Informe especial: Nuevas disposiciones de la Cartera Hipotecaria decretada por el Gobierno

A través de un decreto publicado en Gaceta Oficial, el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat estableció en 20% el porcentaje mínimo de la cartera de crédito bruta anual que "con carácter obligatorio deben colocar con recursos propios las  instituciones del Sector Bancario obligadas a conceder créditos hipotecarios destinados a la construcción, adquisición, ampliación, mejoras y autoconstrucción de vivienda principal".

El ministro Rafael Ramírez informó que por esta resolución para la cartera hipotecaria van a disponer de 80.422 millones 952.904 bolívares que se distribuirán de la siguiente manera: 52 mil 274 millones de bolívares (65%) para el sector de construcción de viviendas; 24.126 millones para créditos a largo plazo de adquisición (30%) y 5% para autoconstrucción, mejoras y ampliación.

La resolución del 23 de marzo de 2012, que quedó derogada, definía la cartera hipotecaria de la siguiente manera: 66% para construcción, 26% para adquisición y 8% para ampliación y autoconstrucción.

Distribución y tips de la nueva cartera hipotecaria

El artículo 1 de la resolución es el que establece la cartera hipotecaria obligatoria en 20% para las instituciones del Sector Bancario.

En el artículo 2 se indican los porcentajes en los que se distribuye el monto total de la cartera hipotecaria: 65% destinado a construcción de viviendas (numeral 1), 30% destinado a créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda principal (numeral 2), y 5% para ampliaciones y autoconstrucción de viviendas (numeral 3).

En el artículo 3 se divide el primer porcentaje del artículo anterior de la siguiente manera: 66% destinado a construcción de viviendas bajo la dirección del Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat; el 34% restante queda dividido a su vez en tres valores: 40% para otorgamiento de créditos para viviendas con un valor de venta hasta de Bs. 300 mil, 35% para otorgamiento de créditos para viviendas con un valor de venta hasta de Bs. 400 mil, y 25% ( para otorgamiento de créditos para viviendas con un valor de venta hasta de Bs. 500 mil.

En el artículo 4 se establece que la distribución del porcentaje establecido en el numeral 2 del artículo 2 es la siguiente: 70% para otorgamiento de créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda principal a grupos familiares con ingresos mensuales entre 1 salario mínimo y 6 salarios mínimos, y 30% para el otorgamiento de créditos hipotecarios para grupos familiares con ingresos mensuales mayores a 6 salarios mínimos y hasta 15 salarios mínimos.

Centralismo: La resolución del Ministerio de Vivienda y Hábitat señala textualmente que "el Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat se encargará de establecer el procedimiento para la transferencia o uso de los recursos (...), así como los proyectos a financiar y las familias a las cuales se atenderá con las viviendas que se construyan dichos recursos. El Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, medirá el cumplimiento de la cartera de crédito obligatoria por parte de las Instituciones del Sector Bancario, al término de los plazos de transferencia que determine el Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat”.

Nuevos trámites: "Las Instituciones del Sector Bancario tendrán la obligación de remitir al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat un reporte mensual del cumplimiento de la cartera hipotecaria obligatoria dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, señalando en detalle nombre de cada beneficiario, características del proyecto, monto ejecutado y segmento de la cartera al cual corresponde".

Necesidad de inclusión

Si bien el aumento de la carta hipotecaria es positivo porque permite la construcción de un mayor número de viviendas, continúa la centralización de todos los desarrollos urbanísticos en pocas manos, lo que en el pasado ha acarreado problemas en las adjudicaciones, en la planificación urbanística, y ha alejado el cumplimiento de las metas de construcción.

El Gobierno manifiesta constantemente su interés de satisfacer una demanda que asciende a 2.7 millones de viviendas en el país, y para ello es necesaria la participación del sector privado, donde existe sapiencia y recursos necesarios para la creación de nuevos asentamientos de viviendas sustentables.


Camara Inmobiliaria de Venezuela
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Omisión gubernamental es un respaldo a las invasiones

De 2003 a 2012 Apiur registró 957 inmuebles objeto de tomas en la capital

Las "linitas" fueron pioneras del Comité de Los Sin Techo en 2005
ANYIMAR COVA LUGO
Frente organizado por el Buen Vivir, Colectivo Socialista Los Luchadores, Campamento de Pioneros con Chávez. Son algunos de las denominaciones que adquieren los grupos que, haciéndose llamar "pueblo organizado", han tomado inmuebles y terrenos en Caracas.

La identificación del colectivo con algún elemento que suponga afinidad con el Gobierno va acompañada de banderas de Venezuela, afiches con el rostro del presidente Chávez, franelas rojas y banderines con logos del partido de Gobierno.

El patrón se vio, solo por nombrar algunos casos, en enero durante la toma de un edificio en la avenida Francisco de Miranda (Chacao), a finales de 2012 en la invasión de La Ermita (La Florida) y en las 55 ocupaciones ilegales que ocurrieron en febrero de 2012 en el municipio Sucre.

"Muchas personas utilizan las imágenes del Presidente y del partido para escudarse y hacer negocios. Esta el caso de la torre Confinanzas donde la gente paga Bs 5.000 por la precompra de un espacio o en La Ermita, que se intentó desalojar tres veces y después fue la misma Policía de Caracas la que abrió las puertas a los que están ahora", apunta Carlos Julio Rojas, vocero del Frente en Defensa del Norte de Caracas.

En las parroquias que agrupa el frente (Recreo, Candelaria y San Bernardino) hay 74 invasiones, las cuales son parte de las 957 que de 2003 a agosto de 2012 han ocurrido en el Área Metropolitana en edificios, terrenos y galpones, según la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur).

Las invasiones las realizan grupos que han estudiado los terrenos y planifican las tomas de inmuebles, para luego venderlos a personas con necesidad de vivienda.

También existen casos como el de José Olivo, oriundo de Turmero, quien fue convocado para tomar las instalaciones de una clínica en la zona industrial de La Urbina en donde vivió durante tres meses. "La persona que estaba organizando me dijo y como estaba alquilado me uní. Nuestra intención no era quedarnos allí sino que nos censaran y optar a una vivienda", dice sobre una toma hecha por 130 familias que hace una semana fueron desalojadas por la Guardia Nacional.

El fenómeno de las invasiones inició en la ciudad en 2003 de la mano de Lina Ron y Yazmín Manuitt, quienes fueron pioneras en el uso de símbolos del Gobierno para ocupar los espacios. De allí se ha mantenido la práctica que tuvo picos en 2005 durante la gestión de Juan Barreto en la Alcaldía Mayor, y en 2011, cuando el mismo presidente Chávez mandó "al pueblo organizado a buscar galpones para expropiar".

Personificación del "alzao"

Que en las invasiones abunden personas que abiertamente se identifican con el Presidente obedece, según el psicólogo social Axel Capriles, al "arquetipo del alzao" que simboliza el mandatario nacional. "Él representa el individualismo anárquico de quienes están por encima de las leyes, del individuo que se puede tomar la justicia por sus propias manos, que está por encima del cuerpo constitucional de un país".

Considera que si bien en todos los países habitualmente hay "grupos asociales" que tratan de ir contra las normas, existe un Gobierno que lejos de estimular su creación, trata de controlar esas fuerzas.

"Como no ha habido un empoderamiento de la población como sociedad civil que toma decisiones reales, el Gobierno se permite dar ciertas licencias y crear en la gente la sensación de que toman decisiones", agrega Capriles no sin antes advertir que los "núcleos de anárquicos" se ven en invasiones pero también en la forma como actúan colectivos del 23 de Enero o los motorizados en la ciudad.

GNB Y PNB DEBEN DESALOJAR

La mediación verbal con los tomistas es lo único que pueden ejercer las alcaldías frente a una invasión ya consolidada, pues los desalojos que impliquen acciones de orden público no son competencia de las policías municipales. Son la Guardia y la Policía Nacional Bolivariana los encargados de ejecutar los desalojos, aunque en la práctica no responden en todos los casos.

"En la ola de invasiones que tuvimos en 2012 normalmente eran personas identificadas con el oficialismo que se valen del discurso político para hacer la toma, o que viven de eso y sienten que la impunidad a veces los acompaña", explica Ángel Alvarado, director del despacho de la Alcaldía de Sucre. Agrega que el municipio solicita la intervención de la GNB para los desalojos y demanda a los vecinos afectados acudir a la Fiscalía para pedir que se ejecute de inmediato la medida.

También se han registrado casos en los que ha sido la presión vecinal la garante de los desalojos. No en vano en sitios como Montalbán, Lomas del Ávila y Las Minas de Guaicoco se han conformado protocolos de emergencia para invasiones, que contemplan el uso de megáfonos, pitos y la movilización ciudadana, cuando detectan la posible ocupación de una zona vulnerable.

El Universal
18-02-2013

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Gobernador ratificó que no permitirá invasiones ni anarquía

Ante los últimos intentos de tomas ilegales de terrenos registrados en Barcelona, incluyendo uno de la UDO, Aristóbulo Istúriz hizo un llamado a la población a no violar las leyes

Moralis Lara / Katy Jurado

Familias sin vivienda reclaman un terreno abandonado de la UDO Foto: R. Rondón
Barcelona / Puerto La Cruz.- Sin titubeos, el gobernador del estado Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz, advirtió:  “No permitiremos invasiones”.  

Esa fue su respuesta al ser consultado sobre los recientes intentos de tomas ilegales de lotes de tierra registrados en Barcelona.

Aseguró haber recibido una llamada de la decana del Núcleo de Anzoátegui de la Universidad de Oriente (UDO), Patricia Mitchell, informándole que terrenos del alma máter habían sido demarcados por un grupo de familias, para ser ocupados de forma ilegal.  

Acto seguido, Istúriz dijo haber llamado a representantes de los cuerpos de seguridad para que acudieran al lugar a fin de  dialogar con los ocupantes y explicarles cuál debía ser el proceder, conforme a la ley.

“Le dije que mandaran una comisión y les dijeran que si era de atenderlos, los atendería pero se me salen de allí. Aquí no puede haber anarquía. Hay gente interesada en el bochinche para decir que no hay gobierno, eso forma parte de un plan. Alguna gente nuestra, humilde, puede caer. Detrás de todo hay una intención política”.

El mandatario aclaró que hay personas que se hacen pasar como “campamentos de pioneros” para invadir predios, pero que esos grupos son “respetables”, forman parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv) y “no están de acuerdo” con tomas ilegales.

“Los revolucionarios no invadimos. Todo el que necesita casa, allí está la Gmvv como vía para resolver las necesidades habitacionales de nuestra gente. He exhortado a los partidos revolucionarios y aliados a enfrentar esta situación ”.

Además señaló que a la hora de necesitar un espacio para construir, conforme a la ley, el gobierno puede ordenar su expropiación por la vía de utilidad pública. Y dejó claro que el Estado ha honrado el pago de los lotes objeto de la medida.

Delimitación  

Integrantes de 53 familias, la mayoría de mujeres solas, desempleadas y con hijos, que dijeron vivir arrimadas con parientes en el barrio Guzmán Lander, contiguo a la sede de la UDO, delimitaron un área de 5.000 metros cuadrados, ubicada en áreas de la casa de estudios superiores, a fin de solicitar a los entes del Estado la construcción de viviendas.

“No construiremos ranchos, queremos unas casas dignas aquí porque este lote tiene más de 40 años abandonado y nosotros tenemos derechos por ser los pisatarios”, acotó Carolina Azócar, una de las solicitantes.

La mujer junto con Nancy Martínez, Francis Figuera y Jouxireth Urpín, expresó que en varias oportunidades han tratado de dialogar sobre el caso con la decana Patricia Mitchell y  los voceros del consejo comunal Guzmán Lander A, pero no ha sido posible.

Dijeron que están haciendo gestiones ante la comuna de la parroquia El Carmen, del municipio Bolívar y que ayer un inspector de inteligencia del Estado, de apellido Pérez, se reunió con ellos para pedirles que se mantuvieran organizados sin invadir. Ratificó que el área demarcada pertenece a la universidad.

“Este espacio se ha convertido en un basurero y sirve para todo tipo de fechorías. Hay un cementerio de carros quemados que supuestamente fueron robados y dejados aquí, así como varios autobuses inservibles de la UDO”.

Indicaron que hoy a las 8:00 am  se reunirán   con representantes de la sala de batalla de la referida comuna para discutir la situación y presentar el censo de las familias.

Inseguridad
Para las familias del barrio Guzmán Lander que reclaman viviendas  en terrenos de la UDO, este espacio además de ocioso representa un peligro para los habitantes de las áreas aledañas y  los mismos estudiantes. “Aquí se refugian antisociales que en ocasiones nos  han atracado. Incluso hace 15 días fui víctima del hampa para robarme”, dijo Carolina Azócar.

El Tiempo
16-02-2013

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En Sucre escasean terrenos para construir viviendas

De las 13 parcelas que en el municipio Sucre fueron decretadas por el Gobierno central como Áreas Vitales de Viviendas y Residencias, Avivir, por lo menos 2 están invadidas y en el resto aún no se construyen los urbanismos a los que obliga su utilidad pública. Si se consideran esas intervenciones, sumadas a las que se realizaron en los sistemas Metrocable y Cabletren más otras 4 expropiaciones, resultan 15,61 kilómetros cuadrados de afectación para obras públicas, lo que representa 9,05% del territorio municipal. Eso contrasta, por ejemplo, con el crecimiento del barrio José Félix Ribas cuyos habitantes buscan ofertas de inmuebles en las zonas urbanas ante la imposibilidad de construir en su sobresaturado sector. Tatiana Noguera, presidente del Instituto Municipal de Vivienda, dice que no entiende para qué se ha afectado una porción importante del municipio Sucre, si no se van a ejecutar los proyectos. "En una primera inspección de 7 terrenos en La Urbina, Boleíta Sur y Palo Verde, observamos que 2 de ellos están invadidos por personas que no tienen vivienda y los otros 5 son utilizados como estacionamiento. En relación con las 4 expropiaciones, sólo la de La Urbina tiene un conjunto residencial formal de la Misión Vivienda, mientras que en la de Campo Rico apenas se ve el movimiento de tierra para edificar 350 apartamentos", señala. Gustavo Rivas, director de Catastro en Sucre, explica cuán limitada es la capacidad del municipio para construir viviendas: "El caso del barrio José Félix Ribas no es muy distinto del resto de Petare Norte o Sur, pues son sectores que, desde el punto de vista urbanístico sólo pueden crecer verticalmente. En el municipio Sucre, Mariches ­que es la única área de expansión con alto potencial de oferta de terrenos­ tiene una accesibilidad muy restringida. Sus habitantes demoran por lo menos dos horas para trasladarse hasta el casco urbano de Petare". En cuanto a planes para el área periurbana, específicamente en Parque Caiza, el funcionario asegura que no tiene información sobre la construcción de una ciudad socialista cerca de la urbanización Karimao. "Hay que recordar que quienes pudieran vivir allí necesitan de un transporte público que los traslade en tiempo justo hasta el área urbana, sin que eso implique madrugar para viajar dentro del propio municipio". Agrega que en un país donde funcione correctamente la planificación urbana, al dueño de un terreno ocioso se le darían facilidades para construir viviendas. "Se le exoneraría el pago de impuestos por cierta cantidad de tiempo. Así debería ser y no a través de esa figura de Avivir, que violenta el derecho de propiedad", sostuvo. Solicitudes. La escasa oferta inmobiliaria impulsa la actuación del Movimiento de Pobladores Gran Mariscal de Ayacucho, que ha hecho presión para conseguir terrenos. Betsi Camacho, vocera de ese comité, indicó que ya fue presentada la solicitud para el desarrollo de un urbanismo en la calle 10 de Lomas del Ávila. "No somos invasores, como lo quieren hacer ver, y tampoco apoyamos las ocupaciones ilegales. Como poder popular constituido queremos resolver nuestro problema de vivienda respetando la zonificación de área y sin perjudicar a los vecinos. En diciembre del año pasado solicitamos ante el Ministerio de la Reconstrucción de Caracas que se hiciera una evaluación del terreno para saber si se pueden construir viviendas", afirmó. DANIEL PALACIOS YBARRA

El Nacional
18-02-2013

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Complejo hotelero Gran Caribe es un cascarón vacío

Está lejos de cristalizarse el último plan del Gobierno para rescatar los dos emblemáticos hoteles de Vargas: el Meliá y el Sheraton

En 2009 arrancaron las obras de uno de los tantos proyectos de recuperación
Caraballeda.- El anunciado Complejo Hotelero Gran Caribe, la última promesa realizada en 2011 sobre los espacios de los antiguos Macuto Sheraton y Meliá Caribe, no podrá ser disfrutado, como fue ofertado, a mediados de este año. La aseveración la hacen desde arquitectos y constructores hasta los propios trabajadores playeros, vecinos inmediatos de las estructuras, en donde desde septiembre del año pasado no hay obreros. Solo quedó allí personal de seguridad para impedir el acceso al complejo y una cuadrilla que mensualmente limpia los espacios.

Aunque el último anuncio hecho por el ministro de Turismo, Alejandro Fleming, en octubre de 2012, contemplaba iniciar en esa fecha "el levantamiento de la obra, cuya culminación está prevista para mediados de noviembre de 2013", al asomarse a lo que queda de los antiguos Sheraton y Meliá, solo se observan cascarones vacíos. En el caso del Sheraton los espacios donde antes estaban los lobbies , los restaurantes y discotecas están más destruidos y golpeados que en 2007 (cuando se ofertaron otras intervenciones) y la piscinas sin arreglo en sus sistemas. En las áreas internas del Meliá fueron sacados los escombros, pero apenas quedan vestigios de que alguna vez fue un hotel de fama internacional.

"Es casi imposible que allí funcione un gran complejo hotelero en seis meses. Se denotan fallas en las estructuras, en los sistemas eléctricos, de drenajes y de aire acondicionado. Y eso es solo de las áreas comunes. Las canchas y piscinas no han sido abordadas. Supongo que las habitaciones también requieren acondicionamiento. Sería posible la recuperación, pero con un plan de trabajo agresivo, una inversión generosa y que hubiese comenzado realmente durante el último trimestre de 2012", explica el arquitecto Rómulo Leiva. Para el especialista, lo más lamentable es que los llamados "procesos de recuperación", en el caso del Sheraton, fueron para destruir lo que se conservaba en pie, mientras que en el Meliá se dejó que actuara el vandalismo.

Para otros, los hoteles son el vivo ejemplo de la corrupción del Gobierno Nacional.

"Ves una foto del Sheraton en 2007 y otra del 2009 y se visualiza que se cambiaron pisos y frisos, que estaban en buen estado y demolieron estructuras como el edificio anexo y el cine. En 2007 se presupuestaron solo para el arreglo del Sheraton Bs 43 millones, lo que incluía proyecto y reparación de servicios y habitaciones. El año pasado se habló de invertir 22,7 millones en un nuevo presupuesto, que incluía la limpieza de los dos hoteles. El proyecto final ronda los 605 millones, lo que duplica la inversión para levantar un nuevo complejo cinco estrellas", dice la arquitecto Mónica Lugo.

Más allá del incumplimiento en los lapsos, especialistas indican que este complejo nunca alcanzará los estándares de sus predecesores.

"La vocación turística del Caribe se ha visto truncada con la explosión demográfica que le impuso la Misión Vivienda. Será un hotel cinco estrellas sitiado y que enfrentará grandes fallas en los servicios", indicó el urbanista Alejandro Chacón, refiriéndose a los siete superbloques que se levantan en terrenos adyacentes a los hoteles, donde siempre se proyectó un centro de convenciones.

ADIÓS A LA VILLA OLÍMPICA

La idea, de acuerdo al Gobernador de Vargas, Jorge García Carneiro y al Ministro Alejandro Fleming era que el Complejo Hotelero Gran Caribe sería la villa olímpica de los III Juegos Suramericanos de Playa, que se celebrarán a finales de 2013 en el estado Vargas.

La I y II etapa de rehabilitación contemplaba el levantamiento topográfico, la elaboración de planos, remoción de escombros y proyectos de arquitectura, así como la contratación de personal de seguridad y la acometida de los servicios. La III etapa sería el acondicionamiento del complejo.

A pesar de que voceros de la Gobernación de Vargas insisten en que estos espacios estarán disponibles, el ministro de Deportes, Héctor Rodríguez, aseguró que están en la búsqueda de otras locaciones de alojamiento. La aseveración la hizo en su última visita al estado, cuando supervisaba los espacios deportivos que serán utilizados. Aunque no quiso referirse a los lapsos y retrasos de Minturismo, por no ser su competencia, aclaro que ya estudian otras opciones, como las instalaciones del Club Privado Puerto Azul o alguna edificación de la Misión Vivienda que se levanta en Tanaguarena. Estos juegos dejan en claro el déficit hotelero en la entidad esta zona del Litoral. NNA

El Universal
16-02-2013

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Sector Construcción espera tomen medidas para activar aparato productivo

Para el presidente de la Cámara de Construcción del estado Carabobo, Carlos Luís González, tras el anuncio de la devaluación de la moneda el Ejecutivo Nacional debe aplicar las normativas necesarias para activar el aparato productivo del país, pues a su juicio la medida por sí sola no produce ningún beneficio para el sector.

González señaló que la devaluación se produjo de manera tardía, y debió realizarse con antelación con el fin de evitar paralizar el aparato productivo. Explicó que en el gremio de la construcción existía una preocupación por el retraso en la información otorgada por los proveedores sobre los costos de los insumos. “Dado a la dificultad para obtener las divisas se estaba tomando el valor de un dólar paralelo que nos estaba afectando con el alza de los precios”.

El representante del sector manifestó que los entes gubernamentales deben facilitar la adquisición del dólar oficial, con el fin de evitar el incremento de los costos. Detalló que de no abrirse la posibilidad de obtener las divisas al cambio oficial, se produciría un recargo adicional que se traduce en el encarecimiento de los insumos y la paralización del aparato productivo.

María E. Velazco | mvelazco@el-carabobeno.com

El Carabobeño
10-02-2013

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"Misión Vivienda es una mezcla de engaño y manipulación"

Marco Negrón: "Se está engañando a la ciudad al venderle como una solución algo que traerá más deterioro y desarticulación"
"Lo que se hace, para decirlo de una manera brutal, es replicar la torre de David en toda Caracas" "Se trata sobre todo de una estrategia electoral, y más que una casa lo que se ofrece es la esperanza de tener una"

A dos años del lanzamiento del programa estrella del Gobierno, el profesor del doctorado de Urbanismo de la UCV y asesor del Instituto Metropolitano de Urbanismo Marco Negrón se atreve a nadar contracorrriente y calificar a la Misión Vivienda como "un gran engaño".

-¿Cómo le explica a una persona que perdió su rancho en un deslave y que recibió a cambio un apartamento en la avenida Libertador que todo es un engaño?

-Yo estoy hablando de un engaño social, no individual. Obvio, esa persona estará eternamente agradecida con el gobierno, a menos que tenga lugar un terremoto, por ejemplo, y ocurra una desgracia porque por el apuro no se respetaron las normas sísmicas. Se está engañando a la ciudad en su conjunto, diciendo que se está resolviendo un problema y en realidad causando deterioro y desarticulación, construyendo un montón de edificios sin mejorar servicios. 225 nuevos edificios alrededor de Fuerte Tiuna y ni un proyecto de vialidad, todos sus habitantes saliendo por la colapsada Valle-Coche. Además que son edificios de mala calidad y sin espacios públicos.

-Tal vez estas viviendas se critican desde una visión muy de clase media, pues al fin y al cabo esas viviendas, con todas sus limitaciones, son mejores que un rancho...

-¡Pero es que una ciudad se tiene que construir a partir de esa visión! Lo que pasa es que ahora lo que se está haciendo, para decirlo de manera brutal, es replicar la torre de David por toda la capital. La gente olvidó el gran ejemplo que es El Silencio, que reproduce el patio de una casa colonial, solo que es un patio colectivo. Todos esos edificios que ahora hacen no tienen ni un patiecito.

-Muchos dicen que no se había visto tal auge constructor en la capital...

-Es que pasaron diez años sin construir prácticamente nada, y el contraste es muy grande. Han hecho un esfuerzo importante sobre todo si comparas lo que hicieron en los primeros diez años. El impulso es importante (el presupuesto que se le asignó es el doble del presupuesto nacional de Guatemala) porque la Misión Vivienda es una estrategia electoral, y sobre todo en la capital debía notarse. 30.749 viviendas se construyen en la capital de un total de las 200 mil que prevé la misión entre las construidas entre el Estado y el sector privado. Pero si hablamos de casas cada mil habitantes, entre 2011 y 2012 han hecho algo así como 3,5 viviendas por cada cien mil habitantes a nivel nacional. Es lo mismo que se hizo entre 1989 y 1998, que fue un periodo más deficiente en esta materia si se le compara con las décadas del 70 u 80.

-Pero solo en 2012 hablan de casi 200 mil viviendas, y eso es mucho más que 3,5 por cada mil habitantes...

-Cuidado con los números, porque para decir que cumplieron las metas recurren a la manipulación estadística. Más de 89 mil de esas viviendas (45% del total) no fueron construidas ni por el Estado ni por el sector privado sino por lo que llaman el sector popular. Son sustituciones de ranchos por viviendas de bloques, no se trata de nuevas unidades, y eso jamás se ha incluido en la estadística. Son hechas por la gente y en espacios urbanos que casi siempre son inadecuados, sin servicios, en terrenos en riesgo en muchos casos. Y ahora dicen que para este año el 61,3% de las viviendas serán hechas por el sector popular.

-¿Y eso no es un logro? Podrían decir que ahora "el pueblo" hace sus casas.

-Aquí siempre el principal constructor ha sido la propia gente, más allá de la calidad de estas construcciones. Pero es un descaro exhibir esto como un logro de la política de vivienda, eso jamás lo había hecho ningún gobierno. Y no, no es ningún logro: Los barrios están en una situación de riesgo muy alta y eso se está consolidando. ¿Cómo vas a presentar como un logro convertir un rancho en una casa si esa casa sigue en un terreno inestable o en un barrio sin servicios, sin atención?

-¿Y por qué se abandonó el programa de rehabilitación de barrios al principio del gobierno de Chávez?

-Se impuso la visión militar de la reubicación forzosa, de las grandes ciudades formadas a partir de nada. Pero mira todos los problemas de agua y de transporte que tiene Ciudad Caribia con apenas el 5% de la población que en teoría albergará. Es el mismo modelo que ya nadie utiliza porque en todo el mundo fracasó.

-¿Es un modelo sostenible?

-A largo plazo no. La Misión Vivienda es una operación electoral y lo que ofrece es sobre todo una esperanza, como una lotería: pocos ganan, pero todos piensan que pueden ganar. Se mantendrá mientras haya elecciones en el horizonte. Más allá no. Idealmente, el Estado no tendría que regalar viviendas sino crear condiciones para que cada quien pueda adquirir una y ocuparse de lo que no puede hacer la gente: vialidad, espacios públicos, servicios.

JAVIER BRASSESCO , MARCO NEGRÓN , URBANISTA

El Universal
10-02-2013

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Cámara Inmobiliaria de Venezuela: Urgen políticas más completas que la devaluación para sanar la economía

El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, señaló que la devaluación anunciada por el ministro de Finanzas, Jorge Giordani, es la consecuencia de la política centralizadora, partidista, y excluyente del Gobierno, que ha disminuido la producción nacional e incluso ha afectado el principal ingreso de divisas de Venezuela, como es la industria petrolera, llevando al país a una urgencia monetaria. "Los venezolanos estamos pagando justos por pecadores, y ahora es tiempo de enmendar", enfatizó Martini Pietri.

Destacó el presidente del gremio inmobiliario que esta devaluación, que significa pasar de pagar Bs.4,30 a Bs.6,30 por dólar estadounidense, afecta directamente el bolsillo de los venezolanos ya que causará más inflación. Ante ello, y entendiendo que la devaluación era algo "inevitable" debido a las políticas del Gobierno, el sector privado, especialmente el de la promoción de viviendas, está preparado para asumir el reto de incrementar la producción y así llevar bienestar real a la sociedad, dijo Martini Pietri.

"Ningún país que esté bien económicamente necesita devaluar su signo monetario, eso es así. Es obvio que urgen políticas más completas para sanar la economía venezolana. ¿Qué nos ha llevado hasta este punto? Anteriormente las empresas básicas de Guayana podían exportar sus productos, hoy en día ni siquiera pueden abastecer el mercado nacional. Nuestra industria petrolera, el principal ingreso de dólares que tiene el país, ha mermado también en su producción. Lo otro que afecta, y eso es harto conocido por toda la población, es que parte importante de los recursos del Estado son destinados a actividades no productivas, entre ellas la propaganda política", explicó Martini Pietri.

De acuerdo con Martini Pietri, la mejor solución para que todo el país "unido y en paz" pueda salir de esta crisis es apostando al crecimiento de la producción nacional, tanto privada como pública. "Todos los sectores están deprimidos por las políticas confiscatorias, por las expropiaciones, por las leyes burocráticas y partidistas, por la misma falta de divisas para importar materiales necesarios. ¿Cómo vamos a diversificar la economía si no se permite el emprendimiento económico y empresarial? ¿Cómo vamos a tener nuevas fuentes de ingreso de divisas distintas al petróleo para evitar nuevas devaluaciones? Tenemos que empezar por revisar todos estos obstáculos para el desarrollo productivo, tenemos que generar confianza y garantizar la seguridad jurídica de las inversiones", expresó el presidente de la Cámara Inmobiliaria.

En cuanto al sector inmobiliario, Aquiles Martini Pietri declaró que la devaluación impacta también en las aspiraciones de vivienda de la población. "Reconocemos el esfuerzo de la Misión Vivienda, pero recordamos que el propio Gobierno dijo que hacen falta 2.7 millones de viviendas, y eso sin contar el aumento de la población en los siguientes años. Todavía hay miles de damnificados que desde hace mucho tiempo esperan viviendas, y con la devaluación y el efecto inflacionario sus vidas serán más difíciles. Ahora, más que antes, es necesaria la participación del sector privado, que no la han permitido por razones políticas. Solo con el trabajo conjunto entre las empresas y el Estado se podrá agilizar la construcción de viviendas, lo que impulsará a su vez el trabajo en otros sectores vinculados. Con una política amplia de apertura económica y productiva podemos superar los problemas de Venezuela", afirmó Martini Pietri.

Puntualizó que las políticas económicas que tome el Gobierno deben tener como fin el bienestar de todo el pueblo venezolano, y que si fue necesario realizar una devaluación por un déficit monetario, esa decisión debe estar acompañada de otras que eliminen las causas del déficit.

Prensa Cámara Inmobiliaria de Venezuela
09-02-2013

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Aquiles Martini: 41,55% cayeron las ventas de apartamentos en Caracas

Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), informó que 41,55% cayeron las ventas de apartamentos en la Gran Caracas, 44% es la caída en este trimestre en lo relacionado a las ventas de oficinas y 35% caen las ofertas de los locales comerciales.

"Eso quiere decir que el mercado inmobiliario, está en un franco deterioro, como consecuencia de la implementación de políticas que no han sido nada estimulantes", dijo.


Manifestó que con relación al tema financiero, asegura que los recursos no llegan a la banca, "vemos que los recursos de Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), en lo que tiene que ver con vivienda, los recursos y subsidios no terminan de llegar. Vemos como aparecen cheques en otras partes".


Recordó que según un informe realizado por Transparencia Venezuela, la Gran Misión Vivienda Venezuela, arroja números muy por debajo de los que debería mostrar, "La Gmvv tiene grandes lagunas en todos sus ámbitos, además vemos cómo se entregan edificaciones que no tienen todos los servicios y tampoco toda la permisología. La propiedad social no les da la posibilidad a los beneficiarios de ser propietarios de sus viviendas. No la pueden alquilar, heredar o vender y además existen aún damnificados, el propio ministro dijo que hay más de 10 mil familias refugiadas. Se debe reconocer que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, pero no podrá construir él solo las 380 mil viviendas y vemos cómo se sigue jugando con los números cuando observamos que incluyen viviendas que han sido reparadas y son realmente sustitución de rancho por casa".


Denunció que los nuevos presupuestos de las cementeras del Estado, hablan de un incremento presupuestario de 30% pero sus metas de producción están por debajo de las que realmente produjeron y que Sidor no le estaba despachando a la Gmvv porque no le paga.


"Sin la participación del sector privado, no lograrán las metas. Es necesario modificar la Ley de Arrendamiento, esa norma que genera pánico. Se deben sincerar las cosas en la Gmvv, es necesario reformar los paradigmas hipotecarios y financieros en temas como 0800MIHOGAR", finalizó.


Entorno Inteligente
08-02-2013

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Propietarios piden cambios en la Ley de Alquileres

Propietarios piden cambios en la ley pues afirman que al centralizar todo, los procesos ahora son más lentos. Así lo indicó Roberto Orta Martínez, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles.
"70% de los propietarios de los barrios tienen inquilinos y la mayoría de los propietarios son de la tercera edad, quienes han invertido sus jubilaciones en remodelar sus viviendas".
Por su parte, la coordinadora del comité de Viviendas en Alquiler, Marisa Fariña, dijo que la Ley de Alquileres no apoya al pequeño propietario. Resaltó que el Estado no ha generado políticas para satisfacer la necesidad de viviendas en el país.
El miembro del Movimiento de Inquilinos, Rigel Sergent, defendió la ley y dijo que antes se desalojaba a los inquilinos sin razón alguna "y la ley lo detuvo".
"La ley plantea una instancia administrativa para el diálogo y la conciliación ante el desalojo".

El Mundo
08-02-2013

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Ley de Arrendamiento ha centralizado y ralentizado los procedimientos

El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles, Roberto Orta Martínez, considera que la Ley de Arrendamiento ha centralizado la labor de 500 tribunales de municipio, 335 oficinas municipales de inquilinato y la Dirección de Inquilanato a oficinas provisionales, aumentando los lapsos de espera por trámite a ocho meses.

El Tribunal de Consignaciones tiene 10 meses cerrado, por lo que no hay pagos en arrendamientos desde el 2012.

Roberto Orta Martínez declaró en Unión Radio,  que no hay refugios para las personas que tienen un lugar alquilado y deben ser ubicadas en otro lugar.  “El 70% de los propietarios de los barrios tienen inquilinos, hay propietarios de los sectores populares y la mayoría de los propietarios son de la tercera edad, que invirtieron sus jubilaciones en remodelaciones de sus infraestructura”. Pide cambios en la ley porque al centralizar los procesos están siendo más lentos.

Por su parte, el coordinador del Comité de Viviendas en Alquiler, Marisa Fariña, indicó que la Ley de Arrendamientos no “apoya al pequeño propietario” asegurando que no hay resultados productivos del mismo instrumento legal. Además resaltó que el Estado no ha generado políticas para satisfacer la necesidad de viviendas.

Afirmó que la ley es casi exclusivamente “para sancionar al propietario”.

Finamente el miembro del Movimiento de Inquilinos, Rigel Sergent, defendió el instrumento legal al señalar que antes se desalojaba a las personas sin razón alguna. “Desde el 2005 participamos en los desalojos y los paramos”.

Estima que desalojar a las personas que no tengan donde ir es “inhumano”, y pidió diálogo y conciliación. “La ley plantea una instancia administrativa, que puede ser la Superintendencia, con unos procedimientos”

Sergent manifestó que en el marco de una política de vivienda y la creación de la Inmobiliaria Nacional, promoverá nuevos inmuebles y soluciones.

Unión Radio
07-02-2013

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AFP: Venezuela cumple 10 años con control de cambio ante el fantasma de una devaluación

Venezuela cumple este martes una década bajo un rígido control de cambio, que según expertos ocasionó un 'boom' de las importaciones y no logró frenar la fuga de capitales ni la inflación, a la vez que ha vuelto a dejar al país ante la alternativa de una devaluación, según analistas.

Frente a las críticas, el vicepresidente Nicolás Maduro afirmó hace unas semanas que el control de cambio ha "funcionado bien", aunque aceptó que "se puede mejorar".

El fin de semana, el primer vicepresidente del BCV, Eudomar Tovar, afirmó que "no hay condiciones para un ajuste cambiario".

La consultora Econométrica en tanto, estima que la devaluación tendrá lugar en "algún momento del primer trimestre" pese a la incertidumbre política que vive el país debido a la salud del presidente Hugo Chávez, que está hospitalizado en La Habana desde el 10 de diciembre tras una recaída del cáncer.

Para el economista Efraían Velásquez, director del Consejo de Economía Nacional -que asesora al Ejecutivo-, el gobierno requiere una devaluación porque "aumenta los ingresos fiscales, promueve las exportaciones no petroleras y desestimula las importaciones".

Fuga de capitales

En febrero de 2003, el gobierno de Chávez puso en vigencia el sistema para frenar una aceleración de la fuga de capitales tras el paro en la industria petrolera, organizado por detractores de Chávez a finales de 2002.

Las finanzas públicas se tambaleaban en 2002 con una caída de 20% de las reservas monetarias del país, según cifras de la consultora Ecoanalítica.

"Era la única medida que tenía a la mano el Ejecutivo para evitar un colapso de la economía", dijo a la AFP el director de esa firma, Asdrúbal Oliveros.

Aunque consideran que el control cambiario era en ese entonces necesario, muchos expertos observan que en esta década no ha evitado la fuga de capitales, que estiman en unos 145.000 millones de dólares, según cálculos de Ecoanalítica.

"Ese es dinero que no se ha quedado en Venezuela para estimular procesos de inversión interna y hacer crecer el aparato productivo", opinó Oliveros.

Boom de importaciones

Los analistas señalan que la medida también ocasionó un incremento sin precedentes de las importaciones, de las cuales Venezuela es altamente dependiente debido a su deficiente producción interna.

"Lo que necesita el gobierno es desestimular las importaciones", estimó Velásquez. "Si no devalúa tiene el problema cambiario que tiene hoy", es decir, "la presión sobre el mercado alternativo (de divisas) y (el aumento) de la inflación por el tipo de cambio" paralelo.

La tasa oficial está fijada en 4,3 bolívares por dólar para compras de bienes básicos y a 5,3 para otros sectores menos prioritarios. Según los expertos, esta tasa sobrevalora hasta en un 50% el bolívar, lo cual hace que sea más barato comprar en el exterior que producir.

Cuando se implementó el control, el país importaba menos de 15.000 millones de dólares al año y en 2012 las compras venezolanas cerraron en un récord de 56.000 millones de dólares, según el BCV.

Esa tasa "artificial" ha hecho que en Venezuela "sea un negocio importar de todo", opinó a la AFP el director de la consultora Econométrica, Ángel García Banchs. "A 4,30 es negocio hasta importar arepas (panecillo de harina de maíz típico de la dieta venezolana )", añadió.

Más restricciones e inflación

En esta década, el gobierno ha restringido cada vez más la entrega de divisas a los empresarios y la población, que deben realizar engorrosos trámites para obtenerlas a una tasa oficial ante organismos como la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).

Los trámites y las restricciones también retrasan las importaciones, generando escasez de productos básicos como azúcar o harina y materias primas, lo cual presiona fuertemente la inflación, que en 2012 cerró en 20,1%, la tasa oficial más alta de Latinoamérica.

"Hoy, el sector privado es totalmente dependiente de las divisas del Estado" para importar, afirmó García Banchs, que advierte que no existe una política establecida para su asignación, excepto dar preferencia a los sectores de salud y alimentos.

Si un ciudadano quiere viajar al exterior Cadivi le entrega una vez al año 500 dólares en efectivo y un máximo de 3.000 dólares para compras con tarjeta de crédito a la tasa oficial, dependiendo del destino y la duración del viaje.

El control cambiario también ha generado un mercado negro en el que las divisas se venden muy por encima del valor oficial y cuya tasa está prohibido publicar.

Globovisión
07-02-2013

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Conozca los subsidios, tasas sociales y financiamiento de la Misión Vivienda

La Misión Vivienda reúne la política del Estado en materia habitacional desde su lanzamiento en abril de 2011. Incluye programas de subsidios y fijación de tasas bajas para los préstamos.

Subsidios
El esquema aprobado por el presidente Hugo Chávez en 2011 plantea un subsidio de hasta 100% para las familias que tengan ingresos mensuales menores al salario mínimo (2.047,48 bolívares). Quiere decir que estas personas no cancelan nada por su vivienda. Se trata, sin embargo, de un subsidio total de carácter temporal (máximo dos años), mientras la familia logra superar su situación económica.

Quienes devenguen un salario mínimo mensual, cuentan con 80% de subsidio; dos salarios mínimos, 54,1% de subsidio; tres salarios mínimos, 30% de subsidio, y hasta cuatro salarios mínimos, 10% de subsidio.

El costo de las casas está situado en un máximo de 300.000 bolívares, con plazos de financiamiento de hasta 30 años.

La Misión tiene como prioridad a quienes perdieron sus casas como consecuencia de las intensas lluvias. Son personas que se vieron forzadas a ocupar terrenos inestables dada la imposibilidad que durante décadas tuvieron para adquirir un techo óptimo.

El 18 de enero pasado, tras sostener una reunión con representantes de las bancas pública y privada para definir las nuevas condiciones de la cartera hipotecaria para 2013, el coordinador del Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, Rafael Ramírez, precisó que el Gobierno Bolivariano aprobó recursos para el subsidio habitacional de 2011 y 2012 por 1.578 millones de bolívares y 1.219 millones para cancelar el último trimestre del año pasado.

Asimismo, dijo que trabajan en el subsidio de 2013 "para la disponibilidad inmediata de ese dinero con el propósito de no afectar a la población que utiliza estos recursos. Igualmente, vamos a hacer las estimaciones de este beneficio". Anunció, además, que diseñan una metodología para la entrega de estos recursos.

Tasas sociales
Las tasas de interés de los créditos por la Misión Vivienda también son de carácter social y responden a lo que ganan las familias.

El presidente del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), Mario Isea, dijo -en la reunión del 18 de enero- que los grupos de menores ingresos cuentan con tasas que oscilan entre 4,6%, 6,91% y 9,16%.

Cartera hipotecaria
La banca nacional tiene la obligación legal de destinar, al menos, 15% de su cartera total de créditos al sector hipotecario, tanto a préstamos a corto plazo (para la construcción) como a largo plazo (el que reciben las familias para la adquisición de viviendas).

Entre 2011 y 2012, la Misión Vivienda contó con 80.000 millones de bolívares, "una inversión sin precedentes", de acuerdo con Ramírez.

De esa cifra, "una parte importante vino de la cartera hipotecaria", dijo el también ministro para Petróleo y Minería, al tiempo que recordó que el año pasado se dispusieron 28.863 millones de bolívares por esta vía.

"Se están ajustando los números para 2013 y atendiendo la distribución, y queremos que la banca se comprometa a otorgar más créditos a largo plazo y a cumplir 100% los créditos a corto plazo que son para la construcción, así como el tema de las ampliaciones y mejoras", sostuvo el 18 de enero.

El marco legal dictado en marzo de 2012 prevé que 66% de la cartera hipotecaria debe destinarse a la construcción, 26% a la adquisición de vivienda principal y el restante 8% para la autoconstrucción.

Dentro de la cuota destinada a construcción, 55% queda en manos del Órgano Superior del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, que establece los mecanismos para la transferencia y uso de esos recursos, así como las familias que se beneficiarán con las viviendas que con ellos se levanten.

El restante porcentaje se distribuye de la siguiente manera: 40% para la construcción de viviendas con un valor máximo de 300.000 bolívares, para grupos familiares con ingresos de entre tres y seis salarios mínimos; 35% para viviendas con un precio de hasta 400.000 bolívares, destinadas a familias con ingresos de entre seis y ocho salario mínimos, y 25% va para viviendas con valor máximo de 500.000 bolívares, para grupos familiares con sueldos mensuales de entre ocho y 15 salarios mínimos.

En estos casos, el Órgano Superior de Vivienda también establecerá con el Banavih el procedimiento para la selección de proyectos que financiarán las instituciones bancarias.

Mientras, del 26% de la gaveta hipotecaria que se empleará para la adquisición de vivienda principal, 75% será para grupos familiares con ingresos de entre tres y seis salarios mínimos y 25% para familias con ingresos de entre seis y 15 salarios mínimos.

Para la clase media
La clase media también cuenta con opciones dentro de la Misión Vivienda. Aquellas familias con ingresos que están por encima de los cuatro salarios mínimos mensuales (8.189,92 bolívares) y menores a 15 salarios mínimos (30.712,2 bolívares) y, por ende, quedan fuera del subsidio directo, tienen la posibilidad de formar parte del Plan 0800MIHOGAR, anunciado por Chávez en agosto de 2012.

Este programa les permite adquirir las casas sin inicial y con un plazo de pago de 30 años. Las tasas de interés son preferenciales, en forma de subsidio indirecto: 10,5% al constructor y 6,91% a los familias con ingresos mensuales de entre cuatro y seis salarios mínimos; 9,19% a las que ganan entre siete y ocho salarios mínimos; y 11,42% a las que reciben entre nueve y quince salarios mínimos.

La familia empieza a pagar cuando la vivienda esté lista, a un precio máximo de 540.000 bolívares, precisó en octubre de 2012 el viceministro de Planificación y Políticas del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, Nelson Rodríguez.

Los jefes de familia pueden registrarse a través de una llamada telefónica al 0800MIHOGAR (0800-6446427), un mensaje de texto al número 8421 o en el portal web www.granmisionviviendavenezuela.gob.ve.

Luego, serán contactados para verificar los datos y conocer los proyectos en construcción en sus sectores, que son financiados con recursos provenientes de la cartera hipotecaria obligatoria.

Si la persona decide adquirir la vivienda en un determinado complejo urbanístico (ejecutado por constructoras privadas o por el Estado), firma un documento en el que expresa su voluntad y comienza con el banco el proceso para gestionar el crédito a largo plazo a fin de adquirir su casa.

El tope de precio y que la construcción no supere los 18 meses son los requisitos principales para que las constructoras puedan participar en este programa.

El Mundo, Economía y Negocios
06-02-2013

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Dueña de vivienda en Candelaria aún vive en el pasillo del Doralta

Inquilinos se niegan a devolverle su apartamento en el edificio Doralta

Diosana Arrieta, madre de Meira Pacheco, acompaña a su hija desde hace 15 días porque tampoco tiene recursos para pagar un alquiler
JORGE HERNÁNDEZ
Dos adultas mayores, una con cáncer de mama y la otra con un tumor en el cerebro, duermen en el pasillo del piso 15 de las residencias Doralta de la parroquia Candelaria porque sus inquilinos se niegan a entregarles su apartamento desde hace seis años. Diosana Arrieta y Meira Pacheco, madre e hija, tomaron esa medida porque ya no cuentan con recursos para arrendar una habitación para vivir en Caracas en mejores condiciones.

Pacheco cumplió un mes viviendo en el pasillo frente a su apartamento (151), ubicado en la avenida Este 2 con esquina Sur 23 de Candelaria. Mientras que Arrieta la acompaña desde hace quince días porque sus ahorros no le dan para conseguir un cuarto para sobrevivir a sus 79 años.

"Me da miedo que mi hija esté sola en este pasillo. Me vine a vivir con ella en precarias condiciones por falta de recursos. Ninguna autoridad del Gobierno nos ha ayudado a recuperar nuestra vivienda", relató Arrieta, quien también sufre de afecciones cardíacas y tiene un marcapasos en su cuerpo.

Las afectadas colocaron una cortina en el pasillo de entrada hacia su apartamento para protegerse del frío cada noche. A pocos metros, una cadena y un candado asegura una de sus maletas a la reja de la vivienda para evitar perder algunas de sus pertenencias. "Los inquilinos pasan cada mañana por un lado sin hablarnos. Ellos introdujeron una medida cautelar en tribunales porque consideran que somos peligrosas, dos mujeres de 58 y 79 años", relató Pacheco.

Ambas propietarias son ayudadas por sus vecinos cercanos, quienes les llevan comida cada día y les permiten usar el baño para hacer sus necesidades básicas. "Mis vecinos nos regalaron cobijas, una colchoneta delgada, una silla vieja y algunos platos usados para comer. A un lado colocamos la andadera y las muletas de mi madre, quien tiene problemas en sus huesos.

Las propietarias arrendaron la vivienda de 90 m2 con tres habitaciones y dos baños en octubre de 2000. "En octubre de 2006 les envié un segundo comunicado para informarles que no se renovaba el contrato y que debían desocupar mi casa como le estipulaba la ley. Ellos solo pagan Bs 375 al mes. Pero por problemas de insuficiencia de saldo en mi cuenta, el banco me la canceló y no recibo medio"

Pacheco y Arrieta son apoyadas por la Junta de Condominio del edificio Doralta. "Nos ayudan a recoger firmas para solicitar la salida de los inquilinos y volver a nuestra casa".

El Universal intentó contactar dos veces a la inquilina, Carmen Hernández, sin éxito.

EL CASO

• En la Superintendencia Nacional de Arrendamientos Meira Pacheco no pudo conciliar con sus inquilinos en 2012.

• El caso de las propietarias del apartamento 151 del edificio Doralta fue denunciado ante el Juzgado Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana en Los Cortijos para citar a las partes e intentar una salida judicial de sus inquilinos.

• En dos oportunidades la audiencia de Pacheco ha sido diferida por actos oficialistas y marchas del Ejecutivo.

El Universal
09-02-2013

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Rechazan construcción de clínica en La Boyera

Vecinos de la Boyera rechazan la construcción de la clínica privada / Leonardo Guzmán

El terreno de la avenida 1, que tiene 4.280 metros cuadrados, ha sido sometido a varios procesos legales. Vecinos consideran que se deteriorará su calidad de vida.

En un terreno de la avenida 1 de La Boyera, que es baldío y está cubierto de maleza, se proyecta la construcción de una clínica de seis pisos y cuatro sótanos. Pese a que aún no ha comenzado la obra, los vecinos rechazan las intenciones de hacerla. Varias organizaciones señalan que con ese centro de salud se deteriorará la calidad de vida de los habitantes de la urbanización.

Mireya Betancourt, presidente de la Asociación de Propietarios y Residentes de la urbanización La Boyera, indica que no es adecuado construir un inmueble de esas dimensiones en una zona residencial –allí habitan más de 600 familias–. Apunta que, entre otras cosas, se colapsará la entrada y salida de vehículos.

Enrique Arencibia, vicepresidente de la organización vecinal, agrega que habrá problemas con los servicios básicos. Para él, no es necesaria una clínica en esa avenida, pues está muy cerca del Centro Médico Docente La Trinidad. Además, dice, se prestarán servicios de medicina robótica –para atender casos de traumatología, oftalmología y otras especialidades–. “Es decir, si una persona tiene un infarto, de nada le servirá que el centro de salud esté allí”.

Rosa Fermín, integrante de la asociación de vigilancia, afirma que la parcela –que tiene 4.280 metros cuadrados– está afectada por la inestabilidad. Hay torrenteras, dice, que pasan bajo el terreno y lo debilitan. “Si construyen ese edificio tan grande, esta calle se puede venir abajo”. Señala que podría afectarse la estructura del templo que se encuentra al lado.

Los vecinos aseguran que ese proyecto no fue aceptado por la comunidad. Kyra Tortello, habitante del sector, señala que en una asamblea realizada en octubre de 2010 se rechazó la propuesta, justamente por considerar que traerá más daños que beneficios.

Asuntos legales. Las protestas de los vecinos comenzaron hace un par de años. Arencibia –que es abogado– explica que las discusiones por la zonificación del terreno empezaron en la década de los sesenta.

Después de varios procesos legales –en los que se perdió el carácter público que tenía el terreno–, el Concejo Municipal de El Hatillo determinó, en 1996, que el uso de la parcela era asistencial privado. En 2011, después de una petición de los residentes, esa instancia municipal decidió revocar la decisión. Por lo tanto, no se podría construir la clínica.

Eduardo Battistini, vicepresidente de la Cámara Municipal de El Hatillo, explica que el organismo consideró que se había dado una zonificación incorrecta en 1996. Por eso comenzó el proceso de consulta en catastro. Antes de que se asignara una clasificación residencial, la empresa Servicios Asistenciales El Hatillo pidió una medida de amparo.

Arencibia recuerda que el amparo fue negado por el Juzgado Tercero en lo Civil, Contencioso y Administrativo, por lo que no se podía construir en el terreno. Sin embargo, en diciembre de 2012 el recurso fue aceptado por el juzgado segundo.

Desde entonces, los vecinos volvieron a preocuparse.

La semana pasada entregaron una carta en esa instancia para expresar su rechazo y en los próximos días realizarán protestas. “Esto no es negociable. La respuesta de los vecinos es que no queremos la clínica allí”, dice Betancourt.

Salidas

Eduardo Battistini, vicepresidente del Concejo Municipal de El Hatillo, considera que la clínica se debe edificar en otro lugar. Héctor Catalán, presidente de la Comisión de Urbanismo, Salud y Ambiente de esa instancia, opina lo mismo. Señala que debe haber acuerdos para encontrar otro terreno en el que se pueda construir sin afectar a los vecinos. Agrega que el proyecto se debe someter a consulta pública.

ARIANA GUEVARA GÓMEZ

El Nacional
13-02-2013

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Vecinos en alerta por oleada de invasiones en La Urbina

Comunidades denuncian aumento de delitos durante ocupaciones ilegales

Un contingente de la GNB permanece en el edificio Musillama, tras el desalojo del lunes
DALYLA DENNERY
En la calle 3B de La Urbina quedan los rastros de la guerra campal que se produjo por el desalojo de un grupo de invasores que permanecía en las instalaciones de un edificio que es reformado para funcionar como clínica. Los ventanales de los pisos superiores del inmueble contiguo quedaron destrozados y con múltiples impactos de balas, luego del enfrentamiento que la madrugada del lunes 11 de febrero se registró entre la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y los tomistas.

Tras la salida de alrededor de 60 familias del inmueble, los trabajadores de las empresas aledañas piden que se incremente el número de funcionarios de seguridad en la zona para evitar que la situación se repita, pues es la segunda vez que el grupo de invasores intenta apropiarse de la construcción.
Una de las propietarias que prefirió no ser identificada detalló que llevan cuatro meses azotados por los tomistas. "Esto nunca ha sido abandonado, construimos esta clínica con mucho esfuerzo y sacrificio para que esta gente entre así y destroce todas las instalaciones".

Se pudo conocer, además, que los quirófanos fueron totalmente desmantelados y otras áreas quedaron inservibles. Igualmente, los vecinos se quejaron del incremento de actividades delictivas durante la estancia de los invasores en la zona industrial de La Urbina.

"No pudimos trabajar durante tres semanas, mientras los fiscales y la GNB intentaban que se llegara a una salida pacífica porque existía una orden  de desalojo", explicó José Gómez, comerciante de la zona.

Entre tanto, el contingente de funcionarios de la GNB que permanece en el edificio recibió la orden de permanecer en grupo, pues creen que los invasores continúan rondando el sector en busca de una nueva oportunidad para volver a ingresar al recinto. "Han pasado motos y personas armadas preguntando por gente que estaba aquí", indicó otro comerciante local.

Igualmente, los vecinos señalaron que el grupo de invasores proviene de la zona 6 del barrio José Félix Ribas de Petare y tiene por negocio invadir. "Se organizan para tomar posesión de lugares que no están habitados, utilizan a niños y mujeres embarazadas como escudo y cuando sacan los enseres lo hacen en vehículos último modelo", indicó uno de los funcionarios consultados durante el recorrido que realizó El Universal por la zona.

Ahora los propietarios del edificio Musillama se encuentran reforzando las entradas para que no vuelvan a ser violadas, así como tapando un boquete que fue abierto por la parte posterior del edificio y que daba salida directa hacia la autopista Francisco Fajardo, permitiendo el ingreso y la salida de los invasores durante los 23 días que la GNB mantuvo cerrada la calle esperando alcanzar algún acuerdo.

Varios intentos de desalojos
A finales del mes de enero, los efectivos intentaron entrar al edificio para desalojar al grupo de personas que decidió ingresar ilegalmente en noviembre de 2012 para solventar su falta de vivienda. Sin embargo, en aquella oportunidad también se tornaron violentos lanzando objetos y quemando material inflamable en las afueras del lugar y así intentar evitar su salida de esa edificación.

También en enero una comisión del Ministerio de Vivienda y Hábitat trató de alcanzar un acuerdo, pero los tomistas se negaron y alegaron haber acudido a todas las instancias.

A finales del año pasado, fue frustrado otro intento de invasión en el complejo habitacional "Comunidad Socialista William Lara", situado también en La Urbina.

El Universal
14-02-2013

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En alerta vecinos de Los Erasos por intento de invasión

En dos ocasiones trataron de ocupar el estacionamiento de la Quinta Anauco

Se mantienen haciendo guardias en el sitio
VALENTINA OVALLES R.
"Aquí no queremos más malandros, nosotros conocemos a los nuestros", es la petición de los vecinos de Los Erasos, luego de que miércoles y jueves hubiesen par de intentos de invasión al estacionamiento de la Quinta Anauco, en la avenida Panteón, de San Bernardino.

Ayer, grupos de la comunidad mantuvieron guardias a las afueras del sitio en resguardo del espacio.

En noches anteriores, hordas motorizadas pasearon por el lugar con la intención de ingresar. Según el relato de uno de los empleados de la Quinta Anauco, las personas decían que se trataba de "una expropiación" y aprovechaban que el estacionamiento no tiene vigilantes, pues "no contamos con muchos recursos. Solo tenemos un sistema de alarma".

Sin embargo, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, que custodian la casa colonial, lograron evitar la toma ilegal del terreno.

Desde los incidentes, el Frente en Defensa del Norte de Caracas se activó para colaborar con la comunidad en el resguardo del espacio.

Carlos Julio Rojas, coordinador de la organización, comentó que los residentes temen que una invasión en la zona traiga conflictos al sector y mayor inseguridad.

Además, quienes habitan en Los Erasos recordaron que hace par de años habían planteado usar el sitio para la construcción de una solución habitacional para ellos. La propuesta según sería estudiada.

Las cifras que maneja el Frente en Defensa del Norte de Caracas contabilizan nueve invasiones en San Bernardino y 74 entre las parroquias Candelaria, San Bernardino y El Recreo.

El Universal
09-02-2013

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Mal vivir del barrio toma La Rinconada

En las áreas abiertas hay mucha basura, autos desvalijados y habitaciones reducidas donde los damnificados de La Vega y La Silsa de Catia viven hacinados y protegiéndose de las balas y peleas entre bandas de jóvenes dentro del hipódromo. FOTOS GUSTAV
Venezuela ⁄  "Vivíamos mejor en nuestros ranchos y casas en La Vega y en La Silsa que en el refugio Tribuna C del hipódromo La Rinconada. En más de dos años como damnificados las instalaciones se han quemado dos veces. Las balas corren entre paredes de yeso y la línea blanca o las literas hacen de escudo para mantenernos con vida", explicó Rosa Contreras, afectada.

En su cubículo de menos de nueve metros cuadrados, sin servicio de electricidad y con fuerte olor a quemado, Contreras relató que en la Tribuna C de La Rinconada el hacinamiento "es peor que en su antiguo rancho en La Silsa". "Vivimos en precariedad. Aquí hay bandas organizadas que se dedican a sustraer tuberías de aguas blancas, el cableado eléctrico y telefónico, y todo mobiliario al que puedan sacarle dinero. Desvalijan la estructura y ninguna autoridad del Ejecutivo hace nada", destacó.

Funcionarios del Ministerio de Vivienda y Hábitat, Ministerio de Turismo y de la Comisión Presidencial de Refugios Dignos (Copredig) han ofrecido en ocho oportunidades la reubicación de al menos 370 familias damnificadas de la Tribuna C en el urbanismo Ciudad Tiuna de La Rinconada y en viviendas de Vargas sin éxito.

María Crespo, damnificada de La Vega, afirmó que el pasado 28 de enero debieron salir a los edificios 35 y 36 de Ciudad Tiuna. No obstante, esas viviendas no están listas porque sindicalistas y empresa constructora "desaparecieron con los recursos", señaló.

Crespo indicó que luego de una visita de miembros del Ministerio de Turismo la noche del martes tras producirse el segundo incendio en el refugio, esta vez en el sótano por el presunto robo de cables de electricidad que generaron un cortocircuito en archivos abandonados, a los damnificados se les informó que el Gobierno no tiene viviendas para reubicarlos.

"Explicaron que buscan la contratación de una segunda empresa para culminar varias torres en Ciudad Tiuna. Nuestro padrino, el ministro de Turismo, Alejandro Fleming, solo nos visitó dos veces y más nunca volvió. Mientras, nos toca vivir entre robos a visitantes y a apostadores de caballos. Es un refugio fuera de control, venden licor a toda hora, drogas y demás armas ilegales. La Policía Nacional siempre está en la parte externa, si ocurre algo desaparecen", cuentan coordinadores del refugio Tribuna C, quienes prefirieron mantener el anonimato.

En el resto de los cubículos hay personas con cáncer de tercer grado, niños y adultos mayores que caminan por pasillos iluminados por velas luego del segundo incendio, o inundados cada noche porque las tuberías de aguas blancas son "sustraídas para venderlas".

Contreras recordó que cada familia damnificada tiene papeles de adjudicación de viviendas desde inicios de 2012. "Son puros engaños. Más de dos años protegiéndonos de este mal vivir, colocando techos improvisados en los cubículos para evitar robos. La poca comida que tenemos se pudrirá por falta de electricidad. Las tribunas están llenas de aguas negras y basura. Ahora dicen que saldremos en agosto próximo, serán tres años de vida inhumana".

Agregó que en la Tribuna A de La Rinconada viven otras 200 familias damnificadas. "A ello se suman afectados de refugios vecinos, Socialista 4F y Estadio Independencia con los mismos problemas de vivienda y convivencia", contó.

El Universal
14-02-2013

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Invasores están adueñados de la quinta La Ermita

Hacen fiestas y aparcan autos en las aceras. Han pasado 7 meses desde la toma

El desalojo de tomistas de La Ermita está en manos de la Fiscal Superior del Área Metropolitana GUSTAVO BANDRES
VALENTINA OVALLES R.
Siete meses han pasado desde que la quinta La Ermita en La Florida, que fue propiedad del expresidente Jaime Lusinchi, fue invadida por familias que decían haber sido estafadas por una persona a quien habían pagado por un espacio en la casa.

Desde entonces, vecinos de la zona denunciaron la toma ilegal y a pesar de las actuación de las autoridades los ocupantes siguen allí, más apoltronados que nunca.

La inseguridad incrementó para quienes residen en la zona. Motorizados pasean constantemente y se han hecho más comunes los asaltos a mano armada, a plena luz del día. Esta y otra invasión en una calle aledaña son los principales causantes del problema.

"Yo no camino ya ni una cuadra y así estamos todos. Para donde vaya, voy en mi carro", comentó Inés Tugues, integrante del consejo comunal de la zona.

Tras la alta pared que bordea la casa, lo poco que delata a los nuevos vecinos es un improvisado tendedero de ropa en uno de los balcones, en la segunda planta. Sin embargo, los residentes de la urbanización La Florida han visto hacer y deshacer a los ocupantes.

"Ellos se convirtieron en los dueños absolutos de esa casa", afirmó Luis Ramírez, residente de La Florida.

Según relatos de los vecinos, autos que pertenecen a los nuevos habitantes aparcan sobre la acera de la quinta.

"Esa gente que ingresó por primera vez diciendo que eran damnificados se fueron, les vendieron a otros", comentó un vecino. Presumen que son otras personas, pues estas tienen carros último modelo.

Que hacen fiestas con música a alto volumen, que ingresan materiales de construcción y sacan grandes lotes de basura son otras de las cosas que han visto quienes viven en los alrededores.

Incluso, en octubre, grupos presuntamente provenientes del exhogar de Lusinchi intentó penetrar a la fuerza en otra vivienda, ubicada en la calle Kolonia y propiedad de una señora que no estaba en el inmueble para el momento.

Autoridades al tanto

En Fiscalía el caso de invasión a La Ermita es el 01-F25-559-2012. Está a cargo de la fiscal superior del Área Metropolitana, Marisela Silva.

"Tranquilos, nosotros vamos a resolver. Los vamos a sacar de allí", ha sido la eterna promesa sin concretar.

"Hay mucha indiferencia de las autoridades. En otros municipios apenas intentan invadir sacan a la gente pero no se qué pasa en el municipio Libertador", señaló Tugues.

En el mes de julio, cuando recién invadieron, efectivos de Policaracas, intentaron realizar al menos tres desalojos, ninguno con éxito.

"Lo que reina es una pereza política", sentenció Ramírez.

El Universal
15-02-2013

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