La regulación en los precios detuvo la construcción. (Foto El Carabobeño)
La inseguridad jurídica que acecha a los constructores privados de viviendas es una de las tres razones principales por las que la actividad ha descendido en 40% a nivel nacional, según cifras de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.
El presidente de la Cámara de la Construcción del estado Carabobo, Carlos Luis González, aseveró que la falta de materiales (y lo costosos que son cuando se consiguen) además de la regulación de los precios en las viviendas de interés social, ha hecho que los empresarios dejen el ramo residencial, para dedicarse al área comercial.
El enfriamiento de la intensa actividad de construcción de viviendas comenzó en noviembre de 2008, con una resolución del Ministerio de Vivienda y Hábitat, que prohibió a las promotoras ajustar a la inflación los costos mensuales del inmueble a su futuro dueño.
A esa medida se le han sumado en los últimos años leyes, algunas promulgadas por el presidente Hugo Chávez con la Habilitante. Una de las más recientes es la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, sancionada el 2 de mayo. La norma configura multas para los promotores que van de 100 a dos mil unidades tributarias y responsabilidad penal para el funcionario público que autorice la habitabilidad de las obras y no sea correcto.
El mercado también está afectado por la Ley de Arrendamientos, pues ya no hay quien construya o compre un inmueble para alquilarlo, por los peligros que supone esta normal para el dueño; y la Ley que determina el justiprecio de las viviendas, publicada en la Gaceta Oficial del 18 de junio pasado.
Con la escasez de materiales, a veces es difícil que los promotores terminen las obras a tiempo, han dicho los gremios del sector. De hecho, González sostiene que algunos constructores están colocando fibra de polietileno en vez de mayas en las losas de las viviendas, pues el acero no se consigue. Es un material de igual calidad, pero más costoso.
La falta de materiales se resiente más, de acuerdo con González, porque lo poco que se está produciendo va directamente a las casa que se construyen en el marco de la Gran Misión Vivienda. Desde 2007, el Gobierno nacional ha ido expropiando todas las empresas del ramo.
La caída de la construcción de viviendas en Carabobo es de 70%, de acuerdo a la cifra que maneja González. En la región la disminución es más acentuada porque había una intensa actividad hace un par de años, que incluso superaba a la existente en la capital del país.
Apiur: se confiscarán cánones de arrendamiento
La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) denunció la confiscación e intervención del Ejecutivo en el Poder Judicial, lo cual implica la clara usurpación de los cánones de arrendamiento.
En una nota de prensa, Apiur hace referencia a un recurso de nulidad contra la disposición transitoria novena y el artículo 73 de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda, rechazado inicialmente por el Tribunal Supremo de Justicia el pasado 26 de julio, por lo que tuvieron que reintroducir el documento.
Apiur corrigió la causal de inadmisibilidad y reintrodujo el recurso de nulidad por considerar que la normativa incurre en “graves violaciones constitucionales”, ya que la disposición transitoria novena prácticamente obliga al arrendador a retirar los cánones de arrendamiento, sin importar las consecuencias jurídicas que tenga la consignación.
De acuerdo al documento enviado a la prensa, señalan que el artículo 24 de la Ley se establece una prescripción de los pagos realizados hacia el pasado.
Las estimaciones, cerca de 70 millones de bolívares, consignados en todos los tribunales del país, serán confiscados mediante la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda.
El Carabobeño
31-07-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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