La Guardia Nacional deforestó una hectárea para la construcción de viviendas donde antes había un bosque | El Nacional
Cuando empezó el movimiento de tierra, a principios del mes de octubre de 2011, los guardaparques estaban ocupados despejando los derrumbes de la carretera a Choroní, afectada por las lluvias. Son sólo 5 funcionarios para las 107.800 hectáreas que tiene el Parque Nacional Henri Pittier, entre los estados Aragua y Carabobo. Apenas 5 hombres y 2 vehículos que la mayoría de las veces están en el taller.
Por eso los trabajadores del Instituto Nacional de Parques no se percataron de los primeros kilos de cemento que fueron colocados detrás de la alcabala de la Guardia Nacional en el sector El Limón, en la entrada de la carretera a Ocumare de la Costa. Además, señalan bajo anonimato, que no podían imaginarse que la propia Guardia Nacional, órgano adscrito a la Guardería Ambiental, que junto con Inparques está encargado del resguardo del área protegida, había permitido el trabajo de una maquinaria que alteró la topografía del paisaje y destruyó la capa vegetal, sin cumplir con la normativa técnica.
El 10 de noviembre, cuando fueron al sitio porque recibieron denuncias por parte de algunos consejos comunales del municipio Mario Briceño Iragorry, ya el mal estaba hecho.
Casi todo. Allí vieron lo que aún se observa a simple vista desde la carretera: el bosque pelado, el suelo alfombrado con losas.
Los guardaparques (con más de 15 años de experiencia en la investigación de delitos ambientales) solicitaron permiso para entrar, hicieron la inspección técnica, fotografiaron y advirtieron que la obra tenía que paralizarse por estar ubicada dentro del parque nacional. Miembros de la Guardia Nacional hicieron caso omiso y alegaron que era un mandato presidencial construir allí 40 casas prefabricadas uruguayas de la Misión Vivienda, para uso de ellos y sus familias, las cuales serían inauguradas por el propio Presidente de la República en diciembre.
Los guardaparques aseguran que están "con el proceso", pero eso no los privó de seguir actuando en el intento de detener la obra pues así lo establece la legislación ambiental: redactaron un informe con todas las pruebas que fue remitido al director general de Inparques, capitán Miguel Matany, en Caracas.
En la sede principal de Inparques hubo silencio (silencio que aún se mantiene: las dos solicitudes de entrevista por escrito y las seis llamadas telefónicas a la oficina de prensa de esa institución no fueron suficientes para recibir una respuesta oficial).
Al técnico del instituto que llevaba el caso por Aragua lo sacaron de la investigación. A las pocas semanas, dos funcionarios de Inparques fueron removidos de su cargo: el coordinador del Parque Nacional Henri Pittier, Guillermo Mendoza (guardia nacional jubilado), y el director de ese organismo en la región, José Luis Pomárico, aunque no se dijo específicamente que esos despidos tuvieran relación con el informe.
La situación preocupó a los guardaparques porque la Guardia Nacional continuaba construyendo y ellos temían que Inparques los botara si insistían en denunciar la irregularidad.
Además había otro problema: los funcionarios de Inparques habían logrado paralizar días antes unas invasiones en el sector de Corozal (vía Choroní), pero los habitantes de esas comunidades ya se habían enterado de la obra de la Guardia Nacional y amenazaron con construir ellos también. "Si lo hacen los militares, nosotros lo haremos", les dijeron.
Acciones de defensa
Desde el momento de su creación como figuras de protección, parques nacionales, monumentos naturales y refugios de fauna silvestre se han visto amenazados por personas que construyen ilegalmente en ellos sus viviendas. Si bien las invasiones son de vieja data, a este mal se une ahora una alarmante novedad: son organizadas y amparadas por entes oficiales.
Sin embargo, el apoyo llegó inmediatamente al Parque Nacional Henri Pittier, que tiene dolientes aguerridos y organizados. Varios grupos ambientalistas (Sociedad Científica Amigos del Parque Henri Pittier, Tragahumos de Palmarito, Brigada Ambientalista Ecológica y de Rescate, Sociedad Ecológica y Conservacionista de Aragua y el Consejo de Educación Ambiental de Aragua) se movilizaron y decidieron tomar medidas legales.
El 21 de noviembre interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General de la República en Maracay, que remitió el caso ante la Fiscalía 4° Nacional con Competencia Ambiental a cargo de Luz Mayela Hernández.
La solicitud de investigación es la número 23.305. No ha habido respuesta sobre este caso, aunque en marzo del año pasado esa misma fiscal actuó aceleradamente acordando medidas de protección del parque debido a los incendios. "Necesitamos que se pronuncie por escrito sobre esto", solicita Rafael Fernández, representante de la Sociedad Científica Amigos del Parque Henri Pittier.
Los ecologistas no se quedaron de brazos cruzados. El 1° de diciembre, el abogado de estas organizaciones, Edwards Castillo, introdujo la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, alegando la violación de los derechos ambientales de los ciudadanos y como un recurso paralelo para que este organismo actuara como ente mediador.
Para ese entonces, los trabajos seguían avanzando. Cuando el caso se descubrió, la Guardia Nacional había construido 8 losas de concreto: llegaron a hacer 14, afectando una hectárea del parque. El 20 de diciembre, los ecologistas y miembros de las comunidades de El Limón y Mataseca protestaron en la carretera, lo que movió a los medios de comunicación social, sobre todo regionales. La fecha tan cercana a la Navidad enfrió un poco el caso.
Límites difusos. El 2 de enero, el teniente coronel Marlon Dulcey, comandante del Destacamento 21 de la Guardia Nacional, dio su versión del caso al periódico El Carabobeño.
Destacó que lo que se estaban construyendo no eran casas sino "soluciones institucionales", viviendas de guarnición que "cumplirán con el propósito de alojar a los funcionarios que se dedicarán al resguardo de los intereses ambientales del parque". Para Castillo no tiene sentido esa respuesta, pues Maracay cuenta con gran cantidad de terreno militar en el que se pueden hacer urbanizaciones.
En sus declaraciones, Dulcey aseguró que el terreno no estaba dentro del parque nacional. Indicó que un estudio hecho por el Instituto Nacional de Tierras le daba la razón. "El INTI, a través del uso de medios tecnológicos como GPS para la ubicación geográfica del terreno y su inserción dentro del plan de ordenamiento urbanístico, determinó que los terrenos se encuentran dentro de la poligonal urbana de Maracay". El ambientalista Rafael Fernández pregunta por qué el militar no ha presentado nunca la documentación que respalda su versión.
Si bien Fernández reconoce la deficiente delimitación de los linderos del parque, afirma que no hay duda de que el terreno afectado está dentro de la zona protegida. El Decreto de Ampliación del Parque Nacional (número 529 del 5 de noviembre de 1974) establece los límites de la zona: "Viene dado por una poligonal materializada por una cerca de estantillos de hierro y alambre de púas, dicha cerca bordea los barrios La Cruz, Maya, El Trigal, Valle Verde, Acuario, El Corral de Piedra hasta encontrar el margen izquierdo de la carretera nacional que conduce a Ocumare de la Costa". Aunque algunas comunidades han movido estas cercas robándole metros al área natural, igual el parque limita con esas casas, por lo tanto el área deforestada por la Guardia Nacional está visiblemente adentro.
El mismo decreto añade que la zona de uso especial (donde está la alcabala de la Guardia Nacional) está delimitada "solamente por el espacio que ocupan actualmente las infraestructuras existentes en concordia con las funciones de dichas instituciones". Es decir, no puede utilizar más terreno que el que tenía originalmente, menos en construcción de casas.
El abogado Edwards Castillo va más allá y denuncia que la institución militar, además de violar el reglamento de uso del parque que data de 1995 (el primero que se creó en el país a partir de una consulta pública), cometió otros ilícitos ambientales por la cercanía que tiene la construcción con la cuenca protectora del río El Limón.
"Se hizo sin estudio de impacto ambiental, se violó la Ley Orgánica de Ambiente, la Ley Orgánica para la Ordenación de Territorios, la Ley de Aguas, la Ley de Bosques y Gestión Forestal, entre otras", expresa el abogado. Para evaluar la vulnerabilidad de esta zona basta recordar el deslave del 6 de septiembre de 1987 que causó la muerte de 160 personas y dejó cientos de damnificados.
Castillo indica que las losas se hallan dentro de los límites de seguridad del río. Fernández añade que éste, además, fue dragado por la constructora de la obra. El artículo 54 de la Ley de Aguas (2007) obliga al mantenimiento de las zonas protectoras de cuerpos de agua que resguardan áreas sensibles. La Ley de Bosques y Gestión Forestal (2008), en su artículo 21, establece que el Estado debe velar por la defensa de los bosques nativos formados por especies forestales autóctonas de una región. "El bosque estaba formado por árboles propios de la zona", asegura Fernández.
La buena noticia. El 13 de febrero de 2012, el Parque Nacional Henri Pittier, el primero de Venezuela, cumplió 75 años de su creación. Cuatro días después, los grupos ambientalistas recibieron como noticia de "cumpleaños" la verdadera causa por la que se habían paralizado las obras a finales de diciembre: la Defensoría del Pueblo sí había avanzado en el caso, según puede verse en el expediente E-D-12-30-81.
El documento muestra que la defensora delegada especial con competencia en ambiente, Yelena Carpio, remitió el caso al coordinador de las Defensorías Delegadas Especiales, Aníbal Ortega. Éste lo dirigió al defensor adjunto de Aragua, José Soto, con un memorandum interno del 30 de diciembre de 2011 que solicita que se investigue el caso y se sancione a los responsables. El mismo documento insta a la paralización definitiva de la construcción y a la recuperación del área afectada. Llama a fijar posición ante los medios condenando esas acciones y reivindicando los derechos ambientales de la población. Destaca que se proceda a una acción de amparo de no obtener respuesta al llamado de paralización definitiva de la obra.
Gracias a esta intervención la construcción se detuvo, sin embargo, falta establecer las responsabilidades y resarcir los daños al ambiente. "Este caso no puede convertirse en un precedente que afecte a todo el sistema de parques", señala Fernández.
Bien lo dice el párrafo final de la solicitud de investigación que hicieron los grupos ambientalistas ante la Defensoría: "En caso de quedar impunes estos hechos y de conocerse públicamente esa situación, será imposible para los nobles guardaparques del país la defensa contra las invasiones, el rancho-tráfico y las construcciones ilegales dentro de los demás parques nacionales".
El Nacional
26-02-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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