Al respecto, consideraron que las autoridades deberían estar centradas en hacer cumplir la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a esta situación y “no colocar irresponsablemente sacos de arena y piedras a la estructura, cuando ya está venció su vida útil.
Una de las afectadas, Mirian Pedraza, aseguró que hasta la fecha frente a esta situación ni las autoridades locales ni nacionales han dado la cara al respecto. Afirmó que hasta ahora la gobernación del estado ha favorecido sólo a pequeños grupos, dejando por fuera a la mayoría.
“Estamos en riesgo de muerte, por eso exigimos que se cumpla la ley, y llamamos al presidente de Pdvsa, y al gobernador para que se unan y obtengan los fondos para el pago de las viviendas que están en peligro”, subrayó.
Igualmente, la señora Arelys López, también propietaria, criticó los trabajos que se están realizando en el muro porque las autoridades están centradas en ello, cuando a su juicio hay una sentencia ganada por parte de los afectados emitida hace años y aún no se ha cumplido.
También, esta dama denunció que las familias han sido “discriminadas” y sólo han tenido promesas de casas de 62 metros cuadrados, cuando tenían propiedades de hasta 200 metros.
Asimismo, reclamó que voceros de las comunidades han sido beneficiados con Town House, mientras muchas familias, están exigiendo una módica pero segura vivienda, ante la contingencia.
Por su parte, el ingeniero Arnoldo Benítez de la red de luchadores sociales, dijo que el gobernador Rafael Isea, el 16 de febrero de este año solicitó un crédito adicional, y de este capital utilizaría 36 mil millones para la construcción de seis refugios nuevos, cuando a su criterio los afectados están negados a dejar sus viviendas.
Dijo además que al mandatario regional le asignaron 204 millones de bolívares fuertes para la compra de 250 viviendas en el mercado primario, y aún desconocen a quienes se las otorgaron.
La misma pregunta se la hizo la señora, Nilda Chacón, biólogo de profesión, quien alegó que con el lago el riesgo es inminente y desmintió algún apoyo por parte del Gobierno y aseguró que están esperando que una “tragedia” ocurra para actuar.
“ Tuvieron tiempo para hacer el ejecútese del Tribunal Supremo de Justicia pero ahora llegó la hora “0” , el muro de contención está a punto de ceder , fue creado para tres años y lleva 7 , el nivel del lago ya llegó casi al limite con 412.38, que más van a esperar”, subrayó.
Sobre los trabajos que están ejecutándose en el terraplén de La Punta, consideró que estos son un “paliativo” que no garantiza la estabilidad o vida útil de esta estructura, y que de llover la situación sería otra.
Manifestó que es una irresponsabilidad del equipo de trabajo que está sumado a estas labores, cumplir un horario de oficina y los fines de semana no venir a trabajar, cuando deberían estar haciéndolo las 24 horas , para reesforzar el espacio, y evitar una tragedia, que dejaría saldos lamentables.
Igualmente, indicó que a las pocas familias que se les han asignado viviendas, se las han entregado sin culminar, lo que no representa una solución concreta, porque tampoco pueden vivir en estas condiciones.
Por otra parte, ante las constantes lluvias hizo un llamado, a los afectados a que tomen sus previsiones, y resguarden los documentos de sus propiedades en otras partes, y no dejen sólo a pequeños, si es posible llevarlos a casa de familiares, hasta lograr la indemnización.
¡El Gobierno sí ha dado soluciones!
Edicta Olivo, vocera de los inquilinos y habitantes de La Punta y Mata Redonda, desmintió las acusaciones de los propietarios de las distintas comunidades afectadas por el lago, y aseguró que el gobierno regional y nacional sí ha dado soluciones, con la entrega de viviendas dignas.
Comentó que nunca han recibido la propuesta de traslado a refugios y en los próximos días hay un compromiso de las autoridades de la entrega de nuevas soluciones habitacionales, a 150 familias en Arsenal y Guasimal.
Frente a las declaraciones emitidas por el Antonio Rivero, exdirector de Protección Civil a nivel nacional, sobre la situación del lago y las acciones que debió tomar el gobierno para evitar la contingencia, dijo que son “falsas”, y que el Gobierno, si ha trabajado al ofrecerle soluciones habitacionales dignas a estas familias.
Finalmente, dijo que Rivero discriminó al colectivo que representa cuando cumplía sus labores como máxima autoridad de PC, por lo que tuvieron que emitir una denuncia ante la Defensoría Nacional.
El Siglo
16-05-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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