Manuel Inciarte, dirigente vecinal de El Recreo, se horroriza de cómo se ha deteriorado cultural y físicamente la parroquia MANAURE QUINTERO
Reside desde hace 46 años en la parroquia El Recreo de Caracas, comunidad donde sigue de cerca los problemas y cambios que se originaron con la llegada de nueve mil damnificados a 98 refugios, la invasión de 20 inmuebles y con la expropiación de terrenos privados y estacionamientos donde se levantarán casas para afectados por las lluvias de diciembre de 2010.
Manuel Inciarte, líder comunal de Colinas de Los Caobos, afirma que la parroquia El Recreo alberga al mayor número de damnificados de la ciudad, a los cuales considera una población flotante descontextualizada y reproductora de sus costumbres en refugios no aptos para vivienda.
¿Cómo se vivía en la parroquia hace 12 años?
-Había delincuencia. Pero no asesinatos ni secuestros. Aún se percibía tranquilidad social. Los vecinos podían acudir a los parques y áreas recreativas sin miedo. Los servicios públicos operaban con menos fallas, se respetaba la propiedad privada y las organizaciones vecinales sin distinción. No había intimidación hacia vecinos. Mucho menos que un ciudadano se metiera en la casa del otro.
¿En 2011, qué problemas enfrenta la parroquia?
- Planes de racionamiento intermitente del alumbrado público, un toque de queda pasivo durante las noches, mucha indigencia, invasiones a la propiedad privada, expropiaciones y toma de hoteles y empresas con apoyo de la GN para albergar a nueve mil damnificados. Hoy somos receptores de afectados que no son de El Recreo. Se propuso a los dueños de hoteles a albergar a damnificados un mes, luego hasta marzo y ahora los dejaron permanentemente, sin pagar un centavo a dueños de esas empresas privadas. También tenemos un cementerio de empresas quebradas por el Estado e invasiones de inmuebles solos o habitados.
¿Qué es hoy la parroquia El Recreo?
- Un espejo de la Caracas en decadencia. Donde los ciudadanos viven con miedo, resguardados dentro de sus viviendas. Un terreno con 140 mil habitantes que evitan usar los espacios públicos por inseguridad. Áreas donde se incita a los damnificados a invadir cuando se les ofrecieron proyectos de viviendas nuevas en zonas seguras con buenos servicios. Los afectados están protegidos por el Estado. No se deben dejar embaucar con tomas ilegales y no aptas para vivir dignamente. Si se van a quedar en nuestra parroquia que sea en sitios donde no se viole la propiedad privada. Hay espacios públicos adonde se pueden reubicar.
¿Qué otros efectos produjo la llegada de damnificados a la parroquia?
-Son ciudadanos que llenaron espacios privados y demandan servicios públicos. La parroquia no estaba preparada para eso. A finales de 2010 aumentó la inseguridad y llegó la eliminación de la Policía Metropolitana y quedamos desprotegidos. Desde inicios de año hay más asesinatos, robos y homicidios. La seguridad ciudadana fue asumida por la Guardia Nacional Bolivariana con pocos efectivos que no están entrenados para enfrentar a delincuentes ni hacen patrullaje. En las esquinas también vemos problemas con la basura, mayor prostitución y drogas en las puertas de colegios públicos y privados. Estamos ranchificando a las urbanizaciones en lugar de urbanizar a los barrios.
¿Qué medidas se deben implementar en El Recreo para mejorar la seguridad?
- Patrullaje constante, mayor presencia de funcionarios expertos en la calle. Políticas de desarme de la población. Implementación de pago electrónico en el transporte público y líneas de taxi para evitar robos. Instalación de cámaras de seguridad en las calles y mayor vigilancia en los espacios públicos para recuperarlos.
¿La empresa privada ha sido acosada en El Recreo?
-Si. Pasan por una vigilancia inquisidora del Estado. Hay cada vez menos emprendedores que toman el riesgo de abrir empresas en El Recreo, constructoras perseguidas y nula apertura a nuevas construcciones de edificios modernos. Tampoco se han levantado nuevos colegios públicos. Hoy se ataca además a la salud privada y a las aseguradoras. Se desistió de la recolección de basura por contratos privados y se pasó a un manejo estatal irregular, más costoso y menos eficiente. A eso se suman invasiones y estrategias para que los que generan empleos salgan del país.
El Universal
29-08-2011
Colegio de Arquitectos de Venezuela
26-08-2011
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Lic. Henry Medina
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martes, 30 de agosto de 2011
Venezuela, trabas en ventas de casas
La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea avanzó en la discusión de la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
Se aprobaron los artículos referentes a la preferencia de la oferta, los cuales imponen condiciones a las ventas de las viviendas que están en alquiler.
En el articulado se contempla que si el dueño de una solución habitacional decide ofertarla tiene que ofrecerla primero al arrendatario, si éste acepta negociar tendrá un año para buscar el financiamiento. En caso de que el inquilino no compre la unidad, el dueño podrá venderla a un tercero y el lapso para negociar la casa también será de un año.
Las disposiciones dicen que "la preferencia ofertiva es el derecho que le corresponde al arrendatario que ocupa el inmueble para que se le ofrezca en venta en primer lugar y con preferencia frente a terceros".
Una vez que el propietario notifique al inquilino, éste tendrá 90 días para dar la respuesta. Si acepta comprar, el arrendatario tendrá 1 año para buscar el financiamiento, el dueño no podrá solicitar inicial. La norma apunta que la vivienda solo será adquirida a crédito, no se permitirá pago de contado.
Si el inquilino no acepta comprar, el propietario tendrá un año para ofertar la vivienda a un tercero y si en ese tiempo no se colocó la vivienda, se tiene que volver a realizar el ofrecimiento al arrendatario.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, estima que los lapsos para construir soluciones habitacionales serán mayores, una vez que entre en vigencia la nueva Ley de Arrendamientos, debido a que ese marco legal le impondrá más requisitos a las empresas.
Los desarrollos tardan un lapso mínimo de cinco años y cuando esté vigente la ley ese plazo se extenderá y si se fija una obligatoriedad sin sentido, que desestimula la inversión.
asteriscos.tv
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Se aprobaron los artículos referentes a la preferencia de la oferta, los cuales imponen condiciones a las ventas de las viviendas que están en alquiler.
En el articulado se contempla que si el dueño de una solución habitacional decide ofertarla tiene que ofrecerla primero al arrendatario, si éste acepta negociar tendrá un año para buscar el financiamiento. En caso de que el inquilino no compre la unidad, el dueño podrá venderla a un tercero y el lapso para negociar la casa también será de un año.
Las disposiciones dicen que "la preferencia ofertiva es el derecho que le corresponde al arrendatario que ocupa el inmueble para que se le ofrezca en venta en primer lugar y con preferencia frente a terceros".
Una vez que el propietario notifique al inquilino, éste tendrá 90 días para dar la respuesta. Si acepta comprar, el arrendatario tendrá 1 año para buscar el financiamiento, el dueño no podrá solicitar inicial. La norma apunta que la vivienda solo será adquirida a crédito, no se permitirá pago de contado.
Si el inquilino no acepta comprar, el propietario tendrá un año para ofertar la vivienda a un tercero y si en ese tiempo no se colocó la vivienda, se tiene que volver a realizar el ofrecimiento al arrendatario.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, estima que los lapsos para construir soluciones habitacionales serán mayores, una vez que entre en vigencia la nueva Ley de Arrendamientos, debido a que ese marco legal le impondrá más requisitos a las empresas.
Los desarrollos tardan un lapso mínimo de cinco años y cuando esté vigente la ley ese plazo se extenderá y si se fija una obligatoriedad sin sentido, que desestimula la inversión.
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Gobierno nacional expropió 988 empresas en los últimos 9 años
Empresarios dicen que intervenciones estatales alejan las inversiones
Cálculos de Conindustria indican que en lo que va de año pasaron a manos del Estado 401 compañías, 41% más que las tomadas en 2010 ARCHIVO
ROBERTO DENIZ | EL UNIVERSAL
Desde 2002 hasta la fecha el Gobierno nacional expropió 988 empresas, de acuerdo a los datos de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).
Al detallar la evolución anual de las intervenciones estatales se observa que lejos de disminuir, las expropiaciones se han acentuado. Sólo en lo que va de año, 401 compañías pasaron a manos del Estado, lo que supone 41% más que las 284 del año pasado.
El creciente ritmo de las expropiaciones también se comprueba al observar que entre 2009 y 2010 se materializaron 422 intervenciones, casi la misma cantidad que en apenas los ocho primeros meses de 2011.
Para Conindustria este escenario "sólo genera incertidumbre jurídica, aleja las inversiones y afecta las posibilidades de incrementar la producción" y se traduce en menores posibilidades para resolver el problema del abastecimiento y el alto costo de la vida.
Jorge Botti, presidente de Fedecámaras, considera que el Ejecutivo nacional "no ha medido" el efecto que tienen las expropiaciones en la economía nacional. "Cada vez que se expropia una empresa funciona como un elemento inhibidor, como una especie de inyección de miedo a millones de venezolanos que tenían intención de invertir".
Los datos del Banco Central de Venezuela (BCV) indican que en el segundo trimestre del año la inversión cayó 3,6% para llegar al nivel más bajo en los últimos cinco años. La inversión extranjera tampoco es alentadora, ya que en los primeros seis meses del año apenas se ubicó, en términos netos, en 1.184 millones de dólares.
"Es inmensa la paralización que hay por esto. Los Gobiernos inauguran, no expropian (...) Como ejemplo público es nefasto para las intenciones de inversión que pueda haber en cualquier venezolano", insistió el presidente de Fedecámaras.
Por sectores
El área de la construcción ha sido la más perjudicada por la política de expropiaciones. Según la estadística de Conindustria, de las 988 intervenciones realizadas desde 2002, 408 han sido a empresas de la construcción, esto es, 41,3% del total.
En el sector agroindustrial se han registrado 229 intervenciones estatales, es decir, el 23,2% del total, mientras que en el sector petrolero la cifra de expropiaciones asciende a 210 compañías.
Alimentos, comercio, metalurgia y transporte son otras de las actividades que han sido más castigadas por las expropiaciones del Gobierno.
"Para que exista mayor producción y empleo se requiere de un compromiso de diálogo y respeto mutuo entre sector público y privado", dijo la semana pasada en un comunicado de prensa, Carlos Larrazábal, presidente de Conindustria.
Asimismo, destacó que es preocupante "que el Gobierno siga ignorando los llamados al diálogo de todos los sectores de la sociedad venezolana y que se continúe con esta política de ataque a la propiedad privada que sólo lleva al empobrecimiento, desmejora de la calidad de vida de la población y mayor inflación".
Las estimaciones de Ecoanalítica apuntan a que el Gobierno nacional adeuda 20 mil millones de dólares por concepto de expropiaciones.
Recientemente el Ejecutivo nacional oficializó la expropiación de Forjas Santa Clara, Tetracero y Cartonajes Granics. Asimismo, las autoridades han advertido a las empresas que producen y comercializan agua potable envasada una posible intervención.
rdeniz@eluniversal.com
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Cálculos de Conindustria indican que en lo que va de año pasaron a manos del Estado 401 compañías, 41% más que las tomadas en 2010 ARCHIVO
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Desde 2002 hasta la fecha el Gobierno nacional expropió 988 empresas, de acuerdo a los datos de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).
Al detallar la evolución anual de las intervenciones estatales se observa que lejos de disminuir, las expropiaciones se han acentuado. Sólo en lo que va de año, 401 compañías pasaron a manos del Estado, lo que supone 41% más que las 284 del año pasado.
El creciente ritmo de las expropiaciones también se comprueba al observar que entre 2009 y 2010 se materializaron 422 intervenciones, casi la misma cantidad que en apenas los ocho primeros meses de 2011.
Para Conindustria este escenario "sólo genera incertidumbre jurídica, aleja las inversiones y afecta las posibilidades de incrementar la producción" y se traduce en menores posibilidades para resolver el problema del abastecimiento y el alto costo de la vida.
Jorge Botti, presidente de Fedecámaras, considera que el Ejecutivo nacional "no ha medido" el efecto que tienen las expropiaciones en la economía nacional. "Cada vez que se expropia una empresa funciona como un elemento inhibidor, como una especie de inyección de miedo a millones de venezolanos que tenían intención de invertir".
Los datos del Banco Central de Venezuela (BCV) indican que en el segundo trimestre del año la inversión cayó 3,6% para llegar al nivel más bajo en los últimos cinco años. La inversión extranjera tampoco es alentadora, ya que en los primeros seis meses del año apenas se ubicó, en términos netos, en 1.184 millones de dólares.
"Es inmensa la paralización que hay por esto. Los Gobiernos inauguran, no expropian (...) Como ejemplo público es nefasto para las intenciones de inversión que pueda haber en cualquier venezolano", insistió el presidente de Fedecámaras.
Por sectores
El área de la construcción ha sido la más perjudicada por la política de expropiaciones. Según la estadística de Conindustria, de las 988 intervenciones realizadas desde 2002, 408 han sido a empresas de la construcción, esto es, 41,3% del total.
En el sector agroindustrial se han registrado 229 intervenciones estatales, es decir, el 23,2% del total, mientras que en el sector petrolero la cifra de expropiaciones asciende a 210 compañías.
Alimentos, comercio, metalurgia y transporte son otras de las actividades que han sido más castigadas por las expropiaciones del Gobierno.
"Para que exista mayor producción y empleo se requiere de un compromiso de diálogo y respeto mutuo entre sector público y privado", dijo la semana pasada en un comunicado de prensa, Carlos Larrazábal, presidente de Conindustria.
Asimismo, destacó que es preocupante "que el Gobierno siga ignorando los llamados al diálogo de todos los sectores de la sociedad venezolana y que se continúe con esta política de ataque a la propiedad privada que sólo lleva al empobrecimiento, desmejora de la calidad de vida de la población y mayor inflación".
Las estimaciones de Ecoanalítica apuntan a que el Gobierno nacional adeuda 20 mil millones de dólares por concepto de expropiaciones.
Recientemente el Ejecutivo nacional oficializó la expropiación de Forjas Santa Clara, Tetracero y Cartonajes Granics. Asimismo, las autoridades han advertido a las empresas que producen y comercializan agua potable envasada una posible intervención.
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Afirman que solo con regulación se puede acceder a una vivienda
Rechazan criticas al proyecto de Ley de Arrendamientos (Archivo)
Elizabeth Santos, integrante de la Red Metropolitana de Inquilinos, indicó que el proyecto de Ley de Arrendamiento Inmobiliario busca establecer un equilibrio económico y de beneficio habitacional tanto para el propietario como para los arrendados, sin perjuicio a ninguna de las partes.
La vocera del movimiento de inquilinos rechazó la matriz de opinión que se intenta crear contra el proyecto de ley y contra los decretos de desalojos arbitrarios que se han logrado mediante lucha popular, reseñó AVN.
En ese sentido, consideró en VTV que "solamente regulando el mercado de la vivienda la gente puede acceder a ella".
Santos destacó que el planteamiento del instrumento legal es protección y accesibilidad a una vivienda digna. Incluso, destacó, establece acuerdos de contratos por un lapso de tres años de arrendamiento.
"Esto garantiza accesibilidad de vivienda a las familias que años anteriores tenían que mudarse de casa cada año, lo que generaba problemas psicológicos, sobre todo cuando había niños", expresó.
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La vocera del movimiento de inquilinos rechazó la matriz de opinión que se intenta crear contra el proyecto de ley y contra los decretos de desalojos arbitrarios que se han logrado mediante lucha popular, reseñó AVN.
En ese sentido, consideró en VTV que "solamente regulando el mercado de la vivienda la gente puede acceder a ella".
Santos destacó que el planteamiento del instrumento legal es protección y accesibilidad a una vivienda digna. Incluso, destacó, establece acuerdos de contratos por un lapso de tres años de arrendamiento.
"Esto garantiza accesibilidad de vivienda a las familias que años anteriores tenían que mudarse de casa cada año, lo que generaba problemas psicológicos, sobre todo cuando había niños", expresó.
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Imposible sacar al inquilino
Talcualdigital.com
Un propietario de una vivienda que habite en un automóvil o en un pasillo de un edificio mientras alguien viva en su casa es producto de que algo no anda bien en el entorno inmobiliario.
Aunque el proyecto de Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda prevé la desocupación de los inquilinos, este aspecto se mantiene en la incertidumbre porque lo relacionado con los desalojos está diferido hasta nuevo aviso.
Es por ello que la expulsión de los inquilinos de las viviendas están suspendidas en todo el territorio nacional, pero cuando se apruebe el articulado, el arrendador tendrá que realizar una serie de pasos para llevar a cabo su cometido.
En el borrador de ley en materia arrendaticia hay cinco causales de demandas: que el arrendatario haya dejado de pagar cuatro cánones de arrendamiento; la necesidad que tenga el propietario de ocupar su inmueble para otorgárselo a un familiar; usos deshonestos; deterioros mayores; y violación o incumplimiento en las disposiciones del reglamento interno de la vivienda.
Dar luz verde a esta parte ha sido objeto de críticas y constantes preguntas porque el artículo no ha sido bien estructurado. Recientemente la bancada opositora de la comisión de Administración y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional condenó la propuesta que finalmente fue diferida por tener aspectos inconclusos.
Sobre este punto, Claudio Farías, diputado del PSUV, aseguró que a pesar de la postergación de los enunciados, se mantiene la propuesta original del proyecto sobre qué hacer cuando se quiere desalojar a alguien.
Recordó que todos los dueños de viviendas alquiladas no pueden bajo ningún concepto echar a las personas a la calle.
"Anteriormente venía el propietario y corría al inquilino sin importarle nada. Ahora, de aprobarse la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda habrá un juicio oral entre las partes en disputa", expresó el parlamentario. Después de esta instancia, si las diferencias no son resueltas y existe causal de desalojo, se procederá a un procedimiento judicial, todo esto determinado por la Superintendencia encargada del área.
Por otra parte, el parlamentario añadió que si el inquilino sale de la estructura, es responsabilidad del Estado buscarle una vivienda.
PROCEDIMIENTO DIFÍCIL
Para Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, de darle luz verde a la norma jurídica no va a hacer posible ubicar a las personas desalojadas porque no habrá soluciones habitacionales para tal fin.
A su juicio, la consecuencia negativa es por el déficit habitacional de viviendas, que ya supera los 2.200.000 mil inmuebles en toda Venezuela.
Igualmente, la pretensión del Gobierno de obligar a las constructoras aportar el 25% de las construcciones para ser destinadas al arrendamiento no podrá ser posible por falta de materiales de construcción.
En referencia a la Ley contra Desalojos Arbitrarios, que también impide sacar a la fuerza a los inquilinos, el titular de la Cámara Inmobiliaria expresó que debe ser derogada lo antes posible por ser desequilibrada y violar los derechos de la propiedad privada establecidos en el artículo 115 de la Constitución.
Tal Cual
29-08-2011
Colegio de Arquitectos de Venezuela
26-08-2011
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Aunque el proyecto de Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda prevé la desocupación de los inquilinos, este aspecto se mantiene en la incertidumbre porque lo relacionado con los desalojos está diferido hasta nuevo aviso.
Es por ello que la expulsión de los inquilinos de las viviendas están suspendidas en todo el territorio nacional, pero cuando se apruebe el articulado, el arrendador tendrá que realizar una serie de pasos para llevar a cabo su cometido.
En el borrador de ley en materia arrendaticia hay cinco causales de demandas: que el arrendatario haya dejado de pagar cuatro cánones de arrendamiento; la necesidad que tenga el propietario de ocupar su inmueble para otorgárselo a un familiar; usos deshonestos; deterioros mayores; y violación o incumplimiento en las disposiciones del reglamento interno de la vivienda.
Dar luz verde a esta parte ha sido objeto de críticas y constantes preguntas porque el artículo no ha sido bien estructurado. Recientemente la bancada opositora de la comisión de Administración y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional condenó la propuesta que finalmente fue diferida por tener aspectos inconclusos.
Sobre este punto, Claudio Farías, diputado del PSUV, aseguró que a pesar de la postergación de los enunciados, se mantiene la propuesta original del proyecto sobre qué hacer cuando se quiere desalojar a alguien.
Recordó que todos los dueños de viviendas alquiladas no pueden bajo ningún concepto echar a las personas a la calle.
"Anteriormente venía el propietario y corría al inquilino sin importarle nada. Ahora, de aprobarse la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda habrá un juicio oral entre las partes en disputa", expresó el parlamentario. Después de esta instancia, si las diferencias no son resueltas y existe causal de desalojo, se procederá a un procedimiento judicial, todo esto determinado por la Superintendencia encargada del área.
Por otra parte, el parlamentario añadió que si el inquilino sale de la estructura, es responsabilidad del Estado buscarle una vivienda.
PROCEDIMIENTO DIFÍCIL
Para Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, de darle luz verde a la norma jurídica no va a hacer posible ubicar a las personas desalojadas porque no habrá soluciones habitacionales para tal fin.
A su juicio, la consecuencia negativa es por el déficit habitacional de viviendas, que ya supera los 2.200.000 mil inmuebles en toda Venezuela.
Igualmente, la pretensión del Gobierno de obligar a las constructoras aportar el 25% de las construcciones para ser destinadas al arrendamiento no podrá ser posible por falta de materiales de construcción.
En referencia a la Ley contra Desalojos Arbitrarios, que también impide sacar a la fuerza a los inquilinos, el titular de la Cámara Inmobiliaria expresó que debe ser derogada lo antes posible por ser desequilibrada y violar los derechos de la propiedad privada establecidos en el artículo 115 de la Constitución.
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Chávez llama a la banca a cumplir carteras obligatorias
El Presidente de la República, Hugo Chávez, recibió de manos del ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, un plan para ayudar a la banca privada a cumplir con las carteras obligatorias.
"Aquí tengo la lista de bancos que no cumplen la cartera agrícola. Caroní, Guayana, Del Sur y Provincial. Entiendo que la idea es ayudarlos, bueno ayúdate que yo te ayudaré", afirmó Hugo Chávez, quien agregó que "también tengo la lista de los que no cumplen la cartera hipotecaria".
Obligatoriamente los bancos deben entregar al sector agrícola créditos por una cantidad que represente 24% del total de préstamos del año pasado y, en el caso del sector hipotecario, se le exige un mínimo de 12%.
Además hay porcentajes mínimos en los créditos que deben otorgarse este año a las microempresas, la industria y el turismo.
Al tomar en cuenta todas las carteras obligatorias, 52% de los créditos que entrega la banca están dirigidos por el Gobierno.
El martes de esta semana Chávez amenazó a la banca con tomar medidas drásticas si no se cumplen las carteras obligatorias y afirmó que hay entidades financieras que "simulan créditos y le dan créditos a sus amigotes, a empresas relacionadas y empresas de maletín".
En promedio los bancos privados destinan al crédito 63,9 de cada 100 bolívares en depósitos, mientras que las entidades financieras públicas dirigen 34,19, según datos de la Sudeban.
El Universal
28-08-2011
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26-08-2011
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Obligatoriamente los bancos deben entregar al sector agrícola créditos por una cantidad que represente 24% del total de préstamos del año pasado y, en el caso del sector hipotecario, se le exige un mínimo de 12%.
Además hay porcentajes mínimos en los créditos que deben otorgarse este año a las microempresas, la industria y el turismo.
Al tomar en cuenta todas las carteras obligatorias, 52% de los créditos que entrega la banca están dirigidos por el Gobierno.
El martes de esta semana Chávez amenazó a la banca con tomar medidas drásticas si no se cumplen las carteras obligatorias y afirmó que hay entidades financieras que "simulan créditos y le dan créditos a sus amigotes, a empresas relacionadas y empresas de maletín".
En promedio los bancos privados destinan al crédito 63,9 de cada 100 bolívares en depósitos, mientras que las entidades financieras públicas dirigen 34,19, según datos de la Sudeban.
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Inquilinos plantean que ley regule las inmobiliarias
Sergent dice que se debe controlar a empresasFoto: Archivo
El debate de la Ley de Arrendamientos que adelanta la comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) trajo consigo la propuesta de incluir la regulación de las empresas inmobiliarias, arrendadoras o administradoras de inmuebles en alquiler.
La Red Metropolitana de Inquilinos, proponente de la norma, evalúa cómo instrumentar la sugerencia de la Dirección Inquilinato de reglamentar al sector privado que maneja el mercado de arrendamiento.
Rígel Sergent, vocero de la asociación de inquilinos, explicó que el texto legal contempla algunas directrices para las empresas administradoras y arrendadoras, pero indicó que esos lineamientos no son suficientes para controlar la actividad.
Precisó que esperan llenar vacíos legales, como por ejemplo, precisar el estatus en que queda un inmueble y el inquilino cuando el propietario fallece, pero una administradora se encuentra a cargo de la vivienda. Señaló que en muchos casos las arrendadoras “se apoderan ilegalmente del bien”.
Sin embargo, destacó que la materia en la que quieren dejar aclarado el panorama, es la responsabilidad de las administradoras encargadas no sólo del arriendo sino de las condiciones del inmueble. Acusó que “los dueños les ceden deberes como la mejora y mantenimiento de los servicios, pero transcurrido un tiempo se olvidan de la obligación”. “Las actuaciones de las administradoras y arrendadoras tienen que ser controladas, y por ello hay especial interés en incluirlas en la norma”, precisó.
La Ley de Arrendamiento que consta de 150 artículos, ya contempla algunas orientaciones del sector privado, como la obligatoriedad de registrarse ante la Superintendencia de Viviendas, así como la prohibición de cobrar comisiones por mostrar inmuebles o por tramitar un arrendamiento.
Residencias en la mira
Sergent agregó que la Red de Inquilinos está ganada a incluir además un capítulo que reglamente las residencias estudiantiles. Adelantó que se fijarán medidas de espacio mínimas para las áreas comunes e individuales, así como que en cada inmueble de este tipo se establezcan reglas de convivencia que eliminen condiciones como horarios restrictivos de acceso a la vivienda.
Más allá de la inclusión de nuevos apartados legales en la Ley de Arrendamientos, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martínez, señaló que el texto legal “es inconveniente porque hay un desequilibrio muy grande entre arrendatario y arrendador”.
A su juicio, con el articulado se le imponen a propietarios y empresas condiciones desventajosas, por lo que aseguró que seguirá asistiendo al debate del instrumento en la AN, pero alertó que al gremio inmobiliario “no se le escucha”.
Sanción global
El presidente de la comisión de Administración y Servicios, Diosdado Cabello, dijo que la Ley de Arrendamientos "sanciona al abusador, sea inquilino o propietario”. Estimó que tras haberse debatido 138 de los 150 artículos, la Ley será aprobada en septiembre.
Tres por ciento es la oferta de alquileres que persiste en el país, según la Cámara Inmobiliaria. El gremio sostiene que hasta los años 90, 40% del mercado inmobiliario estaba destinado al arriendo -60% a la venta-, pero el cerco legal anuló al sector.
Eltiempo.com.ve
27-08-2011
Colegio de Arquitectos de Venezuela
26-08-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
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El debate de la Ley de Arrendamientos que adelanta la comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) trajo consigo la propuesta de incluir la regulación de las empresas inmobiliarias, arrendadoras o administradoras de inmuebles en alquiler.
La Red Metropolitana de Inquilinos, proponente de la norma, evalúa cómo instrumentar la sugerencia de la Dirección Inquilinato de reglamentar al sector privado que maneja el mercado de arrendamiento.
Rígel Sergent, vocero de la asociación de inquilinos, explicó que el texto legal contempla algunas directrices para las empresas administradoras y arrendadoras, pero indicó que esos lineamientos no son suficientes para controlar la actividad.
Precisó que esperan llenar vacíos legales, como por ejemplo, precisar el estatus en que queda un inmueble y el inquilino cuando el propietario fallece, pero una administradora se encuentra a cargo de la vivienda. Señaló que en muchos casos las arrendadoras “se apoderan ilegalmente del bien”.
Sin embargo, destacó que la materia en la que quieren dejar aclarado el panorama, es la responsabilidad de las administradoras encargadas no sólo del arriendo sino de las condiciones del inmueble. Acusó que “los dueños les ceden deberes como la mejora y mantenimiento de los servicios, pero transcurrido un tiempo se olvidan de la obligación”. “Las actuaciones de las administradoras y arrendadoras tienen que ser controladas, y por ello hay especial interés en incluirlas en la norma”, precisó.
La Ley de Arrendamiento que consta de 150 artículos, ya contempla algunas orientaciones del sector privado, como la obligatoriedad de registrarse ante la Superintendencia de Viviendas, así como la prohibición de cobrar comisiones por mostrar inmuebles o por tramitar un arrendamiento.
Residencias en la mira
Sergent agregó que la Red de Inquilinos está ganada a incluir además un capítulo que reglamente las residencias estudiantiles. Adelantó que se fijarán medidas de espacio mínimas para las áreas comunes e individuales, así como que en cada inmueble de este tipo se establezcan reglas de convivencia que eliminen condiciones como horarios restrictivos de acceso a la vivienda.
Más allá de la inclusión de nuevos apartados legales en la Ley de Arrendamientos, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martínez, señaló que el texto legal “es inconveniente porque hay un desequilibrio muy grande entre arrendatario y arrendador”.
A su juicio, con el articulado se le imponen a propietarios y empresas condiciones desventajosas, por lo que aseguró que seguirá asistiendo al debate del instrumento en la AN, pero alertó que al gremio inmobiliario “no se le escucha”.
Sanción global
El presidente de la comisión de Administración y Servicios, Diosdado Cabello, dijo que la Ley de Arrendamientos "sanciona al abusador, sea inquilino o propietario”. Estimó que tras haberse debatido 138 de los 150 artículos, la Ley será aprobada en septiembre.
Tres por ciento es la oferta de alquileres que persiste en el país, según la Cámara Inmobiliaria. El gremio sostiene que hasta los años 90, 40% del mercado inmobiliario estaba destinado al arriendo -60% a la venta-, pero el cerco legal anuló al sector.
Eltiempo.com.ve
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El sector construcción acumula siete trimestres en negativo
Las obras de más de 72.000 viviendas están paralizadas | Raúl Romero
La Misión Vivienda no ha sido suficiente para reactivar la construcción, como aseguró el presidente Hugo Chávez.
El sector que se contrajo 2,3% entre abril y junio de 2011, según el Banco Central de Venezuela acumula siete trimestres consecutivos con resultados negativos.
La última vez que la construcción creció fue en el tercer trimestre de 2009. Es decir, que la caída del sector comenzó justo después de que el Gobierno prohibió, en julio de ese año, el cobro de ajustes por inflación en los contratos de preventa de inmuebles residenciales.
La medida se sumó a otros factores como la escasez de insumos básicos principalmente cabillas y cemento y los cambios del marco legal del sector como la reforma de la ley de contrataciones públicas para producir un descenso significativo en la producción de viviendas.
Desde el tercer trimestre de 2009 hasta la fecha el número de unidades en construcción retrocedió de 125.000 a 97.000, según cifras oficiales. La cantidad de viviendas sin iniciar aumentó de 113.000 a 137.000 y las paralizadas subieron de 23.000 a 72.000 Los problemas con el suministro de materiales se mantienen pese a la recuperación de las industrias cementera y siderúrgica. El informe trimestral del BCV dice que la caída de la construcción obedece a una menor ejecución de obras residenciales, la cual atribuye a la baja disponibilidad de materiales básicos.
Obstáculos al crecimiento. A diferencia de la construcción, la manufactura tuvo un alza de 1,3% en el segundo trimestre de 2011, según el BCV. La cifra, sin embargo, contrasta con el incremento de 8,2% registrado por el sector entre enero y marzo.
Carlos Larrazábal, presidente de Conindustria, dijo que la desaceleración confirma que el gremio tenía razón cuando advirtió que los resultados del primer trimestre no eran suficientes para hablar de una reactivación del sector ni mostraban una tendencia sostenible en el tiempo.
Agregó que la desaceleración indica los obstáculos que afronta la actividad manufacturera, como el rezago en la disponibilidad de insumos, la volatilidad en los precios de las materias primas importadas y la negativa gubernamental de reconocer los ajustes de precios requeridos luego de la devaluación.
A Conindustria también le preocupa la caída de 3,6% que registró la inversión porque "refleja que ni el Estado ni el sector privado están propiciando un incremento de la producción y del empleo". La inseguridad jurídica y la inestabilidad política desempeñan un papel fundamental en esto, de acuerdo con el gremio.
El Nacional
27-08-2011
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El sector que se contrajo 2,3% entre abril y junio de 2011, según el Banco Central de Venezuela acumula siete trimestres consecutivos con resultados negativos.
La última vez que la construcción creció fue en el tercer trimestre de 2009. Es decir, que la caída del sector comenzó justo después de que el Gobierno prohibió, en julio de ese año, el cobro de ajustes por inflación en los contratos de preventa de inmuebles residenciales.
La medida se sumó a otros factores como la escasez de insumos básicos principalmente cabillas y cemento y los cambios del marco legal del sector como la reforma de la ley de contrataciones públicas para producir un descenso significativo en la producción de viviendas.
Desde el tercer trimestre de 2009 hasta la fecha el número de unidades en construcción retrocedió de 125.000 a 97.000, según cifras oficiales. La cantidad de viviendas sin iniciar aumentó de 113.000 a 137.000 y las paralizadas subieron de 23.000 a 72.000 Los problemas con el suministro de materiales se mantienen pese a la recuperación de las industrias cementera y siderúrgica. El informe trimestral del BCV dice que la caída de la construcción obedece a una menor ejecución de obras residenciales, la cual atribuye a la baja disponibilidad de materiales básicos.
Obstáculos al crecimiento. A diferencia de la construcción, la manufactura tuvo un alza de 1,3% en el segundo trimestre de 2011, según el BCV. La cifra, sin embargo, contrasta con el incremento de 8,2% registrado por el sector entre enero y marzo.
Carlos Larrazábal, presidente de Conindustria, dijo que la desaceleración confirma que el gremio tenía razón cuando advirtió que los resultados del primer trimestre no eran suficientes para hablar de una reactivación del sector ni mostraban una tendencia sostenible en el tiempo.
Agregó que la desaceleración indica los obstáculos que afronta la actividad manufacturera, como el rezago en la disponibilidad de insumos, la volatilidad en los precios de las materias primas importadas y la negativa gubernamental de reconocer los ajustes de precios requeridos luego de la devaluación.
A Conindustria también le preocupa la caída de 3,6% que registró la inversión porque "refleja que ni el Estado ni el sector privado están propiciando un incremento de la producción y del empleo". La inseguridad jurídica y la inestabilidad política desempeñan un papel fundamental en esto, de acuerdo con el gremio.
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Venezuela comprará 6.000 maquinarias chinas para viviendas
El ministro de Vivienda, Ricardo Molina, señaló que actualmente se encuentran en ejecución 260.000 soluciones habitacionales que abarcan el plan de 2011 y 2012.
Aseguró que el Estado cumplirá con las metas de los dos ejercicios.
Molina anunció que el Estado tiene que previsto adquirir más de 6.000 maquinarias chinas, y ya más de 200 están en el país. Esos equipos serán manejados por la nueva empresa de obras y el costo de las máquinas es de 700 millones de dólares. Los recursos forman parte del préstamo de largo plazo con China por 20 millardos de dólares.
El funcionario indicó que realizarán la importación de cabillas.
El Universal
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Estudiantes proponen a AN incluir costos de residencias en Ley de Arrendamientos
Un grupo de jóvenes de diferentes universidades del país entregaron este jueves a la Asamblea Nacional (AN) una propuesta para incluir en la Ley de Regulación, Control y Arrendamientos de Viviendas los costos de las residencias estudiantiles.
El documento, recibido por la segunda vicepresidenta del Parlamento, diputada Blanca Eekhout, consta de cuatro artículos relacionados con una residencia estudiantil digna.
La entrega se hizo durante la instalación del foro Residencias Estudiantiles Dignas por Ley, realizado en la sala 6 de Parque Central, donde además se dieron cita el diputado Eduardo Piñate; la presidenta del Instituto Municipal para la Juventud de Caracas, Andreína Tarazón, y un grupo de colectivos universitarios.
Hugo Urdaneta Pushaina, estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y miembro del colectivo Residencias estudiantiles Ccs, manifestó: "Estamos aportando las ideas al marco jurídico que acabaría con el viejo sistema de arrendamiento.
Agregó que "la lucha no está dentro de la universidad, está afuera, en la calle, y se da con todas las propuestas que nosotros podamos plantear hoy a la Asamblea, que nos da esa oportunidad, lo cual aplaudimos".
En tanto que Enrique Larrarte, estudiante de sociología de la Universidad Central de Venezuela, agregó que "hay una necesidad fundamental que nos agrupa y nos une como fuerza estudiantil, que es darle solución al sistema habitacional nuestro, los que venimos de otras partes".
Destacó que sería un gran logro que fuese aprobado, "porque no se justifica que algunos compañeros cancelen altos costos por una habitación y no tengan las condiciones humanas para su residencia en el lugar".
Por su parte, Blanca Eekhout destacó que esta acción estudiantil "significa la fuerza del pueblo legislador, que no es solamente una consigna y se manifiesta en el interés del pueblo en diferentes sectores para construir leyes en su beneficio".
El Nacional
26-08-2011
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La entrega se hizo durante la instalación del foro Residencias Estudiantiles Dignas por Ley, realizado en la sala 6 de Parque Central, donde además se dieron cita el diputado Eduardo Piñate; la presidenta del Instituto Municipal para la Juventud de Caracas, Andreína Tarazón, y un grupo de colectivos universitarios.
Hugo Urdaneta Pushaina, estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y miembro del colectivo Residencias estudiantiles Ccs, manifestó: "Estamos aportando las ideas al marco jurídico que acabaría con el viejo sistema de arrendamiento.
Agregó que "la lucha no está dentro de la universidad, está afuera, en la calle, y se da con todas las propuestas que nosotros podamos plantear hoy a la Asamblea, que nos da esa oportunidad, lo cual aplaudimos".
En tanto que Enrique Larrarte, estudiante de sociología de la Universidad Central de Venezuela, agregó que "hay una necesidad fundamental que nos agrupa y nos une como fuerza estudiantil, que es darle solución al sistema habitacional nuestro, los que venimos de otras partes".
Destacó que sería un gran logro que fuese aprobado, "porque no se justifica que algunos compañeros cancelen altos costos por una habitación y no tengan las condiciones humanas para su residencia en el lugar".
Por su parte, Blanca Eekhout destacó que esta acción estudiantil "significa la fuerza del pueblo legislador, que no es solamente una consigna y se manifiesta en el interés del pueblo en diferentes sectores para construir leyes en su beneficio".
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Cabello: arrendatario al que le violen preferencia a compra podrá acudir ante un tribunal
lanacion.com.ve
El presidente de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, informó que en la reunión sostenida este jueves se revisaron los mecanismos legales del arrendador y el arrendatario y cómo actuar frente a procedimientos de ventas.
Señaló que algunas de las propuestas que se venían discutiendo en las distintas mesas de trabajo han sido bien vistas. Este jueves se habló de la preferencia que tiene el arrendatario sobre la venta del inmueble, quien tendrá la primera opción a compra.
Cabello informó que se discutió el retracto legal, el cual establece que en caso de que el arrendatario no tenga la preferencia y sienta que ha sido violado algún derecho, puede acudir a algún tribunal.
Los inquilinos tendrán un año para conseguir el dinero en caso de no tenerlo, por ser el tiempo establecido para obtenerlo.
Según el Presidente de la comisión, esperan aprobar primero lo más sencillo para continuar luego con los puntos más contundentes. Por eso fue diferido el del arrendamiento.
Destacó que los inquilinos tienen que pagar igual los servicios como luz, agua y teléfono y agregó que los daños menores a la propiedad los paga el inquilino del inmueble y los daños mayores el propietario.
En la reunión estuvieron presentes el vicepresidente de la comisión, César Rincones y los representantes de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), la Red Metropolitana de Inquilinos y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.
Según informó Cabello posteriormente en su cuenta en Twitter, sólo falta por discutir algunos artículos diferidos y las disposiciones transitorias y finales.
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25-08-2011
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Señaló que algunas de las propuestas que se venían discutiendo en las distintas mesas de trabajo han sido bien vistas. Este jueves se habló de la preferencia que tiene el arrendatario sobre la venta del inmueble, quien tendrá la primera opción a compra.
Cabello informó que se discutió el retracto legal, el cual establece que en caso de que el arrendatario no tenga la preferencia y sienta que ha sido violado algún derecho, puede acudir a algún tribunal.
Los inquilinos tendrán un año para conseguir el dinero en caso de no tenerlo, por ser el tiempo establecido para obtenerlo.
Según el Presidente de la comisión, esperan aprobar primero lo más sencillo para continuar luego con los puntos más contundentes. Por eso fue diferido el del arrendamiento.
Destacó que los inquilinos tienen que pagar igual los servicios como luz, agua y teléfono y agregó que los daños menores a la propiedad los paga el inquilino del inmueble y los daños mayores el propietario.
En la reunión estuvieron presentes el vicepresidente de la comisión, César Rincones y los representantes de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), la Red Metropolitana de Inquilinos y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.
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