Puntos de registro de Misión Vivienda Venezuela | AVN
Mediante una resolución, el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat
prohibió la instalación y utilización de cocinas y calentadores de agua
eléctricos en las unidades habitacionales que se construyan como parte de la
Gran Misión Vivienda Venezuela.
En consecuencia, se ordena la instalación, en todas las casas que se levanten
dentro del referido programa, de puntos de suministro de gas para calentadores
de agua, secadoras, neveras y cocinas.
Esta resolución, publicada en la Gaceta Oficial 39.695, de fecha 14 de junio de
2011, que circuló este miércoles, busca propiciar el uso racional y eficiente de
la electricidad, y forma parte del Plan de Ahorro Energético Nacional.
Este lunes, el Ejecutivo Nacional anunció medidas para el uso eficiente de la
energía eléctrica, ante la demanda elevada que ha experimentado el sistema.
Aunado a esto, el Estado ejecuta un plan para aumentar la generación, que
contempla la incorporación de 9.172 megavatios entre 2011 y 2012, entre nuevos
equipos y rehabilitación de unidades.
Mientras, la Gran Misión Vivienda Venezuela es un programa anunciado por el
Gobierno Nacional el 30 de abril, que tiene como meta construir dos millones de
unidades habitacionales entre 2011 y 2017, comenzando con 153.000 este año.
El Nacional
15-06-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
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jueves, 16 de junio de 2011
Adiós al alquiler
TalCualDigital.com
Por: Eduardo Lugo
Carla es de Barinas y está en Caracas buscando un alquiler de apartamento desde
hace cinco meses. Hasta los momentos no ha tenido suerte porque no le convencen
los requisitos de los arrendatarios.
Y es que desde el comienzo de 2011 se ha vuelto más estricto el hecho de
alquilar una vivienda en cualquier rincón del país, ya sea en la cantidad de
meses de los depósitos o en el tipo de personas a quien se les rentará un
inmueble. En pocas palabras, cada día el miedo se ha apoderado del mercado de
alquiler.
El urbanista Martín Fernández señala que las medidas adoptadas por los
propietarios se deben porque efectivamente existe temor ante todas las acciones
que ha realizado el Gobierno que van en detrimento del mercado inmobiliario.
A juicio del experto, las personas que alquilan cualquier propiedad tienen temor
de que a la final el inquilino se adueñe de la vivienda debido a la existencia
de leyes que protegen al ocupante (ejemplo la Ley contra el Desalojo y la
Desocupación Arbitraria de Viviendas).
"Las personas que alquilan lo hacen con condiciones muy estrictas, incluso, con
elevados precios", dijo. Agregó que los ciudadanos que se ganan la vida a través
de la renta tratan de promocionar las propiedades a gente conocida y de
confianza.
DISMINUCIÓN DE LA OFERTA
La oferta de arrendamientos en los medios impresos ha disminuido también. Basta
con buscar cualquier clasificado en la prensa. Se puede notar que son escasas
las personas que tratan de alquilar cualquier unidad habitacional.
Francisco Grullón, presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, declaró
que según estudios realizados la oferta en materia de alquileres ha tenido una
fuerte merma de 45%, 50% y hasta 55%.
También, apunta que otras mediciones hablan de una reducción de 90% en tan sólo
24 meses. El representante del gremio afirma que los encargados de rentar
viviendas prefieren vender que alquilar y señaló que los propietarios hacen todo
lo posible para no dejar solas las viviendas con el propósito de evitar
invasiones.
Expresó que de seguir el panorama negativo el mercado del alquiler tendrá a
desaparecer.
Tal Cual
15-06-2011
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Por: Eduardo Lugo
Carla es de Barinas y está en Caracas buscando un alquiler de apartamento desde
hace cinco meses. Hasta los momentos no ha tenido suerte porque no le convencen
los requisitos de los arrendatarios.
Y es que desde el comienzo de 2011 se ha vuelto más estricto el hecho de
alquilar una vivienda en cualquier rincón del país, ya sea en la cantidad de
meses de los depósitos o en el tipo de personas a quien se les rentará un
inmueble. En pocas palabras, cada día el miedo se ha apoderado del mercado de
alquiler.
El urbanista Martín Fernández señala que las medidas adoptadas por los
propietarios se deben porque efectivamente existe temor ante todas las acciones
que ha realizado el Gobierno que van en detrimento del mercado inmobiliario.
A juicio del experto, las personas que alquilan cualquier propiedad tienen temor
de que a la final el inquilino se adueñe de la vivienda debido a la existencia
de leyes que protegen al ocupante (ejemplo la Ley contra el Desalojo y la
Desocupación Arbitraria de Viviendas).
"Las personas que alquilan lo hacen con condiciones muy estrictas, incluso, con
elevados precios", dijo. Agregó que los ciudadanos que se ganan la vida a través
de la renta tratan de promocionar las propiedades a gente conocida y de
confianza.
DISMINUCIÓN DE LA OFERTA
La oferta de arrendamientos en los medios impresos ha disminuido también. Basta
con buscar cualquier clasificado en la prensa. Se puede notar que son escasas
las personas que tratan de alquilar cualquier unidad habitacional.
Francisco Grullón, presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, declaró
que según estudios realizados la oferta en materia de alquileres ha tenido una
fuerte merma de 45%, 50% y hasta 55%.
También, apunta que otras mediciones hablan de una reducción de 90% en tan sólo
24 meses. El representante del gremio afirma que los encargados de rentar
viviendas prefieren vender que alquilar y señaló que los propietarios hacen todo
lo posible para no dejar solas las viviendas con el propósito de evitar
invasiones.
Expresó que de seguir el panorama negativo el mercado del alquiler tendrá a
desaparecer.
Tal Cual
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Niegan que propietarios que alquilen vayan a perder sus inmuebles
"Propietarios no perderán sus inmuebles"
La defensora primera en materia de inquilinato, Ana Marina Rodríguez, desmintió
este martes, que los propietarios que alquilen inmuebles vayan a perder sus
propiedades ya que en el nuevo proyecto de Ley de inquilinato hay mecanismos
para accionar en caso de que requieran hacer uso del inmueble.
Informó que han atendido mas de 5.800 personas desde el mes de febrero hasta el
mes de mayo, "se han interpuesto 73 acciones de amparo constitucional, la gran
mayoría están esperando oportunidad para la audiencia de amparo y 4 han sido
ganadas, en ese sentido se ha hecho la restitución de las familias por vía
constitucional".
Respecto a los contratos, explicó que son de dos tipos "son verbales y escritos,
los escritos, se evidencia su existencia a través de un documento privado o
público, otorgado ante una notaria, a diferencia del verbal no existe
físicamente el contrato, se puede determinar la existencia de la relación
arrendaticia mediante el pago de los cánones de arrendamiento, por vía de
depósito bancarios, recibos otorgados por el propietario", asimismo Rodríguez
afirmó que hay que darle la misma validez, debido a que el código civil reconoce
los contratos verbales y escritos.
Reiteró que últimamente se ha dado la figura de los desalojos arbitrarios, por
lo que solicitaron al presidente de la República que procediera por vía
habilitante a dictar un decreto contra los desalojos a nivel nacional, destacó
que este decreto existía pero a nivel municipal, en el municipio Libertador.
En cuanto a la práctica de medidas arbitrarias de desalojo, sostuvo que han
logrado por la mediación que los propietarios desistan de la acción irregular e
ilegal que comporta la practica de un desalojo arbitrario.
Manifestó que la ley establece mecanismos de solución pacífica de controversias,
tales como la mediación y la asistencia a las partes en conflicto para solventar
sus diferencias, sin llegar a un procedimiento judicial. Al tiempo que reiteró
que la ley respeta la propiedad privada y también brinda asistencia legal a los
propietarios.
Explicó que se considera el derecho a la prórroga legal que establece la misma
ley en el artículo 38, de acuerdo al tiempo que tiene el inquilino habitando el
inmueble. Del desalojo arbitrario dijo "usted transfiere al inquilino la
posesión de ese inmueble y no puede usted ingresar de manera arbitraria, sin una
orden judicial o de allanamiento, porque estaría incurriendo en el delito
tipificado en el artículo 183 del código penal".
También refirió que el estado no está dejando desprotegido a ningún propietario
en el ejercicio efectivo del reclamo de sus derechos. Hizo un llamado a los
propietarios de inmuebles a que mantengan la calma, al tiempo que desmintió que
van a perder su propiedad, tienen mecanismos para accionar en caso de que
requieran hacer uso del inmueble.
Unionradio.net
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La defensora primera en materia de inquilinato, Ana Marina Rodríguez, desmintió
este martes, que los propietarios que alquilen inmuebles vayan a perder sus
propiedades ya que en el nuevo proyecto de Ley de inquilinato hay mecanismos
para accionar en caso de que requieran hacer uso del inmueble.
Informó que han atendido mas de 5.800 personas desde el mes de febrero hasta el
mes de mayo, "se han interpuesto 73 acciones de amparo constitucional, la gran
mayoría están esperando oportunidad para la audiencia de amparo y 4 han sido
ganadas, en ese sentido se ha hecho la restitución de las familias por vía
constitucional".
Respecto a los contratos, explicó que son de dos tipos "son verbales y escritos,
los escritos, se evidencia su existencia a través de un documento privado o
público, otorgado ante una notaria, a diferencia del verbal no existe
físicamente el contrato, se puede determinar la existencia de la relación
arrendaticia mediante el pago de los cánones de arrendamiento, por vía de
depósito bancarios, recibos otorgados por el propietario", asimismo Rodríguez
afirmó que hay que darle la misma validez, debido a que el código civil reconoce
los contratos verbales y escritos.
Reiteró que últimamente se ha dado la figura de los desalojos arbitrarios, por
lo que solicitaron al presidente de la República que procediera por vía
habilitante a dictar un decreto contra los desalojos a nivel nacional, destacó
que este decreto existía pero a nivel municipal, en el municipio Libertador.
En cuanto a la práctica de medidas arbitrarias de desalojo, sostuvo que han
logrado por la mediación que los propietarios desistan de la acción irregular e
ilegal que comporta la practica de un desalojo arbitrario.
Manifestó que la ley establece mecanismos de solución pacífica de controversias,
tales como la mediación y la asistencia a las partes en conflicto para solventar
sus diferencias, sin llegar a un procedimiento judicial. Al tiempo que reiteró
que la ley respeta la propiedad privada y también brinda asistencia legal a los
propietarios.
Explicó que se considera el derecho a la prórroga legal que establece la misma
ley en el artículo 38, de acuerdo al tiempo que tiene el inquilino habitando el
inmueble. Del desalojo arbitrario dijo "usted transfiere al inquilino la
posesión de ese inmueble y no puede usted ingresar de manera arbitraria, sin una
orden judicial o de allanamiento, porque estaría incurriendo en el delito
tipificado en el artículo 183 del código penal".
También refirió que el estado no está dejando desprotegido a ningún propietario
en el ejercicio efectivo del reclamo de sus derechos. Hizo un llamado a los
propietarios de inmuebles a que mantengan la calma, al tiempo que desmintió que
van a perder su propiedad, tienen mecanismos para accionar en caso de que
requieran hacer uso del inmueble.
Unionradio.net
15-06-2011
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Inquilinato solicita listas de inmuebles a administradoras
La Dirección General señala que la petición de la información se debe a que esa
instancia tiene que realizar un registro de casas alquiladas (Archivo)
Mayela Armas
El pasado 25 de mayo la Dirección General de Inquilinato envió a las
administradoras una comunicación en la cual les solicita entregar las listas de
los inmuebles que manejan en un plazo de 30 días (que vence el próximo 25 de
junio).
En esa resolución, la dirección notifica que la petición de la documentación se
realiza, debido a que entre sus atribuciones se encuentra llevar un registro de
inmuebles destinados al alquiler de viviendas.
Sin embargo, esa disposición no sólo se ha limitado a las casas arrendadas
también se ha extendido a aquellos inmuebles que están bajo el régimen de
propiedad horizontal.
Las administradoras están enviando comunicaciones a los inquilinos y
propietarios de viviendas en las que indican que "Inquilinato está solicitando
las listas de inmuebles y que es necesario anexar copias de la cédula de
identidad de los dueños y la fe de vida".
El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto
Orta, explica que hasta los momentos la dirección no ha aclarado el contenido de
la resolución, y al realizarse la petición a las viviendas que están bajo el
sistema de propiedad horizontal se ha generado confusión.
El abogado, Julio César López, apunta que esa petición de información requiere
de la anuencia de los propietarios, que quieran dar esa información, y en caso
de que decidan presentarla se necesita un tiempo superior al fijado (30 días).
Orta agrega que dicha documentación no se puede exigir y apunta que además
Inquilinato todavía no puede realizar el registro de casas alquiladas.
La Dirección, de acuerdo a la resolución publicada por el despacho de la
Vivienda en diciembre de 2010, tiene que realizar por ahora un censo de
habitaciones arrendadas y pensiones.
El censo de viviendas alquiladas está contemplado en la propuesta de reforma de
la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que todavía se encuentra en consulta en
la Asamblea. En el proyecto se indica que para el censo se tiene que entregar
información del arrendador, canon de arrendamiento, duración del contrato, tipo
de inmueble y ubicación.
Otras exigencias
La Dirección de Inquilinato, en la comunicación enviada el 25 de mayo a las
administradoras, señala que adicional a las listas de inmuebles, esas empresas
tienen que consignar: documentos constitutivos de las compañías, copia de las
cédulas de los socios, original y copia de los contratos de administración,
original y copia del poder otorgado por los propietarios y presentación del
informe anual de gestión.
López comenta que algunos de esos requisitos no se pueden cumplir y agrega que
por ejemplo las administradoras no tienen poder por parte de los propietarios de
inmuebles.
El Universal
15-06-2011
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Lic. Henry Medina
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La Dirección General señala que la petición de la información se debe a que esa
instancia tiene que realizar un registro de casas alquiladas (Archivo)
Mayela Armas
El pasado 25 de mayo la Dirección General de Inquilinato envió a las
administradoras una comunicación en la cual les solicita entregar las listas de
los inmuebles que manejan en un plazo de 30 días (que vence el próximo 25 de
junio).
En esa resolución, la dirección notifica que la petición de la documentación se
realiza, debido a que entre sus atribuciones se encuentra llevar un registro de
inmuebles destinados al alquiler de viviendas.
Sin embargo, esa disposición no sólo se ha limitado a las casas arrendadas
también se ha extendido a aquellos inmuebles que están bajo el régimen de
propiedad horizontal.
Las administradoras están enviando comunicaciones a los inquilinos y
propietarios de viviendas en las que indican que "Inquilinato está solicitando
las listas de inmuebles y que es necesario anexar copias de la cédula de
identidad de los dueños y la fe de vida".
El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto
Orta, explica que hasta los momentos la dirección no ha aclarado el contenido de
la resolución, y al realizarse la petición a las viviendas que están bajo el
sistema de propiedad horizontal se ha generado confusión.
El abogado, Julio César López, apunta que esa petición de información requiere
de la anuencia de los propietarios, que quieran dar esa información, y en caso
de que decidan presentarla se necesita un tiempo superior al fijado (30 días).
Orta agrega que dicha documentación no se puede exigir y apunta que además
Inquilinato todavía no puede realizar el registro de casas alquiladas.
La Dirección, de acuerdo a la resolución publicada por el despacho de la
Vivienda en diciembre de 2010, tiene que realizar por ahora un censo de
habitaciones arrendadas y pensiones.
El censo de viviendas alquiladas está contemplado en la propuesta de reforma de
la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que todavía se encuentra en consulta en
la Asamblea. En el proyecto se indica que para el censo se tiene que entregar
información del arrendador, canon de arrendamiento, duración del contrato, tipo
de inmueble y ubicación.
Otras exigencias
La Dirección de Inquilinato, en la comunicación enviada el 25 de mayo a las
administradoras, señala que adicional a las listas de inmuebles, esas empresas
tienen que consignar: documentos constitutivos de las compañías, copia de las
cédulas de los socios, original y copia de los contratos de administración,
original y copia del poder otorgado por los propietarios y presentación del
informe anual de gestión.
López comenta que algunos de esos requisitos no se pueden cumplir y agrega que
por ejemplo las administradoras no tienen poder por parte de los propietarios de
inmuebles.
El Universal
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Oportuno pero no eficaz
TalCualDigital.com
Por: Daniel Palacios Ybarra
Prioridad municipal versus emergencia nacional. Aunque en diciembre de 2010 la
Alcaldía de Sucre ofreció tres terrenos municipales para construir viviendas, el
Ejecutivo nacional se encaprichó de expropiar un punto estratégico para la
reordenación vial y peatonal, en el sector Campo Rico, avenida Francisco de
Miranda.
Solventar la crisis habitacional es la excusa para apoderarse de este espacio,
previsto para una estación de pasajeros. El proyecto beneficiaría a residentes
de Guatire, Guarenas y Caucaguita, así como alumnos de la USM y UNIMET, cuyas
actuales paradas de transporte obstaculizan la movilidad en la entidad.
"Como la alcaldía no tiene competencia en materia de viviendas, ofrecemos al
Ministerio de Obras Públicas y Viviendas, tres terrenos municipales en las zonas
de Maca, Mariches y Vista Alta, para que allí se construyan soluciones
habitacionales para 350 familias damnificadas de Sucre", convidó el alcalde
Carlos Ocariz en diciembre pasado.
Este cambio de planes beneficia a 350 familias damnificadas y perjudica a 25 mil
mirandinos que a diario se desplazan a Caracas. El punto de conciliación lo
ofrece la Alcaldía de Sucre. "A pesar del decreto de expropiación, es posible
garantizar la planificación urbana. Estos nuevos residentes de Campo Rico
demandarán un servicio de transporte eficiente, que podrá ser garantizado si
respetan la zonificación inicial. Por esta razón si pueden coexistir la terminal
de pasajeros y el complejo residencial", argumenta Carla Natera, directora de
movilidad de la alcaldía.
Este proyecto contempla 700 puestos de estacionamiento, 22 andenes de autobuses
y espacio para líneas de taxis y mototaxis.
"Subestimar estas recomendaciones generaría un impacto seguro para la avenida
Arichuna, por donde se desplazan diariamente 500 unidades de transporte, que
trasladan entre 20 y 25 mil pasajeros.
También se verían afectados 17 mil peatones que transitan durante las horas
pico", sostiene Natera.
Christy Silva Arenas, directora de Ingeniería Municipal, destaca que esta
parcela "era de propiedad privada y su dueño estaba obligado a ceder el 32.5%
del área aprovechable para prestar un servicio público, según la ordenanza
municipal de áreas de estudio".
ESFUERZOS DE OCARIZ NO HAN SIDO SUFICIENTES
La organización Por la Caracas Posible duda que sean compatibles las dos
propuestas en el mismo espacio. "Ambas instancias, nacional y municipal, deben
sentarse a concertar sobre el uso que le darán a este terreno. La dinámica de
una terminal de pasajeros está sujeta a la administración particular de los
conductores de las líneas de transporte. Por lo tanto, la integración de ambos
proyectos pudiera anarquizar esta zona residencial, provocando estrés en las
personas que allí habiten", previene Fredery Calderón, presidente de la
organización y especialista en asuntos de ciudad.
Agrega que el alcalde de Petare ha sido oportuno, pero no eficaz ante este
percance. "No hemos visto acciones contundentes por parte de Carlos Ocariz, para
rechazar esta imposición del Gobierno nacional. No basta sólo una reacción
inmediata, sino también unir en un solo frente a todos los involucrados, que son
los residentes y transportistas de Guarenas y Guatire. Eso hasta ahora no ha
ocurrido", alerta Calderón. En un intento de
TalCual por hablar con Ocariz, no fue posible el contacto con el burgomaestre
Tal Cual
15-06-2011
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Lic. Henry Medina
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Por: Daniel Palacios Ybarra
Prioridad municipal versus emergencia nacional. Aunque en diciembre de 2010 la
Alcaldía de Sucre ofreció tres terrenos municipales para construir viviendas, el
Ejecutivo nacional se encaprichó de expropiar un punto estratégico para la
reordenación vial y peatonal, en el sector Campo Rico, avenida Francisco de
Miranda.
Solventar la crisis habitacional es la excusa para apoderarse de este espacio,
previsto para una estación de pasajeros. El proyecto beneficiaría a residentes
de Guatire, Guarenas y Caucaguita, así como alumnos de la USM y UNIMET, cuyas
actuales paradas de transporte obstaculizan la movilidad en la entidad.
"Como la alcaldía no tiene competencia en materia de viviendas, ofrecemos al
Ministerio de Obras Públicas y Viviendas, tres terrenos municipales en las zonas
de Maca, Mariches y Vista Alta, para que allí se construyan soluciones
habitacionales para 350 familias damnificadas de Sucre", convidó el alcalde
Carlos Ocariz en diciembre pasado.
Este cambio de planes beneficia a 350 familias damnificadas y perjudica a 25 mil
mirandinos que a diario se desplazan a Caracas. El punto de conciliación lo
ofrece la Alcaldía de Sucre. "A pesar del decreto de expropiación, es posible
garantizar la planificación urbana. Estos nuevos residentes de Campo Rico
demandarán un servicio de transporte eficiente, que podrá ser garantizado si
respetan la zonificación inicial. Por esta razón si pueden coexistir la terminal
de pasajeros y el complejo residencial", argumenta Carla Natera, directora de
movilidad de la alcaldía.
Este proyecto contempla 700 puestos de estacionamiento, 22 andenes de autobuses
y espacio para líneas de taxis y mototaxis.
"Subestimar estas recomendaciones generaría un impacto seguro para la avenida
Arichuna, por donde se desplazan diariamente 500 unidades de transporte, que
trasladan entre 20 y 25 mil pasajeros.
También se verían afectados 17 mil peatones que transitan durante las horas
pico", sostiene Natera.
Christy Silva Arenas, directora de Ingeniería Municipal, destaca que esta
parcela "era de propiedad privada y su dueño estaba obligado a ceder el 32.5%
del área aprovechable para prestar un servicio público, según la ordenanza
municipal de áreas de estudio".
ESFUERZOS DE OCARIZ NO HAN SIDO SUFICIENTES
La organización Por la Caracas Posible duda que sean compatibles las dos
propuestas en el mismo espacio. "Ambas instancias, nacional y municipal, deben
sentarse a concertar sobre el uso que le darán a este terreno. La dinámica de
una terminal de pasajeros está sujeta a la administración particular de los
conductores de las líneas de transporte. Por lo tanto, la integración de ambos
proyectos pudiera anarquizar esta zona residencial, provocando estrés en las
personas que allí habiten", previene Fredery Calderón, presidente de la
organización y especialista en asuntos de ciudad.
Agrega que el alcalde de Petare ha sido oportuno, pero no eficaz ante este
percance. "No hemos visto acciones contundentes por parte de Carlos Ocariz, para
rechazar esta imposición del Gobierno nacional. No basta sólo una reacción
inmediata, sino también unir en un solo frente a todos los involucrados, que son
los residentes y transportistas de Guarenas y Guatire. Eso hasta ahora no ha
ocurrido", alerta Calderón. En un intento de
TalCual por hablar con Ocariz, no fue posible el contacto con el burgomaestre
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La banca aportará 22 millardos a la misión vivienda
El Gobierno manejará los recursos que entregará la banca archivo
El Gobierno diseña el mecanismo por medio del cual la banca hará un desembolso,
en lo que resta de este año, por el orden de 22 mil millones de bolívares, unos
5 mil millones de dólares al tipo de cambio oficial, para la construcción de
viviendas.
Básicamente, el esquema contempla que los bancos le compren al Gobierno
certificados y cédulas hipotecarias para concretar el aporte.
Gracias a la rebaja de las reserva que obligatoriamente las entidades
financieras deben tener en el Banco Central, conocida técnicamente como encaje
legal, surgen los primeros 10 mil millones de bolívares que llegarán a manos del
Gobierno a través de la compra de certificados.
Pdvsa creará un fideicomiso en el Bandes. Luego, el Bandes emitirá unos
certificados que las entidades financieras privadas comprarán a través del Banco
Central con el dinero que se libera tras la rebaja del encaje legal.
Finalmente, el Banco Central transferirá los recursos al Fondo Simón Bolívar
donde se están almacenando los bolívares destinados para la construcción de las
viviendas.
Se contempla que los certificados tengan un plazo de vencimiento entre tres y
cuatro años y reciban intereses entre 1% y 5% anual.
Al mismo tiempo está previsto que las entidades financieras compren otro lote de
certificados por el orden de 6 mil millones de bolívares, pero como se trata de
dinero que no estaba inmovilizado en el BCV sin reportar dividendos, se negocia
la posibilidad de que tengan un rendimiento superior.
Finalmente, las entidades financieras comprarán unas cédulas hipotecarias que
contempla emitir el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) respaldadas
con el Fondo de Ahorro Obligatorio de la Vivienda.
El Banavih prevé emitir cédulas hipotecarias por un monto máximo de 6 mil
millones de bolívares y aun no existe un acuerdo definitivo sobre el plazo y el
rendimiento.
El Universal
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en lo que resta de este año, por el orden de 22 mil millones de bolívares, unos
5 mil millones de dólares al tipo de cambio oficial, para la construcción de
viviendas.
Básicamente, el esquema contempla que los bancos le compren al Gobierno
certificados y cédulas hipotecarias para concretar el aporte.
Gracias a la rebaja de las reserva que obligatoriamente las entidades
financieras deben tener en el Banco Central, conocida técnicamente como encaje
legal, surgen los primeros 10 mil millones de bolívares que llegarán a manos del
Gobierno a través de la compra de certificados.
Pdvsa creará un fideicomiso en el Bandes. Luego, el Bandes emitirá unos
certificados que las entidades financieras privadas comprarán a través del Banco
Central con el dinero que se libera tras la rebaja del encaje legal.
Finalmente, el Banco Central transferirá los recursos al Fondo Simón Bolívar
donde se están almacenando los bolívares destinados para la construcción de las
viviendas.
Se contempla que los certificados tengan un plazo de vencimiento entre tres y
cuatro años y reciban intereses entre 1% y 5% anual.
Al mismo tiempo está previsto que las entidades financieras compren otro lote de
certificados por el orden de 6 mil millones de bolívares, pero como se trata de
dinero que no estaba inmovilizado en el BCV sin reportar dividendos, se negocia
la posibilidad de que tengan un rendimiento superior.
Finalmente, las entidades financieras comprarán unas cédulas hipotecarias que
contempla emitir el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) respaldadas
con el Fondo de Ahorro Obligatorio de la Vivienda.
El Banavih prevé emitir cédulas hipotecarias por un monto máximo de 6 mil
millones de bolívares y aun no existe un acuerdo definitivo sobre el plazo y el
rendimiento.
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Estudios indican que terrenos de Terrazas de La Vega son estables
Estudios indican que terrenos de Terrazas de La Vega son estables
Fallas de borde, taludes inestables y problemas de canalización de aguas pueden
ser resueltos de acuerdo con los ingenieros que realizaron los informes. Ángel
Dejesús
Se hicieron cinco estudios y los cinco apuntaron al mismo resultado: las fallas
que se presentaron en Terrazas de la Vega tras las lluvias de finales del 2010
se pueden corregir y la urbanización no corre el riesgo que se pensó
inicialmente.
Jaime Graterol, presidente de Geotécnica de Venezuela, empresa que llevó
adelante el estudio del talud ubicado por detrás de los bloques 9 al 13, indicó
que los bloques de roca que se desprendieron de ninguna manera afectaron la
estabilidad de los edificios.
El ingeniero detalló que en primera instancia se realizó la remoción de los
sedimentos y actualmente se realizan los cómputos para establecer los nuevos
sistemas de estabilización a lo largo del talud que mide 12 mil metros.
"El evento meteorológico que se presentó en diciembre estuvo fuera de lo normal.
Sobrepasó las estructuras de seguridad que ya existían. Cuando eso sucede se
deben ajustar las normas. Ahora los diseños estarán adaptados a ese fenómeno que
ha sido el más grande, así que eso nos garantiza que una vez se coloquen las
estabilizaciones estaremos protegidos para eventos similares en los próximos 50
a 100 años", explica.
Las obras propuestas por este grupo de ingenieros especialistas en geotecnia,
incluye rectificar las cárcavas que quedaron tras la erosión del suelo, colocar
una losa de concreto armado y barras de acero de seis metros de profundidad,
además de proteger la parte superior del talud con una malla doble.
En la zona más crítica, que corresponde a la cuenca y donde cae parte de una
vertiente, se colocará un pórtico de acero cubierto con una malla, de manera que
en caso de que caigan sedimentos, éstos no obstruyan el libre fluir del agua de
lluvia.
Desde el punto de vista hidráulico, se propuso la construcción de un sistema de
drenaje, con torrenteras y canales, que mide aproximadamente un kilómetro y que
desemboca en el cajón ubicado en la Calle Real de Los Paraparos.
El ingeniero Alejandro Morales se encargó de estudiar el asentamiento que afecta
principalmente al edificio 11. Detalló que se hicieron ocho perforaciones de
hasta 26 metros y se confirmó que los suelos son idóneos. Aclaró que en los
primeros dos metros de suelo se detectó baja densidad, pero aseguró que esa
condición no es la causa del asentamiento.
Para prevenir daños en caso de un evento natural se recomienda restituir la
densidad original del terreno con una inyección de lechada de cemento para
sellar el vacío. Asimismo, sugiere investigar qué pasa con las tuberías de
servicio.
El Universal
15-06-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
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Fallas de borde, taludes inestables y problemas de canalización de aguas pueden
ser resueltos de acuerdo con los ingenieros que realizaron los informes. Ángel
Dejesús
Se hicieron cinco estudios y los cinco apuntaron al mismo resultado: las fallas
que se presentaron en Terrazas de la Vega tras las lluvias de finales del 2010
se pueden corregir y la urbanización no corre el riesgo que se pensó
inicialmente.
Jaime Graterol, presidente de Geotécnica de Venezuela, empresa que llevó
adelante el estudio del talud ubicado por detrás de los bloques 9 al 13, indicó
que los bloques de roca que se desprendieron de ninguna manera afectaron la
estabilidad de los edificios.
El ingeniero detalló que en primera instancia se realizó la remoción de los
sedimentos y actualmente se realizan los cómputos para establecer los nuevos
sistemas de estabilización a lo largo del talud que mide 12 mil metros.
"El evento meteorológico que se presentó en diciembre estuvo fuera de lo normal.
Sobrepasó las estructuras de seguridad que ya existían. Cuando eso sucede se
deben ajustar las normas. Ahora los diseños estarán adaptados a ese fenómeno que
ha sido el más grande, así que eso nos garantiza que una vez se coloquen las
estabilizaciones estaremos protegidos para eventos similares en los próximos 50
a 100 años", explica.
Las obras propuestas por este grupo de ingenieros especialistas en geotecnia,
incluye rectificar las cárcavas que quedaron tras la erosión del suelo, colocar
una losa de concreto armado y barras de acero de seis metros de profundidad,
además de proteger la parte superior del talud con una malla doble.
En la zona más crítica, que corresponde a la cuenca y donde cae parte de una
vertiente, se colocará un pórtico de acero cubierto con una malla, de manera que
en caso de que caigan sedimentos, éstos no obstruyan el libre fluir del agua de
lluvia.
Desde el punto de vista hidráulico, se propuso la construcción de un sistema de
drenaje, con torrenteras y canales, que mide aproximadamente un kilómetro y que
desemboca en el cajón ubicado en la Calle Real de Los Paraparos.
El ingeniero Alejandro Morales se encargó de estudiar el asentamiento que afecta
principalmente al edificio 11. Detalló que se hicieron ocho perforaciones de
hasta 26 metros y se confirmó que los suelos son idóneos. Aclaró que en los
primeros dos metros de suelo se detectó baja densidad, pero aseguró que esa
condición no es la causa del asentamiento.
Para prevenir daños en caso de un evento natural se recomienda restituir la
densidad original del terreno con una inyección de lechada de cemento para
sellar el vacío. Asimismo, sugiere investigar qué pasa con las tuberías de
servicio.
El Universal
15-06-2011
Recopilado por:
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Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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