viernes, 21 de septiembre de 2012


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Pdvsa paga a firmas extranjeras $ 9,9 millardos por viviendas


"El tiempo es corto y el déficit de viviendas es demasiado grande. Por eso tenemos a mano los convenios internacionales para producir viviendas a una velocidad bastante grande y seguirá así. Vamos hacia la construcción de viviendas modulares que se puedan regar por la geografía venezolana", dijo José Ramón Arias, presidente de Pdvsa Ingeniería y Construcción, filial encargada de las obras que ejecuta la petrolera en la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Fue la respuesta de Arias cuando fue consultado, en el II Congreso Integral de Hidrocarburos, si en los planes de viviendas del Gobierno estaba proyectado que se incrementara la participación de empresas nacionales.

Pdvsa ha dispuesto de 9,9 millardos de dólares para la construcción de 80.901 viviendas, lo que implica un costo por encima de 122.000 dólares por unidad, es decir, más de 524.600 bolívares al tipo de cambio oficial de 4,30 bolívares por dólar.

Del total asignado por la empresa para el programa, 97% de las viviendas (78.498 unidades) será construido por 8 empresas de igual número de países. Algunas de esas naciones han suscrito convenios de suministro de crudo y de combustibles con el Gobierno venezolano, de manera que pueden compensar la factura petrolera con la prestación de servicios, entre los que se encuentra la construcción de inmuebles.

El principal constructor foráneo es Citic, empresa china, que tiene la responsabilidad de entregar 24.230 viviendas (30% del total de unidades proyectadas por Pdvsa), entre ellas figuran los edificios que forman parte del complejo urbanístico Ciudad Tiuna, que está ubicado en los terrenos de la zona militar de Fuerte Tiuna en el suroeste de Caracas.

La segunda empresa con mayores obras es Kayson, de Irán, que abarca 21% de las viviendas dispuestas en el plan. Con menor cantidad le siguen la compañía BZS, de Bielorrusia, que tiene 16% de la cuota; la firma Lena, de Portugal, con 15,4%; FCV, de Rusia, con 7,8%, mientras que el restante 9,8% se reparte entre los complejos urbanísticos que deben realizar Asigna, de España, Summa, de Turquía, y Consilux, de Brasil, junto con un proyecto propio, a cargo de Pdvsa, de 2.403 viviendas en Catia La Mar, en el estado Vargas.

"Las empresas rusas traen a Venezuela los diseños de estructuras metálicas. Ellos fueron los que patentaron esa tecnología de fabricación muy rápida, pero no hay razón para no hacerlo en el país", expresó Arias al referirse a uno de los contratos suscritos.

Un cuarto del plan. La cantidad de viviendas que está a cargo de Pdvsa representa casi la cuarta parte del plan anunciado por el Ejecutivo y que incluye la construcción de 350.000 unidades entre 2011 y 2012.

Hasta el momento se habría cumplido 70% del objetivo, según el reporte oficial. A finales de agosto el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, que además es coordinador de la Gran Misión Vivienda Venezuela, afirmó que habían edificado 242.585 unidades.

Sin embargo, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela ha puesto en duda la cifra tomando en cuenta la data que hasta el año pasado suministró el Banco Central de Venezuela. De acuerdo con el instituto emisor, de las 146.000 unidades entregadas en 2011, cerca de 35% correspondió al sector privado, 25% al público y 40% al programa de sustitución de rancho por casa.

"Se han dado casos en los cuales es posible hacer obras sin necesidad de recurrir a empresas extranjeras. Por ejemplo, el año que más viviendas se hicieron fue en 2009, cuando el Gobierno y los constructores privados entregaron 95.000 viviendas. Eso es posible en la actualidad a más bajo costo", señaló Aquiles Martini, presidente del gremio inmobiliario.

"Los proyectos que están haciendo compañías de otros países, como el de Ciudad Tiuna a cargo de los chinos, no están tomando en cuenta que deben concebirse como desarrollos urbanísticos que tienen que disponer de servicios básicos", agregó.

La Cámara Inmobiliaria, al igual que hizo hace poco la Cámara Petrolera de Venezuela, solicitó al Ejecutivo una mayor participación del empresariado venezolano en el diseño y ejecución de viviendas. Martín también pidió que se atienda el problema de la escasez de cemento y de cabillas, y que se revise la legislación. Advirtió que con la aprobación de la Ley de Arrendamiento se ha frenado la oferta para alquilar.

El Nacional
19-09-2012

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Desidia pública (opinión sobre la Ley de Arrendamiento)


La Ley de Arrendamiento vigente en su artículo cinco, parte seis, dice: "Que prive la justicia sobre las formalidades jurídicas, y la realidad sobre las formas y apariencias; especialmente cuando las formas y apariencias que se adopten estén dirigidas a menoscabar el interés social o goce del derecho de vivienda". Los hechos (como son los retrasos en las solicitudes de los propietarios en la Superintendencia de Arrendamientos) menoscaban ese derecho, demostrando que este principio no es el que rige.

En mi caso al expediente S-1550/ 12-4 debí hacer reiteradas correcciones hasta que aceptaron mi solicitud, sin poder obtener ninguna respuesta.

Estoy desde el 2008 tratando de recuperar mi apartamento a través de acuerdos amistosos, con notificaciones y compromisos firmados por mi inquilino, que nunca cumplió, por lo que recurrí a la vía judicial. Introduje el libelo de la demanda en la Superintendencia y aún no sucede nada.

Mientras el tiempo transcurre mis tres hijos menores, mi esposa y yo sufrimos las consecuencias de la desidia pública.

Pido se le dé curso a los expedientes en la Superintendencia de Arrendamiento ya que los propietarios tenemos el derecho constitucional de recuperar la propiedad.


Edwin José Pelayo Loaiza
C.I. 8.924.753


El Universal
19-09-2012

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Ley Penal del Ambiente encarece multas hasta en 779%


Desde el sector privado se ha denunciado desde hace años el aumento del "cerco" y la "penalización" de la actividad empresarial por parte del Gobierno nacional a través de diversas leyes.

El abogado Gregory Odreman afirmó que la Ley Penal del Ambiente, aprobada en mayo pasado, es uno de esos instrumentos. "Hay que tener mucho cuidado con esta ley", afirmó Odreman en un foro realizado por la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).

El jurista explicó que el texto legal contiene hasta 78 normas referidas a sanciones penales y que también supondrá enormes costos económicos para las empresas.

"Una de las consecuencias de esta ley es que le encarece las operaciones a las empresas porque tienen que ser muy cuidadosas".

Por tal motivo, el abogado instó a las empresas a "adecuarse" y a realizar una "auditoría penal ambiental" para evitar cometer posibles delitos ambientales.

De acuerdo a cálculos realizados por los industriales las multas establecidas en la ley se incrementan hasta en 779% con respecto al texto legal precedente, que data de 1992. En efecto, en el caso de que una empresa incurra en "descargas ilícitas al medio marino, fluvial, lacustre o costero" deberá cancelar 180 mil bolívares de multa y en la antigua ley la sanción era de poco más de 20 mil bolívares.

Ese no es el único ejemplo. En el caso de "vertido de materiales degradantes en cuerpos de agua" el incremento de la sanción llega hasta 340%, según los cálculos realizados por los industriales.

"Se ha aumentado el grado de sanciones y de consecuencias jurídicas que adversan la actividad empresarial en términos muy pocos racionales", aseguró el abogado Fernando Fernández, de la firma Baker & McKenzie.

Fernández señaló que una sanción puede llegar hasta la "disolución de la persona jurídica" en caso de un delito ambiental. "Esto es muy grave y habría que preguntarse si el delito ambiental es atribuible a una empresa del Estado, ¿se va a disolver la persona jurídica? Eso no tiene el menor sentido".

El abogado señaló que las compañías deben tener políticas ambientales "muy severas para evitar este riesgo penal". Agregó que otro vicio es que se amplió el concepto de "responsabilidad solidaria" que hace responsable a una empresa por el delito ambiental que cometa una contratista.

La Ley Penal del Ambiente fue reformada en mayo pasado y está en plena vigencia desde agosto.

El Universal
19-09-2012

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Politizan situación de damnificados


La politización en el país ha llegado a casos extremos. La alcaldesa del municipio Pedro María Freites, del estado Anzoátegui, Evelyn Urdaneta, tiene negado el ingreso a la Escuela Bolivariana El Samán, donde están refugiadas 153 familias damnificadas por la crecida del río Amana.

La zona está resguardada por la Guardia Nacional y, aunque la primera autoridad del municipio fue la que estableció el sitio como lugar transitorio para darle apoyo a las familias, el Gobierno nacional no la deja entrar "por ser de oposición", como ella misma lo denuncia.

Urdaneta señala que luego de que el gobernador de la entidad, Tarek William Saab, visitó el lugar, dio instrucción de que no le permitieran el ingreso y con ello el apoyo a las personas afectadas. "Aquí se está violando la Constitución porque yo soy una autoridad legítimamente escogida por los ciudadanos.

Tengo todo el derecho para estar allí y ver en cuáles condiciones se encuentra los damnificados", recalcó.

La alcaldesa recordó que también se está violando la Ley Orgánica Municipal, que le da competencias para encargarse de los asuntos de la localidad. Entre las medidas que estableció para apoyar a los afectados está la activación de un centro de acopio paralelo, donde se recibe comida, ropa y agua. Luego esto es entregado a la GN para que lo reciban los damnificados.

Hasta ahora no tiene conocimiento sobre el estado en que se encuentran las familias refugiadas y tampoco conoce qué planes tiene el Gobierno nacional para solucionarles el problema habitacional que tienen actualmente.

TRABAS POR TODOS LADOS La burgomaestre señala que en el municipio que dirige aproximadamente 1.000 personas perdieron cultivos luego de las últimas lluvias caídas en la entidad. Explica que hay familias que lo perdieron todo y se están haciendo las gestiones para prestarles ayuda, pero no les llegan los recursos que les corresponden por impuestos municipales.

"Pdvsa es el agente de retención fiscal de la región y es el que recibe los impuestos que cancelan las empresas. Ese dinero nos debe ser entregado los primeros 15 días hábiles del mes pero nos deben Bs 77 millones que corresponden a los meses desde febrero hasta agosto", explica.

La alcaldesa afirma que 75% del presupuesto del municipio Pedro María Freites depende de los recursos fiscales y, como no les llegan, han tenido que disminuir 300 empleos, programas sociales y saldrán afectados hasta 3.000 trabajadores públicos. Por si fuera poco, 800 universitarios que son subsidiados por el gobierno local están en riesgo de no poder iniciar el próximo semestre.

Explica que han agotado todas las instancias para ser escuchados y que cesen las presiones políticas. Enviaron una carta al presidente Hugo Chávez y otra al presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez pero no han recibido respuestas. "Esto es un problema político. Yo no puedo asistir a las personas como quisiera porque estoy limitada en los recursos", lamenta.


Entorno Inteligente
18-09-2012

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Denuncian venta ilegal de 10 parcelas en Los Salias


Se encuentran dentro de un área protectora del municipio
ANDREÍNA GÓMEZ
Los Teques.- Un ciudadano identificado como Claudio Silva sería el presunto responsable de la venta ilegal de 10 parcelas, que se encuentran en un área protectora del Municipio Los Salias, por lo que no tiene zonificación para el levantamiento de viviendas.

Según la concejal Ynmer de Parra, el vendedor de los terrenos no tiene documento alguno que lo acredite como dueño de las tierras. Sin embargo, el hombre asegura que lleva más de diez años al cuidado de los espacios y procedió a realizar los movimientos de tierra para dividirlos en parcelas de 100 y 150 metros.

El mediodía del martes, durante una visita a la zona, se intentó obtener una versión del involucrado pero este se negó a hacer cualquier pronunciamiento.

Parra, quien también es presidenta del Comité Antiinvasiones de la localidad, dijo que los vecinos del sector Altos de Tellerías llevaron el caso a la Cámara Municipal, ya que han visto como el cerro, que estaban poblado de árboles y resguarda nacientes de agua potable, está siendo poblado sin control.

"Además, se está creando un problema ambiental para el municipio, estamos permitiendo nuevos focos de contaminación para la Mariposa, porque todos esos nacientes de agua limpia están comenzando a contaminarse", explicó la edil.

Agregó que la zona no cuenta con los servicios básicos, ya que no ha sido intervenida desde el punto de vista urbano y tampoco tiene una vía de acceso que permita la habitabilidad.

"Ese señor lleva muchos años habitando en un ranchón que levantó en el sitio, y de un momento a otro comenzó a entregar las tierras. Quienes están construyendo no tienen documentos ni siquiera notariados, por lo que el caso está siendo llevado a la Fiscalía", detalló.

Los habitantes de las zonas cercanas temen que el caserío pueda consolidarse, ya que provocaría el colapso de los servicios públicos, que actualmente presentan grandes deficiencias. Tal es el caso del alumbrado público y la comunicación telefónica.

"Estamos frente a un delito y mientras el señor Silva no demuestre los documentos debidamente registrados que (acrediten) que el terreno le pertenece, podría se acusado de cometer una estafa", dijo.

La concejal indicó que el Ministerio del Ambiente está convocado para que se hagan las inspecciones correspondientes y se pongan en contacto con el responsable de las ventas, ya que al parecer no ha atendido las citaciones que se han hecho desde la Cámara Municipal. Desde más de 10 años el Plan de Desarrollo Urbano Local de Los Salias no contempla más desarrollos.

El Universal
20-09-2012

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