Con la creciente instauración de leyes que dan al Gobierno cada vez más poder sobre la propiedad privada, ese viejo refrán venezolano que decía “seguro lo que está en casa” dejó de ser una realidad para pasar a convertirse en una utopía del pasado, cuyo regreso se ve cada vez más lejano.
Los índices de expropiaciones son cada vez más alarmantes, ya nadie tiene seguro ni siquiera el techo y las cuatro paredes que le cubren del frio y la lluvia. De llegar a una de estas circunstancias, aquí, en la “tierra de las posibilidades” no hay a quien recurrir, pues quienes deberían garantizar el orden, apuntan cada vez más hacia su retorcida meta de que “todo debería ser de todos”.
Ante tal situación, salen al ruedo un par de preguntas que inducen a la reflexión ¿todos trabajamos y nos esforzamos a un mismo nivel para merecer vivir en igualdad de condiciones? ¿Quién le da el derecho a un ciudadano de quitarle arbitrariamente a otro lo que le ha costado una vida construir?
Para aclarar esta y muchas dudas, www.entarategente.com conversó con el abogado y director de la Asociación de Propietarios e Inmuebles Urbanos, Roberto Orta Martínez.
Esto fue lo que dijo:
EG: ¿Qué ocurre actualmente con la propiedad privada en Venezuela?
RO:La propiedad privada está gravemente afectada en nuestro país, sobre todo desde el año 2003, de por sí, es el tercer país con menos protección a la propiedad privada a nivel mundial. Desde ese entonces, el Gobierno ha venido gestando una serie de leyes y políticascontra la propiedad privada con el objetivo de impulsar la propiedad social, de la cual tendría control absoluto el gobierno y no los ciudadanos. Una de estas fue la congelación del alquiler de viviendas, que ya tiene 9 años en vigencia. En ese año 2003, grupos organizados empezaron a promover masivamente invasiones de inmuebles construidos, terrenos urbanos y rurales, sin respuesta delEjecutivo para evitar este flagelo. En 2006 comenzaron a expropiar propiedades urbanas en Caracas, sin pago oportuno a sus propietarios. El Alcalde Juan Barreto expropió 241 edificios sin pagar el 95% de ellos.
Durante el año 2011 y 2012 se aprobaron varias leyes relacionadas con el tema, en lo que el Presidente denominó la Revolución Urbana, entre ellas se pueden mencionar las siguientes: Ley contrala Estafa Inmobiliaria, Ley de Arrendamiento de Viviendas, Ley Contra Desalojos Arbitrarios, Ley de Propiedad de Viviendas, Ley de Emergencia de Viviendas y Terrenos y la Ley de Justiprecio para Expropiaciones de Emergencia, entre otras. Todos estos instrumentos, lejos de ayudar al propietario, lo que hacen es dificultar que éste pueda recuperar su patrimonio en riesgo. Todo este andamiaje jurídico busca dar libertad al gobierno, sin control de los demás poderes, para apropiarse de propiedades privadas, sin cumplir con los preceptos constitucionales y el debido proceso establecido en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública la cual sigue vigente.
EG: ¿De qué manera específica ha influido la Ley de Arrendamientos de Vivienda en nuestro País?
RO:Esta ley hay que analizarla junto con la Ley contra losDesalojos Arbitrarios, ya que la primera ratifica a la otra. En primer lugar, estas vinieron a centralizar todas las funciones administrativas en una Superintendencia Nacional de Arrendamiento que sustituyó las 335 oficinas municipales de inquilinato que estaban distribuidas a nivel nacional, quitando la posibilidad a un propietario de acudir directamente a un tribunal para pedir la aplicación de la ley y lo obliga a pasar por un órgano administrativo dirigido por el Ejecutivo Nacional, el cual aplica las directrices gubernamentales, lo que influye en el avance o no de los procesos. Los primeros 8 meses de la Ley, han sido nefastos para los propietarios, quienes han encontrado un organismo que no garantiza el ejercicio de sus derechos, ante el incumplimiento de inquilinos morosos o que incumplen la ley.
Miles de propietarios que necesitan la vivienda para un familiar no la han podido recuperar por las trabas que la ley y la superintendencia ponen al arrendador. Pensamos que el oficialismo buscó cercenar los derechos de los propietarios de inmuebles alquilados y lo ha logrado en gran parte, aunque los propietarios seguiremos incansablemente luchando por lo que nos pertenece, hasta que los derechos de las partes se equilibren.
Este nuevo órgano apenas ha a instalado una oficina por cada estado, lo que le ha dificultado al propietario la solicitud de justicia en casos donde está afectado en las diferentes regiones de nuestra geografía.Hoy son muchas las personas que no pueden acudir a un tribunal local a demandar el desalojo o algún otro tipo de problema con su propiedad, debido a que simplemente no existe una oficina de la Superintendencia en esa ciudad y lo obliga a trasladarse a la capital del Estado para hacer los trámites.Además solo existen 5 Defensores Públicos de Vivienda a nivel nacional y estos deben estar en miles de actos conciliatorios administrativos y juicios en todo el país, lo que hace casi imposible el avance de los procedimientos, sobre todo en el interior.
Por otra parte, con la regulación de todos los cánones de arrendamiento, ya nadie puede ir a una notaría a autenticar un contrato de arrendamiento, sin pasar primero por el –inexistente en todas las ciudades- órgano rector nacional encargado, el cual debe aprobar el contrato y fijar el monto del alquiler.
De igual forma, a ocho meses de aprobada la Ley de Alquileres no se ha fijado el valor de reposición para hacerlos avalúos al momento de establecer el monto de un alquiler. Esto se traduce en una caída vertiginosa en ofertas de arrendamiento a nivel nacional, poniendo este mercado en el punto más bajo en toda su historia, lo cual representa en un gran fracaso en la política de vivienda del país. Miles de familias se han quedado sin la oportunidad de alquilar una vivienda, siendo los más afectados los matrimonios jóvenes y nuevas familias.
EG: De continuar el actual Gobierno ¿Qué futuro vislumbra usted para la figura de la propiedad privada en Venezuela?
RO: Es evidente que el Gobierno Nacional, dentro de su ideología “socialista” no ha generado leyes, ni políticas que fomenten el respeto a la propiedad privada. La omisión de procesos adecuados que frenen de las invasiones inmobiliarias que se vienen gestando desde hace ya algunos años, es un claro mensaje de que no se hace nada sobre este particular, hasta la fecha hemos contabilizado cerca de 22.000 ocupaciones arbitrarias a nivel nacional. Si a esto se suma la ambigüedad del discurso político presidencial, donde se estimula la lucha de clases y se postula que la propiedad privada solo la disfrutan reducidos grupos, podemos apreciar claramente que aquí no se fomenta el respeto por lo ajeno. Por esta razón de mantenerse el gobierno en el poder, no es nada promisorio lo que le espera a los ciudadanos en cuanto al ejercicio de sus derechos económicos.
EG: Ante la posibilidad de un eventual cambio de Gobierno el 7-O ¿Qué correctivos deberían tomarse para reparar las medidas erradas que se han ejercido en esta última década sobre los bienes privados?
RO: En primer lugar habría que comenzar por modificar, y en la mayoría de los casos, derogar estas 14 leyes promulgadas en los 2 últimos años, que regulan la propiedad inmobiliaria en el país. Muchas de ellas, como la Ley de Tierras Urbanas, la de Emergencias de Terrenos y Viviendas y la Ley de Justiprecios, deben quedar sin efecto por el hecho de violan algunos artículos de la Constitución Nacional, entre los que resaltan el “pago oportuno” de las expropiaciones.
Todas estas modificaciones están concebidas para dar al Gobierno todo el poder de expropiar, sin tener que pasar por el control del poder legislativo y del judicial, teniendo también la posibilidad de tomar cualquier inmueble incluso antes de ser cancelado.
Adicionalmente al tema de las modificaciones legales, habría que crear una comisión presidencial que trabaje con los demás organismos del estado y los demás poderes, para restituir las propiedades que han sido confiscadas, tanto en zonas rurales como urbanas. Lo mismo aplica para las invasiones, las cuales hay que evaluar y tomar las decisiones adecuadas para cada caso.
EG: ¿Qué piensa del nivel de impacto que generan al aparato productivo nacional y a nuestra imagen ante los ojos internacionales las medidas de expropiación adoptadas por el actual Presidente?
RO: Las expropiaciones han afectadoa los sectores agrícola, industrial y de la construcción, es evidente la disminución en la producción de alimentos, fabricación deproductos y viviendas y el aumento de las importacionesde muchos rubros. Esto se relaciona directamente con nuestra imagen ante otros países, pues ha traído como consecuencia que la gente no venga a invertir, ante las expropiaciones ejecutadas a ciudadanos y empresas venezolanas y extranjeras, sin respetar los procesos legales y judiciales.
Asimismo, cuando ha habido alguna sentencia internacional sobre el tema, estas no han sido acatadas. Evidentemente, un país con un gobierno que no respeta la propiedad, no indemniza las expropiaciones y hace caso omiso de las sentencias de organismos que están fuera de nuestras fronteras, ve afectada gravementesu reputación en el entorno económico internacional.
EG: ¿Cuál sería su mensaje para todas las personas que en estos momentos tienen problemas por alguna propiedad?
RO: El mensaje a los propietarios es a que luchen por lo que les pertenece, que denuncien sus casos ante los medios de comunicación y que agoten todas las instancias posibles, aunque sabemos que algunas no funcionan adecuadamente, ni apoyan al propietario, es necesario abrir los expedientes e iniciar procedimientos de nulidad en caso de confiscaciones y denunciar en caso de invasiones. Muchos propietarios han recuperado sus propiedades, pero han hecho un esfuerzo para lograrlo en un entorno adverso. La propiedad privada se salvará si cada propietario lucha vehementemente por lo que ha trabajado. También se hace necesario luchar por derogar estas leyes inconstitucionales que se han promulgado últimamente, los miembros de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), ya hemos acudido en cinco oportunidades al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) solicitando la nulidad de esos instrumentos legales.
Periodista: Juan Pablo Ruiz
EnterateGente.com
17-07-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
PIN 31E5A7B4
hmedina30@yahoo.es
Linkedin:
http://ve.linkedin.com/pub/henry-medina/21/59b/59b
http://es.groups.yahoo.com/group/corredor_inmobiliario/
