Los créditos tendrán un plazo no mayor de 25 años (Créditos: Reuters)
Los refugiados por las lluvias de los últimos años tendrán "condiciones de financiamiento particulares" para adquirir una vivienda principal construída dentro de la misión Vivienda.
Según una resolución del ministerio de la Vivienda, publicada este martes en la Gaceta Oficial número 39.745, los damnificados tienen prioridad en la oferta estatal de viviendas, al ser calificados como "sujetos de atención especial".
Estas personas podrán adquirir créditos hipotecarios con un plazo no mayor de 25 años y con una tasa de interés mímina; "fijada para los créditos hipotecarios, establecida por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat y publicada por el Banco Central de Venezuela", dice la resolución.
La Gaceta reseña que los inmuebles adquiridos mediante estos créditos "no podrán ser enajenados sin el consentimiento expreso emitido por el Organo Superior del Sistema de Vivienda y Hábitat o el ente que este designe".
Por otra parte, el ministerio de Vivienda fija como variables para otorgar los créditos hipotecarios el valor de la vivienda, el diseño y aplicación de esquemas de financiamiento adecuados, asì como la recuperación de recursos invertidos.
También el ministerio establece las variables: la aplicación de subsidio directo habitacional, el estudio socio económico de los solicitantes del crédito y la capacidad de endeudamiento del grupo familiar (tomando como base el salario mínimo).
Elmundo.com.ve
31-08-2011
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jueves, 1 de septiembre de 2011
Molina: 286 mil viviendas están actualmente en construcción
Todos los proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela que están en ejecución
El ministro para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, aseguró que todos los proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela que están en ejecución, se entregarán para finales de 2012 o principios de 2013, englobando un total de 360 mil hogares.
“Estamos desplegados en todo el país, estos son desarrollos que están llevándose acabo a través de los ejecutores de las instituciones públicas, junto con ellos están decenas de miles de viviendas en ejecución que también están concluyéndose día a día”.
Informó en una entrevista para Actualidad de Unión Radio, que actualmente se están construyendo 286 mil viviendas de las cuales 44 mil de ellas ya han sido entregadas, para hacer un total de 360 mil viviendas incluyendo las que ya están contratadas y que pronto se iniciarán.
Estimó que esos proyectos habitacionales se van a culminar hacia finales del año 2012 o a principios de 2013.
“Estamos de acuerdo a lo planificado, y eso quiere decir que estamos cumpliendo”.
Asimismo, el ministro explicó que para todo el plan de la Gran Misión Vivienda, el Gobierno Nacional está invirtiendo 54 mil millones de bolívares, de los cuales, 34 mil provienen de fondos públicos del Ejecutivo.
“Ahora disponemos de recursos que antes no disponíamos, tenemos una renta petrolera el servicio del desarrollo nacional, para poder suplir las necesidades de los ciudadanos”.
Por otra parte manifestó, que 2 mil 800 millones de bolívares son provenientes del Fondo de Ahorro Habitacional y reiteró que los recursos de PDVSA, están al servicio de todos los programas sociales.
Juan Escalante
Unionradio.net
31-08-2011
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“Estamos desplegados en todo el país, estos son desarrollos que están llevándose acabo a través de los ejecutores de las instituciones públicas, junto con ellos están decenas de miles de viviendas en ejecución que también están concluyéndose día a día”.
Informó en una entrevista para Actualidad de Unión Radio, que actualmente se están construyendo 286 mil viviendas de las cuales 44 mil de ellas ya han sido entregadas, para hacer un total de 360 mil viviendas incluyendo las que ya están contratadas y que pronto se iniciarán.
Estimó que esos proyectos habitacionales se van a culminar hacia finales del año 2012 o a principios de 2013.
“Estamos de acuerdo a lo planificado, y eso quiere decir que estamos cumpliendo”.
Asimismo, el ministro explicó que para todo el plan de la Gran Misión Vivienda, el Gobierno Nacional está invirtiendo 54 mil millones de bolívares, de los cuales, 34 mil provienen de fondos públicos del Ejecutivo.
“Ahora disponemos de recursos que antes no disponíamos, tenemos una renta petrolera el servicio del desarrollo nacional, para poder suplir las necesidades de los ciudadanos”.
Por otra parte manifestó, que 2 mil 800 millones de bolívares son provenientes del Fondo de Ahorro Habitacional y reiteró que los recursos de PDVSA, están al servicio de todos los programas sociales.
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Inquilinos proponen eliminar pago de alquiler por tribunal
Red de Inquilinos participó en reunión de la Comisión Técnica en la AN Foto: Wilfredo Yustis
La instancia técnica de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) que debate la Ley de Arrendamientos, eliminó el procedimiento que permite el pago por consignación- es decir, la cancelación del alquiler en un tribunal-, cuando un propietario se niegue a recibir el pago del canon.
La modificación será sometida a votación del equipo parlamentario presidido por Diosdado Cabello (Psuv). Eleusis Borrego, miembro de la Red Metropolitana de Inquilinos -proponente del texto legal-, señaló que se busca evitar que los propietarios de viviendas en alquiler impidan el pago del arriendo y se pueda proceder al desalojo por incumplimiento del inquilino.
Explicó que la desaparición del procedimiento judicial no implica la desaparición de los Tribunales de Consignación -instancias que reciben comprobantes de depósito por alquiler y certifican el pago-, sino que elimina la competencia de manejar los recursos por concepto de canon de arriendo.
El proceso fue sustituido por varios artículos. Precisó que el número 59 estipula que el propietario está obligado a abrir una cuenta de ahorro en un banco estatal, para que el inquilino efectúe el pago mensual del canon.
Agregó que el apartado legal prohibe el cierre de la cuenta durante la relación arrendaticia, pero si así ocurriera, dijo que el inquilino queda exonerado de cancelar el alquiler hasta que se reabra el instrumento financiero, y el pago lo realizará desde el momento en que esté operativa la cuenta.
Borrego sostuvo que de esta forma se elimina el proceso judicial y queda en manos del propietario la reanudación del pago, una vez que vuelva a abrir la cuenta. La normativa establece que el inquilino deberá notificar a la Superintendencia de Viviendas la cancelación de la cuenta para evitar la mora.
Ilegalidad innecesaria
Se espera que la Ley de Arrendamientos, cuyo debate da cuenta de 138 artículos aprobados de 150, sea sancionada por la AN el próximo mes.
Borrego señaló que entre los beneficios del nuevo proceso, se elimina el uso de efectivo u otra forma de pago que no se refleje en la cuenta (depósito o transferencia), garantizando la prueba de la cancelación.
La ley estipulaba que ante la negativa del propietario, el inquilino tenía 20 días para acudir al tribunal y consignar el pago del canon.
La eliminación del procedimiento fue cuestionada por Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur). Explicó que además de violentar la voluntad de las partes de pactar la forma de pago, se “mete en una ilegalidad innecesaria a los dueños de viviendas que no estén bancarizados y no abran una cuenta”. Señaló que más del 50% de la población del país no tiene un instrumento financiero, por lo que la propuesta le da la espalda a la realidad.
Un nuevo cambio a la ley fue la creación del Fondo de Seguridad Social del Inquilino y del Pequeño Arrendador. Borrego explicó que es una disposición transitoria que además prevé que su fuente de ingresos sean las consignaciones o alquileres que tienen actualmente los tribunales y que nunca han sido retirados, ya sea porque los propietarios fallecieron o se nieguen a hacerlo.
Dijo que se fijaría una fecha de prescripción para el retiro, pero Orta refirió que el Ejecutivo no puede disponer de recursos de un proceso judicial. Se calcula que los tribunales resguardan Bs.F 60 millardos por este concepto.
Eltiempo.com.ve
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La modificación será sometida a votación del equipo parlamentario presidido por Diosdado Cabello (Psuv). Eleusis Borrego, miembro de la Red Metropolitana de Inquilinos -proponente del texto legal-, señaló que se busca evitar que los propietarios de viviendas en alquiler impidan el pago del arriendo y se pueda proceder al desalojo por incumplimiento del inquilino.
Explicó que la desaparición del procedimiento judicial no implica la desaparición de los Tribunales de Consignación -instancias que reciben comprobantes de depósito por alquiler y certifican el pago-, sino que elimina la competencia de manejar los recursos por concepto de canon de arriendo.
El proceso fue sustituido por varios artículos. Precisó que el número 59 estipula que el propietario está obligado a abrir una cuenta de ahorro en un banco estatal, para que el inquilino efectúe el pago mensual del canon.
Agregó que el apartado legal prohibe el cierre de la cuenta durante la relación arrendaticia, pero si así ocurriera, dijo que el inquilino queda exonerado de cancelar el alquiler hasta que se reabra el instrumento financiero, y el pago lo realizará desde el momento en que esté operativa la cuenta.
Borrego sostuvo que de esta forma se elimina el proceso judicial y queda en manos del propietario la reanudación del pago, una vez que vuelva a abrir la cuenta. La normativa establece que el inquilino deberá notificar a la Superintendencia de Viviendas la cancelación de la cuenta para evitar la mora.
Ilegalidad innecesaria
Se espera que la Ley de Arrendamientos, cuyo debate da cuenta de 138 artículos aprobados de 150, sea sancionada por la AN el próximo mes.
Borrego señaló que entre los beneficios del nuevo proceso, se elimina el uso de efectivo u otra forma de pago que no se refleje en la cuenta (depósito o transferencia), garantizando la prueba de la cancelación.
La ley estipulaba que ante la negativa del propietario, el inquilino tenía 20 días para acudir al tribunal y consignar el pago del canon.
La eliminación del procedimiento fue cuestionada por Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur). Explicó que además de violentar la voluntad de las partes de pactar la forma de pago, se “mete en una ilegalidad innecesaria a los dueños de viviendas que no estén bancarizados y no abran una cuenta”. Señaló que más del 50% de la población del país no tiene un instrumento financiero, por lo que la propuesta le da la espalda a la realidad.
Un nuevo cambio a la ley fue la creación del Fondo de Seguridad Social del Inquilino y del Pequeño Arrendador. Borrego explicó que es una disposición transitoria que además prevé que su fuente de ingresos sean las consignaciones o alquileres que tienen actualmente los tribunales y que nunca han sido retirados, ya sea porque los propietarios fallecieron o se nieguen a hacerlo.
Dijo que se fijaría una fecha de prescripción para el retiro, pero Orta refirió que el Ejecutivo no puede disponer de recursos de un proceso judicial. Se calcula que los tribunales resguardan Bs.F 60 millardos por este concepto.
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Alquileres no durarán más de 10 años
(Créditos: Federico Parra)
Según el proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos y Viviendas, "la normativa garantizará que las familias no pasen más de 10 años en condición de inquilinas".
Así lo señala el artículo 5 de del estatuto que se discute actualmente la comisión de Administración de Servicios de la Asamblea Nacional (AN).
En dicho artículo especifican que "promoverán la disminución progresiva de este plazo, (para que las familias no pasen más de 10 años en condición de inquilinos) a través del acceso de los arrendatarios a la propiedad de las viviendas, conforme a lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana.
Sin consenso. El vocero de la Red Metropolitana de Inquilinos, Rigel Sergent, informó que aproximadamente 15 artículos fueron diferidos, "para continuar la discusión porque no hubo consenso en las mesas de trabajo de la AN", acotó.
Según el proyecto enviado a esta redacción, hasta el 10 de agosto se aprobaron 82 artículos del proyecto de Ley.
Sergent indicó que los artículos discutidos hasta el momento fueron aprobados por los diputados de la Comisión de la AN, sin embargo, algunos puede ser modificados, cuando se efectúe la segunda discusión.
Poco claro. El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbano, Apiur, Roberto Orta, indicó que este enunciado no establece claramente bajo qué condiciones el gobierno evitará que las personas no pasen más de 10 años alquilados, "falta otro artículo que aclare este enunciado", indicó
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31-08-2011
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Así lo señala el artículo 5 de del estatuto que se discute actualmente la comisión de Administración de Servicios de la Asamblea Nacional (AN).
En dicho artículo especifican que "promoverán la disminución progresiva de este plazo, (para que las familias no pasen más de 10 años en condición de inquilinos) a través del acceso de los arrendatarios a la propiedad de las viviendas, conforme a lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana.
Sin consenso. El vocero de la Red Metropolitana de Inquilinos, Rigel Sergent, informó que aproximadamente 15 artículos fueron diferidos, "para continuar la discusión porque no hubo consenso en las mesas de trabajo de la AN", acotó.
Según el proyecto enviado a esta redacción, hasta el 10 de agosto se aprobaron 82 artículos del proyecto de Ley.
Sergent indicó que los artículos discutidos hasta el momento fueron aprobados por los diputados de la Comisión de la AN, sin embargo, algunos puede ser modificados, cuando se efectúe la segunda discusión.
Poco claro. El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbano, Apiur, Roberto Orta, indicó que este enunciado no establece claramente bajo qué condiciones el gobierno evitará que las personas no pasen más de 10 años alquilados, "falta otro artículo que aclare este enunciado", indicó
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Ejecutivo eleva cifras de terminación de viviendas a 45.000 casas
El ministro de la Vivienda, Ricardo Molina, señaló que esta semana los entes oficiales, las comunidades y los privados incrementaron el número de soluciones habitacionales terminadas y apuntó que ya se han concluido más de 45.000 casas.
De acuerdo a lo que han indicado las autoridades este año se realizarán 153.000 viviendas, y en ocho meses se ha culminado el 29%.
El funcionario reiteró a Unión Radio que se encuentran en proceso de ejecución más de 260.000 soluciones y comentó que las casas que están previstas en los convenios internacionales se culminarán el próximo año.
Avances
Por otra parte, la instancia técnica de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea realizó revisiones a la reforma de la Ley de Arrendamientos.
Los técnicos ajustaron el proceso de consignación y decidieron que los pagos de los alquileres vencidos ya no se harán por tribunales, los propietarios tendrán que abrir cuentas en las cuales los inquilinos depositarán las rentas.
El Universal
31-08-2011
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El funcionario reiteró a Unión Radio que se encuentran en proceso de ejecución más de 260.000 soluciones y comentó que las casas que están previstas en los convenios internacionales se culminarán el próximo año.
Avances
Por otra parte, la instancia técnica de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea realizó revisiones a la reforma de la Ley de Arrendamientos.
Los técnicos ajustaron el proceso de consignación y decidieron que los pagos de los alquileres vencidos ya no se harán por tribunales, los propietarios tendrán que abrir cuentas en las cuales los inquilinos depositarán las rentas.
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Para comprar un techito se necesita un ingreso gordo
Adquirir una vivienda en Plaza y Zamora, mediante las alternativas crediticias de la Ley de Política Habitacional (LPH) o a través de créditos hipotecarios, constituye un sueño inalcanzable para aquellos que sólo ganen el sueldo mínimo.
En un recorrido hecho por ÚN, y a través de un sondeo realizado con representantes de la empresa Coldwell Banker, dedicada a la venta de inmuebles en la localidad, se constató que se construyen 15 desarrollos habitacionales privados en la subregión, entre los que están Casa Bonita, Residencias San Francisco, Villas del Buenaventura y Residencias Guatire Plaza. Los precios de los inmuebles oscilan entre BsF 400 mil y 800 mil. Para la compra se exige como inicial entre 10%y 20% del valor total, mientras que el resto se financia por LPH.
Con estos precios, quienes ganan sueldo mínimo sólo pueden seguir soñando con un hogar propio o recurrir a las opciones de techo que adelanta el Ministerio de la Vivienda y Hábitat en Ciudad Belén, Garzas y Gavilanes, Bosque del Ingenio y Las Nereidas. De las 19.800 casas proyectadas hace más de cinco años, sólo se han concluido poco más de 1.200 unidades. En la subregión, sólo la Misión Vivienda tiene inscritas 47.094 familias.
No es fácil.
María Borges, subgerente del Banco del Tesoro, ubicado en Guatire, indicó que el monto máximo que aprueba la banca pública y privada a los núcleos familiares que ganen un sueldo mínimo (BsF 1.407) es de BsF 87.195, mediante LPH y con un interés del 2%. Borges dijo que para poder optar al máximo de la LPH (BsF 270 mil) el ingreso familiar debe ser de BsF 7.000 y la tasa de interés mensual es de 8,55%. Si el ingreso de la familia es mayor, pero no supera los BsF 23.000, los interesados sólo pueden optar a los créditos que otorga la banca con sus propios recursos, cuyo interés supera 10,33%.
En el caso de la banca privada, en entidades como el Banco Mercantil se informó que están paralizados los otorgamientos de préstamos hipotecarios. La razón es que esperan la nueva resolución del Ministerio de Vivienda y Hábitat, aprobada el pasado 19 de julio, en la que se aumenta a 300 mil el límite máximo para los créditos por LPH.
Rosa Esposo, subgerente de Negocios de Banesco, dijo que no se están aprobando créditos con recursos propios desde marzo de este año, pues se agotó la cartera de cupos asignados anualmente por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih). Aún no se ha cumplido lo previsto en la Gaceta Oficial del 29 de julio pasado, que redujo la cantidad de requisitos que se exigen para solicitar un crédito por LPH. Según los bancos consultados, el promedio de trámites culminados es de uno al mes, de cada 20 personas que piden información, sólo 10 solicitan el crédito.
Entorno Inteligente
31-08-2011
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Con estos precios, quienes ganan sueldo mínimo sólo pueden seguir soñando con un hogar propio o recurrir a las opciones de techo que adelanta el Ministerio de la Vivienda y Hábitat en Ciudad Belén, Garzas y Gavilanes, Bosque del Ingenio y Las Nereidas. De las 19.800 casas proyectadas hace más de cinco años, sólo se han concluido poco más de 1.200 unidades. En la subregión, sólo la Misión Vivienda tiene inscritas 47.094 familias.
No es fácil.
María Borges, subgerente del Banco del Tesoro, ubicado en Guatire, indicó que el monto máximo que aprueba la banca pública y privada a los núcleos familiares que ganen un sueldo mínimo (BsF 1.407) es de BsF 87.195, mediante LPH y con un interés del 2%. Borges dijo que para poder optar al máximo de la LPH (BsF 270 mil) el ingreso familiar debe ser de BsF 7.000 y la tasa de interés mensual es de 8,55%. Si el ingreso de la familia es mayor, pero no supera los BsF 23.000, los interesados sólo pueden optar a los créditos que otorga la banca con sus propios recursos, cuyo interés supera 10,33%.
En el caso de la banca privada, en entidades como el Banco Mercantil se informó que están paralizados los otorgamientos de préstamos hipotecarios. La razón es que esperan la nueva resolución del Ministerio de Vivienda y Hábitat, aprobada el pasado 19 de julio, en la que se aumenta a 300 mil el límite máximo para los créditos por LPH.
Rosa Esposo, subgerente de Negocios de Banesco, dijo que no se están aprobando créditos con recursos propios desde marzo de este año, pues se agotó la cartera de cupos asignados anualmente por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih). Aún no se ha cumplido lo previsto en la Gaceta Oficial del 29 de julio pasado, que redujo la cantidad de requisitos que se exigen para solicitar un crédito por LPH. Según los bancos consultados, el promedio de trámites culminados es de uno al mes, de cada 20 personas que piden información, sólo 10 solicitan el crédito.
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31-08-2011
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Ley de arrendamiento no afectará a quien alquile una casa
Pañate dijo que buscan romper con los monopolios inmobiliarios
El parlamentario, Eduardo Piñate, dio un balance sobre los foros que comenzaron a realizar desde el pasado lunes, a propósito de la próxima discusión de la Ley de Arrendamiento. Dijo que con los debates esperan recoger las inquietudes de la población.
“Estos foros se realizarán hasta el 16 de septiembre (…) el día jueves estuvimos en un foro con jóvenes de distintas universidades del país quienes solicitaban incorporar las residencias estudiantiles a la ley”.
Dijo que la creación de la red de propietarios de viviendas en alquiler, responde a un monopolio inmobiliario que no atiende a un ciudadano común, sino a una red de administradoras y empresas inmobiliarias, “creo que ese tipo de redes que se viene conformando tiene que ver con defender ese interés sólo que de manera demagógica hablan de nosotros”
Destacó que la Ley no busca afectar a una persona que alquila un apartamento, pero si tendrá efecto sobre las empresas inmobiliarias que tiene un mercado inmobiliario, “eso tiene que ver con la confrontación de dos visiones de país distintas (…) nosotros defendemos lo que tiene que ver ciudad, el habita, la justicia social (…) ellos desean mantener los privilegios que siempre han tenido”.
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“Estos foros se realizarán hasta el 16 de septiembre (…) el día jueves estuvimos en un foro con jóvenes de distintas universidades del país quienes solicitaban incorporar las residencias estudiantiles a la ley”.
Dijo que la creación de la red de propietarios de viviendas en alquiler, responde a un monopolio inmobiliario que no atiende a un ciudadano común, sino a una red de administradoras y empresas inmobiliarias, “creo que ese tipo de redes que se viene conformando tiene que ver con defender ese interés sólo que de manera demagógica hablan de nosotros”
Destacó que la Ley no busca afectar a una persona que alquila un apartamento, pero si tendrá efecto sobre las empresas inmobiliarias que tiene un mercado inmobiliario, “eso tiene que ver con la confrontación de dos visiones de país distintas (…) nosotros defendemos lo que tiene que ver ciudad, el habita, la justicia social (…) ellos desean mantener los privilegios que siempre han tenido”.
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