En siete parroquias del Área Metropolitana se han expropiado 45 estacionamientos; unos han sido desalojados, otros mantienen sus operaciones "hasta que puedan" (VENANCIO ALCÁZARES)
Para los dueños se estacionamientos, los daños han sido progresivos: una regulación de tarifas; luego la merma de ingresos acompañada de recortes de personal. Ahora, lo que les asusta es la posibilidad de que se expropien sus instalaciones para la construcción de viviendas. Del otro lado, usuarios temporales hacen malabares para aparcar sin que les cueste dos horas de espera o, quienes necesitan puestos fijos, intentan reubicar sus vehículos en nuevos establecimientos tras el desalojo de sus antiguos espacios.
"Nosotros estamos cerrando estacionamientos todas las semanas", dice Benigno Marcos, presidente de la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Garajes y Estacionamientos (Anpage). La organización determinó que en 2010 fueron 706 mil 497 los carros que requirieron puesto en los 900 estacionamientos del Área Metropolitana. Para este año proyectan que la demanda se eleve a 741 mil mientras que el número de aparcaderos disponibles ya ha descendido a 800. En promedio, se cierra un estacionamiento a la semana, tomando en cuenta que eran 1.100 los locales abiertos en 2005.
Entre diciembre de 2010 y junio de este año, 25 estacionamientos se expropiaron en Santa Rosalía, Santa Teresa, San José y Altagracia; cuatro en La Vega; 10 en la parroquia El Recreo y seis en La Urbina. En total, suman 45, de los cuales unos ya fueron tomados por efectivos de la Milicia Bolivariana; otros se mantienen operativos "hasta que puedan". Aunque la razón para tomar estos espacios fue la construcción de viviendas, en marzo pasado, el vicepresidente del Cabildo Metropolitano de Caracas, concejal Alejandro Vivas, denunció la paralización de las obras.
Pero no son solo las expropiaciones. En diciembre de 2005, el Ejecutivo ordenó la regulación de las tarifas de estacionamientos a Bs. 1,140 por hora, monto que, según Anpage, corresponde a lo que se cobraba en 2002. Tras cinco años, la medida es el principal motivo de que se pierdan unos 13.000 puestos en el Área Metropolitana de Caracas.
El uso del servicio está asociado a la demanda de seguridad que tienen los conductores; resalta un estudio de Anpage.
Los estacionamientos han cerrado porque no pueden cumplir con sus compromisos laborales, tomando en consideración que entre el 40 y 60% de los ingresos se va en el pago de alquileres. "Lo ideal sería que se dieran las condiciones para seguir operando pero justo ahora no las hay", agrega Marcos.
Un estudio de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa) señala que, para diciembre de 2010, 37,90% (1.490.008 unidades) del parque automotor venezolano se encuentra en Caracas. Por su parte, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) asegura que 1,3 millones de carros particulares circulan en la capital.
Para Carlos Ayala, ex directivo de la organización, liberar los precios de los estacionamientos es el primer paso para solventar la crisis. De hacerlo, las nuevas tarifas podrían ubicarse entre los 6 o 7 bolívares, para adaptarse a las exigencias del mercado.
El problema de los estacionamientos se circunscribe en una ciudad cuyos sistemas de transporte público están lejos de trabajar de manera segura, coordinada y eficiente, y que además están condicionados a circular en corredores viales que no han ampliado su capacidad en los últimos 40 años. Leopoldo Provenzali, ex secretario de Planificación Urbana de la Alcaldía Metropolitana asegura que lo prioritario para la reorganización de la ciudad y sus servicios públicos es la planificación y coordinación de los distintos entes encargados de proporcionar calidad de vida a los ciudadanos.
Unos 35 mil carros proyecta Anpage que se sumen al parque automotor caraqueño este año, mientras que no vislumbran, a corto plazo, que cese el cierre de estacionamientos.
El Universal
27-06-2011
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Lic. Henry Medina
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lunes, 27 de junio de 2011
Arrendamiento de inmuebles: una moneda de dos caras
“La nueva Ley de Protección al Arrendamiento Inmobiliario distorsiona lo que es el proceso de arrendamiento inmobiliario en el país”
* La Ley de Arrendamientos Inmobiliarios ha generado entre los venezolanos diversos mitos sobre la pérdida de la propiedad privada.
* Según la diputada Roselys Salazar, la merma de los inmuebles en alquiler no se debe al temor de perder la propiedad; sino a la acción del Estado revolucionario en la regulación del servicio.
“Todo fue muy rápido”, es lo único que acierta a decir Meivys Mirabal al recordar su desalojo. Regresaba de un viaje que, por trabajo, realizó a Puerto La Cruz. Al llegar al anexo que alquilaba en la casa número 29 de la avenida principal de Caujaro, no pudo abrir la puerta. Las cerraduras las habían cambiado y sus pertenencias las habían aglutinado en uno de los baños de la propiedad. Ese día su hijo de 13 años no durmió en su cama, ni siquiera pudo llegar a su hogar.
“Ella (la propietaria) aprovechó mi ausencia. Yo fui a Puerto La Cruz y recibí un mensaje en un tono amenazante.
Yo estaba en camino con mis pasajeros y ella mandó un mensaje que decía: ‘Necesito hablar contigo, que no pase de hoy’, pero esto yo lo sentí en un tono amenazante. Cuando regresé me conseguí con la sorpresa de que mis corotos, la cocina, lavadora y todo, estaban arrumados en el baño”.
No pudo hacer más. Después de casi dos años alquilando el inmueble, aquella noche Mirabal, junto a su hijo, durmió en la casa de un familiar. “Yo muy poco me la paso en la casa. La alquilé para el resguardo de mi hijo; prácticamente sólo dormimos ahí, aun así nos quisieron desalojar”.
Red de Inquilinos
Casos como estos se repiten a diario en diversas partes de Venezuela. Tener una legislación que arropa a cabalidad la protección del inquilino, no es suficiente para garantizar los procedimientos ilegales de desalojo. Por esto, Raúl Blanchard, enlace por el Movimiento de Pobladores y Pobladoras de la Red de Inquilinos del estado, asegura que la organización se encarga de diseñar las estrategias para que las personas que pasan por dicho flagelo tengan apoyo y asesoría en el conflicto.
“Estamos tratando de diseñar un ente especial que coadyuve realmente con ellos y lograr los objetivos, en el sentido de que mañana ellos concluyan en una solución habitacional, pero que en la actualidad, puedan ser protegidos por la ley. Es simplemente cumplir con la ley y que se respete sus deberes y derechos”.
De estos aspectos, Meivys Mirabal tenía conocimiento. Por esto, aunque no reconocía a profundidad las legislaciones en la materia, el mismo día del desalojo denunció el caso ante las autoridades gubernamentales.
“Después del desalojo, inmediatamente yo procedí a ir a la instancia correspondiente, como lo debe hacer todo ciudadano, porque no estamos en un país sin leyes, no. Estamos en un país con leyes vigentes que nos protege. En este caso procedí a poner la denuncia en la Policía, luego recurrí a la Lopna (Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente) y por medio de ella a los cinco días me abrieron de nuevo el espacio para yo poder entrar”.
Según explica Mirabal, luego de presentada la denuncia fueron citadas ambas partes ante la Alcaldía, la propietaria llegó con abogado mientras que ella, por desconocimiento, sólo asistió con su versión de la historia al encuentro con las autoridades. El alegato de la dueña del inmueble fue el incumplimiento y actitud agresiva por parte de la inquilina. Conducta que suele ser recurrente en la actualidad en diversos inquilinos.
Miedo a la ley
Apoyados en las legislaciones vigentes en la materia, y en las diversas declaraciones del Presidente venezolano, los arrendatarios de las viviendas han logrado, en ocasiones, transgredir los derechos de sus caseros. Por esto, Blanchard asegura que la Red de Inquilinos es una organización que apoya a propietarios y arrendatarios.
“Se busca resarcir los derechos de los afectados. Estamos del lado de la conciencia; si lo estás haciendo bien estamos apoyándote, pero si lo estás haciendo mal tenemos el deber de ir en contra de ti con las herramientas que nos da la ley. En esta, se protege al inquilino, pero también se le resarce el daño a los propietarios”.
En la actualidad, según el enlace de la organización de inquilinos, se ha creado un mito sobre la normativa y procedimientos legales en el área inmobiliaria.
Esto, sin duda, ha generado un estado de desconfianza en los propietarios que, ante el miedo de perder sus bienes, prefieren no alquilar. Sin embargo, para Roselys Salazar, enlace nacional del Movimiento de Pobladores y Pobladoras de la región, esto se da sólo por desconocimiento de la normativa.
“Una de las principales garantías que el gobierno bolivariano ha venido estableciendo es, en principio, el derecho a la propiedad privada que es un derecho constitucional establecido en el artículo 115. Por esto, se garantiza a todo propietario, que haya puesto en alquiler su inmueble, que su propiedad no se perderá”.
Afirmó que existen diversos instrumentos legales que aseguran los derechos de los arrendatarios y dueños de viviendas; por ello, tratar de asegurar lo contrario es una irresponsabilidad que colisiona con la realidad actual.
“Decir eso es falso, y más en este momento que uno sabe que el déficit de vivienda está en vía de resolverse con la Gran Misión Vivienda Venezuela”.
La situación, según la diputada para el Consejo Legislativo Regional, no es la expectativa sobre la propiedad privada, sino la molestia del propietario por la aplicación de la norma por parte del Estado. “No es que el propietario tenga temor de arrendar el inmueble; es que por primera vez siente la acción del Estado revolucionario para que ese servicio público pueda ser regulado y controlado”.
Otra versión
Sin embargo, Gerardo Contreras, dueño de dos apartamentos que ofrece en alquiler en la ciudad, no piensa igual. La experiencia le ha enseñado que, en la actualidad, alquilar es sinónimo de amarrarse a los caprichos de los inquilinos.
Hace más de un año se venció el contrato de los arrendatarios de una de sus viviendas, ubicada en Alta Vista Sur, Puerto Ordaz. Debido a que en los 6 meses que duró el contrato, el canon era pagado de forma inestable, decidió ya no seguir alquilando.
Aunque avisó que el trato no sería renovado, y dio los 6 meses de prórroga estipulados; hoy los inquilinos aún están en la propiedad. El caso está en tribunales, pero por haber menores implicados no pueden ser desalojados.
“Yo entiendo su situación, pero quién entiende la mía. Nunca me cancelaron una mensualidad a tiempo. El apartamento lo tienen en mal estado y aún no se ve esperanza de que salgan. Supuestamente, esperan que la misión vivienda les entregue la casa, si eso no pasa ¿Yo no tendré mi casa? No me parece justo”.
Según Iván Ibarra, ex presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Bolívar y ex director de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, este tipo de situación ha generado la reducción de los inmuebles en alquiler en el país. Problema que empeorará si se aprueba la nueva legislación en la materia.
“La nueva Ley de Protección al Arrendamiento Inmobiliario distorsiona lo que es el proceso de arrendamiento inmobiliario en el país. Si en los actuales momentos hay una crisis habitacional en materia arrendaticia, porque no se consiguen inmuebles para arrendar, esta nueva ley no sólo acabará con la propiedad privada, sino también con el mercado arrendaticio; habría que estar bien loco para alquilar tu propiedad con esta ley”.
Destacó que la actual crisis de alquiler por la que pasa el país es motivada a factores gubernamentales, tales como el congelamiento de cánones de arrendamientos desde el 2003, a pesar que Venezuela es uno de los países más inflacionarios de América Latina.
“Esa regulación del canon de arrendamiento ha generado y mermado el interés e incentivo del propietario en alquilar su inmueble. A esto debemos sumarle que en diciembre del año pasado el Tribunal Supremo de Justicia, a través de una resolución, prohibió desalojar al inquilino moroso independientemente que incumpla con las condiciones de arrendamientos”.
El proceso legal que entabló Meivys Mirabal, en contra del propietario del inmueble que ocupaba, aún está en ejecución desde abril de este año; pero aún no se da respuesta. En la misma situación, pero del otro lado de la moneda, se encuentra Gerardo Contreras. Sin embargo, su proceso duplica el tiempo en espera.
Procesos engorrosos
Según la directora de Inquilinato de la Alcaldía, Roselena Ramírez, la actual Ley de Arrendamiento, aprobada en el 2009, le ofrece una prórroga a los inquilinos para desocupar el inmueble. Esta depende del tiempo estipulado en el contrato. Sin embargo, para lograr la desocupación completa del inmueble se debe agotar el mecanismo de conciliación que, en algunos casos, puede extenderse por meses.
“Esta ley es justa. Aunque considero que es un tanto engorroso y desagradable el proceso de desocupación. Hay casos de personas que han introducido su demanda de desalojo, porque tienen un inquilino que tiene 6 meses que no cancelan, y no lo pueden sacar. Aunque le salga la demanda no la pueden ejecutar; se debe agotar el proceso previo de conciliación”.
Prórrogas
1 año o menos, se prorrogará por un lapso máximo de seis (6) meses.
13 meses o menos de 5 años, se prorrogará por un lapso máximo de un (1) año.
5 años o más, pero menor de diez (10) años, se prorrogará por un lapso máximo de dos (2) años.
10 años o más, se prorrogará, por un lapso máximo de tres (3) años.
Correo del Caroní / Ciudad Guayana
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* La Ley de Arrendamientos Inmobiliarios ha generado entre los venezolanos diversos mitos sobre la pérdida de la propiedad privada.
* Según la diputada Roselys Salazar, la merma de los inmuebles en alquiler no se debe al temor de perder la propiedad; sino a la acción del Estado revolucionario en la regulación del servicio.
“Todo fue muy rápido”, es lo único que acierta a decir Meivys Mirabal al recordar su desalojo. Regresaba de un viaje que, por trabajo, realizó a Puerto La Cruz. Al llegar al anexo que alquilaba en la casa número 29 de la avenida principal de Caujaro, no pudo abrir la puerta. Las cerraduras las habían cambiado y sus pertenencias las habían aglutinado en uno de los baños de la propiedad. Ese día su hijo de 13 años no durmió en su cama, ni siquiera pudo llegar a su hogar.
“Ella (la propietaria) aprovechó mi ausencia. Yo fui a Puerto La Cruz y recibí un mensaje en un tono amenazante.
Yo estaba en camino con mis pasajeros y ella mandó un mensaje que decía: ‘Necesito hablar contigo, que no pase de hoy’, pero esto yo lo sentí en un tono amenazante. Cuando regresé me conseguí con la sorpresa de que mis corotos, la cocina, lavadora y todo, estaban arrumados en el baño”.
No pudo hacer más. Después de casi dos años alquilando el inmueble, aquella noche Mirabal, junto a su hijo, durmió en la casa de un familiar. “Yo muy poco me la paso en la casa. La alquilé para el resguardo de mi hijo; prácticamente sólo dormimos ahí, aun así nos quisieron desalojar”.
Red de Inquilinos
Casos como estos se repiten a diario en diversas partes de Venezuela. Tener una legislación que arropa a cabalidad la protección del inquilino, no es suficiente para garantizar los procedimientos ilegales de desalojo. Por esto, Raúl Blanchard, enlace por el Movimiento de Pobladores y Pobladoras de la Red de Inquilinos del estado, asegura que la organización se encarga de diseñar las estrategias para que las personas que pasan por dicho flagelo tengan apoyo y asesoría en el conflicto.
“Estamos tratando de diseñar un ente especial que coadyuve realmente con ellos y lograr los objetivos, en el sentido de que mañana ellos concluyan en una solución habitacional, pero que en la actualidad, puedan ser protegidos por la ley. Es simplemente cumplir con la ley y que se respete sus deberes y derechos”.
De estos aspectos, Meivys Mirabal tenía conocimiento. Por esto, aunque no reconocía a profundidad las legislaciones en la materia, el mismo día del desalojo denunció el caso ante las autoridades gubernamentales.
“Después del desalojo, inmediatamente yo procedí a ir a la instancia correspondiente, como lo debe hacer todo ciudadano, porque no estamos en un país sin leyes, no. Estamos en un país con leyes vigentes que nos protege. En este caso procedí a poner la denuncia en la Policía, luego recurrí a la Lopna (Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente) y por medio de ella a los cinco días me abrieron de nuevo el espacio para yo poder entrar”.
Según explica Mirabal, luego de presentada la denuncia fueron citadas ambas partes ante la Alcaldía, la propietaria llegó con abogado mientras que ella, por desconocimiento, sólo asistió con su versión de la historia al encuentro con las autoridades. El alegato de la dueña del inmueble fue el incumplimiento y actitud agresiva por parte de la inquilina. Conducta que suele ser recurrente en la actualidad en diversos inquilinos.
Miedo a la ley
Apoyados en las legislaciones vigentes en la materia, y en las diversas declaraciones del Presidente venezolano, los arrendatarios de las viviendas han logrado, en ocasiones, transgredir los derechos de sus caseros. Por esto, Blanchard asegura que la Red de Inquilinos es una organización que apoya a propietarios y arrendatarios.
“Se busca resarcir los derechos de los afectados. Estamos del lado de la conciencia; si lo estás haciendo bien estamos apoyándote, pero si lo estás haciendo mal tenemos el deber de ir en contra de ti con las herramientas que nos da la ley. En esta, se protege al inquilino, pero también se le resarce el daño a los propietarios”.
En la actualidad, según el enlace de la organización de inquilinos, se ha creado un mito sobre la normativa y procedimientos legales en el área inmobiliaria.
Esto, sin duda, ha generado un estado de desconfianza en los propietarios que, ante el miedo de perder sus bienes, prefieren no alquilar. Sin embargo, para Roselys Salazar, enlace nacional del Movimiento de Pobladores y Pobladoras de la región, esto se da sólo por desconocimiento de la normativa.
“Una de las principales garantías que el gobierno bolivariano ha venido estableciendo es, en principio, el derecho a la propiedad privada que es un derecho constitucional establecido en el artículo 115. Por esto, se garantiza a todo propietario, que haya puesto en alquiler su inmueble, que su propiedad no se perderá”.
Afirmó que existen diversos instrumentos legales que aseguran los derechos de los arrendatarios y dueños de viviendas; por ello, tratar de asegurar lo contrario es una irresponsabilidad que colisiona con la realidad actual.
“Decir eso es falso, y más en este momento que uno sabe que el déficit de vivienda está en vía de resolverse con la Gran Misión Vivienda Venezuela”.
La situación, según la diputada para el Consejo Legislativo Regional, no es la expectativa sobre la propiedad privada, sino la molestia del propietario por la aplicación de la norma por parte del Estado. “No es que el propietario tenga temor de arrendar el inmueble; es que por primera vez siente la acción del Estado revolucionario para que ese servicio público pueda ser regulado y controlado”.
Otra versión
Sin embargo, Gerardo Contreras, dueño de dos apartamentos que ofrece en alquiler en la ciudad, no piensa igual. La experiencia le ha enseñado que, en la actualidad, alquilar es sinónimo de amarrarse a los caprichos de los inquilinos.
Hace más de un año se venció el contrato de los arrendatarios de una de sus viviendas, ubicada en Alta Vista Sur, Puerto Ordaz. Debido a que en los 6 meses que duró el contrato, el canon era pagado de forma inestable, decidió ya no seguir alquilando.
Aunque avisó que el trato no sería renovado, y dio los 6 meses de prórroga estipulados; hoy los inquilinos aún están en la propiedad. El caso está en tribunales, pero por haber menores implicados no pueden ser desalojados.
“Yo entiendo su situación, pero quién entiende la mía. Nunca me cancelaron una mensualidad a tiempo. El apartamento lo tienen en mal estado y aún no se ve esperanza de que salgan. Supuestamente, esperan que la misión vivienda les entregue la casa, si eso no pasa ¿Yo no tendré mi casa? No me parece justo”.
Según Iván Ibarra, ex presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Bolívar y ex director de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, este tipo de situación ha generado la reducción de los inmuebles en alquiler en el país. Problema que empeorará si se aprueba la nueva legislación en la materia.
“La nueva Ley de Protección al Arrendamiento Inmobiliario distorsiona lo que es el proceso de arrendamiento inmobiliario en el país. Si en los actuales momentos hay una crisis habitacional en materia arrendaticia, porque no se consiguen inmuebles para arrendar, esta nueva ley no sólo acabará con la propiedad privada, sino también con el mercado arrendaticio; habría que estar bien loco para alquilar tu propiedad con esta ley”.
Destacó que la actual crisis de alquiler por la que pasa el país es motivada a factores gubernamentales, tales como el congelamiento de cánones de arrendamientos desde el 2003, a pesar que Venezuela es uno de los países más inflacionarios de América Latina.
“Esa regulación del canon de arrendamiento ha generado y mermado el interés e incentivo del propietario en alquilar su inmueble. A esto debemos sumarle que en diciembre del año pasado el Tribunal Supremo de Justicia, a través de una resolución, prohibió desalojar al inquilino moroso independientemente que incumpla con las condiciones de arrendamientos”.
El proceso legal que entabló Meivys Mirabal, en contra del propietario del inmueble que ocupaba, aún está en ejecución desde abril de este año; pero aún no se da respuesta. En la misma situación, pero del otro lado de la moneda, se encuentra Gerardo Contreras. Sin embargo, su proceso duplica el tiempo en espera.
Procesos engorrosos
Según la directora de Inquilinato de la Alcaldía, Roselena Ramírez, la actual Ley de Arrendamiento, aprobada en el 2009, le ofrece una prórroga a los inquilinos para desocupar el inmueble. Esta depende del tiempo estipulado en el contrato. Sin embargo, para lograr la desocupación completa del inmueble se debe agotar el mecanismo de conciliación que, en algunos casos, puede extenderse por meses.
“Esta ley es justa. Aunque considero que es un tanto engorroso y desagradable el proceso de desocupación. Hay casos de personas que han introducido su demanda de desalojo, porque tienen un inquilino que tiene 6 meses que no cancelan, y no lo pueden sacar. Aunque le salga la demanda no la pueden ejecutar; se debe agotar el proceso previo de conciliación”.
Prórrogas
1 año o menos, se prorrogará por un lapso máximo de seis (6) meses.
13 meses o menos de 5 años, se prorrogará por un lapso máximo de un (1) año.
5 años o más, pero menor de diez (10) años, se prorrogará por un lapso máximo de dos (2) años.
10 años o más, se prorrogará, por un lapso máximo de tres (3) años.
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27-06-2011
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"San José tiene 60 inmuebles invadidos y expropiados"
El estacionamiento de la Escuela de Medicina del hospital Vargas se expropió para hacer casas VENANCIO ALCÁZARES
"En sus más de 100 años de fundada en la parroquia San José de Caracas se respetó la propiedad privada. A esta comunidad llegaron las invasiones en 2006 tras los decretos 00266 y 00247 dictados por el ex alcalde mayor, Juan Barreto. Luego se abandonaron los espacios y ahora se expropiaron para construir viviendas", relató Rafael Herrera, vecino.
La toma de edificios, terrenos, estacionamientos, hoteles, viviendas y locales comerciales en la parroquia San José se agudizó luego de que el Ejecutivo decretara el "estado de emergencia por las lluvias" de diciembre 2010, dijo Herrera.
El estacionamiento de la Escuela de Medicina del hospital Vargas y una cancha deportiva fueron tomadas por voceros comunales de San José para construir 144 viviendas donde vivirán damnificados. Allí, un grupo de obreros apenas construye las bases de la edificación con apoyo de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe).
Herrera, por otra parte, denunció que por el estacionamiento de la Escuela de Medicina bajaba una quebrada. "Hoy se construyen edificios pequeños que no beneficiarán a nuestros damnificados. San José tiene 60 inmuebles invadidos y expropiados", resaltó.
En el sector Panorama el ex alcalde Barreto retomó en 2006 el "Proyecto Metropolis" para levantar viviendas para la clase media. "Luego de invertir millones de bolívares, remover el terreno y construir las columnas del Conjunto Residencial Panorama el proyecto fue abandonado y terminaron afectando a 100 familias. Hoy los vecinos quieren que el Estado cubra los daños en sus casas", denunció el concejal metropolitano Andrés Bello, en San José.
En la esquina San Miguel un grupo de invasores tomó el extinto edificio de Copei, mientras al frente, otro edificio y una pensión, está invadidos desde 2007, dijo Herrera.
El mes pasado el presidente Hugo Chávez expropió los edificios Permar (Esq. Maturín a Santa Bárbara) y el hotel Lito (calle Guillermo) tras publicarse el decreto 8.248 en la Gaceta Oficial 39.682 del 26 de mayo.
"Sin pagar indemnización se tomaron un terreno en Chimborazo, un edificio en Anauco, un bar en la esquina San Luis, otro inmueble en la Norte 9, un terreno en San José, y otros 40 espacios, pensiones y casas de vecinos, para damnificados de otras parroquias. Algunos edificios se expropiaron luego de pasar más de tres años invadidos con apoyo de Barreto y Chávez", agregó Herrera.
El Universal
27-06-2011
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"En sus más de 100 años de fundada en la parroquia San José de Caracas se respetó la propiedad privada. A esta comunidad llegaron las invasiones en 2006 tras los decretos 00266 y 00247 dictados por el ex alcalde mayor, Juan Barreto. Luego se abandonaron los espacios y ahora se expropiaron para construir viviendas", relató Rafael Herrera, vecino.
La toma de edificios, terrenos, estacionamientos, hoteles, viviendas y locales comerciales en la parroquia San José se agudizó luego de que el Ejecutivo decretara el "estado de emergencia por las lluvias" de diciembre 2010, dijo Herrera.
El estacionamiento de la Escuela de Medicina del hospital Vargas y una cancha deportiva fueron tomadas por voceros comunales de San José para construir 144 viviendas donde vivirán damnificados. Allí, un grupo de obreros apenas construye las bases de la edificación con apoyo de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe).
Herrera, por otra parte, denunció que por el estacionamiento de la Escuela de Medicina bajaba una quebrada. "Hoy se construyen edificios pequeños que no beneficiarán a nuestros damnificados. San José tiene 60 inmuebles invadidos y expropiados", resaltó.
En el sector Panorama el ex alcalde Barreto retomó en 2006 el "Proyecto Metropolis" para levantar viviendas para la clase media. "Luego de invertir millones de bolívares, remover el terreno y construir las columnas del Conjunto Residencial Panorama el proyecto fue abandonado y terminaron afectando a 100 familias. Hoy los vecinos quieren que el Estado cubra los daños en sus casas", denunció el concejal metropolitano Andrés Bello, en San José.
En la esquina San Miguel un grupo de invasores tomó el extinto edificio de Copei, mientras al frente, otro edificio y una pensión, está invadidos desde 2007, dijo Herrera.
El mes pasado el presidente Hugo Chávez expropió los edificios Permar (Esq. Maturín a Santa Bárbara) y el hotel Lito (calle Guillermo) tras publicarse el decreto 8.248 en la Gaceta Oficial 39.682 del 26 de mayo.
"Sin pagar indemnización se tomaron un terreno en Chimborazo, un edificio en Anauco, un bar en la esquina San Luis, otro inmueble en la Norte 9, un terreno en San José, y otros 40 espacios, pensiones y casas de vecinos, para damnificados de otras parroquias. Algunos edificios se expropiaron luego de pasar más de tres años invadidos con apoyo de Barreto y Chávez", agregó Herrera.
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De la ciudad indocumentada a la ciudad como documento
cav.org.ve
Arq. Andreina Guardia de Baasch
Este artículo viene a complementar la iniciativa de un grupo de colegas arquitectos, profesores y amigos, quienes venimos trabajando en un proyecto muy importante iniciado en 2010, sobre la documentación, estudio, análisis y debate de ideas sobre la ciudad actual.
El tema de la ciudad es muy amplio y por tanto complejo, debido a que una ciudad es mucho más que una planimetría llena de líneas y cotas, ella es testigo de los hechos humanos y urbanos, de lo que sucede cada momento por parte de los diversos ciudadanos como son los vecinos, maestros, comerciantes, artistas, arquitectos, periodistas y todo aquel que aporte experiencias al lugar donde vive y convive.
A los arquitectos con regularidad se les denomina los “hacedores de ciudad”, y ante el tema se debería actuar con humildad intelectual, virtud que debería cultivarse en las aulas universitarias, ya que es muy necesaria en el camino profesional. Asimismo, el arquitecto no debe actuar sólo en las propuestas de ciudad, estas deben surgir de ideas de los ciudadanos, profesionales y creadores, para conseguir objetivos compartidos, ya que la ciudad es de todos.
El registro que se tenga sobre la ciudad, debería ser de uso público y de fácil acceso a todo nivel. No existe en nuestras ciudades el testimonio documental de sus cambios, de los progresos que ha habido, de sus tendencias, ni que ha ocurrido con el uso del espacio físico de la ciudad a través del tiempo, por lo que se han convertido en ciudades sin historia. Otro factor que influye, es la carencia de elementos de difusión y publicación de los esfuerzos que valientemente se acometen de manera individual, desconociéndose también el rol de la memoria urbana en la transformación de la ciudad; en consecuencia, los pocos investigadores y los profesionales que realizan propuestas de nuevos proyectos, no tienen acceso a experiencias relacionadas para mejorar la ciudad actual.
En este momento más que nunca en necesario practicar la flexibilidad ciudadana, que no es más que la disposición al diálogo permanente, no sólo de conocimientos técnicos, sino también de sentido común, así se completaría la información que el urbanista planifica, el antropólogo analiza, el sociólogo contabiliza, el artista plasma y el arquitecto proyecta para la ciudad, pero al final ese colectivo tiene el deber de permitir que la ciudad sea un documento de identidad para todos.
Colegio de Arquitectos de Venezuela
26-06-2011
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El tema de la ciudad es muy amplio y por tanto complejo, debido a que una ciudad es mucho más que una planimetría llena de líneas y cotas, ella es testigo de los hechos humanos y urbanos, de lo que sucede cada momento por parte de los diversos ciudadanos como son los vecinos, maestros, comerciantes, artistas, arquitectos, periodistas y todo aquel que aporte experiencias al lugar donde vive y convive.
A los arquitectos con regularidad se les denomina los “hacedores de ciudad”, y ante el tema se debería actuar con humildad intelectual, virtud que debería cultivarse en las aulas universitarias, ya que es muy necesaria en el camino profesional. Asimismo, el arquitecto no debe actuar sólo en las propuestas de ciudad, estas deben surgir de ideas de los ciudadanos, profesionales y creadores, para conseguir objetivos compartidos, ya que la ciudad es de todos.
El registro que se tenga sobre la ciudad, debería ser de uso público y de fácil acceso a todo nivel. No existe en nuestras ciudades el testimonio documental de sus cambios, de los progresos que ha habido, de sus tendencias, ni que ha ocurrido con el uso del espacio físico de la ciudad a través del tiempo, por lo que se han convertido en ciudades sin historia. Otro factor que influye, es la carencia de elementos de difusión y publicación de los esfuerzos que valientemente se acometen de manera individual, desconociéndose también el rol de la memoria urbana en la transformación de la ciudad; en consecuencia, los pocos investigadores y los profesionales que realizan propuestas de nuevos proyectos, no tienen acceso a experiencias relacionadas para mejorar la ciudad actual.
En este momento más que nunca en necesario practicar la flexibilidad ciudadana, que no es más que la disposición al diálogo permanente, no sólo de conocimientos técnicos, sino también de sentido común, así se completaría la información que el urbanista planifica, el antropólogo analiza, el sociólogo contabiliza, el artista plasma y el arquitecto proyecta para la ciudad, pero al final ese colectivo tiene el deber de permitir que la ciudad sea un documento de identidad para todos.
Colegio de Arquitectos de Venezuela
26-06-2011
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30% de las casas de Misión Vivienda se construyen en zonas rurales
avn.info.ve
La Gran Misión Vivienda Venezuela construye en zonas rurales 30% de las casas previstas en el territorio nacional, informó este domingo la ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, Isis Ochoa.
Ochoa participó en el acto de entrega de 25 nuevas viviendas por autoconstrucción, que se llevó a cabo en los caseríos La Cuesta, San Pedro y La Playa del municipio Torres, en el estado Lara.
En el primer caserío mencionado, ubicado a 28 kilómetros de la capital de Carora, fueron entregadas 15 viviendas de 84 metros cuadrados.
En San Pedro y La Playa se entregaron 10 casas de tres habitaciones, una sala, cocina-comedor y un baño.
En el caso de los sectores La Cuestas, La Playa y San Pedro, constituidos por 50 familias, la Gran Misión Vivienda Venezuela prevé la construcción de igual número de viviendas, de las cuales ya se erigieron 25.
En la edificación de estas vivienda se invierte 1.4 millones de bolívares. La ministra dijo que “éstas son casas dignas construidas por el Poder Popular para la metas que nos hemos propuesto, de construir en el presente año 2.300 viviendas en Lara”.
En el acto de este domingo la comunidad de La Cuesta también inauguró su casa comunal. De igual forma, fueron entregadas a las tres comunidades larenses mencionadas 8 vehículos rústicos como parte del programa Ruta Comunal.
Los habitantes de La Cuesta celebraron con lanzamiento de cohetes los avances en materia de vivienda y de servicios públicos en esta apartada comunidad de Lara, a la que sólo se llega en vehículos rústicos.
Agencia Venezolana de Noticias
26-06-2011
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La Gran Misión Vivienda Venezuela construye en zonas rurales 30% de las casas previstas en el territorio nacional, informó este domingo la ministra del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, Isis Ochoa.
Ochoa participó en el acto de entrega de 25 nuevas viviendas por autoconstrucción, que se llevó a cabo en los caseríos La Cuesta, San Pedro y La Playa del municipio Torres, en el estado Lara.
En el primer caserío mencionado, ubicado a 28 kilómetros de la capital de Carora, fueron entregadas 15 viviendas de 84 metros cuadrados.
En San Pedro y La Playa se entregaron 10 casas de tres habitaciones, una sala, cocina-comedor y un baño.
En el caso de los sectores La Cuestas, La Playa y San Pedro, constituidos por 50 familias, la Gran Misión Vivienda Venezuela prevé la construcción de igual número de viviendas, de las cuales ya se erigieron 25.
En la edificación de estas vivienda se invierte 1.4 millones de bolívares. La ministra dijo que “éstas son casas dignas construidas por el Poder Popular para la metas que nos hemos propuesto, de construir en el presente año 2.300 viviendas en Lara”.
En el acto de este domingo la comunidad de La Cuesta también inauguró su casa comunal. De igual forma, fueron entregadas a las tres comunidades larenses mencionadas 8 vehículos rústicos como parte del programa Ruta Comunal.
Los habitantes de La Cuesta celebraron con lanzamiento de cohetes los avances en materia de vivienda y de servicios públicos en esta apartada comunidad de Lara, a la que sólo se llega en vehículos rústicos.
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Lara necesita corredores inmobiliarios
elinformador.com.ve
Desde que el tema de las estafas inmobiliarias cobró protagonismo, la función de un corredor inmobiliario ha tomado la importancia que merece, sin embargo los profesionales existentes no son suficientes para la cantidad de propietarios e inquilinos que necesitan de su asesoría
El abogado Hugo Cruz, presidente de la Asociación de Corredores Inmobiliarios Universitarios de Venezuela (Asociuven), expresó que la función de un profesional en dicha materia es asesorar tanto al inquilino como al propietario en el aspecto inmobiliario del mercado primario y secundario.
Destacó la importancia de aumentar el porcentaje de profesionales inmobiliarios, debido a la inmensa necesidad que tienen los venezolanos, especialmente los larenses, de ser asesorados en la materia para tratar de mantener una buena relación comprador-vendedor o inquilino-propietario, donde todos puedan salir beneficiados.
Por su parte, Sorely Rosales, coordinadora del Movimiento Contralor por la Vivienda y la Vida (MOVIDA) en Lara, considera que ser asesorado por un verdadero profesional es indispensable para evitar que surjan más estafas y que las personas no se sientan utilizadas ni engañadas.
Según Benito Barcarola, presidente de la Cámara de Bienes Raíces del estado Lara, es necesario que los corredores inmobiliarios estén inscritos en la Cámara que él representa o bien en la Cámara Inmobiliaria del estado Lara o en Asociuve), porque de esa manera se puede verificar la carrera del profesional y hacerle seguimiento, proporcionando así un grado de confianza para todas las partes involucradas. Barcarola enfatizó que ni siquiera 50% de los corredores inmobiliarios están inscritos en algunos de los tres entes gremiales.
Cruz evocó que anteriormente la carrera de corredor inmobiliario era impartida -en Barquisimeto- en el Instituto Universitario Tecnológico Isaac Newton, pero luego del cierre del mismo, quedó un vacío en el área profesional.
Por esa razón, la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) imparte un diplomado en esa temática; esperan realizar más de diez promociones para tratar de convertirlo en una carrera técnica que podría llegar a dictarse en la misma institución.
Cerca de 60 personas se han graduado en las tres últimas cohortes del Diplomado del Corredor Inmobiliario.
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26-06-2011
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El abogado Hugo Cruz, presidente de la Asociación de Corredores Inmobiliarios Universitarios de Venezuela (Asociuven), expresó que la función de un profesional en dicha materia es asesorar tanto al inquilino como al propietario en el aspecto inmobiliario del mercado primario y secundario.
Destacó la importancia de aumentar el porcentaje de profesionales inmobiliarios, debido a la inmensa necesidad que tienen los venezolanos, especialmente los larenses, de ser asesorados en la materia para tratar de mantener una buena relación comprador-vendedor o inquilino-propietario, donde todos puedan salir beneficiados.
Por su parte, Sorely Rosales, coordinadora del Movimiento Contralor por la Vivienda y la Vida (MOVIDA) en Lara, considera que ser asesorado por un verdadero profesional es indispensable para evitar que surjan más estafas y que las personas no se sientan utilizadas ni engañadas.
Según Benito Barcarola, presidente de la Cámara de Bienes Raíces del estado Lara, es necesario que los corredores inmobiliarios estén inscritos en la Cámara que él representa o bien en la Cámara Inmobiliaria del estado Lara o en Asociuve), porque de esa manera se puede verificar la carrera del profesional y hacerle seguimiento, proporcionando así un grado de confianza para todas las partes involucradas. Barcarola enfatizó que ni siquiera 50% de los corredores inmobiliarios están inscritos en algunos de los tres entes gremiales.
Cruz evocó que anteriormente la carrera de corredor inmobiliario era impartida -en Barquisimeto- en el Instituto Universitario Tecnológico Isaac Newton, pero luego del cierre del mismo, quedó un vacío en el área profesional.
Por esa razón, la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) imparte un diplomado en esa temática; esperan realizar más de diez promociones para tratar de convertirlo en una carrera técnica que podría llegar a dictarse en la misma institución.
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