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lunes, 9 de julio de 2012
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Obligan a vender a precio de gallina flaca
El día 17 de noviembre del año 2011 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recibió un recurso de nulidad contra la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos por parte de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), el cual fue admitido por el ente judicial después de 6 meses, por lo que lo seguirán estudiando para dedicidr si lo aprueban o niegan.
Roberto Orta, presidente de Apiur, demandó la nulidad de la quinta disposición transitoria plasmada en la normativa, ya que "esta obliga a que los propietarios o constructoras de los inmuebles que tengan un predio con más de 10 años tienen que venderlos obligatoriamente al inquilino que reside en ese momento. Esta disposición transitoria viola flagrantemente uno de los elementos fundamentales del derecho de propiedad que es legal en la Constitución".
Este es el caso de Carmen Ramírez, dueña de un apartamento ubicado en el centro de Caracas, quien expresó que esa edificación es de vieja data, pero no comparte la Ley de Arrendamientos, pues no está de acuerdo en vender su propiedad; ella mensualmente percibe 1.500 bolívares y con ese dinero puede vivir medianamente bien, además, que se lo quiere dejar como herencia a su hija.
Por su parte, un señor que prefirió mantener su nombre en reserva, destacó que vive alquilado en Puerto La Cruz y está de acuerdo con que le vendan la propiedad a un precio acorde al tiempo que tiene residiendo en el lugar o si el precio no es regulado que le puedan dar facilidades de pago para comprar el inmueble.
Orta señaló que estas disposiciones transitorias contradicen la Carta Magna ya que en el artículo 115 se establece la protección de la libre voluntad de cualquier ciudadano de conservar su patrimonio o de vender su propiedad pero conscientemente no por obligación.
DISPOSICIONES ILEGALES Y CONTRADICTORIAS Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, dijo que "el TSJ admitió un recurso de nulidad introducido por Apiur, pero aún no han dado la sentencia firme sobre el caso. El estatuto plasmado en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda es inconstitucional".
Además, señaló que muchos arrendadores no quieren vender su inmueble, sino que quieren seguir alquilando su propiedad, pero la disposición transitoria obliga a vender la propiedad en edificios con vieja data. "El problema no es vender a precio regulado; la complicación es que a nadie se le puede obligar a vender algo que le pertenece si no desea, pues la Constitución establece que toda persona tiene derecho hacer con su inmueble lo que desee", puntualizó Pietri.
Para Orta las disposiciones transitorias de la normativa de arrendamiento son ilegales, pues en el artículo 88 "los ocupantes que tengan más de 10 años viviendo en un inmueble pueden optar por comprar y los propietarios según está ley tendrán el compromiso de ofertar la venta al inquilino que ocupe la propiedad; el precio será el que determine la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda".
Tal Cual
03-07-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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Roberto Orta, presidente de Apiur, demandó la nulidad de la quinta disposición transitoria plasmada en la normativa, ya que "esta obliga a que los propietarios o constructoras de los inmuebles que tengan un predio con más de 10 años tienen que venderlos obligatoriamente al inquilino que reside en ese momento. Esta disposición transitoria viola flagrantemente uno de los elementos fundamentales del derecho de propiedad que es legal en la Constitución".
Este es el caso de Carmen Ramírez, dueña de un apartamento ubicado en el centro de Caracas, quien expresó que esa edificación es de vieja data, pero no comparte la Ley de Arrendamientos, pues no está de acuerdo en vender su propiedad; ella mensualmente percibe 1.500 bolívares y con ese dinero puede vivir medianamente bien, además, que se lo quiere dejar como herencia a su hija.
Por su parte, un señor que prefirió mantener su nombre en reserva, destacó que vive alquilado en Puerto La Cruz y está de acuerdo con que le vendan la propiedad a un precio acorde al tiempo que tiene residiendo en el lugar o si el precio no es regulado que le puedan dar facilidades de pago para comprar el inmueble.
Orta señaló que estas disposiciones transitorias contradicen la Carta Magna ya que en el artículo 115 se establece la protección de la libre voluntad de cualquier ciudadano de conservar su patrimonio o de vender su propiedad pero conscientemente no por obligación.
DISPOSICIONES ILEGALES Y CONTRADICTORIAS Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, dijo que "el TSJ admitió un recurso de nulidad introducido por Apiur, pero aún no han dado la sentencia firme sobre el caso. El estatuto plasmado en la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda es inconstitucional".
Además, señaló que muchos arrendadores no quieren vender su inmueble, sino que quieren seguir alquilando su propiedad, pero la disposición transitoria obliga a vender la propiedad en edificios con vieja data. "El problema no es vender a precio regulado; la complicación es que a nadie se le puede obligar a vender algo que le pertenece si no desea, pues la Constitución establece que toda persona tiene derecho hacer con su inmueble lo que desee", puntualizó Pietri.
Para Orta las disposiciones transitorias de la normativa de arrendamiento son ilegales, pues en el artículo 88 "los ocupantes que tengan más de 10 años viviendo en un inmueble pueden optar por comprar y los propietarios según está ley tendrán el compromiso de ofertar la venta al inquilino que ocupe la propiedad; el precio será el que determine la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda".
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Cámara Venezolana de la Construcción: Sector privado podría construir 200 mil viviendas
VIDEO: Cámara Venezolana de la Construcción: Sector privado podría construir 200 mil viviendas
El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Gilbert Dao, aseguró que por lo menos 200 mil viviendas estaría en capacidad de construir el sector privado, tomando en cuenta que actualmente 107 mil unidades se encuentran paralizadas y otras 90 mil sin iniciar.
Aseguró que el principal problema es el acceso a los insumos, además de la reciente legislación que han levantado un cerco sobre la actividad privada.
De acuerdo con la encuesta de Datanálisis correspondiente al mes de mayo de este año, 72% de la poblacion responsabiliza al gobierno central y al ejecutivo nacional de la falta de viviendas en el pais.
23,9% de la poblacion dice que por escasez de insumos para la construccion, 4 puntos porcentuales mas que en marzo, cuando fue la otra medicion.
En cuanto a la mision vivienda, 43,6% dice que ve avance en esta materia, y 32,7% dice que conoce o ha sido beneficiario de la mision vivienda Venezuela.
Al evaluar la calidad de los servicios, 71% evalua de manera negativa la vialidad, 72,4% la infraestructura, 68% la recoleccion de basura, 57,8% la electricidad (12,2% mas que en marzo, cuando era de 45,6%).
Globovisión
04-07-2012
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Aseguró que el principal problema es el acceso a los insumos, además de la reciente legislación que han levantado un cerco sobre la actividad privada.
De acuerdo con la encuesta de Datanálisis correspondiente al mes de mayo de este año, 72% de la poblacion responsabiliza al gobierno central y al ejecutivo nacional de la falta de viviendas en el pais.
23,9% de la poblacion dice que por escasez de insumos para la construccion, 4 puntos porcentuales mas que en marzo, cuando fue la otra medicion.
En cuanto a la mision vivienda, 43,6% dice que ve avance en esta materia, y 32,7% dice que conoce o ha sido beneficiario de la mision vivienda Venezuela.
Al evaluar la calidad de los servicios, 71% evalua de manera negativa la vialidad, 72,4% la infraestructura, 68% la recoleccion de basura, 57,8% la electricidad (12,2% mas que en marzo, cuando era de 45,6%).
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71,8% de la población atribuye al Gobierno la falta de viviendas
El director de Datanálisis, Luis Vicente León, señaló que 71,8% de la población responsabiliza al Gobierno central de la falta de vivienda.
Durante la presentación de los indicadores del sector construcción indicó que eso se genera porque el Presidente Hugo Chávez ha dicho ser el responsable de la Gran Misión Vivienda.
Agregó que la población considera que la falta de vivienda es por la ausencia de materiales y 24% de los consultados consideran que la falla con los insumos es culpa del sector público.
La encuesta revela que 71% de los encuestados tiene una percepción negativa sobre la vialidad en el país y responsabiliza por la falta de mantenimiento en 47,4% a los gobiernos regionales.
Sobre el servicio eléctrico el 57,8% tiene una percepción negativa, que sube 12 puntos respecto a marzo cuando fue 45,6%.
El Universal
03-07-2012
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Durante la presentación de los indicadores del sector construcción indicó que eso se genera porque el Presidente Hugo Chávez ha dicho ser el responsable de la Gran Misión Vivienda.
Agregó que la población considera que la falta de vivienda es por la ausencia de materiales y 24% de los consultados consideran que la falla con los insumos es culpa del sector público.
La encuesta revela que 71% de los encuestados tiene una percepción negativa sobre la vialidad en el país y responsabiliza por la falta de mantenimiento en 47,4% a los gobiernos regionales.
Sobre el servicio eléctrico el 57,8% tiene una percepción negativa, que sube 12 puntos respecto a marzo cuando fue 45,6%.
El Universal
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Vías y centros de salud son las obras más demandadas por los venezolanos
El segundo sondeo de opinión sobre indicadores del sector construcción realizado, en el mes de mayo, por la encuestadora Datanálisis, revelan que 41,8% de los venezolanos demandan la construcción de vialidad; 40,4% obras vinculadas al sector salud, como hospitales y clínicas y 34,5% consideraron relevante y prioritaria la construcción de viviendas.
El director de la firma, Luis Vicente León manifesta que los encuestados señalan al Gobierno central como principal responsable de la falta de mantenimiento en las obras de infraestructura, resultado que lo coloca en primer lugar con 25%, tras venir de un tercer puesto obtenido en la encuesta de marzo.
“En marzo el top three era: alcaldías (29,3%), gobernaciones (25,4%) y gobierno central (20,1%); en la medición actual se asigna mayor responsabilidad al gobierno central (25,0%), seguido por las alcaldías (24,4%) y las gobernaciones (23,0%)”, precisa León.
La solución a la problemática habitacional recayó con 71,8% en el sector público. “De acuerdo a los entrevistados, la responsabilidad para resolver el problema de la vivienda recae principalmente sobre: el gobierno nacional (34,7% en 1era. mención y 53,8% en total menciones), el Presidente (22,9% en 1era. mención y 32,0% en total menciones) y el Ministerio de Vivienda y Hábitat (14,2% en 1era. mención y 31,0% en total menciones)”, según destaca el Director de Datanálisis.
Cuando se preguntó por las razones que impiden la solución al problema de la vivienda, León apunta que los resultados arrojaron: la escasez de materiales para la construcción con 23,9%, el Gobierno no se ha ocupado del tema con 12,4% y la falta de coordinación entre el Gobierno y la empresa con 7,7%.
Señala León que la percepción de la gente sobre el avance del Gobierno nacional en solucionar el problema de viviendas registra 43,6%. Sin embargo, aclara que 63,8% de los consultados han manifestado no conocer a algún familiar o amigo que haya resultado beneficiado por la Gran Misión Vivienda.
Pese a la eliminación de las concesiones en algunas de las principales vías del país, el estudio de Datanálisis destaca que 55,7% de los entrevistados manifestaron estar de acuerdo con el retorno de los peajes, lo que representa una importante mayoría, ya que el porcentaje actual de desacuerdo es de sólo el 20,3%.
La información de la firma muestra, también, una evaluación de la calidad de los servicios, revelando resultados negativos, en los rubros como: electricidad, transporte, agua, recolección de basura y vialidad.
Indica Luis Vicente León que los aumentos más significativos en las apreciaciones negativas ocurrieron en los servicios de electricidad con 11,1 puntos porcentuales, pasando del 8,5% de evaluaciones malas y muy malas a 19,6%; y la recolección de basura con un incremento en las evaluaciones negativas de 4,8 puntos porcentuales.
Ante el panorama adverso, el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Gilbert Dao insiste en la necesidad de promover políticas públicas que impulsen el desarrollo del país. En este contexto, plantea la necesidad de instrumentar, la modalidad de participación público privado (PPP) en el sector, la cual consiste en establecer una alianza entre el sector público y privado para el desarrollo y construcción de obras de infraestructura.
“Es necesaria una inversión de US $ 12.000 a US $ 15.000 millones en infraestructura pública que debe acelerarse y maximizarse vía la participación del sector privado, en la construcción, mantenimiento y operación de las obras, permitiendo al sector publico destinar los recursos del presupuesto a los aspectos sociales. Esta participación del sector privado, debe garantizar la participación de las empresas venezolanas en consorcio con las empresas internacionales, cuando el financiamiento para la infraestructura venga del exterior, garantizando la transferencia de tecnología y fortaleciendo y haciendo más competitiva a las empresas venezolanas.” destaca Dao.
Dao asegura que las perspectivas del sector no son buenas, porque se han seguido promulgando leyes que han venido a contraer y a crear más inseguridad jurídica. “De hecho a veces no tenemos claro el procedimiento a seguir para poder cumplirlas”.
Destaca que la situación del sector construcción se torna cada vez más adversa, en la medida que las leyes se convierten en acciones punitivas, por las cuales se multa o encarcela por su incumplimiento, y al no haber transparencia en el procedimiento, el sector privado se abstiene de seguir construyendo hasta tanto no tenga la situación clara.
“Definitivamente el sector construcción requiere de normas y leyes claras, que se aplique una Ley de Contrataciones de manera transparente, que se dé mayor cabida a las empresas nacionales cuando construyen las empresas extranjeras. El Estado tiene que tener una política clara para el sector, donde se engranen todos estos aspectos”, precisa el Presidente de la CVC.
Prensa Cámara Venezolana de la Construcción
04-07-2012
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“En marzo el top three era: alcaldías (29,3%), gobernaciones (25,4%) y gobierno central (20,1%); en la medición actual se asigna mayor responsabilidad al gobierno central (25,0%), seguido por las alcaldías (24,4%) y las gobernaciones (23,0%)”, precisa León.
La solución a la problemática habitacional recayó con 71,8% en el sector público. “De acuerdo a los entrevistados, la responsabilidad para resolver el problema de la vivienda recae principalmente sobre: el gobierno nacional (34,7% en 1era. mención y 53,8% en total menciones), el Presidente (22,9% en 1era. mención y 32,0% en total menciones) y el Ministerio de Vivienda y Hábitat (14,2% en 1era. mención y 31,0% en total menciones)”, según destaca el Director de Datanálisis.
Cuando se preguntó por las razones que impiden la solución al problema de la vivienda, León apunta que los resultados arrojaron: la escasez de materiales para la construcción con 23,9%, el Gobierno no se ha ocupado del tema con 12,4% y la falta de coordinación entre el Gobierno y la empresa con 7,7%.
Señala León que la percepción de la gente sobre el avance del Gobierno nacional en solucionar el problema de viviendas registra 43,6%. Sin embargo, aclara que 63,8% de los consultados han manifestado no conocer a algún familiar o amigo que haya resultado beneficiado por la Gran Misión Vivienda.
Pese a la eliminación de las concesiones en algunas de las principales vías del país, el estudio de Datanálisis destaca que 55,7% de los entrevistados manifestaron estar de acuerdo con el retorno de los peajes, lo que representa una importante mayoría, ya que el porcentaje actual de desacuerdo es de sólo el 20,3%.
La información de la firma muestra, también, una evaluación de la calidad de los servicios, revelando resultados negativos, en los rubros como: electricidad, transporte, agua, recolección de basura y vialidad.
Indica Luis Vicente León que los aumentos más significativos en las apreciaciones negativas ocurrieron en los servicios de electricidad con 11,1 puntos porcentuales, pasando del 8,5% de evaluaciones malas y muy malas a 19,6%; y la recolección de basura con un incremento en las evaluaciones negativas de 4,8 puntos porcentuales.
Ante el panorama adverso, el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Gilbert Dao insiste en la necesidad de promover políticas públicas que impulsen el desarrollo del país. En este contexto, plantea la necesidad de instrumentar, la modalidad de participación público privado (PPP) en el sector, la cual consiste en establecer una alianza entre el sector público y privado para el desarrollo y construcción de obras de infraestructura.
“Es necesaria una inversión de US $ 12.000 a US $ 15.000 millones en infraestructura pública que debe acelerarse y maximizarse vía la participación del sector privado, en la construcción, mantenimiento y operación de las obras, permitiendo al sector publico destinar los recursos del presupuesto a los aspectos sociales. Esta participación del sector privado, debe garantizar la participación de las empresas venezolanas en consorcio con las empresas internacionales, cuando el financiamiento para la infraestructura venga del exterior, garantizando la transferencia de tecnología y fortaleciendo y haciendo más competitiva a las empresas venezolanas.” destaca Dao.
Dao asegura que las perspectivas del sector no son buenas, porque se han seguido promulgando leyes que han venido a contraer y a crear más inseguridad jurídica. “De hecho a veces no tenemos claro el procedimiento a seguir para poder cumplirlas”.
Destaca que la situación del sector construcción se torna cada vez más adversa, en la medida que las leyes se convierten en acciones punitivas, por las cuales se multa o encarcela por su incumplimiento, y al no haber transparencia en el procedimiento, el sector privado se abstiene de seguir construyendo hasta tanto no tenga la situación clara.
“Definitivamente el sector construcción requiere de normas y leyes claras, que se aplique una Ley de Contrataciones de manera transparente, que se dé mayor cabida a las empresas nacionales cuando construyen las empresas extranjeras. El Estado tiene que tener una política clara para el sector, donde se engranen todos estos aspectos”, precisa el Presidente de la CVC.
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En Valle Abajo denuncian que la GN ampara a tomistas
Los vecinos tienen cuatro días cerrando la Av. Los Ilustres para protestar
Tomistas saludan amigablemente a diario a los guardias(Archivo)
A José Antonio Fernández, quien desde hace 48 años está al frente de un taller mecánico en la calle Ventuari de Valle Abajo, en la parroquia San Pedro, lo están llevando a la quiebra. Desde el sábado pasado, los tomistas de un terreno cercano se han apostado a las puertas de su negocio y hacen fotografías de quienes ingresan, lo que ha provocado una desbandada de sus clientes.
"Nadie quiere entrar y dejar su carro en el taller por temor", lamenta el comerciante.
Los vecinos de Valle Abajo están en permanente vigilia para defender este terreno, pues varios otros espacios han sido tomados en los alrededores.
Desde hace cuatro días varios miembros de la comunidad han cerrado la avenida Los Ilustres como medida de protesta. Relatan que cada vez que se concentran aparecen individuos en motos de alta cilindrada que ponen a sonar sus motores y se plantan en medio de los vecinos en actitud provocadora.
Varias mujeres, residentes de Valle Abajo, quienes fueron hasta la carpa de la Guardia Nacional, ubicada en las cercanías del Metro de Los Símbolos, para buscar protección, denunciaron que los invasores están amparados por los guardias nacionales pues los han visto entrar y salir de la carpa a cualquier hora del día y saludar amistosamente a los efectivos.
Fernández asegura que se trata de invasores de oficio que pasan todo el día instalados bajo un toldo y se van al finalizar la tarde. En la noche quedan algunos de guardia y la comunidad ha denunciado que orinan en los alrededores.
Por su parte, los integrantes del Campamento de Pioneros "Enevolución" (unas 25 familias) que custodian los terrenos alegan que están luchando por espacios para gestionar un proyecto de autoconstrucción. Sostienen que se amparan en el artículo 33 de la Ley de Tierras Urbanas que posibilita a grupos organizados a custodiar espacios que se encuentran sin uso o puedan tener utilidad social. Gladyz Parra, habitante del sector, indicó que los tomistas aseguran estar amparados por la Alcaldía Libertador y por la Vicepresidencia. "Ellos están seguros que la orden saldrá desde la propia Presidencia de la República. Pero es ilegal pues el terreno está en uso".
Otro de los vecinos denunció que uno de los líderes de la toma es un escolta de un ministerio, por lo que anda en una moto sin placa que tiene documentos oficiales.
El Universal
30-06-2012
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"Nadie quiere entrar y dejar su carro en el taller por temor", lamenta el comerciante.
Los vecinos de Valle Abajo están en permanente vigilia para defender este terreno, pues varios otros espacios han sido tomados en los alrededores.
Desde hace cuatro días varios miembros de la comunidad han cerrado la avenida Los Ilustres como medida de protesta. Relatan que cada vez que se concentran aparecen individuos en motos de alta cilindrada que ponen a sonar sus motores y se plantan en medio de los vecinos en actitud provocadora.
Varias mujeres, residentes de Valle Abajo, quienes fueron hasta la carpa de la Guardia Nacional, ubicada en las cercanías del Metro de Los Símbolos, para buscar protección, denunciaron que los invasores están amparados por los guardias nacionales pues los han visto entrar y salir de la carpa a cualquier hora del día y saludar amistosamente a los efectivos.
Fernández asegura que se trata de invasores de oficio que pasan todo el día instalados bajo un toldo y se van al finalizar la tarde. En la noche quedan algunos de guardia y la comunidad ha denunciado que orinan en los alrededores.
Por su parte, los integrantes del Campamento de Pioneros "Enevolución" (unas 25 familias) que custodian los terrenos alegan que están luchando por espacios para gestionar un proyecto de autoconstrucción. Sostienen que se amparan en el artículo 33 de la Ley de Tierras Urbanas que posibilita a grupos organizados a custodiar espacios que se encuentran sin uso o puedan tener utilidad social. Gladyz Parra, habitante del sector, indicó que los tomistas aseguran estar amparados por la Alcaldía Libertador y por la Vicepresidencia. "Ellos están seguros que la orden saldrá desde la propia Presidencia de la República. Pero es ilegal pues el terreno está en uso".
Otro de los vecinos denunció que uno de los líderes de la toma es un escolta de un ministerio, por lo que anda en una moto sin placa que tiene documentos oficiales.
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30-06-2012
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Suelos saturados son el gran riesgo en las urbanizaciones
Verter agua sin control en suelos de roca blanda aumenta la vulnerabilidad
Colinas de Santa Mónica es una de las zonas más maltratadas por los deslizamientos. Los terrenos vulnerables cedieron con las lluvias de 2010, lo cual provocó la acumulación de sedimentos que hoy bloquean la calle entre las rutas 8 y 9 (arriba). Ya en El Hatillo, un derrumbe obstaculiza la Vía El Seminario desde hace más de seis meses y pone en peligro a la urbanización La Escondida (izquierda), mientras que, puertas adentro, un muro cayó a las áreas comunes del edificio Géminis en Los Naranjos
ANYIMAR COVA LUGO
No es una condición exclusiva de barriadas, donde el crecimiento es anárquico y descontrolado, eso de vivir en alto riesgo. De hecho en el Área Metropolitana hay al menos 10 urbanizaciones donde la posibilidad de que ocurran derrumbes está a la orden del día.
Lo supieron el sábado 29 de junio los habitantes de las Residencias Géminis, ubicada en la Avenida Este Tres de Los Naranjos (El Hatillo), donde un muro de contención cedió a las áreas comunes obligándolos a abandonar de manera preventiva sus hogares. Será hoy cuando las 21 familias de la torre B podrán volver a sus casas mientras que quienes viven en la torre A deben seguir esperando, dijo Mario Gigante, presidente de la junta de condominio.
Pero no son los únicos afectados en el municipio, pues para las nueve familias que viven en La Escondida el colapso del urbanismo es inminente, si no se contiene un talud que se deslizó hacia el desarrollo habitacional y que tiene el paso bloqueado por la vía El Seminario.
El geólogo Roberto Centeno explica que en la ciudad hay áreas determinadas como vulnerables debido a que el suelo es de roca blanda y acostumbra a ceder cuando está muy saturado. Tal es el caso de Cerro Verde, Los Naranjos, Prados del Este, Bello Monte y Santa Mónica. Explica que esto se intensifica por fallas geológicas o por riesgo antrópico (causado por el hombre cuando vierte aguas o coloca peso de forma indiscriminada sobre los suelos).
Con él coincide Ruperto Calatrava, director de Infraestructura de Baruta, quien afirma que con frecuencia en las urbanizaciones ocurre que los vecinos toman las laderas de los cerros para construir el espacio de esparcimiento, sembrando grama y árboles frutales que están constantemente sometidos a riego. "Se presenta una lluvia inusual y se encuentra que el talud esta totalmente humedecido y se desliza", detalla.
En Baruta, por ejemplo, hoy día requieren recursos para atender con urgencia una falla en la calle Las Lomas de Las Mercedes y otra en la calle Las Terrazas de Santa Inés; aunque próximamente iniciarán trabajos entre las calles Caicara y Caurimare de Bello Monte.
En Sucre, la mayoría de las obras de estabilización se necesitan en zonas populares, pero Mauro de Palma, director de Obras Públicas de Sucre, informa que en la calle Napoleón de Macaracuay, por ejemplo, existe un talud que no ha sido controlado o que en La Viga de Lomas del Ávila, la carretera se está deslizando porque la montaña es un relleno inestable.
En Libertador, es Colinas de Santa Mónica la urbanización en la que aún no se han controlado los deslizamientos que existen desde hace dos años en las rutas 2 y 6, en la Av. Intervecinal y entre las rutas 8 y 9. Es este último el punto más crítico pues afecta a 290 de 850 familias que viven en la zona.
Francisco González, presidente de Asomónica, asegura que la municipalidad solo responde cuando llueve con el envío de máquinas para despejar vías, aun cuando la solución definitiva es la ejecución de obras de contención. "Sabemos que es costoso y que a lo mejor no tienen presupuesto, pero que por lo menos nos hagan enlace con un nivel superior", dice.
Aun cuando las alcaldías asuman el despeje de vialidad y la realización de estudios de suelo para evaluar las causas de los derrumbes, el drama se intensifica cuando la revisión catastral determina si el terreno es privado o municipal. Y es que si la responsabilidad es de la alcaldía, los presupuestos de Infraestructura se quedan cortos frente al valor de las obras de contención; si es de los vecinos, no habrá cuota especial de condominio que permita pagarlas.
acova@eluniversal.com
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CIUDADANÍA ES CORRESPONSABLE DE MINIMIZAR EL RIESGO
Un tubo partido o un árbol inclinado en una pendiente son señales de que hay movimiento de tierras. Así lo explica el geólogo Roberto Centeno, quien dice que para minimizar los riesgos de deslizamiento en zonas urbanas hay que revisar los mapas de suelo y de áreas vulnerables; una información que manejan las alcaldías y que es de consulta pública.
Es la ciudadanía la que debe procurar que sus aguas de lluvias vayan a drenajes destinados para tal fin, evaluar si hay fugas en sus tuberías o si hay un abuso de los sistemas de riego. Cuando hay muros con posibles fallas, lo ideal es abocarse a evaluarlos y no esperar el colapso. "Hay maneras de dar alerta temprana pero la gente debe ser partícipe", acota.
El Universal
06-05-2012
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Lic. Henry Medina
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Colinas de Santa Mónica es una de las zonas más maltratadas por los deslizamientos. Los terrenos vulnerables cedieron con las lluvias de 2010, lo cual provocó la acumulación de sedimentos que hoy bloquean la calle entre las rutas 8 y 9 (arriba). Ya en El Hatillo, un derrumbe obstaculiza la Vía El Seminario desde hace más de seis meses y pone en peligro a la urbanización La Escondida (izquierda), mientras que, puertas adentro, un muro cayó a las áreas comunes del edificio Géminis en Los Naranjos
ANYIMAR COVA LUGO
No es una condición exclusiva de barriadas, donde el crecimiento es anárquico y descontrolado, eso de vivir en alto riesgo. De hecho en el Área Metropolitana hay al menos 10 urbanizaciones donde la posibilidad de que ocurran derrumbes está a la orden del día.
Lo supieron el sábado 29 de junio los habitantes de las Residencias Géminis, ubicada en la Avenida Este Tres de Los Naranjos (El Hatillo), donde un muro de contención cedió a las áreas comunes obligándolos a abandonar de manera preventiva sus hogares. Será hoy cuando las 21 familias de la torre B podrán volver a sus casas mientras que quienes viven en la torre A deben seguir esperando, dijo Mario Gigante, presidente de la junta de condominio.
Pero no son los únicos afectados en el municipio, pues para las nueve familias que viven en La Escondida el colapso del urbanismo es inminente, si no se contiene un talud que se deslizó hacia el desarrollo habitacional y que tiene el paso bloqueado por la vía El Seminario.
El geólogo Roberto Centeno explica que en la ciudad hay áreas determinadas como vulnerables debido a que el suelo es de roca blanda y acostumbra a ceder cuando está muy saturado. Tal es el caso de Cerro Verde, Los Naranjos, Prados del Este, Bello Monte y Santa Mónica. Explica que esto se intensifica por fallas geológicas o por riesgo antrópico (causado por el hombre cuando vierte aguas o coloca peso de forma indiscriminada sobre los suelos).
Con él coincide Ruperto Calatrava, director de Infraestructura de Baruta, quien afirma que con frecuencia en las urbanizaciones ocurre que los vecinos toman las laderas de los cerros para construir el espacio de esparcimiento, sembrando grama y árboles frutales que están constantemente sometidos a riego. "Se presenta una lluvia inusual y se encuentra que el talud esta totalmente humedecido y se desliza", detalla.
En Baruta, por ejemplo, hoy día requieren recursos para atender con urgencia una falla en la calle Las Lomas de Las Mercedes y otra en la calle Las Terrazas de Santa Inés; aunque próximamente iniciarán trabajos entre las calles Caicara y Caurimare de Bello Monte.
En Sucre, la mayoría de las obras de estabilización se necesitan en zonas populares, pero Mauro de Palma, director de Obras Públicas de Sucre, informa que en la calle Napoleón de Macaracuay, por ejemplo, existe un talud que no ha sido controlado o que en La Viga de Lomas del Ávila, la carretera se está deslizando porque la montaña es un relleno inestable.
En Libertador, es Colinas de Santa Mónica la urbanización en la que aún no se han controlado los deslizamientos que existen desde hace dos años en las rutas 2 y 6, en la Av. Intervecinal y entre las rutas 8 y 9. Es este último el punto más crítico pues afecta a 290 de 850 familias que viven en la zona.
Francisco González, presidente de Asomónica, asegura que la municipalidad solo responde cuando llueve con el envío de máquinas para despejar vías, aun cuando la solución definitiva es la ejecución de obras de contención. "Sabemos que es costoso y que a lo mejor no tienen presupuesto, pero que por lo menos nos hagan enlace con un nivel superior", dice.
Aun cuando las alcaldías asuman el despeje de vialidad y la realización de estudios de suelo para evaluar las causas de los derrumbes, el drama se intensifica cuando la revisión catastral determina si el terreno es privado o municipal. Y es que si la responsabilidad es de la alcaldía, los presupuestos de Infraestructura se quedan cortos frente al valor de las obras de contención; si es de los vecinos, no habrá cuota especial de condominio que permita pagarlas.
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Un tubo partido o un árbol inclinado en una pendiente son señales de que hay movimiento de tierras. Así lo explica el geólogo Roberto Centeno, quien dice que para minimizar los riesgos de deslizamiento en zonas urbanas hay que revisar los mapas de suelo y de áreas vulnerables; una información que manejan las alcaldías y que es de consulta pública.
Es la ciudadanía la que debe procurar que sus aguas de lluvias vayan a drenajes destinados para tal fin, evaluar si hay fugas en sus tuberías o si hay un abuso de los sistemas de riego. Cuando hay muros con posibles fallas, lo ideal es abocarse a evaluarlos y no esperar el colapso. "Hay maneras de dar alerta temprana pero la gente debe ser partícipe", acota.
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Vendedores del mercado Laguna de Catia rechazan expropiación
La Alcaldía de Libertador ahora quiere levantar viviendas en el lugar
El Consejo de Trabajadores aún espera por la construcción de un centro comercial que se ofreció hace tres años VICENTE CORREALE
JORGE HERNÁNDEZ
"Estos terrenos fueron donados por el presidente Hugo Chávez en 2009 tras expropiar el comercio Don Pollo y promover, con ayuda del alcalde de Libertador Jorge Rodríguez, nuestra retirada del bulevar de Catia. Ahora quieren volver a desalojarnos para hacer viviendas sin tomar en cuenta decisiones del Consejo de Trabajadores", indicó Esperanza de Peña, comerciante del Mercado de Economía Popular La Laguna de Catia (conocido como Don Pollo).
La medida de expropiación y pronto desalojo anunciada por funcionarios de la Fundación Caracas (Fundacaracas) de la Alcaldía de Libertador es rechazada por un grupo de comerciantes del mercado La Laguna de Catia porque el Estado no les garantiza la reubicación inmediata en otros comercios para trabajar y obtener sus recursos cada día para mantener a sus familias.
Peña recordó que la Alcaldía de Libertador ofreció construirles un centro comercial moderno en la avenida Bolívar de Catia en 2009, pero no cumplió y alrededor de 1.200 vendedores informales terminaron usando sus propios recursos para levantar sus comercios de ropa, frutas y de comida en el mercado La Laguna de Catia.
"Miembros de la Alcaldía ni de la Integral de Mercados y Almacenes (Inmerca) han vuelto al mercado Don Pollo luego de anunciado su desalojo hace dos semanas para ejecutar el Plan Catia. Nos ofrecieron Bs 20 mil para irnos, pero no lo aceptamos porque más de mil familias se quedarán sin sustento económico", relató Beatriz Sánchez, afectada.
Otros comerciantes del mercado La Laguna de Catia destacaron que desde su reubicación en 2009, por la reconstrucción del bulevar de Catia, sus ventas bajaron y por eso varios vendedores volvieron a las calles. "Aquí hay gran cantidad de vendedores activos y no podemos dejar de trabajar", alertaron.
Sánchez contó que la Alcaldía de Libertador solo les garantiza que tendrán un local comercial en la planta baja de los edificios que construirán en dos años. "Es imposible levantar en estos espacios más de mil comercios. En Libertador plantean agilizar las mesas de negociación porque tienen a miles de damnificados en refugios improvisados desde finales de 2010 y deben construirles viviendas en edificios prefabricados. En Catia muchos tienen paredes falsas, ventanas que se asemejan a una cárcel, cero estacionamientos y estructuras que se desnivelan", destacó.
Miembros de la Asociación de Comerciantes de Catia indicaron que los consejos comunales, vecinos y comerciantes están unidos "para impedir más desalojos arbitrarios" de comercios en Catia, como ocurrió con el galpón de Polar en la calle Ecuador, sin pago previo.
El Universal intentó contactar en tres oportunidades al director del Mercado La Laguna de Catia, Miguel Padrón, sin éxito.
EN LA MIRA
• A nueve galpones de la calle Panamerican de Catia quiso expropiar la Alcaldía de Libertador el pasado 29 de mayo sin cancelar indemnización.
• En la calle La Laguna de Catia, 14 comerciantes se mantienen en vigilia para evitar la demolición de sus comercios, como intentó hacer Fundacaracas el pasado 30 de mayo con aval de Policaracas y funcionarios de Libertador.
El Universal
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JORGE HERNÁNDEZ
"Estos terrenos fueron donados por el presidente Hugo Chávez en 2009 tras expropiar el comercio Don Pollo y promover, con ayuda del alcalde de Libertador Jorge Rodríguez, nuestra retirada del bulevar de Catia. Ahora quieren volver a desalojarnos para hacer viviendas sin tomar en cuenta decisiones del Consejo de Trabajadores", indicó Esperanza de Peña, comerciante del Mercado de Economía Popular La Laguna de Catia (conocido como Don Pollo).
La medida de expropiación y pronto desalojo anunciada por funcionarios de la Fundación Caracas (Fundacaracas) de la Alcaldía de Libertador es rechazada por un grupo de comerciantes del mercado La Laguna de Catia porque el Estado no les garantiza la reubicación inmediata en otros comercios para trabajar y obtener sus recursos cada día para mantener a sus familias.
Peña recordó que la Alcaldía de Libertador ofreció construirles un centro comercial moderno en la avenida Bolívar de Catia en 2009, pero no cumplió y alrededor de 1.200 vendedores informales terminaron usando sus propios recursos para levantar sus comercios de ropa, frutas y de comida en el mercado La Laguna de Catia.
"Miembros de la Alcaldía ni de la Integral de Mercados y Almacenes (Inmerca) han vuelto al mercado Don Pollo luego de anunciado su desalojo hace dos semanas para ejecutar el Plan Catia. Nos ofrecieron Bs 20 mil para irnos, pero no lo aceptamos porque más de mil familias se quedarán sin sustento económico", relató Beatriz Sánchez, afectada.
Otros comerciantes del mercado La Laguna de Catia destacaron que desde su reubicación en 2009, por la reconstrucción del bulevar de Catia, sus ventas bajaron y por eso varios vendedores volvieron a las calles. "Aquí hay gran cantidad de vendedores activos y no podemos dejar de trabajar", alertaron.
Sánchez contó que la Alcaldía de Libertador solo les garantiza que tendrán un local comercial en la planta baja de los edificios que construirán en dos años. "Es imposible levantar en estos espacios más de mil comercios. En Libertador plantean agilizar las mesas de negociación porque tienen a miles de damnificados en refugios improvisados desde finales de 2010 y deben construirles viviendas en edificios prefabricados. En Catia muchos tienen paredes falsas, ventanas que se asemejan a una cárcel, cero estacionamientos y estructuras que se desnivelan", destacó.
Miembros de la Asociación de Comerciantes de Catia indicaron que los consejos comunales, vecinos y comerciantes están unidos "para impedir más desalojos arbitrarios" de comercios en Catia, como ocurrió con el galpón de Polar en la calle Ecuador, sin pago previo.
El Universal intentó contactar en tres oportunidades al director del Mercado La Laguna de Catia, Miguel Padrón, sin éxito.
EN LA MIRA
• A nueve galpones de la calle Panamerican de Catia quiso expropiar la Alcaldía de Libertador el pasado 29 de mayo sin cancelar indemnización.
• En la calle La Laguna de Catia, 14 comerciantes se mantienen en vigilia para evitar la demolición de sus comercios, como intentó hacer Fundacaracas el pasado 30 de mayo con aval de Policaracas y funcionarios de Libertador.
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Retiran maquinarias de mueblería en Catia tras expropiarla
La Alcaldía de Libertador usará los espacios para construir viviendas
Prensas y otras máquinas se llevan a Valles del Tuy VENANCIO ALCÁZARES
JORGE HERNÁNDEZ
"Luego de la expropiación de mi empresa en Catia me he dedicado a sacar la maquinaria pesada y llevarla a un galpón que alquilamos en los Valles del Tuy, solo para resguardarla. Debemos liquidar a 19 empleados y entregarla a la Alcaldía de Libertador el próximo 13 de julio para que construyan viviendas para damnificados", informó Gaetano Campagna, dueño de la Muebles Campagna C.A.
En una negociación individual de Campagna con miembros de la Sindicatura Municipal de Libertador se concretó la expropiación forzosa de su mueblería con más de 48 años en la calle La Laguna de Catia, empresa que fue atacada por funcionarios de la Fundación Caracas y sindicatos bolivarianos que derrumbaron paredes "a mandarriazos" el pasado 29 de mayo, sin aviso previo ni pago oportuno.
"La Alcaldía de Libertador ya me pagó la mitad de la indemnización (Bs 600 mil). El resto deberá llegar el 13 de julio. No tenemos lugar para reubicarnos", indicó.
Ayer los trabajadores de La Campagna destacaron que se quedarán sin empleo en una ciudad con pocos posibilidades de contratación en el área de elaboración de muebles. "No va a contratar a personas con más de 40 años de experiencia y con hijos", dijeron.
Prensas de muebles, tornos semiautomáticos y otras máquinas italianas fueron retiradas ayer con ayuda de un transporte pesado. Mientras, en otros 14 comercios cercanos y en 11 galpones de la calle Panamerican la Alcaldía evita negociar. Allí los vecinos se mantienen en vigilia para impedir más atropellos y desalojos sin pago previo.
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05-05-2012
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"Luego de la expropiación de mi empresa en Catia me he dedicado a sacar la maquinaria pesada y llevarla a un galpón que alquilamos en los Valles del Tuy, solo para resguardarla. Debemos liquidar a 19 empleados y entregarla a la Alcaldía de Libertador el próximo 13 de julio para que construyan viviendas para damnificados", informó Gaetano Campagna, dueño de la Muebles Campagna C.A.
En una negociación individual de Campagna con miembros de la Sindicatura Municipal de Libertador se concretó la expropiación forzosa de su mueblería con más de 48 años en la calle La Laguna de Catia, empresa que fue atacada por funcionarios de la Fundación Caracas y sindicatos bolivarianos que derrumbaron paredes "a mandarriazos" el pasado 29 de mayo, sin aviso previo ni pago oportuno.
"La Alcaldía de Libertador ya me pagó la mitad de la indemnización (Bs 600 mil). El resto deberá llegar el 13 de julio. No tenemos lugar para reubicarnos", indicó.
Ayer los trabajadores de La Campagna destacaron que se quedarán sin empleo en una ciudad con pocos posibilidades de contratación en el área de elaboración de muebles. "No va a contratar a personas con más de 40 años de experiencia y con hijos", dijeron.
Prensas de muebles, tornos semiautomáticos y otras máquinas italianas fueron retiradas ayer con ayuda de un transporte pesado. Mientras, en otros 14 comercios cercanos y en 11 galpones de la calle Panamerican la Alcaldía evita negociar. Allí los vecinos se mantienen en vigilia para impedir más atropellos y desalojos sin pago previo.
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Trabajadores estiman en 35% caída de la producción de Petrocasa
Exigen al Ejecutivo intervenir contra el actual modelo de gestión
YANETH FERNÁNDEZ
Trabajadores de Petrocasa reclaman atención del Ejecutivo ante las irregularidades que se mantienen en la planta del estado Carabobo.
Mercedes Martín, representante del sindicato, indicó que la producción ha venido disminuyendo por falta de personal capacitado. "Antes se sacaban 24 ó 25 kits diarios para la edificación de las casas y ahora la producción bajó 35%", dijo.
Reclamó que 170 trabajadores están siendo sometidos a un "curso ideológico", que denominan "mejoramiento profesional".
Insistió en que el personal lo que requiere es que el alto Gobierno se declare vigilante de la situación e intervenga inmediatamente contra la actual gerencia. Desde hace un mes, los trabajadores de la planta Carabobo vienen reclamando el aumento de salario y el reenganche de 15 compañeros.
Martín aseguró que las autoridades no han atendido sus demandas. Agregó que se han dado reuniones con la Central Bolivariana de Trabajadores, pero han estado "muy condicionadas".
El Universal
05-05-2012
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Trabajadores de Petrocasa reclaman atención del Ejecutivo ante las irregularidades que se mantienen en la planta del estado Carabobo.
Mercedes Martín, representante del sindicato, indicó que la producción ha venido disminuyendo por falta de personal capacitado. "Antes se sacaban 24 ó 25 kits diarios para la edificación de las casas y ahora la producción bajó 35%", dijo.
Reclamó que 170 trabajadores están siendo sometidos a un "curso ideológico", que denominan "mejoramiento profesional".
Insistió en que el personal lo que requiere es que el alto Gobierno se declare vigilante de la situación e intervenga inmediatamente contra la actual gerencia. Desde hace un mes, los trabajadores de la planta Carabobo vienen reclamando el aumento de salario y el reenganche de 15 compañeros.
Martín aseguró que las autoridades no han atendido sus demandas. Agregó que se han dado reuniones con la Central Bolivariana de Trabajadores, pero han estado "muy condicionadas".
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Alerta por invasiones en zonas de riesgo en la Guaira
En la barriada guaireña Quebrada de Germán, donde en 2007 se vinieron abajo siete casas a causa de un movimiento de tierra, los lugareños y comunales están en alerta, porque gente de otros sectores han ocupando nuevamente las zonas en riesgo.
Así lo advirtió la vocera Magdalena Márquez, del Consejo Comunal Vencedores Independientes Bolivarianos, al señalar que han detectado invasiones en tres o cuatro terrenos ya desalojados.
“Hemos visto cómo han colocado techos y se han instalado en lo que quedó de las estructuras que se vinieron abajo. Eso es un peligro”, indicó la dama.
Voceros, tanto de esa zona como del barrio adyacente Cerro Gavilán, están tratando de convencer a los lugareños para que desalojen y así evitar una futura desgracia.
El derrumbe tuvo lugar el 27 de noviembre de 2007. Aparte de las siete viviendas en Quebrada de Germán, otras 10 cedieron en Cerro Gavilán.
Entre ambas zonas totalizaron 71 familias afectadas.
En espera. Márquez resaltó que la alarma sobre la situación de riesgo que presenta esa barriada se activó en mayo pasado, cuando otra vivienda se vino abajo.
Una casa contigua quedó afectada y temen que también pueda ceder de un momento a otro.
“El gobernador Jorge García Carneiro nos visitó el año pasado y prometió que seríamos desalojados; aún estamos a la espera”, dijo la comunal.
Catorce viviendas, que albergan a unas 30 familias, deben ser echadas abajo.
Zozobra. “Este cerro absorbe todo el agua. Las paredes de mi casa están filtradas. Todas las casas están igual, porque estamos en una zona de riesgo”, narró Adriana Noguera, vecina, quien se encuentra recién operada y en cama, a la espera de una ayuda.
Los 14 inmuebles evidencian grietas y humedad. Mientras, la gente no descansa en las noches por la angustia.
Márquez dijo que luego de los derrumbes en 2007 se originó un nuevo canal “que arrastra de todo cuando llueve”.
Están seguros de que el terreno arcilloso no aguantará esta corriente mucho tiempo.
Últimas Noticias
04-07-2012
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“Hemos visto cómo han colocado techos y se han instalado en lo que quedó de las estructuras que se vinieron abajo. Eso es un peligro”, indicó la dama.
Voceros, tanto de esa zona como del barrio adyacente Cerro Gavilán, están tratando de convencer a los lugareños para que desalojen y así evitar una futura desgracia.
El derrumbe tuvo lugar el 27 de noviembre de 2007. Aparte de las siete viviendas en Quebrada de Germán, otras 10 cedieron en Cerro Gavilán.
Entre ambas zonas totalizaron 71 familias afectadas.
En espera. Márquez resaltó que la alarma sobre la situación de riesgo que presenta esa barriada se activó en mayo pasado, cuando otra vivienda se vino abajo.
Una casa contigua quedó afectada y temen que también pueda ceder de un momento a otro.
“El gobernador Jorge García Carneiro nos visitó el año pasado y prometió que seríamos desalojados; aún estamos a la espera”, dijo la comunal.
Catorce viviendas, que albergan a unas 30 familias, deben ser echadas abajo.
Zozobra. “Este cerro absorbe todo el agua. Las paredes de mi casa están filtradas. Todas las casas están igual, porque estamos en una zona de riesgo”, narró Adriana Noguera, vecina, quien se encuentra recién operada y en cama, a la espera de una ayuda.
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Márquez dijo que luego de los derrumbes en 2007 se originó un nuevo canal “que arrastra de todo cuando llueve”.
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