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Éste es parte del diálogo entre un ejecutivo de ventas de una inmobiliaria de Maracaibo y Carmen Navarro, bionalista, de 28 años, madre de un niño de cuatro años, y en busca de un apartamento para alquilar:
-Estoy interesada en el apartamento del sector Grano de Oro. El de 3.500 bolívares.
—¿Quienes lo ocuparían?
—Mi esposo, mi niño y yo.
—Ummm... ¿Tienes un niño? ¿Qué hace tu esposo?
—Sí. De cuatro años. Mi esposo trabaja en la administración pública. Es relacionista público.
—Okey. Los dueños están temerosos de alquilar a personas que tengan niños... Tú sabes, por la nueva Ley de Arrendamiento. La condición es que firmes el contrato bajo figura jurídica; es decir, a nombre de una empresa. Búscate a un amigo que tenga una empresa y hacemos el contrato.
—¡Pero señor! ¿Y quién me garantiza que no me van a sacar cuando quieran sin darme el tiempo estipulado para las personas que tienen niños para buscar otro lugar donde vivir?
— Es que ese es el problema mi vida. Que los propietarios no quieren negociar con gente que tenga niños por esa razón. Es la única manera de alquilarte el apartamento.
El testimonio de Navarro es similar al de David Zerpa, técnico eléctricista y padre de dos niñas, de tres y nueve años, respectivamente, a quien le solicitaron lo mismo, por sugerencia del abogado del propietario de la vivienda a alquilar, en Sierra Maestra, al sur de Maracaibo.
Las experiencias demuestran que esta es la nueva modalidad que están utilizando algunas inmobiliarias o propietarios directamente, en Maracaibo, para arrendarle una vivienda a personas que tengan niños, dejando entrever la condición como una limitante para las personas con esta condición.
Tal exigencia viola el artículo 13 del proyecto de Ley de Arrendamiento introducido por el Movimiento Pobladores ante la Asamblea Nacional y cuyo estatus es el de 52 artículos discutidos, del total de 166 que contiene el documento.
Aunque el título del articulado sobre las discriminaciones reza: “De los anuncios de prensa”, el reglamento prohibe la exigencia de algunas condiciones, entre ellas la de no tener niños.
“Quedan prohibidos los avisos o anuncios de prensa o de cualquier otro medio de publicidad en los cuales: 1.- Se exija como condición para el arrendamiento o subarrendamiento de viviendas la circunstancia de no tener niños, de estar en estado de gestación, la de ser extranjero el arrendatario o subarrendatario, así como establecer discriminaciones relativas a raza, sexo, credo, profesión o condición social. (...)”, explica el artículo.
“Como la mayoría de la gente necesita alquilar porque está conformando una familia y, por ende, puede haber niños, para no perder el negocio aplican la modalidad de la figura jurídica a riesgo y responsabilidad del propio arrendatario de quedarse sin vivienda”, denuncia Zerpa.
Ante la situación, el presidente de la Cámara Inmobiliaria del Zulia, Carlos González, asegura que “no es la solución y la Cámara no está de acuerdo ni auspicia este tipo de comportamiento de inmobiliarias o propietarios”.
González detalla que la exigencia sin duda se debe al temor al proyecto de Ley de Arrendamiento. Sin embargo, sostiene que la condición de arrendar bajo la figura de empresas “es buscar acomodo a una situación que ya no lo tiene. Esa actitud pudiera generar después un problema si el arrendatario demostrara que tiene niños y que fue, de alguna manera, obligado a firmar un contrato así por la necesidad de una vivienda”.
El empresario lamenta que con el temor al proyecto de ley y las actitudes que algunos propietario e inmobiliarias han tomado el resultado final será la escasez en la oferta de viviendas para alquilar. Sin embargo, sopesa al expresar que “aunque se sabe que el débil jurídico es quien no tiene vivienda, con todo lo expuesto en el proyecto de ley, pareciera que ahora va a ser el propietario del inmueble”.
A juicio de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) la medida obedece también al temor a la resolución de desalojos arbitrarios.
“La gente también teme a esta resolución pues evita el desalojo del arrendatario si fuera necesario. Pero la medida de firmar el contrato bajo la figura de empresa no tiene ningún efecto legal, pues la condición del inmueble la determina no quien lo alquila, sino su uso. Y en estos casos su uso es para la vivienda familiar, aunque esté arrendada por una empresa”, explica el presidente de la Apiur, Roberto Orta, quien agrega que la asociación de propietarios está participando en sesiones complementarias de la discusión del proyecto de Ley de Arrendamiento en la AN.
Orta aclara que es una falsa creencia de los propietarios el pensar que si el arrendatario tiene niños no se le puede alquilar. “Se sabe que es deber de los padres, no del propietario del inmueble, darle vivienda a sus hijos. Por lo tanto, el arrendatario debe cumplir con sus deberes. Pero hay que recordar que esta práctica de simular un contrato con una empresa no rompe la protección a la familia, pues el uso del inmueble sería de vivienda familiar”, reflexiona.
Panorama
01-08-2011
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martes, 2 de agosto de 2011
Casi nadie se animará a alquilar su inmueble
Según cálculos que maneja Apiur (Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos), al menos 80% de los alquileres se efectúan en zonas populares.
La nueva Ley de Arrendamientos es ya casi un hecho, Para especialistas como Roberto Orta, presidente de Apiur, las regulaciones excesivas que propone el texto acabará con los contratos formales.
Un primer punto que “enciende las alarmas” en esta aprobación de la Ley de Arrendamientos es el relativo a la duración del contrato, afirma Orta, al referirse a que los contratos de ahora en adelante deben hacerse mínimo por tres años.
“Evidentemente esto, en lugar de ser beneficioso, es una limitación tanto para el propietario, que pudiera requerir volver a ese inmueble en un año, como para el inquilino ya que no todo el mundo quiere un alquiler por varios años, refirió Roberto Orta.
Indicó el especialista que en realidad la nueva ley impone un alquiler “mínimo por tres años”, pero hay que agregarle las prórrogas que ya existen en la materia más las que acuña también el nuevo texto.
Según cálculos que maneja Apiur (Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos), al menos 80% de los alquileres se efectúan en zonas populares. “Se trata de las rentas de casitas o ranchos, en los que pocas veces hay la mediación de un contrato. Con esta ley, esos inquilinos seguirán desamparados”.
“Y eso que aún no se ha llegado al tema del precio”, asoma Orta, materia que también estará regulada por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas que fijará el canon de arrendamiento.
De manera, resume el presidente de Apiur, “que no hay libertad de las partes para poder suscribir un contrato privado. Todo arrendamiento debe ser notariado y previamente aprobado esta superintendencia. Siento que con cada artículo aprobado se le va dando una muerte anunciada al mercado de alquileres”.
De acuerdo con la nueva Ley de Inquilinato, de la cual ya la Asamblea ha aprobado cerca de la mitad de de sus artículos, se eliminan los llamados cobros adicionales, como el que el inmueble tenga un costo mayor por el hecho de que esté ubicado, por ejemplo, cerca de una estación del Metro o un centro comercial.
La nueva Ley elimina el pago de depósitos como requisito para el alquiler de una vivienda.
Los arrendatarios “han exigido de por vida una garantía que tiene que ver con un depósito que va desde dos meses hasta un año; hemos considerado que eso no es justo”, señaló recientemente Diosdado Cabello, presidente de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento.
Por el contrario, es preciso establecer “una garantía que los obligue a que no se suspenda el servicio de luz, de agua, que funcionen los servicios de ascensores; esa garantía no existe, entonces lo que estamos tratando es de aplicar la justicia”.
Correo del Caroní / Ciudad Guayana
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La nueva Ley de Arrendamientos es ya casi un hecho, Para especialistas como Roberto Orta, presidente de Apiur, las regulaciones excesivas que propone el texto acabará con los contratos formales.
Un primer punto que “enciende las alarmas” en esta aprobación de la Ley de Arrendamientos es el relativo a la duración del contrato, afirma Orta, al referirse a que los contratos de ahora en adelante deben hacerse mínimo por tres años.
“Evidentemente esto, en lugar de ser beneficioso, es una limitación tanto para el propietario, que pudiera requerir volver a ese inmueble en un año, como para el inquilino ya que no todo el mundo quiere un alquiler por varios años, refirió Roberto Orta.
Indicó el especialista que en realidad la nueva ley impone un alquiler “mínimo por tres años”, pero hay que agregarle las prórrogas que ya existen en la materia más las que acuña también el nuevo texto.
Según cálculos que maneja Apiur (Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos), al menos 80% de los alquileres se efectúan en zonas populares. “Se trata de las rentas de casitas o ranchos, en los que pocas veces hay la mediación de un contrato. Con esta ley, esos inquilinos seguirán desamparados”.
“Y eso que aún no se ha llegado al tema del precio”, asoma Orta, materia que también estará regulada por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas que fijará el canon de arrendamiento.
De manera, resume el presidente de Apiur, “que no hay libertad de las partes para poder suscribir un contrato privado. Todo arrendamiento debe ser notariado y previamente aprobado esta superintendencia. Siento que con cada artículo aprobado se le va dando una muerte anunciada al mercado de alquileres”.
De acuerdo con la nueva Ley de Inquilinato, de la cual ya la Asamblea ha aprobado cerca de la mitad de de sus artículos, se eliminan los llamados cobros adicionales, como el que el inmueble tenga un costo mayor por el hecho de que esté ubicado, por ejemplo, cerca de una estación del Metro o un centro comercial.
La nueva Ley elimina el pago de depósitos como requisito para el alquiler de una vivienda.
Los arrendatarios “han exigido de por vida una garantía que tiene que ver con un depósito que va desde dos meses hasta un año; hemos considerado que eso no es justo”, señaló recientemente Diosdado Cabello, presidente de la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento.
Por el contrario, es preciso establecer “una garantía que los obligue a que no se suspenda el servicio de luz, de agua, que funcionen los servicios de ascensores; esa garantía no existe, entonces lo que estamos tratando es de aplicar la justicia”.
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Canon de alquiler debe ser fijado por el Estado
Entre las normas que se han adelantado en la discusión "artículo por artículo", de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas que se desarrolla en la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, figura considerar nulo aquel contrato de arrendamiento que no incluya la autorización por parte de la Superintendencia de Inquilinato en la fijación del canón de alquiler.
El texto que está en pleno debate y se estima sea aprobado en la plenaria de la AN antes del 15 de agosto, establece la obligatoriedad de la referida superintendencia, en la fijación de los diferentes cánones de alquileres, pues de acuerdo a lo que han adelantado voceros de los movimientos de pobladores que introdujeron el proyecto de la ley en la Asamblea, "lo que se trata es precisamente de evitar la especulación y que la necesidad de vivienda no sea vista como una mercancía".
Entretanto, representantes del gremio inmobiliario y la representanción de los propietarios rechazan que una instancia del Estado sea quien fije el canon de arrendamiento de los inmuebles, pues consideran que se atenta contra la propiedad privada. "Cada quien coloca lo que cree vale su propiedad", sostiene Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios Urbanos (Apiur).
Otra de las competencias que tendrá la superintendencia, es vigilar que los cánones no sean fijados en monedas extranjeras. Un contrato de arrendamiento que haya sido pactado en estos términos será considerado nulo. Esta norma ratifica las regulaciones que ya existen respecto a la prohibición de cobrar alquileres en dólares u otra moneda extranjera.
Una resolución del Ministerio de Vivienda y Hábitat, del 2008 ratifica la disposición que está contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuando anuló los contratos por cuota balón y los llamados créditos indexados a finales de los años 90, los cuales fueron cobrados en dólares. En esa oportunidad la sentencia del Tribunal Supremo ordenó el reembolso con intereses en moneda nacional a todos los afectados por los créditos indexados.
Depósitos
En cuanto a la prohibición de cobrar depósitos por alquileres - norma que ya fue aprobada en la discusión del proyecto de la nueva ley de arrendamientos-, los movimientos de pobladores sostienen que con esta medida se pone un coto "a los abusos de propietarios que cobran hasta un año por adelantado".
Entorno Inteligente
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El texto que está en pleno debate y se estima sea aprobado en la plenaria de la AN antes del 15 de agosto, establece la obligatoriedad de la referida superintendencia, en la fijación de los diferentes cánones de alquileres, pues de acuerdo a lo que han adelantado voceros de los movimientos de pobladores que introdujeron el proyecto de la ley en la Asamblea, "lo que se trata es precisamente de evitar la especulación y que la necesidad de vivienda no sea vista como una mercancía".
Entretanto, representantes del gremio inmobiliario y la representanción de los propietarios rechazan que una instancia del Estado sea quien fije el canon de arrendamiento de los inmuebles, pues consideran que se atenta contra la propiedad privada. "Cada quien coloca lo que cree vale su propiedad", sostiene Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios Urbanos (Apiur).
Otra de las competencias que tendrá la superintendencia, es vigilar que los cánones no sean fijados en monedas extranjeras. Un contrato de arrendamiento que haya sido pactado en estos términos será considerado nulo. Esta norma ratifica las regulaciones que ya existen respecto a la prohibición de cobrar alquileres en dólares u otra moneda extranjera.
Una resolución del Ministerio de Vivienda y Hábitat, del 2008 ratifica la disposición que está contenida en la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuando anuló los contratos por cuota balón y los llamados créditos indexados a finales de los años 90, los cuales fueron cobrados en dólares. En esa oportunidad la sentencia del Tribunal Supremo ordenó el reembolso con intereses en moneda nacional a todos los afectados por los créditos indexados.
Depósitos
En cuanto a la prohibición de cobrar depósitos por alquileres - norma que ya fue aprobada en la discusión del proyecto de la nueva ley de arrendamientos-, los movimientos de pobladores sostienen que con esta medida se pone un coto "a los abusos de propietarios que cobran hasta un año por adelantado".
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"Pareciera que existe la intención de 'invisibilizar' los barrios"
La profesora y arquitecto Teolinda Bolívar tiene más de medio siglo estudiando los problemas de los barrios MANAURE QUINTERO
Teolinda Bolívar ha dedicado más de medio siglo de su vida al estudio de los sectores populares caraqueños, desde que recién graduada -1959- comenzó a trabajar en la Oficina de Remodelación de Barrios de Ingeniería Municipal.
Los ha investigado desde la academia, obtuvo su doctorado con un estudio sobre ellos, trabajó en el primer gobierno de Rafael Caldera como jefa de Urbanización y Equipamiento de Barrios en el Banco Obrero, los ha visitado miles de veces y todavía hoy sigue trabajando en el mejoramiento de viviendas de Julián Blanco, en Petare.
-¿Siente acaso una especie de fascinación, de idealización, hacia los barrios?
-No, solo se trata de llenar un vacío: en los barrios vive más de la mitad de la población de Caracas (54% de sus habitantes, según un estudio que realizó en 2006), pero no le importan a nadie. Todos los urbanistas estudian y hacen proyectos para la ciudad formal.
-¿Y al Gobierno?
-El Gobierno reivindicó a los sectores populares en el discurso, pero aparte de eso hay muy poco que alabar. Aquel programa de habilitación de barrios se abandonó hace más de diez años, luego se retomó y de nuevo se dejó de lado.
-¿Por qué?
-Un programa de habilitación no es soplar y hacer botellas, son programas cuyos resultados se ven en el mediano y largo plazo, y más cuando se involucra a la población, tal como intentaron en su momento Josefina Baldó y Federico Villlanueva desde el Conavi. Creo que no hubo paciencia, es lo que ocurre siempre, llegó un nuevo ministro y adiós programa.
-¿Y qué opina de iniciativas más recientes como la misión Barrio Tricolor?
-En los barrios hay muchas quejas por este programa. Claro que sus habitantes reciben lo que les dan, agarran aunque sea fallo, pero hay muchas quejas. Es un programa al que le falta una visión integral y cuyo alcance es muy limitado. Además, no se involucra a la gente en la reconstrucción de su hábitat, y esa es una falla crucial. Mientras el Estado ha construido un millón de casas desde los tiempos del Banco Obrero (década de los 30), 2,4 millones de viviendas han sido construidas por la propia gente. Aquí hay un tremendo potencial que hay que aprovechar, que deber ser canalizado.
-¿Son viables las llamadas ciudades socialistas?
-Hace unos cuatro años, un viceministro nos dijo a Paola Posani (hoy en Fundacaracas) y a mí que la idea final del Gobierno era ir acabando con los barrios y sustituir ranchos por petrocasas. A nosotras nos sorprendió, sobre todo porque si esa es la intención entonces por qué seguían permitiendo las invasiones de terrenos. Si esa es la idea, pues bien, pero entonces deberían empezar por no permitir la construcción de nuevos barrios, de nuevos sectores marginales, que hoy siguen multiplicándose a los ojos de todo el mundo: carretera Panamericana, autopista Caracas-Guarenas, vía hacia El Junquito, Cota 905... bueno, todo el mundo sabe dónde están.
-¿Cree que es por falta de un plan global?
-Eso, lo que parece haber son ideas sueltas, hoy llovió y mañana empiezan a tomar terrenos a diestra y siniestra. Más que resolver, parece que les interesara dar la impresión de que están resolviendo. Y tampoco existe complementaridad, no se trabaja con la gente, no se le involucra, como dije, no se aprovecha el impulso constructor de las comunidades.
-¿Y cuál es hoy el estado de los barrios?
-Te hablo desde mis impresiones, no tengo estudios recientes en los que apoyarme. Los veo desasistidos, han ido envejeciendo sin recibir atención y por eso se han agravado sus problemas de aguas servidas y acueductos, de meteorización de los terrenos, de fragilidad en las viviendas, de vialidad. En general me parece que desde el Gobierno existe la intención de invisibilizarlos, hay un desprecio por ellos porque proyectan esa imagen de miseria, de cosa fea. No sé si se trata de una intención consciente o no, pero sí, al final lo que quieren es invisibilizarlos.
El Universal
01-08-2011
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Los ha investigado desde la academia, obtuvo su doctorado con un estudio sobre ellos, trabajó en el primer gobierno de Rafael Caldera como jefa de Urbanización y Equipamiento de Barrios en el Banco Obrero, los ha visitado miles de veces y todavía hoy sigue trabajando en el mejoramiento de viviendas de Julián Blanco, en Petare.
-¿Siente acaso una especie de fascinación, de idealización, hacia los barrios?
-No, solo se trata de llenar un vacío: en los barrios vive más de la mitad de la población de Caracas (54% de sus habitantes, según un estudio que realizó en 2006), pero no le importan a nadie. Todos los urbanistas estudian y hacen proyectos para la ciudad formal.
-¿Y al Gobierno?
-El Gobierno reivindicó a los sectores populares en el discurso, pero aparte de eso hay muy poco que alabar. Aquel programa de habilitación de barrios se abandonó hace más de diez años, luego se retomó y de nuevo se dejó de lado.
-¿Por qué?
-Un programa de habilitación no es soplar y hacer botellas, son programas cuyos resultados se ven en el mediano y largo plazo, y más cuando se involucra a la población, tal como intentaron en su momento Josefina Baldó y Federico Villlanueva desde el Conavi. Creo que no hubo paciencia, es lo que ocurre siempre, llegó un nuevo ministro y adiós programa.
-¿Y qué opina de iniciativas más recientes como la misión Barrio Tricolor?
-En los barrios hay muchas quejas por este programa. Claro que sus habitantes reciben lo que les dan, agarran aunque sea fallo, pero hay muchas quejas. Es un programa al que le falta una visión integral y cuyo alcance es muy limitado. Además, no se involucra a la gente en la reconstrucción de su hábitat, y esa es una falla crucial. Mientras el Estado ha construido un millón de casas desde los tiempos del Banco Obrero (década de los 30), 2,4 millones de viviendas han sido construidas por la propia gente. Aquí hay un tremendo potencial que hay que aprovechar, que deber ser canalizado.
-¿Son viables las llamadas ciudades socialistas?
-Hace unos cuatro años, un viceministro nos dijo a Paola Posani (hoy en Fundacaracas) y a mí que la idea final del Gobierno era ir acabando con los barrios y sustituir ranchos por petrocasas. A nosotras nos sorprendió, sobre todo porque si esa es la intención entonces por qué seguían permitiendo las invasiones de terrenos. Si esa es la idea, pues bien, pero entonces deberían empezar por no permitir la construcción de nuevos barrios, de nuevos sectores marginales, que hoy siguen multiplicándose a los ojos de todo el mundo: carretera Panamericana, autopista Caracas-Guarenas, vía hacia El Junquito, Cota 905... bueno, todo el mundo sabe dónde están.
-¿Cree que es por falta de un plan global?
-Eso, lo que parece haber son ideas sueltas, hoy llovió y mañana empiezan a tomar terrenos a diestra y siniestra. Más que resolver, parece que les interesara dar la impresión de que están resolviendo. Y tampoco existe complementaridad, no se trabaja con la gente, no se le involucra, como dije, no se aprovecha el impulso constructor de las comunidades.
-¿Y cuál es hoy el estado de los barrios?
-Te hablo desde mis impresiones, no tengo estudios recientes en los que apoyarme. Los veo desasistidos, han ido envejeciendo sin recibir atención y por eso se han agravado sus problemas de aguas servidas y acueductos, de meteorización de los terrenos, de fragilidad en las viviendas, de vialidad. En general me parece que desde el Gobierno existe la intención de invisibilizarlos, hay un desprecio por ellos porque proyectan esa imagen de miseria, de cosa fea. No sé si se trata de una intención consciente o no, pero sí, al final lo que quieren es invisibilizarlos.
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Para cubrir déficit de vivienda se requieren 400.000 por año
El número de inscritos en la Gran Misión Vivienda Venezuela superará la oferta del presidente Hugo Chávez de construir 2 millones de unidades entre 2011 y 2017. Hasta ahora y cuando no concluye aún la segunda oleada, se han registrado 1,98 millones de familias, según cifras oficiales.
En la primera efectuada en el Distrito Capital, Falcón, Miranda, Vargas y Zulia entre mayo y junio se inscribieron 1,3 millones de familias. En la segunda que se realiza desde el 9 de julio en Aragua, Carabobo, Lara, Mérida, Táchira, Trujillo y Yaracuy- van 680.000.
De manera que quedan 20.000 viviendas para las familias que se registren en el resto de la segunda oleada que finalizará el 10 de agosto y en la tercera que comienza en septiembre y que abarcará Amazonas, Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa y Sucre.
La promesa gubernamental ignora, además, el crecimiento demográfico. El Instituto Nacional de Estadística calcula que hay 430.000 venezolanos más cada año, lo cual implica que se necesitan construir 100.000 viviendas anuales solamente para las nuevas familias, de acuerdo con Alfredo Cilento, profesor del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción de la Universidad Central de Venezuela.
Son casi 3 millones de unidades, entonces, las que harán falta para solucionar el problema en 2017, como prometió Chávez: más de 2 millones para cubrir el déficit acumulado durante décadas y 700.000 para atender el incremento de la población en el período.
Para lograr el objetivo no son suficientes las 153.000 viviendas prometidas por el Gobierno para 2011 ni las 300.000 que debe edificar anualmente para acumular 2 millones en 2017.
Hacen falta 400.000 unidades cada año, una cifra nunca alcanzada en la historia del país.
Cuesta arriba. Los datos del Banco Central de Venezuela indicaron que en el primer trimestre de 2011 apenas se construyeron 11.600 viviendas, de las cuales 10.000 correspondieron al sector privado y 1.600 al público. A ese ritmo se edificarán cerca de 50.000 viviendas este año. El ministro de Vivienda y Hábitat Ricardo Molina informó que a finales de año estarán listas 47.290 viviendas.
El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, que ahora coordina el Órgano Superior de Vivienda y Hábitat, tiene otras cifras: 18.000 unidades construidas: 12.000 del Gobierno y 6.000 de las empresas. Pero esa cantidad también resulta insuficiente para alcanzar la meta gubernamental.
Cilento dijo que el principal obstáculo para lograr el objetivo planteado es que en el país nunca se han construido más de 100.000 viviendas anuales.
Los datos históricos recopilados por el Instituto de Estudios Superiores en Administración, en la edición abril-junio de la revista Debates IESA, indican que la cantidad más alta de unidades terminadas en un año es 99.000 y se alcanzó en 1992.
En 2009 casi se igualó la marca con 98.000 concluidas- gracias a los incentivos generados desde 2005 por la aprobación de las leyes del Deudor Hipotecario y del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, entre otros elementos que impulsaron la actividad.
En 2010, sin embargo, la cifra de unidades terminadas retrocedió hasta 62.000 debido a factores como la persecución emprendida contra el sector privado por el cobro de ajustes por inflación en los contratos de preventa y la caída en la producción de los principales materiales de construcción.
Sin condiciones. Cilento aseguró que en las condiciones actuales es imposible ejecutar un plan masivo de construcción de viviendas. "En este momento no existe la capacidad para producir más de 100.000 unidades al año. No hay terrenos apropiados ni suficientes insumos".
Agregó que la satanización del sector privado, expresada en la expropiación de las proveedoras de insumos y en la intervención de conjuntos residenciales en desarrollo, tampoco ayuda.
"¿Quién se arriesgará a invertir dinero en la construcción después de lo visto en los últimos años?", dijo.
Adolfo Miquilena, ex presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, advirtió que los problemas con el suministro de agua y electricidad la oferta es insuficiente para atender la demanda actual también atentan contra la meta gubernamental.
"Las instalaciones de servicios públicos de las ciudades no dan para más. En vez de invertir en llevar agua y electricidad a las viviendas, es mejor invertir en construirlas en los lugares dónde se produce agua y electricidad. Más que un plan de vivienda se necesita un proyecto de país", aseguró.
Otro inconveniente, según Miquilena, es el equipamiento urbano. "No se trata sólo de hacer casas. Los desarrollos deben incluir áreas comerciales y productivas, instalaciones educativas y sanitarias e incluso paisajismo. Quizás suene utópico, pero es viable. En Medellín se hizo".
Cilento indicó que el urbanismo es una condición indispensable para el éxito de un programa de vivienda. "Una casa mal ubicada, sin medios de transporte, sin servicios estables, sin acceso a educación y salud, sin espacios recreativos, no sirve para nada".
Entre visitas y asambleas
La inscripción es la primera fase del registro de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
En la segunda se realizarán visitas a domicilio para corroborar los datos proporcionados y en la tercera se organizarán asambleas para que las personas inscritas le hagan seguimiento a los proyectos.
Las visitas realizadas por cuartetos formados por funcionarios del Gobierno, integrantes de los consejos comunales, representantes del Frente Francisco de Miranda y miembros de la milicia ya comenzaron en el Distrito Capital, Falcón, Miranda, Vargas y Zulia, donde se hizo la primera oleada del registro.
Hasta ahora han sido visitadas 18.450 familias, informó Ricardo Menéndez, ministro de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias e integrante del Órgano Superior de Vivienda y Hábitat. Agregó que 2.000 cuartetos participan en esta labor.
Las asambleas de personas inscritas todavía no se han formado. Sin embargo, la ministra de Comunas, Isis Ochoa, dijo que se han efectuado 277 jornadas informativas en los estados de la primera oleada para divulgar la metodología y organizarlas.
No se ha precisado aún cómo se realizará la asignación de las viviendas. Pero el ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, Francisco Sesto, aclaró que el orden de inscripción en el registro no se tomará en cuenta.
Dijo que la entrega se hará de manera equilibrada en todos los estados y municipios. "Habrá una Comisión Nacional de Asignaciones.
Se establecerán unos baremos de acuerdo con la necesidad. Eso se hará después de la tercera oleada", expresó.
El Nacional
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En la primera efectuada en el Distrito Capital, Falcón, Miranda, Vargas y Zulia entre mayo y junio se inscribieron 1,3 millones de familias. En la segunda que se realiza desde el 9 de julio en Aragua, Carabobo, Lara, Mérida, Táchira, Trujillo y Yaracuy- van 680.000.
De manera que quedan 20.000 viviendas para las familias que se registren en el resto de la segunda oleada que finalizará el 10 de agosto y en la tercera que comienza en septiembre y que abarcará Amazonas, Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Cojedes, Delta Amacuro, Guárico, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa y Sucre.
La promesa gubernamental ignora, además, el crecimiento demográfico. El Instituto Nacional de Estadística calcula que hay 430.000 venezolanos más cada año, lo cual implica que se necesitan construir 100.000 viviendas anuales solamente para las nuevas familias, de acuerdo con Alfredo Cilento, profesor del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción de la Universidad Central de Venezuela.
Son casi 3 millones de unidades, entonces, las que harán falta para solucionar el problema en 2017, como prometió Chávez: más de 2 millones para cubrir el déficit acumulado durante décadas y 700.000 para atender el incremento de la población en el período.
Para lograr el objetivo no son suficientes las 153.000 viviendas prometidas por el Gobierno para 2011 ni las 300.000 que debe edificar anualmente para acumular 2 millones en 2017.
Hacen falta 400.000 unidades cada año, una cifra nunca alcanzada en la historia del país.
Cuesta arriba. Los datos del Banco Central de Venezuela indicaron que en el primer trimestre de 2011 apenas se construyeron 11.600 viviendas, de las cuales 10.000 correspondieron al sector privado y 1.600 al público. A ese ritmo se edificarán cerca de 50.000 viviendas este año. El ministro de Vivienda y Hábitat Ricardo Molina informó que a finales de año estarán listas 47.290 viviendas.
El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, que ahora coordina el Órgano Superior de Vivienda y Hábitat, tiene otras cifras: 18.000 unidades construidas: 12.000 del Gobierno y 6.000 de las empresas. Pero esa cantidad también resulta insuficiente para alcanzar la meta gubernamental.
Cilento dijo que el principal obstáculo para lograr el objetivo planteado es que en el país nunca se han construido más de 100.000 viviendas anuales.
Los datos históricos recopilados por el Instituto de Estudios Superiores en Administración, en la edición abril-junio de la revista Debates IESA, indican que la cantidad más alta de unidades terminadas en un año es 99.000 y se alcanzó en 1992.
En 2009 casi se igualó la marca con 98.000 concluidas- gracias a los incentivos generados desde 2005 por la aprobación de las leyes del Deudor Hipotecario y del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, entre otros elementos que impulsaron la actividad.
En 2010, sin embargo, la cifra de unidades terminadas retrocedió hasta 62.000 debido a factores como la persecución emprendida contra el sector privado por el cobro de ajustes por inflación en los contratos de preventa y la caída en la producción de los principales materiales de construcción.
Sin condiciones. Cilento aseguró que en las condiciones actuales es imposible ejecutar un plan masivo de construcción de viviendas. "En este momento no existe la capacidad para producir más de 100.000 unidades al año. No hay terrenos apropiados ni suficientes insumos".
Agregó que la satanización del sector privado, expresada en la expropiación de las proveedoras de insumos y en la intervención de conjuntos residenciales en desarrollo, tampoco ayuda.
"¿Quién se arriesgará a invertir dinero en la construcción después de lo visto en los últimos años?", dijo.
Adolfo Miquilena, ex presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, advirtió que los problemas con el suministro de agua y electricidad la oferta es insuficiente para atender la demanda actual también atentan contra la meta gubernamental.
"Las instalaciones de servicios públicos de las ciudades no dan para más. En vez de invertir en llevar agua y electricidad a las viviendas, es mejor invertir en construirlas en los lugares dónde se produce agua y electricidad. Más que un plan de vivienda se necesita un proyecto de país", aseguró.
Otro inconveniente, según Miquilena, es el equipamiento urbano. "No se trata sólo de hacer casas. Los desarrollos deben incluir áreas comerciales y productivas, instalaciones educativas y sanitarias e incluso paisajismo. Quizás suene utópico, pero es viable. En Medellín se hizo".
Cilento indicó que el urbanismo es una condición indispensable para el éxito de un programa de vivienda. "Una casa mal ubicada, sin medios de transporte, sin servicios estables, sin acceso a educación y salud, sin espacios recreativos, no sirve para nada".
Entre visitas y asambleas
La inscripción es la primera fase del registro de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
En la segunda se realizarán visitas a domicilio para corroborar los datos proporcionados y en la tercera se organizarán asambleas para que las personas inscritas le hagan seguimiento a los proyectos.
Las visitas realizadas por cuartetos formados por funcionarios del Gobierno, integrantes de los consejos comunales, representantes del Frente Francisco de Miranda y miembros de la milicia ya comenzaron en el Distrito Capital, Falcón, Miranda, Vargas y Zulia, donde se hizo la primera oleada del registro.
Hasta ahora han sido visitadas 18.450 familias, informó Ricardo Menéndez, ministro de Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias e integrante del Órgano Superior de Vivienda y Hábitat. Agregó que 2.000 cuartetos participan en esta labor.
Las asambleas de personas inscritas todavía no se han formado. Sin embargo, la ministra de Comunas, Isis Ochoa, dijo que se han efectuado 277 jornadas informativas en los estados de la primera oleada para divulgar la metodología y organizarlas.
No se ha precisado aún cómo se realizará la asignación de las viviendas. Pero el ministro de Estado para la Transformación Revolucionaria de la Gran Caracas, Francisco Sesto, aclaró que el orden de inscripción en el registro no se tomará en cuenta.
Dijo que la entrega se hará de manera equilibrada en todos los estados y municipios. "Habrá una Comisión Nacional de Asignaciones.
Se establecerán unos baremos de acuerdo con la necesidad. Eso se hará después de la tercera oleada", expresó.
El Nacional
01-08-2011
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Caracas 444
El lunes pasado se cumplieron 444 años de la fundación de Caracas, fecha hasta hace poco puesta en duda por un ex-Alcalde Metropolitano de funesta memoria y que le servía de excusa para eludir las obligaciones asociadas a su cargo.
Y aunque es verdad que no hay un testimonio irrebatible del día exacto de la fundación de nuestra capital, lo relevante no es eso: la fecha podría ser totalmente inventada, lo que interesa, sobre todo en una ciudad tan maltratada como Caracas, es establecer momentos de encuentro en el esfuerzo colectivo de una comunidad interesada en construir su futuro. Momentos que deben servir para ver qué es lo que cada uno ha avanzado y, sobre todo, para verificar si es que se avanza en una misma dirección o, por el contrario, cada quien se mueve en una diferente.
Pero no se piense que el futuro de una ciudad puede imponerse a rajatabla, desde arriba o por la voluntad de una mayoría abierta o sutilmente manipulada: la ciudad es, por excelencia, espacio de solidaridad y convivencia, es decir, de negociación, de concertación y de aprendizaje para reconocer y respetar al otro; la exclusión y la intolerancia son su negación más absoluta. Ni los tecnicismos ni los dogmas ideológicos valen para imponer la dirección en la que se debe marchar. Sólo a partir del principio de no exclusión, de que todos somos necesarios, puede construirse un futuro digno.
Los trabajos adelantados para construir la visión compartida de ciudad del Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020 arrojan pistas muy interesantes y en gran medida sorprendentes: sin duda los caraqueños le dan gran importancia a los problemas de inseguridad, a las dificultades para moverse en la ciudad y a la baja capacidad adquisitiva de los salarios, pero por encima de ellos colocan los valores de solidaridad, paz, respeto y tolerancia como las pautas que deben regir la construcción del futuro de la urbe. Para ellos, sin menospreciar sus derechos, lo esencial es la disposición de cada uno a cumplir con sus deberes.
Esas señales están presentes en este cumpleaños caraqueño, fortalecido por la celebración de la vinotinto. Por encima de la diatriba política, artificial e inescrupulosamente alimentada, comienzan a aparecer indicaciones que invitan al optimismo, sobre todo porque ellas están naciendo desde las bases. La obligación ahora es consolidarlas.
Colegio de Arquitectos de Venezuela
31-07-2011
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Pero no se piense que el futuro de una ciudad puede imponerse a rajatabla, desde arriba o por la voluntad de una mayoría abierta o sutilmente manipulada: la ciudad es, por excelencia, espacio de solidaridad y convivencia, es decir, de negociación, de concertación y de aprendizaje para reconocer y respetar al otro; la exclusión y la intolerancia son su negación más absoluta. Ni los tecnicismos ni los dogmas ideológicos valen para imponer la dirección en la que se debe marchar. Sólo a partir del principio de no exclusión, de que todos somos necesarios, puede construirse un futuro digno.
Los trabajos adelantados para construir la visión compartida de ciudad del Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020 arrojan pistas muy interesantes y en gran medida sorprendentes: sin duda los caraqueños le dan gran importancia a los problemas de inseguridad, a las dificultades para moverse en la ciudad y a la baja capacidad adquisitiva de los salarios, pero por encima de ellos colocan los valores de solidaridad, paz, respeto y tolerancia como las pautas que deben regir la construcción del futuro de la urbe. Para ellos, sin menospreciar sus derechos, lo esencial es la disposición de cada uno a cumplir con sus deberes.
Esas señales están presentes en este cumpleaños caraqueño, fortalecido por la celebración de la vinotinto. Por encima de la diatriba política, artificial e inescrupulosamente alimentada, comienzan a aparecer indicaciones que invitan al optimismo, sobre todo porque ellas están naciendo desde las bases. La obligación ahora es consolidarlas.
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Fiscalía ha procesado 984 denuncias por estafas inmobiliarias y de vehículos en Cojedes
El Ministerio Público ha procesado 984 denuncias por estafas inmobiliarias y de vehículos en lo que va de año en el estado Cojedes, informó el fiscal superior de la entidad, Joel Espinoza.
Espinoza destacó que de ese total, 970 denuncias son por estafas inmobiliarias de familias ubicadas en las jurisdicciones de Tinaquillo y Ezequiel Zamora, las cuales son procesadas por la Fiscalía de Cojedes y la 58 nacional, mientras los otros 14 casos son por las ventas programadas de vehículos.
"Los 14 casos de estafas por la venta programada de vehículos no sólo están circunscritos al estado Cojedes, sino que abarcan todo el ámbito nacional, ya que eran unas oficinas que funcionaban en todo el territorio venezolano, captaban víctimas, las engañaban y posteriormente no cumplían con los términos acordados", recalcó.
En Cojedes una persona está detenida por su presunta vinculación con los ilícitos inmobiliarios, quien fue acusada ante el tribunal de control en junio pasado, y tienen cinco órdenes de aprehensión por los mismo delitos, además solicitaron la ejecución de igual cantidad de medidas contra los implicados en las estafas de vehículos.
Espinoza dijo que ya aplicaron 21 medidas reales contra las empresas, como bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias, prohibición de enajenar y gravar y aseguramiento de bienes.
También dictaron dos prohibiciones de salida del país, con el fin de que exista la posibilidad de que los afectados puedan recuperar su inversión.
Entre las compañías implicadas en las investigaciones por estafa inmobiliaria en esta localidad se encuentran las constructoras Cosapi, Casa de Los Techos, Vallecito y Consorcio Inmobiliario Los Naranjos; mientras por las estafas en la venta programada de vehículos están Veneglobal Cars y Veicya C.A, entre otras.
El fiscal acotó que varias de estas empresas están vinculadas con otros casos de estafas inmobiliarias y de venta programada de vehículos en los estados Carabobo, Nueva Esparta, Miranda y Carabobo, así como en el Distrito Capital, que son investigados por el Ministerio Público.
El Nacional
30-07-2011
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Espinoza destacó que de ese total, 970 denuncias son por estafas inmobiliarias de familias ubicadas en las jurisdicciones de Tinaquillo y Ezequiel Zamora, las cuales son procesadas por la Fiscalía de Cojedes y la 58 nacional, mientras los otros 14 casos son por las ventas programadas de vehículos.
"Los 14 casos de estafas por la venta programada de vehículos no sólo están circunscritos al estado Cojedes, sino que abarcan todo el ámbito nacional, ya que eran unas oficinas que funcionaban en todo el territorio venezolano, captaban víctimas, las engañaban y posteriormente no cumplían con los términos acordados", recalcó.
En Cojedes una persona está detenida por su presunta vinculación con los ilícitos inmobiliarios, quien fue acusada ante el tribunal de control en junio pasado, y tienen cinco órdenes de aprehensión por los mismo delitos, además solicitaron la ejecución de igual cantidad de medidas contra los implicados en las estafas de vehículos.
Espinoza dijo que ya aplicaron 21 medidas reales contra las empresas, como bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias, prohibición de enajenar y gravar y aseguramiento de bienes.
También dictaron dos prohibiciones de salida del país, con el fin de que exista la posibilidad de que los afectados puedan recuperar su inversión.
Entre las compañías implicadas en las investigaciones por estafa inmobiliaria en esta localidad se encuentran las constructoras Cosapi, Casa de Los Techos, Vallecito y Consorcio Inmobiliario Los Naranjos; mientras por las estafas en la venta programada de vehículos están Veneglobal Cars y Veicya C.A, entre otras.
El fiscal acotó que varias de estas empresas están vinculadas con otros casos de estafas inmobiliarias y de venta programada de vehículos en los estados Carabobo, Nueva Esparta, Miranda y Carabobo, así como en el Distrito Capital, que son investigados por el Ministerio Público.
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Solo 3% de la oferta de viviendas en Caracas es para alquiler
Solo 3% de la oferta de viviendas en Caracas es para alquiler
La perspectiva de la Cámara Inmobiliaria es que las ofertas de arrendamientos tiendan a desaparecer por las nuevas medidas oficiales
El impacto de las medidas oficiales, varias de ellas aún sin entrar en vigencia, ya comienzan a reflejarse en la oferta de viviendas en alquiler. Tan solo en el Área Metropolitana de Caracas se ha reducido en 45% la oferta de arrendamientos durante el primer trimestre de este año, según un estudio de la Cámara Inmobiliaria.
"Al caer 45%, estamos vagamente en 3% de la oferta", señaló Aquiles Martini, presidente del gremio inmobiliario. Esta situación genera preocupación dentro del sector, sobre todo porque hace 10 años la oferta rondaba sobre el 30%.
La perspectiva de la Cámara es que los arrendamientos tiendan a desaparecer con la Ley Contra el Desalojo y la Ley de Arrendamientos.
Sin embargo, la Red Metropolitana de Inquilinos sostiene que esta reducción de la oferta existe precisamente por la pretensión de los propietarios de cobrar alquileres exorbitantes. "Para nadie es un secreto que un alquiler en Caracas no baja de cuatro a seis mil bolívares, por lo cual las personas no pueden acceder a ellos y se retrae la oferta", expresó Elizabeth Sánchez, vocera de la organización.
Para Martini el problema que imprime precisamente la Ley de Arrendamientos es que se pretende atribuir el problema del déficit de viviendas a los propietarios, al sobreproteger los derechos del inquilino en detrimento de los dueños de los inmuebles.
"Es como si se pretendiera beneficiar a un grupo de personas hoy y se olvida del mañana". En este sentido, advirtió que los venezolanos se conseguirán en un laberinto sin salida en lo que respecta al alquiler de viviendas, porque los afectados serán aquellos que necesitan arrendar porque no tienen como comprar o quienes requieren un ingreso extra.
Desequilibrios
Más de 50 artículos del proyecto de Ley de Arrendamientos han sido aprobados en la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento. Hasta ahora la Red de Inquilinos considera que los debates han sido provechosos porque se ha beneficiado a las víctimas de especulación inmobiliaria.
No obstante, el sector inmobiliario critica que no exista igualdad de condiciones. El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta, destaca que en el artículo 62 del proyecto de ley hay una ecuación para determinar el valor del inmueble, a fin de calcular el canon, que no toma en cuenta los gastos que pagan los propietarios (condominio, derecho de frente), que de mantenerse así conllevaría a la ruina. Tampoco se reconoce la inflación, el valor de compra y la ubicación geográfica del bien.
Al respecto, el presidente de la Cámara Inmobiliaria precisó que se pretende ajustar el precio de la vivienda "basado en un criterio que la tierra no es tuya o que el elemento de la ubicación no es como consecuencia de tu inversión, si no del Estado, entonces va a costar lo mismo vivir en Altamira, que en Puerto Ordaz o Maracaibo".
Ambos están de acuerdo en que se combata la especulación, pero respetando los derechos de los propietarios.
Martini citó por ejemplo que en España los contratos se fijan por cinco años, como manifestó el diputado Diosdado Cabello, pero la ley estipula también que se respeta el precio del mercado, sin estar sujeto a una regulación. Además que las partes pueden ponerse de acuerdo para reducir el tiempo de arrendamiento.
La Red de Inquilinos considera que la propuesta de establecer contratos por un tiempo mínimo de tres años surge porque en Venezuela cada quien suscribe un documento a su conveniencia, sin respetar una normativa. "Había personas que traspasaban inmuebles, al año siguiente practicaban el desalojo y los volvían a traspasar", aseguró Sánchez.
Ayer los distintos sectores involucrados en el proyecto discutieron el capítulo de la ley que tiene que ver con el método de valoración de los inmuebles, para la fijación del canon de arrendamiento. En la reunión, surgió la idea de crear una comisión técnica especial, definir unas pautas generales para el avalúo y garantizar el derecho de palabra de varios actores durante la próxima reunión de la Comisión.
Otras vías
La Cámara Inmobiliaria propone además desarrollar un plan de construcción de viviendas en alquiler, que sean propiedad del Estado, donde se cobre una renta dependiendo de los ingresos que perciba una familia.
Consideran que los recursos se pueden destinar al mantenimiento de las obras o a la construcción de nuevos proyectos.
El Universal
30-07-2011
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El impacto de las medidas oficiales, varias de ellas aún sin entrar en vigencia, ya comienzan a reflejarse en la oferta de viviendas en alquiler. Tan solo en el Área Metropolitana de Caracas se ha reducido en 45% la oferta de arrendamientos durante el primer trimestre de este año, según un estudio de la Cámara Inmobiliaria.
"Al caer 45%, estamos vagamente en 3% de la oferta", señaló Aquiles Martini, presidente del gremio inmobiliario. Esta situación genera preocupación dentro del sector, sobre todo porque hace 10 años la oferta rondaba sobre el 30%.
La perspectiva de la Cámara es que los arrendamientos tiendan a desaparecer con la Ley Contra el Desalojo y la Ley de Arrendamientos.
Sin embargo, la Red Metropolitana de Inquilinos sostiene que esta reducción de la oferta existe precisamente por la pretensión de los propietarios de cobrar alquileres exorbitantes. "Para nadie es un secreto que un alquiler en Caracas no baja de cuatro a seis mil bolívares, por lo cual las personas no pueden acceder a ellos y se retrae la oferta", expresó Elizabeth Sánchez, vocera de la organización.
Para Martini el problema que imprime precisamente la Ley de Arrendamientos es que se pretende atribuir el problema del déficit de viviendas a los propietarios, al sobreproteger los derechos del inquilino en detrimento de los dueños de los inmuebles.
"Es como si se pretendiera beneficiar a un grupo de personas hoy y se olvida del mañana". En este sentido, advirtió que los venezolanos se conseguirán en un laberinto sin salida en lo que respecta al alquiler de viviendas, porque los afectados serán aquellos que necesitan arrendar porque no tienen como comprar o quienes requieren un ingreso extra.
Desequilibrios
Más de 50 artículos del proyecto de Ley de Arrendamientos han sido aprobados en la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento. Hasta ahora la Red de Inquilinos considera que los debates han sido provechosos porque se ha beneficiado a las víctimas de especulación inmobiliaria.
No obstante, el sector inmobiliario critica que no exista igualdad de condiciones. El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta, destaca que en el artículo 62 del proyecto de ley hay una ecuación para determinar el valor del inmueble, a fin de calcular el canon, que no toma en cuenta los gastos que pagan los propietarios (condominio, derecho de frente), que de mantenerse así conllevaría a la ruina. Tampoco se reconoce la inflación, el valor de compra y la ubicación geográfica del bien.
Al respecto, el presidente de la Cámara Inmobiliaria precisó que se pretende ajustar el precio de la vivienda "basado en un criterio que la tierra no es tuya o que el elemento de la ubicación no es como consecuencia de tu inversión, si no del Estado, entonces va a costar lo mismo vivir en Altamira, que en Puerto Ordaz o Maracaibo".
Ambos están de acuerdo en que se combata la especulación, pero respetando los derechos de los propietarios.
Martini citó por ejemplo que en España los contratos se fijan por cinco años, como manifestó el diputado Diosdado Cabello, pero la ley estipula también que se respeta el precio del mercado, sin estar sujeto a una regulación. Además que las partes pueden ponerse de acuerdo para reducir el tiempo de arrendamiento.
La Red de Inquilinos considera que la propuesta de establecer contratos por un tiempo mínimo de tres años surge porque en Venezuela cada quien suscribe un documento a su conveniencia, sin respetar una normativa. "Había personas que traspasaban inmuebles, al año siguiente practicaban el desalojo y los volvían a traspasar", aseguró Sánchez.
Ayer los distintos sectores involucrados en el proyecto discutieron el capítulo de la ley que tiene que ver con el método de valoración de los inmuebles, para la fijación del canon de arrendamiento. En la reunión, surgió la idea de crear una comisión técnica especial, definir unas pautas generales para el avalúo y garantizar el derecho de palabra de varios actores durante la próxima reunión de la Comisión.
Otras vías
La Cámara Inmobiliaria propone además desarrollar un plan de construcción de viviendas en alquiler, que sean propiedad del Estado, donde se cobre una renta dependiendo de los ingresos que perciba una familia.
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Gremio inmobiliario objeta estatutos a incorporarse en Ley de Arrendamientos
DISMINUCIÓN. El gremio inmobiliario considera que el mercado de alquileres es arraigado en la Isla.
La Comisión de Administración y Servicios de la AN trabaja en la presentación del informe final que podría ser aprobado en 2da discusión el 15 de agosto. Mientras tanto se han incorporado al proyecto artículos referente al plazo de alquileres y nulidad de los meses de depósito.
Con el paso de los años han disminuido las opciones de alquileres en Venezuela; sin embargo, la Cámara Inmobiliaria de Nueva Esparta argumenta que esta actividad tiene un mercado bastante fuerte en Margarita, pese a las restricciones que se han venido planteando de manera legal y que poco a poco han venido limitando las ofertas de arrendamiento en la región insular.
Entretanto, la Asamblea Nacional avanza en la presentación de un informe final para reformar la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, instrumento legal que según el gremio se está debatiendo sin ningún tipo de consenso y de aprobarse provocaría que el sector decaiga.
Basta dar una hojeada a los principales clasificados de la prensa regional para darse cuenta de la magnitud de la situación. En la búsqueda, son pocas las alternativas de arrendamiento y las que se consiguen están condicionadas por un alto precio a personas que no posean hijos, animales, entre otros.
Según Jonathan Díaz, vicepresidente de la Cámara de la entidad, en los últimos años muchas de las personas que en su momento pudieron adquirir más de una propiedad y posteriormente decidieron ofrecerlas en arrendamiento para obtener ganancias, ahora manifiestan temor de alquilarlas, pues consideran que no hay garantías de que su inmueble será devuelto cuando se requiera. Para Díaz, este negocio ha dado un vuelco total en la Isla, pues ahora sólo serán comunes apartamentos vacacionales rentados por pocas semanas y con desconfianza.
“Es un exabrupto que se ponga una soga al cuello al propietario mediante la Ley”, dijo el representante, quien plantea la interrogante sobre quién protege al empresario y se muestra en contra de que no se cobren los meses de depósitos que a fin de cuentas son una garantía en caso de algún conflicto o retraso en el pago de mensualidades.
El presidente nacional de este gremio, Aquiles Martini Pietri, también refutó el hecho de que el reglamento incluya que los contratos no puedan durar menos de tres años. “¿Pero y si yo necesito la casa un año nada más, seis meses?”, criticó.
ANTONIO VIZCAYA LORETO
El Sol de Margarita
30-07-2011
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Con el paso de los años han disminuido las opciones de alquileres en Venezuela; sin embargo, la Cámara Inmobiliaria de Nueva Esparta argumenta que esta actividad tiene un mercado bastante fuerte en Margarita, pese a las restricciones que se han venido planteando de manera legal y que poco a poco han venido limitando las ofertas de arrendamiento en la región insular.
Entretanto, la Asamblea Nacional avanza en la presentación de un informe final para reformar la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, instrumento legal que según el gremio se está debatiendo sin ningún tipo de consenso y de aprobarse provocaría que el sector decaiga.
Basta dar una hojeada a los principales clasificados de la prensa regional para darse cuenta de la magnitud de la situación. En la búsqueda, son pocas las alternativas de arrendamiento y las que se consiguen están condicionadas por un alto precio a personas que no posean hijos, animales, entre otros.
Según Jonathan Díaz, vicepresidente de la Cámara de la entidad, en los últimos años muchas de las personas que en su momento pudieron adquirir más de una propiedad y posteriormente decidieron ofrecerlas en arrendamiento para obtener ganancias, ahora manifiestan temor de alquilarlas, pues consideran que no hay garantías de que su inmueble será devuelto cuando se requiera. Para Díaz, este negocio ha dado un vuelco total en la Isla, pues ahora sólo serán comunes apartamentos vacacionales rentados por pocas semanas y con desconfianza.
“Es un exabrupto que se ponga una soga al cuello al propietario mediante la Ley”, dijo el representante, quien plantea la interrogante sobre quién protege al empresario y se muestra en contra de que no se cobren los meses de depósitos que a fin de cuentas son una garantía en caso de algún conflicto o retraso en el pago de mensualidades.
El presidente nacional de este gremio, Aquiles Martini Pietri, también refutó el hecho de que el reglamento incluya que los contratos no puedan durar menos de tres años. “¿Pero y si yo necesito la casa un año nada más, seis meses?”, criticó.
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Ley de arrendamientos cierra el mercado a propietarios e inquilinos
promo-house.blogspot.com
Las perspectivas no son alentadoras, ni para propietarios ni para inquilinos. El mercado de arrendamientos tiende a cerrarse cada vez más. En el primer trimestre de este año, la oferta de alquileres en el área metropolitana de Caracas se redujo 45%, de acuerdo a datos de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Aquiles Martini Pietri, presidente de la institución, asegura que el arrendamiento representa hoy el 3% de las operaciones que se realizan en el mercado inmobiliario.
La situación, en vez de mejorar, empeora, según Roberto Orta Martínez, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), quien asegura que la ley en estudio en la Asamblea Nacional dará al traste con este mercado, el cual representa una solución para familias que no tienen la posibilidad de comprar una vivienda. "En los términos en que está redactado el proyecto, el mercado de alquileres quedará extinto", expresó lamentando que se hayan establecido contratos a tres años y se haya eliminado el depósito que se exige a inquilinos para cubrir daños que pudiera sufrir la propiedad. Inmuebles en riesgo Asegura que si la Ley contra los desalojos, promulgada recientemente vía Habilitante, hace cuesta arriba la recuperación de un bien inmueble, con este nuevo proyecto esa posibilidad es incierta. "Es un ensañamiento terrible contra los propietarios y una sobreprotección extrema a los inquilinos", comentó.
No duda que el cerco al mercado de arrendamientos profundizará aún más el déficit habitacional y empeorará la relación entre arrendadores y arrendatarios. La normativa en estudio y las regulaciones que se han dictado respecto a este mercado, terminarán afectando a quien se pretende beneficiar, pues la disminución de la oferta se terminará revirtiendo contra las familias que buscan una solución temporal a su problema de vivienda, de acuerdo a Matini Pietri, quien duda de la efectividad de la Misión Vivienda. "Con el articulado que se ha aprobado, se hace imposible retomar la propiedad", aseguró Martini Pietri, convencido de que alquilar una vivienda hoy "sea poco menos que una locura". Mientras, Orta Martínez, advirtió que también serán afectados los propietarios de zonas populares y quienes en el interior del país construyen en sus patios espacios para arrendar y vivir de la renta.
Entorno Inteligente
29-07-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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Las perspectivas no son alentadoras, ni para propietarios ni para inquilinos. El mercado de arrendamientos tiende a cerrarse cada vez más. En el primer trimestre de este año, la oferta de alquileres en el área metropolitana de Caracas se redujo 45%, de acuerdo a datos de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Aquiles Martini Pietri, presidente de la institución, asegura que el arrendamiento representa hoy el 3% de las operaciones que se realizan en el mercado inmobiliario.
La situación, en vez de mejorar, empeora, según Roberto Orta Martínez, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), quien asegura que la ley en estudio en la Asamblea Nacional dará al traste con este mercado, el cual representa una solución para familias que no tienen la posibilidad de comprar una vivienda. "En los términos en que está redactado el proyecto, el mercado de alquileres quedará extinto", expresó lamentando que se hayan establecido contratos a tres años y se haya eliminado el depósito que se exige a inquilinos para cubrir daños que pudiera sufrir la propiedad. Inmuebles en riesgo Asegura que si la Ley contra los desalojos, promulgada recientemente vía Habilitante, hace cuesta arriba la recuperación de un bien inmueble, con este nuevo proyecto esa posibilidad es incierta. "Es un ensañamiento terrible contra los propietarios y una sobreprotección extrema a los inquilinos", comentó.
No duda que el cerco al mercado de arrendamientos profundizará aún más el déficit habitacional y empeorará la relación entre arrendadores y arrendatarios. La normativa en estudio y las regulaciones que se han dictado respecto a este mercado, terminarán afectando a quien se pretende beneficiar, pues la disminución de la oferta se terminará revirtiendo contra las familias que buscan una solución temporal a su problema de vivienda, de acuerdo a Matini Pietri, quien duda de la efectividad de la Misión Vivienda. "Con el articulado que se ha aprobado, se hace imposible retomar la propiedad", aseguró Martini Pietri, convencido de que alquilar una vivienda hoy "sea poco menos que una locura". Mientras, Orta Martínez, advirtió que también serán afectados los propietarios de zonas populares y quienes en el interior del país construyen en sus patios espacios para arrendar y vivir de la renta.
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