importaciones.
Los productos asfálticos en 12 meses se incrementaron 30%, solamente en julio el aumento fue 9,7%.
El BCV muestra más alzas. Los precios de los productos para recubrimientos de pisos, paredes y techos registraron una variación de 14,6%. Los productos de concreto en 12 meses subieron 13,8%, por las fallas con los agregados.
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Apiur: alquiler de inmuebles no dejaría margen de ganancia
Orta dice que renta pasará de 9% a 3%
El debate de la Ley de Arrendamientos dará paso a fijar límites a la rentabilidad por alquilar. El presidente de la Asociación de Propietarios, Roberto Orta, alertó a dueños
Caracas.- La discusión de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas que adelanta la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) abordará la próxima semana la metodología para establecer el canon de alquiler.
Frente a este debate, la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) advirtió que para los dueños de viviendas cedidas en alquiler la Ley “será la ruina”. Indicó que en la AN impondrán la estandarización del margen de ganancia en 3% anual para todas las viviendas en arriendo, con lo cual el porcentaje será insuficiente para cubrir los gastos de mantenimiento y supondrá la eliminación de la utilidad por alquilar.
El presidente de esta organización, Roberto Orta, explicó que si bien el anteproyecto de Ley estipula una banda de rentabilidad que va de 1% a 4%, según el valor del inmueble calculado por una fórmula que excluye la ubicación, el Movimiento de Pobladores propondrá que se rebaje a 3%. La norma vigente establece un margen entre 6% y 9%.
Los criterios que están siendo usados para regular el mercado de alquileres, a juicio de Orta, se “ensañan con el propietario, el cual tiene que pagar los gastos de mantenimiento, carga impositiva (derecho a frente, registro) y asumir la depreciación del inmueble, pero no tendrá una ganancia”.
Imponer una renta única, sostuvo que “no tiene sentido”, ya que se obvian criterios como el tamaño y valor de la vivienda, así como si la unidad está bajo la figura de propiedad horizontal (edificios) o es una casa. Esto sin contar, agregó, los accesorios (número de puestos de estacionamiento) y otros servicios del inmueble.
Sin compensación
El presidente de Apiur advirtió que tanto la ausencia de rentabilidad, como la improbabilidad de recuperación de la propiedad por parte del dueño (Ley elimina la prórroga legal para el desalojo), hacen inviable el mercado de alquileres.
Recordó que el congelamiento de casi ocho años de los arriendos de inmuebles construidos hasta 1987 había impulsado la caída de la oferta. El mercado, precisó, pasó de 60% de unidades para la venta y 40% para alquiler en 2005 a un precario 6% en arriendo en 2010. Actualmente, dijo que se contabiliza un 3% de viviendas en arrendamiento en Caracas.
Las quejas y críticas de los propietarios son desestimadas por la Asamblea Nacional. El presidente de la comisión de Administración y Servicio que discute la Ley, Diosdado Cabello (Psuv), destacó que la norma acabará con la injusticia que durante años acompañó el alquiler.
Sostuvo que la vivienda “no puede ser vista como una mercancía”, por lo que se fijarán alquileres razonables y se evitarán los desalojos ilegales para garantizar la estabilidad del inquilino.
Pagos extra
Una de las formas de proteger al inquilino, según el diputado Diosdado Cabello, será que cualquier gasto que se origine por delegar los trámites de alquiler en un intermediario, tendrán que ser asumidos por los propietarios de las viviendas. “Se acabaron las comisiones”.
Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (APIUR)
06-08-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
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El debate de la Ley de Arrendamientos dará paso a fijar límites a la rentabilidad por alquilar. El presidente de la Asociación de Propietarios, Roberto Orta, alertó a dueños
Caracas.- La discusión de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas que adelanta la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) abordará la próxima semana la metodología para establecer el canon de alquiler.
Frente a este debate, la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) advirtió que para los dueños de viviendas cedidas en alquiler la Ley “será la ruina”. Indicó que en la AN impondrán la estandarización del margen de ganancia en 3% anual para todas las viviendas en arriendo, con lo cual el porcentaje será insuficiente para cubrir los gastos de mantenimiento y supondrá la eliminación de la utilidad por alquilar.
El presidente de esta organización, Roberto Orta, explicó que si bien el anteproyecto de Ley estipula una banda de rentabilidad que va de 1% a 4%, según el valor del inmueble calculado por una fórmula que excluye la ubicación, el Movimiento de Pobladores propondrá que se rebaje a 3%. La norma vigente establece un margen entre 6% y 9%.
Los criterios que están siendo usados para regular el mercado de alquileres, a juicio de Orta, se “ensañan con el propietario, el cual tiene que pagar los gastos de mantenimiento, carga impositiva (derecho a frente, registro) y asumir la depreciación del inmueble, pero no tendrá una ganancia”.
Imponer una renta única, sostuvo que “no tiene sentido”, ya que se obvian criterios como el tamaño y valor de la vivienda, así como si la unidad está bajo la figura de propiedad horizontal (edificios) o es una casa. Esto sin contar, agregó, los accesorios (número de puestos de estacionamiento) y otros servicios del inmueble.
Sin compensación
El presidente de Apiur advirtió que tanto la ausencia de rentabilidad, como la improbabilidad de recuperación de la propiedad por parte del dueño (Ley elimina la prórroga legal para el desalojo), hacen inviable el mercado de alquileres.
Recordó que el congelamiento de casi ocho años de los arriendos de inmuebles construidos hasta 1987 había impulsado la caída de la oferta. El mercado, precisó, pasó de 60% de unidades para la venta y 40% para alquiler en 2005 a un precario 6% en arriendo en 2010. Actualmente, dijo que se contabiliza un 3% de viviendas en arrendamiento en Caracas.
Las quejas y críticas de los propietarios son desestimadas por la Asamblea Nacional. El presidente de la comisión de Administración y Servicio que discute la Ley, Diosdado Cabello (Psuv), destacó que la norma acabará con la injusticia que durante años acompañó el alquiler.
Sostuvo que la vivienda “no puede ser vista como una mercancía”, por lo que se fijarán alquileres razonables y se evitarán los desalojos ilegales para garantizar la estabilidad del inquilino.
Pagos extra
Una de las formas de proteger al inquilino, según el diputado Diosdado Cabello, será que cualquier gasto que se origine por delegar los trámites de alquiler en un intermediario, tendrán que ser asumidos por los propietarios de las viviendas. “Se acabaron las comisiones”.
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