La Gran Misión Vivienda Venezuela entregará 2.537 viviendas en el mes de diciembre, en el Distrito Capital. Así lo informó Francisco Sesto, ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, quien indicó que durante este año se han culminado 1.986, de un total de 4.523 unidades habitacionales que se ejecutan en 35 proyectos. La inversión supera el millardo de bolívares. En rueda de prensa se conoció que el registro de la misión que se inició en el mes de mayo se anotaron 284.023 jefes de familia, que totalizan 993.480 personas. Sesto aseguró que en el lapso de siete años se otorgará un techo a esta población, pero que actualmente se está dando prioridad a los refugiados. Los desarrollos donde se adelantan las obras son Cacique Tiuna, Brisas de Panteón, Santa Eduvigis, Los Lanos, El Silencio, Nuevo Circo, Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Padre Juan Vives Suriá. Adicionalmente, se aprobaron recursos para construir 23.098 viviendas en el Distrito Capital en el año 2012. La ejecución abarca 90% de la obra, aseguró el ministro. Informó que entre 2011 y 2012, se edificarán 71 mil casas en la Gran Caracas. Sólo en Vargas está prevista la entrega de 12 mil viviendas el próximo año: "Por la complejidad de los terrenos de Caracas, que en su mayor parte exige edificios multifamiliares de altos pisos, el grueso de las edificaciones se van a terminar el año que viene". Apuntó que de las 284.023 familias que se registraron en la misión en el Distrito Capital, 74% es considerada "demanda nueva", es decir, no tienen techo, y el resto corresponde a ampliaciones, reparaciones y legalizaciones. Los organismos que trabajan en el plan de viviendas son Metro de Caracas, Hidrocapital, Cantv, Movilnet, Pdvsa Gas, Corpoelec, Comisión Presidencial para Refugios Dignos, Fundación Misión Hábitat, Funda Propatria 2000, Inavi, Oficina Presidencial de Planificación y Proyectos Especiales (OPPE), Gobierno de Distrito Capital, Alcaldía de Caracas, Ministerio de Ambiente, Cementos de Venezuela, Ministerio de las Comunas y Pequiven. Adicionalmente, se ha creado una mesa de resolución de conflictos y un cuerpo de inspección para las obras. UNA DEUDA Comentó que hace unas décadas, en Venezuela "había muchos desequilibrios en lo económico y en lo territorial. Por eso la gente venía hacia las grandes ciudades y eso está cambiando en la medida que se desarrolla la economía, se desarrollan los servicios y el vivir bien porque se garantiza la salud, la educación. La población tiende a equilibrarse de una mejor manera, por eso podemos pensar que la población del Distrito Capital, incluso pudiera decrecer y la demanda fuera menor". Según sus cálculos, en los próximos siete años el Gobierno Nacional tendrá que construir 30 mil casas por año: "En el caso del Distrito Capital hacía mucho tiempo que no había cifras contadas en miles de viviendas. El sector privado se desplazaba hacia el estado Miranda y los distintos niveles de gobierno habían enfocado hacia otros territorios los desarrollos donde era un poco más fácil la búsqueda de terrenos". Reiteró que en Caracas "caben tantas viviendas como se necesitan", pero deben emprenderse procesos complejos de renovación urbana. Sesto recalcó que la Gran Misión Vivienda Venezuela fue concebida por el presidente Hugo Chávez, quien la dirige personalmente y hace un seguimiento diario: "Él se declara casi caraqueño y tiene un gran afecto por la ciudad. Él ha desarrollado muchas de las tesis que estamos manejando, producto de sus reflexiones". Agregó que el Gobierno "cuenta con un instrumento maravilloso que es el Registro Nacional de Vivienda. Sabemos en este momento cuántas familias piden vivienda, qué tipo de demanda hacen y qué están dispuestas a aportar" Por su parte, Jacqueline Faría, jefa del Gobierno del Distrito Capital, resaltó que actualmente 273 unidades están siendo construidas por el Poder Popular: "A la comunidad organizada se le ha entregado la formación, el material y el apoyo". RENOVACIÓN URBANA El ministro Sesto indicó que en la ciudad capital hay una gran cantidad de terrenos que tienen un uso no conforme o que están siendo subutilizados, por lo que conjuntamente con las comunidades, se está haciendo una evaluación para la edificación de casas en estos sitios. Comentó que muchas zonas de Caracas no crecieron ordenamente, "no se desarrollaron como debían, tienen problemas de urbanismo y de uso del suelo, y ameritarían ir a procesos de renovación urbana que no pueden provenir "de la fuerza del Estado, sino de la fuerza del Poder Popular que tiene que asumir, junto al Gobierno, los procesos interesantísimos de renovación". Sesto subrayó que en las últimas décadas, Caracas había sido excluida de los planes habitacionales porque supuestamente no había espacio. Indicó que en la ciudad hay gran cantidad de estacionamientos que bien podrían ubicarse en otros sitios y convertirse en estacionamientos subterráneos o verticales. "En Caracas cabemos todos, terrenos no nos van a faltar", acotó. Apuntó que el Gobierno no sólo atiende el problema de asegurar un techo. En cuanto a la movilización de la población, comentó que el Gobierno no podrá contar sólo con el transporte individual, sino que se hará necesario reforzar otros sistemas como el Metro, el Metrocable o el BusCaracas. Janet Queffelec Padrón
Correo del Orinoco
09-11-2011
El Universal
09-11-2011
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miércoles, 9 de noviembre de 2011
La Mesa estima represiva la Ley de Arrendamiento
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) divulgó sus observaciones a la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos, a la cual, si bien le reconocen aspectos positivos, la califican como una ley "represiva, sancionatoria y desequilibrada, ya que aparentemente, protege más a los arrendatarios, en detrimento de legítimos derechos de los propietarios y arrendadores.
"Negativo no es que se reconozca la función social de la propiedad privada, sino que se violen los atributos del derecho de propiedad, al no permitírsele al dueño de un inmueble, el disfrute ni la disposición de ella", finalizaron.
Para el equipo técnico que lleva la materia de viviendas, es positivo que haya normativas que eviten los abusos a lo largo de la duración del contrato de arrendamiento hasta la devolución del inmueble a su propietario, pero consideran negativo que esa protección se convierta en inmunidad en el cumplimiento de obligaciones ciudadanas y en irrespeto a los derechos de los demás, precisa un boletín de prensa.
La Unidad calificó como positivo que se regule el precio de los alquileres en un escenario de escasez de viviendas y alta inflación, al mismo tiempo que rechazó los insignificantes porcentajes de rentabilidad que se establecen, como consecuencia de la forma en la que se evalúan los costos, generando una merma sustancial en la oferta y golpeando directamente a las parejas jóvenes, ancianos, a las familias que se mudan a otra ciudad o a un sitio más seguro, y a un numeroso grupo de familias que no están en condiciones de adquirir una vivienda o no la encuentra.
La Unidad insiste que aún queda por resolver el dilema de 50% de la población venezolana, que vive en barrios autoconstruidos donde el alquiler de viviendas sin contratos formales es una práctica generalizada, afirmando que la posición ambigua de la ley, que sólo "protege" a los arrendatarios, es injusta y puede generar más conflictos. "La única manera de resolver el problema de la especulación y el abuso de ambas partes de un contrato de arrendamiento, es con abundancia de oferta de viviendas para alquilar y vender
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"Negativo no es que se reconozca la función social de la propiedad privada, sino que se violen los atributos del derecho de propiedad, al no permitírsele al dueño de un inmueble, el disfrute ni la disposición de ella", finalizaron.
Para el equipo técnico que lleva la materia de viviendas, es positivo que haya normativas que eviten los abusos a lo largo de la duración del contrato de arrendamiento hasta la devolución del inmueble a su propietario, pero consideran negativo que esa protección se convierta en inmunidad en el cumplimiento de obligaciones ciudadanas y en irrespeto a los derechos de los demás, precisa un boletín de prensa.
La Unidad calificó como positivo que se regule el precio de los alquileres en un escenario de escasez de viviendas y alta inflación, al mismo tiempo que rechazó los insignificantes porcentajes de rentabilidad que se establecen, como consecuencia de la forma en la que se evalúan los costos, generando una merma sustancial en la oferta y golpeando directamente a las parejas jóvenes, ancianos, a las familias que se mudan a otra ciudad o a un sitio más seguro, y a un numeroso grupo de familias que no están en condiciones de adquirir una vivienda o no la encuentra.
La Unidad insiste que aún queda por resolver el dilema de 50% de la población venezolana, que vive en barrios autoconstruidos donde el alquiler de viviendas sin contratos formales es una práctica generalizada, afirmando que la posición ambigua de la ley, que sólo "protege" a los arrendatarios, es injusta y puede generar más conflictos. "La única manera de resolver el problema de la especulación y el abuso de ambas partes de un contrato de arrendamiento, es con abundancia de oferta de viviendas para alquilar y vender
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Prohibirán alquilar las viviendas dadas por el Estado
El fin de semana Chávez promulgará la reforma de la Ley de Arrendamientos
Con la reforma, el Gobierno fijará el canon de arrendamiento
Aunque el pasado 27 de octubre la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la modificación de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, ayer el presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la AN, Diosdado Cabello, informó que se hicieron dos ajustes al texto con lo cual la sanción definitiva se posterga para mañana.
El diputado solicitó a la plenaria del Parlamento levantar las sanciones a los artículos 13 y 20 para poder presentar y autorizar los cambios.
Ese artículo 13 es el que prohíbe el arrendamiento de las viviendas adjudicadas por el Estado. Quienes lo hagan serán sancionados.
En el proyecto esta limitación existía, pero ahora se le incorpora la sanción.
El texto nuevo indica que "por ser contrario al interés público queda prohibido el arrendamiento en las viviendas adjudicadas por el Estado, salvo en los casos autorizados por los órganos encargados de la materia y en ningún caso tendrá fines de lucro, y de suceder el alquiler se abrirán procesos administrativos".
El artículo 20 está relacionado con las funciones de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos. El cambio efectuado a la disposición señala que el organismo "realizará la inspección y fiscalización de los inmuebles y personas sujetas a ley".
Próximos pasos
Diosdado Cabello anunció que esos ajustes serán revisados hoy en la Comisión de Administración y Servicios y apuntó que para el próximo sábado estaría prevista la promulgación del marco legal por parte del Presidente Hugo Chávez Frías.
En ese texto el Gobierno incrementa su control en el mercado de alquileres, debido a que ahora tendrá la potestad para analizar los contratos de arrendamientos, estimar los cánones (renta a cobrar por los propietarios) y negociar la venta de las edificios que tienen más de 20 años destinados al alquiler.
El instrumento amplía las sanciones que, dado su articulado artículos, recaen mayoritariamente sobre los dueños de los inmuebles.
marmas@eluniversal.com
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Con la reforma, el Gobierno fijará el canon de arrendamiento
Aunque el pasado 27 de octubre la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la modificación de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, ayer el presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la AN, Diosdado Cabello, informó que se hicieron dos ajustes al texto con lo cual la sanción definitiva se posterga para mañana.
El diputado solicitó a la plenaria del Parlamento levantar las sanciones a los artículos 13 y 20 para poder presentar y autorizar los cambios.
Ese artículo 13 es el que prohíbe el arrendamiento de las viviendas adjudicadas por el Estado. Quienes lo hagan serán sancionados.
En el proyecto esta limitación existía, pero ahora se le incorpora la sanción.
El texto nuevo indica que "por ser contrario al interés público queda prohibido el arrendamiento en las viviendas adjudicadas por el Estado, salvo en los casos autorizados por los órganos encargados de la materia y en ningún caso tendrá fines de lucro, y de suceder el alquiler se abrirán procesos administrativos".
El artículo 20 está relacionado con las funciones de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos. El cambio efectuado a la disposición señala que el organismo "realizará la inspección y fiscalización de los inmuebles y personas sujetas a ley".
Próximos pasos
Diosdado Cabello anunció que esos ajustes serán revisados hoy en la Comisión de Administración y Servicios y apuntó que para el próximo sábado estaría prevista la promulgación del marco legal por parte del Presidente Hugo Chávez Frías.
En ese texto el Gobierno incrementa su control en el mercado de alquileres, debido a que ahora tendrá la potestad para analizar los contratos de arrendamientos, estimar los cánones (renta a cobrar por los propietarios) y negociar la venta de las edificios que tienen más de 20 años destinados al alquiler.
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Cambiarán dos artículos de la Ley de Alquileres
A dos semanas de haber sancionado en su totalidad el articulado de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas, el presidente de la Comisión de Administración y Servicios, Diosdado Cabello, le solicitó autorización a la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) para reformar dos artículos, el 13 y el 20; el primero relativo a la prohibición de alquilar los inmuebles adjudicados por el Estado. El cambio es para darle competencia a la Superintendencia de Inquilinato en la revisión de casos. Las modificaciones se evaluarán hoy en la comisión y el jueves se les dará lectura final en plenaria. Cabello informó que este sábado el presidente de la República, Hugo Chávez, promulgará la Ley de Arrendamiento en un acto público con movimientos de pobladores.
BEATRIZ CARIPA
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La Ley de arrendamientos y la participación del pueblo
apiur.org
Cuando se menciona que el pueblo legislador fue el proponente de la Ley de Arrendamientos en Venezuela, siendo organizaciones de inquilinos sus principales impulsadores y desarrolladores, se hace necesario recordar que de nada sirve participar, si ese ejercicio democrático se limita a una simple formalidad de oír a la otra parte, pero desde una posición prejuiciada que niega todo lo que plantea, descartando toda posibilidad de acuerdo en lo que se debería desarrollar en conjunto. Muchos pequeños propietarios que apoyan al proceso contaron con la mala suerte de no estar organizados debidamente ante esta eventualidad, por la dispersión natural existente en este sector, haciendo que toda la representación de los propietarios recayera en APIUR y en la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, organizaciones opositoras, que por razones políticas e ideológicas no serían escuchadas aunque fuesen oídas.
Desde un punto de vista teórico e ideológico, suena muy bonito llamar a una Ley revolucionaria, por su origen en la iniciativa ciudadana y en lo radical de su contenido, que sería muy plausible sino fuera porque la misma afecta tanto al pequeño como al gran propietario, siendo la primera Ley en Revolución que descapitaliza los ahorros de muchos venezolanos de clase media y de sectores populares.
Ciertamente, la ley no establece la expropiación directa de los pequeños propietarios, creando un fondo de protección para daños ocasionados por inquilinos alimentado con las altas multas impuestas a los propios arrendadores (incluyendo al pequeño), y permitiendo la defensa pública gratuita para ambas partes. Pero el problema es que esas medidas a favor del pequeño propietarios son retazos puntuales, y no son expresión de un planteamiento amplio que atreviese de manera transversal la totalidad de la ley. Estos parches intentan cubrir la esencia punitiva de la ley que parte de la premisa de “oligárquizar” a todo propietario de una vivienda alquilada, de verlo como un latifundista urbano o de un pequeño burgués rentista, equiparándolo a un patrono dueño de un medio de producción frente a un trabajador, a un fuerte económico explotador frente a un débil económico explotado, cuando las realidades del mundo del alquiler pueden ser muy diversas, precisamente por la atomización de la propiedad de las viviendas, presentándose incluso casos de arrendadores que dependen enteramente de un arrendamiento para sobrevivir, no teniendo otra cosa en la vida que ese bien como patrimonio, y de un inquilino con suficientes recursos para tener vivienda propia, pero que no la adquiere por motivos diversos, entre los cuales el lucrativo.
Los diputados de la Comisión de Administración y Servicios de la AN, debieron buscar mayor equilibrio en la ley, corregir sus excesos, pero al parecer seducidos y enceguecidos por los votos que podrían obtener de los inquilinos con este instrumento legal, y en su afán de llevar la contraria a las organizaciones opositoras, no cumplieron con su labor ética de mediadores entre los distintos derechos de los ciudadanos, y permitieron que una Ley desbalanceada, parcializada y en algunos casos injusta, llegara a la luz.
Sin duda, la realidad urbana caótica de la ciudad de Caracas, que también se refleja en el arrendamiento, con dueños de múltiples edificios arrendados, o de pensiones atiborradas de personas en condiciones inhumanas, con elevados cánones de arrendamiento, requería de medidas gubernamentales que humanizaran tal situación. Pero se quiso extrapolar esa situación particular de Caracas, una capital sobrepoblada de un país centralizado, a todos los arrendamientos de viviendas en el país, estereotipando al arrendatario como un usurero explotador, negando la realidad que el alquiler es un medio de subsistencia para muchas personas de sectores populares, y que presta un servicio social esencial, ya que la opción del alquiler facilita la movilidad residencial de los ciudadanos entre regiones, y es un medio de independencia para parejas o familias recién formadas, como también brinda oportunidades de estudio en distintas zonas geográficas a los jóvenes, lo que su desaparición o diminución dramática sólo agravaría el problema del déficit de viviendas en el país calculado en más de dos millones.
Ideológicamente, puede resultar muy estimulante invocar el valor de uso sobre el valor de cambio, el feudalismo como origen del arrendamiento, la renta como perversión del trabajo productivo, la monopolización de la tierra en los centros urbanos, la propiedad como la negación de lo colectivo, etc. Pero ese discurso será de poco consuelo para la señora de 60 años que sin seguro social, porque nunca dejó de ser una ama de casa, sobrevive gracias al alquiler de una vivienda que le dejó su pareja, y que ahora tendría que aguantar 4 meses sin hacer mercado ni comprar medicinas, si el inquilino así lo desea, porque esos meses permitidos de mora no requieren justificación alguna, es decir, pueden ser porque le da la gana de no pagar durante esos 4 meses. Igualmente si la señora lo que tiene es un apartamento y no una casa, basta con una cuota extraordinaria del condominio para que el canon del 3 al 5% del valor que diga el Estado que cuesta su vivienda se desvanezca, y le quede debiendo al condominio, a pesar que el inquilino disfruta de los servicios que presta el trabajador residencial –antes conserje-, el vigilante, y demás beneficios que aporta un condominio. Que digno hubiera sido buscar un punto medio de equilibrio y de justicia, como sería que el inquilino páguese las cuotas ordinarias del condominio, y el arrendador las extraordinarias, como sucede con las reparaciones menores y mayores, pero lamentablemente no fue así, toda la carga se la dejaron a la arrendadora, sea grande o pequeña.
La proeza que debe sufrir la señora para desalojar al inquilino merece especial atención, porque ni siquiera con una sentencia de un tribunal a su favor podrá desalojarlo, si éste manifiesta no tener otra vivienda a donde mudarse, algo que ya es muy común, y que lo será aún más, porque difícilmente habrá preocupación por parte del inquilino deshonesto de buscar otra vivienda para desocupar, ya que la responsabilidad de ello recae ahora en el Estado, al igual que el pago de los daños que este realice al inmueble si pertenece a un pequeños propietario, sin mas sanción para el inquilino destructor que una nota en un expediente que no tendrá ningún efecto práctico, y que poco le importará a una persona deshonesta. La señora tendrá que sobrevivir al trámite burocrático para llegar a dichos fondos, donde necesariamente habrá peritajes y demás elementos formalistas que harán inutilizable la vivienda por meses, mientras que el inquilino deshonesto busca una nueva victima, con la licencia de corso.
Los legisladores olvidaron, por la gríngola de ver solamente a los beneficiarios inmediatos y presentes de ésta ley, a los que serían perjudicados a futuro por ella, que son los que requieran una oferta amplia de alquileres, y sobre todo, a los centenares de miles de venezolanos que optaron durante décadas por la vivienda como el mejor medio de ahorro y de protección social ante la inflación crónica del país, y que ahora su patrimonio familiar se convertirá en sal y agua por decreto. El valor de la vivienda alquilada será el que establezca el Estado y no el propietario, sin tomar en cuenta el valor de la misma en la calle, y a ese precio deberá venderlo al inquilino, más un descuento por antigüedad que puede llegar a un 25% sobre ese precio regulado, que a la final no compensaría lo suficiente para que el propietario pudiera comprar otra vivienda para un hijo o nieto. El inquilino es libre de vender luego ese inmueble a precio de mercado, nada se lo impide, ya que no se trata de una adjudicación producto de una expropiación, sino de una venta pura y simple nacida del derecho de preferencia ofertiva.
Estas palabras lamentablemente se perderán en el aire ante una maquinaria en movimiento que ya es difícil de detener, pero da profunda tristeza, que la llamada primera ley por iniciativa popular, nazca como un instrumento para la injusticia de unos venezolanos sobre otros, invocando precisamente a la justicia, y que los pequeños propietarios partidarios del presidente, recientemente organizados, no pudieran reflejarse en ella.
Aporrea.org Por José Pinto
Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (APIUR)
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Desde un punto de vista teórico e ideológico, suena muy bonito llamar a una Ley revolucionaria, por su origen en la iniciativa ciudadana y en lo radical de su contenido, que sería muy plausible sino fuera porque la misma afecta tanto al pequeño como al gran propietario, siendo la primera Ley en Revolución que descapitaliza los ahorros de muchos venezolanos de clase media y de sectores populares.
Ciertamente, la ley no establece la expropiación directa de los pequeños propietarios, creando un fondo de protección para daños ocasionados por inquilinos alimentado con las altas multas impuestas a los propios arrendadores (incluyendo al pequeño), y permitiendo la defensa pública gratuita para ambas partes. Pero el problema es que esas medidas a favor del pequeño propietarios son retazos puntuales, y no son expresión de un planteamiento amplio que atreviese de manera transversal la totalidad de la ley. Estos parches intentan cubrir la esencia punitiva de la ley que parte de la premisa de “oligárquizar” a todo propietario de una vivienda alquilada, de verlo como un latifundista urbano o de un pequeño burgués rentista, equiparándolo a un patrono dueño de un medio de producción frente a un trabajador, a un fuerte económico explotador frente a un débil económico explotado, cuando las realidades del mundo del alquiler pueden ser muy diversas, precisamente por la atomización de la propiedad de las viviendas, presentándose incluso casos de arrendadores que dependen enteramente de un arrendamiento para sobrevivir, no teniendo otra cosa en la vida que ese bien como patrimonio, y de un inquilino con suficientes recursos para tener vivienda propia, pero que no la adquiere por motivos diversos, entre los cuales el lucrativo.
Los diputados de la Comisión de Administración y Servicios de la AN, debieron buscar mayor equilibrio en la ley, corregir sus excesos, pero al parecer seducidos y enceguecidos por los votos que podrían obtener de los inquilinos con este instrumento legal, y en su afán de llevar la contraria a las organizaciones opositoras, no cumplieron con su labor ética de mediadores entre los distintos derechos de los ciudadanos, y permitieron que una Ley desbalanceada, parcializada y en algunos casos injusta, llegara a la luz.
Sin duda, la realidad urbana caótica de la ciudad de Caracas, que también se refleja en el arrendamiento, con dueños de múltiples edificios arrendados, o de pensiones atiborradas de personas en condiciones inhumanas, con elevados cánones de arrendamiento, requería de medidas gubernamentales que humanizaran tal situación. Pero se quiso extrapolar esa situación particular de Caracas, una capital sobrepoblada de un país centralizado, a todos los arrendamientos de viviendas en el país, estereotipando al arrendatario como un usurero explotador, negando la realidad que el alquiler es un medio de subsistencia para muchas personas de sectores populares, y que presta un servicio social esencial, ya que la opción del alquiler facilita la movilidad residencial de los ciudadanos entre regiones, y es un medio de independencia para parejas o familias recién formadas, como también brinda oportunidades de estudio en distintas zonas geográficas a los jóvenes, lo que su desaparición o diminución dramática sólo agravaría el problema del déficit de viviendas en el país calculado en más de dos millones.
Ideológicamente, puede resultar muy estimulante invocar el valor de uso sobre el valor de cambio, el feudalismo como origen del arrendamiento, la renta como perversión del trabajo productivo, la monopolización de la tierra en los centros urbanos, la propiedad como la negación de lo colectivo, etc. Pero ese discurso será de poco consuelo para la señora de 60 años que sin seguro social, porque nunca dejó de ser una ama de casa, sobrevive gracias al alquiler de una vivienda que le dejó su pareja, y que ahora tendría que aguantar 4 meses sin hacer mercado ni comprar medicinas, si el inquilino así lo desea, porque esos meses permitidos de mora no requieren justificación alguna, es decir, pueden ser porque le da la gana de no pagar durante esos 4 meses. Igualmente si la señora lo que tiene es un apartamento y no una casa, basta con una cuota extraordinaria del condominio para que el canon del 3 al 5% del valor que diga el Estado que cuesta su vivienda se desvanezca, y le quede debiendo al condominio, a pesar que el inquilino disfruta de los servicios que presta el trabajador residencial –antes conserje-, el vigilante, y demás beneficios que aporta un condominio. Que digno hubiera sido buscar un punto medio de equilibrio y de justicia, como sería que el inquilino páguese las cuotas ordinarias del condominio, y el arrendador las extraordinarias, como sucede con las reparaciones menores y mayores, pero lamentablemente no fue así, toda la carga se la dejaron a la arrendadora, sea grande o pequeña.
La proeza que debe sufrir la señora para desalojar al inquilino merece especial atención, porque ni siquiera con una sentencia de un tribunal a su favor podrá desalojarlo, si éste manifiesta no tener otra vivienda a donde mudarse, algo que ya es muy común, y que lo será aún más, porque difícilmente habrá preocupación por parte del inquilino deshonesto de buscar otra vivienda para desocupar, ya que la responsabilidad de ello recae ahora en el Estado, al igual que el pago de los daños que este realice al inmueble si pertenece a un pequeños propietario, sin mas sanción para el inquilino destructor que una nota en un expediente que no tendrá ningún efecto práctico, y que poco le importará a una persona deshonesta. La señora tendrá que sobrevivir al trámite burocrático para llegar a dichos fondos, donde necesariamente habrá peritajes y demás elementos formalistas que harán inutilizable la vivienda por meses, mientras que el inquilino deshonesto busca una nueva victima, con la licencia de corso.
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Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (APIUR)
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Menos tramites para el financiamiento de una vivienda
El gerente del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV), Wilfredo González, señala que entre las mejoras que se han dado en el acceso a las viviendas se cuenta la reducción de la cantidad de requisitos que solicitaban la banca pública y privada para dar el financiamiento. "Antes se trataba de unos 40 recaudos, ahora con 13 basta". Dijo que las condiciones de financiamiento han sido modificadas para beneficiar a quienes tengan menos recursos.
Entorno Inteligente
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"Libertador nos pone de rodillas"
Los gastos de las demoliciones de comercios frente al parque Arístides Rojas corren por cuenta de propietarios
Entre la Av. Andrés Bello y calle Zulia de Maripérez funcionarios y obreros de la Fundación Caracas (Fundacaracas), institución de la Alcaldía de Libertador, iniciaron ayer el desalojo de cuatro locales comerciales que por más de 30 años funcionaron en la parroquia El Recreo. Se supo que otros 46 comercios serán sometidos a la misma medida. En total, 84 trabajadores serán afectados.
Emil Mezerhane, dueño de Materiales S.A., informó que funcionarios de Fundacaracas y Control Urbano de Libertador "someten" a los propietarios de talleres de motos, ventas de radiadores, expendios de empanadas y negocios dedicados a la reparación de vehículos provenientes de compañías de seguros para que abandonen sus lugares de trabajo. En caso contrario serán decomisadas sus pertenencias y llevadas a un "depósito judicial".
Los comerciantes recordaron que la misma estrategia de multas seguidas de desalojo forzado fue utilizada frente al barrio Santa Rosa de la avenida Libertador para que los propietarios abandonaran sus comercios sin protestar, ni exigir indemnización. El alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, desalojó del lugar a 17 comerciantes y a nueve familias que hoy aún viven en galpones. En junio 2009 Rodríguez prometió 150 viviendas en ocho meses. Dos años después, no se levanta la primera vivienda, y aún cuando la construcción se reactivó hace unos meses, en las últimas semanas no se observa movimiento.
"Dale gracias a Dios que te di 15 días para desalojar tu negocio en Maripérez (frente al parque Arístides Rojas), y no los 15 minutos que viniste a perder aquí conmigo", afirman que les dijo Sergio Sánchez, director de Control Urbano de Libertador, a los comerciantes que le pedían prórroga para ubicar un local donde trabajar.
"Libertador nos pone de rodillas. No dejan a nadie de pie. Sánchez, ex miembro del grupo M28 de la Universidad Central de Venezuela ha atacado al comercio con apoyo de la Alcaldía", resaltó Mezerhane.
Se conoció que el director de Control Urbano, Sergio Sánchez, fue suplantado recientemente de su cargo. En la Alcaldía de Libertador informaron que Daniele Digiminiani, quien estaba al frente de la dirección de Documentación e Información Catastral, ahora es el director de Control Urbano.
Zoilo Lozano, comerciante, relató por su parte que la Alcaldía de Libertador no respetó lo acordado en las mesas de diálogo y reuniones con la Sindicatura Municipal, el alcalde Rodríguez y con la directora de Fundacaracas, Paola Posani. "Se haría un estudio para indemnizarnos y buscar un local. Pero no cumplieron. Luego nos pidieron firmas para desalojar y me negué porque no tengo a dónde ir. Hoy nadie te alquila locales ni espacios para depósitos porque el marco jurídico que plantea la Ley de Arrendamientos cerró completamente el mercado", señaló Lozano.
Al antiguo autocine Andrés Bello llegaron camiones y miembros de la Misión Vivienda que informaron a 50 comerciantes que deben salir de las dos hectáreas que ocupan. "Nos amenazaron que llegarán arrasando con todo, en el depósito Los Nacientes de la calle Zulia", agregó Lozano.
Mezerhane señaló por su parte que los gastos de las demoliciones son pagados por los comerciantes. "Nos multan con Bs. 16 millones que no tenemos y encima debemos pagar por demoler. La Alcaldía funciona como un ente de cobros irregularidades para arruinarnos. Estamos en zona residencial (R8) y comercial y no en áreas verdes como señalan", culminó.
El Universal
08-11-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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Entre la Av. Andrés Bello y calle Zulia de Maripérez funcionarios y obreros de la Fundación Caracas (Fundacaracas), institución de la Alcaldía de Libertador, iniciaron ayer el desalojo de cuatro locales comerciales que por más de 30 años funcionaron en la parroquia El Recreo. Se supo que otros 46 comercios serán sometidos a la misma medida. En total, 84 trabajadores serán afectados.
Emil Mezerhane, dueño de Materiales S.A., informó que funcionarios de Fundacaracas y Control Urbano de Libertador "someten" a los propietarios de talleres de motos, ventas de radiadores, expendios de empanadas y negocios dedicados a la reparación de vehículos provenientes de compañías de seguros para que abandonen sus lugares de trabajo. En caso contrario serán decomisadas sus pertenencias y llevadas a un "depósito judicial".
Los comerciantes recordaron que la misma estrategia de multas seguidas de desalojo forzado fue utilizada frente al barrio Santa Rosa de la avenida Libertador para que los propietarios abandonaran sus comercios sin protestar, ni exigir indemnización. El alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, desalojó del lugar a 17 comerciantes y a nueve familias que hoy aún viven en galpones. En junio 2009 Rodríguez prometió 150 viviendas en ocho meses. Dos años después, no se levanta la primera vivienda, y aún cuando la construcción se reactivó hace unos meses, en las últimas semanas no se observa movimiento.
"Dale gracias a Dios que te di 15 días para desalojar tu negocio en Maripérez (frente al parque Arístides Rojas), y no los 15 minutos que viniste a perder aquí conmigo", afirman que les dijo Sergio Sánchez, director de Control Urbano de Libertador, a los comerciantes que le pedían prórroga para ubicar un local donde trabajar.
"Libertador nos pone de rodillas. No dejan a nadie de pie. Sánchez, ex miembro del grupo M28 de la Universidad Central de Venezuela ha atacado al comercio con apoyo de la Alcaldía", resaltó Mezerhane.
Se conoció que el director de Control Urbano, Sergio Sánchez, fue suplantado recientemente de su cargo. En la Alcaldía de Libertador informaron que Daniele Digiminiani, quien estaba al frente de la dirección de Documentación e Información Catastral, ahora es el director de Control Urbano.
Zoilo Lozano, comerciante, relató por su parte que la Alcaldía de Libertador no respetó lo acordado en las mesas de diálogo y reuniones con la Sindicatura Municipal, el alcalde Rodríguez y con la directora de Fundacaracas, Paola Posani. "Se haría un estudio para indemnizarnos y buscar un local. Pero no cumplieron. Luego nos pidieron firmas para desalojar y me negué porque no tengo a dónde ir. Hoy nadie te alquila locales ni espacios para depósitos porque el marco jurídico que plantea la Ley de Arrendamientos cerró completamente el mercado", señaló Lozano.
Al antiguo autocine Andrés Bello llegaron camiones y miembros de la Misión Vivienda que informaron a 50 comerciantes que deben salir de las dos hectáreas que ocupan. "Nos amenazaron que llegarán arrasando con todo, en el depósito Los Nacientes de la calle Zulia", agregó Lozano.
Mezerhane señaló por su parte que los gastos de las demoliciones son pagados por los comerciantes. "Nos multan con Bs. 16 millones que no tenemos y encima debemos pagar por demoler. La Alcaldía funciona como un ente de cobros irregularidades para arruinarnos. Estamos en zona residencial (R8) y comercial y no en áreas verdes como señalan", culminó.
El Universal
08-11-2011
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Tener techo propio es siempre la mejor opción
El sector inmobiliario se enfrentan a un entorno de severas regulaciones, que ahora crece con la reforma a la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Y aunque el panorama, según los voceros del sector, es complicado, para algunos puede llegar a ser oportunidades.
Por la nueva Ley de Alquileres el mercado de arrendamientos se ha reducido, peor el de ventas de viviendas se está ampliando, Aquellos que tenían soluciones habitacionales arrendadas han optado por ofertar, y de acuerdo a voceros del área, los inmobiliarios, ello tendrá incidencia en los precios.
Entorno Inteligente
08-11-2011
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08-11-2011
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