Conrad Hilton

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Venezuela enfrenta $9 millardos en demandas de expropiaciones por Chávez

A raíz de la ola de expropiaciones y nacionalizaciones decretadas por el entonces presidente Hugo Chávez entre 2007 y 2012, Venezuela se convirtió en el segundo país del mundo, después de Argentina, con más demandas internacionales de arbitraje de inversión en su historia (38 en total), lo que le ha generado compromisos por el orden de los 6.500 millones de dólares, aunque los expertos estiman que la suma por concepto de condenas arbitrales podría ubicarse entre $13.000 y $20.000 millones.

Venezuela ocupa además el primer lugar, entre 159 naciones, como el Estado con mayor número de procesos abiertos ante un tribunal arbitral. De los 38 casos interpuestos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), 20 (52,63%) continúan pendientes, por lo que ahora corresponde al gobierno de Nicolás Maduro, que enfrenta una severa crisis económica por la disminución de los precios del petróleo y la falta de divisas, asumir las consecuencias de las decisiones tomadas por su antecesor.

Durante la administración de Chávez (1999-2013) se iniciaron 37 de las demandas registradas ante el Ciadi, instancia del Banco Mundial creada en 1966 con el fin específico de resolver las controversias relativas a inversiones extranjeras. Antes de su llegada al poder, el Estado venezolano había sido demandado una sola vez, en 1996, por la empresa Fedax por un asunto relacionado con bonos de la deuda pública.

Todo por las expropiaciones

El denominador común de estas demandas es la expropiación de activos a inversionistas extranjeros. De las 37 reclamaciones en cuestión, al menos 33 (86,8%) se ubican en este renglón, mientras que las cuatro restantes, que ya están cerradas, se relacionan con contratos de obra pública, instrumentos de deuda pública (bonos) y la revocatoria de concesiones. De estas últimas, tres tienen su origen en actuaciones adelantadas por gobiernos anteriores a Chávez.

El experto en arbitraje internacional, Gilberto Guerrero-Rocca, explica que las expropiaciones son decisiones soberanas de los países, por tanto lo que se debate en los tribunales arbitrales del Ciadi no es si un Estado puede o no nacionalizar, sino si éste violó alguna de las garantías contenidas en un tratado bilateral de protección de inversiones como, por ejemplo, la justa y pronta indemnización o la negociación con base en la buena fe. De allí que el panorama para Venezuela no sea muy alentador, pues no tiene forma de evitar las consecuencias económicas de haber expropiado a las empresas.

Del total de acciones intentadas contra Venezuela, el mayor número de demandas procede de empresas vinculadas al área de Petróleo, minería y gas con 21 casos (55,3%), entre los que figuran Venoco, Conoco-Phillips, Exxon-Mobil y la minera canadiense Gold Reserve, entre otras. El resto de las solicitudes arbitrales se distribuyen entre nueve sectores a saber: Finanzas e Infraestructura, cada uno con tres casos (7,9%); Alimentos, Producción de cemento y Producción de vidrios, los tres con dos causas (5,3%); Agrícola, Automotriz, Turismo y Telecomunicaciones, con una petición cada uno (2,6%).

Condenas millonarias

De los 18 (47,37%) casos ya concluidos, cinco fueron decididos en el último año con resultados adversos para Venezuela. En este grupo destacan las indemnizaciones a Gold Reserve por $740,3 millones, Owens Illinois por $455 millones, Tidewater por $48,9 millones, el operador chileno IDC y su socio suizo Flughafen Zürich por $33 millones y Exxon-Mobil por $1.600 millones, de los cuales hay que descontar $747 millones ya pagados por una condena previa a Pdvsa (Petróleos de Venezuela) con ocasión a un arbitraje bajo las normas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). El monto de las cinco condenas asciende a $2.130,2 millones.

Golpe duro por mala fe

Entre los procesos aún en litigio figura la demanda de Conoco-Phillips, el más grande productor independiente de petróleo y gas natural de Estados Unidos. En este caso el panel arbitral determinó que Venezuela incumplió su ‘obligación de negociar de buena fe’ una compensación por la expropiación de sus activos en la Faja del Orinoco, en el año 2007. Pese a este pronunciamiento, el caso continúa abierto pues aún falta por cuantificar el monto de la indemnización.

Guerrero-Rocca, quien también es profesor de arbitraje internacional en la Universidad Católica Andrés Bello y docente invitado en la Escuela de Derecho en la Universidad Internacional de Florida (EEUU), explica que en este caso los árbitros además de establecer la cuantía de la indemnización por expropiación, deberán fijar el monto de la compensación por los daños y perjuicios causados a la empresa al haber adelantado las negociaciones de manera ‘hostil’.

La demanda de esta transnacional es la más cuantiosa interpuesta hasta ahora contra Venezuela. En su solicitud de arbitraje reclama $31.000 millones, pero los especialistas estiman que el monto definitivo será sustancialmente inferior aunque no menor a los $3.000 millones, lo que sumado al total de condenas por expropiación da un saldo de $5.130,2 millones.

Las negociaciones cuentan

Como parte de su estrategia como litigante, Venezuela se sentó a negociar con determinadas empresas y logró transarse por montos inferiores a los solicitados en las demandas; sin embargo son cantidades significativas que engrosan la lista de compromisos adquiridos por la República en materia de arbitraje de inversión.

En este grupo se encuentran las compensaciones logradas con Ternium ($1.970 millones), Eni Dación ($700 millones), Cemex ($600 millones), Holcim ($650 millones), Williams & Exterran ($420 millones) y Vestey Group ($4.800.000). Las primeras tres ya fueron canceladas por lo que sus casos fueron cerrados, mientras que las tres últimas aparecen reflejadas en la página oficial del Ciadi dentro de los casos pendientes. Según los expertos, los procesos no se dan por concluidos hasta que el Estado deudor pague la totalidad de la indemnización.

Por estos seis casos Venezuela asumió, en su momento, una obligación por el orden de $4.344,8 millones, que contabilizada con las cantidades previamente señaladas suma un total de $9.475 millones, lo que equivale a un poco más de la mitad de las reservas internacionales de Venezuela, que al 13 de mayo de 2015 se ubican en $17.875 millones, según la última publicación realizada por el Banco Central de Venezuela (BCV) en su página web.

¿Y cómo pagamos?

El economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, asegura que en el contexto actual a Venezuela se le hace cuesta arriba cancelar las obligaciones adquiridas por concepto de procesos arbitrales, debido a que tiene un déficit de caja importante producto de la caída de los precios del crudo.

Según estimaciones de Ecoanalítica, firma asesora en materia económica y financiera, la República deberá pagar por las demandas que aún tiene pendientes al menos $13.454 millones, lo que representa 39% de los ingresos petroleros previstos para el 2015, que según proyecciones de Oliveros se ubican en $34.000 millones.

Si Venezuela no logra hacer frente a las condenas de los laudos, las consecuencias para el país serán negativas, entre ellas destacan el incremento del riesgo país, una baja calificación crediticia e incluso la posibilidad de que los demandantes soliciten ante los tribunales internacionales la ejecución forzosa de los activos de Venezuela en el extranjero, lo cual implicaría el embargo de bienes por un valor de subasta.

El árbitro internacional Hernando Díaz-Candia no descarta que ésta sea la razón por la cual el Estado venezolano está solicitando la nulidad de algunos de los casos ya sentenciados como el de Exxon-Mobil, ya que ‘es una forma de alargar los procesos y ganar tiempo’.

Oliveros explica que toda esta situación se hubiese evitado si el Ejecutivo no hubiera expropiado los activos de los inversionistas. Considera que estas medidas eran innecesarias, sobre todo si se toma en cuenta que en la mayoría de las empresas que pasaron a manos del Estado ‘el desempeño deja mucho que desear porque se hicieron más ineficientes en manos públicas’.

Por su parte, el especialista en Derecho Internacional, Mariano de Alba Uribe, afirma que Venezuela no hubiese sido demandada si el Gobierno hubiera pagado una justa indemnización en cada caso desde el primer momento.

Millones en defensa

El Estado venezolano se ha defendido ‘bastante bien’ en cada una de las demandas en su contra, asegura Guerrero-Rocca. Para ello contrató los servicios de varios bufetes norteamericanos con experiencia en arbitraje de inversión, los cuales han generado hasta ahora, según las estimaciones de los especialistas, gastos aproximados a $200 millones entre honorarios profesionales, traslados, experticias, entre otros conceptos. En la lista de firmas contratadas se encuentran: Arnold & Porter, Shearman & Sterling, Squire Sanders & Dempsey, Hogan Lovells; Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP y Foley Hoag LLP. Actualmente, los dos últimos tienen más casos representando a Venezuela.

Según un estudio realizado por Guerrero-Rocca, donde analiza la estrategia de defensa de Venezuela y la compara con el caso argentino, el Estado venezolano se convirtió en un litigante exitoso porque logró disminuir sustancialmente el quantum de las indemnizaciones exigidas en varias de las reclamaciones, como en los casos de Tidewater, Tenaris y Exxon-Mobil, que es el más emblemático porque Venezuela fue demandada por $15.000 millones, pero al final fue condenada a pagar $1.600 millones.

Mala señal

El hecho de que el Estado venezolano encabece la lista negra de los países con más reclamaciones pendientes ante el Ciadi, tiene efectos negativos, según señala Hernando Díaz-Candia, quien también es profesor en el doctorado de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. A su juicio, esta situación envía a la comunidad internacional la señal de que Venezuela es un país que no cumple las obligaciones derivadas de los tratados bilaterales de protección de inversiones; pero además contribuye a desalentar la inversión en el territorio nacional.

Díaz-Candia afirma que ante este panorama lo más probable es que los inversionistas se sientan más seguros de hacer negocios con un país como Brasil, que aun cuando no posee tratados de inversión vigentes con otros Estados, sigue atrayendo capitales extranjeros porque respeta las normas de su propio ordenamiento jurídico.

Decisión errada

El 24 de enero de 2012 Venezuela manifestó su voluntad de desvincularse del Ciadi, tras estar adherida a esta instancia desde 1993. El Ejecutivo fundamentó su decisión en la defensa de la soberanía, pero además cuestionó la imparcialidad del órgano internacional alegando que en casi todos los casos que ha conocido a lo largo de su historia, ha fallado a favor de los intereses de las transnacionales.

Todos los especialistas consultados por El Universal coinciden en señalar que la decisión fue errada, pues el retiro de Venezuela del Ciadi no paralizará los procesos en curso ni la eximirá de sus potenciales condenas, mucho menos garantiza que no seguirá siendo demandada de continuar con su política de expropiaciones sin el pago de una compensación justa, pues el Ejecutivo ha suscrito más de 20 tratados bilaterales en los cuales la República ha acordado someterse a la figura del arbitraje internacional, y éstos continúan vigentes por muchos años más.

A juicio de Alba Uribe, la decisión tampoco fue acertada porque dio lugar a que se incrementaran las demandas, ya que muchos inversionistas prefirieron actuar antes de que se hiciera oficial la salida de Venezuela del organismo.

Por su parte, Guerrero-Rocca asevera que el Ejecutivo no evaluó bien el impacto de retirarse del órgano arbitral. Afirma que Venezuela se vio favorecida en varios de los procesos gracias a las complejidades del sistema Ciadi, que impone a los demandantes una serie de requisitos a cumplir para poder admitir el trámite. Citó como ejemplo los casos de Opic Karimun, Brandes (accionistas de Cantv), Nova Scotia, Vanessa Ventures, Highbury y Venoco. En su criterio, no pasará mucho tiempo antes de que Venezuela empiece a extrañar al Ciadi. (deInmediato)

La Patilla
21-05-2015

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Cámara Inmobiliaria venezolana “no recomienda” referenciar transacciones en dólares

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri afirmó que el sector privado está dispuesto a trabajar con el sector público para cumplir con las metas para este año. Dijo que la meta del Gobierno era construir 400 mil viviendas para este año y se deben “poco más de 26 mil”.

Aseveró en una entrevista para Unión Radio que la persona “que esté alquilando viviendas en moneda extranjera está cometiendo un acto ilegal porque está muy clara en la Ley de Arrendamiento en Venezuela” esa prohibición.

“Nosotros no estamos recomendando referenciar la vivienda en dólares porque la distorsión es muy fuerte”, destacó.

Lamentó que los índices inflacionarios actuales no permitan “a cualquier venezolano tener una vivienda”. En ese sentido, dijo que el Gobierno debe modificar sus políticas económicas en aras de garantizarle a la ciudadanía el acceso a las necesidades básicas e incluir al sector privado en los planes de inversión social.

Vía Unión Radio

La Patilla
21-05-2015

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CVC: Sector privado de la construcción cae 25% en primer trimestre

(Créditos: Archivo) 

Cámara Venezolana de la Construcción precisa establecer un diálogo con el Gobierno para buscar soluciones 

Emen.- El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Jaime Gómez Torres, dijo que el sector privado de la construcción cayó 25% en primer trimestre del año, en el marco de la Convención Nacional de la Industria de la Construcción. 

"Durante el primer trimestre de este año, el sector privado de la construcción cayó 25%, por lo que es preciso establecer un diálogo con el Gobierno nacional, para buscar una solución, no sólo en el área de infraestructura, sino además en materia de vivienda", informaron en comunicado de prensa. 

Precisó que para el primer trimestre del año el sector privado de la construcción ejecutó cerca de 20 mil viviendas, cuando normalmente se ejecutaban entre 60 mil y 80 mil unidades habitacionales.

El Presidente de la CVC sostuvo que no se están construyendo viviendas para la clase media y con los precios topes existentes es imposible construir en la actualidad.

Señaló que la situación de las siderúrgicas es preocupante y propuso la revisión urgente de estas, pues actualmente Sidor produce 120 mil toneladas mensuales de las 400 mil toneladas que producía al mes.

"Lamentablemente no tenemos insumos para reactivar el sector y no contamos con las divisas para la importación de los materiales, por lo que debemos concentrarnos en la producción nacional", indicó Gómez.

Durante la jornada, Henkel García, director de Econométrica, presentó el tema situación económica, social y política de Venezuela, destacando que la inflación para el segundo semestre de 2015 dependerá de que el Gobierno tome medidas coherentes en materia económica y en este escenario pudiera registrarse una inflación de 125%.

Agregó que de continuar la inacción por parte del Ejecutivo la inflación pudiera superar el 200%.

El Mundo
28-05-2015

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En más de 80 % disminuyó alquiler de viviendas en San Cristóbal

Elizabeth Morini Moranti, presidenta de la Cámara Inmobiliaria del Táchira
Gráficas: DLA

El que tiene una propiedad se limita a darla en alquiler, debido a las pocas garantías que tienen de que le sea devuelta en el momento que lo solicite porque la ley favorece al inquilino

Rosalinda Hernández C / rosalindahernandezve@gmail.com.-
Elizabeth Morini Moranti, presidenta de la Cámara Inmobiliaria del Táchira, aseguró que desde que entró en vigencia la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas, en el año 2011, se ha convertido en algo muy complicado alquilar, y de allí el déficit que se presenta no solo en San Cristóbal sino en toda Venezuela.

De acuerdo a la especialista en asuntos inmobiliarios, entre un 80 a 90 por ciento se ha reducido el alquiler de viviendas en San Cristóbal, debido a los procedimientos fijados por esta ley.

“Con la nueva ley, las personas que tenían inmuebles y trabajaban alquilándolos han ido poco a poco dejando de hacerlo porque la situación que se presenta es que paralelamente a ley existen decretos contra el desalojo, y esto hace difícil, en un momento determinado, sacar a un inquilino que no esté cumpliendo”.

Las inmobiliarias tienen clientes que llevan hasta 10 años esperando un desalojo sin que el inquilino pague un bolívar por la ocupación de la vivienda, explicó la vocera de la Cámara Inmobiliaria.

Por otro lado, dijo Morini que existen algunos edificios que aún poseen cánones de arrendamiento entre 30 o 40 bolívares, y sus propietarios no han podido ajustar legalmente el alquiler porque están congelados por decreto presidencial.

“Si nos ponemos del lado del propietario, se tiene un inmueble y se ha trabajado toda la vida para adquirirlo, pensando en que a largo plazo este sirva de pensión o apoyo económico en el retiro, y resulta que, una vez se alquila, no puede disponer de él cuando el propietario lo desee. Por eso el que tiene prefiere realmente no alquilar”.

No manejan alquileres

A nivel de Cámara Inmobiliaria se asesora a los clientes sobre lo que implica alquilar su inmueble.  Existen agentes inmobiliarios en la ciudad que no manejan alquileres de vivienda porque no se puede garantizar al propietario la mora del inquilino.

En San Cristóbal existen empresas inmobiliarias con 20 o 30 años de trayectoria cuyo fuerte, antes de la Ley (2011), era el arrendamiento de viviendas, y han ido disminuyendo sus operaciones por la situación que se presenta.

“Ahora, si haces un contrato mínimo debe ser por un año. Con la antigua ley tenías una prórroga y si la persona no cumplía existía un parámetro judicial, pero ahora la potestad de continuar arrendado es del arrendatario, el inquilino es quien decide si continúa ocupando el inmueble o se marcha”.

Obstáculos para arrendar

Para la representante de la Cámara Inmobiliaria del Táchira, la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas debería adecuarse a la realidad porque sus procedimientos son complicados.

Además de que ha habido un retraso de dos años en la instalación del ente rector -Sunavi- en la entidad, aunado al establecimiento de los cánones de arrendamiento que nunca se dieron.

“Si vemos en el reglamento encontramos una tabla que me habla del tipo de construcción, ubicación, los años y demás parámetros para establecer precio de alquileres, que debieron ajustarse anualmente y no se ha hecho. Ni Sunavi tiene los peritos para realizar avalúos, determinar el precio justo del valor del inmueble y sacar lo que es el costo del canon de arrendamiento”.


En San Cristóbal cuesta más comprar

A pesar de los altos costos que implica adquirir un inmueble, los tachirenses que tienen poder adquisitivo y acceso a créditos lo hacen. No es el mercado foráneo el que más compra en San Cristóbal, esto es un mito que siempre se ha tenido en la ciudad, dijo la representante de la Cámara Inmobiliaria.

San Cristóbal ha sido una ciudad costosa en todos los niveles, indiscutiblemente. En Carabobo o Lara los alquileres o compra pueden estar quizás en los mismos precios o menos, lo que sucede allí es que hay más construcción, más oferta porque la empresa privada está construyendo. Mientras que en San Cristóbal los desarrollos de interés social accesibles son pocos.

Déficit habitacional supera los 3 millones de viviendas

Las cifras manejadas por la Cámara Inmobiliaria de Déficit Habitacional en el país es de 3 millones de viviendas, número alto y que va en aumento conforme al crecimiento poblacional.

Las personas que buscan alquilar vivienda en San Cristóbal están optando por irse a las afueras de la ciudad, porque resulta casi imposible conseguir una unidad habitacional que se arriende. Zonas como Tucapé, Táriba, Palmira, tienen alta demanda de inquilinos. 

Al ver los avisos clasificados de la prensa regional se puede constatar cómo se ha reducido la oferta de alquileres en casi un 90 %. Lo poco que se consigue en la zona metropolitana es a costos relativamente altos. “En La Castra, un apartamento con 40 años de construido se está alquilando en unos 6 mil bolívares”, dijo la vocera de la Cámara Inmobiliaria.

Es común escuchar que están elevados los alquileres, pero los precios se elevan porque no se consiguen materiales para construir y por eso la empresa privada no está construyendo, precisó.

De acuerdo con la Ley de Estafa Inmobiliaria se dan dos años para el desarrollo de un proyecto habitacional, esto es imposible porque no hay materiales para construir y debe comprarse repagado lo que no cubre los costos.

Por otra parte, los créditos habitacionales y Ley de Política Habitacional son bajos y es necesario tener una suma inicial considerable para poder acceder a la compra de un inmueble. “La mayoría de personas está viviendo en casa de familiares a la espera de ver qué pueden solucionar”.

Si realmente se permitiera a la empresa privada, a través de convenios de costos, llegar a construir viviendas de interés social es posible solucionar el problema habitacional que no es solo de San Cristóbal, sino de toda Venezuela, destacó Elizabeth Morini.

Datos en cifras…

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Aquiles Martini Pietri, informó que el Gobierno en 2014 no consiguió cumplir los objetivos proyectados para Misión Vivienda: hasta el momento se adjudicaron 120.457 viviendas de una meta de 400 mil, lo que significa un incumplimiento de 70%; por otro lado, la producción de Misión Vivienda del año 2014 experimentó una caída de 40% con respecto al anterior.
Hace 10 años el alquiler de viviendas  representaba el 30% de las soluciones habitacionales y 10 años después solo el 1% del mercado inmobiliario lo representa el alquiler”, según el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur),
En la última década la oferta en el sector arrendatario se ha reducido en un 95% según datos de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana basados en los clasificados de los principales periódicos caraqueños de tirada nacional.
Según Apiur, - Asociación de propietarios de inmuebles urbanos-  en la actualidad la Superintendencia Nacional de Arrendamientos (Sunavi), ente que rige el mercado, maneja alrededor de 50.000 casos de desalojo de los que, afirma, ha solucionado dos. El presidente de la Comisión Parlamentaria de Administración y Servicios, Claudio Farías, rechaza esa cifra y dice que son 20.000, de los que 15 ya han sido resueltos.
La oferta de inmuebles es insuficiente para cubrir el déficit que en los últimos 14 años pasó de 1,5 a 2,8 millones, dijo el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini Pietri.
Datos del Banco Centra de Venezuela indican que en el año 2010 se emitieron permisos para 150.000 unidades que construía el sector privado. En 2011 sólo 30.000 y de 2014 no se registran todavía cifras, afirmó la Cámara Inmobiliaria.

Diario de los Andes
19-05-2015

Recopilado por:

Lic. Henry Medina

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