Muchas dudas sobre el plan de vivienda para la clase media
Gleixys Pastrán C. / Manuel Rubén Trujillo.- El plan habitacional del Gobierno para la clase media deberá ser financiado con los recursos propios de la banca, a menos que se modifiquen las leyes para el sector hipotecario y de adquisición de viviendas.
Dadas las condiciones descritas por el Ministerio de la Vivienda y Hábitat, sólo las familias que devenguen entre cuatro y 15 salarios mínimos podrán participar en el registro de adquisición de viviendas diseñado para la clase media.
Con esta condición este grupo de familias queda por fuera de los límites que establece la Ley del Régimen Prestacional para Vivienda y Hábitat para poder utilizar los recursos de los fondos de financiamiento.
Una fuente cercana a las instituciones bancarias comentó que se está ajustando algunos detalles de las condiciones, pero es seguro que los financiamientos sean con recursos propios de la banca.
Es casi inviable que los préstamos que se hagan a la clase media que se está registrando en la Misión Vivienda sean financiados por los fondos habitacionales.
Hay que recordar que la última resolución del Ministerio de Vivienda publicada en Gaceta Oficial 39.969 sólo las familias que devenguen hasta cuatro salarios mínimos podrán acceder a subsidios habitacionales del Gobierno.
Y sólo las que tengan ingresos hasta Bs. 7.000 podrán usar sus recursos del fondo habitacional para la compra de una vivienda propia.
Si esto es así, la oferta que hace el Gobierno a la clase media no tiene un orden jurídico que garantice los financiamientos, a menos que en los próximos días sea publicada una nueva resolución que incluya condiciones ajustadas a la realidad de la clase venezolana.
Reacción de los privados
Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), comentó que la idea de incorporar a la clase media a la Gran Misión Vivienda "puede ser muy buena, pero cuando se lleve a la práctica puede no serlo", destacando el "inviable" marco legal en que está envuelto el sector construcción e inmobiliario.
Martini comentó que se deben realizar cambios en la Ley de Bancos para que sean factibles financiamientos del 100% para familias dispuestas a aplicar para una vivienda.
En este sentido, comentó que la Ley de Bancos solo permite un financiamiento del 70% a las constructoras, por lo que supondría una traba, "afectando el flujo de caja" de las constructoras encargadas de la fabricación de viviendas. "La nueva Ley de Arrendamiento ha limitado mucho al sector. Además, la Ley de Estafa Inmobiliaria no contempla la valorización de precios, que son costos asociados a la construcción. Solo toma el valor del terreno y los intereses".
Raimundo Orta Poleo, coordinador nacional de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), aseguró que los proyectos de construcción del Gobierno no se rigen por las variables urbanas de la ciudad, "prescindiendo la propiedad del terreno o del estacionamiento y colapsando los servicios".
Una fuente también señaló que "los beneficios para créditos hipotecarios solo llegan hasta Bs. 7.000. Al resto de la clase media se le hace cuesta arriba. Los préstamos son deficientes y necesitan una inicial muy alta. Lo ideal sería dar el 30% de inicial para luego dar el 70%. Si existiera una Misión Vivienda que equilibrara el salario con los montos de la política habitacional y de los inmuebles sería ideal".
Opinión del sector público
Gerson Hernández, representante de la Cámara Bolivariana de Constructores, indicó que la nueva normativa para la realización de viviendas para la clase media lleva un "exigente y minucioso" procedimiento basado "sobre un piso jurídico con fianzas y garantías orientadas para el pueblo".
Asimismo, apuntó que serán "muy estrictos" con las personas que cometan irregularidades dentro del marco para obtener nuevas viviendas, sean nuevos propietarios o compañías de construcción.
Hernández señaló que el nuevo objetivo de la Misión Vivienda también pasa por "sanear la tierra para generar los títulos de propiedad" y así cumplir con los lineamientos y protocolos regulares de la Ley de propiedad. Desde el punto de vista de Hernández también se necesitan "acotaciones" en la Ley de ahorro habitacional y la Ley de contratación pública, para darle más ventajas a los ciudadanos. De esta forma concluyó su intervención, aclarando que "la propiedad privada está garantizada".
El Mundo
22-08-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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