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viernes, 3 de agosto de 2012
Caen ventas de viviendas nuevas
La presidenta de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, Rosa Magaly Varela, dijo que la preventa de viviendas nuevas para estrenar está prácticamente desaparecida.
Agregó, sin embargo, que en Caracas, en zonas muy puntuales como Loma Linda, en El Hatillo y en Bello Campo, "hay poquísimos proyectos". Pero nada comparado, según apuntó Varela, con el auge que registró la preventa de viviendas hace al menos unos siete años, cuando se aprobó la Ley del Deudor Hipotecario, que no ponía límites para los préstamos bancarios.
La representante inmobiliaria insistió en que la eliminación del Índice de Precios al Consumidor (ÍPC), en los proyectos de preventa, ha limitado aún más las ventas. Otra limitante que apuntan los inmobiliarios es la exigencia de la Ley de Arrendamiento de Viviendas, según la cual hay que colocar una cantidad de viviendas nuevas para el alquiler. "Los promotores tienen temor de registrarse y no saben cómo es ese caparazón".
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02-08-2012
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Agregó, sin embargo, que en Caracas, en zonas muy puntuales como Loma Linda, en El Hatillo y en Bello Campo, "hay poquísimos proyectos". Pero nada comparado, según apuntó Varela, con el auge que registró la preventa de viviendas hace al menos unos siete años, cuando se aprobó la Ley del Deudor Hipotecario, que no ponía límites para los préstamos bancarios.
La representante inmobiliaria insistió en que la eliminación del Índice de Precios al Consumidor (ÍPC), en los proyectos de preventa, ha limitado aún más las ventas. Otra limitante que apuntan los inmobiliarios es la exigencia de la Ley de Arrendamiento de Viviendas, según la cual hay que colocar una cantidad de viviendas nuevas para el alquiler. "Los promotores tienen temor de registrarse y no saben cómo es ese caparazón".
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Sector privado no ve luz en la construcción
Caracas. Voceros de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) adelantan que el panorama que se les avecina a los constructores y promotores privados para los próximos meses es mucho más desolador que a principio de año.
Aquiles Martini, quien habló con ÚN en el marco del foro "Las nuevas leyes inciden el sector inmobiliario", patrocinado por la CIV, dijo que −de acuerdo con información preliminar que manejan− "en el segundo trimestre de este año, el sector privado de la construcción acumula una caída superior a la de 10% que registró en el primer trimestre". "Tenemos información, que esperamos que divulgue el Banco Central en su momento, de que el PIB del segundo trimestre estará sobre 18% y 20%, pero la construcción privada sigue en picada", afirmó.
Martini dijo que la producción de casas cada vez es menor por parte de los productores privados. Informó que, de las 80 mil viviendas que se construyeron en el primer semestre del año, apenas 20 mil fueron levantadas por los privados."Esta caída es significativa. En 2011 construimos 51 mil en el primer semestre, contra 20 mil en el mismo período de este año, una caída de 20%; esto no puede ser, necesitamos producir porque, si no, la construcción privada desaparecerá", aseguró Martini.
El vocero del gremio inmobiliario resaltó que el cerco legal y los permisos exigidos impiden que comience la construcción de nuevas viviendas.
Martini precisó que en este momento hay 220 mil viviendas que están por iniciarse en el país; del sector público hay 150 mil y por iniciativa privada 70 mil.
"Los empresarios y promotores no han podido iniciar nuevas obras por falta de permisos, porque te imaginas que iniciemos una construcción sin permisos, pues nos meten presos. A nosotros sí nos supervisan, pero en el sector público no lo hacen", aseveró
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Martini dijo que la producción de casas cada vez es menor por parte de los productores privados. Informó que, de las 80 mil viviendas que se construyeron en el primer semestre del año, apenas 20 mil fueron levantadas por los privados."Esta caída es significativa. En 2011 construimos 51 mil en el primer semestre, contra 20 mil en el mismo período de este año, una caída de 20%; esto no puede ser, necesitamos producir porque, si no, la construcción privada desaparecerá", aseguró Martini.
El vocero del gremio inmobiliario resaltó que el cerco legal y los permisos exigidos impiden que comience la construcción de nuevas viviendas.
Martini precisó que en este momento hay 220 mil viviendas que están por iniciarse en el país; del sector público hay 150 mil y por iniciativa privada 70 mil.
"Los empresarios y promotores no han podido iniciar nuevas obras por falta de permisos, porque te imaginas que iniciemos una construcción sin permisos, pues nos meten presos. A nosotros sí nos supervisan, pero en el sector público no lo hacen", aseveró
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Prevén caída de 10% del sector privado de la construcción
A pesar de que el Banco Central de Venezuela no ha publicado cifras de vivienda en lo que va de año, Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, indicó que el producto interno bruto de la construcción privada presenta una caída de 10% en el segundo trimestre, de acuerdo con los cálculos del sector.
"Tenemos información de que el PIB de la construcción aumentará 18% o 20%, pero el sector privado volverá a caer por décimo trimestre consecutivo", dijo el empresario en un foro efectuado por la cámara sobre la incidencia del paquete de leyes en la industria.
Martini destacó que en 2008 se solicitaron permisos para construir más de 200.000 viviendas, mientras que en 2011 se pidieron menos de 30.000.
Este año, el directivo cree que no se han introducido. Los mayores desestímulos para el sector siguen siendo la falta de insumos y la extensa lista de permisos requeridos para iniciar los proyectos.
Recordó las declaraciones recientes de un vocero del Gobierno, que dijo que se habían construido 80.000 viviendas, de las cuales 20.000 correspondían al sector privado. Esto representa una disminución de 20% con respecto al mismo período del año pasado.
De las otras 60.000, Martini señaló que 40.000 forman parte del plan rancho por casa.
"Nosotros nos hemos empeñado en hacerle ver al venezolano que esas no son viviendas nuevas. Siguen carentes de servicios, vialidad y, a pesar de tener pisos de cemento, son deplorables", expresó.
Agregó que la principal razón por la que no comienzan los proyectos es la falta de insumos. Reiteró las afirmaciones de representantes de la Cámara Venezolana de la Construcción, según las cuales 90% de la producción de cabillas va dirigida a la Misión Vivienda.
"Los productores deben dar prioridad a la construcción del sector público, y el privado se reparte lo que queda", aseguró el vocero. También dijo que al mercado secundario de ventas se han trasladado todas las personas que anteriormente ponían sus inmuebles en alquiler.
Leyes inaplicables
Las 19 leyes, 24 decretos y 40 resoluciones promulgadas en los últimos 7 años, relacionadas con el sector vivienda, generan "más controles, más burocracia y más dificultades", señaló Martini en la inauguración del foro Las Nuevas Leyes que Inciden en el Sector Inmobiliario: Alcances y Efectos.
La última en promulgarse fue la Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en Casos de Expropiaciones de Emergencia con fines de Doblamiento y Habitabilidad, que complica, según los especialistas, los mecanismos para fijar los precios de las viviendas porque ya existen otras cuatro legislaciones que fijan maneras distintas de hacerlo.
Sin embargo, el último mecanismo revierte el proceso porque elimina la necesidad de obtener una declaratoria de utilidad pública previa a la ocupación del inmueble.
Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, también criticó la aplicación de la Ley de Arrendamiento. "El Ministerio de la Vivienda no ha fijado el monto para valuar los inmuebles en alquiler, ni el porcentaje de arrendamiento obligatorio de las constructoras y eso ha llevado a que la ley sea prácticamente inaplicable", añadió.
Además, recordó que la Superintendencia Nacional de Arrendamientos no se ha establecido en todos los estados.
"La gente tiene que viajar horas para hacer cualquier trámite relacionado", indicó.
El Nacional
01-08-2012
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"Tenemos información de que el PIB de la construcción aumentará 18% o 20%, pero el sector privado volverá a caer por décimo trimestre consecutivo", dijo el empresario en un foro efectuado por la cámara sobre la incidencia del paquete de leyes en la industria.
Martini destacó que en 2008 se solicitaron permisos para construir más de 200.000 viviendas, mientras que en 2011 se pidieron menos de 30.000.
Este año, el directivo cree que no se han introducido. Los mayores desestímulos para el sector siguen siendo la falta de insumos y la extensa lista de permisos requeridos para iniciar los proyectos.
Recordó las declaraciones recientes de un vocero del Gobierno, que dijo que se habían construido 80.000 viviendas, de las cuales 20.000 correspondían al sector privado. Esto representa una disminución de 20% con respecto al mismo período del año pasado.
De las otras 60.000, Martini señaló que 40.000 forman parte del plan rancho por casa.
"Nosotros nos hemos empeñado en hacerle ver al venezolano que esas no son viviendas nuevas. Siguen carentes de servicios, vialidad y, a pesar de tener pisos de cemento, son deplorables", expresó.
Agregó que la principal razón por la que no comienzan los proyectos es la falta de insumos. Reiteró las afirmaciones de representantes de la Cámara Venezolana de la Construcción, según las cuales 90% de la producción de cabillas va dirigida a la Misión Vivienda.
"Los productores deben dar prioridad a la construcción del sector público, y el privado se reparte lo que queda", aseguró el vocero. También dijo que al mercado secundario de ventas se han trasladado todas las personas que anteriormente ponían sus inmuebles en alquiler.
Leyes inaplicables
Las 19 leyes, 24 decretos y 40 resoluciones promulgadas en los últimos 7 años, relacionadas con el sector vivienda, generan "más controles, más burocracia y más dificultades", señaló Martini en la inauguración del foro Las Nuevas Leyes que Inciden en el Sector Inmobiliario: Alcances y Efectos.
La última en promulgarse fue la Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en Casos de Expropiaciones de Emergencia con fines de Doblamiento y Habitabilidad, que complica, según los especialistas, los mecanismos para fijar los precios de las viviendas porque ya existen otras cuatro legislaciones que fijan maneras distintas de hacerlo.
Sin embargo, el último mecanismo revierte el proceso porque elimina la necesidad de obtener una declaratoria de utilidad pública previa a la ocupación del inmueble.
Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, también criticó la aplicación de la Ley de Arrendamiento. "El Ministerio de la Vivienda no ha fijado el monto para valuar los inmuebles en alquiler, ni el porcentaje de arrendamiento obligatorio de las constructoras y eso ha llevado a que la ley sea prácticamente inaplicable", añadió.
Además, recordó que la Superintendencia Nacional de Arrendamientos no se ha establecido en todos los estados.
"La gente tiene que viajar horas para hacer cualquier trámite relacionado", indicó.
El Nacional
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Cámara Inmobiliaria: De las 200 mil viviendas que se pretendían entregar, solo se han otorgado 40 mil
Este martes se realizó el foro denominado "Nuevas leyes que inciden en el sector inmobiliario, alcances y efectos" para evaluar la incidencia de las más de 19 leyes, 24 decretos y 40 resoluciones que desde el año 2005 se han promulgado en relación con el sector vivienda del país.
Según el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Aquiles Martini Pietri, estos instrumentos han incidido en el déficit de viviendas. "Las cifras que tenemos extraoficiales, porque el Banco Central de Venezuela no ha presentado este año las suyas, es que de las 200 mil viviendas que se pretendían entregar solo se han entregado 40 mil, 20 mil el sector privado, 20% menos que el año pasado, y 20 mil el sector público, lo que no es suficiente para la demanda", señaló.
Martini Pietri indicó que uno de los problemas en el sector es el déficit grave de materiales como el cemento, pero sobre todo la cabilla: "Por esto sale un decreto en gaceta que dará prioridad a la Misión Vivienda., pero es que igual tenemos problemas con todos los materiales para la construcción y la solución es trabajar de la mano privado y público".
Con relación a las nuevas medidas para el financiamiento para la adquisición de viviendas dijo que entre 25 y 30 años es lo estimado. "El tema de que te financien 100% de la vivienda hasta 300 mil bolívares es bueno, pero son muy pocas las que cuestan eso y las viviendas de la misión no son propiedades privadas", dijo.
El Presidente de la Cámara Inmobiliaria expresó que se debe buscar la manera de generar opciones para financiar, pero algo coordinado con los actores para que sea viable, sin imponer criterios.
El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, manifestó que es grave que luego de la Ley de Arrendamiento ahora no exista en los clasificados viviendas disponible, sobre todo para jóvenes y familias humildes que son las que necesitan alquilar.
Se reiteró la denuncia de que tras ocho meses de promulgada la ley no está constituido un ente que supervise las consignaciones.
Globovisión
31-07-2012
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Martini Pietri indicó que uno de los problemas en el sector es el déficit grave de materiales como el cemento, pero sobre todo la cabilla: "Por esto sale un decreto en gaceta que dará prioridad a la Misión Vivienda., pero es que igual tenemos problemas con todos los materiales para la construcción y la solución es trabajar de la mano privado y público".
Con relación a las nuevas medidas para el financiamiento para la adquisición de viviendas dijo que entre 25 y 30 años es lo estimado. "El tema de que te financien 100% de la vivienda hasta 300 mil bolívares es bueno, pero son muy pocas las que cuestan eso y las viviendas de la misión no son propiedades privadas", dijo.
El Presidente de la Cámara Inmobiliaria expresó que se debe buscar la manera de generar opciones para financiar, pero algo coordinado con los actores para que sea viable, sin imponer criterios.
El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, manifestó que es grave que luego de la Ley de Arrendamiento ahora no exista en los clasificados viviendas disponible, sobre todo para jóvenes y familias humildes que son las que necesitan alquilar.
Se reiteró la denuncia de que tras ocho meses de promulgada la ley no está constituido un ente que supervise las consignaciones.
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Misión Vivienda no tiene cabillas ni cemento
La Organización No Gubernamental Construyendo un Castillo en el Aire, de la firma ODH Grupo Consultor, preparó un documento en el que señala que la Gran Misión Vivienda Venezuela presenta dificultades en todo el país para obtener cabillas, metales y cementos, productos esenciales para la construcción de las casas.
Parte del informe lo hizo público el diario El Nacional recientemente. Indica que el Estado “atraviesa dificultades para hacerse de los insumos” en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. La ONG asegura que el Gobierno “ha importado 91 mil toneladas de cabillas entre el segundo semestre de 2011 y el primer trimestre de 2012, cuando antes con la producción nacional bastaba”.
La producción de cabilla en 2011 fue 619 mil toneladas, 20 por ciento menos que la producción de 2009, que se ubicó en 768 mil toneladas de cabillas. Esta contracción, hace la que demanda del producto sea mayor.
Este mismo año, trabajadores de las empresas cementeras hicieron duros reclamos por el pago de pasivos laborales. Indicaron que las estatales cementeras bajaron la producción de 10 millones de toneladas a 7,9 millones, tras la nacionalización en 2007.
La Verdad
01-08-2012
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La producción de cabilla en 2011 fue 619 mil toneladas, 20 por ciento menos que la producción de 2009, que se ubicó en 768 mil toneladas de cabillas. Esta contracción, hace la que demanda del producto sea mayor.
Este mismo año, trabajadores de las empresas cementeras hicieron duros reclamos por el pago de pasivos laborales. Indicaron que las estatales cementeras bajaron la producción de 10 millones de toneladas a 7,9 millones, tras la nacionalización en 2007.
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Propietarios de Monte Mayor denuncian retraso en entrega por fines electoreros
La mañana de este martes continuó el conflicto en el conjunto residencial Monte Mayor en San Diego. Presuntamente por la orden de un efectivo militar los propietarios no pudieron ni entrar o salir de la residencia. Denunciaron que el retraso por la entrega de apartamentos es por fines electoreros.
Julio Pulido, representante del colectivo de Monte Mayor, explicó que ya hay familias que habían adquirido contrato con Coyserca y les entregaron los apartamentos, sin embargo no es la totalidad. Ahondó que restan 55 familias que aun esperan por su apartamento, que tienen contrato y han pagado por los espacios.
Durante una manifestación que realizaron los habitantes y propietarios con pancartas, detrás de las rejas traseras del conjunto, señalaron que la decisión es con fines electorales, pues luego de la toma del complejo por la Gran Misión Vivienda Venezuela, el Gobierno Nacional piensa entregar los pocos apartamentos listos, a las personas censadas en el proyecto social.
Ernesto García, propietario con apartamento ya entregado, destacó que en Monte Mayor hay excedente de apartamentos y que los propietarios no tienen problema en que los casi 500 disponibles sean entregados a las familias censadas por la misión. Rechazó enfáticamente que los que ya han pagado y tienen contrato queden excluidos o para meses después.
El habitante destacó que la totalidad de viviendas no estará lista antes de las elecciones y por eso las que ya están, piensan entregarlas para presentarlas como una meta en la Misión. Detalló que se reunirán en asamblea de vecinos para discutir las acciones a tomar en la que no rechazan la ida a Caracas.
Pulido agregó que de las 55 familias que esperan, 12 decidieron tomar los apartamentos con metraje según el contrato y que están siendo tratados como invasores. Presuntamente les están cortando los servicios y de acuerdo a las órdenes (se desconoce si de Coyserca o la Guardia Nacional (GN)), no están dejando pasar a nadie a las residencias. "Hoy teníamos pautado una reunión con la empresa para que viera las condiciones de los apartamentos tomados y que coincidían con los contratos".
Cuando iba a entrar a su vivienda, casi lo apuntaron con un arma denunció Pulido a un efectivo militar de la GN que se encontraba en las instalaciones. "Ayer teníamos reunión con representantes del Ministerio y con la junta impuesta a dedo y nos burlaron. No sabemos si se va a realizar". Ante la prohibición de salida y entrada al complejo que al parecer aun es privado, García se preguntó si fueron expropiados y aún no lo saben.
El Carabobeño
02-08-2012
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Ernesto García, propietario con apartamento ya entregado, destacó que en Monte Mayor hay excedente de apartamentos y que los propietarios no tienen problema en que los casi 500 disponibles sean entregados a las familias censadas por la misión. Rechazó enfáticamente que los que ya han pagado y tienen contrato queden excluidos o para meses después.
El habitante destacó que la totalidad de viviendas no estará lista antes de las elecciones y por eso las que ya están, piensan entregarlas para presentarlas como una meta en la Misión. Detalló que se reunirán en asamblea de vecinos para discutir las acciones a tomar en la que no rechazan la ida a Caracas.
Pulido agregó que de las 55 familias que esperan, 12 decidieron tomar los apartamentos con metraje según el contrato y que están siendo tratados como invasores. Presuntamente les están cortando los servicios y de acuerdo a las órdenes (se desconoce si de Coyserca o la Guardia Nacional (GN)), no están dejando pasar a nadie a las residencias. "Hoy teníamos pautado una reunión con la empresa para que viera las condiciones de los apartamentos tomados y que coincidían con los contratos".
Cuando iba a entrar a su vivienda, casi lo apuntaron con un arma denunció Pulido a un efectivo militar de la GN que se encontraba en las instalaciones. "Ayer teníamos reunión con representantes del Ministerio y con la junta impuesta a dedo y nos burlaron. No sabemos si se va a realizar". Ante la prohibición de salida y entrada al complejo que al parecer aun es privado, García se preguntó si fueron expropiados y aún no lo saben.
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