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Contrarias a las declaraciones ofrecidas por algunos Diputados de la Asamblea Nacional (AN), en cuanto al tema de la nueva Ley de Arrendamiento, el temor entre dueños de inmuebles e inquilinos ha crecido en las últimas semanas, donde se aprecia una gran disminución en la oferta de alquileres. "En estos momentos la oferta de alquileres es de cero, contrario a la demanda que supera las 100 familias en la región Altomirandina", declaró Patricia Márquez, dueña de una oficina de Bienes y Raíces.
Para muchos propietarios este nuevo documento legal servirá para que los inquilinos se quieran apoderar de los inmuebles, lo que incrementa la crisis habitacional, "en estos momentos no quieren alquilar por temor a perder sus viviendas, por lo que el mercado de alquileres está parado", señaló. Para quienes viven alquilados también aumenta el miedo, puesto que ya muchos dueños están pidiendo el desalojo de sus inmuebles, por miedo a quedar en "el aire", con la aprobación de la nueva Ley. "Tengo más de tres años alquilada, y ya el dueño del apartamento me pidió desocupación, porque según él necesita la vivienda para su hijo, pero yo creo que es por miedo a que yo no me quiera ir", comentó Viviana Zambrano, inquilina.
Así como Zambrano, hay por lo menos unas 20 familias, a quienes les llego la orden de desalojo, o al momento de que se les venció el contrato de arrendamiento se les informó que no sería renovado, lo que evidencia como ha crecido el temor de alquilar. Pese a que el presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la AN, Diosdado Cabello, reiteró que la Ley de Arrendamiento Inmobiliario busca erradicar la especulación practicada por los empresarios arrendadores y proteger tanto al inquilino, como al pequeño propietario de viviendas, los dueños de inmuebles consideran que este documento afectará la propiedad privada.
Según, Patricia Márquez, este nuevo documento no beneficia ni al propietario ni al inquilino, puesto que al regular los tarifas de los canon de arrendamiento, las personas optarán por no alquilar, siendo afectados las personas que no poseen vivienda y están empezando una nueva familia. "Es casi imposible establecer una tarifa única del canon de alquiler, puesto que estos varían mucho de acuerdo a la zona, el tipo de vivienda, incluso el piso en el cual está ubicado el inmueble, por lo que muchas personas optarán por no arrendar", explicó.
Para la especialista en Bienes y Raíces, en Los Altos Mirandinos la mayoría de las parejas jóvenes viven alquilados, puesto que no poseen el salario ni los requisitos para optar a una vivienda propia. "La mayoría de los clientes que buscan viviendas alquiladas son los matrimonios jóvenes, que por no poseer Ley de Política o ganar poco salario, se les imposibilita adquirir una casa, y empiezan alquilados, mientras buscan comprar un terreno e ir construyendo poco a poco", dijo.
Tarifa única de alquiler
Si una persona tiene la intención de arrendar un inmueble o una habitación, debe primeramente remitirse a la Dirección Nacional de Inquilinato para que evalúe el inmueble y determinar así el costo del alquiler. No obstante, la ley no estipula circunstancias como la ubicación de la casa o apartamento. Es decir, que en el caso de Los Altos Mirandinos, dos viviendas cuya construcción, condiciones y prestaciones sean las mismas, tendrá un mismo canon de arrendamiento sin importar si está en Los Nuevos Teques o en El Barbecho.
Según el artículo 61 de esta Ley "para la determinación del valor del inmueble, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda deberá utilizar la siguiente formulación: VAI=VR x (1- k/100)". En palabras más claras: VAI es el Valor Actual del Inmueble, VR=Valor de Reposición del costo del inmueble y K es el Porcentaje de Depreciación del inmueble. El Valor de Reposición (VR) se toca en el estatuto 62. "Es el valor resultante de la aplicación de la siguiente formulación: VR=VCA x MCI".
Esto significa: VCA es el Valor de Costo Actual del metro cuadrado de la construcción según tipología constructiva del inmueble y el MCI es el total de metros cuadrados del inmueble. "El Porcentaje de Depreciación del Inmueble (K) estará basado en relación a la vida útil del inmueble, de acuerdo a su uso, calidad, condiciones de mantenimiento y estado de conservación", explica el artículo 64.
Participación del sector privado
La participación del sector privado de la construcción no se queda atrás. "Con el objeto de estimular la participación de la iniciativa privada en la construcción de viviendas, las empresas constructoras de desarrollos habitacionales de más de diez (10) inmuebles deberán destinar un mínimo del 10% de esas viviendas para el arrendamiento". En alusión a las causas de desalojo (art. 83), sólo se procederá al desalojo de un inmueble bajo contrato: que el arrendatario haya dejado de pagar sin causa justificada cuatro cánones, necesidad justificada del propietario para ocupar su inmueble, usos deshonestos, deterioros mayores y violación a la convivencia ciudadana.
En referencia a las sanciones, el artículo 134 de la Ley de Arrendamientos, menciona multas de 50, 100 y 400 Unidades Tributarias (UT). Los propietarios que hagan desalojos de forma arbitraria serán multados con 1.000 UT.
Articulo 1
"La presente ley tiene como objeto establecer el régimen jurídico especial de arrendamiento de inmuebles urbanos y suburbanos destinados a vivienda", artículo 1.
Diario La Región
29-09-2011
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Lic. Henry Medina
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viernes, 30 de septiembre de 2011
Discusión de Ley de Arrendamientos sigue generando controversias
Normativa sigue generando controversias en la sociedad
A medida que se discute la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamien-tos de Vivienda, también conocida como Ley de Arrendamientos, varios de sus artículos dejan polémica debido a su contenido.
De acuerdo al sector oficial en la Asamblea Nacional, un inqulino debe cancelar anualmente el 3% del valor real de la vivienda en la que se hospeda. Esto ha generado más desconfianza en quienes pretendan poner a rentar una habitación, además de que la normativa establece que se prohíben los desalojos, así el inquilino incumpla con el pago del canon de arrendamiento o cause daños a la propiedad.
El efecto de la Ley podría acabar definitivamente con el mercado de alquileres inmobiliarios, según expresan algunas personas, a través de distintas redes sociales, que se dedican a alquilar sus propiedades.
Restricciones
Según cuenta Orestes Rosín, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Anzoátegui, la normativa que se discute en la AN restringe el mercado de alquileres.
“La gente invierte en propiedades porque el dinero se revaloriza de esa forma. La normativa frena esa oportunidad. Nadie va a arriesgarse a peder ganancias y propiedades a raíz de lo que hoy se está discutiendo, so-bre todo con la parte de los desalojos, los cuales al parecer se van a prohibir”.
“Yo propondría que el monto de pago de los alquileres se base en Unidades Tributarias. Eso sí, si el Go-bierno la incrementa cada año. Además, se podría estimular la industria de la construcción, pero lo que se está haciendo no es la manera”, aseguró.
Discusión
Hasta la fecha, se han aprobado 20 artículos desde que iniciara la segunda discusión en la AN el pasado 20 de septiembre.
Uno de los artículos que generó más revuelo es el 74, que establece la obligatoriedad del sector construcción de destinar el 25% de las vi-viendas construidas para ser alquiladas. El presidente de la Cámara Venezonala de la Construcción (CVC), Juan Francisco Jiménez, había ex-plicado que de ser aprobada la normativa, la participación del sector privado en la construcción desaparecería.
La ley que actualmente se encuentra en discusión, incluye una metodología pa-ra determinar cánones de alquiler según método de costos, descuentos para la venta de inmuebles para in-quilinos, que varían de acuerdo al tiempo que tengan las familias arrendando, además de sanciones para quienes violen la normativa, las cuales comprenden multas a pagar desde 50 a mil Uni-dades Tributarias.
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A medida que se discute la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamien-tos de Vivienda, también conocida como Ley de Arrendamientos, varios de sus artículos dejan polémica debido a su contenido.
De acuerdo al sector oficial en la Asamblea Nacional, un inqulino debe cancelar anualmente el 3% del valor real de la vivienda en la que se hospeda. Esto ha generado más desconfianza en quienes pretendan poner a rentar una habitación, además de que la normativa establece que se prohíben los desalojos, así el inquilino incumpla con el pago del canon de arrendamiento o cause daños a la propiedad.
El efecto de la Ley podría acabar definitivamente con el mercado de alquileres inmobiliarios, según expresan algunas personas, a través de distintas redes sociales, que se dedican a alquilar sus propiedades.
Restricciones
Según cuenta Orestes Rosín, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Anzoátegui, la normativa que se discute en la AN restringe el mercado de alquileres.
“La gente invierte en propiedades porque el dinero se revaloriza de esa forma. La normativa frena esa oportunidad. Nadie va a arriesgarse a peder ganancias y propiedades a raíz de lo que hoy se está discutiendo, so-bre todo con la parte de los desalojos, los cuales al parecer se van a prohibir”.
“Yo propondría que el monto de pago de los alquileres se base en Unidades Tributarias. Eso sí, si el Go-bierno la incrementa cada año. Además, se podría estimular la industria de la construcción, pero lo que se está haciendo no es la manera”, aseguró.
Discusión
Hasta la fecha, se han aprobado 20 artículos desde que iniciara la segunda discusión en la AN el pasado 20 de septiembre.
Uno de los artículos que generó más revuelo es el 74, que establece la obligatoriedad del sector construcción de destinar el 25% de las vi-viendas construidas para ser alquiladas. El presidente de la Cámara Venezonala de la Construcción (CVC), Juan Francisco Jiménez, había ex-plicado que de ser aprobada la normativa, la participación del sector privado en la construcción desaparecería.
La ley que actualmente se encuentra en discusión, incluye una metodología pa-ra determinar cánones de alquiler según método de costos, descuentos para la venta de inmuebles para in-quilinos, que varían de acuerdo al tiempo que tengan las familias arrendando, además de sanciones para quienes violen la normativa, las cuales comprenden multas a pagar desde 50 a mil Uni-dades Tributarias.
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Proyecto no especifica amparo a pequeños arrendadores
Alquileres cada vez más escasos en Caracas | Juan Carlos Neira
La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos ratificó que el proyecto de ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda atenta contra la propiedad privada, incluida la de los pequeños arrendadores.
La propuesta, en segunda discusión en la Asamblea Nacional, define como pequeños arrendadores a quienes poseen 1 o 2 viviendas en alquiler y establece la protección de estos como un fin supremo.
Raimundo Orta Poleo, coordinador nacional de Apiur, advirtió que más allá de la declaración de principios, el resto de la normativa no tiene ningún artículo que especifique cómo serán amparados los pequeños arrendadores.
Considera que diferenciar a los multiarrendadores rentan 3 o más viviendas, según el proyecto de ley atenta contra el principio de igualdad.
"La protección constitucional a la propiedad privada es genérica".
Apiur presentó sus observaciones a los 20 artículos aprobados hasta ahora. Cuestionó que ninguno, especialmente el referido a los principios de la norma, mencione el derecho de propiedad.
Es contradictorio que se hable de promover el alquiler cuando se obliga a vender los inmuebles de vieja data y se crea un mecanismo irreal para calcular el canon de arrendamiento, agregó.
Criticó además que el artículo 10 exceptúe de la regulación de precios los inmuebles pertenecientes al Estado y que el 20 excluya a las organizaciones sociales de propietarios de la formulación de políticas públicas.
El Nacional
29-09-2011
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La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos ratificó que el proyecto de ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda atenta contra la propiedad privada, incluida la de los pequeños arrendadores.
La propuesta, en segunda discusión en la Asamblea Nacional, define como pequeños arrendadores a quienes poseen 1 o 2 viviendas en alquiler y establece la protección de estos como un fin supremo.
Raimundo Orta Poleo, coordinador nacional de Apiur, advirtió que más allá de la declaración de principios, el resto de la normativa no tiene ningún artículo que especifique cómo serán amparados los pequeños arrendadores.
Considera que diferenciar a los multiarrendadores rentan 3 o más viviendas, según el proyecto de ley atenta contra el principio de igualdad.
"La protección constitucional a la propiedad privada es genérica".
Apiur presentó sus observaciones a los 20 artículos aprobados hasta ahora. Cuestionó que ninguno, especialmente el referido a los principios de la norma, mencione el derecho de propiedad.
Es contradictorio que se hable de promover el alquiler cuando se obliga a vender los inmuebles de vieja data y se crea un mecanismo irreal para calcular el canon de arrendamiento, agregó.
Criticó además que el artículo 10 exceptúe de la regulación de precios los inmuebles pertenecientes al Estado y que el 20 excluya a las organizaciones sociales de propietarios de la formulación de políticas públicas.
El Nacional
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jueves, 29 de septiembre de 2011
Advierten que vacíos legales distorsionarán mercado de alquileres
Apiur critica inconstitucionalidad del proyecto de Ley de Arrendamientos
Se han aprobado 20 de los 150 artículos de la Ley de Alquileres
YANETH FERNÁNDEZ
La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) considera que los 20 artículos aprobados del proyecto de Ley de Arrendamientos omiten el derecho que tienen las personas de usar, disfrutar y disponer de sus bienes, establecido en el artículo 115 la Constitución.
El coordinador nacional de Apiur teme que el contexto del proyecto, como está planteado, acentuará el "mercado negro de alquileres", por la cantidad de obligaciones que deben cumplir los propietarios y la necesidad de vivienda que existe en el mercado.
Por otro lado, Orta Poleo agrega que la ley no deja claro un lapso determinado de venta de aquellos inmuebles adquiridos por los inquilinos. Preocupa que éstos se aprovechen del precio preferencial para comprarlos y luego revenderlos. En este sentido, sugiere que el proyecto establezca el sistema de pago.
En el caso de las pensiones, señala que es inviable la preferencia ofertiva, porque éstas no tienen régimen de propiedad horizontal y además se rigen a la Ley Orgánica de Turismo.
Apiur critica que el ordinal 4 del artículo 5 contemple la protección de los pequeños arrendedadores, pero en todo el proyecto no existe ningún artículo alusivo al principio de protección al propietario.
También ven ilegal que se proteja los intereses de los pequeños propietarios, "y se segregue a quienes tienen más de tres viviendas alquiladas".
Para Orta Poleo, esta situación es una muestra de los "extremos privilegios" que se le dan los arrendatarios.
El Universal
29-09-11
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Se han aprobado 20 de los 150 artículos de la Ley de Alquileres
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La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) considera que los 20 artículos aprobados del proyecto de Ley de Arrendamientos omiten el derecho que tienen las personas de usar, disfrutar y disponer de sus bienes, establecido en el artículo 115 la Constitución.
El coordinador nacional de Apiur teme que el contexto del proyecto, como está planteado, acentuará el "mercado negro de alquileres", por la cantidad de obligaciones que deben cumplir los propietarios y la necesidad de vivienda que existe en el mercado.
Por otro lado, Orta Poleo agrega que la ley no deja claro un lapso determinado de venta de aquellos inmuebles adquiridos por los inquilinos. Preocupa que éstos se aprovechen del precio preferencial para comprarlos y luego revenderlos. En este sentido, sugiere que el proyecto establezca el sistema de pago.
En el caso de las pensiones, señala que es inviable la preferencia ofertiva, porque éstas no tienen régimen de propiedad horizontal y además se rigen a la Ley Orgánica de Turismo.
Apiur critica que el ordinal 4 del artículo 5 contemple la protección de los pequeños arrendedadores, pero en todo el proyecto no existe ningún artículo alusivo al principio de protección al propietario.
También ven ilegal que se proteja los intereses de los pequeños propietarios, "y se segregue a quienes tienen más de tres viviendas alquiladas".
Para Orta Poleo, esta situación es una muestra de los "extremos privilegios" que se le dan los arrendatarios.
El Universal
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Reportan 45% de avance en sustitución de ranchos por casa
Padrón dijo que trabajan con 52 consejos comunales
El gerente de Petróleos de Venezuela Refinación Oriente, Fernando Padrón, informó que el proceso de construcción de mil 768 viviendas en el estado Anzoátegui con la inversión de la empresa petrolera, como parte del programa de sustitución de ranchos por casas, se encuentra en aproximadamente 45%.
Detalló que mil 108 de esas soluciones habitacionales se encuentran en El Viñedo en el municipio Bolívar, 480 en Sotillo y 180 en Guanta. “En el mes de octubre estimamos entregar una primera fase de 260 casas”, señaló.
Padrón afirmó que es-tán trabajando para culminar la totalidad de las edificaciones durante este año. “Para el año 2012, tenemos planificado edificar 920 viviendas unifamiliares en El Viñedo, así co-mo otras 280 petrocasas en el sector Juan Pedro de Guanta”, acotó.
Igualmente, señaló que se encuentran trabajando conjuntamente con 52 comunales en todo el estado Anzoátegui. Con respecto al proyecto de Par-que Vidoño, recordó que ya fueron entregados 200 apartamentos, y estimó que antes de finalizar el año se efectúe la protocolización de otro grupo.
Asimismo, el gerente de Refinación Oriente destacó que este año se en-cuentran trabajando en el proyecto de gas directo en Guanta que beneficiará a más de mil 400 familias. Además, dijo que en 2012 prevén dar solución a otras tres mil 500 vi-viendas.
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28-09-2011
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Detalló que mil 108 de esas soluciones habitacionales se encuentran en El Viñedo en el municipio Bolívar, 480 en Sotillo y 180 en Guanta. “En el mes de octubre estimamos entregar una primera fase de 260 casas”, señaló.
Padrón afirmó que es-tán trabajando para culminar la totalidad de las edificaciones durante este año. “Para el año 2012, tenemos planificado edificar 920 viviendas unifamiliares en El Viñedo, así co-mo otras 280 petrocasas en el sector Juan Pedro de Guanta”, acotó.
Igualmente, señaló que se encuentran trabajando conjuntamente con 52 comunales en todo el estado Anzoátegui. Con respecto al proyecto de Par-que Vidoño, recordó que ya fueron entregados 200 apartamentos, y estimó que antes de finalizar el año se efectúe la protocolización de otro grupo.
Asimismo, el gerente de Refinación Oriente destacó que este año se en-cuentran trabajando en el proyecto de gas directo en Guanta que beneficiará a más de mil 400 familias. Además, dijo que en 2012 prevén dar solución a otras tres mil 500 vi-viendas.
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Diosdado Cabello: La vivienda no puede seguir siendo un negocio
vtv.gov.ve
Desmintió nuevamente las matrices que pretenden generar los medios de comunicación privados de que a través del instrumento legal el Gobierno Nacional vulnerará la propiedad privada. Contrario a ello indicó que la Ley protege al pequeño arrendador
El presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, reiteró este martes que la Ley de Arrendamiento Inmobiliario busca erradicar la especulación practicada por los empresarios arrendadores y proteger tanto al inquilino, como al pequeño propietario de viviendas.
En un contacto con el programa Dando y Dando transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), el legislador pesuvista destacó que “la vivienda no puede seguir siendo un negocio”. En ese sentido, manifestó que ésta es la premisa del instrumento jurídico que busca garantizar el buen vivir del pueblo venezolano.
Desmintió nuevamente las matrices que pretenden generar los medios de comunicación privados de que a través del instrumento legal el Gobierno Nacional vulnerará la propiedad privada. Contrario a ello indicó que la Ley protege al pequeño arrendador.
Remarcó que el pequeño arrendador está definido en la normativa como aquel propietario que tiene una y dos viviendas destinadas para el alquiler.
Manifestó que se eliminará la discriminación al alquilar, ya que el derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución de la República y sostuvo que el instrumento eliminará los intermediarios que muestran apartamentos y cobran costosas sumas de dinero a los arrendadores, lo que influye en muchos casos, en los altos costos de los arrendamientos.
VTV
28-09-2011
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Desmintió nuevamente las matrices que pretenden generar los medios de comunicación privados de que a través del instrumento legal el Gobierno Nacional vulnerará la propiedad privada. Contrario a ello indicó que la Ley protege al pequeño arrendador
El presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, reiteró este martes que la Ley de Arrendamiento Inmobiliario busca erradicar la especulación practicada por los empresarios arrendadores y proteger tanto al inquilino, como al pequeño propietario de viviendas.
En un contacto con el programa Dando y Dando transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), el legislador pesuvista destacó que “la vivienda no puede seguir siendo un negocio”. En ese sentido, manifestó que ésta es la premisa del instrumento jurídico que busca garantizar el buen vivir del pueblo venezolano.
Desmintió nuevamente las matrices que pretenden generar los medios de comunicación privados de que a través del instrumento legal el Gobierno Nacional vulnerará la propiedad privada. Contrario a ello indicó que la Ley protege al pequeño arrendador.
Remarcó que el pequeño arrendador está definido en la normativa como aquel propietario que tiene una y dos viviendas destinadas para el alquiler.
Manifestó que se eliminará la discriminación al alquilar, ya que el derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución de la República y sostuvo que el instrumento eliminará los intermediarios que muestran apartamentos y cobran costosas sumas de dinero a los arrendadores, lo que influye en muchos casos, en los altos costos de los arrendamientos.
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Aprobaron tributo a inmuebles desocupados
ciudadenobras.com
La Asamblea Nacional creó un impuesto para los inmuebles residenciales desocupados al aprobar, con el voto en contra de la oposición, el artículo 4 del proyecto de ley para la regularización y control de los arrendamientos de viviendas, en la continuación de la segunda discusión de la propuesta. "La desocupación de viviendas es contraria al interés social e implica una contribución tributaria especial para las propietarias y los propietarios, que será establecida por ley y determinada por el organismo encargado de velar por su cumplimiento", dice el parágrafo único.
El diputado César Rincones pidió suprimir el parágrafo, lo que fue negado de plano por el oficialismo. También fue rechazada la propuesta de Juan Carlos Caldera de determinar la alícuota que se cobrará. "El Seniat sólo debe encargarse de aplicarla", opinó.
El Parlamento también aprobó el artículo 5, que establece fines supremos como promover el alquiler socialmente responsable y garantizar que las familias no pasen más de 10 años en condición de inquilinos. Otras máximas son que el canon de arrendamiento sirva principalmente para cubrir gastos de mantenimiento e impuestos y que la inversión pública en servicios no sea aprovechada para encarecer los costos del alquiler.
Igualmente le dio el visto bueno al artículo 7, que contiene las definiciones y divide a los propietarios en pequeños arrendadores (los que tienen 1 o 2 viviendas alquiladas) y multiarrendadores (quienes rentan 3 o más).
Despojo. Una decena de integrantes de la Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler formada por arrendadores de zonas populares se trasladó ayer hasta la sede de la Asamblea Nacional para rechazar el proyecto de ley. "No estamos de acuerdo porque directamente está despojando al propietario de su vivienda", aseguró María Elena Navarro, coordinadora general de la red, que agrupa a aproximadamente a 400 dueños de inmuebles. Navarro informó que solicitaron al diputado Diosdado Cabello, presidente de la Comisión de Administración y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, que escuche las propuesta de los propietarios; pero hasta ahora no han obtenido respuesta.
Al final de la sesión, el Parlamento llegó a aprobar los primeros 20 artículos de la ley y se espera que el resto sea discutido el próximo martes 4 de octubre.
Entorno Inteligente
28-09-2011
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El diputado César Rincones pidió suprimir el parágrafo, lo que fue negado de plano por el oficialismo. También fue rechazada la propuesta de Juan Carlos Caldera de determinar la alícuota que se cobrará. "El Seniat sólo debe encargarse de aplicarla", opinó.
El Parlamento también aprobó el artículo 5, que establece fines supremos como promover el alquiler socialmente responsable y garantizar que las familias no pasen más de 10 años en condición de inquilinos. Otras máximas son que el canon de arrendamiento sirva principalmente para cubrir gastos de mantenimiento e impuestos y que la inversión pública en servicios no sea aprovechada para encarecer los costos del alquiler.
Igualmente le dio el visto bueno al artículo 7, que contiene las definiciones y divide a los propietarios en pequeños arrendadores (los que tienen 1 o 2 viviendas alquiladas) y multiarrendadores (quienes rentan 3 o más).
Despojo. Una decena de integrantes de la Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler formada por arrendadores de zonas populares se trasladó ayer hasta la sede de la Asamblea Nacional para rechazar el proyecto de ley. "No estamos de acuerdo porque directamente está despojando al propietario de su vivienda", aseguró María Elena Navarro, coordinadora general de la red, que agrupa a aproximadamente a 400 dueños de inmuebles. Navarro informó que solicitaron al diputado Diosdado Cabello, presidente de la Comisión de Administración y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, que escuche las propuesta de los propietarios; pero hasta ahora no han obtenido respuesta.
Al final de la sesión, el Parlamento llegó a aprobar los primeros 20 artículos de la ley y se espera que el resto sea discutido el próximo martes 4 de octubre.
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Ley de Alquileres aplicará a pensiones y habitaciones
AN continúa la segunda discusión el proyecto de Ley de Alquileres
El contenido del proyecto de reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios podrá ser aplicado a la relación entre inquilino y arrendador en pensiones, habitaciones y anexos residenciales destinados al alquiler.
En el marco de la segunda discusión de la ley en la Asamblea Nacional, los diputados aprobaron ayer el artículo 4, que da al Estado el derecho de "proteger el arrendamiento socialmente responsable de viviendas, pensiones y habitaciones".
Para los expertos inmobiliarios, esto quiere decir que la ley rige el alquiler total y parcial de un inmueble, desde los deberes que tendrá que cumplir el arrendador hasta los causales de desocupación, al momento que los propietarios decidan poner fin al contrato.
Aunque el objetivo es promover una política de seguridad social de los inquilinos, los especialistas alertan que esta situación agudizará la oferta en el mercado de alquiler de cualquier tipo de residencia.
La redacción de la ley genera algunas dudas. Teresa Borges, especialista inmobiliaria, considera que está por definirse si también aplica la preferencia de venta en los casos de las pensiones y habitaciones. Cabe recordar que el proyecto impone determinadas condiciones en la venta de viviendas que están en alquiler. La primera opción la tiene el arrendatario y luego un tercero, con un lapso de negociación de un año.
El presidente del Parlamento, Fernando Soto Rojas, asegura que el fin supremo de la ley es "luchar contra la mercantilización de la vida. Lo esencial es que todos tengamos derecho al disfrute de una vivienda".
El presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la AN, Diosdado Cabello, negó cualquier violación al derecho de propiedad de los arrendadores.
En el ámbito de aplicación de la ley quedan exceptuados el arrendamiento de terrenos, fincas, fondos de comercio, inmuebles destinados a temporadas vacacionales.
Hasta ahora, han sido aprobados los primeros 20 artículos de la ley.
Aprobación en octubre
La Red de Inquilinos espera que los diputados den celeridad al debate, para tener aprobada la ley a más tardar en octubre.
Según Eleusis Borrego, vocero del grupo por el estado Mérida, el proyecto protegerá a los inquilinos y a los pequeños propietarios, que tienen máximo dos viviendas en alquiler.
El Universal
28-09-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
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http://es.groups.yahoo.com/group/corredor_inmobiliario/
El contenido del proyecto de reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios podrá ser aplicado a la relación entre inquilino y arrendador en pensiones, habitaciones y anexos residenciales destinados al alquiler.
En el marco de la segunda discusión de la ley en la Asamblea Nacional, los diputados aprobaron ayer el artículo 4, que da al Estado el derecho de "proteger el arrendamiento socialmente responsable de viviendas, pensiones y habitaciones".
Para los expertos inmobiliarios, esto quiere decir que la ley rige el alquiler total y parcial de un inmueble, desde los deberes que tendrá que cumplir el arrendador hasta los causales de desocupación, al momento que los propietarios decidan poner fin al contrato.
Aunque el objetivo es promover una política de seguridad social de los inquilinos, los especialistas alertan que esta situación agudizará la oferta en el mercado de alquiler de cualquier tipo de residencia.
La redacción de la ley genera algunas dudas. Teresa Borges, especialista inmobiliaria, considera que está por definirse si también aplica la preferencia de venta en los casos de las pensiones y habitaciones. Cabe recordar que el proyecto impone determinadas condiciones en la venta de viviendas que están en alquiler. La primera opción la tiene el arrendatario y luego un tercero, con un lapso de negociación de un año.
El presidente del Parlamento, Fernando Soto Rojas, asegura que el fin supremo de la ley es "luchar contra la mercantilización de la vida. Lo esencial es que todos tengamos derecho al disfrute de una vivienda".
El presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la AN, Diosdado Cabello, negó cualquier violación al derecho de propiedad de los arrendadores.
En el ámbito de aplicación de la ley quedan exceptuados el arrendamiento de terrenos, fincas, fondos de comercio, inmuebles destinados a temporadas vacacionales.
Hasta ahora, han sido aprobados los primeros 20 artículos de la ley.
Aprobación en octubre
La Red de Inquilinos espera que los diputados den celeridad al debate, para tener aprobada la ley a más tardar en octubre.
Según Eleusis Borrego, vocero del grupo por el estado Mérida, el proyecto protegerá a los inquilinos y a los pequeños propietarios, que tienen máximo dos viviendas en alquiler.
El Universal
28-09-2011
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Invasiones como arroz
TalCualDigital.com
La toma anárquica a unidades habitacionales se está incrementando en diversas regiones del país, sobre todo en Caracas.
Maria Elena Navarro, coordinadora general de la Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler, comentó que desde 2011 se han efectuado invasiones a hogares ubicados en Sabana Grande, San Agustín, avenida Fuerzas Armadas y el Hatillo, entre otros. Al ser consultada sobre las cifras de las tomas, dijo que hasta los momentos no se tienen números exactos de los actos vandálicos pero aseguró que son muy altos si se compara con el año pasado.
Dijo que la incapacidad del Gobierno para construir soluciones habitacionales en el país ha provocado que la condición de propietario esté desapareciendo por los atropellos hacia la propiedad privada.
Navarro manifestó que se están creando nuevos damnificados a lo largo y ancho de Venezuela a consecuencia de las invasiones indiscriminadas.
Recordó que normas jurídicas como la Ley contra Desalojos Arbitrarios afecta a miles de propietarios porque su articulado protege a los inquilinos y no a los dueños de las edificaciones.
PARA AFUERA
Las acciones violentas que se han suscitado en las viviendas mantienen a la población en constante alerta y zozobra. María Bastidas, quien tiene una propiedad habitacional en Barlovento, estado Miranda, comentó que fue objeto de una invasión hace cuatro meses.
"Un día cuando fui a pasar el fin de semana con mis hijos me encontré con la sorpresa de que mi vivienda había sido ocupada de manera ilegal por un grupo de cinco personas. Los ocupantes habían destrozado todas las cerraduras", explicó la afectada.
Asimismo, acotó que mediante una mediación pudo recuperar su propiedad. Pero no sólo las invasiones se dan en las edificaciones urbanas. En ese sentido, Raimundo Orta, coordinador nacional de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), explicó que se han efectuado apropiaciones ilegales en zonas suburbanas (reservas vegetales y terrenos que mantienen proyectos de construcción) al igual que en áreas rurales.
En el caso de las reservas vegetales, dijo que en Hoyo de La Puerta, las faldas del Parque Nacional El Ávila y algunas zonas del litoral varguense han sido víctimas de las tomas anárquicas. Con respecto a la situación del Ávila, señaló que la reserva forestal no puede ser utilizada para construir casas porque "es un pulmón vegetal indispensable para la generación de oxígeno".
Tal Cual
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La toma anárquica a unidades habitacionales se está incrementando en diversas regiones del país, sobre todo en Caracas.
Maria Elena Navarro, coordinadora general de la Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler, comentó que desde 2011 se han efectuado invasiones a hogares ubicados en Sabana Grande, San Agustín, avenida Fuerzas Armadas y el Hatillo, entre otros. Al ser consultada sobre las cifras de las tomas, dijo que hasta los momentos no se tienen números exactos de los actos vandálicos pero aseguró que son muy altos si se compara con el año pasado.
Dijo que la incapacidad del Gobierno para construir soluciones habitacionales en el país ha provocado que la condición de propietario esté desapareciendo por los atropellos hacia la propiedad privada.
Navarro manifestó que se están creando nuevos damnificados a lo largo y ancho de Venezuela a consecuencia de las invasiones indiscriminadas.
Recordó que normas jurídicas como la Ley contra Desalojos Arbitrarios afecta a miles de propietarios porque su articulado protege a los inquilinos y no a los dueños de las edificaciones.
PARA AFUERA
Las acciones violentas que se han suscitado en las viviendas mantienen a la población en constante alerta y zozobra. María Bastidas, quien tiene una propiedad habitacional en Barlovento, estado Miranda, comentó que fue objeto de una invasión hace cuatro meses.
"Un día cuando fui a pasar el fin de semana con mis hijos me encontré con la sorpresa de que mi vivienda había sido ocupada de manera ilegal por un grupo de cinco personas. Los ocupantes habían destrozado todas las cerraduras", explicó la afectada.
Asimismo, acotó que mediante una mediación pudo recuperar su propiedad. Pero no sólo las invasiones se dan en las edificaciones urbanas. En ese sentido, Raimundo Orta, coordinador nacional de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), explicó que se han efectuado apropiaciones ilegales en zonas suburbanas (reservas vegetales y terrenos que mantienen proyectos de construcción) al igual que en áreas rurales.
En el caso de las reservas vegetales, dijo que en Hoyo de La Puerta, las faldas del Parque Nacional El Ávila y algunas zonas del litoral varguense han sido víctimas de las tomas anárquicas. Con respecto a la situación del Ávila, señaló que la reserva forestal no puede ser utilizada para construir casas porque "es un pulmón vegetal indispensable para la generación de oxígeno".
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miércoles, 28 de septiembre de 2011
¿Quién le pone precio a la vivienda?
ciudadccs.info
El anteproyecto de ley sobre arrendamiento encendió el debate de cómo abordar el alto precio del suelo urbano.
Para Rigel Sergent, vocero de la Red Metropolitana de Inquilinos, la respuesta es fácil: las corporaciones inmobiliarias.
“Una vez fuimos invitados por Indepabis a una inmobiliaria y nos sorprendimos cuando vimos que, quienes hacían las transacciones de compra y venta que utilizaban para tasar el inmueble de un propietario, eran firmas de corporaciones y administradoras filiales.
Colaborador del equipo que ahora diseña la propuesta de la normativa, propone crear un sistema de tasación técnico porque acusan que el método utilizado por las inmobiliarias es un círculo especulativo sin basamento técnico.
“No te dice por qué una vivienda vale más en un sitio que en otro o por qué un apartamento de 50 años de antigüedad vale tanto como uno nuevo. Todo lo justifican por la mano invisible del mercado”, dijo Sergent.
Esta idea es descabellada, según Nelson Pérez, presidente de la Sociedad Venezolana de Economistas Tasadores, quien señala que el mercado es la mejor manera de tasar el valor de una propiedad.
“Porque todo está ahí: el valor de los servicios, la seguridad, el transporte y densidad de la zona”, defiende Pérez. Explicó que el mercado se comporta “según la oferta y la demanda”, aunque reconoce que siempre ha existido una distorsión en el mercado venezolano.
“Por eso, el método más confiable es ver el comportamiento del mercado a través del conjunto de transacciones de compra y venta en una zona y un momento determinado”, explicó Pérez.
Sobre este monto, los tasadores calculan otros valores como la inflación, entre otros. Modelo que la RMI rechaza porque no es una evaluación de criterios técnicos.
“Por ejemplo, en el año 2007 de un mes a otro los precios aumentaron 300% en el municipio Baruta”, dice Sergent para explicar cómo se comporta el mercado inmobiliario.
“La respuesta de las inmobiliarias fue que la zona se estaba revalorizando por el anuncio del inicio de los trabajos en la construcción de la Línea 5 del Metro”, cuenta.
Según Sergent, los edificios se revalorizan a pesar del tiempo de construcción por una dinámica propia de las empresas inmobiliarias, que cotizan los servicios e infraestructuras que realiza el Estado con el erario de los venezolanos. “El alto precio de los inmuebles es producto de la plusvalía del trabajo de la sociedad en su conjunto”, señala.
Este monto se traslada al precio del suelo urbano, sostiene Sergent.
Al chequear la data de los últimos inmuebles para alquiler, construido en los años cincuenta y sesenta, la RMI encontró que el valor de un inmueble estaba representado en 80% por el costo de construcción y 20% el costo del suelo.
Cálculo será por tipo, costo y tiempo de uso
Rigel Sergent explicó que la propuesta de la Red Metropolitana de Inquilinos es realizar una tasación técnica que evalúe aspectos como la condición y el tipo de estructura, los años de antigüedad de la edificación y los materiales utilizados en la obra. Esta propuesta está en el articulado del anteproyecto de ley de arrendamiento, el cual propone un canon de alquiler entre 3 y 5% anual sobre el precio del inmueble.
Según Sergent, el método para calcular el valor actual de un inmueble resultará de una fórmula que no tomará en cuenta el valor del suelo.
El precio del inmueble se obtendrá calculando el valor de reposición de esa vivienda, según el costo que tendría hoy día ese tipo y tamaño de edificación, por un coeficiente que tome en cuenta el tiempo de vida transcurrido del inmueble. Así, un inmueble nuevo tendrá valor igual a uno, y un apartamento de 50 años de construido, por ejemplo, un 48% menos de su valor actual. Otras variables serán el nivel de conservación, mantenimiento y remodelaciones realizadas a la estructura.
ANDRÉS PARAVISINI RODRÍGUEZ
ciudadccs.info
27-09-2011
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El anteproyecto de ley sobre arrendamiento encendió el debate de cómo abordar el alto precio del suelo urbano.
Para Rigel Sergent, vocero de la Red Metropolitana de Inquilinos, la respuesta es fácil: las corporaciones inmobiliarias.
“Una vez fuimos invitados por Indepabis a una inmobiliaria y nos sorprendimos cuando vimos que, quienes hacían las transacciones de compra y venta que utilizaban para tasar el inmueble de un propietario, eran firmas de corporaciones y administradoras filiales.
Colaborador del equipo que ahora diseña la propuesta de la normativa, propone crear un sistema de tasación técnico porque acusan que el método utilizado por las inmobiliarias es un círculo especulativo sin basamento técnico.
“No te dice por qué una vivienda vale más en un sitio que en otro o por qué un apartamento de 50 años de antigüedad vale tanto como uno nuevo. Todo lo justifican por la mano invisible del mercado”, dijo Sergent.
Esta idea es descabellada, según Nelson Pérez, presidente de la Sociedad Venezolana de Economistas Tasadores, quien señala que el mercado es la mejor manera de tasar el valor de una propiedad.
“Porque todo está ahí: el valor de los servicios, la seguridad, el transporte y densidad de la zona”, defiende Pérez. Explicó que el mercado se comporta “según la oferta y la demanda”, aunque reconoce que siempre ha existido una distorsión en el mercado venezolano.
“Por eso, el método más confiable es ver el comportamiento del mercado a través del conjunto de transacciones de compra y venta en una zona y un momento determinado”, explicó Pérez.
Sobre este monto, los tasadores calculan otros valores como la inflación, entre otros. Modelo que la RMI rechaza porque no es una evaluación de criterios técnicos.
“Por ejemplo, en el año 2007 de un mes a otro los precios aumentaron 300% en el municipio Baruta”, dice Sergent para explicar cómo se comporta el mercado inmobiliario.
“La respuesta de las inmobiliarias fue que la zona se estaba revalorizando por el anuncio del inicio de los trabajos en la construcción de la Línea 5 del Metro”, cuenta.
Según Sergent, los edificios se revalorizan a pesar del tiempo de construcción por una dinámica propia de las empresas inmobiliarias, que cotizan los servicios e infraestructuras que realiza el Estado con el erario de los venezolanos. “El alto precio de los inmuebles es producto de la plusvalía del trabajo de la sociedad en su conjunto”, señala.
Este monto se traslada al precio del suelo urbano, sostiene Sergent.
Al chequear la data de los últimos inmuebles para alquiler, construido en los años cincuenta y sesenta, la RMI encontró que el valor de un inmueble estaba representado en 80% por el costo de construcción y 20% el costo del suelo.
Cálculo será por tipo, costo y tiempo de uso
Rigel Sergent explicó que la propuesta de la Red Metropolitana de Inquilinos es realizar una tasación técnica que evalúe aspectos como la condición y el tipo de estructura, los años de antigüedad de la edificación y los materiales utilizados en la obra. Esta propuesta está en el articulado del anteproyecto de ley de arrendamiento, el cual propone un canon de alquiler entre 3 y 5% anual sobre el precio del inmueble.
Según Sergent, el método para calcular el valor actual de un inmueble resultará de una fórmula que no tomará en cuenta el valor del suelo.
El precio del inmueble se obtendrá calculando el valor de reposición de esa vivienda, según el costo que tendría hoy día ese tipo y tamaño de edificación, por un coeficiente que tome en cuenta el tiempo de vida transcurrido del inmueble. Así, un inmueble nuevo tendrá valor igual a uno, y un apartamento de 50 años de construido, por ejemplo, un 48% menos de su valor actual. Otras variables serán el nivel de conservación, mantenimiento y remodelaciones realizadas a la estructura.
ANDRÉS PARAVISINI RODRÍGUEZ
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27-09-2011
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Apiur pedirá revocar congelación de alquileres
La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos solicitó que la congelación de alquileres, el oficio del Tribunal Supremo de Justicia que prohíbe las desocupaciones y el decreto-ley contra los desalojos arbitrarios sean revocados cuando se apruebe el proyecto de ley para la regularización y control de los arrendamientos de viviendas.
La organización reiteró su rechazo al marco legal, cuya segunda discusión en la plenaria de la Asamblea Nacional empezó la semana pasada y continua hoy. "Es completamente diferente al aprobado en primera discusión por el Parlamento y no toma en cuenta la mayoría de las observaciones del sector de arrendadores", dijo Raimundo Orta Poleo, coordinador nacional de Apiur.
Consideró, sin embargo, que sería un exabrupto que después de la aprobación de la legislación no se revoquen las normas anteriores. "¿Qué sentido tiene que la Asamblea Nacional apruebe, por ejemplo, un método para fijar los cánones de arrendamiento con el cual tampoco estamos de acuerdo si la congelación seguirá vigente?", preguntó.
También carece de sentido, según Orta Poleo, que el proyecto de ley no reglamente todo lo relacionado con los desalojos de inmuebles arrendados, sino que remita al decreto inconsulto publicado por el presidente Hugo Chávez.
"Previo a las demandas judiciales por desalojo y demás acciones derivadas de relaciones arrendaticias, el procedimiento administrativo que será aplicado es el establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas", dice el artículo 88.
Sentencia de muerte. Orta Poleo ratificó que la aprobación del proyecto de ley en los términos propuestos por la Comisión de Administración y Servicios Públicos acabará con el mercado de alquileres en Venezuela, bastante reducido por la congelación de los cánones y otras medidas aplicadas en los últimos años.
Criticó que la fórmula propuesta para determinar el valor de los inmuebles no incluya factores como el precio de adquisición (sólo toma en cuenta cuánto costaría construirlo actualmente), la ubicación geográfica y los servicios disponibles.
También rechazó que se amplíe la regulación a todos los inmuebles.
El Nacional
27-09-2011
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La organización reiteró su rechazo al marco legal, cuya segunda discusión en la plenaria de la Asamblea Nacional empezó la semana pasada y continua hoy. "Es completamente diferente al aprobado en primera discusión por el Parlamento y no toma en cuenta la mayoría de las observaciones del sector de arrendadores", dijo Raimundo Orta Poleo, coordinador nacional de Apiur.
Consideró, sin embargo, que sería un exabrupto que después de la aprobación de la legislación no se revoquen las normas anteriores. "¿Qué sentido tiene que la Asamblea Nacional apruebe, por ejemplo, un método para fijar los cánones de arrendamiento con el cual tampoco estamos de acuerdo si la congelación seguirá vigente?", preguntó.
También carece de sentido, según Orta Poleo, que el proyecto de ley no reglamente todo lo relacionado con los desalojos de inmuebles arrendados, sino que remita al decreto inconsulto publicado por el presidente Hugo Chávez.
"Previo a las demandas judiciales por desalojo y demás acciones derivadas de relaciones arrendaticias, el procedimiento administrativo que será aplicado es el establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas", dice el artículo 88.
Sentencia de muerte. Orta Poleo ratificó que la aprobación del proyecto de ley en los términos propuestos por la Comisión de Administración y Servicios Públicos acabará con el mercado de alquileres en Venezuela, bastante reducido por la congelación de los cánones y otras medidas aplicadas en los últimos años.
Criticó que la fórmula propuesta para determinar el valor de los inmuebles no incluya factores como el precio de adquisición (sólo toma en cuenta cuánto costaría construirlo actualmente), la ubicación geográfica y los servicios disponibles.
También rechazó que se amplíe la regulación a todos los inmuebles.
El Nacional
27-09-2011
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Retomará Parlamento venezolano debate de Ley de arrendamiento
prensa-latina.cu
La Asamblea Nacional de Venezuela retoma hoy la discusión de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos, que busca establecer relaciones justas entre propietarios e inquilinos y acabar con prácticas deshonestas contra el pueblo.
El instrumento legal, debatido hace una semana en la plenaria del Parlamento, tiene como base la protección del débil jurídico, históricamente la persona necesitada de casa, pero sin violentar los derechos del arrendatario, según explicó el diputado Andrés Eloy Méndez.
La normativa constituyó el primer documento con carácter legal elaborado por el pueblo organizado para proteger los derechos de los inquilinos y propuesto a discusión en la Asamblea.
La sesión de esta jornada incluye considerar un informe presentado por la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, mediante el cual se autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar un crédito adicional al presupuesto de gastos vigente del Ministerio de Comunicación e Información.
El fondo está valorado en 24 millones 292 mil 935 bolívares, equivalentes a cinco millones 649 mil 519 dólares.
Los legisladores también considerarán el Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, que autoriza la constitución y administración de una Empresa Mixta entre la Corporación Venezolana de Petróleo y la Empresa Odebrecht, en España.
Por otra parte el Parlamento Latinoamericano, Capítulo Venezuela, someterá a análisis un Proyecto de Acuerdo en respaldo a la solicitud efectuada ante la Asamblea General de la ONU por el Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, para lograr el reconocimiento de ese territorio como Estado Libre y su incorporación al ente.
La agenda incluye la presentación de informes por parte de las comisiones de Seguridad Ciudadana, Combate, Prevención al Narcotráfico, Terrorismo, y Crimen Organizado, la Comisión de Energía y Minas, Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional, así como Equidad de Genero, Niñez y Juventud.
prensa-latina.cu
27-09-2011
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El instrumento legal, debatido hace una semana en la plenaria del Parlamento, tiene como base la protección del débil jurídico, históricamente la persona necesitada de casa, pero sin violentar los derechos del arrendatario, según explicó el diputado Andrés Eloy Méndez.
La normativa constituyó el primer documento con carácter legal elaborado por el pueblo organizado para proteger los derechos de los inquilinos y propuesto a discusión en la Asamblea.
La sesión de esta jornada incluye considerar un informe presentado por la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico, mediante el cual se autoriza al Ejecutivo Nacional para decretar un crédito adicional al presupuesto de gastos vigente del Ministerio de Comunicación e Información.
El fondo está valorado en 24 millones 292 mil 935 bolívares, equivalentes a cinco millones 649 mil 519 dólares.
Los legisladores también considerarán el Proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, que autoriza la constitución y administración de una Empresa Mixta entre la Corporación Venezolana de Petróleo y la Empresa Odebrecht, en España.
Por otra parte el Parlamento Latinoamericano, Capítulo Venezuela, someterá a análisis un Proyecto de Acuerdo en respaldo a la solicitud efectuada ante la Asamblea General de la ONU por el Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, para lograr el reconocimiento de ese territorio como Estado Libre y su incorporación al ente.
La agenda incluye la presentación de informes por parte de las comisiones de Seguridad Ciudadana, Combate, Prevención al Narcotráfico, Terrorismo, y Crimen Organizado, la Comisión de Energía y Minas, Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional, así como Equidad de Genero, Niñez y Juventud.
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27-09-2011
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Reclaman servicios en complejo habitacional de Anzoátegui
mundo-oriental.com.ve
Los portones de las obras que se ejecutan para concluir el complejo habitacional, "El Gran Maguey", en Puerto La Cruz, permanecieron cerrados este lunes, luego de que los vecinos que protocolizaron, firmaron y a quienes les entregaron sus apartamentos el año pasado, protestaron porque no tienen servicios públicos básicos mínimos.
Desde la mañana de ayer, las molestias de los habitantes de las residencias se hicieron sentir y aunque llevan varios años en construcción, aun no cuenta con luz, agua, cloacas, pero debido a las lluvias del año pasado, les notificaron que podían ocupar sus viviendas y que luego les arreglarían los servicios que faltaban. Sin embargo, esto no ha sucedido y eso generó la reacción de no dejar pasar a los obreros que continúan la construcción de otras diez torres.
El abogado de los residentes, Fernando Fernández, dijo "que eso es una burla, lo que hicieron con esas familias, pues fueron engañados, después de que lucharon por conseguir el crédito en la banca privada".
Varias de las familias perjudicadas anunciaron que llevarán esta presunta estafa a la Asamblea Nacional y al Legislativo de Anzoátegui. Indicaron que muchos cancelaron 60 mil bolívares fuertes y que les habían dado el permiso de habitabilidad, con todos esos problemas.
El Universal
27-09-2011
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Desde la mañana de ayer, las molestias de los habitantes de las residencias se hicieron sentir y aunque llevan varios años en construcción, aun no cuenta con luz, agua, cloacas, pero debido a las lluvias del año pasado, les notificaron que podían ocupar sus viviendas y que luego les arreglarían los servicios que faltaban. Sin embargo, esto no ha sucedido y eso generó la reacción de no dejar pasar a los obreros que continúan la construcción de otras diez torres.
El abogado de los residentes, Fernando Fernández, dijo "que eso es una burla, lo que hicieron con esas familias, pues fueron engañados, después de que lucharon por conseguir el crédito en la banca privada".
Varias de las familias perjudicadas anunciaron que llevarán esta presunta estafa a la Asamblea Nacional y al Legislativo de Anzoátegui. Indicaron que muchos cancelaron 60 mil bolívares fuertes y que les habían dado el permiso de habitabilidad, con todos esos problemas.
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Alquileres controlados
Talcualdigital.com
El proyecto de Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda ya está en la recta final. La Asamblea Nacional (AN) ya le ha dado luz verde a los tres primeros artículos que van dirigidos al control absoluto del alquiler de viviendas.
Desde el primer artículo del borrador se observa claramente la intención del Gobierno de tomar las riendas del arrendamiento para “proteger el valor social de la vivienda como derecho humano y la garantía plena de este derecho a la población”.
Varios estatutos de la norma jurídica han causado malestar a las organizaciones privadas en materia inmobiliaria e inquilinaria por considerar que los escritos van en contra de la propiedad privada.
Se supone que los propietarios de inmuebles alquilan su estructura por un periodo de tiempo indeterminado pero hay una piedra en el camino. El artículo 5 en su parágrafo 2 garantiza que las familias y las personas no pasen más de 10 años en condición de inquilino.
De esta forma se quiere ir promoviendo la disminución progresiva del plazo y se desea “combatir el acaparamiento, la desocupación y mercantilización de viviendas”.
El capítulo II de las prohibiciones expresas, en el artículo 13, advierte que no se podrán arrendar edificaciones que hayan sido adjudicadas por el Estado y en el 15 se prohíbe el cobro de dinero para exhibir el inmueble que será objeto de alquiler.
ENTE CONTROLADOR
Todo el control de la renta del arrendamiento de unidades y el cumplimiento de la presente ley estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (art 16).
Asimismo, el órgano gubernamental creará un Sistema de Coordinación Nacional en todas las entidades del país. En el apartado 20 del proyecto, señala que la principal atribución de la superintendencia es la “regulación, inspección, control y sanción por parte del Estado a las arrendadores o arrendatarios”.
De igual manera, el departamento realizará inspecciones y fiscalizaciones de los inmuebles y a personas que estén sujetas a la ley. Asimismo, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda podrá realizar procedimientos para imponer sanciones a los propietarios que intriguen con la norma jurídica.
También, se prevé crear el Registro Nacional de Arrendamiento de Viviendas partiendo de un Registro Nacional de Relaciones Arrendaticias. Además, la Superintendencia revisará y controlará los contratos de arrendamiento.
CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
El estatuto número 31 habla sobre las condiciones del inmueble. El articulado señala que los arrendadores de viviendas están en la obligación de tenerlos en óptimas condiciones. Igualmente, insta a contratar a personas de mantenimiento que tengan experiencia en ascensores, montacargas, incineradores, ductos de basura, tanques de agua y equipos eléctricos, entre otros.
En referencia al pago de los servicios (agua, luz, teléfono y gas) éstos serán bajo responsabilidad del arrendador (art 34). Respecto a los daños causados de manera maliciosa en los inmuebles, “el arrendador estará obligado a efectuar reparaciones causados por los arrendatarios”, según reza el artículo 37.
El estatuto 46 dedicado expresa que “los contratos de arrendamiento tendrán una duración mínima de tres años, los cuales podrán ser renovados por preferencia del arrendatario”. Por otra parte, el artículo 49, obliga a realizar los contratos de alquiler con moneda venezolana porque de lo contrario los propietarios serán objeto de sanciones.
EL CANON Y EL VALOR DE INMUEBLES
De aprobarse la ley, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda será quien regule el canon de alquiler de los inmuebles. El apartado 55 dice que el pago del canon será mensual y tendrá que realizarse los primeros cinco días hábiles al finalizar cada mes. Igualmente, la cancelación de la tarifa (art 56) se hará en una cuenta de ahorro de un banco perteneciente al Gobierno.
El cálculo del valor de la estructura será un poco complicado. Según el artículo 61 “para la determinación del valor del inmueble, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda deberá utilizar la siguiente formulación: VAI=VR x (1- k/100)”.
En palabras más claras: VAI es el Valor Actual del Inmueble, VR=Valor de Reposición del costo del inmueble y K es el Porcentaje de Depreciación del inmueble. El Valor de Reposición (VR) se toca en el estatuto 62. “Es el valor resultante de la aplicación de la siguiente formulación: VR=VCA x MCI”.
Esto significa: VCA es el Valor de Costo Actual del metro cuadrado de la construcción según tipología constructiva del inmueble y el MCI es el total de metros cuadrados del inmueble. “El Porcentaje de Depreciación del Inmueble (K) estará basado en relación a la vida útil del inmueble, de acuerdo a su uso, calidad, condiciones de mantenimiento y estado de conservación”, explica el artículo 64.
CONSTRUCCIONES, DESALOJOS Y MULTAS
La participación del sector privado de la construcción no se queda atrás. “Con el objeto de estimular la participación de la iniciativa privada en la construcción de viviendas, las empresas constructoras de desarrollos habitacionales de más de diez (10) inmuebles deberán destinar un mínimo del 10% de esas viviendas para el arrendamiento”.
De igual manera (art 74) los constructores deberán, previo inicio del proyecto, notificar ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda la cantidad de inmuebles a construir y el tiempo estipulado para el levantamiento.
En alusión a las causas de desalojo (art 83), sólo se procederá al desalojo de un inmueble bajo contrato: que el arrendatario haya dejado de pagar sin causa justificada cuatro cánones, necesidad justificada del propietario para ocupar su inmueble, usos deshonestos, deterioros mayores y violación a la convivencia ciudadana.
En referencia a las sanciones, el artículo 134 de la Ley de Arrendamientos, menciona multas de 50, 100 y 400 Unidades Tributarias (UT). Los propietarios que hagan desalojos de forma arbitraria serán multados con 1.000 UT.
ALGUNAS DISPOSICIONES
La disposición quinta del proyecto de Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda dice que de aprobarse la norma jurídica, todos los contratos que se hayan hecho con moneda extranjera, deberán adecuarse a lo establecido en el presente proyecto en un lapso no mayor de un mes. La séptima “instruye a la banca pública y privada a priorizar todos los créditos de adquisición de inmuebles de vieja data”.
LA FRASE
“La presente ley tiene como objeto establecer el régimen jurídico especial de arrendamiento de inmuebles urbanos y suburbanos destinados a vivienda”, artículo 1
Tal Cual
27-09-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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El proyecto de Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda ya está en la recta final. La Asamblea Nacional (AN) ya le ha dado luz verde a los tres primeros artículos que van dirigidos al control absoluto del alquiler de viviendas.
Desde el primer artículo del borrador se observa claramente la intención del Gobierno de tomar las riendas del arrendamiento para “proteger el valor social de la vivienda como derecho humano y la garantía plena de este derecho a la población”.
Varios estatutos de la norma jurídica han causado malestar a las organizaciones privadas en materia inmobiliaria e inquilinaria por considerar que los escritos van en contra de la propiedad privada.
Se supone que los propietarios de inmuebles alquilan su estructura por un periodo de tiempo indeterminado pero hay una piedra en el camino. El artículo 5 en su parágrafo 2 garantiza que las familias y las personas no pasen más de 10 años en condición de inquilino.
De esta forma se quiere ir promoviendo la disminución progresiva del plazo y se desea “combatir el acaparamiento, la desocupación y mercantilización de viviendas”.
El capítulo II de las prohibiciones expresas, en el artículo 13, advierte que no se podrán arrendar edificaciones que hayan sido adjudicadas por el Estado y en el 15 se prohíbe el cobro de dinero para exhibir el inmueble que será objeto de alquiler.
ENTE CONTROLADOR
Todo el control de la renta del arrendamiento de unidades y el cumplimiento de la presente ley estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (art 16).
Asimismo, el órgano gubernamental creará un Sistema de Coordinación Nacional en todas las entidades del país. En el apartado 20 del proyecto, señala que la principal atribución de la superintendencia es la “regulación, inspección, control y sanción por parte del Estado a las arrendadores o arrendatarios”.
De igual manera, el departamento realizará inspecciones y fiscalizaciones de los inmuebles y a personas que estén sujetas a la ley. Asimismo, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda podrá realizar procedimientos para imponer sanciones a los propietarios que intriguen con la norma jurídica.
También, se prevé crear el Registro Nacional de Arrendamiento de Viviendas partiendo de un Registro Nacional de Relaciones Arrendaticias. Además, la Superintendencia revisará y controlará los contratos de arrendamiento.
CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA
El estatuto número 31 habla sobre las condiciones del inmueble. El articulado señala que los arrendadores de viviendas están en la obligación de tenerlos en óptimas condiciones. Igualmente, insta a contratar a personas de mantenimiento que tengan experiencia en ascensores, montacargas, incineradores, ductos de basura, tanques de agua y equipos eléctricos, entre otros.
En referencia al pago de los servicios (agua, luz, teléfono y gas) éstos serán bajo responsabilidad del arrendador (art 34). Respecto a los daños causados de manera maliciosa en los inmuebles, “el arrendador estará obligado a efectuar reparaciones causados por los arrendatarios”, según reza el artículo 37.
El estatuto 46 dedicado expresa que “los contratos de arrendamiento tendrán una duración mínima de tres años, los cuales podrán ser renovados por preferencia del arrendatario”. Por otra parte, el artículo 49, obliga a realizar los contratos de alquiler con moneda venezolana porque de lo contrario los propietarios serán objeto de sanciones.
EL CANON Y EL VALOR DE INMUEBLES
De aprobarse la ley, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda será quien regule el canon de alquiler de los inmuebles. El apartado 55 dice que el pago del canon será mensual y tendrá que realizarse los primeros cinco días hábiles al finalizar cada mes. Igualmente, la cancelación de la tarifa (art 56) se hará en una cuenta de ahorro de un banco perteneciente al Gobierno.
El cálculo del valor de la estructura será un poco complicado. Según el artículo 61 “para la determinación del valor del inmueble, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda deberá utilizar la siguiente formulación: VAI=VR x (1- k/100)”.
En palabras más claras: VAI es el Valor Actual del Inmueble, VR=Valor de Reposición del costo del inmueble y K es el Porcentaje de Depreciación del inmueble. El Valor de Reposición (VR) se toca en el estatuto 62. “Es el valor resultante de la aplicación de la siguiente formulación: VR=VCA x MCI”.
Esto significa: VCA es el Valor de Costo Actual del metro cuadrado de la construcción según tipología constructiva del inmueble y el MCI es el total de metros cuadrados del inmueble. “El Porcentaje de Depreciación del Inmueble (K) estará basado en relación a la vida útil del inmueble, de acuerdo a su uso, calidad, condiciones de mantenimiento y estado de conservación”, explica el artículo 64.
CONSTRUCCIONES, DESALOJOS Y MULTAS
La participación del sector privado de la construcción no se queda atrás. “Con el objeto de estimular la participación de la iniciativa privada en la construcción de viviendas, las empresas constructoras de desarrollos habitacionales de más de diez (10) inmuebles deberán destinar un mínimo del 10% de esas viviendas para el arrendamiento”.
De igual manera (art 74) los constructores deberán, previo inicio del proyecto, notificar ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda la cantidad de inmuebles a construir y el tiempo estipulado para el levantamiento.
En alusión a las causas de desalojo (art 83), sólo se procederá al desalojo de un inmueble bajo contrato: que el arrendatario haya dejado de pagar sin causa justificada cuatro cánones, necesidad justificada del propietario para ocupar su inmueble, usos deshonestos, deterioros mayores y violación a la convivencia ciudadana.
En referencia a las sanciones, el artículo 134 de la Ley de Arrendamientos, menciona multas de 50, 100 y 400 Unidades Tributarias (UT). Los propietarios que hagan desalojos de forma arbitraria serán multados con 1.000 UT.
ALGUNAS DISPOSICIONES
La disposición quinta del proyecto de Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda dice que de aprobarse la norma jurídica, todos los contratos que se hayan hecho con moneda extranjera, deberán adecuarse a lo establecido en el presente proyecto en un lapso no mayor de un mes. La séptima “instruye a la banca pública y privada a priorizar todos los créditos de adquisición de inmuebles de vieja data”.
LA FRASE
“La presente ley tiene como objeto establecer el régimen jurídico especial de arrendamiento de inmuebles urbanos y suburbanos destinados a vivienda”, artículo 1
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Destruyeron árboles de más de 60 años en el Parque Vargas
Vecinos denunciaron que la tala fue "indiscriminada" ÁNGEL DEJESÚS
Ayer, en horas de la tarde, varias máquinas ejecutaron una operación de tala de árboles en el Paseo José María Vargas, junto a la avenida Bolívar. Ello ocurrió en los alrededores de lo que era hasta hace unos meses la cancha de fútbol, donde 1.200 niños entrenaban.
Allí había una cincuentena de árboles de más de 60 años de edad, algunos de los cuales fueron derribados este lunes.
Aunque en otras oportunidades habían sido transplantados, los vecinos denunciaron que ayer la tala fue "indiscriminada".
"Exigimos el respeto a las leyes ambientales", expreso Carlos Julio Rojas, Coordinador de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria, refiriéndose a la pérdida del espacio verde donde se realizan obras de construcción de un complejo habitacional.
Rojas también reclamó la decisión del Concejo Municipal del municipio Libertador, en cuanto al cambio de zonificación del espacio, que pasó de área recreacional a residencial sin consulta alguna.
El representante vecinal denunció que dicho cambio no ha sido publicado en Gaceta Municipal.
La semana pasada, representantes de Candelaria, San Agustín y Santa Rosalía, zonas aledañas al parque José Marías Vargas, acudieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para entregar un documento donde solicitan al ente judicial su accionar sobre la perdida del espacio verde.
En un lapso de 15 a 20 días el TSJ debe responder la solicitud de los vecinos, quienes incluso exigen, además de la paralización de las obras, un referéndum consultivo por la decisión tomada por el Concejo Municipal.
El Universal
27-09-2011
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Ayer, en horas de la tarde, varias máquinas ejecutaron una operación de tala de árboles en el Paseo José María Vargas, junto a la avenida Bolívar. Ello ocurrió en los alrededores de lo que era hasta hace unos meses la cancha de fútbol, donde 1.200 niños entrenaban.
Allí había una cincuentena de árboles de más de 60 años de edad, algunos de los cuales fueron derribados este lunes.
Aunque en otras oportunidades habían sido transplantados, los vecinos denunciaron que ayer la tala fue "indiscriminada".
"Exigimos el respeto a las leyes ambientales", expreso Carlos Julio Rojas, Coordinador de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria, refiriéndose a la pérdida del espacio verde donde se realizan obras de construcción de un complejo habitacional.
Rojas también reclamó la decisión del Concejo Municipal del municipio Libertador, en cuanto al cambio de zonificación del espacio, que pasó de área recreacional a residencial sin consulta alguna.
El representante vecinal denunció que dicho cambio no ha sido publicado en Gaceta Municipal.
La semana pasada, representantes de Candelaria, San Agustín y Santa Rosalía, zonas aledañas al parque José Marías Vargas, acudieron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para entregar un documento donde solicitan al ente judicial su accionar sobre la perdida del espacio verde.
En un lapso de 15 a 20 días el TSJ debe responder la solicitud de los vecinos, quienes incluso exigen, además de la paralización de las obras, un referéndum consultivo por la decisión tomada por el Concejo Municipal.
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martes, 27 de septiembre de 2011
Revisarán el valor real de la vivienda para su arrendamiento
Tito Oviedo, diputado a la Asamblea Nacional (AN), informó este lunes que el pago anual que deberá honrar una persona que viva alquilada corresponderá a 3% del valor real del inmueble, el cual será definido tras una serie de estudios de condición de la vivienda.
Explicó que si la Superintendencia Nacional, instancia prevista en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos, valoriza un apartamento en 500.000 bolívares, la renta anual será Bs. 15.000, monto que dividido en 12 meses, equivaldrá a 1.250 bolívares por mes que tendrá que cancelar el arrendatario.
La citada ley avanzará mañana en segunda discusión en la plenaria de la AN, reseñó AVN.
De acuerdo con el legislador, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento se encargará de evaluar el valor real de la vivienda de acuerdo con las condiciones de calidad en las que se encuentre. Sobre la base de esa evaluación, se fijará el costo del inmueble "y a partir de allí se determina el 3% de la renta anual".
Con este mecanismo de arrendamiento, Oviedo dijo que se eliminará la especulación y la inflación en el mercado de alquiler de vivienda. "Nosotros queremos sacar a la vivienda del mercado especulativo, ese es parte del objetivo de la ley", dijo.
El diputado del PSUV enfatizó que la Ley de Arrendamiento protege por igual los derechos de ambas partes en el alquiler de viviendas y que "no hay ni un sólo artículo donde se vulnere la propiedad de la vivienda".
El Universal
26-09-2011
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Explicó que si la Superintendencia Nacional, instancia prevista en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos, valoriza un apartamento en 500.000 bolívares, la renta anual será Bs. 15.000, monto que dividido en 12 meses, equivaldrá a 1.250 bolívares por mes que tendrá que cancelar el arrendatario.
La citada ley avanzará mañana en segunda discusión en la plenaria de la AN, reseñó AVN.
De acuerdo con el legislador, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento se encargará de evaluar el valor real de la vivienda de acuerdo con las condiciones de calidad en las que se encuentre. Sobre la base de esa evaluación, se fijará el costo del inmueble "y a partir de allí se determina el 3% de la renta anual".
Con este mecanismo de arrendamiento, Oviedo dijo que se eliminará la especulación y la inflación en el mercado de alquiler de vivienda. "Nosotros queremos sacar a la vivienda del mercado especulativo, ese es parte del objetivo de la ley", dijo.
El diputado del PSUV enfatizó que la Ley de Arrendamiento protege por igual los derechos de ambas partes en el alquiler de viviendas y que "no hay ni un sólo artículo donde se vulnere la propiedad de la vivienda".
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Canon de pago anual de alquiler corresponderá a 3% del valor real del inmueble
Paralización de viviendas en la zona de Guarenas-Guatire | Juan Camacho
Tito Oviedo, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la Asamblea Nacional (AN), informó este lunes que el pago anual que deberá honrar una persona que viva alquilada corresponderá a 3% del valor real del inmueble, el cual será definido tras una serie de estudios de condición de la vivienda.
Explicó que si la Superintendencia Nacional, instancia prevista en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos, valoriza un apartamento en 500.000 bolívares, la renta anual será Bs. 15.000, monto que dividido en 12 meses, equivaldrá a 1.250 bolívares por mes que tendrá que cancelar el arrendatario.
De acuerdo con el legislador, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento se encargará de evaluar el valor real de la vivienda de acuerdo con las condiciones de calidad en las que se encuentre. Sobre la base de esa evaluación, se fijará el costo del inmueble “y a partir de allí se determina el 3% de la renta anual”.
Con este mecanismo de arrendamiento, Oviedo dijo que se eliminará la especulación y la inflación en el mercado de alquiler de vivienda. “Nosotros queremos sacar a la vivienda del mercado especulativo, ese es parte del objetivo de la ley”, dijo.
Otro de los mecanismos que estipula la Ley de Arrendamiento, cuyos 3 primeros artículos fueron aprobados por el parlamento el martes pasado, es el fondo de protección social, que protegerá de igual manera tanto a arrendatario como a arrendador.
“A este fondo no sólo tienen disponibilidad de acceder los inquilinos, sino también los pequeños propietarios en caso de que se vean afectados por los inquilinos”, expresó Oviedo.
El Nacional
26-09-2011
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Tito Oviedo, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la Asamblea Nacional (AN), informó este lunes que el pago anual que deberá honrar una persona que viva alquilada corresponderá a 3% del valor real del inmueble, el cual será definido tras una serie de estudios de condición de la vivienda.
Explicó que si la Superintendencia Nacional, instancia prevista en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos, valoriza un apartamento en 500.000 bolívares, la renta anual será Bs. 15.000, monto que dividido en 12 meses, equivaldrá a 1.250 bolívares por mes que tendrá que cancelar el arrendatario.
De acuerdo con el legislador, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento se encargará de evaluar el valor real de la vivienda de acuerdo con las condiciones de calidad en las que se encuentre. Sobre la base de esa evaluación, se fijará el costo del inmueble “y a partir de allí se determina el 3% de la renta anual”.
Con este mecanismo de arrendamiento, Oviedo dijo que se eliminará la especulación y la inflación en el mercado de alquiler de vivienda. “Nosotros queremos sacar a la vivienda del mercado especulativo, ese es parte del objetivo de la ley”, dijo.
Otro de los mecanismos que estipula la Ley de Arrendamiento, cuyos 3 primeros artículos fueron aprobados por el parlamento el martes pasado, es el fondo de protección social, que protegerá de igual manera tanto a arrendatario como a arrendador.
“A este fondo no sólo tienen disponibilidad de acceder los inquilinos, sino también los pequeños propietarios en caso de que se vean afectados por los inquilinos”, expresó Oviedo.
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Ley de Arrendamiento es excluyente
mundo-oriental.com.ve
A juicio del parlamentario Marcos Figueroa, la Ley de Arrendamiento e Inquilinato debe ser sometida a un análisis mucho más profundo en el seno de la Asamblea Nacional para reformar ciertos artículos que han generado polémica por lo que se considera un contenido arbitrario que vulnera el derecho a la propiedad de quienes poseen viviendas alquiladas.
Figueroa, quien representa a la organización política regional Dale, señaló que pese a haber logrado su aprobación en una primera discusión, la nueva normativa aun no puede ser refrendada de manera absoluta por la plenaria del parlamento, debido a que “su articulado no puede beneficiar sólo a un sector del sistema de inquilinato nacional”.
“En Venezuela existen unas 800 mil personas en calidad de alquiladas y en tal sentido estamos exigiendo que se garantice el derecho a la propiedad privada pues muchos han invertido en un inmueble que posteriormente usan para que un tercero lo use bajo ciertas condiciones”.
“Aunque consideramos que toda ley es buena pues otorga equilibrio legal a un determinado ámbito o sector, pero en lo que se refiere a esta en particular, tiene varios aspectos que son polémicos y vulneran el derecho de los propietarios”.
Figueroa considera que uno de esos puntos está referido a la morosidad al inquilino, en el que se fijan demasiados plazos para que se salden las cuotas pendientes, lo que a la larga puede generar una confiscación de la propiedad privada.
“A eso se suma el que la protección tanto al arrendador como al arrendatario deja puntos de desequilibrio entre las partes que a la larga no benefician a nadie, por lo que estamos exigiendo que se haga una revisión mucho más profunda de los 142 artículos que conforman esta ley”.
Recalcó que el bloque parlamentario de oposición acordó no aprobar una norma legal que vaya en detrimento o en contra de los derechos civiles.
“Siempre se ha hablado de todo el trabajo que ha hecho el gobierno nacional por el pueblo, pero desde la oposición nos preguntamos por qué entonces no se construyeron las viviendas ofrecidas años atrás y que hubieran servido para aliviar la crisis habitacional, otorgándole soluciones a esas personas que viven en calidad de alquilados”.
El diputado por Anzoátegui indicó que “más que una ley, lo que debe ser tomado en cuenta es la efectividad de este gobierno en ofrecer oportunidades a las clases media y baja de obtener un casa digna a precios populares, para que de este modo el populismo sea verdaderamente efectivo”.
“A eso se suma el que muchos de estos artículos están acabando con el mercado de los alquileres en Venezuela, reduciendo la oferta de inmuebles en un alto porcentaje, por lo que pedimos que se analice nuevamente esta ley, permitiendo la inclusión de todos lo que se vean involucrados, por lo que una vez que se haga este proceso y se tomen en cuenta las consideraciones que hemos presentado, estaremos en disposición de aprobarla, tal como se hizo con la Ley del Deporte”.
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Figueroa, quien representa a la organización política regional Dale, señaló que pese a haber logrado su aprobación en una primera discusión, la nueva normativa aun no puede ser refrendada de manera absoluta por la plenaria del parlamento, debido a que “su articulado no puede beneficiar sólo a un sector del sistema de inquilinato nacional”.
“En Venezuela existen unas 800 mil personas en calidad de alquiladas y en tal sentido estamos exigiendo que se garantice el derecho a la propiedad privada pues muchos han invertido en un inmueble que posteriormente usan para que un tercero lo use bajo ciertas condiciones”.
“Aunque consideramos que toda ley es buena pues otorga equilibrio legal a un determinado ámbito o sector, pero en lo que se refiere a esta en particular, tiene varios aspectos que son polémicos y vulneran el derecho de los propietarios”.
Figueroa considera que uno de esos puntos está referido a la morosidad al inquilino, en el que se fijan demasiados plazos para que se salden las cuotas pendientes, lo que a la larga puede generar una confiscación de la propiedad privada.
“A eso se suma el que la protección tanto al arrendador como al arrendatario deja puntos de desequilibrio entre las partes que a la larga no benefician a nadie, por lo que estamos exigiendo que se haga una revisión mucho más profunda de los 142 artículos que conforman esta ley”.
Recalcó que el bloque parlamentario de oposición acordó no aprobar una norma legal que vaya en detrimento o en contra de los derechos civiles.
“Siempre se ha hablado de todo el trabajo que ha hecho el gobierno nacional por el pueblo, pero desde la oposición nos preguntamos por qué entonces no se construyeron las viviendas ofrecidas años atrás y que hubieran servido para aliviar la crisis habitacional, otorgándole soluciones a esas personas que viven en calidad de alquilados”.
El diputado por Anzoátegui indicó que “más que una ley, lo que debe ser tomado en cuenta es la efectividad de este gobierno en ofrecer oportunidades a las clases media y baja de obtener un casa digna a precios populares, para que de este modo el populismo sea verdaderamente efectivo”.
“A eso se suma el que muchos de estos artículos están acabando con el mercado de los alquileres en Venezuela, reduciendo la oferta de inmuebles en un alto porcentaje, por lo que pedimos que se analice nuevamente esta ley, permitiendo la inclusión de todos lo que se vean involucrados, por lo que una vez que se haga este proceso y se tomen en cuenta las consideraciones que hemos presentado, estaremos en disposición de aprobarla, tal como se hizo con la Ley del Deporte”.
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Discusión de Ley de Arrendamientos continuará este martes
La Asamblea Nacional (AN) convocó para este martes 27 de septiembre a las 2:00 de la tarde, una sesión ordinaria para continuar la segunda discusión la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos.
El orden del día para este 27 de septiembre incluirá la consideración del proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión Permanente de Energía y Petróleo que autoriza la Constitución y Administración de una Empresa Mixta entre Corporación Venezolana de Petróleo S.A y la empresa Odebrecht E&P España.
El Parlamento también discutirá la aprobación de un crédito adicional para el Ministerio de Comunicación e Información por la cantidad de 24 millones 292 mil 935 Bolívares.
El Nacional
26-09-2011
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El orden del día para este 27 de septiembre incluirá la consideración del proyecto de Acuerdo presentado por la Comisión Permanente de Energía y Petróleo que autoriza la Constitución y Administración de una Empresa Mixta entre Corporación Venezolana de Petróleo S.A y la empresa Odebrecht E&P España.
El Parlamento también discutirá la aprobación de un crédito adicional para el Ministerio de Comunicación e Información por la cantidad de 24 millones 292 mil 935 Bolívares.
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Acusan al Gobierno de ocultar cifra de construcción de casas
La decisión del Banco Central de Venezuela (BCV) de no publicar el número de viviendas que se construyeron durante el segundo trimestre de 2011 solo tiene una explicación para Primero Justicia: No admitir que la meta prevista para este año, de 155 mil casas, no será cumplida.
La afirmación la hizo el coordinador nacional del partido opositor, el diputado Julio Borges, durante su tradicional rueda de prensa de los domingos, en la cual informó que esa organización ha contabilizado que en lo que va del año se han entregado apenas 19.842 unidades.
"Continuamos con nuestra Operación Lupa, revisando en detalle las constantes promesas del Gobierno, para abrirle los ojos a los venezolanos que todavía creen que en poco más de un año va a cumplir lo que no hizo en 13", dijo, al tiempo que denunció que el Ejecutivo pretende distraer la atención de este nuevo incumplimiento realizando constantes anuncios de nuevas inauguraciones.
"¿Cuántas veces han dicho que ahora si están entregando viviendas en Ciudad Caribia? ¿Cuántas veces nos han asegurado que están otorgándole viviendas a los damnificados en Ciudad Belén? ¿Cuántas veces nos han repetido los acuerdos con China, Rusia o Irán para construir miles de viviendas y nunca terminan de arrancar? ¿Cuántas veces nos han dicho que se construirán miles de Petrocasas?", se preguntó el parlamentario.
Las autoridades sostienen que han logrado entregar 44 mil de las 47 mil viviendas pautadas. Sin embargo, Borges recordó que para cumplir la meta original a este momento ya deberían estar concluidas 112 mil.
"¿A quién pretenden engañar? ¿Quién se come el cuento que ahora cualquier pinturita que le echen a una vivienda en algún barrio cuenta como una vivienda nueva para paliar el déficit habitacional?", remató.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha denunciado que la actual administración es la que menos casas ha edificado en los últimos cuarenta años, pese a la gran cantidad de dinero que ha manejado.
El Universal
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La afirmación la hizo el coordinador nacional del partido opositor, el diputado Julio Borges, durante su tradicional rueda de prensa de los domingos, en la cual informó que esa organización ha contabilizado que en lo que va del año se han entregado apenas 19.842 unidades.
"Continuamos con nuestra Operación Lupa, revisando en detalle las constantes promesas del Gobierno, para abrirle los ojos a los venezolanos que todavía creen que en poco más de un año va a cumplir lo que no hizo en 13", dijo, al tiempo que denunció que el Ejecutivo pretende distraer la atención de este nuevo incumplimiento realizando constantes anuncios de nuevas inauguraciones.
"¿Cuántas veces han dicho que ahora si están entregando viviendas en Ciudad Caribia? ¿Cuántas veces nos han asegurado que están otorgándole viviendas a los damnificados en Ciudad Belén? ¿Cuántas veces nos han repetido los acuerdos con China, Rusia o Irán para construir miles de viviendas y nunca terminan de arrancar? ¿Cuántas veces nos han dicho que se construirán miles de Petrocasas?", se preguntó el parlamentario.
Las autoridades sostienen que han logrado entregar 44 mil de las 47 mil viviendas pautadas. Sin embargo, Borges recordó que para cumplir la meta original a este momento ya deberían estar concluidas 112 mil.
"¿A quién pretenden engañar? ¿Quién se come el cuento que ahora cualquier pinturita que le echen a una vivienda en algún barrio cuenta como una vivienda nueva para paliar el déficit habitacional?", remató.
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha denunciado que la actual administración es la que menos casas ha edificado en los últimos cuarenta años, pese a la gran cantidad de dinero que ha manejado.
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Reforma legal amplía control estatal en mercado de alquileres
Los incumplimientos a la Ley de Alquileres implicarán multas hasta 1.000 unidades tributarias y en algunos casos se podrá expropiar
La Asamblea inició esta semana la revisión a la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que le garantiza al Estado establecer más controles en el mercado de alquileres.
La exposición de motivos de ese instrumento señala que "la ley no trata de eliminar el arrendamiento, sino lograr su transformación revolucionaria para generar un nuevo modelo social y marco jurídico para el arrendamiento justo".
Luego en los fines supremos del alquiler, el texto reitera que uno de los objetivos que "se tiene es promover el arrendamiento socialmente responsable. Combatir el acaparamiento, la desocupación y la mercantilización de las viviendas".
El proyecto presenta nuevos términos para los contratos de alquiler. Esos acuerdos deberán firmarse por tres años y la renta que cobrarán los propietarios será determinada por la Superintendencia de Arrendamiento, que estará adscrita al Ministerio de la Vivienda.
En los fines del arrendamiento se detalla que "los cánones estarán dirigidos principalmente a cubrir gastos por deterioros y costos administrativos producto de las relaciones arrendaticias". La ganancia será 3% anual, que podrá ser revisada por el Ejecutivo, cuando lo considere necesario.
Ese texto, que está en segunda discusión, contempla que los dueños de los inmuebles al momento de alquilar tienen que mantener en buenas condiciones las viviendas.
Los incumplimientos al texto implicarán multas de 50 a 1.000 unidades tributarias y si reinciden en las faltas esas multas se duplicarán y en ciertos casos se llegará a las expropiaciones, si los dueños tienen más de cinco inmuebles.
El Universal
25-09-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
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La Asamblea inició esta semana la revisión a la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que le garantiza al Estado establecer más controles en el mercado de alquileres.
La exposición de motivos de ese instrumento señala que "la ley no trata de eliminar el arrendamiento, sino lograr su transformación revolucionaria para generar un nuevo modelo social y marco jurídico para el arrendamiento justo".
Luego en los fines supremos del alquiler, el texto reitera que uno de los objetivos que "se tiene es promover el arrendamiento socialmente responsable. Combatir el acaparamiento, la desocupación y la mercantilización de las viviendas".
El proyecto presenta nuevos términos para los contratos de alquiler. Esos acuerdos deberán firmarse por tres años y la renta que cobrarán los propietarios será determinada por la Superintendencia de Arrendamiento, que estará adscrita al Ministerio de la Vivienda.
En los fines del arrendamiento se detalla que "los cánones estarán dirigidos principalmente a cubrir gastos por deterioros y costos administrativos producto de las relaciones arrendaticias". La ganancia será 3% anual, que podrá ser revisada por el Ejecutivo, cuando lo considere necesario.
Ese texto, que está en segunda discusión, contempla que los dueños de los inmuebles al momento de alquilar tienen que mantener en buenas condiciones las viviendas.
Los incumplimientos al texto implicarán multas de 50 a 1.000 unidades tributarias y si reinciden en las faltas esas multas se duplicarán y en ciertos casos se llegará a las expropiaciones, si los dueños tienen más de cinco inmuebles.
El Universal
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Reportan importación de cabillas desde territorio colombiano
El secretario general del Sindicato Único de los Trabajadores de la Construcción del estado Lara (Suticel), Héctor Contreras, señaló que el Gobierno nacional ha permitido la importación de cabillas provenientes de Colombia y otras latitudes vecinas.
El dirigente sindical repudió esta situación, por cuanto el país cuenta con suficientes recursos naturales, infraestructura y profesionales especializados en el área minera, para la explotación y procesamiento del hierro.
"Estamos importando cabilla desde Colombia. Eso está sonando mucho entre los trabajadores. Nos duele ver todo lo que está ocurriendo con el país. La naturaleza nos ha dotado de muchos recursos, pero se han manejado de una manera inadecuada".
Recientemente, trabajadores de Sidetur alegaron que los motivos de la escasez de cabillas se debía al desvío de la mercancía a mercados internacionales.
En este sentido, resulta inaceptable que la producción nacional se consolide en territorio extranjero, mientras el Ejecutivo recurre a la importación para cubrir a medias la demanda local. "Quienes aplaudían las expropiaciones de las empresas mineras hace tres o cuatro años, hoy se lamentan. Hay un malestar generalizado. En las últimas elecciones sindicales, la oposición ha ganado casi todos los puestos en estas organizaciones gubernamentales".
Metas fantasiosas
Explico Contreras que los obreros son los primeros que se "alegran" cuando un vocero del Gobierno, anuncia el inicio de un proyecto.
"Cada vez que prometen una construcción, sentimos mucha esperanza porque tenemos grandes necesidades de empleo. En este momento, se ha multiplicado la visita de obreros a los portones, buscando de puerta en puerta un lugar donde conseguir el sustento".
El dirigente sindical aprovechó la ocasión para solicitar el reinicio de las obras en las Torres del Sisal, por cuanto desde el año pasado fue entregado el 30% de los recursos. "Sabemos que cambian las cabillas, pero no comienzan las obras. A duras penas entregaron los apartamentos en Los Jabillos. Vienen adelantando el Rancho cinco A, están apenas en el proceso de estructura. ¿Para cuándo estará listo eso?, sólo Dios sabe".
La entrega de viviendas pre-fabricadas, dijo, es una solución para quienes viven en ranchos. Sin embargo, urge la reactivación de planes que beneficien a mayor cantidad de personas.
"Sabemos que en el estado Lara hay entre 14 mil a 16 mil personas que dependen del área de construcción. De ese lote, un 75% está en la calle, sin trabajo. Puede ser que alguna persona contrate a un albañil para ciertas remodelaciones, pero no se considera eso un trabajo formal porque no tiene ningún tipo de beneficio socioeconómico".
De allí deriva la importancia de que el Ejecutivo invierta en la planificación y ejecución de proyectos. "Estamos cerca de diciembre y la gente está desesperada porque no consigue trabajo.
Hay que industrializar el proceso y traer los sistemas de montaje. El sistema tradicional es muy lento y debemos multiplicar el trabajo".
EL IMPULSO
Fecha: 25-09-2011
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El dirigente sindical repudió esta situación, por cuanto el país cuenta con suficientes recursos naturales, infraestructura y profesionales especializados en el área minera, para la explotación y procesamiento del hierro.
"Estamos importando cabilla desde Colombia. Eso está sonando mucho entre los trabajadores. Nos duele ver todo lo que está ocurriendo con el país. La naturaleza nos ha dotado de muchos recursos, pero se han manejado de una manera inadecuada".
Recientemente, trabajadores de Sidetur alegaron que los motivos de la escasez de cabillas se debía al desvío de la mercancía a mercados internacionales.
En este sentido, resulta inaceptable que la producción nacional se consolide en territorio extranjero, mientras el Ejecutivo recurre a la importación para cubrir a medias la demanda local. "Quienes aplaudían las expropiaciones de las empresas mineras hace tres o cuatro años, hoy se lamentan. Hay un malestar generalizado. En las últimas elecciones sindicales, la oposición ha ganado casi todos los puestos en estas organizaciones gubernamentales".
Metas fantasiosas
Explico Contreras que los obreros son los primeros que se "alegran" cuando un vocero del Gobierno, anuncia el inicio de un proyecto.
"Cada vez que prometen una construcción, sentimos mucha esperanza porque tenemos grandes necesidades de empleo. En este momento, se ha multiplicado la visita de obreros a los portones, buscando de puerta en puerta un lugar donde conseguir el sustento".
El dirigente sindical aprovechó la ocasión para solicitar el reinicio de las obras en las Torres del Sisal, por cuanto desde el año pasado fue entregado el 30% de los recursos. "Sabemos que cambian las cabillas, pero no comienzan las obras. A duras penas entregaron los apartamentos en Los Jabillos. Vienen adelantando el Rancho cinco A, están apenas en el proceso de estructura. ¿Para cuándo estará listo eso?, sólo Dios sabe".
La entrega de viviendas pre-fabricadas, dijo, es una solución para quienes viven en ranchos. Sin embargo, urge la reactivación de planes que beneficien a mayor cantidad de personas.
"Sabemos que en el estado Lara hay entre 14 mil a 16 mil personas que dependen del área de construcción. De ese lote, un 75% está en la calle, sin trabajo. Puede ser que alguna persona contrate a un albañil para ciertas remodelaciones, pero no se considera eso un trabajo formal porque no tiene ningún tipo de beneficio socioeconómico".
De allí deriva la importancia de que el Ejecutivo invierta en la planificación y ejecución de proyectos. "Estamos cerca de diciembre y la gente está desesperada porque no consigue trabajo.
Hay que industrializar el proceso y traer los sistemas de montaje. El sistema tradicional es muy lento y debemos multiplicar el trabajo".
EL IMPULSO
Fecha: 25-09-2011
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ecocaracas.com
Fecha: 24-09-2011
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ecocaracas.com
VITALIS reconoció la labor de diversas organizaciones públicas y privadas, medios de comunicación, unidades educativas y comunidades organizadas, en la tercera edición del Premio Ambiental de Ecoeficiencia y Producción Limpia.
El acto realizado en las instalaciones de la Universidad Metropolitana en Caracas, conducido por la periodista Alba Cecilia Mujica y transmitido a través de twitter (@ONGVitalis) y en vivo, a través de internet, gracias a la tecnología de LiveStream, premió 13 esfuerzos de diversas regiones del país, y busca estimular la adopción de la ecoeficiencia como cultura administrativa que promueva el uso racional de la energía eléctrica, la gestión integrada del agua, el manejo eficiente de los residuos y desechos sólidos (basura), y el desarrollo de campañas educativas e informacionales, que movilicen a la ciudadanía en la defensa y conservación de los recursos y el ambiente en general.
Los premios entregados fueron:
-Campaña educativa ecoefiente del 2011: Naulé Arvelo del grupo Conciencia Verde de Barquisimeto, Edo. Lara.
-Empresa con avances significativos en el manejo de sus residuos y desechos: MAKRO.
-Centro educativo ecoeficiente del 2011: Liceo Bolivariano "Creación VII", Barquisimeto, Edo. Lara
-Comunidad organizada ecoeficiente del 2011: Cooperativa Socio-Proyectos Ambientales, Isla de Margarita, Edo. Nueva Esparta.
-Artículo o Reportaje sobre ecoeficiencia del 2011: Karina Torres, El Sol de Margarita, Edo. Nueva Esparta.
-Emprendedor ecoeficiente del 2011: María Eugenia Rinaudo, Kit Educativo sobre Cambio Climático del Edo. Lara.
-Empresa ecoeficiente del 2011: Cadena Capriles.
Los premios en las categorías: "Ahorros significativos en Energía Eléctrica", "Gestión Integrada de los Recursos Hídricos" y "Campaña Publicitaria del año", fueron declarados "desiertos", pues el jurado calificador consideró que las postulaciones en tales renglones no cubrieron los estándares respectivos.
Asimismo se entregaron seis menciones especiales del Premio a: FONDOIN, por su revista digital FONDOININFORMA; a la Alcaldía Metropolitana de Caracas, por su portal "Ecocaracas.com"; la Botiquería, por su serie de folletos informativos elaborados conjuntamente con la Fundación Tierra Viva; Plazas Automercados, por sus esfuerzos educativos y publicitarios; Alcaldía de Baruta, por los planes de mejoramiento de sus áreas verdes; y el IMAPSAS de la Alcaldía de Sucre, por sus esfuerzos de conservación desarrollados conjuntamente con las comunidades y los grupos organizados del Municipio.
En palabras del Presidente de VITALIS, y Jefe del Departamento de Estudios Ambientales de la UNIMET, "estos reconocimientos constituyen en sí mismos un compromiso para quienes los reciben, pues esperamos que su labor se mantenga y fortalezca en el tiempo, y permita a otros actores de la sociedad seguir su ejemplo".
La tercera edición del Premio de Ecoeficiencia fue posible gracias al aporte del grupo empresarial Geandina, enmarcado dentro de los proyectos aprobados por la LOCTI, y el coauspicio del Hotel Montaña Suites y la Universidad Metropolitana. Su próxima entrega está prevista para el 2012.
Vitalis otorgó reconocimiento a Ecocaracas.com
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El acto realizado en las instalaciones de la Universidad Metropolitana en Caracas, conducido por la periodista Alba Cecilia Mujica y transmitido a través de twitter (@ONGVitalis) y en vivo, a través de internet, gracias a la tecnología de LiveStream, premió 13 esfuerzos de diversas regiones del país, y busca estimular la adopción de la ecoeficiencia como cultura administrativa que promueva el uso racional de la energía eléctrica, la gestión integrada del agua, el manejo eficiente de los residuos y desechos sólidos (basura), y el desarrollo de campañas educativas e informacionales, que movilicen a la ciudadanía en la defensa y conservación de los recursos y el ambiente en general.
Los premios entregados fueron:
-Campaña educativa ecoefiente del 2011: Naulé Arvelo del grupo Conciencia Verde de Barquisimeto, Edo. Lara.
-Empresa con avances significativos en el manejo de sus residuos y desechos: MAKRO.
-Centro educativo ecoeficiente del 2011: Liceo Bolivariano "Creación VII", Barquisimeto, Edo. Lara
-Comunidad organizada ecoeficiente del 2011: Cooperativa Socio-Proyectos Ambientales, Isla de Margarita, Edo. Nueva Esparta.
-Artículo o Reportaje sobre ecoeficiencia del 2011: Karina Torres, El Sol de Margarita, Edo. Nueva Esparta.
-Emprendedor ecoeficiente del 2011: María Eugenia Rinaudo, Kit Educativo sobre Cambio Climático del Edo. Lara.
-Empresa ecoeficiente del 2011: Cadena Capriles.
Los premios en las categorías: "Ahorros significativos en Energía Eléctrica", "Gestión Integrada de los Recursos Hídricos" y "Campaña Publicitaria del año", fueron declarados "desiertos", pues el jurado calificador consideró que las postulaciones en tales renglones no cubrieron los estándares respectivos.
Asimismo se entregaron seis menciones especiales del Premio a: FONDOIN, por su revista digital FONDOININFORMA; a la Alcaldía Metropolitana de Caracas, por su portal "Ecocaracas.com"; la Botiquería, por su serie de folletos informativos elaborados conjuntamente con la Fundación Tierra Viva; Plazas Automercados, por sus esfuerzos educativos y publicitarios; Alcaldía de Baruta, por los planes de mejoramiento de sus áreas verdes; y el IMAPSAS de la Alcaldía de Sucre, por sus esfuerzos de conservación desarrollados conjuntamente con las comunidades y los grupos organizados del Municipio.
En palabras del Presidente de VITALIS, y Jefe del Departamento de Estudios Ambientales de la UNIMET, "estos reconocimientos constituyen en sí mismos un compromiso para quienes los reciben, pues esperamos que su labor se mantenga y fortalezca en el tiempo, y permita a otros actores de la sociedad seguir su ejemplo".
La tercera edición del Premio de Ecoeficiencia fue posible gracias al aporte del grupo empresarial Geandina, enmarcado dentro de los proyectos aprobados por la LOCTI, y el coauspicio del Hotel Montaña Suites y la Universidad Metropolitana. Su próxima entrega está prevista para el 2012.
Vitalis otorgó reconocimiento a Ecocaracas.com
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Límite de créditos para adquirir vivienda principal
El ministerio de Vivienda y Hábitat publicó este viernes en la Gaceta Oficial número 39.763 la resolución que dicta las normas para la adquisición de viviendas principal, cuyo financiamiento no podrá exceder de los 270 mil bolívares, independientemente del ingreso familiar.
En el caso de que se aplique el subsidio directo habitacional, los beneficiarios no podrán recibir más de esta cantidad al sumar el beneficio total y el monto del préstamo.
Otra novedad de esta resolución es que los créditos para comprar una vivienda principal con recursos propios de la banca podrán otorgar el subsidio habitacional como complemento del crédito, pero igual no podrá ser mayor a 270 mil bolívares.
En todo caso, el subsidio sólo aplicará como complemento del crédito cuando los solicitantes perciban un ingreso total mensual de hasta cuatro salarios mínimos.
Mientras que en los créditos con recursos propios de la banca, el monto máximo a financiar será determinado de acuerdo al ingreso total mensual familiar.
El texto legal también dispone que los solicitantes no deben haber recibido durante los últimos 5 años un crédito con recursos regulados por las leyes en materia de vivienda u otro recurso por parte de un ente público.
Quedan exceptuadas de la aplicación de la presente resolución, las solicitudes de otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda principal en curso.
lanacion.com.ve
24-09-2011
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En el caso de que se aplique el subsidio directo habitacional, los beneficiarios no podrán recibir más de esta cantidad al sumar el beneficio total y el monto del préstamo.
Otra novedad de esta resolución es que los créditos para comprar una vivienda principal con recursos propios de la banca podrán otorgar el subsidio habitacional como complemento del crédito, pero igual no podrá ser mayor a 270 mil bolívares.
En todo caso, el subsidio sólo aplicará como complemento del crédito cuando los solicitantes perciban un ingreso total mensual de hasta cuatro salarios mínimos.
Mientras que en los créditos con recursos propios de la banca, el monto máximo a financiar será determinado de acuerdo al ingreso total mensual familiar.
El texto legal también dispone que los solicitantes no deben haber recibido durante los últimos 5 años un crédito con recursos regulados por las leyes en materia de vivienda u otro recurso por parte de un ente público.
Quedan exceptuadas de la aplicación de la presente resolución, las solicitudes de otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda principal en curso.
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Construirán 34 mil viviendas en Venezuela con apoyo de Irán
avn.info.ve
Como parte de los convenios de cooperación que firmó el Gobierno venezolano con la República Islámica de Irán, se impulsará la construcción de 34.000 viviendas en el país suramericano.
Así lo informó este viernes el vicepresidente para el Área Económico Productivo, Ricardo Menéndez, durante la clausura de la VII Comisión Mixta Venezuela- Irán en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería venezolana, en Caracas, la capital.
Menéndez indicó que "ya hemos construido 10.000 viviendas en nuestro país y adicionalmente hay en proceso de construcción 17.000. Hoy firmaremos un convenio de 7.000 más para un total de 34.000".
Asimismo, indicó que con la firma de estos convenios se fortalecerán la Gran Misión Vivienda Venezuela y la Misión AgroVenezuela.
Además, Menéndez refirió que se ha avanzado en el suministro de materiales para la construcción de soluciones habitacionales y la industrialización del país.
También en el sector alimentos se ha avanzado en la construcción y mantenimiento de las plantas de maíz y leche en la nación venezolana.
Menéndez informó que en diciembre culminarán 25 plantas, de un total de 26 programadas.
"Se espera que la número 26 esté concluida en el primer trimestre del año 2012", acotó.
Adicionalmente, indicó que a finales de noviembre inaugurarán el primer módulo del complejo de plástico más grande de Venezuela.
"Se espera que entre los meses de enero y marzo del 2012 se concluyan los tres módulos del complejo de plástico, lo que permitirá satisfacer necesidades del sector alimentos en términos de envases", dijo Menéndez.
En la séptima reunión de la Comisión Mixta Venezuela- Irán se abordaron diversos asuntos en mesas temáticas sobre industria, minas y comercio, vivienda y transporte, finanzas, agricultura y tierras, hidrocarburos, ambiente y electricidad y asuntos sociales.
Agencia Venezolana de Noticias
Fecha: 24-09-2011
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Como parte de los convenios de cooperación que firmó el Gobierno venezolano con la República Islámica de Irán, se impulsará la construcción de 34.000 viviendas en el país suramericano.
Así lo informó este viernes el vicepresidente para el Área Económico Productivo, Ricardo Menéndez, durante la clausura de la VII Comisión Mixta Venezuela- Irán en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería venezolana, en Caracas, la capital.
Menéndez indicó que "ya hemos construido 10.000 viviendas en nuestro país y adicionalmente hay en proceso de construcción 17.000. Hoy firmaremos un convenio de 7.000 más para un total de 34.000".
Asimismo, indicó que con la firma de estos convenios se fortalecerán la Gran Misión Vivienda Venezuela y la Misión AgroVenezuela.
Además, Menéndez refirió que se ha avanzado en el suministro de materiales para la construcción de soluciones habitacionales y la industrialización del país.
También en el sector alimentos se ha avanzado en la construcción y mantenimiento de las plantas de maíz y leche en la nación venezolana.
Menéndez informó que en diciembre culminarán 25 plantas, de un total de 26 programadas.
"Se espera que la número 26 esté concluida en el primer trimestre del año 2012", acotó.
Adicionalmente, indicó que a finales de noviembre inaugurarán el primer módulo del complejo de plástico más grande de Venezuela.
"Se espera que entre los meses de enero y marzo del 2012 se concluyan los tres módulos del complejo de plástico, lo que permitirá satisfacer necesidades del sector alimentos en términos de envases", dijo Menéndez.
En la séptima reunión de la Comisión Mixta Venezuela- Irán se abordaron diversos asuntos en mesas temáticas sobre industria, minas y comercio, vivienda y transporte, finanzas, agricultura y tierras, hidrocarburos, ambiente y electricidad y asuntos sociales.
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Créditos para Gran Misión Vivienda Venezuela tendrán prioridad
Cortesia: vtv.gov.ve
Los créditos para adquisición de un techo que forme parte de los desarrollos habitacionales construidos en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) tendrán prioridad en su tramitación.
Así lo establece la resolución 124 del Ministerio de Vivienda y Hábitat, referida a las normas, requisitos y documentación para el otorgamiento de créditos destinados a la adquisición de vivienda principal, publicada en la Gaceta Oficial 39.763 de fecha 22 de septiembre de 2011, que circuló este viernes.
La nueva normativa precisa que uno de los requisitos que deben incluirse en el expediente del crédito habitacional es la constancia de inscripción del solicitante en el Registro Nacional de Vivienda, en caso de que la casa a comprar forme parte de la Gran Misión.
La resolución añade que el Órgano Superior establecerá la forma en que los bancos atenderán estas solicitudes.
El Registro Nacional de Vivienda es uno de los vértices de la GMVV, un programa del Gobierno venezolano lanzado en abril, cuya meta es atender la demanda habitacional en el país. Tiene como objetivo construir dos millones de casas entre 2011 y 2017, empezando con 153.000 este año.
A través del Registro, el Estado precisa la demanda real de viviendas por regiones. Se inscribe todo aquel que requiera una casa propia. La primera oleada arrancó el 7 de mayo y concluyó el 5 de junio, en Caracas, Vargas, Miranda, Zulia y Falcón. Esta fase arrojó un millón 293.396 familias. Cubrió las entidades más afectadas por las lluvias de finales de 2010.
La segunda oleada comenzó el 9 de julio y concluyó el 7 de agosto, en Aragua, Carabobo, Lara, Mérida, Táchira, Trujillo y Yaracuy. En ella se inscribieron un millón 163.168 familias, para un total, en ambas oleadas, de dos millones 456.564 familias.
La tercera oleada se realizará entre el 1º y el 30 de octubre. Abarcará los estados Barinas, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Apure, Delta Amacuro, Amazonas, Bolívar, Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta y Monagas.
Las condiciones de financiamiento para la adquisición de viviendas construidas dentro de la GMVV incluyen un subsidio directo habitacional, de acuerdo con el ingreso familiar. Va desde 100% para las familias que perciban menos de un salario mínimo al mes (1.548,21 bolívares).
Puede ser de 80% para quienes ganen un salario mínimo; 54,19% si el ingreso es de dos salarios mínimos (3.096,42 bolívares); 28,39% si son tres salarios mínimos( 4.644,63 bolívares); y 2,58% hasta cuatro salarios (6.192,84 bolívares). Si ganan más de este monto, las familias quedan fuera del subsidio.
Las cuotas mensuales máximas para el pago de los préstamos hipotecarios no pueden superar 35% del ingreso familiar mensual, y los préstamos se concederán por un plazo máximo de 25 años.
Adicionalmente, si la reciben damnificados por lluvias, que tienen prioridad dentro de la Misión, tienen un porcentaje aparte de descuento en el costo total, en reconocimiento por haber perdido su casa.
Agencia Venezolana de Noticias
Fecha: 24-09-2011
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Los créditos para adquisición de un techo que forme parte de los desarrollos habitacionales construidos en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) tendrán prioridad en su tramitación.
Así lo establece la resolución 124 del Ministerio de Vivienda y Hábitat, referida a las normas, requisitos y documentación para el otorgamiento de créditos destinados a la adquisición de vivienda principal, publicada en la Gaceta Oficial 39.763 de fecha 22 de septiembre de 2011, que circuló este viernes.
La nueva normativa precisa que uno de los requisitos que deben incluirse en el expediente del crédito habitacional es la constancia de inscripción del solicitante en el Registro Nacional de Vivienda, en caso de que la casa a comprar forme parte de la Gran Misión.
La resolución añade que el Órgano Superior establecerá la forma en que los bancos atenderán estas solicitudes.
El Registro Nacional de Vivienda es uno de los vértices de la GMVV, un programa del Gobierno venezolano lanzado en abril, cuya meta es atender la demanda habitacional en el país. Tiene como objetivo construir dos millones de casas entre 2011 y 2017, empezando con 153.000 este año.
A través del Registro, el Estado precisa la demanda real de viviendas por regiones. Se inscribe todo aquel que requiera una casa propia. La primera oleada arrancó el 7 de mayo y concluyó el 5 de junio, en Caracas, Vargas, Miranda, Zulia y Falcón. Esta fase arrojó un millón 293.396 familias. Cubrió las entidades más afectadas por las lluvias de finales de 2010.
La segunda oleada comenzó el 9 de julio y concluyó el 7 de agosto, en Aragua, Carabobo, Lara, Mérida, Táchira, Trujillo y Yaracuy. En ella se inscribieron un millón 163.168 familias, para un total, en ambas oleadas, de dos millones 456.564 familias.
La tercera oleada se realizará entre el 1º y el 30 de octubre. Abarcará los estados Barinas, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Apure, Delta Amacuro, Amazonas, Bolívar, Sucre, Anzoátegui, Nueva Esparta y Monagas.
Las condiciones de financiamiento para la adquisición de viviendas construidas dentro de la GMVV incluyen un subsidio directo habitacional, de acuerdo con el ingreso familiar. Va desde 100% para las familias que perciban menos de un salario mínimo al mes (1.548,21 bolívares).
Puede ser de 80% para quienes ganen un salario mínimo; 54,19% si el ingreso es de dos salarios mínimos (3.096,42 bolívares); 28,39% si son tres salarios mínimos( 4.644,63 bolívares); y 2,58% hasta cuatro salarios (6.192,84 bolívares). Si ganan más de este monto, las familias quedan fuera del subsidio.
Las cuotas mensuales máximas para el pago de los préstamos hipotecarios no pueden superar 35% del ingreso familiar mensual, y los préstamos se concederán por un plazo máximo de 25 años.
Adicionalmente, si la reciben damnificados por lluvias, que tienen prioridad dentro de la Misión, tienen un porcentaje aparte de descuento en el costo total, en reconocimiento por haber perdido su casa.
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La vivienda a examen
Talcualdigital.com
La situación del derecho humano a la vivienda en Venezuela será evaluada el próximo 7 de octubre en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. El Consejo tendrá como insumos los informes presentados por el gobierno, la sociedad civil y organismos internacionales, quienes expresaron cómo está la situación de los derechos humanos en el país.
El gobierno en su informe no visibiliza el derecho a la vivienda. La razón es muy clara. No tiene resultados satisfactorios que presentar. Es una de las áreas de gestión pública con mayores niveles de ineficacia. En el párrafo 145 de su Informe no tiene más alternativa que admitir la insuficiencia de las políticas públicas en la materia.
Si bien hay que reconocer que en el año 2011 inició un proceso de reconocimiento de la gravedad de la situación y lanzó la gran Misión Vivienda Venezuela que abre posibilidades de empezar a obtener resultados distintos a los once años anteriores, hay que advertir que sigue cometiendo parte de los mismos errores que produjeron el fracaso por más de una década. El promedio anual de construcción fue de tan solo 29.508 unidades habitacionales.
El viviendismo es uno de los principales errores. Diseñar y ejecutar la política de vivienda casi exclusivamente en la construcción de nuevas viviendas. Esa tendencia cuestionada por expertos en el área incluso militantes identificados con el proyecto gubernamental no se supera. Se deja de lado la reorganización y consolidación de barrios estables donde puede mejorarse la calidad de las viviendas y dignificar la vida en dichos espacios urbanos.
Pero incluso en la ejecución de la misma política viviendista se repiten errores. Destaco dos: El primero, no convocar a todos los sectores capaces de aportar para incrementar significativamente la construcción de viviendas entre ellos al sector privado nacional.
Se continúa privilegiando convenios internacionales con países que no han demostrado eficacia en el cumplimiento de sus obligaciones. El segundo, la falta de coordinación con las autoridades estadales y principalmente municipales, lo que genera graves inconvenientes en la prestación de los servicios públicos y genera en algunos casos distorsiones en el urbanismo municipal.
No tenemos a la fecha datos suficientes para indicar si el gobierno cumplirá o no sus metas para marzo de 2012 cuando se cumplirá un año de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Existen sí algunos indicios que generan preocupación. Por nuestra parte aspiramos que cumpla con la construcción de las 140.000 viviendas prometidas para beneficio de las miles de familias damnificadas que tienen cifradas sus esperanzas en esa promesa.
El país requiere de un Plan Nacional Integral de Vivienda con metas precisas por lapsos determinados que abarque nuevas viviendas y consolidación de otras, cálculos presupuestarios que incluyan el componente de servicios y líneas precisas de coordinación institucional con estados y municipios. La improvisación es una mala consejera.
Tal Cual
24-09-2011
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Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
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La situación del derecho humano a la vivienda en Venezuela será evaluada el próximo 7 de octubre en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. El Consejo tendrá como insumos los informes presentados por el gobierno, la sociedad civil y organismos internacionales, quienes expresaron cómo está la situación de los derechos humanos en el país.
El gobierno en su informe no visibiliza el derecho a la vivienda. La razón es muy clara. No tiene resultados satisfactorios que presentar. Es una de las áreas de gestión pública con mayores niveles de ineficacia. En el párrafo 145 de su Informe no tiene más alternativa que admitir la insuficiencia de las políticas públicas en la materia.
Si bien hay que reconocer que en el año 2011 inició un proceso de reconocimiento de la gravedad de la situación y lanzó la gran Misión Vivienda Venezuela que abre posibilidades de empezar a obtener resultados distintos a los once años anteriores, hay que advertir que sigue cometiendo parte de los mismos errores que produjeron el fracaso por más de una década. El promedio anual de construcción fue de tan solo 29.508 unidades habitacionales.
El viviendismo es uno de los principales errores. Diseñar y ejecutar la política de vivienda casi exclusivamente en la construcción de nuevas viviendas. Esa tendencia cuestionada por expertos en el área incluso militantes identificados con el proyecto gubernamental no se supera. Se deja de lado la reorganización y consolidación de barrios estables donde puede mejorarse la calidad de las viviendas y dignificar la vida en dichos espacios urbanos.
Pero incluso en la ejecución de la misma política viviendista se repiten errores. Destaco dos: El primero, no convocar a todos los sectores capaces de aportar para incrementar significativamente la construcción de viviendas entre ellos al sector privado nacional.
Se continúa privilegiando convenios internacionales con países que no han demostrado eficacia en el cumplimiento de sus obligaciones. El segundo, la falta de coordinación con las autoridades estadales y principalmente municipales, lo que genera graves inconvenientes en la prestación de los servicios públicos y genera en algunos casos distorsiones en el urbanismo municipal.
No tenemos a la fecha datos suficientes para indicar si el gobierno cumplirá o no sus metas para marzo de 2012 cuando se cumplirá un año de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Existen sí algunos indicios que generan preocupación. Por nuestra parte aspiramos que cumpla con la construcción de las 140.000 viviendas prometidas para beneficio de las miles de familias damnificadas que tienen cifradas sus esperanzas en esa promesa.
El país requiere de un Plan Nacional Integral de Vivienda con metas precisas por lapsos determinados que abarque nuevas viviendas y consolidación de otras, cálculos presupuestarios que incluyan el componente de servicios y líneas precisas de coordinación institucional con estados y municipios. La improvisación es una mala consejera.
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lunes, 26 de septiembre de 2011
Documental sobre expropiaciones en Venezuela: "Ven a mi que tengo flor"
VIDEO: Documental sobre expropiaciones en Venezuela: "Ven a mi que tengo flor"
CiudadaniActiva
Este sábado 24 a las 10 de la mañana la Asociación Civil Ciudadanía Activa presentará su nuevo documental “Ven a mi que tengo Flor” que muestra la historia de 5 personas que sufren en carne propia el despojo de su propiedad.
A través del testimonio de los afectados y la opinión de especialistas en el tema de la propiedad privada, este documental muestra cómo la política de “expropiaciones” implementada por el gobierno de Hugo Chávez no sólo es un ataque frontal contra la propiedad privada, sino también un proyecto del Gobierno para apropiarse de la capacidad productiva del país, afectando de manera directa la libertad de los ciudadanos.
“Ven a mi que tengo flor” ha sido la frase usada por el Presidente de la República (de igual forma que hizo uso del pito al momento de despedir a los trabajadores de PDVSA) para ordenar se ejecuten las arbitrarias expropiaciones. Con este nuevo trabajo Ciudadanía Activa continúa en su labor de dejar documentadas las arbitrariedades cometidas por este gobierno en lo que a Derechos Civiles y Derechos Humanos se refiere. “Ven a mi que tengo flor” ofrece una panorámica sobre casos emblemáticos a fin de denunciar la lógica perversa que condena la propiedad privada consagrada en la Constitución venezolana.
Este sábado, luego de la proyección del documental a las 10 de la mañana en la sala CINEX del Centro San Ignacio, contaremos con los comentarios de la Dra Isabel Pereira, sociologa, Directora de CEDICE y Alfredo Padilla Director del Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar.
lapatilla.com
23-09-2011
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A través del testimonio de los afectados y la opinión de especialistas en el tema de la propiedad privada, este documental muestra cómo la política de “expropiaciones” implementada por el gobierno de Hugo Chávez no sólo es un ataque frontal contra la propiedad privada, sino también un proyecto del Gobierno para apropiarse de la capacidad productiva del país, afectando de manera directa la libertad de los ciudadanos.
“Ven a mi que tengo flor” ha sido la frase usada por el Presidente de la República (de igual forma que hizo uso del pito al momento de despedir a los trabajadores de PDVSA) para ordenar se ejecuten las arbitrarias expropiaciones. Con este nuevo trabajo Ciudadanía Activa continúa en su labor de dejar documentadas las arbitrariedades cometidas por este gobierno en lo que a Derechos Civiles y Derechos Humanos se refiere. “Ven a mi que tengo flor” ofrece una panorámica sobre casos emblemáticos a fin de denunciar la lógica perversa que condena la propiedad privada consagrada en la Constitución venezolana.
Este sábado, luego de la proyección del documental a las 10 de la mañana en la sala CINEX del Centro San Ignacio, contaremos con los comentarios de la Dra Isabel Pereira, sociologa, Directora de CEDICE y Alfredo Padilla Director del Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar.
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Dictan normas de crédito para vivienda principal
Las normas aparecen publicadas este viernes
El ministerio para Hábitat y Vivienda dio a conocer las normas para el otorgamiento de créditos para la adquisición de vivienda principal.
Dichas normas están publicadas en la Gaceta Oficial 39.763, de fecha 22 de septiembre de 2011, que circula este viernes y según uno de los considerandos, buscan simplificar los recaudos en las solicitudes de créditos para la adquisición de vivienda con el fin de "garantizar a una mayor cantidad de venezolanos y venezolanas el acceso a los beneficios del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat".
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Dichas normas están publicadas en la Gaceta Oficial 39.763, de fecha 22 de septiembre de 2011, que circula este viernes y según uno de los considerandos, buscan simplificar los recaudos en las solicitudes de créditos para la adquisición de vivienda con el fin de "garantizar a una mayor cantidad de venezolanos y venezolanas el acceso a los beneficios del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat".
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Conciencia ambientalista en hogares
El movimiento que continúa extendiéndose por el mundo sobre la arquitectura verde o sostenible, va más allá de una simple tendencia, pues más que la búsqueda de ahorro energético, es el planeta mismo el que está reclamando protección, como se evidencia en las catástrofes que constantemente asolan diferentes partes del globo.
Éste planteamiento principista corresponde a la arquitecta venezolana Liliana Arriaga. Para ella, no sólo es sostenible sino necesario y se puede partir incluso de lo que ya está edificado, tanto en el ámbito doméstico como industrial, utilizando mejor aires acondicionados e instalaciones sanitarias, usualmente con un excesivo gasto de recursos y energía convencional."Otra forma que desde el hogar puede contribuir a lograr un ahorro energético y, por ende, no perjudicar el ambiente, es mediante el reciclaje, que si bien en Venezuela está en fase incipiente en comparación con países europeos, ya se dan pasos firmes en esa dirección", sostiene Liliana. Cita como ejemplo sencillo, comenzar por separar de la basura hogareña o de las instalaciones industriales y comerciales, las pilas o baterías para colocarlas en bolsas o envases apartados de la basura corriente, pero advierte que ello requiere de concienciación y una campaña informativa y educativa de las instituciones responsables."Sin dudas, encontraremos esa vía más temprano que tarde en nuestros países; de que viene, viene, es un movimiento indetenible", sostiene Arriaga, quien apoya entusiastamente esta iniciativa mundial de impulsar una arquitectura verde, porque "a largo plazo nos va a beneficiar a todos".
Preocupación. Según el blog Arquitectura Sostenible, la preocupación por el agotamiento de los recursos y la seguridad energética "impulsa últimamente movimientos que luchan por la sustentabilidad en el sector de la construcción, mediante el diseño de edificios con una conciencia ambiental". Esta web especializada explica que las prácticas de construcción verde permiten manejar tanto el consumo de energía y recursos como la generación de residuos, aplicando conceptos y tecnologías que representan una alternativa ambientalmente más beneficiosa y económicamente más favorable que los diseños del pasado. Su planteamiento fundamental es que se tendrán que multiplicar las oportunidades que conlleven a expandir el mercado para la construcción verde en los países que fomenten la educación y la toma de conciencia sobre este tipo de edificación, formulando políticas que la apoyen, y aumentando el estímulo de la inversión pública en construcciones ecológicas o la adquisición gubernamental de éstas. Estos especialistas parten de la necesidad de unir los criterios de asesores, expertos del sector privado, gobiernos, organizaciones no gubernamentales y otros sectores interesados con conocimiento y experiencia en materia de construcción verde, ya que juntos definirán con mayor precisión el alcance de estas estrategias: "Por supuesto, son importante las contribuciones de la ciudadanía".
Entorno Inteligente
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Preocupación. Según el blog Arquitectura Sostenible, la preocupación por el agotamiento de los recursos y la seguridad energética "impulsa últimamente movimientos que luchan por la sustentabilidad en el sector de la construcción, mediante el diseño de edificios con una conciencia ambiental". Esta web especializada explica que las prácticas de construcción verde permiten manejar tanto el consumo de energía y recursos como la generación de residuos, aplicando conceptos y tecnologías que representan una alternativa ambientalmente más beneficiosa y económicamente más favorable que los diseños del pasado. Su planteamiento fundamental es que se tendrán que multiplicar las oportunidades que conlleven a expandir el mercado para la construcción verde en los países que fomenten la educación y la toma de conciencia sobre este tipo de edificación, formulando políticas que la apoyen, y aumentando el estímulo de la inversión pública en construcciones ecológicas o la adquisición gubernamental de éstas. Estos especialistas parten de la necesidad de unir los criterios de asesores, expertos del sector privado, gobiernos, organizaciones no gubernamentales y otros sectores interesados con conocimiento y experiencia en materia de construcción verde, ya que juntos definirán con mayor precisión el alcance de estas estrategias: "Por supuesto, son importante las contribuciones de la ciudadanía".
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Gobierno “manipula” cifras referentes a construcción de viviendas en el país
El Gobierno sólo ha construido unas 37.000 viviendas en lo que va de 2011, y no las 44.128 que “engañosamente” el mandatario nacional Hugo Chávez aseguró, durante su programa Aló Presidente el pasado 25 de agosto.
La información la dio a conocer el responsable del área de vivienda de la Comisión de Políticas Públicas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Miguel Méndez Rodulfo, quien afirmó que durante dicha alocución el Presidente ratificó que, de una meta de 47.027, se había cumplido con el 94% en el área de construcción de viviendas.
“Se juegan a lo subliminal”, sostuvo Méndez al tiempo que precisó que de esas 37.000, unas 25.000 fueron construidas por el sector privado, 6.000 por el público y otras 6.000 corresponden a la sustitución de ranchos por viviendas.
“Cuando el Gobierno promete construir 153.000 viviendas este año, todos pensamos que eran nuevas. Cuando se sustituyen ranchos por viviendas no se está contribuyendo a acabar con el déficit habitacional. No fue eso lo que se prometió”, dijo.
El representante de la MUD indicó que el Gobierno encontró una estrategia política-electoral destinada a manejar la situación de “manera tendenciosa”. Emplazó a las autoridades del Banco Central de Venezuela (BCV) a dar a conocer las cifras correspondientes al segundo trimestre de 2011 las cuales, según Méndez, no han sido publicadas.
Recordó que, durante el primer trimestre de este año, cifras del organismo indicaban que se había construido y entregado 11.700 viviendas: 10.000 el sector privado y 1.700 el público. Sin embargo, criticó que el 30 de abril el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, “falseara” estos números ratificando que el sector privado había construido 6.000 y el público unas 13.000.
“El gobierno manipula las cifras”, aseguró Méndez. Recordó cuando el BCV ofreció recientemente su informe de infraestructura, omitiendo “totalmente” los números correspondientes a esta área. “Eso es sumamente sospechoso. El Gobierno va a usar esta omisión como una manera de falsear la verdad”, dijo.
Precisó que una información proveniente de fuentes extraoficiales del BCV permitió conocer que, hasta el 30 de junio de este año, las viviendas construidas eran de 21.000 por parte del sector privado, y 4.000 por parte del sector público. “El Gobierno prohibió que esas cifras se publicaran”, aseguró.
Expectativa en los pobres
El representante de la MUD afirmó que lo que sí ha hecho el actual Gobierno es sustituir ranchos por viviendas: restaurándolas, pintándolas y equipándolas. Ratificó que esa labor no se realiza en barrios populosos, sino en extraurbanos y caseríos, con el apoyo de la comunidad.
“Lo grave del asunto es que esas viviendas siguen careciendo de todo el equipamiento urbano y servicios públicos. La calle sigue siendo de tierra, no hay aceras, el agua llega de forma precaria o casi no llega, no hay buena iluminación ni drenajes. Eso crea en los pobres una gran expectativa”, sostuvo.
Capricho presidencial
Ciudad Caribia es un complejo urbanístico ubicado en el estado Vargas, que ya aloja a unas 602 familias damnificadas de los barrios Nueva Tacagua, Blandín y Federico Quiroz. Sin embargo, el representante de la MUD enfatizó que este urbanismo parte más que todo de un “capricho presidencial”.
“Un día Chávez iba para el aeropuerto en helicóptero, vio el terreno y dijo que allí haría una ciudad socialista”, recalcó Méndez. También agregó que el mandatario nacional se “empeñó” en construir en esa área, a pesar de ser una zona de reservas forestales.
“Había prometido terminarla en dos años y se proponía construir 20.000 viviendas en ese terreno. Allí hubo muchísima corrupción. El Gobierno prometió inaugurar una primera parte con 800 viviendas, en 2008, sin embargo, en 2011 entregó 602”, ratificó. De igual forma, Méndez recalcó que este complejo no responde a ningún criterio de planificación ni desarrollo urbano, donde existen problemas de agua, gas y aseo urbano.
Monumento a la desidia
Méndez trajo a colación cuando el proyecto Petrocasa arrancó en 2006 para levantar viviendas, a través del uso de tecnología alemana. “La capacidad de la fábrica era poder construir 18.000 viviendas al año. La idea no era mala, pero de 2006 a 2010 no se armaron ni entregaron más de 5.000 petrocasas hasta 2010”, dijo.
Recordó cuando Chávez inauguró la primera de estas fábricas en Guacara, estado Carabobo, de una forma “fastuosa y con grandes promesas”, hasta el punto de asegurar que sería “inviable” la construcción privada.
Ratificó que en el 2008 el Gobierno prometió invertir 64 millones de dólares para llevar a cabo este proyecto en Cumaná, estado Sucre, en un terreno ubicado frente al aeropuerto de esta entidad donde construirían unas 1.000 petrocasas. Sin embargo, criticó que sólo levantaran una vivienda como modelo.
“Desde el 2008 para acá esa casa quedó como un ánima sola, íngrima y como un monumento a la desidia y a la incompetencia. En Apure, la fábrica está próxima a entrar en operación”, señaló. Méndez también afirmó que este año fueron entregadas unas 530 petrocasas la entidad carabobeña, pertenecientes a los urbanismos Guaicaipuro y Cacique Guacara y Bolivariano. “Ese desarrollo tenia 4 años durmiéndose”, refutó.
El Nacional
23-09-2011
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La información la dio a conocer el responsable del área de vivienda de la Comisión de Políticas Públicas de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Miguel Méndez Rodulfo, quien afirmó que durante dicha alocución el Presidente ratificó que, de una meta de 47.027, se había cumplido con el 94% en el área de construcción de viviendas.
“Se juegan a lo subliminal”, sostuvo Méndez al tiempo que precisó que de esas 37.000, unas 25.000 fueron construidas por el sector privado, 6.000 por el público y otras 6.000 corresponden a la sustitución de ranchos por viviendas.
“Cuando el Gobierno promete construir 153.000 viviendas este año, todos pensamos que eran nuevas. Cuando se sustituyen ranchos por viviendas no se está contribuyendo a acabar con el déficit habitacional. No fue eso lo que se prometió”, dijo.
El representante de la MUD indicó que el Gobierno encontró una estrategia política-electoral destinada a manejar la situación de “manera tendenciosa”. Emplazó a las autoridades del Banco Central de Venezuela (BCV) a dar a conocer las cifras correspondientes al segundo trimestre de 2011 las cuales, según Méndez, no han sido publicadas.
Recordó que, durante el primer trimestre de este año, cifras del organismo indicaban que se había construido y entregado 11.700 viviendas: 10.000 el sector privado y 1.700 el público. Sin embargo, criticó que el 30 de abril el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, “falseara” estos números ratificando que el sector privado había construido 6.000 y el público unas 13.000.
“El gobierno manipula las cifras”, aseguró Méndez. Recordó cuando el BCV ofreció recientemente su informe de infraestructura, omitiendo “totalmente” los números correspondientes a esta área. “Eso es sumamente sospechoso. El Gobierno va a usar esta omisión como una manera de falsear la verdad”, dijo.
Precisó que una información proveniente de fuentes extraoficiales del BCV permitió conocer que, hasta el 30 de junio de este año, las viviendas construidas eran de 21.000 por parte del sector privado, y 4.000 por parte del sector público. “El Gobierno prohibió que esas cifras se publicaran”, aseguró.
Expectativa en los pobres
El representante de la MUD afirmó que lo que sí ha hecho el actual Gobierno es sustituir ranchos por viviendas: restaurándolas, pintándolas y equipándolas. Ratificó que esa labor no se realiza en barrios populosos, sino en extraurbanos y caseríos, con el apoyo de la comunidad.
“Lo grave del asunto es que esas viviendas siguen careciendo de todo el equipamiento urbano y servicios públicos. La calle sigue siendo de tierra, no hay aceras, el agua llega de forma precaria o casi no llega, no hay buena iluminación ni drenajes. Eso crea en los pobres una gran expectativa”, sostuvo.
Capricho presidencial
Ciudad Caribia es un complejo urbanístico ubicado en el estado Vargas, que ya aloja a unas 602 familias damnificadas de los barrios Nueva Tacagua, Blandín y Federico Quiroz. Sin embargo, el representante de la MUD enfatizó que este urbanismo parte más que todo de un “capricho presidencial”.
“Un día Chávez iba para el aeropuerto en helicóptero, vio el terreno y dijo que allí haría una ciudad socialista”, recalcó Méndez. También agregó que el mandatario nacional se “empeñó” en construir en esa área, a pesar de ser una zona de reservas forestales.
“Había prometido terminarla en dos años y se proponía construir 20.000 viviendas en ese terreno. Allí hubo muchísima corrupción. El Gobierno prometió inaugurar una primera parte con 800 viviendas, en 2008, sin embargo, en 2011 entregó 602”, ratificó. De igual forma, Méndez recalcó que este complejo no responde a ningún criterio de planificación ni desarrollo urbano, donde existen problemas de agua, gas y aseo urbano.
Monumento a la desidia
Méndez trajo a colación cuando el proyecto Petrocasa arrancó en 2006 para levantar viviendas, a través del uso de tecnología alemana. “La capacidad de la fábrica era poder construir 18.000 viviendas al año. La idea no era mala, pero de 2006 a 2010 no se armaron ni entregaron más de 5.000 petrocasas hasta 2010”, dijo.
Recordó cuando Chávez inauguró la primera de estas fábricas en Guacara, estado Carabobo, de una forma “fastuosa y con grandes promesas”, hasta el punto de asegurar que sería “inviable” la construcción privada.
Ratificó que en el 2008 el Gobierno prometió invertir 64 millones de dólares para llevar a cabo este proyecto en Cumaná, estado Sucre, en un terreno ubicado frente al aeropuerto de esta entidad donde construirían unas 1.000 petrocasas. Sin embargo, criticó que sólo levantaran una vivienda como modelo.
“Desde el 2008 para acá esa casa quedó como un ánima sola, íngrima y como un monumento a la desidia y a la incompetencia. En Apure, la fábrica está próxima a entrar en operación”, señaló. Méndez también afirmó que este año fueron entregadas unas 530 petrocasas la entidad carabobeña, pertenecientes a los urbanismos Guaicaipuro y Cacique Guacara y Bolivariano. “Ese desarrollo tenia 4 años durmiéndose”, refutó.
El Nacional
23-09-2011
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"Ya la ley asume que el propietario es oligarca"
Martini enfatizó que a la tercera multa, el gobierno puede expropiar el inmueble. Foto José Leal
El primer impulso de empresarios y de gremios es señalar que serán los afectados. Tras analizar la nueva normativa concluyen que los inquilinos también se verán afectados al reducirse la oferta de arrendamiento.
Javier dice estar “más o menos enterado” sobre el proyecto de ley de arrendamiento. Dice tener miedo. Las canas que luce y los ocho apartamentos que abarca el patrimonio familiar -entre hijos, sobrinos y una hermana- son producto de “sangre, sudor, sacrificio y lágrimas. Son legítimos. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el camino?”.
Si bien el presidente nacional de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini Pietri, reconoce que los propietarios tienen razones para temer, también afirma que los inquilinos también. Sin embargo, una de las primeras reflexiones que hace es no perder la calma.
“No es para que ahora salgan a correr todos a la calle. Para eso estamos aquí: para ver qué haremos nosotros”, expresa Martini en un foro organizado por la Cámara Inmobiliaria del estado Bolívar, realizado este viernes en la sede de la Cámara de la Construcción en Ciudad Guayana.
Sostiene que la vivienda, que sea un derecho no es una obligación que recae sobre los ciudadanos, sino en el gobierno.
Las multas contra los propietarios por incumplir la ley oscilan entre 50 y mil unidades tributarias. Pero al tercer incurrimiento, destaca Martini, el inmueble será expropiado. A ello agrega en su disertación que con la Defensoría Pública del Inquilinato sólo se protege al alquilador, en menoscabo de los derechos del dueño. “Ya la ley asume que el propietario es oligarca”.
Además de otros aspectos como que el valor de la propiedad lo establecerá la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. Como consecuencia afirma que la oferta de alquiler ya está reduciéndose considerablemente.
Oferta escasa
La presidenta regional de la Cámara Inmobiliaria, Aurelis Farfán, que la posibilidad de encontrar una vivienda para alquilar es prácticamente inexistente. La causa está en el temor de los propietarios que no puedan disponer de su propiedad.
Comenta a manera de ejemplo que el descenso de la oferta es tal que hay notarías que ya no tramitan los 20 contratos de arrendamiento en promedio mensualmente, sino uno solo.
Igual que Martini, Farfán advierte que al final los perjudicados serán ambas partes, tanto inquilinos como dueños. Señala que si bien existe una ley que prohíbe el desalojo, el propietario luego de acudir a todas las instancias podría recuperar la disponibilidad del inmueble y optaría por no arrendar.
Soraya Díaz, trabajadora en una empresa inmobiliaria, considera que el nuevo instrumento legislativo carece de equilibrio, pues afirma que favorece y atenta contra el proceso de negociación entre un inquilino y un propietario, “quien al final se inhibirá. Habrá que esperar a que salga la ley a ver cómo reacciona el mercado”.
Discusión sin escucha
El presidente nacional de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini, aclara que si bien han participado en las discusiones del proyecto de ley, el articulado de la misma no obedece al consenso sino a un texto legislativo preestablecido.
Recuerda que hace tres días, en la Asamblea Nacional, uno de los diputados cuestionó por qué había tantos sectores que hacían “tantas preguntas”, sino ya la ley estaba hecha. “Hemos participado, pero no nos escuchan”.
Martini plantea que es antes de la sanción de la ley que la comunidad organizada –e insiste: inquilinos, propietarios y agentes inmobiliarios- que debe pronunciarse. “Una vez aprobada la ley, hay que acatarla. Por eso tenemos que informarnos”.
Correo del Caroní / Ciudad Guayana
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Javier dice estar “más o menos enterado” sobre el proyecto de ley de arrendamiento. Dice tener miedo. Las canas que luce y los ocho apartamentos que abarca el patrimonio familiar -entre hijos, sobrinos y una hermana- son producto de “sangre, sudor, sacrificio y lágrimas. Son legítimos. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el camino?”.
Si bien el presidente nacional de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini Pietri, reconoce que los propietarios tienen razones para temer, también afirma que los inquilinos también. Sin embargo, una de las primeras reflexiones que hace es no perder la calma.
“No es para que ahora salgan a correr todos a la calle. Para eso estamos aquí: para ver qué haremos nosotros”, expresa Martini en un foro organizado por la Cámara Inmobiliaria del estado Bolívar, realizado este viernes en la sede de la Cámara de la Construcción en Ciudad Guayana.
Sostiene que la vivienda, que sea un derecho no es una obligación que recae sobre los ciudadanos, sino en el gobierno.
Las multas contra los propietarios por incumplir la ley oscilan entre 50 y mil unidades tributarias. Pero al tercer incurrimiento, destaca Martini, el inmueble será expropiado. A ello agrega en su disertación que con la Defensoría Pública del Inquilinato sólo se protege al alquilador, en menoscabo de los derechos del dueño. “Ya la ley asume que el propietario es oligarca”.
Además de otros aspectos como que el valor de la propiedad lo establecerá la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. Como consecuencia afirma que la oferta de alquiler ya está reduciéndose considerablemente.
Oferta escasa
La presidenta regional de la Cámara Inmobiliaria, Aurelis Farfán, que la posibilidad de encontrar una vivienda para alquilar es prácticamente inexistente. La causa está en el temor de los propietarios que no puedan disponer de su propiedad.
Comenta a manera de ejemplo que el descenso de la oferta es tal que hay notarías que ya no tramitan los 20 contratos de arrendamiento en promedio mensualmente, sino uno solo.
Igual que Martini, Farfán advierte que al final los perjudicados serán ambas partes, tanto inquilinos como dueños. Señala que si bien existe una ley que prohíbe el desalojo, el propietario luego de acudir a todas las instancias podría recuperar la disponibilidad del inmueble y optaría por no arrendar.
Soraya Díaz, trabajadora en una empresa inmobiliaria, considera que el nuevo instrumento legislativo carece de equilibrio, pues afirma que favorece y atenta contra el proceso de negociación entre un inquilino y un propietario, “quien al final se inhibirá. Habrá que esperar a que salga la ley a ver cómo reacciona el mercado”.
Discusión sin escucha
El presidente nacional de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini, aclara que si bien han participado en las discusiones del proyecto de ley, el articulado de la misma no obedece al consenso sino a un texto legislativo preestablecido.
Recuerda que hace tres días, en la Asamblea Nacional, uno de los diputados cuestionó por qué había tantos sectores que hacían “tantas preguntas”, sino ya la ley estaba hecha. “Hemos participado, pero no nos escuchan”.
Martini plantea que es antes de la sanción de la ley que la comunidad organizada –e insiste: inquilinos, propietarios y agentes inmobiliarios- que debe pronunciarse. “Una vez aprobada la ley, hay que acatarla. Por eso tenemos que informarnos”.
Correo del Caroní / Ciudad Guayana
23-09-2011
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Los venezolanos están comprando propiedades en el extranjero
Las restricciones del mercado inmobiliario local y los cambios de marco legal de propiedad, hizo que los venezolanos compren viviendas en el exterior.
Especialmente cuando estas se adquieren como una inversión. Casa Propia Colombia agente de las seis constructoras más grandes del país vecino: Amarilo, CFC, Colpatria, Marval, Pedro Gómez y Soluciones Inmobiliarias- vendió 200 viviendas a venezolanos en los últimos tres años, señaló Margarita Restrepo, gerente de la firma a Globovisión.
La señora Restrepo, que se encuentra de visita en Caracas para promocionar 118 conjuntos residenciales en construcción, aseguró que las ventas a venezolanos suman más de 30 millones de dólares. Los precios de las viviendas parten de 150.000 dólares. La ejecutiva agregó que quienes invierten en Colombia, disfrutan de una gran estabilidad.
Dijo que esta es tanto económica como jurídica y que obtienen una revalorización de por lo menos 15% anual. "En Bogotá el valor de las viviendas subió 25% el año pasado. Cartagena, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Pereira y Manizales son otras ciudades donde la apreciación de los inmuebles está por encima del promedio", señaló.
espanol.upi.com
23-09-2011
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La señora Restrepo, que se encuentra de visita en Caracas para promocionar 118 conjuntos residenciales en construcción, aseguró que las ventas a venezolanos suman más de 30 millones de dólares. Los precios de las viviendas parten de 150.000 dólares. La ejecutiva agregó que quienes invierten en Colombia, disfrutan de una gran estabilidad.
Dijo que esta es tanto económica como jurídica y que obtienen una revalorización de por lo menos 15% anual. "En Bogotá el valor de las viviendas subió 25% el año pasado. Cartagena, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Pereira y Manizales son otras ciudades donde la apreciación de los inmuebles está por encima del promedio", señaló.
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España: Las hipotecas sobre viviendas acentúan su caída en julio (-55,26%) hasta las 858 operaciones
que.es
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Baleares se redujo un 55,26% en julio en relación a igual mes de 2010, hasta situarse en 858 operaciones, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con este descenso interanual, las viviendas hipotecadas encadenan seis meses de caídas en el islas y superan los valores del mes de mayo, cuando el número de vivienda hipotecadas se desplomó un 50% en relación al año anterior.
En tasa intermensual (julio en relación a junio), las viviendas hipotecadas cayeron un 15%, al registrar el mes de junio 1009 operaciones de compraventa, frente a las 858 del mes de junio.
En julio se constituyeron en el archipiélago 1.334 hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas).
El capital de los créditos hipotecarios fue de 164.615 euros, y el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas fue de 123.400 euros, un 4,8 por ciento más que en julio de 2010.
A nivel nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas descendió un 47% en julio a nivel interanual en España, hasta situarse en 29.523, la cifra más baja de toda la serie histórica, iniciada en 2003.
Con este descenso, las viviendas hipotecadas acumulan ya más de un año de caídas. El descenso de julio es algo más pronunciado que el de junio, que fue del 42,4%.
En los siete primeros meses de 2011, las viviendas hipotecadas en España han bajado un 28,2% respecto al mismo periodo de 2010. En tasa intermensual, las viviendas hipotecadas bajaron en julio un 9,7%, frente al descenso del 13% que experimentaron en junio.
El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas fue de 110.604 euros en julio, un 9% menos que en igual mes de 2010, mientras que el capital prestado bajó un 51,8% en tasa interanual, hasta los 3.265,3 millones de euros.
Las cajas de ahorros fueron las entidades que concedieron un mayor número de préstamos hipotecarios, con el 49,4% del total, seguidas de los bancos (37,4%) y otras entidades financieras (13,2%). En cuanto al capital prestado, las cajas de ahorros concedieron el 40,3% del total, los bancos el 44,7% y otras entidades financieras el 15%.
TIPO DE INTERÉS DEL 4,27%.
El tipo de interés medio en el país en julio fue del 4,27%, lo que supone un aumento del 13,3% en tasa interanual y del 3,6% respecto al mes anterior.
En julio, el tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios de las cajas de ahorros fue del 4,48% y el plazo medio de 22 años. En cuanto a los bancos, el tipo medio de sus préstamos hipotecarios fue del 4,25% y el plazo medio de 21 años.
El 95,5% de las hipotecas constituidas en el séptimo mes del año utilizó un tipo de interés variable, frente al 4,5% de tipo fijo. Entre los variables, el Euríbor es el tipo de referencia más utilizado en la constitución de hipotecas, en concreto figura en el 81,9% de los nuevos contratos.
POR COMUNIDADES
El número de fincas con hipoteca constituida por cada 100.000 habitantes fue mayor en La Rioja (173). En julio, ninguna comunidad registró una tasa de variación positiva, al tiempo que las evoluciones más negativas se dieron en La Rioja (-65,7%) y Asturias (-62,3%).
La comunidad autónoma con mayor importe medio hipotecado fue Madrid (177.787 euros). Murcia fue la comunidad que presentó la mayor tasa de variación interanual positiva (39,4%), seguida de Galicia (22,5%).
Las comunidades en las que el número de fincas con cambios en sus condiciones por cada 100.000 habitantes fue mayor fueron Comunidad Valenciana (109) y Castilla-La Mancha (172). Las que tienen mayor número de hipotecas canceladas registralmente por cada 100.000 habitantes también fueron Comunidad Valenciana (128) y Castilla-La Mancha (115).
que.es
22-09-2011
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Con este descenso interanual, las viviendas hipotecadas encadenan seis meses de caídas en el islas y superan los valores del mes de mayo, cuando el número de vivienda hipotecadas se desplomó un 50% en relación al año anterior.
En tasa intermensual (julio en relación a junio), las viviendas hipotecadas cayeron un 15%, al registrar el mes de junio 1009 operaciones de compraventa, frente a las 858 del mes de junio.
En julio se constituyeron en el archipiélago 1.334 hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas).
El capital de los créditos hipotecarios fue de 164.615 euros, y el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas fue de 123.400 euros, un 4,8 por ciento más que en julio de 2010.
A nivel nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas descendió un 47% en julio a nivel interanual en España, hasta situarse en 29.523, la cifra más baja de toda la serie histórica, iniciada en 2003.
Con este descenso, las viviendas hipotecadas acumulan ya más de un año de caídas. El descenso de julio es algo más pronunciado que el de junio, que fue del 42,4%.
En los siete primeros meses de 2011, las viviendas hipotecadas en España han bajado un 28,2% respecto al mismo periodo de 2010. En tasa intermensual, las viviendas hipotecadas bajaron en julio un 9,7%, frente al descenso del 13% que experimentaron en junio.
El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas fue de 110.604 euros en julio, un 9% menos que en igual mes de 2010, mientras que el capital prestado bajó un 51,8% en tasa interanual, hasta los 3.265,3 millones de euros.
Las cajas de ahorros fueron las entidades que concedieron un mayor número de préstamos hipotecarios, con el 49,4% del total, seguidas de los bancos (37,4%) y otras entidades financieras (13,2%). En cuanto al capital prestado, las cajas de ahorros concedieron el 40,3% del total, los bancos el 44,7% y otras entidades financieras el 15%.
TIPO DE INTERÉS DEL 4,27%.
El tipo de interés medio en el país en julio fue del 4,27%, lo que supone un aumento del 13,3% en tasa interanual y del 3,6% respecto al mes anterior.
En julio, el tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios de las cajas de ahorros fue del 4,48% y el plazo medio de 22 años. En cuanto a los bancos, el tipo medio de sus préstamos hipotecarios fue del 4,25% y el plazo medio de 21 años.
El 95,5% de las hipotecas constituidas en el séptimo mes del año utilizó un tipo de interés variable, frente al 4,5% de tipo fijo. Entre los variables, el Euríbor es el tipo de referencia más utilizado en la constitución de hipotecas, en concreto figura en el 81,9% de los nuevos contratos.
POR COMUNIDADES
El número de fincas con hipoteca constituida por cada 100.000 habitantes fue mayor en La Rioja (173). En julio, ninguna comunidad registró una tasa de variación positiva, al tiempo que las evoluciones más negativas se dieron en La Rioja (-65,7%) y Asturias (-62,3%).
La comunidad autónoma con mayor importe medio hipotecado fue Madrid (177.787 euros). Murcia fue la comunidad que presentó la mayor tasa de variación interanual positiva (39,4%), seguida de Galicia (22,5%).
Las comunidades en las que el número de fincas con cambios en sus condiciones por cada 100.000 habitantes fue mayor fueron Comunidad Valenciana (109) y Castilla-La Mancha (172). Las que tienen mayor número de hipotecas canceladas registralmente por cada 100.000 habitantes también fueron Comunidad Valenciana (128) y Castilla-La Mancha (115).
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