lunes, 10 de febrero de 2014

Mary Kay

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Mary Kay

" Uno de los secretos del exito es no permitir que los contratiempos pasajeros nos derroten. "
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Expresidenta de Conavi: Hacer muchas viviendas no es la solución

Josefina Baldó, arquitecta y expresidenta del Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi ), expresó que hacer muchas viviendas no es la solución para el déficit habitacional y que es necesario tomar en cuenta otros aspectos a la hora de edificar. Indicó que debe haber una política de vivienda para saldar una deuda social con el 85% de la población. Por otra parte, cree que se requieren programas de construcción de carácter progresivo porque no todas las familias podrán ser beneficiadas por la Misión Vivienda. Baldó dijo que el programa Barrio Tricolor son remiendos, aunque se hable de una intención más profunda. Precisó, en el programa Primera Página de Globovisión , que cerca de 16 millones de personas viven en el país en barrios y como no se pueden trasladar a todos a otros lugares, se tiene que urbanizar, mejorar los servicios, construir nuevas vías e infraestructura. Para la expresidente de Conavi, Ciudad Caribia tiene algunas críticas porque es una obra de un costos gigantesco en servicios, tiene problemas de acceso y su población se siente aislada. Baldó señaló que las nuevas urbanizaciones tienen que estar cerca de las fuentes de trabajo y deben estar dotadas de equipamiento y servicios. La arquitecta considera que en Caracas todavía hay espacios para construir viviendas, sobre todo en el sector suroeste, "desde Nuevo Circo para abajo".

Globovision 
10-02-2014
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Desalojos de zonas en riesgo se convirtieron en "negocio redondo"

Casas desocupadas son negocios para unos y soluciones para otros. Vecinos aseguran que están de manos atadas ante ocupaciones ilegales en sectores desalojados

Exigen frenar repoblación en zonas de riesgo 

Norma Rivas Herrera.- Las viviendas desalojadas en sectores calificados como zonas de alto riesgo se han convertido en negocios para unas personas y “soluciones habitacionales” para otros que aseguran no tener un sitio donde vivir. 

Estas invasiones se han producido en La Pedrera (Antímano), Nueva Tacagua y Federico Quiroz (Catia). Por ello, familias que aún esperan por la reubicación prometida exhortan al Gobierno nacional a “darle un parao” a esas ocupaciones, pues ven lejos sus adjudicaciones.

En estas zonas, el clamor popular es el mismo. Los vecinos pidieron proteger su identidad porque han sido víctima de amenazas cuando se han acercado, en buenos términos, a notificarles a los invasores que no pueden ocupar esos sectores. Manifiestan sentirse desmoralizados porque las autoridades no los atienden cuando les informan sobre las ocupaciones ilegales.

Proponen que se asuman las demoliciones con rigor y fuerza, y piden que se cree un equipo de trabajo con intervención del Regimiento de Ingenieros Agustín Codazzi de Fuerte Tiuna -que tiene el personal y la maquinaria-, organismos policiales, alcaldía y Gobierno del Distrito Capital. Aseveran que esa sería la manera efectiva de evitar más invasiones en esos lugares.

Mano dura. Los líderes comunitarios coinciden en que debe aplicarse sin miramientos el lema “casa beneficiada, casa demolida”. Durante las lluvias de 2010, sectores de la carretera vieja Caracas-La Guaira resultaron afectados por deslizamientos. La Llanera, en Plan de Manzano, fue poblado nuevamente por familias beneficiadas por el Gobierno y otras provenientes de Colombia.

En ese mismo barrio hicieron un llamado a los representantes del programa Barrio Tricolor para que derriben las 150 casas desocupadas en el sector 19 de Abril.

En el caso de El Manantial, en el desaparecido sector Nueva Esparta, el Instituto Municipal de Gestión de Riesgo y Administración de Desastres (Imgrad) entregó 72 certificados de alto riesgo el 2 de febrero de 2011. A la fecha, esa población aumentó porque muchas personas que compraron casas en los Valles del Tuy mediante el programa 8, que ejecutó el Ministerio de Vivienda y Hábitat, vendieron y retornaron al barrio por “inseguridad en la región mirandina y razones laborales”, alegan.

Esperan por techo. En Blandín se construye la vialidad Boyacá-La Guaira, pero aún no se concreta la demolición de 10 casas que fueron desalojadas para continuar la obra. Allí quedan tres familias que esperan adjudicación.

Una situación similar ocurre en el sector Las Terrazas del barrio Carapita, Antímano, donde se espera por la reubicación de la vialidad, pues en el tramo llamado La Trocha hay casas que no fueron demolidas cuando sus propietarios recibieron adjudicaciones por el Gobierno del Distrito Capital en urbanismos de Macarao y, actualmente, están ocupadas por otras personas. 

Los vecinos piden un muro ciclópeo de piedras, la sustitución de las tuberías de agua potable, la canalización de aguas servidas y la reconstrucción de la calle. Quieren que les aclaren si se construirá una estación de Metrocable en esa zona de riesgo.

Embarcados. En La Pedrera, Antímano, funcionarios de Vicepresidencia, Comisión Presidencial, Ministerio de Vivienda y Hábitat e Imgrad recorrieron los seis sectores el 27 de enero (hace 15 días) y demarcaron las casas por demoler de quienes ya recibieron adjudicación en edificios construidos por el Gobierno nacional. Durante esa labor se percataron de que los lugares estaban ocupados por familiares o inquilinos de sus antiguos dueños.

Las demoliciones estaban previstas para comenzar el lunes 3 de febrero; sin embargo, los vecinos se quedaron esperando. Ese día llegaron las cuadrillas sin las autoridades responsables de ejecutar la medida. El grupo de trabajo regresó el martes, sin acompañamiento de fuerzas de seguridad, y fue desalojado por invasores.

Efraín Ortiz, vecino del segundo plan, cuenta que en 2010, cuando el ex presidente Hugo Chávez estuvo en La Pedrera, motivó a muchas familias a salir de esas zonas de peligro a refugios. Hoy, insta a los ministerios de Interiores, Defensa y Vivienda a que se cumpla la orden de inmediato desalojo del barrio y reubicación de las 743 familias que allí permanecen. Se pregunta dónde están los 478 apartamentos (50 en Playa Grande, 228 en Ciudad Caribia y 200 en Valles del Tuy) prometidos el 11 de octubre de 2013 por el ministro de Vivienda, Ricardo Molina. Además, exige la presencia del presidente Nicolás Maduro. 

Las familias de La Pedrera quieren ir al refugio La Pomarrosa, de Catia.

Entretanto, en el sector Federico Quiroz quedan 1.500 familias en espera de sus casas prometidas por los entes del Gobierno. Desconocen cuáles son los planes habitacionales para ellas y no han recibido información de parte de Vicepresidencia. Sienten que están muy lejos de alcanzar la meta porque no han sabido más nada de Nicolás Maduro, quien se autonombró padrino del barrio en 2011 cuando era canciller. Dicen sentirse olvidados por el Presidente, quien no ha ido más a la comunidad ni ha mencionado el sector en sus alocuciones.

Afirman que el peligro sigue latente, pues el terreno continúa cediendo y hay viviendas agrietadas. Imgrad hizo un levantamiento final: el censo realizado el 4 de noviembre contabilizó 263 familias en alto riesgo y muchas de ellas se niegan a salir a refugios.

Los sectores Los Mangos, Alegría y El Esfuerzo comenzaron a repoblarse en 2011. Durante los últimos meses se ha incrementado la presencia de extranjeros, algunos con prontuarios delictivos, según denuncian los propios vecinos. 

Cero coleados. En Nueva Tacagua, urbanización construida por el Instituto Nacional de la Vivienda y afectada por deslizamientos desde hace más de 15 años, quedan aproximadamente 950 familias en los sectores A, B y C en espera de reubicación.

Por estar en una zona de riesgo, sus vecinos no pudieron conformar un consejo comunal. Sin embargo, se organizaron en vocerías por sectores para gestionar las viviendas dignas ofrecidas por el ex presidente Hugo Chávez en 1999, cuando se hizo implosionar la terraza L del sector AB.

Elena Vallejo y Leonard Suárez, vecinos del sector C, dijeron que en los últimos meses han visto logros gracias al trabajo realizado con Vicepresidencia. Señalaron que, después de tantos años de lucha, el Gobierno construyó el conjunto Los Caciques en Vista Alegre solo para 450 familias de Nueva Tacagua. A partir de hoy se tiene prevista la entrega de la torre 5 escalonadamente.

La comunidad ha estado alerta y ha evitado las invasiones, pues esa situación implicaría el retraso de la reubicación. En la zona quedan 160 familias que esperan sus apartamentos en Ciudad Caribia, pero no saben cuándo les entregarán sus llaves.

Indicaron que entregarán en Vicepresidencia un documento que contiene los datos de 110 nuevas familias que se conformaron a partir de 2009, cuyos integrantes viven arrimados en casas de parientes y aspiran a ser trasladados a un albergue y luego a un urbanismo.

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10-02-2014
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Gremio: empresas de Gmvv no cumplen contrato colectivo

Sindicalistas del sector construcción denunciaron que algunas empresas y cooperativas contratadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv) en el municipio Anaco, están violando el contrato colectivo que está vigente hasta el año 2015 y con ello, perjudican a una gran masa de trabajadores.

Magdiel González, secretario de actas y relaciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Madera, Conexos y Similares (Sutcmcsea), indicó que muchos patronos, se “hacen de la vista gorda para no pagarles los beneficios a los trabajadores”.

Acusó que se aprovechan de la necesidad de los obreros y “llegan con ellos a acuerdos verbales, para no cancelarles los beneficios laborales. La persona necesitada, para no perder el trabajo, acepta”.

Indicó que a los obreros no les pagan las prestaciones sociales cuando culminan la relación laboral.

Tampoco les cancelan las cesta ticket ni cumplen con los montos de salarios diarios precisados en el tabulador de oficio aprobado para el sector.

“Según el contrato colectivo vigente para la construcción, a un albañil deben cancelarle Bs 169 por día, a un obrero Bs 126 diario, entre otros. Pero les pagan sólo Bs 100 y hasta menos”.

Señaló que en Anaco, se están ejecutando varios proyectos de la Misión Vivienda, donde los empresarios contratados están cometiendo violaciones.

No dijo los nombres, pues se los reserva para realizar la denuncia ante organismos correspondientes. Reconoció que hay otras empresas que ejecutan trabajos para Pdvsa, como el proyecto de la gasificación directa en sectores de Anaco, que sí respetan la convención colectiva. “También cumple la empresa que construye un complejo de 47 edificios en el Campo Los Pilones y de 42 viviendas, pero hay un grupo que no cancela lo que debe”.

Inspecciones

El dirigente sindical destacó que a partir de esta semana van a realizar una serie de inspecciones en las obras de construcción que se realizan en el municipio, a fin de precisar las violaciones contra los trabajadores y las empresas que no acatan la contratación.

Destacó que el informe que realicen, lo llevarán ante la Inspectoría del Trabajo, ubicada en Cantaura (municipio Freites), a fin de que tome las acciones correspondientes, entre ellas, citar a los patronos para emplazarlos a que cumplan con los beneficios contractuales.

Advirtió que si las empresas no se apegan a las normas, van a tomar otro tipo de acciones a fin de presionar por el cumplimiento de la convención. Hizo un llamado a representantes de la Inspectoría y del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo para que los apoyen.

El Tiempo
07-02-2014
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Advierten que falta de material afecta a Misión Vivienda

El Capitán Carlos Hurtado, coordinador de la Gran Misión Vivienda Venezuela, explicó que desde 2013 el país presenta una gran crisis en materiales de construcción como cabillas y cemento.

"Desde noviembre del año pasado hemos tenido un déficit importante en lo materiales requeridos para avanzar con las obras de la Gran Misión Vivienda", afirmó Hurtado a Unión Radio.

De igual manera, aseveró que existen obras que cumplirán 3 años sin culminar debido a la falta de gerencia en las empresas básicas. 

"El Estado tiene que estar constantemente inyectando dinero y reponiendo recursos, lo que hace cuesta arriba todo la situación".

El también dirigente del PSUV, aseguró que la falta de cabillas tiene su causa en las situaciones de conflicto presentadas en Sidor. 

Señaló que cada una de las empresas básicas de cemento se encuentra bien abastecida; sin embargo la Fábrica Nacional de Cemento, ubicada en Ocumare del Tuy, ya presenta problemas en cuanto a repuestos por el requerimiento de divisas. 

El propio ministro de la Vivienda, Ricardo Molina, reconoció en una reunión con los constructores que existen distorsiones con los insumos de la construcción. 

En dicho encuentro, el funcionario dijo que entre las medidas que se prevén para garantizar los materiales a las obras está la importación de cabillas, pues admitió que la producción nacional es insuficiente. El pasado año Sidor trabajó a un tercio de su capacidad por la falta de insumos y repuestos y problemas laborales, por lo que su producción cayó 18,9%.

El Universal
08-02-2014
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Limpiando San Andrés, Limpiando el Planeta y Creando Energía

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Evalúan en Venezuela uso del bambú para viviendas ecológicas

Expertos venezolanos evalúan el empleo del bambú para la confección de elementos estructurales destinados a viviendas ecológicas, con vistas a diseñar alternativas de amplio impacto social, informaron hoy fuentes especializadas.

El proyecto está a cargo de profesores y estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (USB), con financiamiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La iniciativa contempla, por una parte, un componente de investigación para incrementar la vida útil y la resistencia del bambú con vistas a su utilización como materia prima sustentable en la construcción de viviendas.

Por otro lado, un componente de formación estudiantil y comunitaria para la producción de cultivos y el uso de las piezas de esta planta para la edificación de casas y la fabricación de utensilios domésticos.

El objetivo es obtener varas de bambú reforzadas mediante la inyección o la impregnación de polímeros mezclados con polvos cerámicos, lo cual permitirá avanzar a una segunda etapa en la cual se puedan desarrollar construcciones de viviendas prototipos en base a ese material.

Actualmente, los investigadores de la USB tratan de optimizar los procesos de infiltración y, a la vez, realizan la automatización de cada uno de estos, con el fin de que puedan ser útiles a cualquier persona que no sea experta en el área.

Entidades como las universidades Central de Venezuela, de Los Andes y de Oriente mostraron interés en sumarse a la iniciativa.

prensa-latina.cu
07-02-2014
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¿Por qué las petroleras en EE.UU. no pueden exportar crudo?

Estados Unidos es uno de los países exportadores por naturaleza y el petróleo es una de sus industrias más importantes. 

Pero -por más extraño que suene- las compañías de ese país tienen prohibido exportar crudo libremente.

La restricción se remonta a los años 70, cuando Estados Unidos se vio afectado seriamente por el embargo de varios países árabes y decidió poner en marcha una serie de medidas para limitar su exposición a los mercados internacionales.

Cuatro décadas después, el país dice estar en proceso de asegurar su independencia energética y el aumento considerable en su producción interna ha puesto a muchos a pensar si no habrá llegado el momento de revertir la prohibición.

Importantes centros de estudios como Brookings y el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés) han presentado documentos en defensa de esa idea, así como congresistas de la talla de Lisa Murkowski, la republicana de más alto rango en el comité del Senado para temas energéticos y de recursos naturales.

Sus argumentos se basan en que un cambio en la política estimularía la producción doméstica, ayudaría a crear empleos en la industria y eliminaría eventuales trabas para los productores.

Pero otros legisladores, así como algunas refinadoras, se oponen a un cambio en las leyes. Las principales preocupaciones se refieren a que podría disparar el precio de la gasolina y tendría un impacto ambiental considerable. También se argumenta que podría afectar a los países exportadores de la región, como México y Venezuela (ver recuadro).

La prohibición se refiere exclusivamente al crudo -no a productos refinados- y tiene unas pocas pero importantes excepciones: el Departamento de Comercio ha entregado licencias para la exportación de ciertos tipos de crudo y en circunstancias específicas, como por ejemplo para el consumo interno de Canadá.

“Ingresos, empleo e impuestos” El hecho de que Estados Unidos esté debatiendo a comienzos de 2014 una ley basada en la crisis petrolera de hace 40 años se enmarca en los cambios que han surgido en las dinámicas petroleras del país.

La producción doméstica ya sobrepasó las importaciones, técnicas relativamente nuevas como el fracking están cambiando la forma como se extrae ese recurso y el consumo interno se ha visto afectado al tiempo que aumentan opciones como el gas natural.

Además, Estados Unidos es uno de los mayores exportadores de productos refinados, como gasolina y diesel, y no son pocos los que consideran que en el crudo hay potencialmente un negocio muy atractivo.

Bajo esa luz, la prohibición es vista como un vestigio del pasado y una barrera a la realidad económica actual. “Quiero ser muy clara: el status quo no es beneficioso para los estadounidenses”, dijo la senadora Murkowski.

Para ella, así como para los centros de estudios mencionados, la prohibición impide un mayor desarrollo de la producción y puede generar problemas en las dinámicas actuales.

Brookings explica que en un marco de producción doméstica creciente sólo hay cierta capacidad local para absorber ese crudo. La mayoría de las refinerías pueden procesar el crudo más pesado que viene de países como México y Venezuela, pero no el local. Por ello, según el centro de estudios, hay una incompatibilidad entre la oferta y la demanda.

Eso lo llevó a recomendarle al presidente Barack Obama en un memorando que se abran las puertas a las exportaciones irrestrictas, pues podrían generar “ingresos, empleos e impuestos en la cadena de producción” si se combinan con mayores inversiones en infraestructura.

Varias petroleras también han expresado su visto bueno a un eventual cambio. Por ejemplo, el presidente de ConocoPhillips, Ryan Lance, argumentó que hay necesidad de crudo a nivel mundial y podría enviarlo a refinerías en el exterior.

Aumento de precios Pero hay otras empresas que no están tan seguras de que el cambio sería beneficioso, como Valero Energy, cuya sede está en Texas y tiene 16 refinerías.

Su vicepresidente para medios, Bill Day, le dijo a BBC Mundo que Valero tiene una licencia del Departamento de Comercio para exportar crudo a Canadá, por lo que no se opone a las exportaciones en general. Pero sí cree que de hacerse ilimitadas, éstas aumentarían el precio del petróleo en Estados Unidos.

Además, explica que tanto Valero como otras refinadoras están haciendo inversiones multimillonarias para procesar el crudo doméstico ligero en sus plantas, por lo que tiene más sentido que “los trabajadores estadounidenses lo procesen en refinerías estadounidenses”.

Otra preocupación es que un posible cambio pueda disparar los precios de la gasolina para los consumidores locales. Así lo han expresado centros de estudios como el Centro para el Progreso de Estados Unidos (CAP, por sus siglas en inglés) y senadores como el demócrata Robert Menendez.

Este último le envió una carta al presidente en la que argumentó que a pesar de los cambios en el mercado energético, los objetivos de la prohibición deberían seguir siendo una prioridad: mejorar la seguridad energética del país y proteger a los consumidores de la volatilidad y el aumento en los precios.

Otra preocupación es el posible impacto ambiental: si se levanta la prohibición, las compañías podrían buscar más pozos petroleros y esto, a su vez, aumentaría la contaminación. Ese es el análisis que presenta, por ejemplo, la entidad Oil Change International, que considera que parte de las reservas deberían permanecer en el suelo.

El tema, con sus visiones a favor y en contra, llegó hace poco al Congreso, donde se debatió en un comité del Senado, y también generó opiniones del secretario de Energía, Ernest Moniz, quien dijo que el tema merece un nuevo análisis.

La decisión final estará en manos del gobierno, que podría actuar solo para cambiar la política, o en el Congreso, que permanece muy dividido en los temas energéticos.

BBC Mundo

Entorno Inteligente
09-02-2014
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