martes, 7 de mayo de 2013

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Escasean inmuebles usados y para estrenar


Constructores no están edificando proyectos y las viviendas del mercado secundario tienen precios 40% por encima del valor real

DULCE MARÍA RODRIGUEZ

La oferta de inmuebles es insuficiente para cubrir el déficit que en los últimos 14 años pasó de 1,5 a 2,8 millones, dijo el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini Pietri. La clase media no puede recurrir al mercado de nuevas viviendas porque los constructores privados no están ejecutando obras y el Gobierno sólo lo hace para el sector de pocos recursos. Agregó que en el mercado secundario los precios han registrado un alza de más de 40%, por encima del valor real, lo que también hace inviable la opción.
“Datos del Banco Centra de Venezuela indican que en el año 2010 se emitieron permisos para 150.000 unidades que construía el sector privado. En 2011 sólo 30.000 y de 2012 no se registran todavía cifras”, afirmó.
La razón por la que se ha inhibido el desarrollo de apartamentos para estrenar
se debe a que los constructores no están levantando urbanismos con capital distinto al que otorga el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, proveniente del Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, en vista del impacto que tienen las restricciones establecidas en la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria y la Ley de Arrendamiento. Una de ellas obliga a la empresa que construya más de 10 inmuebles a pasar por la Superintendencia Nacional de Arrendamientos, que determinará cuántas de esas unidades debe destinar a alquiler.
Uno los artículos de la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria también dice que el precio de las viviendas lo fijará el Gobierno. El costo de los que se venden con financiamiento de política habitacional no puede pasar de 500.000 bolívares.
“Las leyes que se han aprobado han desestimulado el sector. Los constructores no quieren asumir 100% de la inversión de una obra, ni los bancos desean ser corresponsables penales de la culminación del proyecto”, afirmó.
Martini declaró que la construcción privada cayó nuevamente en el primer trimestre de 2013: acumula 13 trimestres en descenso.

Mercado secundario. El director de Grupo Convalor, Juan Celis, indicó que las operaciones de compraventa de inmuebles en el mercado secundario, según cifras del BCV, han bajado 40% en el primer trimestre del año. Afirmó que la oferta de unidades usadas está casi paralizada. Las que están a la venta corresponden a propietarios que se van del país o a los que quieren mudarse a una vivienda más grande o en otro lugar.
Agregó que los precios de las viviendas usadas están dolarizados. Los propietarios incrementaron de manera importante el precio de sus apartamentos por efecto de la devaluación y los altos costos de reposición lo que ha incidido en el número de operaciones que se concretan. “El mercado está distorsionado, los dueños han aumentado los precios hasta 46%”, dijo.

El Nacional
05-05-2013

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La eficiencia energética no llegó a Misión Vivienda


En varios urbanismos del programa los habitantes no pagan por la electricidad y no se han instalado medidores. Tampoco se cumple el Código Eléctrico Nacional, que deben acatar los constructores

EMILY AVENDAÑO

La penumbra es la invitada no deseada en los pasillos de la torre 34 de Ciudad Tiuna. Las 150 familias adjudicadas en ese edificio, al mudarse, a finales de diciembre, encontraron que ninguno de los apartamentos tenía bombillos ni tampoco los había en las áreas comunes.

Cada vivienda tiene 11 lámparas. En todas las reuniones que han sostenido con los representantes de la constructora y de la Fundación Rusa para la Construcción de Viviendas –responsable del urbanismo– han exigido no sólo los focos, sino que cubran el cableado eléctrico que quedó al descubierto en las paredes.

Tanto en las viviendas como en las áreas comunes se encuentran indistintamente bombillos incandescentes y ahorradores. Su uso depende de la disponibilidad económica que tengan los habitantes del complejo para surtirse. “En febrero, una noche sentimos un olor a quemado y resultó ser el tablero de los interruptores eléctricos que estaba echando humo, aparentemente porque estaba sobrecargado. Cuando revisamos también vimos que había muchos cables sueltos”, dijo una de las adjudicadas en el edificio de 15 pisos.

Los habitantes de Ciudad Tiuna no pagan por el servicio eléctrico que reciben, tampoco lo hacen los residentes de las torres Las Acacias A y B que están ubicadas en Plaza Venezuela, ni los del conjunto residencial Yuruaní en San Bernardino. Los tres urbanismos forman parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela y los dos últimos tienen seis meses habitados.

En Ciudad Tiuna tienen problemas con la instalación de los medidores y los residentes de los otros dos edificios alegan que las obras no han sido totalmente concluidas.

Miguel Lara, ex director de la Oficina de Planificación de Sistemas Interconectados, subrayó que si el desarrollo de los urbanismos no viene acompañado con la correspondiente ampliación de los sistemas de distribución se corre el riesgo de sobrecarga: “La vida útil del equipamiento eléctrico se ve deteriorada exponencialmente por el abuso y la falta de mantenimiento”.

Jorge Rodríguez, jefe del Departamento de Energética de la Universidad Metropolitana, afirmó que el pago lo asumen el resto de los usuarios en calidad de servicio. “Existe un aumento de demanda y si esta no se planifica se pueden sobrecargar las líneas de alta tensión; para evitar esto hay que cortar la electricidad en otro lado, dentro del mismo circuito”.



Desequilibrios. El cableado eléctrico al descubierto viola las condiciones de habitabilidad de cualquier urbanismo y tiene implicaciones para la seguridad de sus habitantes. “Tememos que algún niño al tocar un cable pueda recibir un corrientazo. Aquí tenemos un problema de falta de supervisión, comienzan a hacer los trabajos y luego los abandonan a medias”, dijeron en Ciudad Tiuna.

Cualquier construcción que se desarrolle en el país debe apegarse al Código Eléctrico Nacional, “pero el Gobierno no se lo exige a quienes trabajan en la Misión Vivienda”, afirmó Lara.

Aidaelena Smith, ingeniero electricista especialista en centros de control de energía eléctrica, expresó que el sistema eléctrico funciona en equilibrio: “Es un sistema trifásico. Si sobrecargas una de las fases, puedes dejar todo un sector sin luz. El problema con el pago debe darse porque, probablemente, Corpoelec no tiene medidores; ese es un problema que solía ocurrir con Cadafe. Los medidores son importantes porque te indican si ocurre algún problema. Hay que registrar esa energía para saber cuánto estás vendiendo. El sistema necesita estadísticas, números, registros”. Destacó que, de acuerdo con un estudio realizado por La Electricidad de Caracas, a los usuarios les gusta contar con el medidor porque les otorga categoría como clientes y les permite reclamar en caso de fallas.



Ahorro energético. El viernes, los residentes de Las Acacias tenían previsto asistir a un taller con Corpoelec, en el que les iban a explicar técnicas para hacer un uso racional del servicio. Zoraida Hidalgo, vocera de la torre, señaló que en la reunión definirían lo concerniente al pago de la energía.

Las residencias Yuruaní fueron entregadas con bombillos ahorradores, las luces exteriores se cargan con energía solar y se encienden automáticamente.  Una de las residentes de otro edificio de la Misión Vivienda, localizado en Las Palmas, aseguró que se mudó en diciembre y desde febrero paga lo que consume en energía. “Mensualmente, cada residente aporta 100 bolívares para hacernos cargo del mantenimiento de las áreas comunes. Si se quema un bombillo, usamos ese dinero para sustituirlo y procuramos que sea con un foco ahorrador. Queremos formar un condominio para pagar además la energía que consume el ascensor. Debemos aportar, porque ya el Gobierno nos dio lo que nos tenía que dar”.

La penumbra es la invitada no deseada en los pasillos de la torre 34 de Ciudad Tiuna. Las 150 familias adjudicadas en ese edificio, al mudarse, a finales de diciembre, encontraron que ninguno de los apartamentos tenía bombillos ni tampoco los había en las áreas comunes.

Cada vivienda tiene 11 lámparas. En todas las reuniones que han sostenido con los representantes de la constructora y de la Fundación Rusa para la Construcción de Viviendas –responsable del urbanismo– han exigido no sólo los focos, sino que cubran el cableado eléctrico que quedó al descubierto en las paredes.

Tanto en las viviendas como en las áreas comunes se encuentran indistintamente bombillos incandescentes y ahorradores. Su uso depende de la disponibilidad económica que tengan los habitantes del complejo para surtirse. “En febrero, una noche sentimos un olor a quemado y resultó ser el tablero de los interruptores eléctricos que estaba echando humo, aparentemente porque estaba sobrecargado. Cuando revisamos también vimos que había muchos cables sueltos”, dijo una de las adjudicadas en el edificio de 15 pisos.

Los habitantes de Ciudad Tiuna no pagan por el servicio eléctrico que reciben, tampoco lo hacen los residentes de las torres Las Acacias A y B que están ubicadas en Plaza Venezuela, ni los del conjunto residencial Yuruaní en San Bernardino. Los tres urbanismos forman parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela y los dos últimos tienen seis meses habitados.

En Ciudad Tiuna tienen problemas con la instalación de los medidores y los residentes de los otros dos edificios alegan que las obras no han sido totalmente concluidas.

Miguel Lara, ex director de la Oficina de Planificación de Sistemas Interconectados, subrayó que si el desarrollo de los urbanismos no viene acompañado con la correspondiente ampliación de los sistemas de distribución se corre el riesgo de sobrecarga: “La vida útil del equipamiento eléctrico se ve deteriorada exponencialmente por el abuso y la falta de mantenimiento”.

Jorge Rodríguez, jefe del Departamento de Energética de la Universidad Metropolitana, afirmó que el pago lo asumen el resto de los usuarios en calidad de servicio. “Existe un aumento de demanda y si esta no se planifica se pueden sobrecargar las líneas de alta tensión; para evitar esto hay que cortar la electricidad en otro lado, dentro del mismo circuito”.



Desequilibrios. El cableado eléctrico al descubierto viola las condiciones de habitabilidad de cualquier urbanismo y tiene implicaciones para la seguridad de sus habitantes. “Tememos que algún niño al tocar un cable pueda recibir un corrientazo. Aquí tenemos un problema de falta de supervisión, comienzan a hacer los trabajos y luego los abandonan a medias”, dijeron en Ciudad Tiuna.

Cualquier construcción que se desarrolle en el país debe apegarse al Código Eléctrico Nacional, “pero el Gobierno no se lo exige a quienes trabajan en la Misión Vivienda”, afirmó Lara.

Aidaelena Smith, ingeniero electricista especialista en centros de control de energía eléctrica, expresó que el sistema eléctrico funciona en equilibrio: “Es un sistema trifásico. Si sobrecargas una de las fases, puedes dejar todo un sector sin luz. El problema con el pago debe darse porque, probablemente, Corpoelec no tiene medidores; ese es un problema que solía ocurrir con Cadafe. Los medidores son importantes porque te indican si ocurre algún problema. Hay que registrar esa energía para saber cuánto estás vendiendo. El sistema necesita estadísticas, números, registros”. Destacó que, de acuerdo con un estudio realizado por La Electricidad de Caracas, a los usuarios les gusta contar con el medidor porque les otorga categoría como clientes y les permite reclamar en caso de fallas.



Ahorro energético. El viernes, los residentes de Las Acacias tenían previsto asistir a un taller con Corpoelec, en el que les iban a explicar técnicas para hacer un uso racional del servicio. Zoraida Hidalgo, vocera de la torre, señaló que en la reunión definirían lo concerniente al pago de la energía.

Las residencias Yuruaní fueron entregadas con bombillos ahorradores, las luces exteriores se cargan con energía solar y se encienden automáticamente.  Una de las residentes de otro edificio de la Misión Vivienda, localizado en Las Palmas, aseguró que se mudó en diciembre y desde febrero paga lo que consume en energía. “Mensualmente, cada residente aporta 100 bolívares para hacernos cargo del mantenimiento de las áreas comunes. Si se quema un bombillo, usamos ese dinero para sustituirlo y procuramos que sea con un foco ahorrador. Queremos formar un condominio para pagar además la energía que consume el ascensor. Debemos aportar, porque ya el Gobierno nos dio lo que nos tenía que dar”.

La penumbra es la invitada no deseada en los pasillos de la torre 34 de Ciudad Tiuna. Las 150 familias adjudicadas en ese edificio, al mudarse, a finales de diciembre, encontraron que ninguno de los apartamentos tenía bombillos ni tampoco los había en las áreas comunes.

Cada vivienda tiene 11 lámparas. En todas las reuniones que han sostenido con los representantes de la constructora y de la Fundación Rusa para la Construcción de Viviendas –responsable del urbanismo– han exigido no sólo los focos, sino que cubran el cableado eléctrico que quedó al descubierto en las paredes.

Tanto en las viviendas como en las áreas comunes se encuentran indistintamente bombillos incandescentes y ahorradores. Su uso depende de la disponibilidad económica que tengan los habitantes del complejo para surtirse. “En febrero, una noche sentimos un olor a quemado y resultó ser el tablero de los interruptores eléctricos que estaba echando humo, aparentemente porque estaba sobrecargado. Cuando revisamos también vimos que había muchos cables sueltos”, dijo una de las adjudicadas en el edificio de 15 pisos.

Los habitantes de Ciudad Tiuna no pagan por el servicio eléctrico que reciben, tampoco lo hacen los residentes de las torres Las Acacias A y B que están ubicadas en Plaza Venezuela, ni los del conjunto residencial Yuruaní en San Bernardino. Los tres urbanismos forman parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela y los dos últimos tienen seis meses habitados.

En Ciudad Tiuna tienen problemas con la instalación de los medidores y los residentes de los otros dos edificios alegan que las obras no han sido totalmente concluidas.

Miguel Lara, ex director de la Oficina de Planificación de Sistemas Interconectados, subrayó que si el desarrollo de los urbanismos no viene acompañado con la correspondiente ampliación de los sistemas de distribución se corre el riesgo de sobrecarga: “La vida útil del equipamiento eléctrico se ve deteriorada exponencialmente por el abuso y la falta de mantenimiento”.

Jorge Rodríguez, jefe del Departamento de Energética de la Universidad Metropolitana, afirmó que el pago lo asumen el resto de los usuarios en calidad de servicio. “Existe un aumento de demanda y si esta no se planifica se pueden sobrecargar las líneas de alta tensión; para evitar esto hay que cortar la electricidad en otro lado, dentro del mismo circuito”.



Desequilibrios. El cableado eléctrico al descubierto viola las condiciones de habitabilidad de cualquier urbanismo y tiene implicaciones para la seguridad de sus habitantes. “Tememos que algún niño al tocar un cable pueda recibir un corrientazo. Aquí tenemos un problema de falta de supervisión, comienzan a hacer los trabajos y luego los abandonan a medias”, dijeron en Ciudad Tiuna.

Cualquier construcción que se desarrolle en el país debe apegarse al Código Eléctrico Nacional, “pero el Gobierno no se lo exige a quienes trabajan en la Misión Vivienda”, afirmó Lara.

Aidaelena Smith, ingeniero electricista especialista en centros de control de energía eléctrica, expresó que el sistema eléctrico funciona en equilibrio: “Es un sistema trifásico. Si sobrecargas una de las fases, puedes dejar todo un sector sin luz. El problema con el pago debe darse porque, probablemente, Corpoelec no tiene medidores; ese es un problema que solía ocurrir con Cadafe. Los medidores son importantes porque te indican si ocurre algún problema. Hay que registrar esa energía para saber cuánto estás vendiendo. El sistema necesita estadísticas, números, registros”. Destacó que, de acuerdo con un estudio realizado por La Electricidad de Caracas, a los usuarios les gusta contar con el medidor porque les otorga categoría como clientes y les permite reclamar en caso de fallas.



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Las residencias Yuruaní fueron entregadas con bombillos ahorradores, las luces exteriores se cargan con energía solar y se encienden automáticamente.  Una de las residentes de otro edificio de la Misión Vivienda, localizado en Las Palmas, aseguró que se mudó en diciembre y desde febrero paga lo que consume en energía. “Mensualmente, cada residente aporta 100 bolívares para hacernos cargo del mantenimiento de las áreas comunes. Si se quema un bombillo, usamos ese dinero para sustituirlo y procuramos que sea con un foco ahorrador. Queremos formar un condominio para pagar además la energía que consume el ascensor. Debemos aportar, porque ya el Gobierno nos dio lo que nos tenía que dar”.

La penumbra es la invitada no deseada en los pasillos de la torre 34 de Ciudad Tiuna. Las 150 familias adjudicadas en ese edificio, al mudarse, a finales de diciembre, encontraron que ninguno de los apartamentos tenía bombillos ni tampoco los había en las áreas comunes.Cada vivienda tiene 11 lámparas. En todas las reuniones que han sostenido con los representantes de la constructora y de la Fundación Rusa para la Construcción de Viviendas –responsable del urbanismo– han exigido no sólo los focos, sino que cubran el cableado eléctrico que quedó al descubierto en las paredes.Tanto en las viviendas como en las áreas comunes se encuentran indistintamente bombillos incandescentes y ahorradores. Su uso depende de la disponibilidad económica que tengan los habitantes del complejo para surtirse. “En febrero, una noche sentimos un olor a quemado y resultó ser el tablero de los interruptores eléctricos que estaba echando humo, aparentemente porque estaba sobrecargado. Cuando revisamos también vimos que había muchos cables sueltos”, dijo una de las adjudicadas en el edificio de 15 pisos.Los habitantes de Ciudad Tiuna no pagan por el servicio eléctrico que reciben, tampoco lo hacen los residentes de las torres Las Acacias A y B que están ubicadas en Plaza Venezuela, ni los del conjunto residencial Yuruaní en San Bernardino. Los tres urbanismos forman parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela y los dos últimos tienen seis meses habitados.En Ciudad Tiuna tienen problemas con la instalación de los medidores y los residentes de los otros dos edificios alegan que las obras no han sido totalmente concluidas.Miguel Lara, ex director de la Oficina de Planificación de Sistemas Interconectados, subrayó que si el desarrollo de los urbanismos no viene acompañado con la correspondiente ampliación de los sistemas de distribución se corre el riesgo de sobrecarga: “La vida útil del equipamiento eléctrico se ve deteriorada exponencialmente por el abuso y la falta de mantenimiento”.

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El Nacional
06-05-2013

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Familias tienen 14 años alojadas en albergue


Fueron tildados de invasores durante ocho años. Siguen en lista de espera porque la prioridad es para quienes viven en refugios

LUIS LÓPEZ

En un edificio localizado en la vía principal de Navarrete permanecen 18 familias del sector Las Perlas, parroquia Maiquetía, que fueron afectadas por el deslave ocurrido en 1999. El inmueble tiene 2 plantas, techos con filtraciones, paredes agrietadas y escaleras metálicas deterioradas.

La vieja edificación fue ocupada el 17 de diciembre de 1999. “Pasamos el río con un mecate y el jefe civil de Maiquetía, Luis Narváez, permitió que nos quedáramos en este lugar, pero durante los ocho años de gestión del gobernador Antonio Rodríguez, las familias fuimos consideradas invasoras, por lo que no hubo atención de parte del ente gubernamental”, afirmó Aracelis Hernández.

La gestión del gobernador Jorge Luis García Carneiro los censó para incluirlos en la Gran Misión Vivienda. Los documentos de esas familias reposan en el Instituto de la Vivienda de Vargas. “La semana pasada fuimos a Ivivar, Instituto Autónomo de la Vivienda del Estado Vargas, y nos informaron que debemos esperar porque la prioridad la tienen quienes se mantienen en refugios. Sin embargo, nosotros tenemos 14 años esperando en este lugar”, afirmó Hernández.

Una de las afectadas, Luisa Díaz, señaló que a ninguna de estas familias han beneficiado con  viviendas. “Estamos en una estructura que se deteriora cada vez más. Hay temor por la seguridad porque el techo  puede desplomarse. Las filtraciones y  humedad en las paredes afectan la salud de niños y ancianos. Necesitamos salir de este lugar”, sostuvo.

“Este inmueble no está catalogado como refugio, sino como albergue. Estamos afectados desde hace 14 años y la repuesta es que esperemos”, se quejaron las refugiadas.

El Nacional
04-05-2013

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Fallan materiales para la construcción


El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Gilbert Dao, indicó que la escasez de materiales para la construcción como cemento y cabillas se encuentra entre 60% y 80%

El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Gilbert Dao, indicó que la escasez de materiales para la construcción como cemento y cabillas se encuentra entre 60% y 80% y las que se consiguen en el mercado están a un precio muy por encima del regulado. Denunció que esto retrasa la ejecución de las obras porque dependen del suministro de esos productos.

Dao advirtió que la poca oferta de materiales impulsa el alza en los precios de estos así como la devaluación.

Cifras del Banco Central de Venezuela muestran que los productos e insumos para el sector construcción aumentaron 29,7% en un año, al cerrar marzo con un incremento intermensual de 4,7%. "Esperaba que para ese mes el repunte de los precios que registra el BCV fuera más significativo que el de febrero porque ya se estaba observando un alza importante en los productos importados", aseguró.

Dijo que en marzo hubo problemas para conseguir tuberías. Coincidencialmente, las tuberías fueron uno de los artículos que más aumentaron de precio durante marzo y entre el primer trimestre de 2013 y el mismo periodo de 2012.

Señaló que comerciantes del ramo aseguran que tampoco se consiguen mallas de acero. Los ferreteros coinciden en que el mercado no se surte con estos materiales con regularidad, porque la mayoría de la producción está destinada a la Gran Misión Vivienda.

El Nacional
05-05-2013

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Prevén elevar hasta 300 kilos per cápita demanda de cemento


Gobierno dice que la producción se ubica en 8,4 millones de toneladas

Se estima que demanda suba hasta 500 kilos per cápita al año

El vicepresidente para el Área Económico-Productiva y ministro para Industrias, Ricardo Menéndez, informó que se estima incrementar el consumo per cápita de cemento por habitantes a 300 kilos en 2013, siguiendo los lineamientos de inversión del Plan de la Patria 2013-2019.

"Antes de la Revolución Bolivariana, el consumo per cápita era de 130 kilos por habitante al año, solamente con las medidas del Comandante Chávez en el sector subimos a 280 kilos" en 2012, indicó en una de las plantas de la Corporación Socialista de Cemento en los Valles del Tuy, estado Miranda.

En ese sentido, para 2018 se tiene proyectado aumentar ese consumo a 500 kilos por persona, reseñó AVN.

Recordó que, en 2012, Venezuela alcanzó un nuevo récord nacional de producción de cemento con 8.440.000 de toneladas, debido a una serie de medidas que han fortalecido estás fábricas en el país.

En referencia al Gobierno de Calle en los Valles del Tuy, Menéndez apuntó que han revisado la situación del parque industrial y de las zonas especiales de desarrollo, para fortalecer este sector y "cambiar un paradigma de que Los Valles del Tuy es un depósito de damnificados, como fue concebido en la Cuarta República".

El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, ratificó que la decisión de nacionalizar el sector tenía el objetivo de garantizar este material para la construcción de viviendas y obras de infraestructura. A mediados del año 2008, Hugo Chávez aprobó el decreto para la nacionalización de la industria cementera que estaba en manos de las transnacionales Cemex, de México; Holcim, de Suiza, y Lafarge, de Francia.

El Universal
06-05-2013

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La mesa está servida para concertar un reajuste de precios


Gabriela Iribarren.- En las dos últimas semanas se han notado avances en cuanto a un posible reajuste de precios de los alimentos de la cesta básica regulados hace varios años por el Ejecutivo nacional.

Asimismo, podría darse una revisión del precio máximo de venta al público fijado por la Sundecop a 19 productos -compotas, agua mineral, jugos pasteurizados y artículos de aseo personal e higiene- hace más de 17 meses.

Los retrasos en la toma de decisiones en materia de precios han generado serias distorsiones en el mercado, afectando al consumidor. El caso es que los llamados "precios informales" o sobreprecios desplazaron en forma alarmante a los regulados.
Ejemplos hay muchos, como la chuleta de cerdo -regulada a Bs 16, pero no se consigue en menos de Bs 82 el kilo- y la sardina enlatada, regulada en Bs. 1,55, pero no baja de Bs 3,50 en los anaqueles de los expendios.

"Es el momento para que el Gobierno permita el ajuste de precios de varios de los productos regulados para permitir el aumento de la producción", coinciden en señalar voceros gubernamentales y de la industria privada. Equipos técnicos del Ministerio de Finanzas y del Banco Central de Venezuela (BCV) han alertado al Ejecutivo sobre la necesidad de hacer ajustes periódicos de los precios regulados, porque al retrasarlos por mucho tiempo se originan grandes rezagos entre los costos de producción y el precio de venta, que al final se traducen en problemas de abastecimiento y más inflación .

En fin, hoy día contamos con un mercado que tiene un comportamiento "imperfecto" en cuanto a variedad y existencia de productos.

El Mundo, Economía y Negoocios
05-05-2013

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Este año sólo se cubrirá 13,75% del déficit habitacional


Para 2013 el gobierno anunció la construcción de 22 mil unidades residenciales en la entidad, de las 160 mil que se requieren, de acuerdo con el censo que realizó en 2011 la Gmvv

Nathalia Guzmán Soto

El último plan que ejecutó una OCV fue el que se levanta en la avenida Cumanagoto de Barcelona y que luego asumió la Gmvv.Foto: José Barrios
Zona Norte.- El censo que realizó en el último trimestre de 2011 la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv) en Anzoátegui arrojó que el déficit de unidades residenciales en el estado se ubica en más de 160 mil. Ese año, el Instituto Nacional de Estadística (INE) empadronó 472.605 casas distribuidas en los 21 municipios.

Aunque en los últimos dos años el Gobierno nacional dijo haber “acelerado” la construcción de viviendas a través del financiamiento de proyectos a los entes comunales, la falta de casas especialmente para las familias de las clases sociales más bajas (D y E) sigue acentuándose en un promedio anual que oscila entre 10 mil y 15 mil unidades en la entidad, según cifras de expertos y de instituciones.

En 2013, el sector público apenas edificará 22 mil viviendas en el estado, lo que representa 13,75% del total que se requiere, según la misión. A principios de año, la meta de las autoridades regionales y nacionales era de 16 mil unidades, pero luego decidieron construir otras 6 mil.

El Ejecutivo cuenta con cinco instancias para cubrir la demanda habitacional: la Gmvv, los Campamentos de Pioneros (CP) y Fundacomunal que financia a los Consejos Comunales (CC) (dependen del nivel central), Sevigea (Secretaría de Vivienda de Anzoátegui) y los Imuvi (Institutos Municipales de Vivienda).

Anteriormente, estas construcciones estaban a cargo de las Organizaciones Comunitarias de Viviendas (OCV) que eran constituidas por varios CC de zonas vecinas, el ministerio, Sevigea y los Imuvi.

Pero hace cuatro años, el gobierno eliminó las OCV y creó misiones y otras instancias comunales para que los propios beneficiarios se encargaran, a través de la autogestión, de construir sus casas y urbanismos bajo la supervisión de profesionales contratados por ellos y técnicos designados por las autoridades.

El último proyecto que ejecutó una OCV en la zona norte de Anzoátegui fue el denominado Los Ángeles que está ubicado en la avenida Cumanagoto de Barcelona.
Allí se edificaron 240 apartamentos en una primera etapa y ya está en ejecución la segunda. Esta asociación fue conformada por cuatro CC.

El presidente de Sevigea, Álvaro Hernández, declaró que de las 22 mil casas que serán construidas en este ejercicio económico, mil estarán a cargo de su despacho con una inversión de 157 millones 942 mil 703 bolívares, y el resto serán responsabilidad de la Gmvv.

Reportó que 40% de las 16 mil viviendas previstas inicialmente, ya se encuentran en ejecución y estima que su construcción y el urbanismo dure entre tres y cuatro meses.

De cifras en cifras

Hace cinco años, el entonces presidente de Sevigea, Wilfredo Silva, declaró que el déficit en la entidad era de 110 mil unidades.

En esa oportunidad advirtió que para ir disminuyendo ese índice se debían construir entre 15 mil y 20 mil unidades cada año. Apuntó que el déficit habitacional acumulado correspondía a 30 años. Adujo que uno de los principales problemas que enfrentaban las autoridades era que no existía un banco de datos de tierra, donde cada alcaldía pudiera aportar un lote de terreno para comenzar a ejecutar proyectos habitacionales y así cubrir la demanda.

A la par de los planes que desarrollan los entes gubernamentales, las comunidades organizadas también ejecutan sus obras a través de la autogestión y con recursos aportados por el nivel central.

Desde 2010, cuando comenzó el movimiento de CP en Anzoátegui, se han conformado 10 y otros 18 están en proceso. Si se desarrollan los proyectos habitacionales de estas 28 instancias, poco más de 5.600 familias obtendrían una casa, indicó Yinder Saldivia, de la coordinación nacional de Campamentos de Pioneros.
En camino

Los entes comunales conformados están ubicados en sectores de los municipios Bolívar, Sotillo, Urbaneja (zona norte), Anaco, Freites (centro) y Simón Rodríguez (sur) y ya cuentan con terrenos asignados que sólo esperan ser decretados como áreas para vivir por la Vicepresidencia Territorial, para que reciban el financiamiento que requieren.

De los 10 campamentos que hay constituidos en la entidad, cinco tienen el proyecto listo y está a la espera de la firma del Presidente de la República para recibir el financiamiento que otorga el Fondo de Autogestión del Consejo Federal de Gobierno (CFG).

Las obras serán desarrolladas en Barcelona (una detrás de la plaza San Felipe, dos en Nueva Barcelona y otra en la avenida Cumanagoto) y una en Lechería. En total, 1.380 familias beneficiadas.

“Todos los proyectos se desarrollan con personal calificado y técnicos que son contratados por los campamentos. Los planes de los 28 CP que hay en el estado favorecerían a más de 5.600 familias de seis jurisdicciones”, apuntó Saldivia.

Precisó que todos los terrenos están situados en áreas urbanas de los municipios. “Estos planes forman parte de la lucha de las comunidades para rescatar nuestras tierras urbanas mediante la autogestión”.

El primer CP creado en el estado es el Punta Caribe (2011) en el municipio Urbaneja y es el único que entregará sus primeras casas antes de junio de este año.
Los 67 núcleos familiares que serán beneficiados con esta primera fase del plan ocuparon en 2009 el hotel del mismo nombre que tenía 12 años abandonado y que está ubicado en el Complejo Turístico El Morro de Lechería.

Esta etapa de la obra incluye la restauración de la vieja estructura, mejoras a la entrada y al estacionamiento, una radio comunitaria, una productora comunitaria audiovisual para el sector, tres salones de conferencia y dos oficinas administrativas. Desde allí trasmite desde hace varios meses la estación radial El Morro 89.7 FM, en período de prueba.

Saldivia explicó que las instalaciones hoteleras fueron transferidas al CP Punta Caribe el 11-5-2011 por el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade).

Anunció que los 67 apartamentos que fueron habilitados y acondicionados para el mismo número de familias serán entregados, totalmente listos, en la segunda semana de mayo.

La lucha sigue

Otros 300 núcleos familiares se beneficiarán con el Campamento de Pioneros Batalla de Carabobo de Barcelona, informó una de sus voceras principales, Melania Marval, quien junto con el resto de los miembros de la OCV Rosa Mística creo esta nueva instancia hace dos años.

“Con la eliminación de las OCV nacieron los CP que tienen como principal función rescatar las tierras urbanas que están abandonadas para construir conjuntos residenciales a través de la autogestión con financiamiento gubernamental para las personas que no tienen casa propia o que viven en zonas de riesgo”, aclaró la dirigente comunal.
Ocupados

Según la representante, en el sector Nueva Barcelona de la capital anzoatiguense, que está en pleno desarrollo y donde se están levantando grandes conjuntos con inversión privada, hay 12 campamentos que ocupan desde hace varios meses parcelas de particulares en las que no se ha iniciado ninguna obra.

“Estamos pidiendo que nos otorguen estos terrenos para ejecutar los proyectos que tienen los CP. Nos reunimos con concejales de Bolívar y con los directores de la alcaldía y de Catastro para volver a realizar la solicitud y que nos informen qué ha pasado con el plazo de año y medio que les iba a dar la alcaldesa a las dueños de estos terrenos para que construyeran. Es necesario que les adjudiquen a los campamentos tierras urbanas para desarrollar sus planes”.

Cinco de estos espacios que han sido ocupados por los CP fueron inspeccionados el 26-3-2012 por una comisión de la Vicepresidencia Territorial que fue creada por el expresidente Hugo Chávez, para atender a los campamentos y decretar las áreas a vivir a din de ejecutar los proyectos y urbanismos. En junio pasado, regresaron los funcionarios para fiscalizar otros cinco terrenos.

Marval aseguró que estos lotes de tierra pasaron las pruebas técnicas, pero con la enfermedad y luego el fallecimiento del exmandatario, se detuvieron las acciones y la comisión no ha vuelto a la entidad.

Espera que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, dé respuesta en los próximos días y que vuelva el equipo de trabajo de la Vicepresidencia Territorial para continuar con las inspecciones a las parcelas que son custodiadas por los Campamentos de Pioneros.

¿Cuánto cuestan las viviendas?

El costo de las unidades residenciales que construirá este año el gobierno en Anzoátegui dependerá de las dimensiones de cada una, según informó el presidente de Sevigea, Álvaro Hernández. Los plazos de pago se establecerán de acuerdo con la situación económica de los beneficiarios. En el caso de las familias damnificadas tendrán un año de gracia para empezar a cancelar mensualmente el inmuebles que recibirán equipado con línea blanca y marrón. Las viviendas unifamiliares tienen un valor de Bs 140 mil, las tetrafamiliares Bs 310 mil y las multifamiliares hasta 510 mil bolívares. El único requisito para obtener una casa es no poseer una propia y estar inscrito en la Gmvv (Gran Misión Vivienda Venezuela).

Un proyecto quedó pendiente

Aunque la Organización Comunitaria de Vivienda (OCV) Los Corales del municipio Diego Bautista Urbaneja, recibió un terreno para ejecutar un desarrollo habitacional a fin de beneficiar a 280 familias que tenían 10 años luchando para obtener una casa propia, nunca se inició el proyecto porque ni siquiera recibió el financiamiento que le otorgaría el nivel central. La adjudicación de la parcela fue realizada en 2010 por el alcalde de Lechería, Víctor Hugo Figueredo. El espacio que le otorgó el ayuntamiento a la OCV está ubicado en la avenida Fabricio Ojeda, diagonal a la cancha del sector Venezuela. Elplan de la OCV no se concretó ante de que el nivel central eliminara estas instancias para crear los Campamentos de Pioneros (CP) que se encargaría de la edificación de moradas y del urbanismo a través de la autogestión con recursos gubernamentales. Esta obra contempla 12 torres de cinco pisos cada una, así como áreas verdes y estacionamientos.

Único requisito: no tener vivienda

Para pertenecer a un Campamento de Pioneros, el principal requisito es no contar con casa propia, porque esta instancia es sólo para las personas que no tienen un techo. La única excepción es que el futuro beneficiario posea una vivienda considerada de alto riesgo por los entes correspondientes. Estas organismos están conformadas por las comunidades y ciudadanos organizados y luego deben tramitar su legalización ante la Vicepresidencia Territorial en Caracas.

El Tiempo
05-05-2013

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Policaracas desaloja a invasores en San Bernardino


11 familias se refugiaban en una quinta ubicada en la avenida Francisco Javier Uztari. La vivienda tenía un inquilino

Mabel Sarmiento Garmendia.- Efectivos de Policaracas desalojaron a 11 familias, cerca de 35 personas, que la madrugada del lunes 29 de abril ocuparon ilegalmente una vivienda que estaba alquilada.

El inmueble ubicado en la avenida Francisco Javier Uztari, cerca de Crema Paraíso, en San Bernardino, al parecer tiene dueño. Pero según Liset López, una de las personas que lo ocupó ilegalmente, tenía más de ocho años abandonado y los propietarios están fuera del país. "Nos metimos porque estábamos en hoteles como damnificados y arrimados. De hecho algunos vecinos nos dijeron que no nos saliéramos. Pero Policaracas nos sacó a la fuerza y ahora estamos con los niños, cerca de 23 en la calle. Les pedimos que nos ayudaran a buscar una solución pero se negaron. Creemos que el consejo comunal de la zona se quiere quedar con la quinta".

Por su parte, Carlos Julio Rojas, vocero del Frente de Defensa de la parroquia Candelaria, dijo que desde el lunes se ha estado en conversación con la dueña y este viernes se efectuó el desalojo de esta invasión, la número 75 que ocurre en el norte de Caracas y la décima que se registra en San Bernardino.

Ultimas Noticias
03-05-2013

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Piden más voluntad para mejorar calidad de vida en la ciudad


Inseguridad, basura y alto costo de la vida son las áreas en las que deben priorizar la atención este año las alcaldías que integran el Área Metropolitana, según reveló el estudio de percepción sobre el desempeño de los gobiernos locales realizado por la asociación civil Por la Caracas Posible.

En cuanto a la prestación de los servicios públicos el alumbrado y el sistema de transporte son las principales preocupaciones de los caraqueños, quienes según la encuesta atribuyen la responsabilidad al Gobierno Nacional, "debido a su conexión directa con su funcionamiento", dijo Fredery Calderón, presidente de la asociación.

Aunque cada municipio cuentan con proyectos para darle respuesta a estos problemas, los mil ciudadanos consultados creen que hace falta mayor voluntad política de parte de las autoridades y ordenanzas municipales más fuertes para mejorar la calidad de vida en la ciudad.

El estudio también arrojó que los ciudadanos perciben una coordinación importante entre las alcaldías y el Gobierno Metropolitano; pero mantienen poca relación con el Gobierno Nacional lo que va en detrimento de la resolución de los problemas. La gestión mejor valorada fue la de Chacao, seguida por Baruta, mientras que Sucre y El Hatillo están en el medio y Libertador de último.

El Universal
03-05-2013

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Trabajadores residenciales de Anzoátegui aún no le ven "el queso a la tostada"


Trabajadores de condominios piden les expliquen artículos de la Lott

Dos años no han sido suficientes para que los trabajadores residenciales le vean “el queso a la tostada”. Y es que después de haberse promulgado el Decreto Nº 8.197 para dignificar las condiciones laborales de los conserjes, aún persisten irregularidades

Carlos Espinoza, vocero de formación de la Organización de Trabajadores Residenciales del estado Anzoátegui (Otrea), informó que solo bajaron las horas de trabajo de 15 a ocho diarias y que se incorporó el cobro de cestaticket y disfrute de sábados y domingos libres.

Sin embargo, advirtió que algunos condominios incumplen el plazo de desocupación, al terminar la relación laboral con el empleado. “Son tres meses de plazo para salir y se empieza a contar al hacerse efectivo el pago de la liquidación. Muchos piden desalojo de una vez”.

Añadió que no se trata de una rebelión contra los patronos, sino de una forma de mejorar las condiciones de los trabajadores de esa área.

“Aquí hay personas que desconocen el tema de los empleados residenciales. En este grupo somos apenas 82, pero solo en Lechería hay unos 250 conjuntos residenciales”.

Sin supervisión

El representante de la organización denunció que han solicitado supervisiones de las instituciones públicas como: Ministerio Público y el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), pero nunca visitan las residencias para constatar las irregularidades.

Ante esta situación, buscarán cualquier mecanismo para hacer valer sus derechos.

Puso como ejemplo que todavía los conserjes siguen haciendo trabajos de jardinería, vigilantes, entre otras funciones que aún no se han priorizado por empleados.

Por su parte, Carlos Marín, quien trabaja en un condominio, situado en Nueva Barcelona, se quejó porque aún no se han sentado a explicarle cómo trabajarán con la Ley del Trabajo que entra en vigencia este 7 de mayo. “Yo todavía sigo trabajando 12 horas corridas y ejerciendo labores de todo un poco”.

Sin estar en organización, el empleado pidió que instituciones del Estado eduquen sobre los beneficios para que puedan reclamar.

Vale resaltar que algunas novedades de la nueva Ley son: la jornada laboral será conforme a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes en materia laboral seguridad social y condiciones de ambiente de trabajo, y la prohibición de descuentos indebidos al salario, queda en el pasado la palabra “conserje”, por ser un término peyorativo y que refiere a una forma contemporánea de esclavitud.

También, el trabajador residencial tendrá a su cargo la limpieza y aseo de las áreas comunes de un inmueble destinado a viviendas multifamiliares y/o oficinas y la prohibición de la sobre explotación, entendida como la asignación de labores que no corresponden a la definición del oficio.

Ante esta situación, queda un trecho largo por avanzar, pues los trabajadores residenciales no están recibiendo el trato, según las leyes.

Es de destacar que en el país se ha conformado micondominio.com que dicta talleres y ofrece respuestas a los casos relacionados con conjuntos residenciales. A través d su página web su creador Elías Santa ofrece apoyo a los condominios.

El Norte
03-05-2013

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Cobraba Bs 5.000 por cupo en la Misión Vivienda


El hombre había estafado a seis familias. Les decía que él agilizaba la entrega de viviendas. Fue puesto a la orden del Ministerio Público

MARÍA IGUARÁN

Un hombre fue detenido por cobrar 5.000 bolívares para supuestamente agilizar el trámite de la adjudicación de casas de la Gran Misión Vivienda. Fue identificado como César Montaño Narváez, de 52 años de edad, y es de Cumaná.

La detención se realizó en la Notaria Pública N° 1 de la avenida Miranda en el municipio Sucre, en Cumaná, por el Grupo de Acción Especial de la Guardia Nacional Bolivariana.

Endes Palencia, general de Comando Regional N° 7, informó que Montaño Narváez engañaba a las personas porque les decía que era miembro de una Organización Comunitaria de Vivivenda. De acuerdo con las investigaciones del Comando de Antiextorsión, el hombre había estafado a seis familias que fueron engañadas con la esperanza de adquirir una vivienda digna.

Fue puesto a la orden de la fiscalía del Ministerio Público de Sucre, con competencia en delitos contra la corrupción, y del tribunal 4° de Control. “Queremos hacer un llamado a todas aquellas personas víctimas de extorsión que acudan ante sus organismos de seguridad para que juntos, el pueblo y la FAN, logremos combatir este tipo de delitos”, dijo Palencia.

El Nacional
03-05-2013

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