miércoles, 9 de abril de 2014

Revisan los costos de 11 rubros de la construcción

Unos 11 insumos del sector de la construcción están siendo evaluados por la Superintendencia de Costos, Ganancias y Precios Justos para definir o adecuar su estructura de costos y de esta manera ayudar a impulsar la construcción de viviendas en todo el país.

Así lo informó ayer el ministro para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, durante un encuentro con los representantes del sector productivo de la construcción del occidente venezolano y que se efectuó en las instalaciones en el Palacio de los Cóndores de la Gobernación del Zulia, en el casco central.

“El costos de los insumos es un tema muy importante y algo que hemos venido estudiando desde hace tiempo. Allí ya tenemos la Ley de Precios Justos y que establece márgenes de precios y ganancias (…) estamos trabajando en unos 11 rubros para definir la estructura de costos”, expresó Molina, en el encuentro al cual asistieron más de 100 constructores de la región.

Agregó el titular de la cartera para las viviendas que “de unos meses para acá hubo una serie de materiales e insumos que sufrió una locura y se dispararon (su valor) por todo este problema de la especulación, del mercado paralelo. Por eso estamos trabajando en ese tema y sabemos que tendremos buenos resultados en poco tiempo”.

Molina, en su intervención, indicó que “nuestra meta es que podamos iniciar no menos de 80.000 viviendas en todo el territorio nacional con el sector privado. Sabemos que tienen la posibilidad de hacerlo (…) acá les daremos cabida a los verdaderos constructores que aspiran avanzar junto con el Gobierno”, acotó el funcionario.

Realizó un reto a los empresarios de la región para sumarse a trabajo de ejecutar casas dignas en el estado. “En el Zulia, este año aspiramos que la empresa privada se comprometa a construir unas 15.000 viviendas (…) ahora la pelota (del juego) está del lado de ustedes. Nosotros estamos ofreciendo las facilidades a través del programa 0-800-MiHogar. Desde acá la insistencia de que nos veamos como socios, que trabajemos mancomunadamente”.

Pero también advirtió: “Quien pretenda participar en nuestro programa y que aspiré resolver sus metas económicas a corto plazo, esta equivocado. Esto es un plan para quienes trabajan con responsabilidad, no para aquellos que negocian simplemente, que ven la necesidad de la gente como una mercancía para sacarles provecho”, indicó.

El representación del gobierno regional, Salvador González, secretario de Administración y Finanzas, informó que el sector de la construcción presentó “12 propuestas concretas relacionadas con la actividad y algunos problemas como el de la distribución de insumos, falta de materia prima, permisología, seguridad, entre otros tópicos. El encuentro fue bastante bueno y productivo, hubo una alta asistencia”.

González resaltó que “lo más importante de esta mesa de trabajo es que el propio ministro Molina dio respuestas y propuso soluciones a los problemas planteados. Se explicó la metodología que usa el Min-Hábitad con la banca pública y privada para acceder a los créditos y así ejecutar los proyectos. Además, se acordó la creación de un órgano de seguimiento y control de los acuerdos establecidos y eso, sin duda, traerá mucho desarrollo en el estado”.

A su vez, Pedro Schlaefli, presidente de la Cámara de la Construcción Zulia, al final del encuentro, agradeció la oportunidad de presentar las necesidades del sector al representante de la cartera de Vivienda y Hábitat. “Tenemos el compromiso de buscar soluciones a problema de la escasez de insumos, cemento, mano de obra (...) creemos que se alcanzarán los compromisos que se fijaron. Esperamos que en los próximos encuentros siga fluyendo el diálogo y el entendimiento”.

Schlaefli resaltó que “los privados vienen participando en el programa 800-MiHogar, pero si existen una serie de factores que complican o afectan la labor, estamos seguros que si se solucionan los inconvenientes lloverán muchas propuestas de los constructores zulianos. Ahorita, estamos construyendo muy pocas viviendas, por debajo de las 1.000 unidades habitacionales, pero la cifra puede subir”.

Finalmente, Molina enfatizó que de aquí al 2019, el Ejecutivo tiene previsto “construir 3 millones de viviendas. Es una trabajo que requiere mucha organización y de todos, incluyendo a los públicos y a los privados”.

informe21
08-04-2014
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Suspenden medida para cerrar los lunes centros comerciales

Tras reunión con el ministro Molina

El anuncio fue dado por la Cámara a través de su cuenta en Twitter

LM

La Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Comerciantes y Afines (Cavececo), suspendió la medida de cierre semanal de los Centros Comerciales, que se habría planteado para los días lunes.

El anuncio fue dado por la Cámara a través de su cuenta en Twitter, asegurando que la Junta Directiva de la Cavececo se reunió con el ministro Molina en referencia a la Ley de Arrendamientos Comerciales.

Días antes la Cámara habría notificado a través de un comunicado la suspensión de actividades los lunes.

2001
05-04-2014
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Deben existir reglas claras en la providencia de alquileres

La Providencia N° 00042 emitida el lunes por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento, que ordena a los propietarios de inmuebles con más de 20 años en condición de inquilinato a ofertarlos a sus ocupantes, bajo pena de multa de 2.500 unidades tributarias, genera preocupación en el sector inmobiliario, por cuanto podría propiciar una mayor contracción en el mercado de alquileres.

Al respecto, la presidenta de la Cámara Inmobiliaria del estado Lara, Shoymei Lau, resaltó la necesidad de que la medida vaya acompañada por una normativa clara, que permita beneficiar a los inquilinos sin perjuicio de los propietarios.

Lau explicó que la resolución guarda relación con una iniciativa planteada por el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martínez, debido a la existencia de aproximadamente 5.000 apartamentos en la ciudad de Caracas ubicados en edificaciones con avanzado estado de deterioro, y ocupados por inquilinos y/o invasores desde hace más de 20 años.

"Son edificios donde vive gente que paga alquileres irrisorios o sencillamente no cancela nada. Además, presentan condiciones precarias de mantenimiento, áreas comunes, ascensores, entre otros. Ante ello, el sector inmobiliario presentó al presidente Nicolás Maduro una propuesta que permitiera a los ocupantes hacerse con la propiedad de las unidades habitacionales, y a su vez se estableciera un justiprecio para los propietarios”, detalló.

Asimismo, recordó que una propuesta similar había sido planteada en el año 2009 al entonces presidente Hugo Chávez.
No obstante, Lau teme que con la aplicación de la providencia "paguen justos por pecadores, si no se establecen condiciones claras para los casos específicos. Si bien existen muchos inmuebles en las características anteriormente descritas, otros presentan situaciones distintas”.

Indicó que la Superintendencia Nacional de Arrendamiento "atiende muchísimos casos y en este momento se encuentra colapsada, por lo tanto, será muy complicado para ellos atender los requerimientos que genere esta nueva providencia”.

En tal sentido, exhortó al Gobierno nacional "a que tome en cuenta a la Cámara Inmobiliaria y a la Cámara de Bienes Raíces, a fin de elaborar un inventario detallado de todos los inmuebles que tengan más de 20 años en alquiler, pero donde también se describan las características especiales de cada unidad habitacional. Así podrá aplicarse la medida sin consecuencias negativas”.

El Impulso
02-04-2014
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Denuncian que venta de edificios con más de 20 años en alquiler "cercena el derecho de propiedad"

VIDEO 1: http://ow.ly/vvC7h

A juicio de la abogada en derecho inquilinario, Dora Farias, la normativa que establece que propietarios deberán vender a sus arrendatarios apartamentos con más de 20 años en alquiler, va en contra de la posesión privada porque cercena el derecho de propiedad. 

"Ese es el colofón, porque me están cercenando el derecho de propiedad, me están obligando a vender mi propiedad", manifestó durante el programa "Aló Venezuela", por Globovisión. 

Asismimo, Doras Farias indicó que la nueva providencia administrativa ha causado mucha conmoción porque la norma no ha sido esclarecida, puesto que se concentra únicamente en los multiarrendadores. 

"Hay un detalle que no prevé la normativa y es cuando el inquilino no quiere comprar. También, la nueva ley no incluye a las casas, a los pequeños arrendadores y a los apartamentos con menos años", explicó. 

60 días hábiles para colocar en venta los inmuebles a sus arrendatarios "es una preocupación" 


VIDEO 2: http://ow.ly/vvBXb

De igual manera, Farias expresó que unas de las principales preocupaciones en torno a la nueva normativa es el período de 60 días hábiles para colocar en venta los inmuebles a sus arrendatarios, porque "es imposible lograr la recaudación en ese tiempo". "La perentoriedad son los 60 días. Eso no va a ser posible", agregó 

Por otro lado, la abogada se refirió a que la constitución prevé el derecho a la vivienda. "Estoy de acuerdo que se establezcan normas, pero hay que ver las dos caras de la moneda: la del inquilino y la del arrendatario", manifestó. "Sin embargo, no hay igualdad entre el que alquila y el inquilino. No tienen los mismos derechos", dijo Farias.



Globovisión
06-04-2014
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Cámara Inmobiliaria: Providencia que obliga a vender edificios alquilados es inconstitucional y traerá perjuicios al país

“Inconstitucional y violatoria de derechos de venezolanos”, así califica el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, la Providencia Administrativa de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda publicada en Gaceta Oficial 40.382, y por lo tanto llamó al Gobierno a rectificar. 

La Providencia renueva la disposición transitoria quinta de la Ley Para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda que habla de la venta a los inquilinos de inmuebles alquilados durante 20 años o más en edificios dispuestos para el arrendamiento; la diferencia es que lo que en la Ley era una preferencia de venta en la Providencia se convierte en una obligación que de ser incumplida genera graves sanciones que implican una confiscación –2.000 U.T. de multa por cada apartamento no ofertado, penalización que aumenta al doble si hay reincidencia, lo que puede incluso superar el costo del apartamento–.

Este escenario, dice Martini Pietri, violenta el derecho de propiedad privada tal como lo establece la Constitución en su artículo sobre la libre disposición de los bienes e incrementa la desconfianza y la anarquía entre los arrendadores y los inquilinos.

"Se está arrebatando a los propietarios el fruto de su trabajo honesto y enriquecedor, pues los propietarios de edificios destinados desde hace 20 años o más al alquiler se ven obligados a renunciar a su patrimonio a cambio de un precio que sería fijado por la Superintendencia de Arrendamiento y que no tiene relación con las realidades económicas del país, y podemos prever que eso será así porque aún están pendientes muchas actualizaciones de cánones de arrendamiento que el Gobierno no ha podido resolver, además de que tampoco se han resuelto conflictos arrendaticios en los que se ha hecho prácticamente imposible recuperar el inmueble para un propietario a pesar de que el inquilino no cumpla sus obligaciones”, explicó el presidente de la Cámara Inmobiliaria. Agregó que si desde la promulgación de la Ley de Arrendamientos la oferta de alquileres disminuyó, esta Providencia tendrá como resultado más evidente limitar aún más las opciones de alquilar en Venezuela, pues el Estado venezolano no construye para alquilar, y “nadie invertirá en estas condiciones”.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela aseguró que esta Providencia pone en entredicho el diálogo económico y las mesas gubernamentales de paz. "Lo que están haciendo es muy contradictorio: primero nos llaman para dialogar sobre cómo recuperar el mercado de alquileres y aumentar la producción de viviendas, se hacen sugerencias que van encaminadas a fomentar la inversión, el fortalecimiento de la propiedad privada y la recuperación de la oferta de alquileres, incluso se propuso concretamente una fórmula para recalcular los cánones de arrendamiento de acuerdo a las realidades económicas, y ahora se publica una Providencia que profundiza los problemas del país", manifestó el vocero inmobiliario. 

En opinión de Aquiles Martini Pietri el decreto radicaliza los conflictos arrendatarios. "¿Es esta la forma en que se va a lograr una solución satisfactoria entre propietarios e inquilinos? Yo no pienso que sea así. Para que la gente tenga más acceso a la vivienda debe construirse más y ofertar más, no atacar a los pocos que tienen algo que ofertar. Misión Vivienda difícilmente ha superado el 1% de su meta de 2014, el año pasado tampoco cumplió con sus proyecciones de construcción, además de eso, se registra escasez de muchos rubros elementales para todos los venezolanos, y no se han resuelto problemas graves como la inseguridad y el desempleo, y en medio de todo esto, el Gobierno insiste en encarar los problemas con resoluciones que en esencia consisten en favorecer a unos venezolanos perjudicando a otros de forma arbitraria", añadió.

A los inquilinos que piensan que esta medida los favorece, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela les hace un llamado de reflexión. "¿Cómo se sentiría usted, amigo venezolano, si el día de mañana con mucho esfuerzo logra reunir lo suficiente para tener una vivienda secundaria o un negocio para alquilar, y sale una providencia que congela el canon de arrendamiento, y más que eso, lo obliga a vender su inmueble a un precio que no tiene ninguna relación con lo que usted invirtió? Los venezolanos tenemos derecho de propiedad y a una vivienda digna, y un derecho constitucional no puede ponerse por encima de otro", afirmó.

Prensa Cámara Inmobiliaria de Venezuela
03-04-2014
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Denuncian que es inconstitucional obligar a vender inmuebles alquilados

“Inconstitucional y violatoria de derechos de venezolanos”, así califica el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, la Providencia Administrativa de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda publicada en Gaceta Oficial 40.382, y por lo tanto llamó al Gobierno a rectificar.

La Providencia renueva la disposición transitoria quinta de la Ley Para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda que habla de la venta a los inquilinos de inmuebles alquilados durante 20 años o más en edificios dispuestos para el arrendamiento; la diferencia es que lo que en la Ley era una preferencia de venta en la Providencia se convierte en una obligación que de ser incumplida genera graves sanciones que implican una confiscación –2.000 U.T. de multa por cada apartamento no ofertado, penalización que aumenta al doble si hay reincidencia, lo que puede incluso superar el costo del apartamento–.

Este escenario, dice Martini Pietri, violenta el derecho de propiedad privada tal como lo establece la Constitución en su artículo sobre la libre disposición de los bienes e incrementa la desconfianza y la anarquía entre los arrendadores y los inquilinos.

“Se está arrebatando a los propietarios el fruto de su trabajo honesto y enriquecedor, pues los propietarios de edificios destinados desde hace 20 años o más al alquiler se ven obligados a renunciar a su patrimonio a cambio de un precio que sería fijado por la Superintendencia de Arrendamiento y que no tiene relación con las realidades económicas del país, y podemos prever que eso será así porque aún están pendientes muchas actualizaciones de cánones de arrendamiento que el Gobierno no ha podido resolver, además de que tampoco se han resuelto conflictos arrendaticios en los que se ha hecho prácticamente imposible recuperar el inmueble para un propietario a pesar de que el inquilino no cumpla sus obligaciones”, explicó el presidente de la Cámara Inmobiliaria. Agregó que si desde la promulgación de la Ley de Arrendamientos la oferta de alquileres disminuyó, esta Providencia tendrá como resultado más evidente limitar aún más las opciones de alquilar en Venezuela, pues el Estado venezolano no construye para alquilar, y “nadie invertirá en estas condiciones”.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela aseguró que esta Providencia pone en entredicho el diálogo económico y las mesas gubernamentales de paz. “Lo que están haciendo es muy contradictorio: primero nos llaman para dialogar sobre cómo recuperar el mercado de alquileres y aumentar la producción de viviendas, se hacen sugerencias que van encaminadas a fomentar la inversión, el fortalecimiento de la propiedad privada y la recuperación de la oferta de alquileres, incluso se propuso concretamente una fórmula para recalcular los cánones de arrendamiento de acuerdo a las realidades económicas, y ahora se publica una Providencia que profundiza los problemas del país”, manifestó el vocero inmobiliario.

En opinión de Aquiles Martini Pietri el decreto radicaliza los conflictos arrendatarios. “¿Es esta la forma en que se va a lograr una solución satisfactoria entre propietarios e inquilinos? Yo no pienso que sea así. Para que la gente tenga más acceso a la vivienda debe construirse más y ofertar más, no atacar a los pocos que tienen algo que ofertar. Misión Vivienda difícilmente ha superado el 1% de su meta de 2014, el año pasado tampoco cumplió con sus proyecciones de construcción, además de eso, se registra escasez de muchos rubros elementales para todos los venezolanos, y no se han resuelto problemas graves como la inseguridad y el desempleo, y en medio de todo esto, el Gobierno insiste en encarar los problemas con resoluciones que en esencia consisten en favorecer a unos venezolanos perjudicando a otros de forma arbitraria”, añadió.

A los inquilinos que piensan que esta medida los favorece, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela les hace un llamado de reflexión. “¿Cómo se sentiría usted, amigo venezolano, si el día de mañana con mucho esfuerzo logra reunir lo suficiente para tener una vivienda secundaria o un negocio para alquilar, y sale una providencia que congela el canon de arrendamiento, y más que eso, lo obliga a vender su inmueble a un precio que no tiene ninguna relación con lo que usted invirtió? Los venezolanos tenemos derecho de propiedad y a una vivienda digna, y un derecho constitucional no puede ponerse por encima de otro”, afirmó.

Noticias Venezuela
03-04-2014
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Vecinos denuncian paralización de obras de viviendas en Los Hornos

Municipio Libertador

Los vecinos de la comunidad del Triángulo 10 de los Hornos, en el municipio Libertador, manifestaron sus molestias ante la problemática que ha surgido con relación a la obra de las casas de la Misión Vivienda Venezuela, la cual comenzó el 28 de octubre y se paralizó el 20 de diciembre, "y hasta el sol de hoy sigue paralizada", según  indicó el vocero comunal José Morillo.

Construcción sin terminar

Toda esta situación tiene a los vecinos muy desconcertados ya que no hay respuestas claras por parte del Gobierno, acotó el denunciante:  "Nos tienen engañados,  dicen que ya va arrancar pero la promesa no se cumple y sigue paralizada, esto es una obra de la Misión Vivienda Venezuela, el Gobierno dice que ya han dado todos los recursos para todas las misiones, que ninguna Misión puede estar paralizada, que se han bajado los recursos para todos los Estados"

Por lo tanto hacen un llamado a todas las autoridades competentes en el caso, como la Gobernación y la Alcaldía de Libertador para que realicen las investigaciones pertinentes por medio de Inavi (Instituto Nacional de Vivienda y Hábitat), saber cuál es la problemática realmente, por qué la obra está paralizada, también indicó que hay muchas personas necesitadas en espera de sus casas, "el 6 de enero hubo una reunión con la presidenta de Inavi,  y el secretario, también vino un inspector de la Misión Vivienda y nos dijo que entre dos semanas ya arrancaban, pero ya terminó marzo y la obra sigue sin arrancar".

Es importante destacar, que esta obra está proyectada para 85 familias de la comunidad del Triángulo 10 de Los Hornos, los vecinos de igual manera resaltaron que los techos de las viviendas de la obra, inicialmente eran de material machambrado, pero luego lo cambiaron a un tipo de techo de menor calidad, lo cual desmejora las viviendas.

Por otro lado, la vecina Estefanía Gómez, manifestó mucho descontento y confusión, ya que hasta hoy no saben si la obra es de la Misión Vivienda o del SUVI (Sustitución de Rancho por Vivienda), todo esto lo dijo porque cuando llegó el camión con los bloques obligaron a todos los beneficiados a bajarlos porque de lo contrario no iban a tener derecho a la vivienda. "Si es del SUVI podemos colaborar pero si es de la Misión Vivienda, tengo entendido que no porque los ingenieros dicen que ellos pagan la bajada del material y en la comunidad todos hemos tenido que bajar los bloques, hasta las mujeres embarazadas y personas enfermas, porque de lo contrario se llevan el material", exigimos que nos aclaren si esta obra es del SUVI o de la Misión Vivienda Venezuela".
    
MARY CRUZ MUJICA (pasante)

El Tiempo
03-04-2014
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Hasta Bs 150 cuesta un saco de cemento en los “caminos verdes”

Conseguir uno de los principales materiales para la construcción se hace cuesta arriba en El Tigre, ya que está escaso. Quienes logran comprar lo hacen pagando 233% de sobreprecio

Marinelid Marcano
Frente a expendios formales, los ciudadanos deben hacer largas colas para adquirir el material en la zona sur 
Frente a expendios formales, los ciudadanos deben hacer largas colas para adquirir el material en la zona sur Foto: Wayne David
El Tigre.- La publicista Isabel Pérez no se ha podido mudar a la vivienda que adquirió hace unos meses en obra gris en El Tigre, porque no consigue cemento para terminar la construcción.

Adquirir el material se ha convertido en un tormento para Pérez, ya que debe llegar antes de las 5:00 de la madrugada a la ferretería para hacer la cola. Si corre con suerte, les venden entre dos o cinco sacos por persona, dependiendo de la cantidad que ese día ofrezca el negocio.

“El problema es que pese a que hagas esa cola, no te garantiza que te den el producto. Tampoco tienes seguridad, porque ahora en las filas llegan motorizados y te amenazan para ellos comprar”.

Pérez destacó que aunque el costo del saco del cemento regulado es de Bs 45, se ha visto obligada a pagar Bs 150 por cada uno (233% de sobreprecio).

Ese es el precio en que lo venden en la economía informal o en los “caminos verdes”, donde Félix Miranda también ha tenido que comprarlo.

El trabajador relató que tuvo que cancelar Bs 4.500 por 30 sacos de cemento, ya que necesitaba echar un sobrepiso en su casa. “Con eso que gasté, si lo hubiese comprado a precio regulado hubiese adquirido 90 sacos, pero ahorita eso es una misión imposible”.

Miranda debe ahora adquirir por lo menos cinco sacos de cemento más para levantar una pared.

Desaparecido en negocios

En la ferretería La Vibradora, ubicada en la avenida Miranda de El Tigre, una de las encargadas que prefirió omitir su nombre, dijo que no tienen cemento desde hace mes y medio. No saben cuándo recibirán de nuevo.

En la avenida Fernández Padilla de El Tigrito, Yesenia Seijas, de Materiales Guanipa, señaló que les llega el material una vez por semana, pero no pueden evitar que se formen largas colas.

“Se están generando problemas y los trabajadores están recibiendo amenazas por parte de los compradores”.

En la Ferretería Pinzón, de la avenida Subero, despachan cemento los martes. Depende de la cantidad que reciben venden de tres a cinco sacos por persona.

La Oficina de Atención y Reclamos Comunitarios (Omarco) de Guanipa se reunió con los representantes de siete ferreterías del municipio que distribuyen cemento, a fin de buscar una solución a los conflictos que se presentan en las colas. 

Néstor González, jefe de Omarco, indicó que sólo siete negocios están codificados en la zona, para expender cemento. Acotó que han hecho trabajo de inteligencia y han detectado que un grupo de personas se van a los centros de distribución y realizan colas varias veces para luego revender la mercancía.

Hechos
El pasado 19/3, Javier Maurera de 22 años, recibió un disparo en la pierna derecha cuando hacia la cola para comprar cemento en Materiales Pisón en El Tigre. A ese negocio llegaron varios motorizados, que trataron de meterse en la cola cerca de donde estaba Maurera, quien reclamó y recibió el tiro.

El Tiempo
04-04-2014
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Exigen que el Estado asuma los costos por daños a inmuebles

Micondominio.com aguarda audiencia con Maduro para mostrar las pruebas

Funcionarios de la Guardia Nacional han apuntado y disparado hacia edificios y lanzado lacrimógenas que han caído en apartamentos

DELIA MENESES

Residencias de Caracas y de varias ciudades del interior agrupadas en Mi Condominio.com aguardan respuesta del Presidente Nicolás Maduro a una carta donde se exhorta al Estado a asumir los costos por los daños a portones, garitas de vigilancia, áreas comunes, rejas, cercos eléctricos y sistemas de cámaras debido a las protestas de los últimos 49 días. 

En la misiva, esta organización civil solicita una audiencia con Maduro para mostrarle las pruebas y testimonios que evidencian los delitos protagonizados por civiles armados motorizados y por los excesos de algunos funcionarios de la Guardia Nacional contra comunidades y condominios.

Elías Santana, coordinador de Micondominio.com. dijo que los sucesos recientes representan "un enorme peligro de confrontación entre las comunidades" y manifestó su interés de poner al servicio del Estado la experiencia de la organización que dirige, que hace 14 años viene trabajando en temas de organización comunitaria. 

En una reunión que tuvo lugar en la Escuela de Ciudadanos, a la que asistieron líderes comunitarios de varios zonas, se evidenció que las comunidades agredidas y muchas otras temerosas de las actuaciones de bandas delictivas motorizadas han desarrollado iniciativas de mayor integración vecinal, han tomado previsiones y tienen protocolos de comportamiento antes, durante y después de una contingencia.

A juicio de Santana, buena parte de esas previsiones organizativas preparan a las comunidades para otras situaciones como terremotos, conmoción social, inundaciones o incendios. Además de estimular el tejido social y de aumentar la calidad de la convivencia. 

Vecinos de El Marqués se refirieron a la necesidad de definir un sistema de comunicación masivo para mantener informados a los vecinos sobre lo que ocurre en la comunidad. 

Se planteó la importancia de reunirse en cada comunidad y cada edificio a establecer prioridades vecinales, clasificándolas entre importantes y urgentes. La vecina Maryori Seijas dijo que las calles no se deben abandonar para manifestar como vecinos, pero resaltó que hay que encontrar formas de protesta distintas y creativas que vayan más allá de las marchas y las barricadas. 

"Como comunidades, no podemos seguir aisladas de otros municipios. Agresiones vandálicas nos pueden tocar a todos", dijo Verónica Carrasco, de la comunidad de El Dorado en Altamira Sur. Líderes comunitarios coincidieron en que el papel de los vecinos no es reaccionar directamente frente a un delito, sino llamar a las autoridades para que actúen. 

Los condominios solicitan que se designe un funcionario de alto nivel con la finalidad de presentarle testimonios y evidencias de las agresiones perpetradas por civiles armados y por funcionarios identificados contra los inmuebles. 

Exhortan además que se proceda a indemnizar, desde el Gobierno Nacional, a los propietarios de vehículos estacionados en los edificios o en áreas cercanas que fueron deteriorados o asaltados. Igualmente a los condominios que sufrieron deterioro de sus portones, rejas de seguridad, garitas de vigilancia y áreas comunes.

Mi Condominio.com elaboró una guía para afrontar las agresiones contra las residencias que pone a disposición de las juntas de condominio y consejos comunales. El plan de protección comunitaria especifica qué hacer antes durante y después al ataque a algún inmueble. Recomienda conocer a los vecinos más inmediatos y ser solidario si le piden ayuda. "Las personas de los pisos más bajos son las más vulnerables, identifíquelos y ábrales la puerta si requieren protección. Sea discreto y no revele a extraños los planes de seguridad de la residencia", recomienda la guía.

El Universal
03-04-2014
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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CIV solicitará derogar norma de venta de inmuebles con más de 20 años alquilados

"Se presentará un recurso de nulidad" de la resolución, dijo el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela 

Los inquilinos tienen prioridad para comprar

Emen.- La Cámara Inmobiliaria de Venezuela pedirá al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la nulidad del decreto que obliga a los dueños de inmuebles alquilados hace 20 años o más a venderlos a sus arrendatarios en un plazo perentorio de 60 días o afrontar multas. 

"Se presentará un recurso de nulidad" de la resolución del Ministerio de Vivienda de Venezuela que se aplica en Cuba y en otros "países comunistas donde no se respeta la propiedad privada", declaró a Efe el presidente de la Cámara, Aquiles Martini Pietri, reseña Últimas Noticias.

El decreto ministerial advierte que la multa inicial a quien no venda su propiedad en el plazo perentorio será de 2.000 Unidades Tributarias, equivalente a 254.000 bolívares, que debe ser pagada en un lapso de cinco días. 

La multa será doblada y si esa cantidad de dinero no se pagaen un lapso de cinco días, "la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda solicitará el embargo ejecutivo correspondiente sobre el inmueble o inmuebles objeto de la multa", señala la resolución ministerial. 

Consultado sobre la hipótesis de que el decreto no pasa de ser una carta política para ser retirada luego en la mesa de un diálogo nacional previsto entre el Gobierno y la oposición, Pietri advirtió que si fuera así "ese diálogo sería un gran engaño". 

"Yo quisiera imaginarme que no es así, porque si fuese así esto del diálogo sería un gran engaño. Yo tengo que creer, yo necesito creer que a través del diálogo vamos a buscar y a encontrar la fórmula de hacer viable la Venezuela del futuro", sostuvo. 

El presidente de la Cámara Inmobiliaria admitió que el decreto lo sorprendió, porque se ha reunido en varias ocasiones en las últimas semanas con su autor, el ministro de Vivienda, Ricardo Molina. 

En esas oportunidades "le dije al ministro que la paz y la confianza no se decretan, sino que son consecuencias de actos, comentó. 

"Es complicado de entender que si estamos hablando de mesas de paz, de reencuentro, de buscar formas de hacer viable el país del futuro", haya publicado en la Gaceta Oficial una resolución que "violenta la propiedad privada y los derechos constitucionales", remarcó. 

Explicó al respecto que la Constitución prevé la confiscación y la expropiación con el respectivo pago de una indemnización, pero "no la obligación de vender y de comprar, porque en esta resolución también se está obligando al inquilino a comprar". 

En Venezuela, los edificios para alquilar fueron construidos en la segunda mitad del siglo XX principalmente "por europeos como garantía de rentabilidad en sus años dorados", y las personas afectadas con la medida suman 120.000, dijo Martini Pietri.

Si no pagan los 254.000 bolívares en multas y ven perder sus propiedades, estos entonces "expropietarios no pueden protestar, no hay cómo reclamar a nadie, no tendrán derecho a la justicia porque se trata de actos administrativos", apuntó. 

El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, calificó de "inconstitucional" la norma y alertó de que "muchos de estos edificios los ocupan personas de la tercera edad", a quienes la banca no los considera a la hora de otorgar créditos para que los compren. 

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro, adicionalmente, aún no fija los nuevos valores por metro cuadrado de construcción que deben reconocer el índice inflacionario, que en 2013 fue de 56,2 %, agregó el titular de Apiur.

El Mundo, Economía y Negocios
02-04-2014
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Lic. Henry Medina
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