lunes, 6 de agosto de 2012

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Preparan reglamento de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria

La banca espera que la norma aclare el aspecto de la fianza

El Ministerio de la Vivienda y Hábitat está preparando el reglamento de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, la cual entró en vigencia el pasado mes de abril.

La normativa está siendo consultada con el sector bancario y, según fuentes financieras, se espera que aclare aspectos como las fianzas y la rentabilidad de los proyectos de vivienda.

En la Ley contra la Estafa Inmobiliaria se contempla que las constructoras tienen que registrarse ante la Dirección Nacional de Gestión del Sistema de Vivienda y Hábitat y, además, consignar una fianza por el 100% del costo del proyecto habitacional.

Por los nuevos pasos que tienen que cumplir las empresas, la banca todavía no ha podido otorgar los financiamientos por la vía de la gaveta hipotecaria.

Fuentes financieras señalan que en la Ley el aspecto de la fianza no está claro y agregan que el nivel fijado a la garantía es muy alto.

Adicional a ello señalan que esperan se detalle la rentabilidad de las obras, pues en la Ley no hay fórmulas que la determinen.

Las fuentes indican que se espera que el Ministerio de la Vivienda acelere el reglamento, debido a que se tiene que cumplir con la cartera hipotecaria obligatoria.

El Gobierno decidió que de la gaveta de este año el 66% se tiene que orientar a la construcción de casas. MAH

El Universal
03-08-2012

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BVC solicita nulidad de resolución de MinVivienda

Señala falta de competencia y violación de la libertad económica
VÍCTOR SALMERÓN
El Banco Venezolano de Crédito (BVC) introdujo en el Tribunal Supremo de Justicia un recurso donde solicita la nulidad de la resolución que dictó el Ministerio de Vivienda el pasado 23 de marzo, que introduce cambios importantes en la manera en que las entidades financieras deben cumplir con los préstamos obligatorios al sector hipotecario.

La resolución, explica el escrito, obliga a que al menos 55% de los recursos que la banca tiene que destinar al financiamiento de la construcción de viviendas, "debe transferirse directamente al Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, empleando para ello los mecanismos que determine a futuro el Órgano Superior de dicho Sistema".

El recurso introducido por el Banco Venezolano de Crédito destaca que el ministro de Vivienda y Hábitat no tenía competencia para obligar a la banca a transferir estos recursos al momento de dictar la resolución.

Destaca que "ninguna norma de la Ley le atribuía expresamente al Ministerio la competencia para direccionar la cartera hipotecaria de vivienda", lo cual "vicia de nulidad absoluta ese acto administrativo".

Además el escrito destaca que existe "violación del derecho a la libertad económica, desde que sin fundamento legal alguno se obligó a las instituciones financieras a transferir una porción de los recursos que deben destinarse a la construcción de viviendas, anulando así la posibilidad de que dichas instituciones coloquen los recursos en las inversiones que estimen más seguras y convenientes, previo análisis de los riesgos".

Agrega "violación al derecho a la seguridad jurídica" al colocar al Banco Venezolano de Crédito en situación de incertidumbre porque la obligación de transferir los recursos "coacciona al BVC a desconocer el principio de prudencia y adecuada administración del riesgo crediticio", mientras que si se incumple "el Banco será objeto de sanciones administrativas".

A cambio de transferir los recursos los bancos han recibido bonos. A este respecto el escrito menciona "la obligatoria inversión a la cual se coaccionó participar al BVC en el marco de la emisión de valores Bolivarianos para la Vivienda, quien de hacerlo pondría igualmente en riesgo los fondos que integran su cartera crediticia por cuanto estaría adquiriendo valores que carecen de mecanismos reales y eficientes de pago".

Aparte de pedir la nulidad de la resolución el BVC solicitó una medida cautelar de suspensión de efectos de la misma.

vsalmeron@eluniversal.com

El Universal
03-08-2012

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Mercado primario de viviendas sin levantar vuelo

Las preventas de viviendas para estrenar están prácticamente desaparecidas, sobretodo después de la eliminación del cobro de la inflación (IPC) en los proyectos del mercado primario.
Rosa Magaly Varela, presidenta de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, dijo que en Caracas hay muy pocos proyectos y ni siquiera representan 3% de los que se ofertaban en preventa en 2005, cuando se aprobó la Ley Especial del Deudor Hipotecario, instrumento que no ponía límites para los financiamientos bancarios.

Esa buena racha fue disminuyendo, según Varela, cuando la Ley de Vivienda "fue poniendo límites para los financiamientos y la preventa fue bajando, pero cayó aún más y de manera impresionante en 2009, cuando se eliminó el IPC (Indice de Precios al Consumidor), en los proyectos nuevos".

La presidenta de la Cámara Metropolitana dijo que en Caracas hay "poquísimos proyectos en preventa", en zonas muy puntuales como Loma Linda en El Hatillo y en Campo Alegre; pero ese mercado en Caracas es "casi inexistente".

En el gremio inmobiliario crece la preocupación porque las nuevas leyes que se han aprobado desde el año pasado, están impidiendo que los promotores se atrevan a iniciar proyectos en preventa.

Para Rosa Magaly Varela, los pocos promotores que quisieran empezar proyectos, tienen temor y no se han registrado en la Superintendencia de Arrendamiento de Vivienda, "porque todavía no saben cómo es ese caparazón para inscribirse".

La representante inmobiliaria amplió que los promotores se lo piensan porque según la ley, tendrán que colocar un porcentaje en alquiler "y esta cantidad de apartamentos nuevos que deberán poner en alquiler, podría ser la utilidad, la ganancia de los promotores, por eso no se atreven".

Otro atentado que advierten los agremiados de la Cámara Metropolitana Inmobiliaria, es la rigidez de la Ley de Arrendamientos de Viviendas, que según sus voceros, limita las garantías para el propietario.

En este sentido, los agremiados llegaron a una conclusión: "Aquí nadie va querer comprar un apartamento nuevo para tenerlo como inversión, para renta…eso se terminó en Venezuela".

En preventa es mejor

La presidenta de la Cámara Metropolitana Inmobiliaria insistió en que limitar la oferta de viviendas en preventa, perjudica a ambas partes: vendedor y comprador; pero sobretodo al comprador, pues quien necesita vivienda y compra en terreno, paga una inicial muy baja entre 10% y 15%, y cuotas por 24 meses.

De esta manera, precisó Varela, es mucho más fácil incluso el crédito bancario para terminar de pagar el bien inmueble "porque ya se ha adelantado el valor de la casa".

Rosa Magaly Varela resaltó que aunque esté de capa caída el negocio de la preventa, sigue siendo el mejor, dado que representa incluso una inversión, porque "tu pagas la vivienda y cuando esté lista a los dos años, puede costar hasta 25% más de lo que pagaste y allí decides si te la quedas o la vendes; pero nunca pierdes, porque se revaloriza"

Entorno Inteligente
02-08-2012

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Gremio: hay 4 métodos para fijar justiprecios

El sector inmobiliario no ha escondido su oposición al marco legal aprobado en los últimos años, al considerar que se ha violentado el derecho a la propiedad privada, y se ha expuesto a ciudadanos y empresarios a la pérdida de su patrimonio.

Atendiendo a esta realidad, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) realizó un foro sobre los alcances y efectos de las 83 normativas (19 leyes, 24 decretos y 40 resoluciones) dictadas desde 2005 en el ámbito habitacional.

En el encuentro, el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, denunció que una de las consecuencias del paquete legal es que actualmente existen cuatro métodos diferentes para fijar el justiprecio de los bienes expropiados.
Fórmulas en debate

Alertó que esto genera una especie de “limbo”, ya que no puede anticiparse cuál de los métodos será aplicado.

Sobre las cuatro fórmulas, detalló que el procedimiento más antiguo es el de la Ley de Expropiaciones por Utilidad Pública (artículo 36), el cual considera aspectos como el valor fiscal y de compra mayor a seis meses.

Añadió que la Ley de Tierras Urbanas (artículo 20) estipula incluir el valor de los terrenos urbanos similares, así como la clase, calidad, dimensiones y su probable producción. A su vez, la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (artículo 73) establece que el método se hará con base en un valor de reposición que tiene que emitir el Ministerio de la Vivienda.

Completa el grupo la Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en los casos de expropiaciones de emergencia (artículo tres), donde se señala que el importe de compra será ajustado al Índice Nacional de Precios.

Eltiempo.com.ve
02-08-2012

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Financiamiento de viviendas no cubre precios del mercado

La mayoría de los apartamentos en construcción tiene entre 50 y 70 metros.
Los montos de financiamiento de vivienda principal que hace unas semanas actualizó el Gobierno Nacional no son suficientes para adquirir un techo propio de acuerdo a los precios del mercado en los municipios metropolitanos de Carabobo, de acuerdo a los precios recabados por la Cámara Inmobiliria regional.

En la Gaceta Oficial número 39.969, publicada el 20 de julio, aparece una resolución del Ministerio de Vivienda y Hábitat en la que se establecen los nuevos parámetros para el financiamiento en materia hipotecaria.

Además de extender a 30 años el plazo para el pago de los créditos, también fija en 300 mil bolívares el límite máximo de dinero que los bancos deben prestar para adquirir la vivienda principal.

Según la zonificación con precios ponderados a abril de 2012, los inmuebles más costosos están en Guataparo y La Cumaca, donde el metro cuadrado puede llegar a los 18 mil bolívares. Son las áreas ubicadas en la zona 1, de una clasificación de 5 que levantó la Cámara Inmobiliaria de Carabobo para tener una referencia de los precios, más allá de establecer un cliché, explicó cuando difundió las cifras Ingrid Suárez, vicepresidenta de estadística del gremio.

Las zonas 2 y 3 tienen precios muy cercanos, alrededor de los 12 mil bolívares. En ambas se incluyen Los Mangos, El Bosque, Valles de Camoruco, El Parral, Las Chimeneas y Prebo, Piedra Pintada, Mañongo, El Rincón, Manantial, Tazajal, Los Guayabitos, Agua Blanca, Los Nísperos y Campo Alegre.

La Zona 4 es el municipio San Diego, excluyendo La Cumaca, que ya está en la 1. Allí el precio es de 8 mil 700 bolívares por metro cuadrado. Y la Zona 5, que se refiere a los municipios Guacara, Los Guayos, Libertador, y la parroquia Miguel Peña, de Valencia, tiene un costo de 7 mil 800 bolívares.

La mayor parte de los inmuebles que se construyen en Valencia y los municipios cercanos son apartamentos. La extensión que más está ofertada es de 50 a 70 metros cuadrados.

En la zona con precios más bajos, un apartamento de los más pequeños (50 metros cuadrados) puede llegar a costar unos 400 mil bolívares, como mínimo. Los ciudadanos deben ingeniárselas para conseguir la inicial, que no está incluida en este préstamo.

La oportunidad se hace más pequeña si el inmueble es más grande o está en otra zona. Ejemplo, un apartamento de 70 metros cuadrados en Tazajal, puede tener un valor cercano a los 840 mil bolívares. La diferencia con el crédito máximo que la familia puede conseguir por política habitacional es de más de 500 mil bolívares.

El déficit habitacional en Venezuela alcanza los dos millones de viviendas, un número que no parece disminuir a pesar que desde el año pasado el Gobierno Nacional desarrolla una misión para optimizar la construcción de soluciones habitacionales.

El Carabobeño
02-08-2012

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Cuartos de hoteles quedaron destruidos

Encargados de cinco hoteles de Higuerote, Brion, que aún están ocupados por 137 familias, se desvelan pensando de dónde sacarán recursos para reparar las habitaciones en las que albergaron refugiados durante más de año y medio.

Aún permanecen 14 familias damnificadas en el club Bahía de los Piratas, seis en Aguamarina, 31 en el Centro Turístico Higuerote y 18 en Aguasal, mientras que en el Incret, perteneciente al Estado, hay 58 parejas con sus muchachitos.

Francisco Belda, administrador del hotel Aguasal, señaló que, como mínimo, requieren Bs 40 mil por habitación para refaccionar. Tienen 50 cuartos desocupados desde hace un mes, pero no han podido repararlos, pues no hay plata.

Deben arreglar las paredes, porque les dañaron el friso, sustituir grifería, piezas sanitarias, aires acondicionados, ventanas y puertas, además de camas, colchones y lencería.
Indicó que las pérdidas materiales por centro, de 2010 a la fecha, están por el orden de los Bs 2 millones 500 mil. Fueron ocupados, al principio, 21 clubes con 1.677 damnificados.

Refirió que el Gobierno prometió, en plena tragedia de 2010, asumir los gastos de nómina, que en Aguasal es de 215 trabajadores, además del mantenimiento de las instalaciones. Sin embargo, no han recibido ni un bolívar.

Para reunir el dinero y acondicionar los cuartos, harán una asamblea con los cinco mil socios del club, para solicitarles una cuota especial de Bs 700 por persona._Estiman tenerlas listas a principios de 2013.

Para estas vacaciones sólo podrán ofrecer 30 habitaciones a sus huéspedes. La reconstrucción les costó Bs 500 mil.

El promedio de cuartos disponibles en los otros cinco albergues es también de 30.

Según la Oficina de Turismo de Miranda, la entidad recibe, anualmente, unos dos millones de turistas. Todavía no hay capacidad para hospedarlos.

Respuesta.
La alcaldesa de Brion, Liliana González, dijo que “jamás estuvo contemplado que el Gobierno indemnizara a los hoteles”. Anunció que antes del 7 de octubre todos los refugios estarán desalojados.

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01-08-2012

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Sube déficit habitacional

El foro "Nuevas leyes que inciden en el sector inmobiliario, alcances y efectos" que se realizó ayer fue para evaluar la incidencia de todas las leyes, decretos y resoluciones que desde el año 2005 se han promulgado en relación con el sector inmobiliario.

Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria (CIV), indicó que todas estas normativas habitacionales generan más control, más burocracia y más dificultades para este sector. "Hemos visto como las leyes y decretos han cercado la labor de los promotores de la vivienda y los desarrolladores urbanísticos, hasta el punto de que muchas de las empresas han abandonado esta área o simplemente se han ido a otros países, en los cuales no es tan difícil construir".

Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), dijo que las leyes de vivienda implementadas por el Ejecutivo, en cuánto al tema de las expropiaciones, son contradictorias.

Asimismo, mencionó que la Ley de Tierras Urbanas, la Ley de Expropiación, la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y Ley de Justiprecio contemplan diferentes métodos para hacer el avalúo de los inmuebles y diferentes formas para expropiarlos.

Además consideró que ninguna de las normativas previstas garantiza precios justos.

Martini Pietro señaló que estas normativas han incidido en el déficit habitacional, pues según él, un personero del Gobierno informó que de las 200 mil casas que se pretendían entregar sólo se han adjudicado 40 mil y de éstas sólo 20 mil le pertenecen al sector privado. Está cifra representa 20% menos que en el año anterior.

De esas 40 mil, 20 mil son del sector público y no son suficientes para la demanda de los venezolanos. De estas 40 mil viviendas la mayoría son del programa de sustitución de rancho por casa y esto ni siquiera es suficiente para cubrir la las expectativas crecientes".

Resaltó que "las cifras que tenemos son por datos que suministran algunos funcionarios públicos ya que el Banco Central de Venezuela no se ha dignado a entregar los números oficiales".

TODO PARA LA MISIÓN VIVIENDA
Aparte de los esquemas burocráticos que impone el Ejecutivo, "se publicó un decreto en Gaceta Oficial según el cual 90% de los materiales de construcción, como cabillas y cemento, serán destinados a la Misión Vivienda, pero es que igual tenemos problemas con la materia prima y la solución es trabajar de la mano, tanto el privado como el público", expresó Martini Pietri.

Denunció que no es posible que las empresas extranjeras obtengan mayores contratos por parte del Gobierno para realizar las obras de construcción y dejen a un lado al sector privado venezolano.

"No estamos en contra de las trasnacionales pero no hay derecho de que haya desempleados en Venezuela cuándo se importa mano de obra de otros países", expresó. Destacó que no se están construyendo las viviendas, ni en la cuantía, ni con la velocidad requerida para acabar con el déficit y mientras sigan excluyendo al sector privado la solución estará lejana.

El presidente de Apiur destacó que se ha reducido tanto la oferta de los alquileres con la Ley de Arrendamiento, que ahora no existen clasificados con viviendas disponibles, sobre todo para jóvenes y familias humildes pues éstas son las que más necesitan rentar.

Tal Cual
01-08-2012

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Habitantes de urbanismo expropiado en Carabobo denuncian entrega irregular de la GMVV

En octubre de 2010 la urbanizacion Monte Mayor Residencial fue intervenida por el Gobierno Nacional. Desde entonces, 55 familias esperan sus apartamentos, pero al parecer ahora serán entregados a la Gran Mision Vivienda Venezuela

"Hay 77 apartamentos que se encuentran disponibles y el Ministerio quiere darselos a la GMVV. Nosotros no tenemos ningún problema porque son venezolanos que necesitan pero no por encima de 55 familia que todavía siguen esperando", denunció Julio Pulido.

En total, son 6 años los que llevan esperando por sus apartamentos. Ante esta inseguridad jurídica que aseguran se vive en el urbanismo, algunas familias decidieron literalmente invadir sus apartamentos.

"Hasta ahora no me han entregado y en vista de que vendieron 77 apartamentos ilegalmente yo me vi en la obligación de meterme porque ellos me han dado prórroga y no me resuelven. Ya es el último grupo que queda, 12 familias nos metimos", aseguró María Alexandra Giordano.

Luego de la intervención de 24 torres solo 12 han sido entregadas, según dicen sin cumplir los estándares de calidad que prometió la constructora.

"Despues que lo entregan uno tiene que gastarle, tiene que camisarlo, a veces hay filtraciones, los ascensores son de pésima calidad, no es posible que los técnicos tengan que venir todos los días a repararlos", explicó Pulido.

Las acciones de protesta continuarán. Amenazan con realizar una toma en la Presidencia de la República en Caracas.

Globovisión
01-08-2012

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El desgobierno estimula protestas y trancas en Guayana

Los cuatro portones de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y el distribuidor del portón IV de la avenida Guayana amanecieron completamente trancados este miércoles por cientos de trabajadores contratados.

El descontrol y la corrupción en el proceso de ingreso de tercerizados pasan factura seis meses después a Sidor, coincidiendo con el vencimiento de los contratos a tiempo determinado de un grupo de rezagados.

La indignación de los empleados se desató el martes, cuando un asistente del ministro de Industrias les fue sincero en la oferta: o siguen laborando como tercerizados o quedan desempleados, les dijo.

El grupo, al que desde marzo el Gobierno le alimenta la idea de ingresarlo a nómina, concretó su amenaza y trancaron desde las 6:00 de la mañana la avenida Guayana, dejando incomunicada a la ciudad.

A las 8:00 de la noche el presidente de Sidor, Carlos D’Oliveira, comunicó a los manifestantes un mensaje del ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, quien horas antes había anunciado por Twitter: la decisión de prorrogar los contratos una vez más.

Desde el 2009 Sidor hace extensiones con las mismas estructuras de costos. Según trabajadores de la nómina de supervisión, la mayoría de las 108 empresas, cuyos contratos vencieron el 31 de julio, no estaría dispuesta a firmar una nueva extensión en las condiciones que impone la acería; otras compañías siquiera puede aguantar un nuevo trimestre.

De manera que, aunque el planteamiento del Gobierno es mantener los contratos, ni los empresarios ni los trabajadores están dispuestos a aceptar la oferta.

Los contratados, de los cuales pocos cumplen con la cláusula 97 de Sutiss sobre la inherencia, mantienen como único y exclusivo reclamo su transferencia a la nómina convenio de la acería.

Se trata de trabajadores de mantenimiento industrial, mantenimiento eléctrico, empleados de los comedores y empresas de servicio que suministran agua y hielo en las áreas.

La escena se repite. Ocurrió el año pasado cuando 882 trabajadores quedaron sin contratos debido a que “no hubo interés por parte de los contratistas en mantener relación comercial con Sidor”, por lo tanto Sidor y el Estado decidieron incluirlos a la nómina fija.

Los protestantes ahora intentan reeditar la ansiada “concesión socialista” al margen de las consecuencias económicas para la acería.

Más ingresos
La inclusión de los contratados se ejecutó en clara oposición a los propios balances financieros elaborados por el Plan Guayana Socialista 2009-2019. Tan sólo en el primer semestre de 2012 las pérdidas de la acería superaban a las del ejercicio fiscal de 2011.

Al ya insostenible crecimiento de la nómina se sumó la venta de plazas de empleo. El vocero de los tercerizados, Hugo Bastardo, reconoció la comercialización de reportes de empleo dentro de la acería y el ingreso de más de 400 trabajadores desempleados “por los caminos verdes” a la nómina estatal.

Sidor intentó desactivar a ese grupo de trabajadores pero, hasta la fecha, se desconoce si hubo tal depuración.

Con ese argumento muchos de los que hoy protestan en el elevado del portón IV exigen justicia.

Otras alternativas
El Ejecutivo se ha paseado por la creación de una Empresa Socialista Social, una estructura similar a las cooperativas contratadas por el Estado para los proyectos industriales.

Los trabajadores se niegan a esa posibilidad en cuanto, según Liseth Arciniegas, una de las protestantes, esas experiencias fracasaron. “Ahorita hay muchos de nosotros que trabajan en cooperativas y todavía no nos pagan, quebraron”.

Y el prometido desarrollo de la industria “aguas abajo” está lejos de materializarse. Muchos de los proyectos que debieron entrar en operaciones entre 2007 y 2009, hoy sólo aparecen dibujados en grandes vallas de la región como la Ciudad del Acero, la Ciudad del Aluminio o las 11 empresas de producción social del, ahora extinto, Coniba.

Chávez en campaña
Este miércoles las expectativas de los trabajadores guardaban relación con la pautada visita del presidente Hugo Chávez este jueves. Al parecer las protestas y la alta conflictividad en la zona, abortaron la misión del primer mandatario quien, en esta oportunidad, pensaba visitar a Guayana como parte de su agenda de campaña.

La visita presidencial está “por confirmar”, aunque en la mañana el avión presidencial estuvo en Puerto Ordaz y varias figuras del Gobierno siguen por los predios guayaneses.

Anoche la tensión entre los gandoleros atrapados en la cola y los manifestantes amenazaba con un enfrentamiento. En el sitio estuvo el alcalde de Caroní, José Ramón López, y el coronel Julio César Fuentes Manzulli.

Hasta el cierre de esta edición esperaban una comunicación telefónica directa con el presidente Hugo Chávez.

8.334 tercerizados tenía Sidor en el 2008; sólo 3.700 trabajadores eran inherentes y conexos según la cláusula 96 de Sutiss.

40% representaba la mano de obra en la estructura de costo del mes de septiembre de 2011. (Fuente: Informe Sidor. Octubre 2011)

398 millones de dólares registró en pérdidas Sidor entre enero y junio de este año, superior a las registradas en 2011 y dos veces superior a la de 2010 (169 millones de dólares).

Correo del Caroní
02-08-2012

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Exigen investigar caso de presunto gestor de la misión vivienda

Orlando Virué, Epifania Ascanio, Yaselli Ilarraza y un grupo de guayaneses se acercaron a este medio de comunicación para desmentir las acusaciones realizadas contra Juvenal Lara, quien fue detenido por presunta extorsión y estafa por hacerse pasar por funcionario de la Gran Misión Vivienda, según indicó el Cicpc.

Quienes se apersonaron para defender al hombre son madres y padres de familias que residen en sectores como el Core 8, Unare, Los Aceites y Dalla Costa. Estas personas defienden a Juvenal Lara, alegan que éste los estaba ayudando y guiando para obtener unas casas.

La necesidad de conseguir una vivienda propia llevó a estas personas a aceptar la ayuda de Lara quien les cobraba 50 bolívares por procesar los documentos necesarios para adquirir una vivienda.

“Él no es un estafador, trabaja con una organización y constructora que está ejecutando un proyecto para llevárselo al Presidente de la República. Sabemos que es verdad lo que hace y que no es un extorsionador”, explicó Virué.

Las más de 20 personas que confían en Lara exigen a las autoridades que investiguen el caso a fondo y se retiren los cargos.

Correo del Caroní
02-08-2012

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