Como en el terreno tenía su residencia, la familia debió separarse para vivir en dos sitios diferentes, situación que sigue pese a que le asignaron un apartamento de la Misión Vivienda
ANA DÍAZ
ANADÍAZ@EL-NACIONAL.COM
El 16 de diciembre de 2011 Nelson Rojas y su familia vivieron una pesadilla que se prolongó hasta marzo del año siguiente como consecuencia de la expropiación del terreno, ordenada por el presidente Hugo Chávez. “Se presentaron funcionarios de la alcaldía y de la Oficina de Proyectos y Planes Especiales, OPPE, y sin orden escrita me dijeron que debía desalojar en 48 horas”, contó.
Durante 35 años, Rojas, caraqueño nacido hace 63 años en La Pastora, ocupó el terreno de 980 metros cuadrados ubicado en la esquina de Velásquez, parroquia Santa Rosalía, donde instaló un taller y un autolavado. Luego de 30 años de pagar alquiler compró el bien: “Vendí todo lo que tenía: un apartamento en Terrazas del Ávila y el carro”.
Una vez adquirida la parcela construyó la vivienda en la que durante cinco años vivió su familia que, con la expropiación, debió dividirse: su esposa y dos hijas fueron a casa de la suegra en Antímano, mientras Rojas y su hijo excepcional, Yenelson, se quedaron en el terreno bajo la permanente amenaza de desalojar.
Afirmó que la expropiación fue inconstitucional e ilegal porque el decreto 6981, que declara de utilidad pública terrenos de varias parroquias de Caracas, fue publicado en Gaceta Oficial el 6 de enero de 2011.
Por ello, permaneció en su propiedad hasta que lo desalojaron dos meses después. “La Guardia Nacional Bolivariana me sacó a la fuerza porque me negué a salir. En esa propiedad estaba mi vida y mi esfuerzo”, dijo el mecánico.
Trueque desventajoso. Debido a que en el terreno estaba su vivienda, el gobierno lo trasladó con su hijo a un apartamento de 3 habitaciones, en Fuerte Tiuna, el cual compartió con otras dos familias damnificadas por las lluvias. “Fueron 18 meses muy difíciles. Me quedé sin trabajo al perder el taller y el autolavado, y el carro que usaba como taxi me lo robaron allí mismo”, indicó.
Rojas admitió que las autoridades cumplieron la promesa de que le darían un apartamento, con título de propiedad, en el edificio de la Misión Vivienda construido en el terreno que le expropiaron. “Pero ese trueque no es equitativo: el apartamento es muy pequeño (56 metros cuadrados) y no cabe toda la familia, por lo cual lo ocupamos mi hijo y yo. Además Santa Rosalía es cada vez más insegura por lo que mis hijas y mi esposa se quedaron en Antímano”.
Afirmó que un apartamento no cubre el costo del terreno ni el taller mecánico y el autolavado, por lo que sigue insistiendo para que le reconozcan y paguen la indemnización correspondiente. “He acudido a la OPPE en Miraflores, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía sin que a la fecha haya una respuesta positiva”.
Destacó que al acabarse la estabilidad económica de tener “tu propio negocio”, su vida laboral se trastocó por completo con la expropiación. Para cubrir los gastos del grupo familiar hace de todo: trabaja como suplente de vigilancia en un estacionamiento, usa otro carro como taxi y repara vehículos en plena calle en la esquina de Velásquez.
“Trabajo muy duro. Mis hijas están en la universidad. Una estudia Comunicación Social en la Santa Rosa y la otra Odontología en la de Carabobo y le paso 3.000 bolívares mensuales para la residencia en Valencia y los gastos de la carrera. Además, está el centro de educación especial de mi hijo”.
En comuna
“Vivir en un apartamento de la Misión Vivienda ha sido una experiencia extraña, pues como residente le pago por los servicios de limpieza, aseo y agua a la comuna del edificio”, dijo Nelson Rojas. Aseguró que los vecinos no son violentos, aunque ponen la música muy alta. Hace seis meses se sorprendieron porque deben pagar la luz luego de que Corpoelec les instaló los medidores.
El Nacional
08-08-2014
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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