Miriam Gorrín resaltó que los alquileres han disminuido
Miriam Gorrín, coordinadora de la Unidad de Inquilinato de la Alcaldía del Municipio Heres, explicó ayer que el 2011 ha sido el año en el que han realizado más asesorías sobre desalojos arbitrarios, a pesar de que están suspendidos, por la reforma de la Ley de Arrendamiento Inmobiliario que aún se encuentra en discusión.
Exhortó a los propietarios a conciliar con el arrendatario, para evitar llegar a las vías administrativas y finalmente a la judicial, ya que estas acciones legales están suspendidas y aunque el dueño del inmueble gane el caso, el inquilino no será obligado a salir.
Certificó que el Decreto 1.180 en su Artículo Nº 5 que entró en vigencia el 6 de mayo emanado por el Consejo de Ministros, señala que todo lo que esté vinculado a desalojos arbitrarios, alquileres de inmuebles o a la unidad de inquilinato será potestad del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, y en el caso del estado Bolívar le compete a la sede que está ubicada en el Municipio Caroní, mientras que existe la posibilidad que estas oficinas locales sean cerradas.
Gorrín aclaró que 80% de los alquileres en Ciudad Bolívar han disminuido, producto del miedo de los propietarios, pues existe la posibilidad de que el inquilino se quede con el inmueble, a pesar de que un 70% de la población viva en alquiler, esto según las cifras que maneja la unidad de inquilinato del municipio Heres.
“Cada año realizamos 600 asesorías pero en lo que va del 2011 llevamos más de 900 y la mayoría es por desalojos arbitrarios”, así lo manifestó la coordinadora de la Unidad de Inquilinato, quien anexó que actualmente sólo están guiando a las personas agraviadas para que conozcan cómo pueden canalizar la problemática que se les presenta.
Aunado a todo esto, la vocera resaltó que la denuncia más frecuente es la falta de pago por parte del inquilino, quien se niega a pagar la mensualidad o a cumplir el contrato que haya firmado con el propietario de la vivienda, a raíz de la modificación a la Ley de Arrendamiento Inmobiliario.
Inscripción obligatoria
Según Gorrín, todos los inmuebles deben estar inscritos en el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, así sea una habitación dentro de una caso o apartamento, es decir, que el espacio o lugar que desee alquilarse debe estar registrado bajo todos los lineamientos legales que establece el Estado para mantener un control de estos inmuebles.
Resaltó que en caso de que estos pasos no se lleven a cabo, el propietario será multado y se verá perjudicado si desea contar con el respaldo de los lineamientos de Ley en caso de que se presente alguna irregularidad con las personas a las que se le haya entregado la vivienda en calidad de alquiler a través de un contrato previamente estipulado.
En torno al precio de los alquileres, señaló que el canon se encuentra congelado desde el año 2003, y la única forma en la que se incremente el costo es llegando a un acuerdo con el inquilino y en caso de que el aumento sea arbitrario el afectado puede presentar este esquema ante la ley y contará con todo el apoyo del Estado.
Este decreto que fue hecho por el Ministerio y pierde vigencia el 12 de octubre del presente año, sin embargo se presume, que los precios de alquileres de vivienda seguirán paralizados hasta que entre en vigencia la nueva Ley de Arrendamiento Inmobiliario, ya que serán estipulados según los años de construcción, la fachada, el tamaño, y su ubicación, el cual será evaluado y regulado por el Indepabis.
Requisitos
Miriam Gorrín sostuvo que aún están facultados para orientar tanto al propietario como al inquilino y los requisitos que exige son:
Contrato de arrendamiento vigente
Recibos de pago al día
E invita a las partes vinculadas llegar a un acuerdo antes de entrar en los parámetros legales
La Unidad de Inquilinato atiende en horario de oficina
Nueva Prensa de Guayana
13-09-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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martes, 13 de septiembre de 2011
Ley de Arrendamiento sigue en discusión con mucha polémica
Las distintas versiones del anteproyecto que circulan en Internet, incluyen condiciones muy favorables al inquilino, pero que afectan al propietario. Esto podría repercutir negativamente en la oferta de inmuebles y habitaciones en alquiler, ante el temor de los propietarios a salir perjudicados
La Ley de Arrendamiento que espera discusión en la Asamblea Nacional, ha generado un debate sobre los derechos y deberes tanto de arrendadores como arrendatarios. Alquilar un inmueble o una habitación, tendrá una serie de implicaciones que probablemente no beneficien a los inquilinos, ante los temores a alquilar de los propietarios. Uno de los puntos que crean mayor controversia es la creación de la Dirección Nacional de Inquilinato, organismo que será el encargado de fijar los cánones de arrendamiento.
El instrumento legal, que consta de 150 artículos, se encuentra en discusión por la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, antes de ser elevada a la plenaria para su aprobación. Por los momentos se han aprobado 104 artículos. Entre estos se encuentran los contratos mínimos de tres años y la eliminación del depósito. Por otra parte hay apartados polémicos, como la metodología para determinar el canon, las causas para solicitar desalojo y las sanciones.
Fijación de alquiler
En principio, la ley en discusión fija como competencia de este nuevo organismo, la Dirección Nacional de Inquilinato, el determinar los cánones de arrendamiento. Es decir, si una persona tiene la intención de arrendar un inmueble o una habitación, debe primeramente remitirse a esta dirección para que evalúe el inmueble y determinar así el costo del alquiler. No obstante, la ley no estipula circunstancias como la ubicación de la casa o apartamento.
Es decir, que en el caso de Valera, dos viviendas cuya construcción, condiciones y prestaciones sean las mismas, tendrá un mismo canon de arrendamiento sin importar si está en Las Acacias o en San Luis. En este momento la fórmula que se discute considera para determinar la renta la condición del inmueble, propiedad particular o pública del mismo, índice de depreciación y restauraciones realizadas. Sin embargo, el mayor temor que manifiestan los arrendadores, es que la ley parece favorecer en demasía al inquilino, ignorando los derechos del arrendador.
Exigencias complicadas
Algunos puntos del proyecto de ley han generado quejas por parte de representantes del sector inmobiliario. Uno de ellos es la exigencia de destinar el 25% de los inmuebles en un complejo urbanístico al alquiler. Tal exigencia podría resultar inviable para los constructores. También resulta complicado el nuevo capítulo agregado referente a los inmuebles destinados a ser residencias estudiantiles, donde ahora se exige espacios para estudiar, conexión a internet, entre otros. Aquiles Martini de la Cámara Inmobiliaria recordó que no todos los que alquilan a estudiantes disponen de las condiciones para dotarlas de internet y áreas de estudio.
Diario de Los Andes
13-09-2011
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La Ley de Arrendamiento que espera discusión en la Asamblea Nacional, ha generado un debate sobre los derechos y deberes tanto de arrendadores como arrendatarios. Alquilar un inmueble o una habitación, tendrá una serie de implicaciones que probablemente no beneficien a los inquilinos, ante los temores a alquilar de los propietarios. Uno de los puntos que crean mayor controversia es la creación de la Dirección Nacional de Inquilinato, organismo que será el encargado de fijar los cánones de arrendamiento.
El instrumento legal, que consta de 150 artículos, se encuentra en discusión por la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, antes de ser elevada a la plenaria para su aprobación. Por los momentos se han aprobado 104 artículos. Entre estos se encuentran los contratos mínimos de tres años y la eliminación del depósito. Por otra parte hay apartados polémicos, como la metodología para determinar el canon, las causas para solicitar desalojo y las sanciones.
Fijación de alquiler
En principio, la ley en discusión fija como competencia de este nuevo organismo, la Dirección Nacional de Inquilinato, el determinar los cánones de arrendamiento. Es decir, si una persona tiene la intención de arrendar un inmueble o una habitación, debe primeramente remitirse a esta dirección para que evalúe el inmueble y determinar así el costo del alquiler. No obstante, la ley no estipula circunstancias como la ubicación de la casa o apartamento.
Es decir, que en el caso de Valera, dos viviendas cuya construcción, condiciones y prestaciones sean las mismas, tendrá un mismo canon de arrendamiento sin importar si está en Las Acacias o en San Luis. En este momento la fórmula que se discute considera para determinar la renta la condición del inmueble, propiedad particular o pública del mismo, índice de depreciación y restauraciones realizadas. Sin embargo, el mayor temor que manifiestan los arrendadores, es que la ley parece favorecer en demasía al inquilino, ignorando los derechos del arrendador.
Exigencias complicadas
Algunos puntos del proyecto de ley han generado quejas por parte de representantes del sector inmobiliario. Uno de ellos es la exigencia de destinar el 25% de los inmuebles en un complejo urbanístico al alquiler. Tal exigencia podría resultar inviable para los constructores. También resulta complicado el nuevo capítulo agregado referente a los inmuebles destinados a ser residencias estudiantiles, donde ahora se exige espacios para estudiar, conexión a internet, entre otros. Aquiles Martini de la Cámara Inmobiliaria recordó que no todos los que alquilan a estudiantes disponen de las condiciones para dotarlas de internet y áreas de estudio.
Diario de Los Andes
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Entorno Urbano Barrio "nuevo"
cav.org.ve
Indudablemente, uno de los retos más grandes a enfrentar a partir de 2012 es el de mejorar sustancialmente las condiciones del hábitat de la mayoría de las ciudades venezolanas. Cierto, hablamos de hábitat y no de vivienda. Y es que hablar del problema de la vivienda ha sido y sigue siendo una manera errónea de referirse, y por ende enfrentar, el verdadero problema que reside en el conjunto de elementos que conforman el hábitat, de los cuales la vivienda es solo uno de ellos.
El déficit existe en las infraestructuras: vialidad, acueductos, cloacas, redes eléctricas, iluminación, telefonía y gas; en los servicios: seguridad, recolección de basura, desmalezamiento, mantenimiento de infraestructuras y en los equipamientos comunitarios de salud, educación, cultura, deporte, parques, mercados, etc... Y naturalmente, el déficit también existe en las viviendas. Sin embargo, de nada sirve despilfarrar miles de millones en construir unas pocas nuevas viviendas montadas encima de un cerro, deforestando y terraceando centenares de hectáreas de la zona de reserva entre Caracas y la Guaira, si no tiene accesibilidad, electricidad, agua, gas... y empleo cercano, como es el caso de la mal llamada "Ciudad Caribia", recién estrenada pero invivible. Es preferible el mejoramiento de unidades de vivienda existentes, incluyendo los barrios, y dotarlos de condiciones de vida dignas y cómodas. Hacer los ajustes, transformaciones, adaptaciones necesarias al barrio para convertirlo en hábitat con buena calidad de vida. Y eso no es gastar millones de dólares en obras populistas e innecesarias, que pueden brindar cierto acceso por ejemplo, pero no mejoran el entorno.
Este régimen empezó bien cuando los Arq. Baldó y Villanueva dirigían el programa de Rehabilitación de Barrios -el cual no continuó-, así que hay una buena fuente de estudio, conceptualización y propuestas disponibles. Para que se dé un cambio político es indispensable que el candidato y su equipo transmitan sincera preocupación por la población de menores recursos y sus condiciones de vida. Una gran oportunidad está en el verdadero mejoramiento de la calidad del hábitat de los barrios. Al hacerlo se genera empleo, inversión, infraestructuras, viviendas, servicios de salud, escuelas, instalaciones deportivas y culturales, etc. Al mejorar el hábitat se incide en la seguridad, productividad, equilibrio social y en calidad de vida de la comunidad. La Alcaldía Metropolitana podría organizar un concurso para un proyecto piloto, Barrio "Nuevo", escoger un sector y trabajarlo. El resultado daría una visión tangible del cambio y los beneficios que aportaría a comunidades y familias de todo el país.
La Alterativa Democrática debe prefigurar cómo y en qué van a cambiar condiciones de vida actuales al cambiar de rumbo. Debería prefigurase cada parroquia de Venezuela como una pequeña ciudad con sus servicios básicos, incluyendo lugares de trabajo. Desde luego, lo mismo vale y es indispensable hacerlo para los nuevos desarrollos.
Autor
Arq. Folco Riccio
Colegio de Arquitectos de Venezuela
13-09-2011
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Indudablemente, uno de los retos más grandes a enfrentar a partir de 2012 es el de mejorar sustancialmente las condiciones del hábitat de la mayoría de las ciudades venezolanas. Cierto, hablamos de hábitat y no de vivienda. Y es que hablar del problema de la vivienda ha sido y sigue siendo una manera errónea de referirse, y por ende enfrentar, el verdadero problema que reside en el conjunto de elementos que conforman el hábitat, de los cuales la vivienda es solo uno de ellos.
El déficit existe en las infraestructuras: vialidad, acueductos, cloacas, redes eléctricas, iluminación, telefonía y gas; en los servicios: seguridad, recolección de basura, desmalezamiento, mantenimiento de infraestructuras y en los equipamientos comunitarios de salud, educación, cultura, deporte, parques, mercados, etc... Y naturalmente, el déficit también existe en las viviendas. Sin embargo, de nada sirve despilfarrar miles de millones en construir unas pocas nuevas viviendas montadas encima de un cerro, deforestando y terraceando centenares de hectáreas de la zona de reserva entre Caracas y la Guaira, si no tiene accesibilidad, electricidad, agua, gas... y empleo cercano, como es el caso de la mal llamada "Ciudad Caribia", recién estrenada pero invivible. Es preferible el mejoramiento de unidades de vivienda existentes, incluyendo los barrios, y dotarlos de condiciones de vida dignas y cómodas. Hacer los ajustes, transformaciones, adaptaciones necesarias al barrio para convertirlo en hábitat con buena calidad de vida. Y eso no es gastar millones de dólares en obras populistas e innecesarias, que pueden brindar cierto acceso por ejemplo, pero no mejoran el entorno.
Este régimen empezó bien cuando los Arq. Baldó y Villanueva dirigían el programa de Rehabilitación de Barrios -el cual no continuó-, así que hay una buena fuente de estudio, conceptualización y propuestas disponibles. Para que se dé un cambio político es indispensable que el candidato y su equipo transmitan sincera preocupación por la población de menores recursos y sus condiciones de vida. Una gran oportunidad está en el verdadero mejoramiento de la calidad del hábitat de los barrios. Al hacerlo se genera empleo, inversión, infraestructuras, viviendas, servicios de salud, escuelas, instalaciones deportivas y culturales, etc. Al mejorar el hábitat se incide en la seguridad, productividad, equilibrio social y en calidad de vida de la comunidad. La Alcaldía Metropolitana podría organizar un concurso para un proyecto piloto, Barrio "Nuevo", escoger un sector y trabajarlo. El resultado daría una visión tangible del cambio y los beneficios que aportaría a comunidades y familias de todo el país.
La Alterativa Democrática debe prefigurar cómo y en qué van a cambiar condiciones de vida actuales al cambiar de rumbo. Debería prefigurase cada parroquia de Venezuela como una pequeña ciudad con sus servicios básicos, incluyendo lugares de trabajo. Desde luego, lo mismo vale y es indispensable hacerlo para los nuevos desarrollos.
Autor
Arq. Folco Riccio
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Construcción de viviendas quedará paralizada
Construir una vivienda se vuelve una actividad insegura para los empresarios
La discusión en torno a la Ley de Arrendamiento continúa en los escenarios políticos y económicos del país.
En esta ocasión, el presidente de la Cámara de Bienes Raíces del estado Lara, Benito Barcarola, afirmó que la Comisión de Administración y Finanzas de la Asamblea Nacional pretende incluir en el articulado, la posibilidad de que el 25% de las construcciones de complejos habitacionales sean destinados al mercado arrendaticio. "Con esta nueva ley, los constructores tendrán que reservar el 25% de la cartera que va a construir para el arrendamiento. Los inquilinos serán aquellos que determine la dirección de inquilinato".
El dirigente empresarial señaló que esta situación acabará con los pequeños constructores, quienes no cuentan con los medios económicos suficientes para resolver los problemas que el Gobierno no ha logrado subsanar. "Estamos sumamente preocupados pues tenemos en puerta la paralización total de las construcciones de viviendas. Nadie se va a atrever a desarrollar un complejo habitacional y destinar el 25% para alquilar. Esa no es la naturaleza de estas actividades".
Contó el empresario que desde que inició la discusión, los contratos están paralizados. "Queremos hacer un llamado al diputado Diosdado Cabello y a la Comisión, para que seamos incluidos en esa discusión. El remedio va a ser peor que la enfermedad. Ya está ocurriendo, el problema va a ser para los
arrendatarios, pues no conseguirán inmuebles en el mercado".
A juicio de Barcarola, el Gobierno tendrá que expropiar para poder alquilar. "Ningún propietario con las condiciones que se están hablando, va a sacar un inmueble al mercado, tiene que ser por extrema necesidad".
Caída estrepitosa
Si bien la Ley de Arrendamiento mantiene en expectativa a propietarios e inquilinos, los empresarios dedicados al área de Bienes y Raíces también tienen mucho que perder. "En el estado Lara tenemos un promedio de 70 empresas enfocadas en este ramo, de las cuales, unas 40 se encuentran afiliadas a nuestra cámara".
Al paralizarse el mercado de alquileres, se reduce también la operatividad de estas organizaciones. "Lo repetimos. O nos centramos en buscar soluciones con equidad, o todos iremos a la quiebra", concluyó.
EL IMPULSO
13-09-2011
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En esta ocasión, el presidente de la Cámara de Bienes Raíces del estado Lara, Benito Barcarola, afirmó que la Comisión de Administración y Finanzas de la Asamblea Nacional pretende incluir en el articulado, la posibilidad de que el 25% de las construcciones de complejos habitacionales sean destinados al mercado arrendaticio. "Con esta nueva ley, los constructores tendrán que reservar el 25% de la cartera que va a construir para el arrendamiento. Los inquilinos serán aquellos que determine la dirección de inquilinato".
El dirigente empresarial señaló que esta situación acabará con los pequeños constructores, quienes no cuentan con los medios económicos suficientes para resolver los problemas que el Gobierno no ha logrado subsanar. "Estamos sumamente preocupados pues tenemos en puerta la paralización total de las construcciones de viviendas. Nadie se va a atrever a desarrollar un complejo habitacional y destinar el 25% para alquilar. Esa no es la naturaleza de estas actividades".
Contó el empresario que desde que inició la discusión, los contratos están paralizados. "Queremos hacer un llamado al diputado Diosdado Cabello y a la Comisión, para que seamos incluidos en esa discusión. El remedio va a ser peor que la enfermedad. Ya está ocurriendo, el problema va a ser para los
arrendatarios, pues no conseguirán inmuebles en el mercado".
A juicio de Barcarola, el Gobierno tendrá que expropiar para poder alquilar. "Ningún propietario con las condiciones que se están hablando, va a sacar un inmueble al mercado, tiene que ser por extrema necesidad".
Caída estrepitosa
Si bien la Ley de Arrendamiento mantiene en expectativa a propietarios e inquilinos, los empresarios dedicados al área de Bienes y Raíces también tienen mucho que perder. "En el estado Lara tenemos un promedio de 70 empresas enfocadas en este ramo, de las cuales, unas 40 se encuentran afiliadas a nuestra cámara".
Al paralizarse el mercado de alquileres, se reduce también la operatividad de estas organizaciones. "Lo repetimos. O nos centramos en buscar soluciones con equidad, o todos iremos a la quiebra", concluyó.
EL IMPULSO
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Certificados de materiales de construcción han reactivado comercio ferretero
Los ferreteros tienen una alianza con la Gobernación (Cortesía)
"Este plan nos ha permitido incrementar de una manera exponencial las ventas de materiales de construcción. Gracias a la alianza que tenemos con la Gobernación, esta ferretería puede vender arena, cemento, cabillas, bloques, juegos sanitarios, tubos, láminas de zinc y puertas, de manera permanente", aseguró Iraima Chiquín, jefa de ventas de la Ferretería Santa Elena, ubicada en la parroquia en Ocumare del Tuy
El expendio comercial que representa Chiquín forma parte de la red afiliada al Plan Mi Vivienda, y que se emplea para el canje, una vez otorgados los Certificados Mirandinos de Materiales de Construcción Sin Deuda. "Esta es una forma de ejercer la contraloría, pero también una manera reactivar la actividad económica y comercial en la entidad. Hemos tenido que contratar camiones para realizar los traslados hasta los lugares en los que se autoconstruyen las casas".
Por su parte, Mariana Molina, administradora de la Ferretería Mapoca de Río Chico en el municipio Páez, expresó que el proceso para la adquisición de materiales de construcción ha sido un proceso transparente.
"Los beneficiarios no tienen contacto dinero con efectivo, porque los materiales se entregan de manera directa a la familia cuando va a la ferretería. También tenemos conocimiento que ellos reciben asesoría de inspectores para rendir el monto que se les da, éstos le indican qué comprar para que el proceso de construcción de su casa sea más adecuado".
Detalló que la ferretería en la que trabaja diseñó una logística especial para adaptarse a la demanda. "Muchas personas nos han traído las fotos de su obra concluida. La mayoría de los que acuden a realizar el canje son mujeres, ellas nos cuentan lo que significa para ellas esta ayuda, que se traduce en tener su casa. Para los que trabajamos en la ferretería, este ha sido un trabajo social muy grato porque ayudamos a muchas personas a que tengan un lugar seguro donde vivir".
El Universal
13-09-2011
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"Este plan nos ha permitido incrementar de una manera exponencial las ventas de materiales de construcción. Gracias a la alianza que tenemos con la Gobernación, esta ferretería puede vender arena, cemento, cabillas, bloques, juegos sanitarios, tubos, láminas de zinc y puertas, de manera permanente", aseguró Iraima Chiquín, jefa de ventas de la Ferretería Santa Elena, ubicada en la parroquia en Ocumare del Tuy
El expendio comercial que representa Chiquín forma parte de la red afiliada al Plan Mi Vivienda, y que se emplea para el canje, una vez otorgados los Certificados Mirandinos de Materiales de Construcción Sin Deuda. "Esta es una forma de ejercer la contraloría, pero también una manera reactivar la actividad económica y comercial en la entidad. Hemos tenido que contratar camiones para realizar los traslados hasta los lugares en los que se autoconstruyen las casas".
Por su parte, Mariana Molina, administradora de la Ferretería Mapoca de Río Chico en el municipio Páez, expresó que el proceso para la adquisición de materiales de construcción ha sido un proceso transparente.
"Los beneficiarios no tienen contacto dinero con efectivo, porque los materiales se entregan de manera directa a la familia cuando va a la ferretería. También tenemos conocimiento que ellos reciben asesoría de inspectores para rendir el monto que se les da, éstos le indican qué comprar para que el proceso de construcción de su casa sea más adecuado".
Detalló que la ferretería en la que trabaja diseñó una logística especial para adaptarse a la demanda. "Muchas personas nos han traído las fotos de su obra concluida. La mayoría de los que acuden a realizar el canje son mujeres, ellas nos cuentan lo que significa para ellas esta ayuda, que se traduce en tener su casa. Para los que trabajamos en la ferretería, este ha sido un trabajo social muy grato porque ayudamos a muchas personas a que tengan un lugar seguro donde vivir".
El Universal
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Sesto destacó importancia de asambleas de Viviendo-Venezolanos en Gran Misión Vivienda
avn.info.ve
Las Asambleas de Viviendo-Venezolanos constituyen la instancia de organización que contribuirá a la existencia de las unidades habitacionales que se construyen dentro de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), ratificó este lunes el ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, Francisco Sesto.
En su programa En Caracas con Farruco, transmitido por la emisora Alba Ciudad 96.3 FM, Sesto apuntó que estas Asambleas permitirán, además, que las nuevas casas sean habitadas “de manera fructífera y creen felicidad”.
Afirmó que la Gran Misión avanza positivamente, pues “viene superando antiguas dificultades estructurales en el tema de la vivienda”.
La GMVV es un programa que arrancó en abril, con el objetivo de dar respuesta a la demanda habitacional en el país. Tiene como meta construir dos millones de viviendas entre 2011 y 2017.
Uno de sus vértices o puntos importantes es la organización del pueblo. Incluye, en primera instancia, el Registro Nacional de Vivienda, para precisar el tamaño y ubicación de la demanda.
A la par, en cada comunidad se promueven las llamadas Asambleas de Viviendo-Venezolanos, donde las personas se organizan para, de manera colectiva, buscar la solución definitiva al problema de vivienda que afrontan sus integrantes.
En ellas, dependiendo de la dinámica y de la capacidad de organización y respuesta, se incorpora la información de los terrenos disponibles y se plantean los posibles proyectos de construcción.
Las asambleas son dirigidas por los despachos de Comunas y Protección Social; Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias; y Vivienda.
Atención permanente en refugios
Sesto también resaltó este lunes la atención permanente que cada uno de los ministerios brinda a los refugios habilitados en el país para los damnificados por las intensas lluvias de finales de 2010.
“El presidente Hugo Chávez ha insistido en su atención constante y en que de los refugios, todos saldrán para una vivienda digna. Es una tarea que tenemos todos los ministerios”, indicó el también director de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), uno de los ejecutores de la GMVV.
Señaló que casi 3.000 personas habitan refugios tipo A, que son los que ofrecen mayor privacidad y constituyen cubículos semejantes a apartamentos, con habitaciones y baños separados.
Añadió que unas 9.000 personas están en refugios tipo B, que son cubículos de un solo ambiente.
Esta tipología de albergues está contenida en la Ley de Refugios Dignos, que busca garantizar espacios adecuados para los damnificados.
Agencia Venezolana de Noticias
13-09-2011
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En su programa En Caracas con Farruco, transmitido por la emisora Alba Ciudad 96.3 FM, Sesto apuntó que estas Asambleas permitirán, además, que las nuevas casas sean habitadas “de manera fructífera y creen felicidad”.
Afirmó que la Gran Misión avanza positivamente, pues “viene superando antiguas dificultades estructurales en el tema de la vivienda”.
La GMVV es un programa que arrancó en abril, con el objetivo de dar respuesta a la demanda habitacional en el país. Tiene como meta construir dos millones de viviendas entre 2011 y 2017.
Uno de sus vértices o puntos importantes es la organización del pueblo. Incluye, en primera instancia, el Registro Nacional de Vivienda, para precisar el tamaño y ubicación de la demanda.
A la par, en cada comunidad se promueven las llamadas Asambleas de Viviendo-Venezolanos, donde las personas se organizan para, de manera colectiva, buscar la solución definitiva al problema de vivienda que afrontan sus integrantes.
En ellas, dependiendo de la dinámica y de la capacidad de organización y respuesta, se incorpora la información de los terrenos disponibles y se plantean los posibles proyectos de construcción.
Las asambleas son dirigidas por los despachos de Comunas y Protección Social; Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias; y Vivienda.
Atención permanente en refugios
Sesto también resaltó este lunes la atención permanente que cada uno de los ministerios brinda a los refugios habilitados en el país para los damnificados por las intensas lluvias de finales de 2010.
“El presidente Hugo Chávez ha insistido en su atención constante y en que de los refugios, todos saldrán para una vivienda digna. Es una tarea que tenemos todos los ministerios”, indicó el también director de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), uno de los ejecutores de la GMVV.
Señaló que casi 3.000 personas habitan refugios tipo A, que son los que ofrecen mayor privacidad y constituyen cubículos semejantes a apartamentos, con habitaciones y baños separados.
Añadió que unas 9.000 personas están en refugios tipo B, que son cubículos de un solo ambiente.
Esta tipología de albergues está contenida en la Ley de Refugios Dignos, que busca garantizar espacios adecuados para los damnificados.
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Revisan régimen de alquiler en residencias estudiantiles
La instancia técnica de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional realizó una revisión del régimen de alquiler en las residencias estudiantiles a fin de incluirlo en la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios
Las organizaciones de estudiantes presentaron propuestas de artículos sobre las definiciones de residencias, los derechos y la conformación de un reglamento para el arrendador, los estudiantes y los consejos comunales.
Para mañana está previsto que los diputados de la Comisión analicen otras disposiciones de la modificación del marco legal como el avalúo y las depositarias.
El Universal
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Para mañana está previsto que los diputados de la Comisión analicen otras disposiciones de la modificación del marco legal como el avalúo y las depositarias.
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Martini: "Tener más de una vivienda será un pecado"
De aprobarse el proyecto de Ley de Arrendamiento, se desconocería la propiedad privada en el país, tal como se consagra en la Constitución Nacional , así lo afirmó el Presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini.
El empresario indicó que la ciudadanía cuando votó por el "No" en la consulta de la reforma constitucional, lo hizo entre otras razones para rechazar el concepto de "propiedad privada" que se planteaba.Martini, considera que según lo establecido en el proyecto que se discute en la Asamblea Nacional, ser propietario es un delito "pues quien con sacrificio compró un inmueble destinado a vivienda, perdería todos los derechos o atributos que confiere la propiedad".
El vocero gremial aseguró que ni siquiera el propietario tendrá derecho en el caso de la expropiación a recibir un precio justo por su inmueble. " De ahora en adelante ser propietario de dos o más inmuebles para vivienda sería un delito y eso estaría en contra de las garantías constitucionales", puntualizó el presidente de la Cámara Inmobiliaria.
Residencias virtuales
Aquiles Martini considera inviable que las personas que alquilan habitaciones para estudiantes puedan ofrecer todos los servicios que estarían planteándose para la modalidad de residencias estudiantiles."No todos los arrendatarios pueden tener en sus inmuebles acceso a internet, cocina, sala de juego y lavandería", dijo el promotor inmobiliario. En este sentido propone que se diseñe un plan especial que sirva para atender a los estudiantes que viven alquilados.
Temas pendientes
La valorización del inmueble, las causales de desalojo y la propuesta de destinar el 25% de las unidades de vivienda que formen parte de un complejo urbanístico para el alquiler, son elementos aún por definirse en la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional.
Otro aspecto importante es el de las disposiciones transitorias, pues es necesario saber qué pasará con los contratos firmados hasta la fecha, explicó Martini.
Entorno Inteligente
12-09-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
PIN 31E5A7B4
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El empresario indicó que la ciudadanía cuando votó por el "No" en la consulta de la reforma constitucional, lo hizo entre otras razones para rechazar el concepto de "propiedad privada" que se planteaba.Martini, considera que según lo establecido en el proyecto que se discute en la Asamblea Nacional, ser propietario es un delito "pues quien con sacrificio compró un inmueble destinado a vivienda, perdería todos los derechos o atributos que confiere la propiedad".
El vocero gremial aseguró que ni siquiera el propietario tendrá derecho en el caso de la expropiación a recibir un precio justo por su inmueble. " De ahora en adelante ser propietario de dos o más inmuebles para vivienda sería un delito y eso estaría en contra de las garantías constitucionales", puntualizó el presidente de la Cámara Inmobiliaria.
Residencias virtuales
Aquiles Martini considera inviable que las personas que alquilan habitaciones para estudiantes puedan ofrecer todos los servicios que estarían planteándose para la modalidad de residencias estudiantiles."No todos los arrendatarios pueden tener en sus inmuebles acceso a internet, cocina, sala de juego y lavandería", dijo el promotor inmobiliario. En este sentido propone que se diseñe un plan especial que sirva para atender a los estudiantes que viven alquilados.
Temas pendientes
La valorización del inmueble, las causales de desalojo y la propuesta de destinar el 25% de las unidades de vivienda que formen parte de un complejo urbanístico para el alquiler, son elementos aún por definirse en la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional.
Otro aspecto importante es el de las disposiciones transitorias, pues es necesario saber qué pasará con los contratos firmados hasta la fecha, explicó Martini.
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Ley de Arrendamientos creará "mercado negro" de alquileres
Carlos Alberto Calanche, consultor jurídico de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur).
Todo aquel que anhela controlar cada mínimo detalle de una estructura determinada, teme que algo se le salga de sus manos. La Ley de Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas pretende legislar prácticamente sobre cada escenario o caso particular; sin embargo, el remedio podría resultar peor que la enfermedad, pues al largo plazo podría generarse un "mercado inmobiliario paralelo" con un funcionamiento "paralegal".
Esa es la principal advertencia que hace Carlos Alberto Calanche, consultor jurídico de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), quien indica que el proyecto de ley que se discute en el seno de la Asamblea Nacional (AN) establece muchas restricciones hacia el arrendador que siempre buscará la manera de obtener alguna ganancia por el alquiler de su vivienda.
Tres son las manera que llevarían a un mercado paralelo. La primera es la obligatoriedad de firmar un contrato inquilino-arrendador por un mínimo de tres años, "con una inflación de galopante que ronda por el 27% cada año, al final se desfavorecerá al propietario, porque tal vez viva de esa renta y la inflación se comerá sus ganancias".
A su juicio la imposibilidad de elevar el canon anualmente, traerá como consecuencia la creación de "métodos paralelos" que permitan de alguna manera ajustar el cobro. Por ejemplo: en el recibo se colocaría el monto oficial y la diferencia tendría que pagarse de manera fraudulenta, durante los últimos dos años; de lo contrario simplemente no se alquilaría, por lo que el inquilino estará obligado a hacerlo, en vista del déficit habitacional en Venezuela.
Traspasos a la orden
El segundo sería la subrogación por el fallecimiento del inquilino, "esto es delicado y se prestará a muchos fraudes", pues en el supuesto de que suceda, un ocupante puede tomar su lugar, "entonces el propietario dirá que si bien la persona compartirá con otros la vivienda, se cobrará algo adicional fuera del recibo". Ello, a su vez, generará la proliferación de traspasos.
En entrevista para el Foro de los Lunes, Calanche asegura que muchas de las respuestas que buscan los inquilinos ya están establecidas en leyes. Por ejemplo, el Código Civil suscribe que en caso de fallecimiento del inquilino, no se interrumpe la relación arrendaticia, sino que el heredero opta por cumplir con el arrendamiento, "pero no un tercero que pueda lucrarse subarrendando".
Cobro extra por accesorios
El último punto, cuya implementación jurídica podría culminar en un camino oscuro, es la propuesta de prohibir el cobro adicional por muebles accesorios, pues los arrendadores querrían abusar de esto.
En principio, se había planteado en la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento que una vivienda amueblada (cocina, nevera, computadora, entre otros), no podría costar más del 40% adicional al canon total, mientras que si eran sólo algunos objetos cada uno sumaría 2% adicional hasta llegar a 40% como tope, "la mayoría decidió que esto sería perjudicial", lamenta.
El abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) indica que como consecuencia, muchos propietarios dudarán al alquilar, pues si tienen muebles, no los darán gratis, "o puede ser que otros dirán que si se quiere la casa se pagará algo adicional por los beneficios fuera del contrato".
Puntos varios
Otros aspectos novedosos que propone el texto jurídico es la eliminación de la llamada prórroga legal, la cual permitía dar un período de gracia al inquilino para que tuviera la posibilidad de ubicar un lugar adonde mudarse.
Además, Calanche sostiene que desde el punto de vista de solución habitacional, el instrumento no estimulará inversiones en construcción de nuevas viviendas, pues no se busca un equilibrio entre los dos grupos y por el artículo 74, el cual establecería que el 25% de las viviendas que se construyan (un edificio, por ejemplo) deberán ser destinadas a alquilar, "supedita que la construcción se disponga para el campo de arrendamiento y no sólo eso, sino que no son ecuánimes al sopesar los intereses del arrendador".
Ello se ve reflejado en el artículo dedicado a la eliminación de la garantía del depósito, porque cuando existía se decía que si el inquilino incumplía con una restauración por algún daño al inmueble o incumpla con el pago de algún servicio, "no habrá manera de resarcir". Además, esto no afecta directamente a los inquilinos actuales, sino a los futuros; "debe estudiarse todo, no sólo proteger al débil jurídico, porque dejará desasistido a lo arrendadores".
Otro artículo que ha generado críticas es el número cuatro, el cual implementa un impuesto sobre las viviendas desocupadas, "en vez de arrendar, ocuparán innecesariamente el inmueble, además el Estado no puede saber si una persona está esperando que su hijo se gradúe, eso incluso atenta contra el derecho de propiedad".
El canon
Para este punto, indicó el especialista en Derecho Administrativo, se propone como tope el 15% del salario mínimo, según una versión o del ingreso básico familiar, según la otra, porque se implementará una descongelación progresiva de los cánones de arrendamiento, que desde hace ocho años están paralizados. Ambos casos "son inviables".
Explica que si es sobre el ingreso familiar, resultaría en desavenencias jurídicas, pues la relación arrendaticia es bilateral y si se toma un presupuesto familiar, puede prestarse a que el inquilino es cualquiera, "además, qué pasa si uno de los miembros deja de trabajar".
Si es sobre el 15% del salario mínimo, "no beneficiaría al propietario", pues si una persona pagaba BsF 500, preferirá cancelar menos, "eso traerá desequilibrio, pues no sería la sumatoria de BsF 500 más el 15% del sueldo mínimo, sino sólo el segundo".
Antes que aprobar algo, tanto inquilinos como arrendadores prefirieron diferir el punto, pues "trajo desacuerdos", por lo que se hizo una tercera propuesta: elaborar un estudio sociológico de los casos que lo solicitaran para que el impacto por la descongelación no golpee tanto en el bolsillo.
La venganza del débil contra el fuerte
Lo expuesto por el socio del Bufete de Abogados Orta Poleo hace inferir que la manera en como se ha manejado la discusión del proyecto es una especie de venganza de los inquilinos hacia los propietarios abusadores, "ésa no es la realidad", sostiene.
A su juicio, la ley debería tener aportes y no sólo desmantelar las instituciones que han sido exitosas como la prórroga legal, la garantía del depósito, pagar ante tribunales y no por la Dirección de Inquilinatos que sirve sólo para dirimir controversias, "la garantía del arrendador de poder desalojar al inquilino que no paga, que abusa o subarrienda el inmueble, entre otras". Piensa, Calanche que muchos de esos puntos pueden mejorarse y perdurar en el tiempo.
El único final que tendrá este asunto, asoma el abogado es "confrontación social entre las partes", porque "se protege a un solo sector y se desasiste al otro, lo cual generará desequilibrio" y éste acentuará los conflictos entre inquilinos y propietarios.
Entonces hasta qué punto sería cierto la aseveración de que el alquiler de viviendas cesará paulatinamente, "nadie querrá alquilar", afirma, porque traerá "mucha confrontación ya que los propietarios estarán desasistidos por las instituciones y algunas personas podrían tomar la justicia en sus manos".
En el mercado inmobiliario, al parecer, ocurre como en la economía, si hay temor ante una recesión, se paraliza la economía y comienza su hundimiento, "ya está sucediendo, el alquiler está en desmedro, basta con ver la prensa para observar pocas ofertas, pero no es porque el arrendador quiera explotar, sino porque se necesitan garantías para ceder a un tercero una bien".
Aunque admite que hay hechos "aislados" de violaciones a derechos de los inquilinos, el instrumento no puede intentar regular absolutamente todos los escenarios "habidos y por haber".
Invasiones
Desde el año 1999 hasta el 2011, según cifras de Apiur 22 mil inmuebles han sido invadidos en todo el país. Del total alrededor de 800 casas, terrenos y galpones permanecen tomados en Caracas y 155 edificios también desde el año 2003.
Lo peor del asunto es que no tiene aparente arreglo, pues quienes denuncian el flagelo a la propiedad privada se ven obligados a peregrinar: "deben ir a un tribunal del área civil y allí se les dice que se dirijan al Ministerio Público y éste, a su vez, a la Dirección de Inquilinato, "el Estado no garantiza el derecho a la propiedad, sino que omite su deber".
Más que las palabras, lo dicen los hechos. Del total de expropiaciones efectuadas por el Gobierno, sólo el 5% se ha cancelado a sus dueños. Ejemplos de ellos, los 188 edificios afectados en Caracas en 2006, el Centro Comercial Sambil La Candelaria, sin indemnización a 250 comerciantes, el edificio La Francia donde se desalojó a 600 trabajadores y 91 inquilinos comerciantes sin retribución; 19 estacionamientos en el centro de la ciudad capital para la construcción de viviendas y decenas de pensiones turísticas en Caracas tomadas "por grupos anárquicos con apoyo político, fomentando el no pago a sus huéspedes".
El Carabobeño
12-09-2011
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Esa es la principal advertencia que hace Carlos Alberto Calanche, consultor jurídico de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), quien indica que el proyecto de ley que se discute en el seno de la Asamblea Nacional (AN) establece muchas restricciones hacia el arrendador que siempre buscará la manera de obtener alguna ganancia por el alquiler de su vivienda.
Tres son las manera que llevarían a un mercado paralelo. La primera es la obligatoriedad de firmar un contrato inquilino-arrendador por un mínimo de tres años, "con una inflación de galopante que ronda por el 27% cada año, al final se desfavorecerá al propietario, porque tal vez viva de esa renta y la inflación se comerá sus ganancias".
A su juicio la imposibilidad de elevar el canon anualmente, traerá como consecuencia la creación de "métodos paralelos" que permitan de alguna manera ajustar el cobro. Por ejemplo: en el recibo se colocaría el monto oficial y la diferencia tendría que pagarse de manera fraudulenta, durante los últimos dos años; de lo contrario simplemente no se alquilaría, por lo que el inquilino estará obligado a hacerlo, en vista del déficit habitacional en Venezuela.
Traspasos a la orden
El segundo sería la subrogación por el fallecimiento del inquilino, "esto es delicado y se prestará a muchos fraudes", pues en el supuesto de que suceda, un ocupante puede tomar su lugar, "entonces el propietario dirá que si bien la persona compartirá con otros la vivienda, se cobrará algo adicional fuera del recibo". Ello, a su vez, generará la proliferación de traspasos.
En entrevista para el Foro de los Lunes, Calanche asegura que muchas de las respuestas que buscan los inquilinos ya están establecidas en leyes. Por ejemplo, el Código Civil suscribe que en caso de fallecimiento del inquilino, no se interrumpe la relación arrendaticia, sino que el heredero opta por cumplir con el arrendamiento, "pero no un tercero que pueda lucrarse subarrendando".
Cobro extra por accesorios
El último punto, cuya implementación jurídica podría culminar en un camino oscuro, es la propuesta de prohibir el cobro adicional por muebles accesorios, pues los arrendadores querrían abusar de esto.
En principio, se había planteado en la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento que una vivienda amueblada (cocina, nevera, computadora, entre otros), no podría costar más del 40% adicional al canon total, mientras que si eran sólo algunos objetos cada uno sumaría 2% adicional hasta llegar a 40% como tope, "la mayoría decidió que esto sería perjudicial", lamenta.
El abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) indica que como consecuencia, muchos propietarios dudarán al alquilar, pues si tienen muebles, no los darán gratis, "o puede ser que otros dirán que si se quiere la casa se pagará algo adicional por los beneficios fuera del contrato".
Puntos varios
Otros aspectos novedosos que propone el texto jurídico es la eliminación de la llamada prórroga legal, la cual permitía dar un período de gracia al inquilino para que tuviera la posibilidad de ubicar un lugar adonde mudarse.
Además, Calanche sostiene que desde el punto de vista de solución habitacional, el instrumento no estimulará inversiones en construcción de nuevas viviendas, pues no se busca un equilibrio entre los dos grupos y por el artículo 74, el cual establecería que el 25% de las viviendas que se construyan (un edificio, por ejemplo) deberán ser destinadas a alquilar, "supedita que la construcción se disponga para el campo de arrendamiento y no sólo eso, sino que no son ecuánimes al sopesar los intereses del arrendador".
Ello se ve reflejado en el artículo dedicado a la eliminación de la garantía del depósito, porque cuando existía se decía que si el inquilino incumplía con una restauración por algún daño al inmueble o incumpla con el pago de algún servicio, "no habrá manera de resarcir". Además, esto no afecta directamente a los inquilinos actuales, sino a los futuros; "debe estudiarse todo, no sólo proteger al débil jurídico, porque dejará desasistido a lo arrendadores".
Otro artículo que ha generado críticas es el número cuatro, el cual implementa un impuesto sobre las viviendas desocupadas, "en vez de arrendar, ocuparán innecesariamente el inmueble, además el Estado no puede saber si una persona está esperando que su hijo se gradúe, eso incluso atenta contra el derecho de propiedad".
El canon
Para este punto, indicó el especialista en Derecho Administrativo, se propone como tope el 15% del salario mínimo, según una versión o del ingreso básico familiar, según la otra, porque se implementará una descongelación progresiva de los cánones de arrendamiento, que desde hace ocho años están paralizados. Ambos casos "son inviables".
Explica que si es sobre el ingreso familiar, resultaría en desavenencias jurídicas, pues la relación arrendaticia es bilateral y si se toma un presupuesto familiar, puede prestarse a que el inquilino es cualquiera, "además, qué pasa si uno de los miembros deja de trabajar".
Si es sobre el 15% del salario mínimo, "no beneficiaría al propietario", pues si una persona pagaba BsF 500, preferirá cancelar menos, "eso traerá desequilibrio, pues no sería la sumatoria de BsF 500 más el 15% del sueldo mínimo, sino sólo el segundo".
Antes que aprobar algo, tanto inquilinos como arrendadores prefirieron diferir el punto, pues "trajo desacuerdos", por lo que se hizo una tercera propuesta: elaborar un estudio sociológico de los casos que lo solicitaran para que el impacto por la descongelación no golpee tanto en el bolsillo.
La venganza del débil contra el fuerte
Lo expuesto por el socio del Bufete de Abogados Orta Poleo hace inferir que la manera en como se ha manejado la discusión del proyecto es una especie de venganza de los inquilinos hacia los propietarios abusadores, "ésa no es la realidad", sostiene.
A su juicio, la ley debería tener aportes y no sólo desmantelar las instituciones que han sido exitosas como la prórroga legal, la garantía del depósito, pagar ante tribunales y no por la Dirección de Inquilinatos que sirve sólo para dirimir controversias, "la garantía del arrendador de poder desalojar al inquilino que no paga, que abusa o subarrienda el inmueble, entre otras". Piensa, Calanche que muchos de esos puntos pueden mejorarse y perdurar en el tiempo.
El único final que tendrá este asunto, asoma el abogado es "confrontación social entre las partes", porque "se protege a un solo sector y se desasiste al otro, lo cual generará desequilibrio" y éste acentuará los conflictos entre inquilinos y propietarios.
Entonces hasta qué punto sería cierto la aseveración de que el alquiler de viviendas cesará paulatinamente, "nadie querrá alquilar", afirma, porque traerá "mucha confrontación ya que los propietarios estarán desasistidos por las instituciones y algunas personas podrían tomar la justicia en sus manos".
En el mercado inmobiliario, al parecer, ocurre como en la economía, si hay temor ante una recesión, se paraliza la economía y comienza su hundimiento, "ya está sucediendo, el alquiler está en desmedro, basta con ver la prensa para observar pocas ofertas, pero no es porque el arrendador quiera explotar, sino porque se necesitan garantías para ceder a un tercero una bien".
Aunque admite que hay hechos "aislados" de violaciones a derechos de los inquilinos, el instrumento no puede intentar regular absolutamente todos los escenarios "habidos y por haber".
Invasiones
Desde el año 1999 hasta el 2011, según cifras de Apiur 22 mil inmuebles han sido invadidos en todo el país. Del total alrededor de 800 casas, terrenos y galpones permanecen tomados en Caracas y 155 edificios también desde el año 2003.
Lo peor del asunto es que no tiene aparente arreglo, pues quienes denuncian el flagelo a la propiedad privada se ven obligados a peregrinar: "deben ir a un tribunal del área civil y allí se les dice que se dirijan al Ministerio Público y éste, a su vez, a la Dirección de Inquilinato, "el Estado no garantiza el derecho a la propiedad, sino que omite su deber".
Más que las palabras, lo dicen los hechos. Del total de expropiaciones efectuadas por el Gobierno, sólo el 5% se ha cancelado a sus dueños. Ejemplos de ellos, los 188 edificios afectados en Caracas en 2006, el Centro Comercial Sambil La Candelaria, sin indemnización a 250 comerciantes, el edificio La Francia donde se desalojó a 600 trabajadores y 91 inquilinos comerciantes sin retribución; 19 estacionamientos en el centro de la ciudad capital para la construcción de viviendas y decenas de pensiones turísticas en Caracas tomadas "por grupos anárquicos con apoyo político, fomentando el no pago a sus huéspedes".
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Nueva ley no obligará al pequeño arrendador a vender viviendas
Rígel Sergent dijo que esperan adelantar artículos diferidos esta semana
La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) que discute la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios ya clasificó a los propietarios, según el número de viviendas en alquiler que posean. Ahora, la instancia técnica del grupo parlamentario establecerá las diferencias legales que privarán entre ambos tipos de arrendadores en los artículos referidos a causales de desalojo, el Fondo de Seguridad, así como la venta de inmuebles.
Rígel Sergent, vocero de la Red Metropolitana de Inquilinos -proponente del texto-, informó que la ley contrastará deberes y beneficios entre los pequeños propietarios -con una o dos viviendas en alquiler- y los denominados multiarrendadores, es decir, aquellos con tres o más inmuebles en condición de arriendo.
Adelantó que una de las principales diferencias estará contemplada en la disposición transitoria novena, donde se fija la obligación de los propietarios de viviendas de vieja data (construidas hasta 1987) a vender los inmuebles a los inquilinos.
“Mal podríamos obligar al pequeño arrendador a vender, cuando en algún momento puede tener la necesidad de recuperar su vivienda”, explicó al precisar que estos propietarios no estarán sujetos a esta disposición, pero sí deberán cumplirla los multiarrendadores.
Señaló que además se especificará el tipo de inmuebles que contempla la medida, como es el caso de los edificios dedicados únicamente a alquiler.
Propiedad en riesgo
La Ley de Arrendamientos, que consta de 150 artículos, es debatida desde julio por la comisión de la AN, a los fines de ser elevada a la plenaria del parlamento para su definitiva aprobación. Hasta el momento, 104 artículos han recibido el visto bueno -contratos mínimos de tres años, eliminación de depósito-, mientras apartados polémicos como la metodología para determinar el canon, las causales de desalojo y las sanciones se mantienen diferidas.
Sergent indicó que las causas de desocupación también contemplarán diferencias entre pequeños y multiarrendadores. Detalló que de los cinco parámetros, al referido “a la necesidad que tenga el propietario de ocupar el inmueble o alguno de sus familiares” se le agregarán especificaciones que privilegien al dueño de una o dos viviendas alquiladas, para garantizar que pueda recuperar su propiedad. “En el caso del gran arrendador, al tener varias viviendas, hay que blindarse de peticiones no justificadas de necesidad”, dijo.
Añadió que la ley además crea el Fondo de Seguridad Social del Inquilino y del Pequeño Arrendador, con el cual se ofrecerá protección a los arrendatarios, y se les extiende el beneficio a quienes alquilan hasta dos viviendas, pero se excluye al multiarrendador.
Los nuevos apartados de la ley, que según Sergent, serán abordados esta semana, fueron criticados por el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini.
El empresario sostuvo que de ser aprobadas las diferencias entre los tipos de propietarios, se castigará la posesión de tres o más viviendas en alquiler.
“El multiarrendador tendrá menos derecho que el pequeño, no sólo con la posibilidad de alegar necesidad del inmueble para demandar un desalojo, sino que se le obligará a vender”.
A su juicio, no hay ley que obligue a la venta, y por ello pidió equilibrar los derechos y obligaciones.
Eltiempo.com.ve
12-09-2011
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La Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) que discute la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios ya clasificó a los propietarios, según el número de viviendas en alquiler que posean. Ahora, la instancia técnica del grupo parlamentario establecerá las diferencias legales que privarán entre ambos tipos de arrendadores en los artículos referidos a causales de desalojo, el Fondo de Seguridad, así como la venta de inmuebles.
Rígel Sergent, vocero de la Red Metropolitana de Inquilinos -proponente del texto-, informó que la ley contrastará deberes y beneficios entre los pequeños propietarios -con una o dos viviendas en alquiler- y los denominados multiarrendadores, es decir, aquellos con tres o más inmuebles en condición de arriendo.
Adelantó que una de las principales diferencias estará contemplada en la disposición transitoria novena, donde se fija la obligación de los propietarios de viviendas de vieja data (construidas hasta 1987) a vender los inmuebles a los inquilinos.
“Mal podríamos obligar al pequeño arrendador a vender, cuando en algún momento puede tener la necesidad de recuperar su vivienda”, explicó al precisar que estos propietarios no estarán sujetos a esta disposición, pero sí deberán cumplirla los multiarrendadores.
Señaló que además se especificará el tipo de inmuebles que contempla la medida, como es el caso de los edificios dedicados únicamente a alquiler.
Propiedad en riesgo
La Ley de Arrendamientos, que consta de 150 artículos, es debatida desde julio por la comisión de la AN, a los fines de ser elevada a la plenaria del parlamento para su definitiva aprobación. Hasta el momento, 104 artículos han recibido el visto bueno -contratos mínimos de tres años, eliminación de depósito-, mientras apartados polémicos como la metodología para determinar el canon, las causales de desalojo y las sanciones se mantienen diferidas.
Sergent indicó que las causas de desocupación también contemplarán diferencias entre pequeños y multiarrendadores. Detalló que de los cinco parámetros, al referido “a la necesidad que tenga el propietario de ocupar el inmueble o alguno de sus familiares” se le agregarán especificaciones que privilegien al dueño de una o dos viviendas alquiladas, para garantizar que pueda recuperar su propiedad. “En el caso del gran arrendador, al tener varias viviendas, hay que blindarse de peticiones no justificadas de necesidad”, dijo.
Añadió que la ley además crea el Fondo de Seguridad Social del Inquilino y del Pequeño Arrendador, con el cual se ofrecerá protección a los arrendatarios, y se les extiende el beneficio a quienes alquilan hasta dos viviendas, pero se excluye al multiarrendador.
Los nuevos apartados de la ley, que según Sergent, serán abordados esta semana, fueron criticados por el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini.
El empresario sostuvo que de ser aprobadas las diferencias entre los tipos de propietarios, se castigará la posesión de tres o más viviendas en alquiler.
“El multiarrendador tendrá menos derecho que el pequeño, no sólo con la posibilidad de alegar necesidad del inmueble para demandar un desalojo, sino que se le obligará a vender”.
A su juicio, no hay ley que obligue a la venta, y por ello pidió equilibrar los derechos y obligaciones.
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Intereses ponen papaya la compra de casa
El Banco Central de Venezuela y el Ministerio de la Vivienda ajustaron las tasas de interés para la adquisición de viviendas, construcción y autoconstrucción según Gaceta Oficial N° 39.751 del pasado 6 de septiembre.
La nueva normativa redujo los intereses y facilita la adquisición de viviendas a través de la banca privada y permite que familias con ingresos cercanos a los BsF 7.000 obtengan un crédito con intereses 54% más bajos.
Anteriormente, existían cinco escalas, mientras que ahora se especifican tres nuevos niveles de tasas e ingresos que son aplicables a créditos vigentes y nuevos por igual.
A partir de este mes, 4,66% será el interés para grupos familiares cuyos ingresos sean menores o iguales a cuatro salarios mínimos (6.192), 6,91% para quienes tienen ingresos entre cuatro y seis salarios mínimos (9.288) y 9,16% para los que tengan ingresos entre seis y ocho (12.384).
El tope de interés quedó estipulado en 11,42%, pero no específica el límite de salarios como en la norma de 2009, donde el máximo era BsF 16.650.
El interés para la construcción de viviendas con recursos propios de las instituciones bancarias no sufrió reformas y quedó igualmente en 10,5%.
Voceros de la banca explican que la resolución se encuentra en revisión para determinar quiénes recibirán el interés máximo, debido a las lagunas de la normativa.
El especialista en banca y negocios César Aristimuño explicó que "la reforma no es lo más adecuada, ni lo más conveniente en el actual momento que vive el país. Favorece a unos y desmejora a otros, por lo que no crece el país, ni crea estabilidad".
Advierte que en el mercado no hay la suficiente cantidad de viviendas que se requieren y que la reforma puede generar una oleada de solicitudes de crédito y, "aun cuando los intereses sean bajos, no habrá dónde comprar".
Aristimuño sostiene que para superar la crisis habitacional el Gobierno debe trabajar en coordinación con el sector privado y no disminuir la rentabilidad de la banca, colocándola en una situación de búsqueda de mejores beneficios.
La profesora y economista María Inés Fernández aplaudió que el Gobierno haya facilitado el acceso a los créditos hipotecarios a las familias de clase media.
Comentó que anteriormente este grupo había quedado excluido y que sólo cuando se creó la Ley Especial del Deudor Hipotecario algunas familias pudieron adquirir un inmueble.
La Ley del Deudor dinamizó entonces el sistema y creó beneficios como la tasa de interés social, la cesión de subsidio a las familias de bajos ingresos económicos y las cuotas mensuales que no exceden 20% de los ingresos del beneficiario, para potenciar los atractivos de comprar.
La nueva norma forma parte de un grupo de medidas tomadas por el Gobierno nacional para reactivar el sector. En el mes de mayo, se dictaron condiciones para la cartera obligatoria que obligó a pasar de 10 a 12% la inversión para la construcción de viviendas, 35% para la adquisición de vivienda principal, 7,5% para mejoras, reparaciones o ampliaciones de vivienda principal y 7,5% para autoconstrucción.
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La nueva normativa redujo los intereses y facilita la adquisición de viviendas a través de la banca privada y permite que familias con ingresos cercanos a los BsF 7.000 obtengan un crédito con intereses 54% más bajos.
Anteriormente, existían cinco escalas, mientras que ahora se especifican tres nuevos niveles de tasas e ingresos que son aplicables a créditos vigentes y nuevos por igual.
A partir de este mes, 4,66% será el interés para grupos familiares cuyos ingresos sean menores o iguales a cuatro salarios mínimos (6.192), 6,91% para quienes tienen ingresos entre cuatro y seis salarios mínimos (9.288) y 9,16% para los que tengan ingresos entre seis y ocho (12.384).
El tope de interés quedó estipulado en 11,42%, pero no específica el límite de salarios como en la norma de 2009, donde el máximo era BsF 16.650.
El interés para la construcción de viviendas con recursos propios de las instituciones bancarias no sufrió reformas y quedó igualmente en 10,5%.
Voceros de la banca explican que la resolución se encuentra en revisión para determinar quiénes recibirán el interés máximo, debido a las lagunas de la normativa.
El especialista en banca y negocios César Aristimuño explicó que "la reforma no es lo más adecuada, ni lo más conveniente en el actual momento que vive el país. Favorece a unos y desmejora a otros, por lo que no crece el país, ni crea estabilidad".
Advierte que en el mercado no hay la suficiente cantidad de viviendas que se requieren y que la reforma puede generar una oleada de solicitudes de crédito y, "aun cuando los intereses sean bajos, no habrá dónde comprar".
Aristimuño sostiene que para superar la crisis habitacional el Gobierno debe trabajar en coordinación con el sector privado y no disminuir la rentabilidad de la banca, colocándola en una situación de búsqueda de mejores beneficios.
La profesora y economista María Inés Fernández aplaudió que el Gobierno haya facilitado el acceso a los créditos hipotecarios a las familias de clase media.
Comentó que anteriormente este grupo había quedado excluido y que sólo cuando se creó la Ley Especial del Deudor Hipotecario algunas familias pudieron adquirir un inmueble.
La Ley del Deudor dinamizó entonces el sistema y creó beneficios como la tasa de interés social, la cesión de subsidio a las familias de bajos ingresos económicos y las cuotas mensuales que no exceden 20% de los ingresos del beneficiario, para potenciar los atractivos de comprar.
La nueva norma forma parte de un grupo de medidas tomadas por el Gobierno nacional para reactivar el sector. En el mes de mayo, se dictaron condiciones para la cartera obligatoria que obligó a pasar de 10 a 12% la inversión para la construcción de viviendas, 35% para la adquisición de vivienda principal, 7,5% para mejoras, reparaciones o ampliaciones de vivienda principal y 7,5% para autoconstrucción.
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Desalojar a un inquilino cuesta Dios y su ayuda
(Créditos: Federico Parra)
Si antes desalojar a un inquilino por causa justificada no era una tarea fácil ni económica, a partir de mayo de 2011 con la vigencia del Decreto Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivienda, la tarea para los propietarios es imposible.
Si a la norma anti-desalojo se le suma que la actual discusión de la Asamblea Nacional sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos ha paralizado todas las acciones legales en materia de alquiler de viviendas, el panorama es desalentador.
En las oficinas de inquilinato de Plaza y Zamora se registran diariamente entre 50 y 60 denuncias de propietarios contra los inquilinos. Hasta hace unos meses atrás la tendencia legal era totalmente inversa. Es decir, eran los inquilinos quienes accionaban contra los propietarios.
El reclamo más recurrente se refiere al desacuerdo de entrega del inmueble, seguido del incumplimiento de pago por parte del arrendatario y las solicitudes de inquilinos para hacer uso de la prórroga legal antes de salir definitivamente de la propiedad.
Calvario. Lirimar Segobia, asesora jurídica de la oficina de inquilinato de Zamora, aseguró que los casos que recibe a diario "son uno peor que otro".
César González, propietario, relató a ÚN que hace un año compró un inmueble que estaba arrendado en el conjunto residencial Los Cardenales, de la urbanización El Marqués de Guatire, y hasta la fecha no ha logrado la desocupación.
Afirmó que ha hecho un montón de gestiones y denuncias ante diversos organismos, pero no logró nada. Acotó que, incluso, le propuso a la arrendataria exonerarle la deuda de alquiler, que asciende a un año, pagarle el depósito de la nueva vivienda que consiga para mudarse. "Ni así he logrado que desocupe", se quejó.
Mientras espera que el arrendatario impago le entregue el inmueble, González vive con su esposa e hija de cinco años alquilado en una habitación en Caracas y paga BsF 3 mil mensuales al banco por el crédito.
Lirimar Segobia enfatizó que, como el caso de González hay más de 150 en la subregión en las mismas condiciones.
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Si a la norma anti-desalojo se le suma que la actual discusión de la Asamblea Nacional sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos ha paralizado todas las acciones legales en materia de alquiler de viviendas, el panorama es desalentador.
En las oficinas de inquilinato de Plaza y Zamora se registran diariamente entre 50 y 60 denuncias de propietarios contra los inquilinos. Hasta hace unos meses atrás la tendencia legal era totalmente inversa. Es decir, eran los inquilinos quienes accionaban contra los propietarios.
El reclamo más recurrente se refiere al desacuerdo de entrega del inmueble, seguido del incumplimiento de pago por parte del arrendatario y las solicitudes de inquilinos para hacer uso de la prórroga legal antes de salir definitivamente de la propiedad.
Calvario. Lirimar Segobia, asesora jurídica de la oficina de inquilinato de Zamora, aseguró que los casos que recibe a diario "son uno peor que otro".
César González, propietario, relató a ÚN que hace un año compró un inmueble que estaba arrendado en el conjunto residencial Los Cardenales, de la urbanización El Marqués de Guatire, y hasta la fecha no ha logrado la desocupación.
Afirmó que ha hecho un montón de gestiones y denuncias ante diversos organismos, pero no logró nada. Acotó que, incluso, le propuso a la arrendataria exonerarle la deuda de alquiler, que asciende a un año, pagarle el depósito de la nueva vivienda que consiga para mudarse. "Ni así he logrado que desocupe", se quejó.
Mientras espera que el arrendatario impago le entregue el inmueble, González vive con su esposa e hija de cinco años alquilado en una habitación en Caracas y paga BsF 3 mil mensuales al banco por el crédito.
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"El Estado debe favorecer a los pequeños arrendadores"
La familia Benzecry paga altas sumas de dinero en condominio en Los Naranjos sin disfrutar de su vivienda privada VENANCIO ALCÁZARES
Mariela Benzecry alquiló la residencia de su madre en Los Naranjos para costearle los gastos médicos que generaba tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) en 2006. Un año después su mamá falleció y comenzaron los problemas con su inquilina, quien se niega a entregarle el inmueble que heredó junto a su hermano.
La situación de la familia Benzecry se suma a otros 210 casos en Caracas de inquilinos que rechazan la entrega las viviendas privadas a pequeños arrendadores, según cifras de la Red de Propietarios.
La inquilina de Mariela Benzecry llegó a su casa en el piso 3 (Apto. 3-B) de las residencias Helena de la calle El Paují de Los Naranjos por recomendación de la conserje del edificio. "Luego nos enteramos que la señora Josefina Díaz Capriles había sido desalojada de un penthouse en el edificio tras vencerse su contrato de arrendamiento. El dinero que nos pagaba (Bs 2 mil) lo usábamos para pagar el tratamiento de mi mamá en el Urológico de San Román y el condominio", dijo.
La propietaria contó que el arrendamiento se realizó con el compromiso de que la inquilina se mudara a su casa en La Trinidad cuando se le solicitara la entrega del inmueble. "Le notificamos legalmente su plazo para retirarse en 2007. Pasaron dos años y no se fue. Luego la demandamos y el juez no dictaminó la devolución de mi casa", agregó Benzecry.
Tras cuatro años de lucha a Mariela Benzecry le ha tocado vivir arrimada en casa de una prima. Mientras que a su hermano León, su esposa y dos hijos les exigen abandonar la vivienda que arriendan en la urbanización Terrazas del Ávila.
"Hoy tenemos a una inquilina ocupando mi casa de cuatro habitaciones y pagando solo Bs 4 mil de alquiler (160 m2). El Estado debe favorecer a los pequeños arrendadores. No perdemos la esperanza porque hoy están afectadas dos familias por una inquilina que fue declarada persona no grata en el edificio. Ella no ha demostrado intención de comprar mi casa. Incluso el cheque que dejó para depósito no tenía fondos. Me toca pagar condominio sin disfrutar de mi casa", culminó.
Capriles no pudo contactarse porque no abre las puertas de la casa que arrienda.
Toma forzada en El Rosal
El abogado y experto en inquilinato, Pedro Beiruti, denunció que la propietaria de una vivienda en el edificio VVZ de la calle Sorocaima de El Rosal aprovechó las vacaciones de su inquilino para violar las cerraduras y tomar su inmueble.
"Pedro Santana, inquilino, no pudo entrar al apartamento que alquiló porque la propietaria cambió las cerraduras. Denunciamos el caso en la Dirección de Inquilinato, institución que intentó recuperar el inmueble, pero los vecinos y la junta de condominio impidieron la acción. El inquilino se fue de viaje 10 días a su hacienda y al regresar el martes pasado no pudo entrar al apartamento. Adentro estaba la dueña, Adedo de Venegas", dijo.
Beiruti aseguró que la junta de condominio, liderada por el dirigente oficialista, Héctor Dávila, y otros vecinos obstaculizaron la conciliación. "El viernes logramos que el representante de la empresa apoderada del inmueble entregara las llaves. Santana no quiso entrar por temor y solicitó ayuda en la Fiscalía para confirmar la entrega de la casa", dijo.
El abogado destacó que nadie debe tomar la justicia por sus propios medios y aunque el propietario tenga derechos debe agotar los procedimientos legales existentes.
Héctor Dávila, presidente de la junta de condominio del edificio VVZ, afirmó que el inquilino del piso 7 (apartamento 71) arrendó el lugar mientras sus hijos estudiaban en Caracas. "Ellos se fueron y se quedó con el apartamento, propiedad de Adedo de Venegas, de 83 años. Santana recibió 50 firmas porque es persona no grata en el edificio. Él le echó liga de frenos a un carro. El vecino afectado lo grabó y lo denunciamos. Ingiere licor, no colabora con las filtraciones, chocó la puerta del estacionamiento y no la arregló. Incluso debe Bs 7 mil de condominio. Solo paga Bs 300 de alquiler por una vivienda de 85 m2 en El Rosal. La acción de la propietaria es precisamente lo que debería pasar cuando se trata de un inquilino indeseado" resaltó Dávila.
Roberto Bertossi, yerno de Adedo de Venegas y dueño de la empresa apoderada de su vivienda, relató que la propietaria actuó a modus propio.
"Inquilinato la amenazó con desalojarla, una anciana de 83 años. La vivienda fue comprada en 1995 y fue puesta a nombre de la compañía por una decisión de ancianos. Se hizo un contrato en 2001 y se convirtió en indeterminado y inquilino para por tribunales el arrendamiento", indicó.
Bertossi duerme en una hamaca en la sala de su casa. A un lado su esposa descansa en el sofá porque le cedió su habitación a su mamá. "Luego de lo sucedido entregamos las llaves de la casa de El Rosal. El inquilino es deshonesto porque paga Bs 300. Esa no es su vivienda principal y la recuperaremos por completo", afirmó.
El Universal
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Mariela Benzecry alquiló la residencia de su madre en Los Naranjos para costearle los gastos médicos que generaba tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) en 2006. Un año después su mamá falleció y comenzaron los problemas con su inquilina, quien se niega a entregarle el inmueble que heredó junto a su hermano.
La situación de la familia Benzecry se suma a otros 210 casos en Caracas de inquilinos que rechazan la entrega las viviendas privadas a pequeños arrendadores, según cifras de la Red de Propietarios.
La inquilina de Mariela Benzecry llegó a su casa en el piso 3 (Apto. 3-B) de las residencias Helena de la calle El Paují de Los Naranjos por recomendación de la conserje del edificio. "Luego nos enteramos que la señora Josefina Díaz Capriles había sido desalojada de un penthouse en el edificio tras vencerse su contrato de arrendamiento. El dinero que nos pagaba (Bs 2 mil) lo usábamos para pagar el tratamiento de mi mamá en el Urológico de San Román y el condominio", dijo.
La propietaria contó que el arrendamiento se realizó con el compromiso de que la inquilina se mudara a su casa en La Trinidad cuando se le solicitara la entrega del inmueble. "Le notificamos legalmente su plazo para retirarse en 2007. Pasaron dos años y no se fue. Luego la demandamos y el juez no dictaminó la devolución de mi casa", agregó Benzecry.
Tras cuatro años de lucha a Mariela Benzecry le ha tocado vivir arrimada en casa de una prima. Mientras que a su hermano León, su esposa y dos hijos les exigen abandonar la vivienda que arriendan en la urbanización Terrazas del Ávila.
"Hoy tenemos a una inquilina ocupando mi casa de cuatro habitaciones y pagando solo Bs 4 mil de alquiler (160 m2). El Estado debe favorecer a los pequeños arrendadores. No perdemos la esperanza porque hoy están afectadas dos familias por una inquilina que fue declarada persona no grata en el edificio. Ella no ha demostrado intención de comprar mi casa. Incluso el cheque que dejó para depósito no tenía fondos. Me toca pagar condominio sin disfrutar de mi casa", culminó.
Capriles no pudo contactarse porque no abre las puertas de la casa que arrienda.
Toma forzada en El Rosal
El abogado y experto en inquilinato, Pedro Beiruti, denunció que la propietaria de una vivienda en el edificio VVZ de la calle Sorocaima de El Rosal aprovechó las vacaciones de su inquilino para violar las cerraduras y tomar su inmueble.
"Pedro Santana, inquilino, no pudo entrar al apartamento que alquiló porque la propietaria cambió las cerraduras. Denunciamos el caso en la Dirección de Inquilinato, institución que intentó recuperar el inmueble, pero los vecinos y la junta de condominio impidieron la acción. El inquilino se fue de viaje 10 días a su hacienda y al regresar el martes pasado no pudo entrar al apartamento. Adentro estaba la dueña, Adedo de Venegas", dijo.
Beiruti aseguró que la junta de condominio, liderada por el dirigente oficialista, Héctor Dávila, y otros vecinos obstaculizaron la conciliación. "El viernes logramos que el representante de la empresa apoderada del inmueble entregara las llaves. Santana no quiso entrar por temor y solicitó ayuda en la Fiscalía para confirmar la entrega de la casa", dijo.
El abogado destacó que nadie debe tomar la justicia por sus propios medios y aunque el propietario tenga derechos debe agotar los procedimientos legales existentes.
Héctor Dávila, presidente de la junta de condominio del edificio VVZ, afirmó que el inquilino del piso 7 (apartamento 71) arrendó el lugar mientras sus hijos estudiaban en Caracas. "Ellos se fueron y se quedó con el apartamento, propiedad de Adedo de Venegas, de 83 años. Santana recibió 50 firmas porque es persona no grata en el edificio. Él le echó liga de frenos a un carro. El vecino afectado lo grabó y lo denunciamos. Ingiere licor, no colabora con las filtraciones, chocó la puerta del estacionamiento y no la arregló. Incluso debe Bs 7 mil de condominio. Solo paga Bs 300 de alquiler por una vivienda de 85 m2 en El Rosal. La acción de la propietaria es precisamente lo que debería pasar cuando se trata de un inquilino indeseado" resaltó Dávila.
Roberto Bertossi, yerno de Adedo de Venegas y dueño de la empresa apoderada de su vivienda, relató que la propietaria actuó a modus propio.
"Inquilinato la amenazó con desalojarla, una anciana de 83 años. La vivienda fue comprada en 1995 y fue puesta a nombre de la compañía por una decisión de ancianos. Se hizo un contrato en 2001 y se convirtió en indeterminado y inquilino para por tribunales el arrendamiento", indicó.
Bertossi duerme en una hamaca en la sala de su casa. A un lado su esposa descansa en el sofá porque le cedió su habitación a su mamá. "Luego de lo sucedido entregamos las llaves de la casa de El Rosal. El inquilino es deshonesto porque paga Bs 300. Esa no es su vivienda principal y la recuperaremos por completo", afirmó.
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Inversión para insumos de construcción suma $241 millones
El Gobierno a través del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) ha invertido $241 millones en la creación de fábricas para la producción de insumos de la construcción.
Aunque las autoridades argumentan que se hacen esfuerzos en la actividad industrial, las cifras oficiales revelan que la ejecución de los proyectos orientados a la generación de materiales es lenta. Esa inversión por medio del Fonden abarca el período de 2006 a 2011 y si bien se han asignado más de $240 millones, los recursos erogados ascienden a $110 millones (46% del total).
Esas asignaciones no incluyen las inyecciones a las cementeras, siderúrgicas y otras industrias ya establecidas, solamente comprenden los fondos para la creación de nuevas empresas.
Los datos del Fonden revelan que a las nuevas cementeras Cerro Azul y Santiago se han asignado $148 millones, de esa cantidad se han desembolsado 86 millones. Esta semana el ministro de Ciencia e Industrias Intermedias, Ricardo Menéndez, destacaba que Cerro Azul tiene un avance de 81%, pero la constitución de esa planta se autorizó en 2005.
Para las empresas de producción de insumos básicos para la construcción de viviendas fueron asignados $1,7 millones, los cuales fueron ejecutados en su totalidad. En el detalle se indica que el Fonden entregó recursos para un complejo orientado a la producción de ladrillos de arcilla, de los $46 millones, ya fueron empleados $18 millones.
El Gobierno destinó a la fábrica socialista de producción de maquinaria pesada para la construcción 35 millones de dólares y los datos oficiales indican que los fondos no se han erogado.
La construcción en el primer semestre tuvo un retroceso de 4,3% y uno de los aspectos que más incidió fue la menor disponibilidad de insumos básicos.
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12-09-2011
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Aunque las autoridades argumentan que se hacen esfuerzos en la actividad industrial, las cifras oficiales revelan que la ejecución de los proyectos orientados a la generación de materiales es lenta. Esa inversión por medio del Fonden abarca el período de 2006 a 2011 y si bien se han asignado más de $240 millones, los recursos erogados ascienden a $110 millones (46% del total).
Esas asignaciones no incluyen las inyecciones a las cementeras, siderúrgicas y otras industrias ya establecidas, solamente comprenden los fondos para la creación de nuevas empresas.
Los datos del Fonden revelan que a las nuevas cementeras Cerro Azul y Santiago se han asignado $148 millones, de esa cantidad se han desembolsado 86 millones. Esta semana el ministro de Ciencia e Industrias Intermedias, Ricardo Menéndez, destacaba que Cerro Azul tiene un avance de 81%, pero la constitución de esa planta se autorizó en 2005.
Para las empresas de producción de insumos básicos para la construcción de viviendas fueron asignados $1,7 millones, los cuales fueron ejecutados en su totalidad. En el detalle se indica que el Fonden entregó recursos para un complejo orientado a la producción de ladrillos de arcilla, de los $46 millones, ya fueron empleados $18 millones.
El Gobierno destinó a la fábrica socialista de producción de maquinaria pesada para la construcción 35 millones de dólares y los datos oficiales indican que los fondos no se han erogado.
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Martini Pietri no ve un buen futuro habitacional
(Créditos: Orlando Alviárez)
En medio de la conversación, Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, aclara que las cifras que cita corresponden a los informes que, periódicamente, publica el Banco Central de Venezuela. Se trata, pues, de cifras oficiales. Hay una escasez persistente de insumos como cabillas y cemento, indispensables para la construcción de viviendas, y no hay una respuesta creíble de por qué ocurre algo así, ante la decisión del Gobierno de nacionalizar las empresas cementeras y la industria del acero en 2008. "Cuando la consigas, me avisas", advierte Martini Pietri.
Para finales de agosto, se había construido 44 mil viviendas, 12 mil de ellas corresponden al programa de sustitución de ranchos por casas. "¿Dime tú como vamos a llegar a las 130 mil (que ofreció el presidente Chávez) para este año?". Hay muchas interrogantes, pero pocas respuestas. La meta de cubrir el déficit en cinco años supone una idea volumétrica tan asombrosa como increíble: ocho y media veces Caracas. "Por Dios, eso no se puede hacer de la noche a la mañana (…) y menos sin una política de Estado".
De acuerdo con las cifras del Banco Central de Venezuela, la construcción del sector público aumentó en 1,9%, mientras que la del sector privado retrocedió 8,4%. ¿Qué hay detrás de ese dato?
Esa cifra registra un crecimiento de la infraestructura en el sector petrolero y también en el sector eléctrico, aunque en menor medida. Pero en el sector privado, que básicamente tiene que ver con vivienda, hubo una caída de más de 8%. De hecho, el de la vivienda fue el único sector que cayó en el informe semestral del BCV. Uno de los grandes factores que explica esa caída fue la poca disponibilidad de insumos.
El Gobierno estatizó las empresas cementeras y del acero para disponer, justamente, de insumos que le permitieran abastecer el mercado interno. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, cuando consigas la respuesta, me avisas. Ciertamente, en 2008, el Gobierno nacionalizó o expropió la industria del cemento y del acero, bajo el argumento de que esos sectores son estratégicos para el desarrollo nacional. La realidad es que la industria del cemento cayó un poco más de 14% en 2010 y la industria del acero en más de 27%. Si bien influyó el problema eléctrico, el informe del BCV también habla de problemas de producción, de la falta de inversión en el sector. La regulación de precios de estos insumos significa que cuesta más venderlos que producirlos y eso lleva a lo que hemos visto en los últimos meses: mafias que trafican con cabillas, porque el diferencial entre lo que se comercializa en Venezuela y en otras partes es muy alto.
¿El Gobierno está atrapado en su propia política de congelación de precios?
Creo que eso aplica a todo; cuando tienes un bien con el precio congelado y una inflación anual que fluctúa entre 25% y 30%, y además pretendes que las cosas no aumenten, lo que va a ocurrir, en la práctica, es que se genera una escasez. La gran información de primera página de los periódicos es que la inflación de lo que está regulado alcanzó entre 15% y 16%.
Otro dato relevante refiere al número de viviendas paralizadas (135%). Un indicador muy grueso, ¿qué hay detrás de esa cifra?
Lo que hay es una incomprensión de la realidad. ¿Qué pasó en el sector vivienda? En Venezuela se construyeron alrededor de 8 mil viviendas en 2005, entre el sector privado y el sector público. Hago la diferenciación porque históricamente el sector privado aporta el 75% de las viviendas. No ahora, sino en todos los gobiernos. El otro 25% corresponde también, en su gran mayoría, a empresas privadas contratadas por gobernaciones y alcaldías. Ante esa crisis se promulgó la Ley de Política Habitacional, los subsidios y el fondo de ahorro. Incentivos que estimularon la construcción hasta el punto de que en 2009 llegamos a más de 90 mil viviendas.
¿Qué pasó en el camino?
Lo primero fue que en 2008 nacionalizaron la industria del cemento y de la cabilla. En noviembre de ese año se regula el cobro del ÍPC. ¿Qué era el ÍPC? Según cifras del BCV, entre el momento en que comienza y concluye una vivienda media un plazo de cinco años. En algún lado se percibió que estas construcciones se estaban atrasando y, lamentablemente, no se advirtió la realidad, que el problema obedecía a la escasez de insumos. En 2009 se elimina el ÍPC, lo que genera una gran distorsión económica, porque en el saldo deudor -lo que me debían a mí los compradores- no puedo ajustar la vivienda, aunque los insumos siguen subiendo. La distorsión es de tal magnitud que, en octubre de 2010, se comienza a hablar de la gran estafa inmobiliaria. Se vende la idea de que los productores son unos pillos que atrasan la entrega de viviendas para cobrar el ÍPC; que su cobro era ilegal, cuando hay una resolución que lo regula y otra que lo elimina y de hecho se sigue peleando en el TSJ; finalmente, se crea la expectativa de que el Gobierno va a resolver el problema.
Hubo casos, algunos visibles, no sólo de equivocaciones, sino de un manejo irresponsable en este tema. ¿Pagaron justos por pecadores?
Sin duda, sin duda. Pero ¿cómo ha debido resolverse este asunto? Tú no puedes agarrar a los viviendistas tradicionales del país y porque alguien haya cometido un hecho doloso, vamos a llevarlo hasta ese extremo, bueno, los metes en un mismo saco y los conviertes en unos hampones.
¿Y qué es lo que está pasando? Que a muchos los expusieron al escarnio público y no se advirtió la verdadera dimensión del problema.
¿El balance de todo esto son las 18 mil viviendas que se construyeron en 2010?
No, el balance es más profundo. A muchos, repito, los sometieron al escarnio público y no ha habido un tribunal que haya sentenciado como estafadores a esta gente, que está huyendo o está presa. El balance es que 10 meses después estos edificios, que deberían estar listos, hoy están paralizados. ¡No es así! Lo que debió hacerse es agarrar al que infligió la ley y castigarlo. Y sentarse con los otros para ver lo que está pasando.
Recientemente, el presidente de Fedecámaras, Jorge Botti, advirtió que trabajar con el Gobierno no era viable en medio de la diatriba política. ¿Qué diría de la interlocución con el Gobierno?
Lamentablemente, en el Gobierno afirman que si no estás con ellos, estás en contra de ellos. Eso no lo está inventando Aquiles Martini, son palabras de nuestro propio presidente Chávez. La realidad es que el sector privado ha sido execrado de una manera importante, bueno, por las razones que tenga haber el Gobierno. Eso ha conducido a los resultados donde nos encontramos actualmente. La Gran Misión Vivienda, de acuerdo con cifras del Presidente, ha producido 44 mil viviendas, de las cuales 12 mil corresponden al programa de sustitución de ranchos por casas. Se trata de un programa que ya tiene tiempo y que es muy loable, porque dignifica a las personas que viven en condiciones muy precarias. Pero no tiene nada que ver con los supuestos iniciales de esa misión, de lograr viviendas nuevas para superar el déficit. Si al cierre de agosto llegamos a 30 mil viviendas, ¿dime tú cómo vamos a llegar a 130 mil a fin de año?
¿Cómo queda el sector privado en la Gran Misión Vivienda?
El sector privado está execrado, perdóname. Vuelvo a lo mismo, el Gobierno ha dicho que todas las cabillas son para esa misión, para el sector privado, no. Y algo similar puede decirse del cemento. Actualmente, muchos de los recursos que hay en los fondos de ahorros y en las carteras hipotecarias de los bancos son para la Misión Vivienda.
Paradójicamente, no estamos tan mal como en 2005.
No, no estamos tan mal. Pero vamos para allá, lamentablemente. Este es el Gobierno que produce menos vivienda por cada mil habitantes en la historia de Venezuela. El promedio anual era de 60 mil viviendas anuales desde la época de Betancourt hasta el segundo gobierno de Caldera. En la gestión del presidente Chávez, el promedio es de 29 mil viviendas, sector público y privado. Antes éramos entre 18 y 20 millones de habitantes; ahora somos entre 28 y 30 millones.
El Gobierno se ha trazado la meta de construir 2 millones de viviendas en cinco años. ¿Eso es posible?
Para que tengas una idea volumétrica de lo que significa eso: son 108 mil hectáreas de terrenos que hay que urbanizar. Caracas tiene 12 mil hectáreas. Entonces, hay que hacer, en ese lapso, ocho Caracas y media. Eso no es viable. No hay electricidad, no hay vialidades, no hay agua potable. Por Dios, eso no lo vas a hacer de la noche a la mañana. Tenemos que definir dónde vamos a meter esas viviendas, hacia dónde va a crecer el país y para necesitas una política de Estado.
¿Qué hace falta para definir esa política?
Primero, que el Gobierno entienda que tenemos que estar todos involucrados; el Gobierno no es de un grupo de venezolanos, sino de todos los venezolanos y el presidente Chávez es mi presidente, así me guste o no lo que haga. Puedo estar en desacuerdo con muchas cosas, así como puedo estar de acuerdo en otras, ojo, pero es mi Presidente y tengo que convencerlo a él de que no es excluyendo que vamos a construir la Venezuela del futuro.
¿Se han reunido con el ministro de Vivienda y Hábitat?
No, no hay forma ni manera de que nos reunamos con algún ente del Gobierno, porque no nos quieren hablar. Yo me empeño, mira que me he empeñado. Ahora estoy en la Asamblea Nacional, discutiendo la Ley de Arrendamiento. Por fin me saludo con el diputado (Diosdado) Cabello; hay esa cortesía en la Comisión de Administración y Servicios de la AN. Pero realmente no hay comunicación. No de Aquiles Martini, porque finalmente, Aquiles Martini es un fulano que preside temporalmente un gremio. No, es con la institución y con lo que significa los gremios empresariales.
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En medio de la conversación, Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, aclara que las cifras que cita corresponden a los informes que, periódicamente, publica el Banco Central de Venezuela. Se trata, pues, de cifras oficiales. Hay una escasez persistente de insumos como cabillas y cemento, indispensables para la construcción de viviendas, y no hay una respuesta creíble de por qué ocurre algo así, ante la decisión del Gobierno de nacionalizar las empresas cementeras y la industria del acero en 2008. "Cuando la consigas, me avisas", advierte Martini Pietri.
Para finales de agosto, se había construido 44 mil viviendas, 12 mil de ellas corresponden al programa de sustitución de ranchos por casas. "¿Dime tú como vamos a llegar a las 130 mil (que ofreció el presidente Chávez) para este año?". Hay muchas interrogantes, pero pocas respuestas. La meta de cubrir el déficit en cinco años supone una idea volumétrica tan asombrosa como increíble: ocho y media veces Caracas. "Por Dios, eso no se puede hacer de la noche a la mañana (…) y menos sin una política de Estado".
De acuerdo con las cifras del Banco Central de Venezuela, la construcción del sector público aumentó en 1,9%, mientras que la del sector privado retrocedió 8,4%. ¿Qué hay detrás de ese dato?
Esa cifra registra un crecimiento de la infraestructura en el sector petrolero y también en el sector eléctrico, aunque en menor medida. Pero en el sector privado, que básicamente tiene que ver con vivienda, hubo una caída de más de 8%. De hecho, el de la vivienda fue el único sector que cayó en el informe semestral del BCV. Uno de los grandes factores que explica esa caída fue la poca disponibilidad de insumos.
El Gobierno estatizó las empresas cementeras y del acero para disponer, justamente, de insumos que le permitieran abastecer el mercado interno. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, cuando consigas la respuesta, me avisas. Ciertamente, en 2008, el Gobierno nacionalizó o expropió la industria del cemento y del acero, bajo el argumento de que esos sectores son estratégicos para el desarrollo nacional. La realidad es que la industria del cemento cayó un poco más de 14% en 2010 y la industria del acero en más de 27%. Si bien influyó el problema eléctrico, el informe del BCV también habla de problemas de producción, de la falta de inversión en el sector. La regulación de precios de estos insumos significa que cuesta más venderlos que producirlos y eso lleva a lo que hemos visto en los últimos meses: mafias que trafican con cabillas, porque el diferencial entre lo que se comercializa en Venezuela y en otras partes es muy alto.
¿El Gobierno está atrapado en su propia política de congelación de precios?
Creo que eso aplica a todo; cuando tienes un bien con el precio congelado y una inflación anual que fluctúa entre 25% y 30%, y además pretendes que las cosas no aumenten, lo que va a ocurrir, en la práctica, es que se genera una escasez. La gran información de primera página de los periódicos es que la inflación de lo que está regulado alcanzó entre 15% y 16%.
Otro dato relevante refiere al número de viviendas paralizadas (135%). Un indicador muy grueso, ¿qué hay detrás de esa cifra?
Lo que hay es una incomprensión de la realidad. ¿Qué pasó en el sector vivienda? En Venezuela se construyeron alrededor de 8 mil viviendas en 2005, entre el sector privado y el sector público. Hago la diferenciación porque históricamente el sector privado aporta el 75% de las viviendas. No ahora, sino en todos los gobiernos. El otro 25% corresponde también, en su gran mayoría, a empresas privadas contratadas por gobernaciones y alcaldías. Ante esa crisis se promulgó la Ley de Política Habitacional, los subsidios y el fondo de ahorro. Incentivos que estimularon la construcción hasta el punto de que en 2009 llegamos a más de 90 mil viviendas.
¿Qué pasó en el camino?
Lo primero fue que en 2008 nacionalizaron la industria del cemento y de la cabilla. En noviembre de ese año se regula el cobro del ÍPC. ¿Qué era el ÍPC? Según cifras del BCV, entre el momento en que comienza y concluye una vivienda media un plazo de cinco años. En algún lado se percibió que estas construcciones se estaban atrasando y, lamentablemente, no se advirtió la realidad, que el problema obedecía a la escasez de insumos. En 2009 se elimina el ÍPC, lo que genera una gran distorsión económica, porque en el saldo deudor -lo que me debían a mí los compradores- no puedo ajustar la vivienda, aunque los insumos siguen subiendo. La distorsión es de tal magnitud que, en octubre de 2010, se comienza a hablar de la gran estafa inmobiliaria. Se vende la idea de que los productores son unos pillos que atrasan la entrega de viviendas para cobrar el ÍPC; que su cobro era ilegal, cuando hay una resolución que lo regula y otra que lo elimina y de hecho se sigue peleando en el TSJ; finalmente, se crea la expectativa de que el Gobierno va a resolver el problema.
Hubo casos, algunos visibles, no sólo de equivocaciones, sino de un manejo irresponsable en este tema. ¿Pagaron justos por pecadores?
Sin duda, sin duda. Pero ¿cómo ha debido resolverse este asunto? Tú no puedes agarrar a los viviendistas tradicionales del país y porque alguien haya cometido un hecho doloso, vamos a llevarlo hasta ese extremo, bueno, los metes en un mismo saco y los conviertes en unos hampones.
¿Y qué es lo que está pasando? Que a muchos los expusieron al escarnio público y no se advirtió la verdadera dimensión del problema.
¿El balance de todo esto son las 18 mil viviendas que se construyeron en 2010?
No, el balance es más profundo. A muchos, repito, los sometieron al escarnio público y no ha habido un tribunal que haya sentenciado como estafadores a esta gente, que está huyendo o está presa. El balance es que 10 meses después estos edificios, que deberían estar listos, hoy están paralizados. ¡No es así! Lo que debió hacerse es agarrar al que infligió la ley y castigarlo. Y sentarse con los otros para ver lo que está pasando.
Recientemente, el presidente de Fedecámaras, Jorge Botti, advirtió que trabajar con el Gobierno no era viable en medio de la diatriba política. ¿Qué diría de la interlocución con el Gobierno?
Lamentablemente, en el Gobierno afirman que si no estás con ellos, estás en contra de ellos. Eso no lo está inventando Aquiles Martini, son palabras de nuestro propio presidente Chávez. La realidad es que el sector privado ha sido execrado de una manera importante, bueno, por las razones que tenga haber el Gobierno. Eso ha conducido a los resultados donde nos encontramos actualmente. La Gran Misión Vivienda, de acuerdo con cifras del Presidente, ha producido 44 mil viviendas, de las cuales 12 mil corresponden al programa de sustitución de ranchos por casas. Se trata de un programa que ya tiene tiempo y que es muy loable, porque dignifica a las personas que viven en condiciones muy precarias. Pero no tiene nada que ver con los supuestos iniciales de esa misión, de lograr viviendas nuevas para superar el déficit. Si al cierre de agosto llegamos a 30 mil viviendas, ¿dime tú cómo vamos a llegar a 130 mil a fin de año?
¿Cómo queda el sector privado en la Gran Misión Vivienda?
El sector privado está execrado, perdóname. Vuelvo a lo mismo, el Gobierno ha dicho que todas las cabillas son para esa misión, para el sector privado, no. Y algo similar puede decirse del cemento. Actualmente, muchos de los recursos que hay en los fondos de ahorros y en las carteras hipotecarias de los bancos son para la Misión Vivienda.
Paradójicamente, no estamos tan mal como en 2005.
No, no estamos tan mal. Pero vamos para allá, lamentablemente. Este es el Gobierno que produce menos vivienda por cada mil habitantes en la historia de Venezuela. El promedio anual era de 60 mil viviendas anuales desde la época de Betancourt hasta el segundo gobierno de Caldera. En la gestión del presidente Chávez, el promedio es de 29 mil viviendas, sector público y privado. Antes éramos entre 18 y 20 millones de habitantes; ahora somos entre 28 y 30 millones.
El Gobierno se ha trazado la meta de construir 2 millones de viviendas en cinco años. ¿Eso es posible?
Para que tengas una idea volumétrica de lo que significa eso: son 108 mil hectáreas de terrenos que hay que urbanizar. Caracas tiene 12 mil hectáreas. Entonces, hay que hacer, en ese lapso, ocho Caracas y media. Eso no es viable. No hay electricidad, no hay vialidades, no hay agua potable. Por Dios, eso no lo vas a hacer de la noche a la mañana. Tenemos que definir dónde vamos a meter esas viviendas, hacia dónde va a crecer el país y para necesitas una política de Estado.
¿Qué hace falta para definir esa política?
Primero, que el Gobierno entienda que tenemos que estar todos involucrados; el Gobierno no es de un grupo de venezolanos, sino de todos los venezolanos y el presidente Chávez es mi presidente, así me guste o no lo que haga. Puedo estar en desacuerdo con muchas cosas, así como puedo estar de acuerdo en otras, ojo, pero es mi Presidente y tengo que convencerlo a él de que no es excluyendo que vamos a construir la Venezuela del futuro.
¿Se han reunido con el ministro de Vivienda y Hábitat?
No, no hay forma ni manera de que nos reunamos con algún ente del Gobierno, porque no nos quieren hablar. Yo me empeño, mira que me he empeñado. Ahora estoy en la Asamblea Nacional, discutiendo la Ley de Arrendamiento. Por fin me saludo con el diputado (Diosdado) Cabello; hay esa cortesía en la Comisión de Administración y Servicios de la AN. Pero realmente no hay comunicación. No de Aquiles Martini, porque finalmente, Aquiles Martini es un fulano que preside temporalmente un gremio. No, es con la institución y con lo que significa los gremios empresariales.
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11-09-2011
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"Es injusto que un propietario pase a ser un damnificado"
Navarro cree que el anteproyecto de ley que discute la Asamblea Nacional quebrantará la voluntad de las partes OSWER DÍAZ MIRELES
Su experiencia en materia de inquilinato y defensoría judicial la llevó a crear el pasado 12 de agosto la Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler (RPVA), organización que defiende a dueños que buscan recuperar sus inmuebles privados luego de arrendarlos.
María Elena Navarro, abogado y vocera principal de la RPVA, unió a más de 400 dueños de viviendas en Caracas y el interior del país que rechazan el anteproyecto de Ley de Arrendamiento que se discute en la Asamblea Nacional por considerarlo desequilibrado.
¿Por qué fue necesario crear una red para proteger la propiedad privada?
-Porque el Ejecutivo aprobó una ley que impide los desalojos de viviendas en alquiler y está discutiendo un anteproyecto de Ley de Arrendamiento que solo beneficia a los inquilinos e impone multas a los dueños de viviendas que tuvieron que alquilarlas para sobrevivir o atender emergencias médicas de familiares. Esas medidas hoy tienen paralizadas 40 mil sentencias definitivas en Caracas y el resto del país de inquilinos que incumplieron la ley en años anteriores y que debieron entregar casas privadas.
¿Cuántos propietarios de inmuebles privados están afectados en Caracas tras la prohibición de los desalojos?
-Hasta este mes tenemos 210 propietarios en la capital con inconvenientes. Sus inquilinos se han apoderado de sus viviendas por completo, rechazan la entrega del inmueble y hasta se retrasan en el pago de los alquileres porque saben que no los pueden desalojar. En otro estados manejamos 200 casos más de inquilinos que evitan una conciliación y entrega de inmuebles privados.
¿Cómo canalizan las denuncias de los propietarios?
- Los orientamos en materia jurídica para que se defiendan y denuncien las irregularidades de los inquilinos. Se trata de perder el miedo y de luchar por una Ley de Arrendamiento equilibrada, y de derogar la Ley contra Desalojos porque luego nadie querrá arrendar inmuebles en el país. De las 210 denuncias que manejamos apenas llevamos un caso resuelto. Incluso asistimos a las discusiones en la Asamblea Nacional para que se modifiquen artículos que perjudican a dueños de inmuebles de los barrios (70%) y de clase media.
En qué los perjudica el anteproyecto de Ley de Arrendamiento?
- Será un marco legal que quebrantará la voluntad de las partes. Impide los depósitos que garantizan el pago de daños por parte de inquilinos, desecha los desalojos y hace que se enfrenten inquilinos y propietarios. Es injusto que un propietario pase a ser un damnificado. Es su inversión y debe respetarse. Hay casos en que los inquilinos no pagan condominio y los daños a las viviendas. El propietario que desee vender el inmueble debe someterse a un descuento anual de 2% por años de arrendamiento. Su inversión a diez años se depreciaría 20% en un país con alta inflación. Por eso 2,5 millones de inmuebles salieron del mercado de alquileres. Hoy tenemos 750 mil personas en condición de alquiler en el país.
¿Qué otras cosas regulará el marco legal?
- Los contratos y el canon de arrendamiento. Un registro de viviendas de alquiler obligado que terminará generando un mercado negro directo. El canon de arrendamiento en los barrios se reducirá. Lo más preocupante es falta de voluntad de las partes en las causales de desalojos por no pagar el alquiler. Y el rechazo de inquilinos a que familiares o parientes de segundo grado ocupen viviendas heredadas por sus padres. También se irrespeta a los adultos mayores, como el caso de los Kleinbergs, quienes viven en un auto prestado.
¿Qué debe incluir la nueva Ley de Arrendamiento?
-Normas donde los inquilinos respondan por los daños del inmueble, que paguen alquiler de acuerdo al valor de la vivienda y a tiempo. Eliminar los contratos a tres años y reducir el tiempo para desalojos. Eliminar los porcentajes de depreciación y la medida que exige que el propietario debe buscarle un albergue a su inquilino para que se mude. Las nuevas parejas e inquilinos no tendrán donde arrendar en Caracas. Evitar los contratos condicionados por el Estado. Evitar análisis médicos para devolver viviendas y la reducción de alquileres, e impedir la violencia entre las partes con esa ley.
El Universal
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Su experiencia en materia de inquilinato y defensoría judicial la llevó a crear el pasado 12 de agosto la Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler (RPVA), organización que defiende a dueños que buscan recuperar sus inmuebles privados luego de arrendarlos.
María Elena Navarro, abogado y vocera principal de la RPVA, unió a más de 400 dueños de viviendas en Caracas y el interior del país que rechazan el anteproyecto de Ley de Arrendamiento que se discute en la Asamblea Nacional por considerarlo desequilibrado.
¿Por qué fue necesario crear una red para proteger la propiedad privada?
-Porque el Ejecutivo aprobó una ley que impide los desalojos de viviendas en alquiler y está discutiendo un anteproyecto de Ley de Arrendamiento que solo beneficia a los inquilinos e impone multas a los dueños de viviendas que tuvieron que alquilarlas para sobrevivir o atender emergencias médicas de familiares. Esas medidas hoy tienen paralizadas 40 mil sentencias definitivas en Caracas y el resto del país de inquilinos que incumplieron la ley en años anteriores y que debieron entregar casas privadas.
¿Cuántos propietarios de inmuebles privados están afectados en Caracas tras la prohibición de los desalojos?
-Hasta este mes tenemos 210 propietarios en la capital con inconvenientes. Sus inquilinos se han apoderado de sus viviendas por completo, rechazan la entrega del inmueble y hasta se retrasan en el pago de los alquileres porque saben que no los pueden desalojar. En otro estados manejamos 200 casos más de inquilinos que evitan una conciliación y entrega de inmuebles privados.
¿Cómo canalizan las denuncias de los propietarios?
- Los orientamos en materia jurídica para que se defiendan y denuncien las irregularidades de los inquilinos. Se trata de perder el miedo y de luchar por una Ley de Arrendamiento equilibrada, y de derogar la Ley contra Desalojos porque luego nadie querrá arrendar inmuebles en el país. De las 210 denuncias que manejamos apenas llevamos un caso resuelto. Incluso asistimos a las discusiones en la Asamblea Nacional para que se modifiquen artículos que perjudican a dueños de inmuebles de los barrios (70%) y de clase media.
En qué los perjudica el anteproyecto de Ley de Arrendamiento?
- Será un marco legal que quebrantará la voluntad de las partes. Impide los depósitos que garantizan el pago de daños por parte de inquilinos, desecha los desalojos y hace que se enfrenten inquilinos y propietarios. Es injusto que un propietario pase a ser un damnificado. Es su inversión y debe respetarse. Hay casos en que los inquilinos no pagan condominio y los daños a las viviendas. El propietario que desee vender el inmueble debe someterse a un descuento anual de 2% por años de arrendamiento. Su inversión a diez años se depreciaría 20% en un país con alta inflación. Por eso 2,5 millones de inmuebles salieron del mercado de alquileres. Hoy tenemos 750 mil personas en condición de alquiler en el país.
¿Qué otras cosas regulará el marco legal?
- Los contratos y el canon de arrendamiento. Un registro de viviendas de alquiler obligado que terminará generando un mercado negro directo. El canon de arrendamiento en los barrios se reducirá. Lo más preocupante es falta de voluntad de las partes en las causales de desalojos por no pagar el alquiler. Y el rechazo de inquilinos a que familiares o parientes de segundo grado ocupen viviendas heredadas por sus padres. También se irrespeta a los adultos mayores, como el caso de los Kleinbergs, quienes viven en un auto prestado.
¿Qué debe incluir la nueva Ley de Arrendamiento?
-Normas donde los inquilinos respondan por los daños del inmueble, que paguen alquiler de acuerdo al valor de la vivienda y a tiempo. Eliminar los contratos a tres años y reducir el tiempo para desalojos. Eliminar los porcentajes de depreciación y la medida que exige que el propietario debe buscarle un albergue a su inquilino para que se mude. Las nuevas parejas e inquilinos no tendrán donde arrendar en Caracas. Evitar los contratos condicionados por el Estado. Evitar análisis médicos para devolver viviendas y la reducción de alquileres, e impedir la violencia entre las partes con esa ley.
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Empresas constructoras buscan clientes en Venezuela
Al país han llegado cerca de 60 compañías y 12.000 empresarios venezolanos y sus familias, que demandan vivienda. Foto: Archivo Portafolio.co
El país se volvió atractivo para los inversores de la nación vecina, que quieren invertir o vivir acá.
La construcción de vivienda en Venezuela, que según el Colegio de Ingenieros de ese país “está condicionada a factores que impiden un desarrollo sostenible del sector”, motivó al grupo Casa Propia Colombia (CPC) a reforzar su estrategia comercial para atraer a los potenciales compradores de oferta residencial, principalmente de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla.
“Colombia experimenta un boom inmobiliario importante, especialmente en estas capitales, y la inversión en este mercado tiene márgenes de rentabilidad sostenidos superiores a 10 por ciento anual, en promedio, lo que hace del negocio una oportunidad para aprovechar”, dijo Margarita Restrepo, gerente general de CPC, organización conformada por las constructoras Colpatria, Marval, Pedro Gómez y Cía., Amarilo, y Construcciones Felipe Calderón y Asociados.
Precisamente, CPC realizó este fin de semana una ronda de asesorías gratuitas en Caracas. Según Restrepo, el portafolio de opciones incluyó 118 proyectos inmobiliarios de 13 ciudades colombianas, con precios entre 75.000 y 800.000 dólares.
Aunque hubo un alto componente de vivienda, los asistentes venezolanos también demandaron orientación sobre otros segmentos que les interesan, entre ellos, los locales comerciales, cuyos alquileres, según Restrepo, han tenido importantes incrementos que justifican una inversión en Colombia.
“La Zona Rosa de Bogotá es ejemplo de ello; es el tercer barrio comercial más cotizado en América Latina (70 dólares por metro cuadrado), superado por la calle Florida de Buenos Aires y la calle Oscar Freire de Sao Paulo, Brasil”, agregó Restrepo.
Portafolio.co
11-09-2011
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“Colombia experimenta un boom inmobiliario importante, especialmente en estas capitales, y la inversión en este mercado tiene márgenes de rentabilidad sostenidos superiores a 10 por ciento anual, en promedio, lo que hace del negocio una oportunidad para aprovechar”, dijo Margarita Restrepo, gerente general de CPC, organización conformada por las constructoras Colpatria, Marval, Pedro Gómez y Cía., Amarilo, y Construcciones Felipe Calderón y Asociados.
Precisamente, CPC realizó este fin de semana una ronda de asesorías gratuitas en Caracas. Según Restrepo, el portafolio de opciones incluyó 118 proyectos inmobiliarios de 13 ciudades colombianas, con precios entre 75.000 y 800.000 dólares.
Aunque hubo un alto componente de vivienda, los asistentes venezolanos también demandaron orientación sobre otros segmentos que les interesan, entre ellos, los locales comerciales, cuyos alquileres, según Restrepo, han tenido importantes incrementos que justifican una inversión en Colombia.
“La Zona Rosa de Bogotá es ejemplo de ello; es el tercer barrio comercial más cotizado en América Latina (70 dólares por metro cuadrado), superado por la calle Florida de Buenos Aires y la calle Oscar Freire de Sao Paulo, Brasil”, agregó Restrepo.
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El Parlamento radicaliza la ley de arrendamiento
Los artículos del proyecto de ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda aprobados hasta ahora por la Comisión de Administración y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional son mucho menos equilibrados que los presentados por la Red Metropolitana de Inquilinos en marzo.
"La duración de los contratos de arrendamientos regulados por la presente ley será libremente acordada por las partes", decía el artículo 46 del proyecto original. La disposición aprobada fija un plazo mínimo de 3 años, a menos que el inquilino decida rescindirlo antes, en cuyo caso no tendrá que pagar los cánones restantes ni indemnización.
El artículo 54 limitaba la subrogación del contrato por muerte del arrendatario a familiares hasta segundo grado de consanguinidad que hubieran convivido habitualmente en el inmueble antes de que la persona falleciera. Lo aprobado por la Comisión extiende ese derecho a cualquier ocupante de la vivienda que pruebe una permanencia pacífica y continua en ella.
La disposición 117 proponía que el inquilino acusado de falta de pago perdiera los derechos consagrados en la ley y fuera demandado por el procedimiento breve fijado en el Código Civil. El artículo aprobado le permite llegar a una conciliación con el propietario si abona las mensualidades atrasadas. "Dicho pago no se tendrá como extemporáneo", agrega.
La instancia parlamentaria eliminó, además, el segundo capítulo del proyecto de ley, que definía las garantías que el arrendador podía solicitar al inquilino. Allí se indicaba que el depósito no podía exceder del equivalente a dos meses de alquiler y debía ser guardado en una cuenta bancaria. El dinero y los intereses generados serían devueltos al arrendatario al término del contrato.
Proyecto mejorado. La Cámara Inmobiliaria de Venezuela y la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos han advertido en varias ocasiones sobre los desequilibrios que caracterizan al proyecto de ley para la regularización y control de los arrendamientos de viviendas.
La Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler, creada recientemente para agrupar a arrendadores de sectores populares, también critica la legislación porque generará anarquía y acabará con la oferta. Exige una ley que sea más equilibrada.
Rigel Sergent, integrante de la Red Metropolitana de Inquilinos, respalda los cambios y destaca que fueron realizados con la participación de asociaciones de arrendatarios de todo el país. "Creemos que se ha mejorado la propuesta inicial que introdujimos en la Asamblea Nacional", dijo.
Sergent afirmó que los propietarios de viviendas también han intervenido en las discusiones. "Todas las partes han sido escuchadas. Evidentemente los grandes arrendadores, que utilizan el alquiler como un negocio y no como un medio de subsistencia, no van a estar a favor de la regulación".
Agregó que los pequeños arrendadores definidos como los que alquilan una o dos unidades de vivienda no tienen razones para preocuparse.
"La ley les garantiza el derecho de propiedad y señala los mecanismos para que recuperen sus inmuebles".
Sergent descartó que la normativa incentive la falta de pago de los inquilinos. "La persona que no cancele será desalojada. Y los procedimientos serán más expeditos, de manera que los arrendadores no tendrán que esperar tres años, que es la prórroga establecida en la ley vigente".
El Nacional
10-09-2011
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"La duración de los contratos de arrendamientos regulados por la presente ley será libremente acordada por las partes", decía el artículo 46 del proyecto original. La disposición aprobada fija un plazo mínimo de 3 años, a menos que el inquilino decida rescindirlo antes, en cuyo caso no tendrá que pagar los cánones restantes ni indemnización.
El artículo 54 limitaba la subrogación del contrato por muerte del arrendatario a familiares hasta segundo grado de consanguinidad que hubieran convivido habitualmente en el inmueble antes de que la persona falleciera. Lo aprobado por la Comisión extiende ese derecho a cualquier ocupante de la vivienda que pruebe una permanencia pacífica y continua en ella.
La disposición 117 proponía que el inquilino acusado de falta de pago perdiera los derechos consagrados en la ley y fuera demandado por el procedimiento breve fijado en el Código Civil. El artículo aprobado le permite llegar a una conciliación con el propietario si abona las mensualidades atrasadas. "Dicho pago no se tendrá como extemporáneo", agrega.
La instancia parlamentaria eliminó, además, el segundo capítulo del proyecto de ley, que definía las garantías que el arrendador podía solicitar al inquilino. Allí se indicaba que el depósito no podía exceder del equivalente a dos meses de alquiler y debía ser guardado en una cuenta bancaria. El dinero y los intereses generados serían devueltos al arrendatario al término del contrato.
Proyecto mejorado. La Cámara Inmobiliaria de Venezuela y la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos han advertido en varias ocasiones sobre los desequilibrios que caracterizan al proyecto de ley para la regularización y control de los arrendamientos de viviendas.
La Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler, creada recientemente para agrupar a arrendadores de sectores populares, también critica la legislación porque generará anarquía y acabará con la oferta. Exige una ley que sea más equilibrada.
Rigel Sergent, integrante de la Red Metropolitana de Inquilinos, respalda los cambios y destaca que fueron realizados con la participación de asociaciones de arrendatarios de todo el país. "Creemos que se ha mejorado la propuesta inicial que introdujimos en la Asamblea Nacional", dijo.
Sergent afirmó que los propietarios de viviendas también han intervenido en las discusiones. "Todas las partes han sido escuchadas. Evidentemente los grandes arrendadores, que utilizan el alquiler como un negocio y no como un medio de subsistencia, no van a estar a favor de la regulación".
Agregó que los pequeños arrendadores definidos como los que alquilan una o dos unidades de vivienda no tienen razones para preocuparse.
"La ley les garantiza el derecho de propiedad y señala los mecanismos para que recuperen sus inmuebles".
Sergent descartó que la normativa incentive la falta de pago de los inquilinos. "La persona que no cancele será desalojada. Y los procedimientos serán más expeditos, de manera que los arrendadores no tendrán que esperar tres años, que es la prórroga establecida en la ley vigente".
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10-09-2011
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Producción de cemento llega a 5 millones de toneladas
El ministro de Ciencia e Industrias Intermedias, Ricardo Menéndez, aseguró que la producción de cemento se encuentra en 5 millones de toneladas métricas.
El funcionario indicó que las cementeras solo en agosto generaron 732.000 toneladas y agregó que el Ejecutivo ha invertido en las empresas 620 millones de dólares a fin de aumentar su capacidad.
Desde la cementera Cerro Azul, Menéndez comentó que esa industria iniciará sus operaciones en el primer semestre de 2012 y que ya tiene un avance de 81%.
Esa planta, que ya tiene una inyección de 200 millones de dólares, tendrá una capacidad de 1 millón de toneladas.
La cementera ubicada en el estado Monagas forma parte del acuerdo firmado con Irán y su construcción fue programada en el año 2005.
El ministro indicó que la planta tiene 700 trabajadores y cuando inicie sus operaciones tendrá 300 empleados más
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Desde la cementera Cerro Azul, Menéndez comentó que esa industria iniciará sus operaciones en el primer semestre de 2012 y que ya tiene un avance de 81%.
Esa planta, que ya tiene una inyección de 200 millones de dólares, tendrá una capacidad de 1 millón de toneladas.
La cementera ubicada en el estado Monagas forma parte del acuerdo firmado con Irán y su construcción fue programada en el año 2005.
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Cámara Inmobiliaria espera consenso con el Ejecutivo
La discusión de la Ley de Arrendamiento continúa demandando participación y consenso entre los promotores inmobiliarios, constructores de viviendas, dirección de inquilinato y el ejecutivo nacional.
Así lo señaló la presidenta de la Cámara Inmobiliaria en el estado Lara, Shoymei Lau, quien consideró vital para la fijación de los costos de viviendas, solventar los problemas de desabastecimiento en los insumos de construcción. "Cuando se define el valor de un inmueble, es deber del Gobierno consultar a quienes conocemos la realidad del mercado. La escasez de cabilla y cemento incrementa considerablemente los costos. Además, la situación es diferente en cada estado. En Yaracuy y Portuguesa, las irregularidades en la distribución de arena y piedra es espantosa".
La dirigente gremial señaló la Misión Vivienda no ha logrado satisfacer las necesidades de la población. "¿Dónde están los números que prometieron?, Son muchas las familias que no pueden disfrutar de un techo digno, y no conseguirán solución mientras el Gobierno no escuche al sector privado".
De acuerdo con datos aportados por la Cámara Inmobiliaria, más del 60% de las viviendas construidas en territorio nacional fueron levantadas por promotoras privadas.
Fijación de costos
La tasación de precios de inmuebles que presentará el Gobierno nacional, probablemente estarán acordes a la realidad del mercado. "Una vivienda nivel 1, de unos 60 metros cuadrado, tendrán un valor de 270 mil a 280 mil bolívares. Una vivienda nivel 2 (clase media), tendrá un costo de 400 a 500 mil bolívares aproximadamente".
Los promotores inmobiliarios esperan que el ejecutivo sincere las tasas, a fin de que todos los actores resulten beneficiados.
Por otra parte, Lau rechazó la participación de los consejos comunales como principales beneficiados en la dotación de insumos para la construcción. "Se ha convertido en un negocio para muchos. Lo hemos denunciado y el Gobierno no ha escuchado. Algunos consejos comunales revenden el cemento y lo venden a pequeño grupos".
En este sentido, la dirigente empresarial insto a concretar un consenso nacional de la vivienda, para dar fin a la crisis habitacional que golpea el bienestar y la calidad de vida de un buen número de venezolanos.
EL IMPULSO
10-09-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
PIN 31E5A7B4
hmedina30@yahoo.es
http://es.groups.yahoo.com/group/corredor_inmobiliario/
Así lo señaló la presidenta de la Cámara Inmobiliaria en el estado Lara, Shoymei Lau, quien consideró vital para la fijación de los costos de viviendas, solventar los problemas de desabastecimiento en los insumos de construcción. "Cuando se define el valor de un inmueble, es deber del Gobierno consultar a quienes conocemos la realidad del mercado. La escasez de cabilla y cemento incrementa considerablemente los costos. Además, la situación es diferente en cada estado. En Yaracuy y Portuguesa, las irregularidades en la distribución de arena y piedra es espantosa".
La dirigente gremial señaló la Misión Vivienda no ha logrado satisfacer las necesidades de la población. "¿Dónde están los números que prometieron?, Son muchas las familias que no pueden disfrutar de un techo digno, y no conseguirán solución mientras el Gobierno no escuche al sector privado".
De acuerdo con datos aportados por la Cámara Inmobiliaria, más del 60% de las viviendas construidas en territorio nacional fueron levantadas por promotoras privadas.
Fijación de costos
La tasación de precios de inmuebles que presentará el Gobierno nacional, probablemente estarán acordes a la realidad del mercado. "Una vivienda nivel 1, de unos 60 metros cuadrado, tendrán un valor de 270 mil a 280 mil bolívares. Una vivienda nivel 2 (clase media), tendrá un costo de 400 a 500 mil bolívares aproximadamente".
Los promotores inmobiliarios esperan que el ejecutivo sincere las tasas, a fin de que todos los actores resulten beneficiados.
Por otra parte, Lau rechazó la participación de los consejos comunales como principales beneficiados en la dotación de insumos para la construcción. "Se ha convertido en un negocio para muchos. Lo hemos denunciado y el Gobierno no ha escuchado. Algunos consejos comunales revenden el cemento y lo venden a pequeño grupos".
En este sentido, la dirigente empresarial insto a concretar un consenso nacional de la vivienda, para dar fin a la crisis habitacional que golpea el bienestar y la calidad de vida de un buen número de venezolanos.
EL IMPULSO
10-09-2011
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Lic. Henry Medina
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Banavih diseña programa de arrendamiento residencial con colaboración de Caixa de Brasil
Un programa especialmente dirigido a la clase media, que permita a las familias adquirir una vivienda pagando una mensualidad importante pero sin necesidad de entregar cuota inicial, es una propuesta aplicada en Brasil con éxito. Por ello, Caixa Económica Federal, institución financiera de ese país, asesora al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat de Venezuela (Banavih) para que diseñe un plan bajo esas características.
Este planteamiento fue uno de los abordados en las mesas de trabajo que esta semana realizaron en Caracas representantes de ambos organismos, y que concluyeron este viernes.
El presidente del Banavih, Mario Isea, explicó que se trata de un plan de Arrendamiento Residencial, que este organismo formula actualmente y presentará a consideración del Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, instancia que rige la política nacional en la materia, encabezada por el presidente Hugo Chávez y coordinada por el vicepresidente para el Desarrollo Territorial, Rafael Ramírez.
“Pudiéramos tener una cantidad considerable de viviendas, a las cuales se podría optar sin cuota inicial, dirigidas a personas que tienen capacidad de pago, es decir, que tienen ingresos suficientes para pagar una buena cuota mensual, pero que no tienen ahorro para dar inicial y por su nivel de ingreso no tienen subsidio alto”, explicó Isea este viernes.
Sería como una especie de arrendamiento con opción a compra, con tasas sociales y varias modalidades que pueden incluir adquisición anticipada y otras aún en estudio. “Estamos perfeccionando el plan y lo pondremos en manos del presidente Chávez a través del ministro para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, y de Ramírez, próximamente”, añadió.
Caixa es el ente financiero del Estado brasileño que administra los fondos públicos para la seguridad social de sus ciudadanos.
La de esta semana fue la segunda jornada de trabajo entre ambas delegaciones; la anterior se realizó en Brasilia. Se prevé que en octubre un equipo de Banavih viaje a Brasil para continuar el trabajo, y que en noviembre una delegación de Caixa regrese a Caracas para cerrar el ciclo.
Este intercambio forma parte del convenio binacional promovido por el ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva y Chávez.
Vivienda rural y asesoría tecnológica
En las mesas de trabajo de esta semana también se abordó la posibilidad de diseñar un programa de vivienda rural, que permita que el campesino tenga residencia y hábitat digno en su zona de producción, por medio del sistema de autoconstrucción, que ya está contemplado en la Gran Misión Vivienda Venezuela.
“Estamos aprendiendo mucho de las cooperativas brasileñas que trabajan en ese sentido y de comunidades nuestras como Galipán, que tiene un experimento de bancarización popular y organización comunitaria”, dijo Isea.
Apuntó que un comisionado de Banavih para ese programa está en contacto con Caixa para ahondar en la propuesta y presentar luego un informe al respecto ante los presidentes Hugo Chávez y Dilma Rousseff.
Caixa también asesora al banco venezolano en el desarrollo de una plataforma tecnológica que permita fortalecer la gestión de cobranzas y fiscalización de esta institución.
El superintendente del Área Internacional de Caixa, Álvaro Hall, destacó la contribución de la experiencia de Caixa para la Misión Vivienda Venezuela, pues es el banco público usado por el Gobierno brasileño para impulsar el programa Mi Casa, Mi Vida, anunciado en 2009 en esa nación, y que permitió que en sólo año y medio se efectuaran los contratos para levantar un millón de viviendas, algunas de las cuales están concluidas y otras en ejecución.
Señaló que ya se anunció la segunda etapa de ese plan del país vecino, que prevé edificar 2 millones de casas.
Destacó, además, cómo dentro de este programa social se democratizaron las oportunidades de acceder a una vivienda, especialmente para los más pobres, que siempre estuvieron relegados.
A su juicio, el subsidio para adquirir los inmuebles y tasas de intereses preferenciales fueron los elementos claves para lograr que las familias de menores recursos pudieran optar por un techo en Brasil. Ambos factores están incluidos en la Misión Vivienda Venezuela, por lo que Hall evaluó positivamente este plan anunciado por Chávez en abril pasado para enfrentar el déficit habitacional en el país.
La Gran Misión establece porcentajes de subsidio hasta de 100%, de acuerdo con el ingreso de las familias, así como tasas de interés bajas.
Agencia Venezolana de Noticias
10-09-2011
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Lic. Henry Medina
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Este planteamiento fue uno de los abordados en las mesas de trabajo que esta semana realizaron en Caracas representantes de ambos organismos, y que concluyeron este viernes.
El presidente del Banavih, Mario Isea, explicó que se trata de un plan de Arrendamiento Residencial, que este organismo formula actualmente y presentará a consideración del Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, instancia que rige la política nacional en la materia, encabezada por el presidente Hugo Chávez y coordinada por el vicepresidente para el Desarrollo Territorial, Rafael Ramírez.
“Pudiéramos tener una cantidad considerable de viviendas, a las cuales se podría optar sin cuota inicial, dirigidas a personas que tienen capacidad de pago, es decir, que tienen ingresos suficientes para pagar una buena cuota mensual, pero que no tienen ahorro para dar inicial y por su nivel de ingreso no tienen subsidio alto”, explicó Isea este viernes.
Sería como una especie de arrendamiento con opción a compra, con tasas sociales y varias modalidades que pueden incluir adquisición anticipada y otras aún en estudio. “Estamos perfeccionando el plan y lo pondremos en manos del presidente Chávez a través del ministro para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, y de Ramírez, próximamente”, añadió.
Caixa es el ente financiero del Estado brasileño que administra los fondos públicos para la seguridad social de sus ciudadanos.
La de esta semana fue la segunda jornada de trabajo entre ambas delegaciones; la anterior se realizó en Brasilia. Se prevé que en octubre un equipo de Banavih viaje a Brasil para continuar el trabajo, y que en noviembre una delegación de Caixa regrese a Caracas para cerrar el ciclo.
Este intercambio forma parte del convenio binacional promovido por el ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva y Chávez.
Vivienda rural y asesoría tecnológica
En las mesas de trabajo de esta semana también se abordó la posibilidad de diseñar un programa de vivienda rural, que permita que el campesino tenga residencia y hábitat digno en su zona de producción, por medio del sistema de autoconstrucción, que ya está contemplado en la Gran Misión Vivienda Venezuela.
“Estamos aprendiendo mucho de las cooperativas brasileñas que trabajan en ese sentido y de comunidades nuestras como Galipán, que tiene un experimento de bancarización popular y organización comunitaria”, dijo Isea.
Apuntó que un comisionado de Banavih para ese programa está en contacto con Caixa para ahondar en la propuesta y presentar luego un informe al respecto ante los presidentes Hugo Chávez y Dilma Rousseff.
Caixa también asesora al banco venezolano en el desarrollo de una plataforma tecnológica que permita fortalecer la gestión de cobranzas y fiscalización de esta institución.
El superintendente del Área Internacional de Caixa, Álvaro Hall, destacó la contribución de la experiencia de Caixa para la Misión Vivienda Venezuela, pues es el banco público usado por el Gobierno brasileño para impulsar el programa Mi Casa, Mi Vida, anunciado en 2009 en esa nación, y que permitió que en sólo año y medio se efectuaran los contratos para levantar un millón de viviendas, algunas de las cuales están concluidas y otras en ejecución.
Señaló que ya se anunció la segunda etapa de ese plan del país vecino, que prevé edificar 2 millones de casas.
Destacó, además, cómo dentro de este programa social se democratizaron las oportunidades de acceder a una vivienda, especialmente para los más pobres, que siempre estuvieron relegados.
A su juicio, el subsidio para adquirir los inmuebles y tasas de intereses preferenciales fueron los elementos claves para lograr que las familias de menores recursos pudieran optar por un techo en Brasil. Ambos factores están incluidos en la Misión Vivienda Venezuela, por lo que Hall evaluó positivamente este plan anunciado por Chávez en abril pasado para enfrentar el déficit habitacional en el país.
La Gran Misión establece porcentajes de subsidio hasta de 100%, de acuerdo con el ingreso de las familias, así como tasas de interés bajas.
Agencia Venezolana de Noticias
10-09-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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04166220453
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