Escrito por Maritza Izaguirre
La propuesta elaborada por la Mesa de la Unidad, y presentada en forma resumida por el equipo técnico responsable por su elaboración, sostiene la aplicación de un cambio gradual a fin de restablecer las condiciones para el crecimiento y desarrollo sostenido en el contexto de una economía rentista.
La propuesta expone en lenguaje sencillo verdades tales como la necesidad de recuperar el equilibrio fiscal, reordenar el gasto, recuperar la autonomía del Banco Central, estimular el crecimiento mediante el incremento de la inversión, la seguridad jurídica necesaria para lograr el regreso de capitales y la inversión extranjera, el crecimiento del aparato productivo, la promoción de las exportaciones no tradicionales y, lo más importante, generación de un entorno con reglas y normas claras que orienten la vida social y económica.
Lo anterior se refiere a recuperar la deteriorada institucionalidad, mediante la definición del marco legal y jurídico que facilite el funcionamiento del sistema económico, reconociendo que éste se integra en unidades productivas públicas, privadas e iniciativas mixtas, de diverso tamaño, con actores que para operar requieren de definiciones compartidas que despejen la incertidumbre y generen la confianza necesaria para la inversión.
Para ello se hace necesario corregir los desequilibrios macroeconómicos, lo que implica recuperar el equilibrio fiscal, abatir la inflación y enfrentar de manera progresiva los controles en el mercado de divisas, entre otros. El crecimiento sostenido aseguraría la expansión del aparato productivo y la creación de empleo estable y bien remunerado.
De otro lado, el programa prioriza el fortalecimiento de las instituciones responsables de la formación del capital humano; de allí la propuesta de canalizar en el marco institucional aquellas iniciativas destinadas a proteger la vida humana, entre ellas la familia, los cuidados materno-infantiles, el ingreso a un sistema educativo que priorice la calidad y la competencia y proteja de manera integral al educando, y mejore su ambiente y ofrezca seguridad a las comunidades. Las iniciativas están abiertas a la cooperación pública privada, al descentralizar la gestión e incorporar al gobierno local, y a las surgidas en la propia comunidad y en organizaciones no gubernamentales, promotoras de larga data de programas y proyectos con excelentes resultados.
Las propuestas han sido evaluadas según los criterios de equidad y justicia redistributiva, igualdad de oportunidades, rechazo a la exclusión, en otras palabras, favorecer la incorporación masiva de nuestra población al camino del progreso mediante el diálogo y la participación.
Por lo tanto, a votar por el cambio el 7 de octubre.
maritza.izaguirre@gmail.com
(*): Decana de la Faculta de Economía UCAB.
El Nacional
11-09-2012
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Lic. Henry Medina
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