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jueves, 15 de agosto de 2013
¡Insólito! Bloques y cemento dentro de listas escolares
Increíble. Lampazos, bloques, cemento, dos resmas de papel para un solo niño, 28 libros para un alumno que solamente cursa 11 materias y guantes quirúrgicos son apenas una muestra de los “útiles” que entran dentro de las listas escolares de colegios públicos y privados, publica Panorama.
Keila Vílchez Boscán / Maracaibo / Panorama
“A mi niña que pasó a sala de cuatro años le pidieron cuatro paquetes de vasos plásticos pequeños. ¿Qué va hacer un muchacho con eso en el preescolar?, Se podría entender un solo paquete, si quieren tener para servir agua, pero cuatro es una exageración”, contó Matilde Bohórquez, representante de dos estudiantes en un plantel público, ubicado en la parroquia Cacique Mara, de Maracaibo.
Las listas escolares además de traer la larga columna de artículos para que los estudiantes trabajen dentro de los salones de clases, ahora se les anexa, según las necesidades del plantel —sobre todo en instituciones públicas— distintas herramientas de limpieza o materiales de construcción.
En palabras de María Cristina Álvarez, madre de un niño que cursará el quinto grado: “Nosotros imaginamos que la situación económica también golpea a los planteles, y nosotros como representantes no queremos que nuestros hijos estudien en sitios descuidados, pero que pidan materiales de construcción a cambio de una inscripción es muy delicado. Una colaboración de llevar una botella de cloro o desinfectante puede ser”.
La subsecretaria de educación del estado Zulia, Flor Cristalino, explicó que a ningún alumno se le puede “obligar a llevar un texto de un autor o editorial específica, y mucho menos de cosas como materiales de construcción. Incluso, si fue acordado en asamblea de padres y representantes tampoco es con carácter de obligatoriedad. Los colegios que hagan esto están violando la legislación venezolana que establece la gratuidad de la educación”.
Cristalino puntualizó que los padres pueden denunciar al plantel ante los organismos competentes, pues no se le puede negar la inscripción a un niño por no llevar una bolsa de arena.
Mientras que en los colegios privados no piden materiales de construcción, pero los listines exageran en cuanto a la cantidad de útiles: 28 libros, dos resmas de papel para un solo niño.
En cuanto a los libros escolares, la Zona Educativa del Zulia (ZEZ) precisó que la distribución de la colección Bicentenaria está garantizada para los estudiantes de los 2.038 planteles nacionales y regionales de la entidad.
“Hemos recibido solicitudes de planteles privados que atienden a alumnos de escasos recursos, y requieren estos textos para que los padres de los muchachos no hagan gastos adicionales. También se incluyen escuelas municipales, arquidiocesanas y subvencionadas. Hay textos desde la etapa de inicial hasta el bachillerato”, dijo Bienvenida Romero, coordinadora.
Los largos listines escolares, además de costosos por las cantidades de útiles por muchacho, sobrepasan la imaginación. Para un solo niño: dos cajas de creyones, dos cajas de marcadores punta fina y gruesa, seis pliegos de papel bond es una “exageración”, tal como expone Mario Salazar, quien decidió no comprar el número exacto de materiales solicitado por el plantel.
“En cuanto a los marcadores y creyones voy a enviar solamente una caja, porque es más que suficiente para todo el año escolar, y si llego a comprar dos, uno se lo dejo en la casa para que haga sus tareas, porque después hay que volver a comprar para las actividades en el hogar”, señaló el padre, mientras pedía presupuesto en una librería en el casco central de la ciudad.
Un representante puede gastar entre Bs. 1.500 y 5.000 en una sola lista de útiles, a este precio le falta anexar los uniformes que supera un sueldo mínimo.
Lo cierto es que los padres se las han ingeniado para adquirir las herramientas de trabajo dentro de las aulas de clases. “Yo me metí en una ‘cajita’ (cooperativa de ahorros entre familiares y conocidos) y pedí el favor a mis amigos que me dejaran uno de los primeros números para recibir el dinero más rápido”, resaltó Arlina Márquez, mamá.
Panorama
13-08-2013
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Keila Vílchez Boscán / Maracaibo / Panorama
“A mi niña que pasó a sala de cuatro años le pidieron cuatro paquetes de vasos plásticos pequeños. ¿Qué va hacer un muchacho con eso en el preescolar?, Se podría entender un solo paquete, si quieren tener para servir agua, pero cuatro es una exageración”, contó Matilde Bohórquez, representante de dos estudiantes en un plantel público, ubicado en la parroquia Cacique Mara, de Maracaibo.
Las listas escolares además de traer la larga columna de artículos para que los estudiantes trabajen dentro de los salones de clases, ahora se les anexa, según las necesidades del plantel —sobre todo en instituciones públicas— distintas herramientas de limpieza o materiales de construcción.
En palabras de María Cristina Álvarez, madre de un niño que cursará el quinto grado: “Nosotros imaginamos que la situación económica también golpea a los planteles, y nosotros como representantes no queremos que nuestros hijos estudien en sitios descuidados, pero que pidan materiales de construcción a cambio de una inscripción es muy delicado. Una colaboración de llevar una botella de cloro o desinfectante puede ser”.
La subsecretaria de educación del estado Zulia, Flor Cristalino, explicó que a ningún alumno se le puede “obligar a llevar un texto de un autor o editorial específica, y mucho menos de cosas como materiales de construcción. Incluso, si fue acordado en asamblea de padres y representantes tampoco es con carácter de obligatoriedad. Los colegios que hagan esto están violando la legislación venezolana que establece la gratuidad de la educación”.
Cristalino puntualizó que los padres pueden denunciar al plantel ante los organismos competentes, pues no se le puede negar la inscripción a un niño por no llevar una bolsa de arena.
Mientras que en los colegios privados no piden materiales de construcción, pero los listines exageran en cuanto a la cantidad de útiles: 28 libros, dos resmas de papel para un solo niño.
En cuanto a los libros escolares, la Zona Educativa del Zulia (ZEZ) precisó que la distribución de la colección Bicentenaria está garantizada para los estudiantes de los 2.038 planteles nacionales y regionales de la entidad.
“Hemos recibido solicitudes de planteles privados que atienden a alumnos de escasos recursos, y requieren estos textos para que los padres de los muchachos no hagan gastos adicionales. También se incluyen escuelas municipales, arquidiocesanas y subvencionadas. Hay textos desde la etapa de inicial hasta el bachillerato”, dijo Bienvenida Romero, coordinadora.
Los largos listines escolares, además de costosos por las cantidades de útiles por muchacho, sobrepasan la imaginación. Para un solo niño: dos cajas de creyones, dos cajas de marcadores punta fina y gruesa, seis pliegos de papel bond es una “exageración”, tal como expone Mario Salazar, quien decidió no comprar el número exacto de materiales solicitado por el plantel.
“En cuanto a los marcadores y creyones voy a enviar solamente una caja, porque es más que suficiente para todo el año escolar, y si llego a comprar dos, uno se lo dejo en la casa para que haga sus tareas, porque después hay que volver a comprar para las actividades en el hogar”, señaló el padre, mientras pedía presupuesto en una librería en el casco central de la ciudad.
Un representante puede gastar entre Bs. 1.500 y 5.000 en una sola lista de útiles, a este precio le falta anexar los uniformes que supera un sueldo mínimo.
Lo cierto es que los padres se las han ingeniado para adquirir las herramientas de trabajo dentro de las aulas de clases. “Yo me metí en una ‘cajita’ (cooperativa de ahorros entre familiares y conocidos) y pedí el favor a mis amigos que me dejaran uno de los primeros números para recibir el dinero más rápido”, resaltó Arlina Márquez, mamá.
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13-08-2013
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Construcción en la entidad sigue estancada en menos de 80%
El presidente de la Cámara de la Construcción en el estado Nueva Esparta, Juan Meleán, informó que desde el inicio del año se ha mantenido una merma en el sector construcción cercana al 80%. Puntualizó las infructuosas solicitudes con la máxima autoridad regional, para buscar engranar al sector privado con los entes gubernamentales con el fin de mejorar la eficacia en la elaboración viviendas.
El ingeniero se refirió, en el marco del 1er Foro “Políticas Habitacionales en la Calidad de los Servicios”, en el que participan la Cámara que él representa, Cámara de Ingenieros, Cámara Inmobiliaria y Cámara de Arquitectos. Destacó la importancia de los canales reglamentarios, para todo lo referente al desarrollo urbanístico del estado y en especial, uno de los municipios más poblados, Mariño.
Se centró en la necesidad del desarrollo del Programa de Desarrollo Urbano Local (PDUL), donde participan una seria de funcionarios multidisciplinarios que desarrollarán los factores sociales, económicos, infraestructura, servicios públicos, habitacional, educativo, salud, entre otros. Con todos estos puntos claros, explicó, se desarrollarán en el tiempo políticas asertivas que contemplen un desarrollo urbanístico armónico.
CASAS Y VIABILIDAD
Partiendo de las propuestas gubernamentales que buscan beneficiar a numerosas familias con soluciones habitacionales y los lugares donde se piensan construir. Meleán reconoció la necesidad en la materia (demanda), pero “no se puede atacar ese sector sin tomar en cuenta todos los servicios aledaños que eso conlleva” dijo.
Acotó que se deben tomar en cuenta aspectos básicos como: vialidad, acueductos, tendido eléctrico, centros comerciales, entre otros. Garantizando estos aspectos, se certificaría un correcto funcionamiento de las ciudades, aseveró el ingeniero.
INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN
El presidente de la cámara manifestó que este sector aún presenta el mismo resaco arrastrado desde el años pasado. “La producción de cemento y acero está en manos del Estado y ellos, de una u otra manera, le están dando importancia a los proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV)” aseveró.
Por otro lado manifestó la incorporación de proyectos de Ley, los que catalogó “punitiva” (Proyecto de Estafa Inmobiliaria y Ley de Arrendamiento), alejando éstos al sector privado de la fabricación de viviendas.
¿HAY ENGRANAJE?
Con el fin de buscar mayor rendimiento (tiempo) en los planes del Gobierno destinados a la construcción de viviendas, se le preguntó a Meleán: ¿Hay engranaje entre la Cámara y los entes gubernamentales?; al respecto respondió: “esos canales aún no se han dado, hemos solicitado audiencias con el gobernador; la mejor manera es empujar del mismo lado, para el desarrollo de la entidad”.
Construcción en la entidad sigue en el fondo
Ing. Juan Meleán, presidente de la Cámara de la Construcción NE
Diario el Caribazo
13-08-2013
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El ingeniero se refirió, en el marco del 1er Foro “Políticas Habitacionales en la Calidad de los Servicios”, en el que participan la Cámara que él representa, Cámara de Ingenieros, Cámara Inmobiliaria y Cámara de Arquitectos. Destacó la importancia de los canales reglamentarios, para todo lo referente al desarrollo urbanístico del estado y en especial, uno de los municipios más poblados, Mariño.
Se centró en la necesidad del desarrollo del Programa de Desarrollo Urbano Local (PDUL), donde participan una seria de funcionarios multidisciplinarios que desarrollarán los factores sociales, económicos, infraestructura, servicios públicos, habitacional, educativo, salud, entre otros. Con todos estos puntos claros, explicó, se desarrollarán en el tiempo políticas asertivas que contemplen un desarrollo urbanístico armónico.
CASAS Y VIABILIDAD
Partiendo de las propuestas gubernamentales que buscan beneficiar a numerosas familias con soluciones habitacionales y los lugares donde se piensan construir. Meleán reconoció la necesidad en la materia (demanda), pero “no se puede atacar ese sector sin tomar en cuenta todos los servicios aledaños que eso conlleva” dijo.
Acotó que se deben tomar en cuenta aspectos básicos como: vialidad, acueductos, tendido eléctrico, centros comerciales, entre otros. Garantizando estos aspectos, se certificaría un correcto funcionamiento de las ciudades, aseveró el ingeniero.
INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN
El presidente de la cámara manifestó que este sector aún presenta el mismo resaco arrastrado desde el años pasado. “La producción de cemento y acero está en manos del Estado y ellos, de una u otra manera, le están dando importancia a los proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV)” aseveró.
Por otro lado manifestó la incorporación de proyectos de Ley, los que catalogó “punitiva” (Proyecto de Estafa Inmobiliaria y Ley de Arrendamiento), alejando éstos al sector privado de la fabricación de viviendas.
¿HAY ENGRANAJE?
Con el fin de buscar mayor rendimiento (tiempo) en los planes del Gobierno destinados a la construcción de viviendas, se le preguntó a Meleán: ¿Hay engranaje entre la Cámara y los entes gubernamentales?; al respecto respondió: “esos canales aún no se han dado, hemos solicitado audiencias con el gobernador; la mejor manera es empujar del mismo lado, para el desarrollo de la entidad”.
Construcción en la entidad sigue en el fondo
Ing. Juan Meleán, presidente de la Cámara de la Construcción NE
Diario el Caribazo
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El alto costo de la emancipación
La casa de los padres se convirtió en el hogar multifamiliar de los hijos.
Valentina se fue a La Victoria porque no encontró vivienda en Caracas
ELISA VÁSQUEZ
Cuando Valentina Pacheco dejó La Victoria para comenzar sus estudios universitarios aspiraba a una vida próspera en la capital. No sospechaba que al graduarse y casarse, la ciudad no tendría espacio para su nueva familia: la casi nula oferta de alquileres y la imposibilidad de comprar una casa los obligó a regresar a su ciudad donde no consigue empleo, pero puede vivir en una propiedad familiar.
Como ella, muchos adultos jóvenes quieren salir de casa de sus padres, pero el costo de la vida hace de la independencia un mito del siglo pasado.
"Siempre he trabajado pero me siento estancada. Veo como mis amigos progresan en Caracas y yo no puedo porque no encontré alquiler", lamenta Valentina, quien inició un negocio de almuerzos gourmet para asegurarse un ingreso.
No en vano, la Cámara Inmobiliaria Metropolitana calcula que la venta de apartamentos cayó en un 15% entre el primer semestre de 2012 y el de 2013. Rosa Magaly Varela, presidenta de la organización, indica que la oferta de alquileres prácticamente desapareció, y apartamentos pequeños se ofrecen en mensualidades de Bs. 18.000 , en zonas como Los Caobos, o Bs. 30.000 en La Urbina o Colinas de Bello Monte. El perfil de lujo para ejecutivos o transnacionales es frecuente frente a la ausencia de viviendas destinadas a familias.
Ante la escasez, el mercado secundario de compra aumentó sus precios de forma inaccesible. Varela agrega que la poca concesión de préstamos hipotecarios, y los bajos montos asignados, contribuyen a que la compra de una casa sea casi un imposible . "Tienes que ganar 15 salarios mínimos para alcanzar un crédito de Bs. 1.200.000 -que es lo que cuesta un apartamento barato-, y con la pérdida del poder adquisitivo, muy pocos lo logran". Construir una casa pequeña, en lugares económicos, que generalmente tienen servicios casi rurales, también necesita de al menos Bs. un millón de bolívares.
Vivir con papá y mamá
Es el caso de Nayreth Meneses, quien vive ahora con sus padres en Punta de Mata, Monagas. Tras haber pasado un año viviendo alquilada en Guarenas, necesitaba un apartamento en Caracas para poder cuidar a su hijo, de apenas cuatro meses.
Entre ella y su esposo no alcanzaban a pagar el alquiler de un apartamento pequeño. Consiguieron una habitación en el barrio Terraplén, pero al divorciarse, y quedarse sola con el niño, no podía aguantar la inseguridad de la zona, y la obligación de subir los tobos de agua a su habitación con el bebé cargado, todos los días. "Decidí irme a casa de mis papás porque no encontraba vivir cerca de mi trabajo y tener a mi hijo en alguna guardería accesible. El costo del cuidado del bebé y el alquiler de un apartamento duplicaban mi sueldo". Asegura que al haber sido ya promulgada la Ley de Arrendamiento, los cánones se triplicaron y la variedad se esfumó.
Son muchos los adultos jóvenes destinados a vivir con sus padres. Por ejemplo, Dagne Cobo aspira a hacer pronto vida en pareja con Gabriel Rodríguez. Luego de buscar habitaciones -y darse cuenta que perdían el sueldo de uno de ellos solo en el arrendamiento-, optaron por pedir ayuda y el padre de Gabriel les facilitará un apartamento en un edificio de la familia en Baruta. Como pocos, tienen al menos por donde arrancar, pero no tiene la misma suerte la inquilina que vive ahí, a quien se le dio una notificación de desalojo que no puede cumplir. "Todos los problemas que hemos pasado para buscar apartamento los está pasando ella", acepta Dagne.
Salir de casa de los padres para vivir solo es cada vez más complicado. Los bajos sueldos de los jóvenes profesionales y el control del mercado ahorca a quienes comienzan de cero.
El Universal
13-08-2013
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Valentina se fue a La Victoria porque no encontró vivienda en Caracas
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Cuando Valentina Pacheco dejó La Victoria para comenzar sus estudios universitarios aspiraba a una vida próspera en la capital. No sospechaba que al graduarse y casarse, la ciudad no tendría espacio para su nueva familia: la casi nula oferta de alquileres y la imposibilidad de comprar una casa los obligó a regresar a su ciudad donde no consigue empleo, pero puede vivir en una propiedad familiar.
Como ella, muchos adultos jóvenes quieren salir de casa de sus padres, pero el costo de la vida hace de la independencia un mito del siglo pasado.
"Siempre he trabajado pero me siento estancada. Veo como mis amigos progresan en Caracas y yo no puedo porque no encontré alquiler", lamenta Valentina, quien inició un negocio de almuerzos gourmet para asegurarse un ingreso.
No en vano, la Cámara Inmobiliaria Metropolitana calcula que la venta de apartamentos cayó en un 15% entre el primer semestre de 2012 y el de 2013. Rosa Magaly Varela, presidenta de la organización, indica que la oferta de alquileres prácticamente desapareció, y apartamentos pequeños se ofrecen en mensualidades de Bs. 18.000 , en zonas como Los Caobos, o Bs. 30.000 en La Urbina o Colinas de Bello Monte. El perfil de lujo para ejecutivos o transnacionales es frecuente frente a la ausencia de viviendas destinadas a familias.
Ante la escasez, el mercado secundario de compra aumentó sus precios de forma inaccesible. Varela agrega que la poca concesión de préstamos hipotecarios, y los bajos montos asignados, contribuyen a que la compra de una casa sea casi un imposible . "Tienes que ganar 15 salarios mínimos para alcanzar un crédito de Bs. 1.200.000 -que es lo que cuesta un apartamento barato-, y con la pérdida del poder adquisitivo, muy pocos lo logran". Construir una casa pequeña, en lugares económicos, que generalmente tienen servicios casi rurales, también necesita de al menos Bs. un millón de bolívares.
Vivir con papá y mamá
Es el caso de Nayreth Meneses, quien vive ahora con sus padres en Punta de Mata, Monagas. Tras haber pasado un año viviendo alquilada en Guarenas, necesitaba un apartamento en Caracas para poder cuidar a su hijo, de apenas cuatro meses.
Entre ella y su esposo no alcanzaban a pagar el alquiler de un apartamento pequeño. Consiguieron una habitación en el barrio Terraplén, pero al divorciarse, y quedarse sola con el niño, no podía aguantar la inseguridad de la zona, y la obligación de subir los tobos de agua a su habitación con el bebé cargado, todos los días. "Decidí irme a casa de mis papás porque no encontraba vivir cerca de mi trabajo y tener a mi hijo en alguna guardería accesible. El costo del cuidado del bebé y el alquiler de un apartamento duplicaban mi sueldo". Asegura que al haber sido ya promulgada la Ley de Arrendamiento, los cánones se triplicaron y la variedad se esfumó.
Son muchos los adultos jóvenes destinados a vivir con sus padres. Por ejemplo, Dagne Cobo aspira a hacer pronto vida en pareja con Gabriel Rodríguez. Luego de buscar habitaciones -y darse cuenta que perdían el sueldo de uno de ellos solo en el arrendamiento-, optaron por pedir ayuda y el padre de Gabriel les facilitará un apartamento en un edificio de la familia en Baruta. Como pocos, tienen al menos por donde arrancar, pero no tiene la misma suerte la inquilina que vive ahí, a quien se le dio una notificación de desalojo que no puede cumplir. "Todos los problemas que hemos pasado para buscar apartamento los está pasando ella", acepta Dagne.
Salir de casa de los padres para vivir solo es cada vez más complicado. Los bajos sueldos de los jóvenes profesionales y el control del mercado ahorca a quienes comienzan de cero.
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Los estafadores complican tener acceso a una vivienda
Desesperados por encontrar una vivienda muchos pagan por ver inmuebles y son engañados por oficinas fantasmas que desaparecen luego de cobrar una comisión.
A parejas jóvenes vivir en casa propia les es imposible de costear
Caracas.- El acceso a bienes inmuebles para adultos jóvenes que quieran independizarse y hacer vida solos, o en pareja, representa un alto costo imposible de equiparar con el bajo ingreso de los profesionales que comienzan una vida fuera de la casa de sus familiares. Además de no poder pagar los precios de los pocos alquileres existentes, o la inicial de un apartamento, se enfrentan a estafas y engaños surgidos de la escasez de apartamentos en alquiler.
Valentina Pacheco y su esposo buscaron apartamento entre 2011 y 2012 en Caracas. Todos los días compraban los periódicos de circulación nacional y evaluaban los anuncios clasificados. "Después de un año buscando uno se va curtiendo y te enteras de cuáles son estafas porque los precios son exageradamente bajos comparados con el resto", relata.
Explica que anunciantes de inmuebles en alquiler le pedían dinero para ver el apartamento, con la promesa de que si no le gustaba, le mostraban varios, y cuando seleccionara alguno, el dinero que le habían pedido se lo descontarían de la comisión. No cayó en la trampa porque un amigo suyo fue estafado y se lo advirtió.
Rosa Magaly Varela, presidenta de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, recuerda que es ilegal el cobro por exhibir un inmueble, aunque se reporten cada vez más casos similares. Las comisiones solo pueden pagarse una vez finalizada la negociación y el interesado debe verificar si el corredor está certificado por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela , la cual profesionaliza a estos agentes, los capacita para una mejor negociación y les otorga un pin de certificado y un carnet que los identifica.
Varela acepta que hay estafadores, pero aclara que no se debe a una estafa inmobiliaria sino al delito de personas que fingen trabajar en el sector. "Nos interesa que exista un marco mínimo y que el interesado conozca, y tenga cultura, sobre los mínimos que deben exigir. Eso prevendrá que las personas dejen dinero sin saber a quien", recomienda.
Recuerda que el Indepabis es el ente encargado de recibir denuncias por estos motivos.
La política se convirtió en un nuevo filtro
Pacheco indica que la polarización política comenzó a inmiscuirse también en el proceso de encontrar un apartamento para alquilar. Ella y su pareja tenían discursos convenientes a cada tipo de arrendador, para poder agradarle y evitar una exclusión por esa causa.
En ese momento ella trabajaba en una organización no gubernamental y escondía esa información ante un propietario que pareciera de tendencia oficialista. Hacían lo contrario en el caso de su esposo, que trabaja en un organismo público. "Es lamentable el problema político".
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Caracas.- El acceso a bienes inmuebles para adultos jóvenes que quieran independizarse y hacer vida solos, o en pareja, representa un alto costo imposible de equiparar con el bajo ingreso de los profesionales que comienzan una vida fuera de la casa de sus familiares. Además de no poder pagar los precios de los pocos alquileres existentes, o la inicial de un apartamento, se enfrentan a estafas y engaños surgidos de la escasez de apartamentos en alquiler.
Valentina Pacheco y su esposo buscaron apartamento entre 2011 y 2012 en Caracas. Todos los días compraban los periódicos de circulación nacional y evaluaban los anuncios clasificados. "Después de un año buscando uno se va curtiendo y te enteras de cuáles son estafas porque los precios son exageradamente bajos comparados con el resto", relata.
Explica que anunciantes de inmuebles en alquiler le pedían dinero para ver el apartamento, con la promesa de que si no le gustaba, le mostraban varios, y cuando seleccionara alguno, el dinero que le habían pedido se lo descontarían de la comisión. No cayó en la trampa porque un amigo suyo fue estafado y se lo advirtió.
Rosa Magaly Varela, presidenta de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, recuerda que es ilegal el cobro por exhibir un inmueble, aunque se reporten cada vez más casos similares. Las comisiones solo pueden pagarse una vez finalizada la negociación y el interesado debe verificar si el corredor está certificado por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela , la cual profesionaliza a estos agentes, los capacita para una mejor negociación y les otorga un pin de certificado y un carnet que los identifica.
Varela acepta que hay estafadores, pero aclara que no se debe a una estafa inmobiliaria sino al delito de personas que fingen trabajar en el sector. "Nos interesa que exista un marco mínimo y que el interesado conozca, y tenga cultura, sobre los mínimos que deben exigir. Eso prevendrá que las personas dejen dinero sin saber a quien", recomienda.
Recuerda que el Indepabis es el ente encargado de recibir denuncias por estos motivos.
La política se convirtió en un nuevo filtro
Pacheco indica que la polarización política comenzó a inmiscuirse también en el proceso de encontrar un apartamento para alquilar. Ella y su pareja tenían discursos convenientes a cada tipo de arrendador, para poder agradarle y evitar una exclusión por esa causa.
En ese momento ella trabajaba en una organización no gubernamental y escondía esa información ante un propietario que pareciera de tendencia oficialista. Hacían lo contrario en el caso de su esposo, que trabaja en un organismo público. "Es lamentable el problema político".
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Ordenaron desalojar edificio de la Misión Vivienda
La estructura del edificio se agrietó por hundimiento del terreno
A un edificio le dicen "El Titanic"
Olga Maribel Navas | ÚN.- Las autoridades del Ministerio de la Vivienda ordenaron el desalojo de los habitantes del edificio dos, terraza 11 de la urbanización El Morro, en Petare, municipio Sucre (Mir), ya que toda la estructura está afectada por el hundimiento del terreno, que provocó daños en las bases y ocasionó el agrietamiento de todos los apartamentos, escaleras y pasillos.
Yully Ramírez, es una de las damnificadas que junto a las otras 19 familias recibió las llaves de un apartamento en este edificio hace un año y cuatro meses. "Desde que llegamos advertimos a las autoridades que el edificio presentaba problemas, pero no tomaron en cuenta nuestras quejas, ahora el terreno se hunde, el sistema de cañerías ha colapsado, las aguas servidas rodean toda la planta baja, los apartamentos tienen grietas y filtraciones, también se observan en las áreas comunes. Ya nos informaron que tenemos que desalojar y nos dicen que nos van a trasladar a unos edificio en el estado Vargas, propuesta que rechazamos, ya que queremos quedarnos en Caracas".
Indicaron las personas afectadas que las autoridades del Ministerio de la Vivienda les informaron que llevan a cabo una serie de trabajos con la intención de detener los movimientos en el terreno, que presenta la estructura, "cuando saben que lo más recomendable es desalojar y demoler el edificio, ellos dicen que lo van a reparar para entregarlo a otros damnificados", señaló otra vecina.
Igual situación se presenta en el edificio seis, de la terraza 10. Zaida Rosales, damnificada proveniente de Caricuao dice que allí vive con el mismo miedo que en el cerro donde tenía su rancho. "Aquí hay un edificio que le decimos El Titanic, pues también se está hundiendo sin que se haya entregado a las familias, pedimos al presidente Nicolás Maduro que investigue este caso".
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A un edificio le dicen "El Titanic"
Olga Maribel Navas | ÚN.- Las autoridades del Ministerio de la Vivienda ordenaron el desalojo de los habitantes del edificio dos, terraza 11 de la urbanización El Morro, en Petare, municipio Sucre (Mir), ya que toda la estructura está afectada por el hundimiento del terreno, que provocó daños en las bases y ocasionó el agrietamiento de todos los apartamentos, escaleras y pasillos.
Yully Ramírez, es una de las damnificadas que junto a las otras 19 familias recibió las llaves de un apartamento en este edificio hace un año y cuatro meses. "Desde que llegamos advertimos a las autoridades que el edificio presentaba problemas, pero no tomaron en cuenta nuestras quejas, ahora el terreno se hunde, el sistema de cañerías ha colapsado, las aguas servidas rodean toda la planta baja, los apartamentos tienen grietas y filtraciones, también se observan en las áreas comunes. Ya nos informaron que tenemos que desalojar y nos dicen que nos van a trasladar a unos edificio en el estado Vargas, propuesta que rechazamos, ya que queremos quedarnos en Caracas".
Indicaron las personas afectadas que las autoridades del Ministerio de la Vivienda les informaron que llevan a cabo una serie de trabajos con la intención de detener los movimientos en el terreno, que presenta la estructura, "cuando saben que lo más recomendable es desalojar y demoler el edificio, ellos dicen que lo van a reparar para entregarlo a otros damnificados", señaló otra vecina.
Igual situación se presenta en el edificio seis, de la terraza 10. Zaida Rosales, damnificada proveniente de Caricuao dice que allí vive con el mismo miedo que en el cerro donde tenía su rancho. "Aquí hay un edificio que le decimos El Titanic, pues también se está hundiendo sin que se haya entregado a las familias, pedimos al presidente Nicolás Maduro que investigue este caso".
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14-08-2013
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Cae mujer que estafaba con apartamentos de la Misión Vivienda
Más de 100 personas integran la lista de afectados por la estafa que dos mujeres idearon con la venta ilegal de apartamentos de la Misión Vivienda.
Así lo indicó el comisario Wilfredo Carrasco, jefe de la delegación Miranda del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quien comentó que este sábado 11 de agosto fue detenida una de las féminas implicadas en el caso.
“Ya habíamos recibido varias denuncias, desde el primer momento los sabuesos iniciaron las investigaciones que les permitieron ubicar a las personas relacionadas con el delito y su centro de operaciones”, declaró el jefe policial.
-Este sábado se realizó una visita domiciliaria en una vivienda de la calle Falcón de El Cementerio, donde resultó detenida Gloria Marleny Valero Blanco de 49 años de edad, quien es la intermediara entre una supuesta trabajadora del Ministerio de vivienda y habitad y las víctimas-, añadió.
La trabajadora del ministerio se encuentra en fuga, pero ya esta plenamente identificada, por lo que no descartan que en los próximos días le den captura.
Carrasco comentó que durante el procedimiento les fueron investigadas las cuentas bancarias y se logró encontrar más de quinientos cincuenta millones, provenientes de transferencias realizadas por los denunciantes.
“Estas mujeres le solicitaban al menos 5500 bolívares a cada personas, por gestionar el apartamento, sin embargo si querían realizar más rápido el proceso, debían cancelar un monto más elevado”, indicó.
-Una de las víctimas, decidió cancelar la totalidad del apartamento y al verse estafada tomó la decisión de quitarse la vida, por lo que estamos esperando que los familiares de esta persona se acerquen a declarar-, añadió Carrasco.
La Región
13-08-2013
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Así lo indicó el comisario Wilfredo Carrasco, jefe de la delegación Miranda del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quien comentó que este sábado 11 de agosto fue detenida una de las féminas implicadas en el caso.
“Ya habíamos recibido varias denuncias, desde el primer momento los sabuesos iniciaron las investigaciones que les permitieron ubicar a las personas relacionadas con el delito y su centro de operaciones”, declaró el jefe policial.
-Este sábado se realizó una visita domiciliaria en una vivienda de la calle Falcón de El Cementerio, donde resultó detenida Gloria Marleny Valero Blanco de 49 años de edad, quien es la intermediara entre una supuesta trabajadora del Ministerio de vivienda y habitad y las víctimas-, añadió.
La trabajadora del ministerio se encuentra en fuga, pero ya esta plenamente identificada, por lo que no descartan que en los próximos días le den captura.
Carrasco comentó que durante el procedimiento les fueron investigadas las cuentas bancarias y se logró encontrar más de quinientos cincuenta millones, provenientes de transferencias realizadas por los denunciantes.
“Estas mujeres le solicitaban al menos 5500 bolívares a cada personas, por gestionar el apartamento, sin embargo si querían realizar más rápido el proceso, debían cancelar un monto más elevado”, indicó.
-Una de las víctimas, decidió cancelar la totalidad del apartamento y al verse estafada tomó la decisión de quitarse la vida, por lo que estamos esperando que los familiares de esta persona se acerquen a declarar-, añadió Carrasco.
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Bajo régimen de presentación queda estafadora de Misión Vivienda
A 30 personas les ofreció supuestos apartamentos de La Ladera y Lagunetica
Bajo régimen de presentación queda estafadora de Misión Vivienda
Investigan a dirigentes vecinales
Glorimar Fernández | ÚN.- La mujer que “gestionaba” apartamentos de la Misión Vivienda a cambio de Bs 5 mil por persona, fue puesta en libertad y bajo régimen de presentación.
La decisión del tribunal que llevaba su expediente causó consternación entre las 30 personas que formalizaron la denuncia de estafa ante la subdelegación Los Teques del Cicpc.
Señalaron que “quedará en libertad y así podrá seguir embromando a otros incautos”, dijo uno de los afectados.
Gloria Marleny Valero Blanco, de 48 años, ofreció conseguir apartamentos que construye la Misión Vivienda en La Ladera y otros que ya están listos en Lagunetica.
Le aseguraba a sus víctimas que debían entregarle una especie de inicial para “apartar” la vivienda.
Luego de que llenaron una serie de documentos y dieron el dinero a la supuesta gestora, ésta desapareció y nunca más contestó el teléfono.
Los estafados efectuaron la denuncia y según Wilfredo Carrasco, jefe de la delegación Miranda del Cicpc, uno de los afectados identificó a Valero Blanco en la subida del Cementerio y de inmediato se comunicó con funcionarios de esta organización.
Investigan. Mediante fuentes extraoficiales se supo que los fiscales decidieron dejarla bajo régimen de presentación por razones aún desconocidas.
El Cicpc ya identificó a una mujer que trabajaba con ella y, según informaron los estafados, se hacía pasar por empleada de la Misión Vivienda.
Los funcionarios no descartan que otras personas participaron en la estafa. Por eso investigan a dirigentes vecinales de los complejos habitacionales mencionados.
Ambas mujeres se habrían apoderado de Bs 150 mil.
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13-08-2013
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La decisión del tribunal que llevaba su expediente causó consternación entre las 30 personas que formalizaron la denuncia de estafa ante la subdelegación Los Teques del Cicpc.
Señalaron que “quedará en libertad y así podrá seguir embromando a otros incautos”, dijo uno de los afectados.
Gloria Marleny Valero Blanco, de 48 años, ofreció conseguir apartamentos que construye la Misión Vivienda en La Ladera y otros que ya están listos en Lagunetica.
Le aseguraba a sus víctimas que debían entregarle una especie de inicial para “apartar” la vivienda.
Luego de que llenaron una serie de documentos y dieron el dinero a la supuesta gestora, ésta desapareció y nunca más contestó el teléfono.
Los estafados efectuaron la denuncia y según Wilfredo Carrasco, jefe de la delegación Miranda del Cicpc, uno de los afectados identificó a Valero Blanco en la subida del Cementerio y de inmediato se comunicó con funcionarios de esta organización.
Investigan. Mediante fuentes extraoficiales se supo que los fiscales decidieron dejarla bajo régimen de presentación por razones aún desconocidas.
El Cicpc ya identificó a una mujer que trabajaba con ella y, según informaron los estafados, se hacía pasar por empleada de la Misión Vivienda.
Los funcionarios no descartan que otras personas participaron en la estafa. Por eso investigan a dirigentes vecinales de los complejos habitacionales mencionados.
Ambas mujeres se habrían apoderado de Bs 150 mil.
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Unas 1.500 familias esperan construcción de viviendas en Barinas
Los afectados indicaron que el 19 de mayo de este año, el presidente Nicolás Maduro les garantizó la ejecución de los proyectos de viviendas, en un compromiso adquirido durante el "Gobierno de calle" que realizó en esta ciudad.
WALTER OBREGÓN
Barinas – Las familias que integran ocho parcelamientos en Barinas, exigieron este martes, la construcción de sus proyectos habitacionales, los cuales, cuentan con la aprobación del presidente Nicolás Maduro.
Los afectados indicaron que el 19 de mayo de este año, el presidente Maduro les garantizó la ejecución de los proyectos de viviendas, en un compromiso adquirido durante el "Gobierno de calle" que realizó en esta ciudad.
En fecha 28 de julio, el mandatario nacional ratificó lo aprobado y aseguró que los recursos para cada uno de los proyectos de viviendas, se encontraban en las gobernaciones para proceder con los mismos.
Ante esta situación, las familias miembros de las asociaciones civiles Los Manantiales, Las Torres, Rafael Urdaneta, La Porfía, Amanecer Llanero, entre otras, exigieron que el gobernador de Barinas, Adán Chávez, les ofrezca una respuesta sobre los proyectos para cada una de estos parcelamientos.
"El presidente Nicolás Maduro dijo que nuestros recursos estaban depositados en las cuentas de la gobernación, por eso, es que nosotros queremos que comiencen a construirse esos proyectos porque necesitamos las viviendas", manifestó una afectada.
Aseguran que el número de familias supera las 1.500, por lo que, cada asociación civil se mantiene a la expectativa de la puesta en marcha de los proyectos, porque se encuentran organizados desde hace mucho tiempo.
La asociación Amanecer Llanero tiene seis años de fundada, pero existen otras como La Porfía y Los Manantiales que llevan quince años esperando la construcción de las viviendas.
En el caso de Amanecer Llanero son 767 familias y al igual que en las demás asociaciones, la mayoría vive alquilada y existen matrimonios con hijos que ocupan un espacio cedido por familiares y amigos en sus casas, las cuales, no les garantiza una tranquilidad sino apenas resolver el problema de la necesidad de forma momentánea.
A las familias en espera de viviendas les preocupa que el gobernador de Barinas, Adán Chávez, haya ofrecido solucionar el problema habitacional a otras personas y temen que los recursos que disponga para asumir este compromiso, sean los que el presidente Maduro aprobó para las ocho asociaciones civiles mencionadas.
Igualmente, esperan que la responsabilidad gubernamental no sea pisoteada por el objetivo electoral, y que el dinero para las viviendas vaya a pasar por el gasto de la campaña para las alcaldías y concejos municipales.
Estas familias refirieron que se han mantenido fuera de conflictos con las autoridades, ejerciendo una vida política y social en sus sectores, pero consideran que el gobernador Chávez debe apartar los problemas partidistas y dedicarse a la gestión regional, para ver cumplidos los compromisos adquiridos.
Lo conminaron a respetar la palabra empeñada por el fallecido presidente Hugo Chávez Frías, quien expresó en diversas ocasiones que una acto de justicia es que cada familia venezolana tuviera donde vivir dignamente.
El Universal
13-08-2013
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Los afectados indicaron que el 19 de mayo de este año, el presidente Maduro les garantizó la ejecución de los proyectos de viviendas, en un compromiso adquirido durante el "Gobierno de calle" que realizó en esta ciudad.
En fecha 28 de julio, el mandatario nacional ratificó lo aprobado y aseguró que los recursos para cada uno de los proyectos de viviendas, se encontraban en las gobernaciones para proceder con los mismos.
Ante esta situación, las familias miembros de las asociaciones civiles Los Manantiales, Las Torres, Rafael Urdaneta, La Porfía, Amanecer Llanero, entre otras, exigieron que el gobernador de Barinas, Adán Chávez, les ofrezca una respuesta sobre los proyectos para cada una de estos parcelamientos.
"El presidente Nicolás Maduro dijo que nuestros recursos estaban depositados en las cuentas de la gobernación, por eso, es que nosotros queremos que comiencen a construirse esos proyectos porque necesitamos las viviendas", manifestó una afectada.
Aseguran que el número de familias supera las 1.500, por lo que, cada asociación civil se mantiene a la expectativa de la puesta en marcha de los proyectos, porque se encuentran organizados desde hace mucho tiempo.
La asociación Amanecer Llanero tiene seis años de fundada, pero existen otras como La Porfía y Los Manantiales que llevan quince años esperando la construcción de las viviendas.
En el caso de Amanecer Llanero son 767 familias y al igual que en las demás asociaciones, la mayoría vive alquilada y existen matrimonios con hijos que ocupan un espacio cedido por familiares y amigos en sus casas, las cuales, no les garantiza una tranquilidad sino apenas resolver el problema de la necesidad de forma momentánea.
A las familias en espera de viviendas les preocupa que el gobernador de Barinas, Adán Chávez, haya ofrecido solucionar el problema habitacional a otras personas y temen que los recursos que disponga para asumir este compromiso, sean los que el presidente Maduro aprobó para las ocho asociaciones civiles mencionadas.
Igualmente, esperan que la responsabilidad gubernamental no sea pisoteada por el objetivo electoral, y que el dinero para las viviendas vaya a pasar por el gasto de la campaña para las alcaldías y concejos municipales.
Estas familias refirieron que se han mantenido fuera de conflictos con las autoridades, ejerciendo una vida política y social en sus sectores, pero consideran que el gobernador Chávez debe apartar los problemas partidistas y dedicarse a la gestión regional, para ver cumplidos los compromisos adquiridos.
Lo conminaron a respetar la palabra empeñada por el fallecido presidente Hugo Chávez Frías, quien expresó en diversas ocasiones que una acto de justicia es que cada familia venezolana tuviera donde vivir dignamente.
El Universal
13-08-2013
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Denuncian irregularidades en construcción de viviendas en Anaco
En el sector Lomas de Campo Claro ubicado en la ciudad gasífera, 20 familias llevan dos años esperando la edificación de sus casas y presumen un mal manejo de los recursos
Danela Luces
Ninguna vivienda ha sido culminada en el sector Lomas de Campo Claro
Anaco.- Voceros del consejo comunal del sector Lomas de Campo Claro de Anaco denunciaron supuestas irregularidades en la ejecución de 20 casas asignadas a través del programa Gran Misión Vivienda (GMV).
Los miembros del ente comunitario señalaron que la construcción se inició hace dos años, pero ninguna de las casas ha sido culminada. “Algunas de las viviendas tienen un avance de 50% y otras tienen sólo la losa”, expresaron.
Dilia Rodríguez, una de las voceras del grupo de afectados, explicó que como instancia vecinal se organizaron siguiendo el procedimiento indicado por el Servicio Autónomo del Fondo Nacional de los Consejos Comunales (Safonacc), a fin de proceder a los pagos correspondientes por concepto de materiales y mano de obra.
“Normalmente se presentan tres presupuestos y Safonacc escoge el más económico. Luego nos autorizan para emitir el cheque a favor de la empresa que haya resultado favorecida”, agregó.
La representante comunal dijo que la semana pasada recibieron insumos (materiales para electricidad, fregaderos y bateas) por un monto que asciende a los 279 mil bolívares.
“El problema es que al momento de elaborar el cheque para cancelarle a este proveedor, el director de Safonacc, Feiber Castellano, nos ordenó que no emitiéramos el pago” .
Rodríguez aseguró que el funcionario les informó que la cancelación no sería autorizada y que el cheque tenía que ser elaborado a favor de la empresa Che Guevara Servicios.
“Nos dijo que ellos nos indicarían el monto. Esto no es lo correcto en el manejo de los recursos”, agregó la vocera.
Apuntó que la semana pasada quisieron aprovechar la visita del gobernador de Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz, a la ciudad gasífera para plantearle la situación, pero el intento resultó infructuoso.
“Llevamos todos los recaudos y allí el representante regional del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (MPComunas), Gustavo Mata, prometió resolver el caso”.
Según Rodríguez, fueron nuevamente burlados pues hasta ahora no han podido establecer comunicación con este funcionario. “Se burló de nosotros y nos dio un número de teléfono falso”.
Entre los afectados se encuentran Yudith Medina, Carolina Tremaria y Maritza García, quienes le piden al gobierno regional que intervenga para que las casas sean edificadas. “Somos madres de familia humildes y no merecemos que nos sigan engañando”.
Infructuoso
El equipo de El Tiempo intentó contactar a algún funcionario de Safonacc, pero no fue posible establecer la comunicación.
Abandonados
Los beneficiarios de las viviendas asignadas en el sector Lomas de Campo Claro del municipio Anaco indicaron que ninguna autoridad se ha preocupado por atender sus reclamos. “El director de Safonacc lleva dos años diciéndonos que ellos fueron los que lucharon por esos reales y por eso tenemos que esperar”, dijo una vocera.
El Tiempo
14-08-2013
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Los miembros del ente comunitario señalaron que la construcción se inició hace dos años, pero ninguna de las casas ha sido culminada. “Algunas de las viviendas tienen un avance de 50% y otras tienen sólo la losa”, expresaron.
Dilia Rodríguez, una de las voceras del grupo de afectados, explicó que como instancia vecinal se organizaron siguiendo el procedimiento indicado por el Servicio Autónomo del Fondo Nacional de los Consejos Comunales (Safonacc), a fin de proceder a los pagos correspondientes por concepto de materiales y mano de obra.
“Normalmente se presentan tres presupuestos y Safonacc escoge el más económico. Luego nos autorizan para emitir el cheque a favor de la empresa que haya resultado favorecida”, agregó.
La representante comunal dijo que la semana pasada recibieron insumos (materiales para electricidad, fregaderos y bateas) por un monto que asciende a los 279 mil bolívares.
“El problema es que al momento de elaborar el cheque para cancelarle a este proveedor, el director de Safonacc, Feiber Castellano, nos ordenó que no emitiéramos el pago” .
Rodríguez aseguró que el funcionario les informó que la cancelación no sería autorizada y que el cheque tenía que ser elaborado a favor de la empresa Che Guevara Servicios.
“Nos dijo que ellos nos indicarían el monto. Esto no es lo correcto en el manejo de los recursos”, agregó la vocera.
Apuntó que la semana pasada quisieron aprovechar la visita del gobernador de Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz, a la ciudad gasífera para plantearle la situación, pero el intento resultó infructuoso.
“Llevamos todos los recaudos y allí el representante regional del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social (MPComunas), Gustavo Mata, prometió resolver el caso”.
Según Rodríguez, fueron nuevamente burlados pues hasta ahora no han podido establecer comunicación con este funcionario. “Se burló de nosotros y nos dio un número de teléfono falso”.
Entre los afectados se encuentran Yudith Medina, Carolina Tremaria y Maritza García, quienes le piden al gobierno regional que intervenga para que las casas sean edificadas. “Somos madres de familia humildes y no merecemos que nos sigan engañando”.
Infructuoso
El equipo de El Tiempo intentó contactar a algún funcionario de Safonacc, pero no fue posible establecer la comunicación.
Abandonados
Los beneficiarios de las viviendas asignadas en el sector Lomas de Campo Claro del municipio Anaco indicaron que ninguna autoridad se ha preocupado por atender sus reclamos. “El director de Safonacc lleva dos años diciéndonos que ellos fueron los que lucharon por esos reales y por eso tenemos que esperar”, dijo una vocera.
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Parlamento regional consigna en fiscalía informe de estafas inmobiliarias a 500 familias zulianas
Este martes legisladores del parlamento zuliano consignaron ante el Ministerio Público un informe contencioso de estafas inmobiliarias, que afectan a 500 familias de la entidad.
El vicepresidente del Consejo Legislativo del estado Zulia, Eduardo Labrador, en compañía de la presidenta, Magdely Valbuena, el diputado José Luis Acosta y el presidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), Rodrigo Cabezas, introdujeron la documentación ante el MP respaldando a estas familias que confiaron en las propuestas de un grupo de empresas constructoras pero fueron afectadas con una estafa que asciende los 55.000.000 de bolívares.
Señaló que hace más de un año los afectados presentaron pruebas donde se demuestran irregularidades, sin embargo, no han recibido respuesta positivas.
"Hay fiscales corruptos y deben destituirse, se trata de Ovidio Jesús Abreu Castillo, fiscal 14; Jaime Jiménez, fiscal 4, y Américo Rodríguez, fiscal 35, quienes aseguraron a los afectados que no existe ningún tipo de delito", subrayó el parlamentario zuliano.
Labrador hizo público el nombre de los complejos habitacionales: La Pionera, Tecno Casa, Avatar Uno, Avatar Dos, Avatar Tres, Avatar del Norte y el Complejo Habitacional Panaima.
Por su parte, la legisladora Magdely Valbuena sostuvo que de manera unánime, en sesión ordinaria del parlamento regional, se apoyó la propuesta planteada por los diputados Eduardo Labrador y José Luis Acosta, en solidaridad con estas 500 familias que entregaron sus recursos con la esperanza de lograr un techo para el bienestar de la familia y de manera irresponsable no se les adjudicaron sus viviendas. "Los fiscales que les tocó la responsabilidad de procesar los casos, lamentablemente cerraron expedientes sin darle respuesta alguna a las familias".
Entretanto el legislador José Luis Acosta destacó la necesidad de que la fiscalía de respuesta en la destitución de los fiscales corruptos señalados en las estafas. "Solicitamos que a los afectados se le puedan resarcir sus derechos a través de la vivienda o la devolución del dinero entregado", indicó.
Una de las afectadas, Yusbelis Gómez, estafada en el urbanismo La Pionera, expuso que desde el 2007 optó por una vivienda en este desarrollo habitacional, entregando 9.000 bolívares para la opción de compra.
Expone que el monto total de la estafa en este urbanismo es de 2.000.000 de bolívares, perjudicando a 163 familias, que viven en estos momentos, unos alquilados y otros "arrimados en casas de sus padres o familiares".
En nombre de sus compañeros de lucha exige que se haga justicia y se mantenga el apoyo contundente que el Consejo Legislativo le viene prestando.
AVN
13-08-2013
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Señaló que hace más de un año los afectados presentaron pruebas donde se demuestran irregularidades, sin embargo, no han recibido respuesta positivas.
"Hay fiscales corruptos y deben destituirse, se trata de Ovidio Jesús Abreu Castillo, fiscal 14; Jaime Jiménez, fiscal 4, y Américo Rodríguez, fiscal 35, quienes aseguraron a los afectados que no existe ningún tipo de delito", subrayó el parlamentario zuliano.
Labrador hizo público el nombre de los complejos habitacionales: La Pionera, Tecno Casa, Avatar Uno, Avatar Dos, Avatar Tres, Avatar del Norte y el Complejo Habitacional Panaima.
Por su parte, la legisladora Magdely Valbuena sostuvo que de manera unánime, en sesión ordinaria del parlamento regional, se apoyó la propuesta planteada por los diputados Eduardo Labrador y José Luis Acosta, en solidaridad con estas 500 familias que entregaron sus recursos con la esperanza de lograr un techo para el bienestar de la familia y de manera irresponsable no se les adjudicaron sus viviendas. "Los fiscales que les tocó la responsabilidad de procesar los casos, lamentablemente cerraron expedientes sin darle respuesta alguna a las familias".
Entretanto el legislador José Luis Acosta destacó la necesidad de que la fiscalía de respuesta en la destitución de los fiscales corruptos señalados en las estafas. "Solicitamos que a los afectados se le puedan resarcir sus derechos a través de la vivienda o la devolución del dinero entregado", indicó.
Una de las afectadas, Yusbelis Gómez, estafada en el urbanismo La Pionera, expuso que desde el 2007 optó por una vivienda en este desarrollo habitacional, entregando 9.000 bolívares para la opción de compra.
Expone que el monto total de la estafa en este urbanismo es de 2.000.000 de bolívares, perjudicando a 163 familias, que viven en estos momentos, unos alquilados y otros "arrimados en casas de sus padres o familiares".
En nombre de sus compañeros de lucha exige que se haga justicia y se mantenga el apoyo contundente que el Consejo Legislativo le viene prestando.
AVN
13-08-2013
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Ley de Ordenación Territorial acaba con anarquía urbanística
La normativa legal busca el desarrollo turístico ecológico sustentable y la participación directa de los consejos comunales. Asimismo, limita a los alcaldes para cambiar el uso de las tierras y se lo otorga a la Gobernación.
En una consulta pública con los consejos comunales, el Ministerio del Ambiente (Minamb) discutió el contenido del Proyecto de Ley de Ordenación Territorial para su pronta discusión en la Asamblea Nacional (AN).
El viceministro de Ordenación Territorial, Adelis Pérez, indicó que esta actividad se realizó de forma simultánea en ocho estados del país. El análisis de esta Ley procura el desarrollo ecológico sustentable y evitar la anarquía.
Quienes deseen aportar sus sugerencias, pueden enviar un correo electrónico en la sección disponible en la página web del Minamb y de la AN, pues hasta el 30 de septiembre reciben las objeciones hacia este proyecto legal.
Está previsto en la Ley que se incorpore un vocero territorial en los consejos comunales y sirva como enlace entre las comunidades y los entes gubernamentales, apuntó Pérez.
Onry Romero, viceministro de Agua, aseveró que es necesario que se tenga una ley de ordenación de acuerdo a los nuevos tiempos.“En esta nueva Ley se establecerán los lineamientos para que el ciudadano entienda las normas que se deben cumplir para el uso de los terrenos”.
La idea es que las autoridades tengan conocimiento previo sobre el uso de las tierras y no que se haga el estudio cuando la persona lo solicite.
Mario Escalante, director de Planificación de la Gobernación, destacó que el plan de ordenación debe estar acorde a la Ley aunque no se haya aprobado, pues es una guía que permitirá reducir la anarquía que ocurría con respecto al territorio.
Esta normativa legal limita a los alcaldes en el otorgamiento de permisos, pues no tendrán la facilidad de cambiar el uso de tierras sino que se hará a través de la Gobernación, señaló el funcionario.
El Sol de Margarita
13-08-2013
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El viceministro de Ordenación Territorial, Adelis Pérez, indicó que esta actividad se realizó de forma simultánea en ocho estados del país. El análisis de esta Ley procura el desarrollo ecológico sustentable y evitar la anarquía.
Quienes deseen aportar sus sugerencias, pueden enviar un correo electrónico en la sección disponible en la página web del Minamb y de la AN, pues hasta el 30 de septiembre reciben las objeciones hacia este proyecto legal.
Está previsto en la Ley que se incorpore un vocero territorial en los consejos comunales y sirva como enlace entre las comunidades y los entes gubernamentales, apuntó Pérez.
Onry Romero, viceministro de Agua, aseveró que es necesario que se tenga una ley de ordenación de acuerdo a los nuevos tiempos.“En esta nueva Ley se establecerán los lineamientos para que el ciudadano entienda las normas que se deben cumplir para el uso de los terrenos”.
La idea es que las autoridades tengan conocimiento previo sobre el uso de las tierras y no que se haga el estudio cuando la persona lo solicite.
Mario Escalante, director de Planificación de la Gobernación, destacó que el plan de ordenación debe estar acorde a la Ley aunque no se haya aprobado, pues es una guía que permitirá reducir la anarquía que ocurría con respecto al territorio.
Esta normativa legal limita a los alcaldes en el otorgamiento de permisos, pues no tendrán la facilidad de cambiar el uso de tierras sino que se hará a través de la Gobernación, señaló el funcionario.
El Sol de Margarita
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Hay 1.618 inmuebles en franja de seguridad de la refinería
El director de Catastro del municipio Sotillo, Rosman Moreno, informó que unas 20 mil personas residen en la zona de riesgo del complejo refinador de Puerto La Cruz
Jeannine Castillo
1.618 familias están cerca de la planta de refinación
Puerto La Cruz.- Cerca de 20 mil personas se encuentran en situación de riesgo porque sus viviendas están ubicadas en Barrio Mariño, El Pensil y Juan Bimba, dentro de la franja de seguridad de la Refinería de Puerto La Cruz.
El director de Catastro de la Alcaldía del municipio Juan Antonio Sotillo, Rosman Moreno, contabilizó un total de 1.618 inmuebles en el área, de los cuales seis son edificios residenciales: Los Olivos, Ivensa, Las Aves, Torre Porteña, Puerto Carlos y Monte Carlos, algunos con hasta 18 pisos y tres apartamentos por planta.
El cálculo lo hizo siguiendo los lineamientos del Instituto Nacional de Estadísticas, que estima cinco habitantes por vivienda.
Desalojo
Los residentes de las urbanizaciones Gulf y Chuparín de Puerto La Cruz fueron excluidos de la estadística porque aun cuando están cerca de la planta, no forman parte del cinturón de seguridad.
Así lo aseguró la directora de Títulos de Tierra de Sotillo, Yolimar González, quien indicó que cuando se produjo el incendió de la laguna de lastre dentro de la refinería, fueron desalojados los residentes de ambos sectores, sólo por precaución.
“Cuando ocurre un incidente como el suscitado el domingo, se requiere despejar un kilómetro a la redonda del siniestro por seguridad, pero en el área de riesgo sólo están Barrio Mariño, El Pensil y Juan Bimba”, acotó.
El año pasado, cuando se inició la expansión de planta refinadora, habitantes de las comunidades El Jobo y Valle del Resfrán fueron reubicados en el conjunto residencial Parque Vidoño de Barcelona, pero según algunos vecinos, las personas han vuelto a la zona.
La directora de Planeamiento Urbano de Sotillo, Francismar Machado, dijo desconocer las razones por las que en años anteriores la alcaldía concedió los permisos de construcción cerca de la franja de seguridad, donde actualmente hay una escuela de educación inicial.
El equipo de El Tiempo trató de contactar al alcalde Stalin Fuentes para que informara sobre el avance del plan de reubicación de las familias que habitan en el lugar, pero no fue posible.
Luis Rodríguez, vecino de El Pensil, aseguró que no está dispuesto ha abandonar su vivienda porque “uno debe estar donde está la plata y cerca de Pdvsa es donde hay trabajo”, aseveró.
La cuenta
Tres días han transcurrido desde que cayó el rayo dentro de las instalaciones de la Refinería de Puerto La Cruz, el cual originó un incendio en el separador API (American Petroleum Institute) o laguna de lastre, que duró aproximadamente tres horas. Durante el incidente, los cuerpos de seguridad desalojaron a los habitantes de sectores aledaños, quienes permanecieron en el Paseo de La Cruz y el Mar, denominado por los funcionarios como “área de resguardo”. Pdvsa aún ejecuta trabajos de mantenimiento dentro de la laguna.
El tiempo
14-08-2013
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Lic. Henry Medina
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Puerto La Cruz.- Cerca de 20 mil personas se encuentran en situación de riesgo porque sus viviendas están ubicadas en Barrio Mariño, El Pensil y Juan Bimba, dentro de la franja de seguridad de la Refinería de Puerto La Cruz.
El director de Catastro de la Alcaldía del municipio Juan Antonio Sotillo, Rosman Moreno, contabilizó un total de 1.618 inmuebles en el área, de los cuales seis son edificios residenciales: Los Olivos, Ivensa, Las Aves, Torre Porteña, Puerto Carlos y Monte Carlos, algunos con hasta 18 pisos y tres apartamentos por planta.
El cálculo lo hizo siguiendo los lineamientos del Instituto Nacional de Estadísticas, que estima cinco habitantes por vivienda.
Desalojo
Los residentes de las urbanizaciones Gulf y Chuparín de Puerto La Cruz fueron excluidos de la estadística porque aun cuando están cerca de la planta, no forman parte del cinturón de seguridad.
Así lo aseguró la directora de Títulos de Tierra de Sotillo, Yolimar González, quien indicó que cuando se produjo el incendió de la laguna de lastre dentro de la refinería, fueron desalojados los residentes de ambos sectores, sólo por precaución.
“Cuando ocurre un incidente como el suscitado el domingo, se requiere despejar un kilómetro a la redonda del siniestro por seguridad, pero en el área de riesgo sólo están Barrio Mariño, El Pensil y Juan Bimba”, acotó.
El año pasado, cuando se inició la expansión de planta refinadora, habitantes de las comunidades El Jobo y Valle del Resfrán fueron reubicados en el conjunto residencial Parque Vidoño de Barcelona, pero según algunos vecinos, las personas han vuelto a la zona.
La directora de Planeamiento Urbano de Sotillo, Francismar Machado, dijo desconocer las razones por las que en años anteriores la alcaldía concedió los permisos de construcción cerca de la franja de seguridad, donde actualmente hay una escuela de educación inicial.
El equipo de El Tiempo trató de contactar al alcalde Stalin Fuentes para que informara sobre el avance del plan de reubicación de las familias que habitan en el lugar, pero no fue posible.
Luis Rodríguez, vecino de El Pensil, aseguró que no está dispuesto ha abandonar su vivienda porque “uno debe estar donde está la plata y cerca de Pdvsa es donde hay trabajo”, aseveró.
La cuenta
Tres días han transcurrido desde que cayó el rayo dentro de las instalaciones de la Refinería de Puerto La Cruz, el cual originó un incendio en el separador API (American Petroleum Institute) o laguna de lastre, que duró aproximadamente tres horas. Durante el incidente, los cuerpos de seguridad desalojaron a los habitantes de sectores aledaños, quienes permanecieron en el Paseo de La Cruz y el Mar, denominado por los funcionarios como “área de resguardo”. Pdvsa aún ejecuta trabajos de mantenimiento dentro de la laguna.
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14-08-2013
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Mare Abajo rechaza planes de desalojo
La comunidad teme que 300 familias sean sacadas de sus casas, que están en buen estado, para beneficiar a gente de otras zonas
LUIS LÓPEZ
Por 4 horas, residentes del sector Mare Abajo, parroquia Urimare, en Vargas, protestaron en la vía principal del sector para rechazar los planes de construcción de viviendas, que no les han consultado. 300 familias temen el desalojo de sus casas, que están en condiciones aptas, mientras que a 17 familias en situación de riesgo se les ha negado reubicación.
Felicia Medina, vocera del Consejo Comunal Ana Merlo, dijo que por varios meses los consejos comunales Villamar, Ana Merlo y Nueva Luz se han reunido en mesas de trabajo con el Instituto de la Vivienda de Vargas para analizar los planes que tienen para Mare Abajo. Sin embargo, afirmó que lo que empezó como proyecto para beneficiar a familias del sector se ha convertido en un plan urbanístico que ignora a la comunidad.
“Nuestras casas están en buenas condiciones. No entendemos cuál es el capricho de la gobernación de urbanizar esta zona. Hemos cedido los terrenos de La Chatarrera, que le arrebatamos a una empresa privada, porque teníamos un proyecto para la comunidad, pero quieren imponernos la construcción de más edificios. En ese proyecto las menos beneficiadas son las familias del sector porque han reubicado a gente de Guarenas, Guatire y Petare”, informó.
Luis Herrera, vocero del Consejo Comunal Villamar, dijo que los servicios han colapsado porque no se previó el impacto ambiental de las edificaciones. “La red de aguas servidas está tapada y el agua se desborda por las calles. Nuestras casas están en buenas condiciones y la prioridad son los que viven alquilados, arrimados y en riesgo, pero para ellos no hay repuesta”, dijo.
Se conoció que Pedro Morales, director de Ivivar, se reunirá hoy con los consejos comunales para definir la reubicación de las familias en riesgo.
El Nacional
13-08-2013
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Felicia Medina, vocera del Consejo Comunal Ana Merlo, dijo que por varios meses los consejos comunales Villamar, Ana Merlo y Nueva Luz se han reunido en mesas de trabajo con el Instituto de la Vivienda de Vargas para analizar los planes que tienen para Mare Abajo. Sin embargo, afirmó que lo que empezó como proyecto para beneficiar a familias del sector se ha convertido en un plan urbanístico que ignora a la comunidad.
“Nuestras casas están en buenas condiciones. No entendemos cuál es el capricho de la gobernación de urbanizar esta zona. Hemos cedido los terrenos de La Chatarrera, que le arrebatamos a una empresa privada, porque teníamos un proyecto para la comunidad, pero quieren imponernos la construcción de más edificios. En ese proyecto las menos beneficiadas son las familias del sector porque han reubicado a gente de Guarenas, Guatire y Petare”, informó.
Luis Herrera, vocero del Consejo Comunal Villamar, dijo que los servicios han colapsado porque no se previó el impacto ambiental de las edificaciones. “La red de aguas servidas está tapada y el agua se desborda por las calles. Nuestras casas están en buenas condiciones y la prioridad son los que viven alquilados, arrimados y en riesgo, pero para ellos no hay repuesta”, dijo.
Se conoció que Pedro Morales, director de Ivivar, se reunirá hoy con los consejos comunales para definir la reubicación de las familias en riesgo.
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13-08-2013
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Aprobaron emisión de bonos para financiar Misión Vivienda
La Comisión de Finanzas autorizó recursos por 4 millardos de bolívares para cancelar compromisos salariales en las regiones
NICOLLE YAPUR.
La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó una operación de crédito público para la emisión de Títulos de Deuda Pública, en bolívares y en dólares, por 10 millardos de bolívares. El monto será destinado al financiamiento de la Gran Misión Vivienda, como está estipulado en la Ley de Endeudamiento Complementario 2013.
La instancia parlamentaria también autorizó las condiciones para otras dos emisiones de bonos destinadas a la reestructuración y refinanciamiento de la deuda pública hasta por 22,05 millardos de bolívares, operación contenida en la legislación aprobada en julio.
Un crédito adicional de 4 millardos de bolívares también fue autorizado por los diputados de la comisión, y se destinarán a las gobernaciones y alcaldías del país.
El monto no corresponde a las asignaciones del situado constitucional, sino de una erogación especial para atender necesidades salariales de las entidades. Los fondos vienen del Fondo de Eficiencia y fueron dirigidos al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia para su distribución.
El diputado Alfonso Marquina criticó que los recursos provengan del Fondo de Eficiencia, que se nutre de los dividendos de las empresas del Estado y no de fuentes ordinarias. Explicó que el situado se calcula sobre la base de un presupuesto deficitario, lo que no permite cubrir todos los requerimientos.
El crédito se aprobó posteriormente en plenaria junto con otras 6 asignaciones, 5 de las cuales fueron autorizadas por la Comisión de Finanzas la semana pasada. El total fue de 8,8 millardos de bolívares.
El Nacional
14-08-2013
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La instancia parlamentaria también autorizó las condiciones para otras dos emisiones de bonos destinadas a la reestructuración y refinanciamiento de la deuda pública hasta por 22,05 millardos de bolívares, operación contenida en la legislación aprobada en julio.
Un crédito adicional de 4 millardos de bolívares también fue autorizado por los diputados de la comisión, y se destinarán a las gobernaciones y alcaldías del país.
El monto no corresponde a las asignaciones del situado constitucional, sino de una erogación especial para atender necesidades salariales de las entidades. Los fondos vienen del Fondo de Eficiencia y fueron dirigidos al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia para su distribución.
El diputado Alfonso Marquina criticó que los recursos provengan del Fondo de Eficiencia, que se nutre de los dividendos de las empresas del Estado y no de fuentes ordinarias. Explicó que el situado se calcula sobre la base de un presupuesto deficitario, lo que no permite cubrir todos los requerimientos.
El crédito se aprobó posteriormente en plenaria junto con otras 6 asignaciones, 5 de las cuales fueron autorizadas por la Comisión de Finanzas la semana pasada. El total fue de 8,8 millardos de bolívares.
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Los cinco problemas de la Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos
El presidente de Anauco, Roberto León Parilli, advierte que la norma puede generar un mercado secundario
MARIUGENIA AGUILERA GALLARDO
El presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parilli, enumeró los cinco problemas más destacados de la Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos, que fue aprobada este martes por la Asamblea Nacional:
1. La ley significa un peligro para el usuario, ya que ordena la publicación de listas de esperas y la emisión de listas de compradores al Indepabis, lo que viola el artículo 60 de la Constitución: "Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos". León Parilli aseguró que aunque la lista sea codificada, está a disposición de funcionarios públicos: "Es muy abstracto. Cualquiera dirá que es del Poder Público y tendrá acceso a los datos, lo que hace vulnerables a las personas compradoras. Un delincuente sabrá que un hombre determinado tiene la liquidez para comprarse una camioneta..
2. La regulación trata a la persona natural que vende un vehículo como si fuese un comerciante informal, porque establece que el que vende lo hace para enriquecerse y que evade los impuestos. "El vehículo es un bien de alto valor y es un resguardo del patrimonio. Quien venda por necesidad no está cometiendo un acto que amerite regulación. Es un exceso que la norma prohíba colocar un letrero de "Se vende" en su propio carro y que hacerlo implique multas elevadas y acciones penales", aseveró. Afirmó que las multas establecidas para las páginas en Internet que publiquen precios no establecidos podría ocasionar el cierre de las mismas: "Nos vamos cerrando más. La web facilita saber qué hay en el mercado, y la clausura de estos sitios estrecharía la posibilidad de llegar al bien. Entonces se tendría que rodar la noticia por medio del boca a boca dentro de un marco de oscuridad, como si fuese un delito cuando el derecho de propiedad da la disponibilidad del bien".
3. La ley no solucionará el problema de fondo: que la demanda supera la oferta. De hecho, podría empeorar la distorsión de precios con la creación de un mercado secundario, porque el bien más caro es el que no se consigue.
4. La disposición impide a los aseguradores colocar un precio de garantía superior que el cálculo que establece la ley. "El resultado será que el costo de reposición cueste más que la fórmula constituida y la persona no podrá asegurar el bien. Si tengo un carro usado que cueste 10 bolívares, por ejemplo, no podré comprar otro carro a ese precio", indicó.
5. En lugar de incentivar la producción, la ley persigue a los ensambladores y comercializadores: "Lejos de generar inversión, la puede auyentar. Es una ley muy punitiva que trata a todo el mundo como delincuentes".
El dirigente de la alianza rescata la intención de resolver los problemas, como la especulación y el cumplimiento obligatorio de accesorios a través del control en la supervisión de los puestos de espera. Sin embargo, expresó que la publicación de un lista le parece perjudicial: "Sí existen vivos, especuladores y negociadores de cupos; pero esta ley generará una sequía. Se pueden acabar los carros. Por ejemplo, la Ley de Arrendamiento tenía buenas intenciones de dotar viviendas; no obstante el efecto que causó fue que nadie quisiera alquilar. Pedimos que se revise y se realice una ley mejor. Si el objetivo era darles bienestar a los compradores, no se debió tratarlos de la manera en que lo hace la nueva ley. La solución es producir más carro e inundar el mercado de vehículos. Ahí no hay especulador que valga".
El Nacional
13-08-2013
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1. La ley significa un peligro para el usuario, ya que ordena la publicación de listas de esperas y la emisión de listas de compradores al Indepabis, lo que viola el artículo 60 de la Constitución: "Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos". León Parilli aseguró que aunque la lista sea codificada, está a disposición de funcionarios públicos: "Es muy abstracto. Cualquiera dirá que es del Poder Público y tendrá acceso a los datos, lo que hace vulnerables a las personas compradoras. Un delincuente sabrá que un hombre determinado tiene la liquidez para comprarse una camioneta..
2. La regulación trata a la persona natural que vende un vehículo como si fuese un comerciante informal, porque establece que el que vende lo hace para enriquecerse y que evade los impuestos. "El vehículo es un bien de alto valor y es un resguardo del patrimonio. Quien venda por necesidad no está cometiendo un acto que amerite regulación. Es un exceso que la norma prohíba colocar un letrero de "Se vende" en su propio carro y que hacerlo implique multas elevadas y acciones penales", aseveró. Afirmó que las multas establecidas para las páginas en Internet que publiquen precios no establecidos podría ocasionar el cierre de las mismas: "Nos vamos cerrando más. La web facilita saber qué hay en el mercado, y la clausura de estos sitios estrecharía la posibilidad de llegar al bien. Entonces se tendría que rodar la noticia por medio del boca a boca dentro de un marco de oscuridad, como si fuese un delito cuando el derecho de propiedad da la disponibilidad del bien".
3. La ley no solucionará el problema de fondo: que la demanda supera la oferta. De hecho, podría empeorar la distorsión de precios con la creación de un mercado secundario, porque el bien más caro es el que no se consigue.
4. La disposición impide a los aseguradores colocar un precio de garantía superior que el cálculo que establece la ley. "El resultado será que el costo de reposición cueste más que la fórmula constituida y la persona no podrá asegurar el bien. Si tengo un carro usado que cueste 10 bolívares, por ejemplo, no podré comprar otro carro a ese precio", indicó.
5. En lugar de incentivar la producción, la ley persigue a los ensambladores y comercializadores: "Lejos de generar inversión, la puede auyentar. Es una ley muy punitiva que trata a todo el mundo como delincuentes".
El dirigente de la alianza rescata la intención de resolver los problemas, como la especulación y el cumplimiento obligatorio de accesorios a través del control en la supervisión de los puestos de espera. Sin embargo, expresó que la publicación de un lista le parece perjudicial: "Sí existen vivos, especuladores y negociadores de cupos; pero esta ley generará una sequía. Se pueden acabar los carros. Por ejemplo, la Ley de Arrendamiento tenía buenas intenciones de dotar viviendas; no obstante el efecto que causó fue que nadie quisiera alquilar. Pedimos que se revise y se realice una ley mejor. Si el objetivo era darles bienestar a los compradores, no se debió tratarlos de la manera en que lo hace la nueva ley. La solución es producir más carro e inundar el mercado de vehículos. Ahí no hay especulador que valga".
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13-08-2013
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Choferes se quejan por fallas en suministro de gasolina
Más vueltas que un perro para echarse deben dar los transportistas de los municipios Independencia y Paz Castillo para llenar los tanques de gasolina de sus vehículos, pues afirman que nuevamente hay fallas en el suministro en ambas localidades. Luis Rincón, presidente del Bloque de Transporte de Independencia, comentó a ÚN que el problema ya tiene más de un mes y que los choferes deben hacer maromas para surtir sus vehículos para trabajar. "La situación es irregular tanto con el gasoil como con la gasolina, porque algunas veces pasan dos y tres días sin que lleguen al municipio las gandolas que surten de combustible las estaciones", dijo. Rincón precisó que en Independencia hay cuatro estaciones de servicio (dos en el casco central y dos en las afueras), pero son insuficientes si se toma en consideración que estas estaciones también surten a choferes de Paz Castillo. "En Independencia operan 15 líneas de transporte público y en Paz Castillo 14, sin contar que también hay particulares que deben llenar sus carros en estas gasolineras", detalló. El representante del bloque tereseño precisó que en Paz Castillo hay una sola estación de servicio, que no alcanza para atender el número de conductores particulares y de camionetas del municipio. "La opción que tenemos es trasladarnos hasta La Peñita, en el municipio Cristóbal Rojas, o ir a otras bombas de gasolina en la misma jurisdicción, lo que representa una pérdida de tiempo si se trata de un chofer de transporte público". Elías Campos, presidente del Bloque de Transporte de Paz Castillo, puntualizó que en la única estación de servicio de la localidad se surten choferes de la jurisdicción, además de los que cubren las rutas de Mariche y La Lagunita. "Tenemos desde hace un año un proyecto aprobado por Pdvsa, que se ejecutará en un terreno ubicado en el sector La Nueva Virginia, donde se construirá una estación de servicio, pero no nos han dado respuesta todavía", apuntó.
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14-08-2013
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