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Gremio inmobiliario quedó fuera de juego de la construcción en Venezuela

El sector privado, agrupado en la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, no fue invitado a la "fiesta" del Mercosur.
Mientras el presidente de la República Hugo Chávez, abre las puertas del país a inversiones foráneas para la construcción de vivienda, este gremio ve mermada su actividad.
De acuerdo al corte preliminar, correspondiente al primer semestre del año, este sector privado logró construir 20 mil viviendas, una caída de 20% respecto al primer semestre del año pasado.
Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIM), sostuvo que "hemos caído de forma considerable. El año pasado en el primer semestre produjimos 51 mil viviendas y este año, en el mismo período, apenas vamos por 20 mil, según las cifras certificadas por los mismos personeros del Gobierno".
El vocero inmobiliario dijo que, según cifras que manejan y que aún no ha divulgado el BCV, la construcción privada en el segundo trimestre de 2012, tampoco levantará cabeza. "Tenemos información de que el PIB del segundo trimestre estará sobre 18% y 20% de repunte, pero la construcción privada será una caída mayor a 10% registrada en el primer trimestre".
Martini, quien declaró en el marco del foro "Las nuevas leyes inciden el sector inmobiliario", patrocinado por la Cámara Inmobiliaria, enfatizó que el panorama para los constructores y promotores privados no se observa "nada positivo si tomamos en cuenta la cantidad de cercos legales, trabas y permisos que se les ocurre al Gobierno ponernos cada vez.".
El vocero reiteró que de acuerdo a las informaciones de los propios representantes del Ejecutivo, en el corte del primer semestre, se construyeron 80 mil viviendas.
"Nosotros tenemos nuestro balance de ese total. Son 20 mil que hicimos nosotros, los privados; 20 mil nuevas que hizo efectivamente el Gobierno, y 40 mil que fueron sustitución de ranchos por viviendas…"
El representante del gremio inmobiliario subrayó que el balance que manejan es preliminar, por cuanto no han recibido el informe que normalmente "entregaba el Banco Central de Venezuela. No lo hemos recibido y no creo que nos lo vayan a entregar, nos manejamos con los datos que sueltan los voceros del Gobierno".
Martini recalcó que otro elemento que conspira para que las obras residenciales del sector privado no terminen de arrancar, son los permisos, pues además de "los que pide el Ministerio del Ambiente, que pueden durar entre uno y dos años"; ahora se suman, los que el presidente del CIV, califica como nuevas trabas. Estos son la exigencia que pide la Sunavi (Superintendencia de Arrendamiento de Vivienda), según la cual, los empresarios deben destinar un porcentaje de viviendas nuevas al alquiler; además de la obligación de la Ley Contra Estafas Inmobilarias, de adelantar una fianza de 100% para arrancar la obra.
Puntualizó que de las 220 mil viviendas que están sin iniciar en todo el país, 70 mil son de proyectos privados. "No pueden arrancar sin los permisos, te imaginas, nosotros no podemos iniciar ningún inmueble sin los permisos, si lo hacemos nos meten presos".
Del total de las 220 mil unidades sin iniciar, 150 mil son del sector público, y no se han iniciado porque se están ubicando los terrenos y los urbanismos.
Mercado primario deprimido
Durante el foro patrocinado por la Cámara Inmobiliaria, intervinieron otros representantes del sector y de la Asociación de Propietarios Urbanos (Apiur).
Se insistió en que los cercos legales están impidiendo el inicio de las nuevas unidades, viviendas del mercado primario. Balances preliminares de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana de Caracas, adelantan que la producción de viviendas nuevas ha caído alrededor de 3% desde el año pasado; y viene cayendo desde el 2009, cuando se prohibió el cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en las unidades que se ofertan en preventa.
Hay algunos urbanismo que se están fabricando en el este de la ciudad. Los corredores y promotores que resaltaron que siguen observando zonas con vocación de construcción de nuevos desarrollos, pues albergan la esperanza "que esto no será así siempre".

El Mundo
01-08-2012

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Estiman contradictorias leyes que prevén expropiaciones

Cada marco legal contempla diferentes métodos de cálculo de los justiprecios
En las leyes inmobiliarias que se han aprobado en los últimos tres años se han incluido ocupaciones de urgencia y expropiaciones.

Las leyes inmobiliarias aprobadas en los últimos tres años incluyen procesos de expropiación, sin embargo, los cálculos de los justiprecios de los bienes son diferentes y, por tal motivo, el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, considera que "esos textos son contradictorios".

En el foro "Las nuevas leyes que inciden en el sector inmobiliario" comentó que en la Ley de Expropiación, la Ley de Tierras Urbanas, la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios y la Ley de Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en las Expropiaciones por Emergencia los métodos de cálculo varían, y ello "no garantiza pagos justos".

Por instrumento

La Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública apunta que para estimar el justiprecio se tiene que considerar "el valor fiscal declarado por el propietario, el valor establecido en los actos de transmisión realizados por lo menos seis meses antes de la expropiación y los precios medios a que se hayan vendido inmuebles similares, en los últimos 12 meses contados a partir de la fecha de elaboración del avalúo".

Para Orta ese método es el más correcto, debido a que considera factores como el valor fiscal notificado por los dueños de los inmuebles, pero apuntó que en el resto de los marcos legales se obvian algunos aspectos, como por ejemplo el valor de la tierra.

En la Ley de Tierras Urbanas se indica que los precios de los inmuebles incluyen: clase, calidad, situación, dimensiones aproximadas y su probable producción así como todas las otras circunstancias que influyan en las operaciones.

En la Ley de Arrendamientos Inmobiliarias, las sanciones prevén expropiaciones y para determinar el valor de los inmuebles se considera el costo de reposición, la vulnerabilidad sísmica, la ubicación geográfica y la depreciación. La tierra no se toma en cuenta.

La Ley de Justiprecio de los Bienes, que se aprobó en la Habilitante, añade que el justiprecio se determina utilizando como base de cálculo el último valor de compra del inmueble. Y ese valor se actualiza de acuerdo un promedio que incluye el índice de precios al consumidor, la tasa pasiva a 90 días y la tasa activa estimadas por el Banco Central. El valor de mercado es descartado.

Según el presidente de Asociación de Propietarios de Inmuebles, las diferencias en cada instrumento revelan que "no existe una política de indemnización de las expropiaciones de inmuebles".

Y agregó que "el peor sistema de cálculo es el fijado en la Ley de Arrendamientos, debido a que todo vale igual".

Procesos previos

En el foro organizado por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Roberto Orta comentó que más allá de los métodos de cálculo, "las leyes que se han redactado en materia inmobiliaria permiten ocupaciones anticipadas de los bienes".

En ese contexto, destacó el contenido de la Ley de Emergencia de Terrenos y Vivienda que se redactó en enero del pasado año, y que estableció vías rápidas para expropiar.

La Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública establece ocupaciones previas y temporales, mientras que la Ley de Emergencia de Terrenos incorpora la figura de las ocupaciones de urgencia.

Según ese instrumento, "la ocupación de urgencia aplica cuando las autoridades "califican de urgente" la ejecución de las obras. En ese momento se ocupan los terrenos ociosos así como los inmuebles no residenciales".

Ese texto prevé negociaciones amistosas, que surgirán cuando el Estado, después de las ocupaciones, determine que necesita de esos bienes y pacta la compra con los propietarios, si no hay acuerdos se procede a la expropiación.

marmas@eluniversal.com

El Universal
01-08-2012

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“Leyes inmobiliarias conculcan derecho a la propiedad privada”

El marco jurídico que ha establecido tanto la Asamblea Nacional como los decretos leyes promulgados por medio de Ley Habilitante no ha producido ningún impacto importante en la construcción, ni en el abaratamiento, mucho menos en el derecho de propiedad que tiene constitucionalmente todo ciudadano venezolano, aseveró el experto ingeniero Miguel Gutiérrez

Miguel Gutiérrez, ingeniero, experto del negocio de las inmobiliarias, afirma que la promoción privada de viviendas se encuentra vulnerada, debido a la desaparición del mercado de alquileres y la caída de hasta un 40 por ciento de la construcción. Asegura que desde que el Gobierno, por Resolución aumentó del 270 mil a 300 mil, lo que puede acceder las personas para la Ley de Política Habitacional (LPH) y a raíz de la petición de Banavih, de la reforma del artículo 100 de la Ley de Bancos, donde levanta la prohibición de las instituciones financieras para no prestar hasta el 85 % sino elevarlo hasta el 100 %, la realidad del mercado inmobiliario está en detrimento.

El paquete de 14 leyes publicadas el 15 de junio, día en que venció el poder habilitante otorgado por la Asamblea Nacional al presidente Chávez, son parte del marco jurídico que limita la actividad del sector inmobiliario y la posibilidad de los venezolanos de tener una vivienda. Para el experto, "las leyes inmobiliarias aprobadas no han garantizado, ni la construcción, ni el derecho a la propiedad de una vivienda, por más de que se ha aprobado una serie de leyes, unas por la vía normal a través de la AN y otras por la Ley Habilitante, a través de decretos leyes. Estas normativas conculcan el derecho a la propiedad privada".

Asegura que mientras el Estado venezolano no garantice el respeto a la propiedad privada, tal como lo dice el precepto constitucional, los inversionistas, los constructores tienen temor de seguir invirtiendo en la construcción de viviendas. Enfatizó, que existe un desconocimiento y confusión entre la población, con respecto a las viviendas asignadas por el Gobierno, debido a que a las personas que se le han adjudicado viviendas a través de la Misión Vivienda o a través de otros elementos jurídicos, "no se les garantiza la propiedad, porque solamente le dan el usufructo, es decir, el uso del apartamento, mas no le dan el poder de disposición de esa vivienda".

Paquetes de leyes

Reiteró que el presidente Chávez decretó por Ley Habilitante, el último día del plazo establecido, la Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en Casos de Expropiaciones de Emergencia con Fines de Poblamiento o Habitabilidad y la Reforma Parcial de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat. Estas leyes se suman a una larga lista, que incluye la Ley de Emergencia para Terrenos Urbanos.

Además de la Ley del Régimen de Propiedad de la Misión Vivienda, la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria y la Ley Especial de Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana. Sumado a los marcos jurídicos aprobados por la Asamblea Nacional como la Ley de Tierras Urbanas (2009), la Ley para Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (2011) y la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria (2012).

Por lo que enfatizó que estas disposiciones, a pesar de que fueron presentadas con la intención de garantizar el derecho a vivienda establecido en el artículo 82 de la Constitución; pero ninguna cumplen este precepto, puesto "que en todas ellas se conculca el derecho a la propiedad privada, no solamente del que construye, sino el que está adquiriendo. Al que el gobierno le asigna una vivienda de la cual puede usar, pero no puede disponer, y ese es el gran problema, que viola el derecho constitucional, aparte que pudiéramos considerar que el monto del crédito de 300 mil Bs, el día de hoy resulta insuficiente. No hay ningún apartamento en la ciudad de Valera, ni en sus alrededores que cueste esa cantidad".

Enfatizó que la aprobación desproporcionada de leyes afectarán gravemente los sectores antes mencionados. Puesto que con estas medidas no se va a mejorar el déficit habitacional que hay en Venezuela, por el contrario, irá en desmejora, puntualizó el experto.

Datos

Basados en cifras oficiales aportadas por el Ministerio de Hábitat y Vivienda, aseguró que se evidencia que el número de viviendas edificadas por el sector privado se redujo de 70.000 en 2009 a 50.000 en 2011. Lo que indica que hubo una merma aproximada de 20 mil viviendas, donde la construcción de vivienda prácticamente se paralizó y eso inclusive lo pueden palpar los valeranos, donde luego de un auge enorme de construcción de apartamento, ahora prácticamente no se ha indicado ninguna construcción nueva.

escrito por Karina Salas Méndez/DLA Trujillo

Diario de Los Andes
31-07-2012

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Tres leyes y una resolución frenan construcción de casas

La regulación en los precios detuvo la construcción. (Foto El Carabobeño)
La inseguridad jurídica que acecha a los constructores privados de viviendas es una de las tres razones principales por las que la actividad ha descendido en 40% a nivel nacional, según cifras de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.

El presidente de la Cámara de la Construcción del estado Carabobo, Carlos Luis González, aseveró que la falta de materiales (y lo costosos que son cuando se consiguen) además de la regulación de los precios en las viviendas de interés social, ha hecho que los empresarios dejen el ramo residencial, para dedicarse al área comercial.

El enfriamiento de la intensa actividad de construcción de viviendas comenzó en noviembre de 2008, con una resolución del Ministerio de Vivienda y Hábitat, que prohibió a las promotoras ajustar a la inflación los costos mensuales del inmueble a su futuro dueño.

A esa medida se le han sumado en los últimos años leyes, algunas promulgadas por el presidente Hugo Chávez con la Habilitante. Una de las más recientes es la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, sancionada el 2 de mayo. La norma configura multas para los promotores que van de 100 a dos mil unidades tributarias y responsabilidad penal para el funcionario público que autorice la habitabilidad de las obras y no sea correcto.

El mercado también está afectado por la Ley de Arrendamientos, pues ya no hay quien construya o compre un inmueble para alquilarlo, por los peligros que supone esta normal para el dueño; y la Ley que determina el justiprecio de las viviendas, publicada en la Gaceta Oficial del 18 de junio pasado.

Con la escasez de materiales, a veces es difícil que los promotores terminen las obras a tiempo, han dicho los gremios del sector. De hecho, González sostiene que algunos constructores están colocando fibra de polietileno en vez de mayas en las losas de las viviendas, pues el acero no se consigue. Es un material de igual calidad, pero más costoso.

La falta de materiales se resiente más, de acuerdo con González, porque lo poco que se está produciendo va directamente a las casa que se construyen en el marco de la Gran Misión Vivienda. Desde 2007, el Gobierno nacional ha ido expropiando todas las empresas del ramo.

La caída de la construcción de viviendas en Carabobo es de 70%, de acuerdo a la cifra que maneja González. En la región la disminución es más acentuada porque había una intensa actividad hace un par de años, que incluso superaba a la existente en la capital del país.

Apiur: se confiscarán cánones de arrendamiento

La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) denunció la confiscación e intervención del Ejecutivo en el Poder Judicial, lo cual implica la clara usurpación de los cánones de arrendamiento.

En una nota de prensa, Apiur hace referencia a un recurso de nulidad contra la disposición transitoria novena y el artículo 73 de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda, rechazado inicialmente por el Tribunal Supremo de Justicia el pasado 26 de julio, por lo que tuvieron que reintroducir el documento.

Apiur corrigió la causal de inadmisibilidad y reintrodujo el recurso de nulidad por considerar que la normativa incurre en “graves violaciones constitucionales”, ya que la disposición transitoria novena prácticamente obliga al arrendador a retirar los cánones de arrendamiento, sin importar las consecuencias jurídicas que tenga la consignación.

De acuerdo al documento enviado a la prensa, señalan que el artículo 24 de la Ley se establece una prescripción de los pagos realizados hacia el pasado.

Las estimaciones, cerca de 70 millones de bolívares, consignados en todos los tribunales del país, serán confiscados mediante la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda.

El Carabobeño
31-07-2012

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Obras de Misión Vivienda congestionan la ciudad

Trabajadores aseguran que la interrupción del paso no es permanente, pero vecinos los desmienten

Vecinos se quejan del congestionamiento del tránsito WILLIAM DUMONT

Los escombros ocupan las aceras

Son viviendas dignas, pero también representan un problema para la movilidad en Caracas. Las obras de la Misión Vivienda Venezuela han cerrado calles y avenidas para el mezclado de cemento y la colocación de escombros.

Sólo en un recorrido desde la plaza Las Tres Gracias, en Los Chaguaramos, hasta el final de la avenida Casanova, en Chacaíto, se constató ayer la presencia de tres construcciones que, arbitrariamente, han inutilizado uno o más canales de las vías.

La calle Codazzi comunica el paseo Los Ilustres con Los Chaguaramos ­una cuadra antes de la iglesia San Pedro­ y está totalmente cerrada desde hace 5 meses por la construcción de una torre que tendrá 144 apartamentos.

Los accesos norte y sur de la calle estuvieron ayer obstaculizados por un camión de volteo y otro de concreto premezclado.

Aunque obreros que no se identificaron dijeron que el cierre no es permanente, algunos vecinos afirman lo contrario.

"Desde que comenzaron las obras no hay acceso", dijo Felicia Guevara, residente del edificio Mara, que está justo al frente de la construcción.

Precisamente, la entrada del estacionamiento de ese edificio está en esa calle, por lo que los obreros permiten el paso a los residentes. Sin embargo, el acceso hacia Los Chaguaramos para transeúntes está bloqueado y, debido a la contingencia, los conductores deben hacerlo por la plaza Las Tres Gracias, que es una vía más congestionada.

Más de uno. La situación se repite al final de la avenida Las Acacias, en la conexión vial entre los estadios universitarios y Plaza Venezuela. Carmen María González, que reside en las cercanías de las 2 torres de 36 apartamentos que construye la misión, asegura que la congestión en la zona es insoportable: "Ya teníamos una parte de la Zona Rental cerrada por las obras del Metro; ahora cierran 2 canales de la vía principal para esa construcción.

El ruido del tránsito es muy fuerte y los motorizados, para evadir la cola, circulan por las aceras".

Al ser consultados, trabajadores de ambas construcciones dijeron que la interrupción del paso es temporal y que está motivada por la necesidad de vaciar concreto. Sin embargo, vecinos desmintieron la información.

"Sólo abren la vía algunos sábados, pero no es siempre", afirmaron trabajadores del hotel Odeón, localizado al frente, que prefirieron no identificarse.

Caer en un embudo de ese tipo puede significar una hora en cola. El embotellamiento es particularmente fuerte al final de la avenida Casanova, muy cerca del centro comercial Único y el Consulado de Colombia.

Allí se construyen 96 viviendas, que representan el cierre del canal lento de la avenida.

Justo al frente, mototaxistas ocupan con sus vehículos el canal rápido, por lo que el paso queda reducido a un solo canal en una zona habitualmente congestionada, pues la mayoría de las líneas de autobuses que van hacia el sureste tienen terminales en las cercanías.

De acuerdo con comerciantes vecinos, que no quisieron revelar su identidad, las filas de carros en horas pico se prolongan desde Chacaíto hasta el centro comercial El Recreo por lo menos cuatro cuadras.

Sin respuesta. Voceros de la Alcaldía de Libertador informaron que las obras de la Misión Vivienda en el municipio son coordinadas por Fundacaracas. El Nacional no pudo establecer comunicación con representantes de ese despacho.

LILIA MALAVÉ G.
Lmalave@el−nacional.com

El Nacional
01-08-2012

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Erigir casas sin planificar afecta al eje altomirandino

Vecinos, concejales y líderes vecinales coinciden en que en la subregión altomirandina levantan "casas como arroz", sin dotar los desarrollos con servicios básicos de calidad VICENTE CORREALE
Con la planificación y ejecución de 900 viviendas en el sector Ayacucho y otros 300 apartamentos en Terrazas de Santa Eduvigis, la Vicepresidencia de la República aspira responder a más de 1.500 familias de los Altos Mirandinos, quienes esperan soluciones habitacionales en refugios de esta subregión al menos desde el año 2010.

Sin embargo, las construcciones aún están retrasadas, en especial porque no tienen los permisos para la zonificación correspondiente, pese a que se han movido con influencias gubernamentales, para ver si de esta manera logran la colocación de servicios básicos como agua, luz y gas doméstico.

La mayoría de los planes habitacionales apuntan hacia Guaicaipuro y Carrizal, ya que en Los Salias, la zonificación para viviendas multifamiliares está paralizada desde casi una década.

El concejal Josy Fernández recordó que los últimos permisos otorgados en el plan de desarrollo urbano local (PDUL) fueron en la urbanización Parque El Retiro.

En la mayoría de los desarrollos multifamiliares recientes de los tres municipios, el mayor problema es una vialidad insuficiente.

Sonia Rodríguez, directora de Planificación Urbana del Municipio Los Salias, asegura que la entrega de permisos de construcción desde hace más de 15 años en zonas de vialidad accidentada han creado no solo unos cuantos nudos viales que sufren los habitantes del municipio en la actualidad, sino una inadecuada colocación de desagües sin control y tuberías inadecuadas, así como el levantamiento de viviendas unifamiliares sin contar al menos con plantas de tratamiento o pozos sépticos.

"El reto de los arquitectos que trabajamos en la administración pública ha sido buscar la forma de corregir los problemas de las urbanizaciones.

Por ejemplo, en el municipio Los Salias hay calles más angostas de lo que deberían ser, carecemos de aceras y en algunas partes las cunetas son inexistentes", explicó.

Aguas servidas en Carrizal

En el caso de Carrizal, la ingeniero Ana Millán, directora de Obras del municipio, indicó que se trabaja para canalizar las aguas servidas que han generado enormes baches en las calles de acceso.

Millán destacó que en su mayoría el plan de 2012 se ha basado en la corrección de fallas, en los desbordamiento y en la canalización de fluidos residuales que perjudican la vialidad, tanto de las viviendas como de las empresas.

Actualmente, el Gobierno Nacional construye apartamentos para beneficiar a 1.500 familias que por más de 20 años vivieron dentro de la invasión La Ladera.

Ya Hidrocapital y Corpoelec dotaron de las instalaciones correspondientes la zona, a fin de que las edificaciones ofrezcan estos servicios.

Invasiones en Guaicaipuro

En el caso de Guaicaipuro, la realidad se muestra mucho más compleja, debido a que los espacios de casi 50% de esa jurisdicción está tomado por invasiones y desarrollos urbanos desorganizados que han aumentado en los últimos años.

"Las fallas de agua y de gas doméstico y la pésima vialidad no han podido solventarse en los últimos 20 años de gobiernos estadales y municipales", expresó con preocupación Yamileth Pérez, dirigente del Consejo Comunal de La Matica.

Pese a que 200 familias intentaron levantar casas en una zona El Vigia, La GNB tumbó las construcciones y mantiene la custodia de lugar desde hace un mes. Según Luis Ramírez, jefe de Participación Comunal de Guaicaipuro, el terreno fue adquirido para el desarrollo de un parque infantil y siembra de alimentos.

Aún el Gobierno de Guacaipuro no logra ubicar un refugio para 70 personas que permanecen en el Palacio del Deporte. El alcalde Alirio Mendoza responde que los espacios de la textilera Lánex no permiten colocar más personas y la Comisión Nacional de Refugios no ha respondido a su petición.

El Universal
31-07-2012

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CIV: seguiremos luchando para crear más viviendas y edificaciones

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) seguirá luchando para no ser desplazada en la tarea que asumió de crear mas viviendas y edificaciones, independientemente de los cambios políticos, económicos y sociales que vengan en el futuro, indicó su presidente, Aquiles Martini Pietri.


Durante el foro “Las nuevas leyes que inciden en el sector inmobiliario: alcances y efectos”, realizado en el Hotel Eurobuilding, Martini señaló que desde el año 2005 a la fecha el Gobierno ha promulgado 19 leyes, 24 decretos y 40 resoluciones que tienen que ver con el sector de la vivienda.


“Con un déficit superior a 2 millones 750 viviendas, el sector inmobiliario tiene mucho trabajo que hacer. Hemos visto como con estas leyes se ha cercado labor de los promotores y desarrolladores urbanísticos, hasta el punto en el muchas empresas han abandonado esta área o se ha indo a otros países”, declaró.


Afirmó que las nuevas leyes generan más controles, más burocracia y más dificultades. “Algunas son altamente punitivas y criminalizan a un grupo en supuesta defensa de otro, como es el caso de la Ley de Arrendamientos, que aparenta beneficiar a los inquilinos debilitando a los propietarios. ¿Qué han conseguido con esto? El mercado de alquileres prácticamente desapareció, situación funesta para todos, amén de que las familias mas humildes son las que mas necesitan alquilar”, comentó.


Resaltó que en Venezuela no se están construyendo las viviendas ni en la cuantía ni con la velocidad requerida para acabar con el déficit. “Mientras sigan desde el poder imponiendo un apartheid contra el sector privado, la solución estará siempre lejana”, manifestó.


“La Cámara Inmobiliaria de Venezuela insiste en una propuesta de futuro que nos permita progresar en la solución de nuestros problemas, que incluya: la inclusión del sector privado para enfrentar la falta de viviendas, el establecimiento de una planificación estratégica para alcanzar el progreso, mostrar confianza en la confianza nacional y tener voluntad real para cumplir con los compromisos”, señaló.

noticieroindustrial.com
31-07-2012

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