Misión Vivienda, avenida Libertador / Ernesto Morgado
Existen trabas legales para generar el documento, de acuerdo con expertos en materia inmobiliaria
NICOLLE YAPUR
La Gran Misión Vivienda Venezuela ha construido desde su creación, en marzo de 2011, 385.853 viviendas, según cifras oficiales. Desde entonces, ninguna ha sido cancelada. En recientes declaraciones, el presidente Nicolás Maduro instó a los beneficiarios a empezar a pagar las unidades, incluso a través de “aportes simbólicos de 100, 200 bolívares”.
Para los expertos, el retraso en el cobro de este aporte reside en que el Gobierno no ha entregado a los adjudicatarios un documento de propiedad. “El Estado tiene más de 300.000 títulos pendientes. Es difícil imaginar lo que significa ingresarlos todos en el registro público”, expresó Alfredo Cilento, investigador del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción.
Roberto Orta Martínez, abogado especialista en temas inmobiliarios, explicó que para emitir títulos de propiedad es necesario el registro de un documento de condominio, que de acuerdo con la Ley de Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda, equivale al papel de propiedad multifamiliar.
Orta Martínez señaló que en su experiencia, hasta los momentos, no ha visto ninguno registrado. “Hay mucha improvisación”, comentó. Adicionalmente, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, señaló que el registro del título de propiedad debe venir acompañado de un documento de finalización de obra. “Sabemos que muchas de las viviendas que han entregado no están listas”, manifestó.
Existe otro obstáculo adicional: muchas de las unidades habitacionales fueron edificadas en terrenos expropiados, como los que ocupaban algunos estacionamientos de Caracas, los cuales no han sido pagados a sus antiguos dueños. “El Gobierno no ha culminado el proceso de expropiación y los propietarios no han sido indemnizados, por lo que mal puede dar documentos de propiedad sobre una propiedad que no es del Estado”, indicó.
Desconocimiento. Maduro acotó que al pueblo venezolano “no le gusta lo regalado” y el pago de estas viviendas significaba garantizar la continuidad del programa. Para ello, anunció la conformación del Fondo Central de Vivienda, cuyo funcionamiento no ha sido publicado en Gaceta Oficial.
Fuentes del Banco Nacional de Vivienda indicaron que los detalles sobre el fondo, como el mecanismo de cobro, los montos y las condiciones, aún no han sido definidos.
En el documento de adjudicación entregado a los habitantes de los edificios de la Gran Misión Vivienda sólo se les indica que el cobro de las cuotas iniciará cuando sea anunciado por las autoridades pertinentes, a través del instituto rector –que puede variar- y en condiciones que serán determinadas posteriormente.
Martini recordó que una de las críticas que el Gobierno hizo a los contratos inmobiliarios, y que inspiró la Ley de Estafa Inmobiliaria, era que se trataba de documentos perjudiciales para el comprador. “¿Qué más perjudicial que un contrato en el que las personas no saben ni el monto ni las condiciones en las que van a cancelar?”, expresó.
Queda por determinar también el tema de los subsidios. Según la normativa vigente los subsidios de 100% son temporales y tienen una duración de dos años. Sin embargo, el presidente Maduro afirmó en que los refugiados no pagarán por sus viviendas.
Los damnificados que viven en Ciudad Tiuna desde diciembre de 2012 no han realizado ningún tipo de pago. Poseen un documento de adjudicación, al que se refieren como título de propiedad. “Nosotros no hemos pagado nada estos meses, pero sabemos que tenemos que hacerlo. Yo estoy de acuerdo con pagar, no nos han cobrando ni luz ni agua”, señaló una beneficiaria. Los residentes esperan que el cobro se realice de acuerdo con la capacidad de pago de las personas.
A los beneficiarios más recientes no les han entregado ni siquiera el documento de adjudicación. Pedro Salas, residente de un edificio de la Misión Vivienda en Montalbán, indicó que está dispuesto a dar una contribución mensual por la vivienda que acaba de recibir, apenas el 9 de mayo.
“Estamos de acuerdo con el pago, pero también estamos esperando que nos ayuden porque hay muchos desempleados”, manifestó. Acotó que a ninguno de los residentes les han informado dónde tienen que cancelar ni de cuánto serán las cuotas.
Un informe elaborado por Transparencia Venezuela sobre la Misión Vivienda señala que en ninguna de las viviendas se ha entregado título de propiedad. “Nos preocupa particularmente que los beneficiarios tienen muy poca información sobre el uso, venta, alquiler, gestión de espacios comunes, pago de condominios y otras acciones derivadas de la propiedad”, según el texto.
Trámite costoso. Cilento teme que el costo operativo de cobrar a los beneficiarios por las viviendas sea más elevado que el aporte como tal. Explicó que para realizar el trámite el Gobierno debe disponer de funcionarios y materiales, e incluso infraestructura, que requieren un gasto adicional dentro del programa.
Esta situación, según Cilento, ya se ha presentado en el pasado. Recordó que la inflación de los años 70 diluyó el valor de los aportes del Instituto Nacional de Vivienda, y el costo del cobro superó el monto de la recaudación.
Propiedad multifamiliar. Los inmuebles otorgados a través de la Gran Misión Vivienda están sometidos al régimen de propiedad multifamiliar, que establece el derecho de las unidades familiares sobre el terreno, inmuebles y las áreas de uso y disfrute común.
La Ley de Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gran Misión Vivienda establece que el documento de propiedad familiar es similar a un documento de condominio, que establece cuáles son las áreas de uso común y cuáles son los apartamentos susceptibles a enajenación separada.
El artículo 20 dicta que el documento de propiedad familiar de cada una de las casas, apartamentos y otros inmuebles debe ser protocolizado ante la oficina de registro correspondiente. Añade que el ministerio con competencia en materia de registros y notarías deberá dictar todas las normas especiales para adecuarse de inmediato a los términos de la legislación.
El abogado Roberto Orta Martínez la Ley señaló que los beneficiarios no pueden vender ni alquilar la propiedad.
Las Cifras 80% es el subsidio habitacional para una persona que gane un salario mínimo. A las personas que devenguen el equivalente a dos sueldos mínimos, se les subsidiará 54% del costo de la vivienda. Para aquellos que perciban 3 salarios, el aporte será de 28,3%
El Nacional
27 -05-2013
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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