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miércoles, 30 de mayo de 2012
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Rebajarán alquileres según la actividad económica
Alejandro Hinds
La Dirección Nacional de Arrendamiento Inmobiliario para Uso Comercial fijará cánones mensuales.
En la propuesta, que todavía no ha comenzado a discutirse en la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, no se precisan los porcentajes que se rebajarán
El proyecto de ley para la regulación y control del arrendamiento inmobiliario para uso comercial incluye descuentos en los cánones mensuales, que serán fijados por el Gobierno, en función de la actividad económica a la que se dedique el arrendatario.
En la propuesta, que todavía no ha comenzado a discutirse en la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, no se precisan los porcentajes que se rebajarán al canon de arrendamiento ni las actividades económicas que recibirán el beneficio.
La exposición de motivos, sin embargo, permite inferir que el descuento será para las empresas que realicen actividades relacionadas con bienes y servicios considerados de primera necesidad, porque dice que la especulación en los alquileres comerciales es una de las causas de la inflación.
"Las prácticas especulativas generan una presión permanente y creciente en la estructura de costos del arrendatario, que es trasladada al precio final de los productos y servicios, contribuyendo a la inflación y reduciendo la rentabilidad mínima necesaria de los arrendatarios", señala.
"Esta ley persigue poner fin a prácticas abusivas que han convertido el arrendamiento de este sector en una verdadera explotación para las familias trabajadoras, emprendedores o empresas, que dependen de la actividad productiva para su sustento", agrega.
El proyecto de ley regula el alquiler de locales comerciales, kioscos, stands, edificaciones para uso educativo y médico-asistencial, galpones, estacionamientos y oficinas, entre otros. Están excluidos los terrenos no edificados, las fincas rurales y los inmuebles turísticos.
Prohibiciones. Entre las acciones que se prohíben en la propuesta están el subarrendamiento sin la autorización del propietario, el decreto de medidas cautelares de secuestro si el inquilino está al día con el pago y la celebración de contratos en moneda extranjera.
También se veta el cobro de cánones que no sean calculados con los métodos que la ley establecerá o superen lo indicado por la Dirección Nacional de Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial, así como el pago de primas por la cesión, traspaso, arriendo o venta del punto.
El organismo supervisor determinará el valor de los inmuebles de acuerdo con criterios como calidad, dimensiones y otras circunstancias que influyan en las operaciones, así como el valor fiscal declarado, el precio de compra y el costo promedio de inmuebles similares.
Para fijar el canon mensual tomará en cuenta el índice de precios de locales comerciales, IPLC, que el Banco Central de Venezuela deberá crear en un lapso de seis meses a partir de la entrada en vigencia de la ley. "Se tomará la variación interanual del IPLC y se establecerá como renta anual sobre el valor del inmueble. La renta resultante deberá ser mensualizada", precisa el artículo 59.
Cuando el contrato de arrendamiento incluya bienes muebles, éstos deberán ser inventariados y avaluados en función de la depreciación, la utilidad, el rendimiento y la producción para ser considerados en el canon mensual.
Su revisión podrá ser solicitada cada dos años, que será la duración mínima del contrato, o cuando se haya cambiado el uso o realizado mejoras, cuyo costo exceda de 40% del valor del inmueble.
El Nacional
29-05-2012
Recopilado por:
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La Dirección Nacional de Arrendamiento Inmobiliario para Uso Comercial fijará cánones mensuales.
En la propuesta, que todavía no ha comenzado a discutirse en la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, no se precisan los porcentajes que se rebajarán
El proyecto de ley para la regulación y control del arrendamiento inmobiliario para uso comercial incluye descuentos en los cánones mensuales, que serán fijados por el Gobierno, en función de la actividad económica a la que se dedique el arrendatario.
En la propuesta, que todavía no ha comenzado a discutirse en la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, no se precisan los porcentajes que se rebajarán al canon de arrendamiento ni las actividades económicas que recibirán el beneficio.
La exposición de motivos, sin embargo, permite inferir que el descuento será para las empresas que realicen actividades relacionadas con bienes y servicios considerados de primera necesidad, porque dice que la especulación en los alquileres comerciales es una de las causas de la inflación.
"Las prácticas especulativas generan una presión permanente y creciente en la estructura de costos del arrendatario, que es trasladada al precio final de los productos y servicios, contribuyendo a la inflación y reduciendo la rentabilidad mínima necesaria de los arrendatarios", señala.
"Esta ley persigue poner fin a prácticas abusivas que han convertido el arrendamiento de este sector en una verdadera explotación para las familias trabajadoras, emprendedores o empresas, que dependen de la actividad productiva para su sustento", agrega.
El proyecto de ley regula el alquiler de locales comerciales, kioscos, stands, edificaciones para uso educativo y médico-asistencial, galpones, estacionamientos y oficinas, entre otros. Están excluidos los terrenos no edificados, las fincas rurales y los inmuebles turísticos.
Prohibiciones. Entre las acciones que se prohíben en la propuesta están el subarrendamiento sin la autorización del propietario, el decreto de medidas cautelares de secuestro si el inquilino está al día con el pago y la celebración de contratos en moneda extranjera.
También se veta el cobro de cánones que no sean calculados con los métodos que la ley establecerá o superen lo indicado por la Dirección Nacional de Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial, así como el pago de primas por la cesión, traspaso, arriendo o venta del punto.
El organismo supervisor determinará el valor de los inmuebles de acuerdo con criterios como calidad, dimensiones y otras circunstancias que influyan en las operaciones, así como el valor fiscal declarado, el precio de compra y el costo promedio de inmuebles similares.
Para fijar el canon mensual tomará en cuenta el índice de precios de locales comerciales, IPLC, que el Banco Central de Venezuela deberá crear en un lapso de seis meses a partir de la entrada en vigencia de la ley. "Se tomará la variación interanual del IPLC y se establecerá como renta anual sobre el valor del inmueble. La renta resultante deberá ser mensualizada", precisa el artículo 59.
Cuando el contrato de arrendamiento incluya bienes muebles, éstos deberán ser inventariados y avaluados en función de la depreciación, la utilidad, el rendimiento y la producción para ser considerados en el canon mensual.
Su revisión podrá ser solicitada cada dos años, que será la duración mínima del contrato, o cuando se haya cambiado el uso o realizado mejoras, cuyo costo exceda de 40% del valor del inmueble.
El Nacional
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"Se van de sus doce galpones ya"
Fundacaracas actuó con mandarrias y aval de sindicatos bolivarianos
Entre las calles Ecuador y Panamerican de Catia obreros de la Alcaldía de Libertador demolieron un galpón de Polar, tomaron el parqueadero Tu Carro Chocado e intentaron apoderarse, con apoyo de Fundacaracas, de otros nueve galpones donde sus propietarios mostraron que "no son terrenos ociosos". En las áreas tomadas en Catia se colocaron pancartas de la Gran Misión Vivienda Venezuela y se hablaba de que la ejecución del Plan Catia es una total improvisación que no fue consultada con los vecinos del casco central. Los propietarios de comercios de cerámicas mostraron sus inventarios. FOTOS VENANCIO ALCÁZARES
JORGE HERNÁNDEZ
En una acción coordinada con la Policía de Caracas funcionarios de la Sindicatura Municipal y de la Fundación Caracas (Fundacaracas) llegaron a las calles Panamerican, Ecuador, El Cristo, Bolivia, segunda avenida y sector Vista Hermosa de Los Magallanes, en Catia, para demoler doce galpones y tres comercios donde el Estado quiere construir viviendas para damnificados.
Pasadas las 10 am del lunes los trabajadores e inquilinos del galpón de Cervecería Polar en la calle Ecuador observaron como funcionarios y obreros de la Alcaldía de Libertador rompieron dos santamarías "a la fuerza", empleando mandarrias para "apoderarse" de más de 1.200 m2 de terrenos donde funciona la Distribuidora J.B Fuentes S.R.L. En la Mueblería La Campana de Los Magallanes también hubo demolición sin acuerdo previo.
"Están expropiados. No nos importa si tienen licores y neveras. Policaracas y el jefe de proyecto de Fundacaracas (Servando) nos gritaron que deben salir hoy. Ya tumbaron puertas principales, están demoliendo techos, luego van por las paredes", afirmó Denis Fuentes, dueño de Distribuidora Fuentes, arrendataria de Polar.
Puertas afuera funcionarios de la Sindicatura Municipal y de sindicatos bolivarianos colocaron en la fachada del galpón de Polar una pancarta de la "Gran Misión Vivienda Venezuela". Allí durante 17 años ha trabajado la familia Fuentes, con 16 empleados que se quedan en la calle. A ellos se suman otros 100 trabajadores directos que se quedarán sin empleo con la toma de nueve galpones en la calle Panamerican de Catia.
Mientras se demolían los techos de Polar en la calle Ecuador, sin pagar un centavo, Gabriela Guevara, funcionaria de la Sindicatura Municipal de Libertador, levantaba un acta de los hechos. Allí se anexó una declaración de un abogado de Polar que le decía que el procedimiento viola la ley y los procesos de negociación que se dictan en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de Emergencias para Terrenos y Vivienda (Gaceta Oficial 6.018 del 29/01/2001).
En Polar anunciaron que están evaluando la situación ocurrida ayer en Catia.
A media cuadra de la calle Ecuador Fundacaracas también tomó el galpón donde funciona el estacionamiento y comercio Tu Carro Chocado. Mientras que en la calle Panamerican de Catia nueve comerciantes y cien trabajadores rechazaron la violación de los acuerdos de la Asamblea de Ciudadanos de Nueva Caracas con el diputado Aristóbulo Istúriz y el alcalde de Libertador Jorge Rodríguez. "Ellos vinieron a inicios de año, luego en abril el presidente, Hugo Chávez, habló de tomar la zona para ejecutar el Plan Catia, y hoy llegan sin orden de desalojo ni aviso previo a demoler nuestros negocios", afirmó Carlos Rubio, quien trabaja y vive con su esposa embarazada en Transportes Rubert 3000.
"No vamos a entregarles nada. Tenemos maquinaria pesada que usamos en obras de Misión Vivienda y la Cota Mil (Inversiones Aldea C.A)", resaltó el trabajador.
Amante Crincoli, vocero de los comerciantes de Catia, explicó que Fundacaracas pasó por encima de las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos. "Ese Plan Catia es pura improvisación. Estábamos trabajando para que hicieran estudios de suelo y luego veríamos que se iba a hacer. Hoy nos dicen que nos vayamos de nuestros doce galpones ya", alertó.
Yajaira Meléndez, vocera parroquial, indicó frente a los afectados que esa medida había sido advertida porque en Catia hay miles de damnificados. "Los funcionarios se quedarán para demoler", explicó.
Luego de cinco horas de conflicto la directora de Fundacaracas, arquitecto Paola Posani, llegó a la calle Panamerican de Catia acompañada por el director de Policaracas, Robinson Navarro, quienes conversaron con algunos dueños de galpones y les dijeron que ya debían demoler el local Solda Todo para hacer edificios.
"Tras el encuentro se acordó una reunión hoy a las 10:30 am en la Sindicatura Municipal de Plaza Venezuela", aseguró Rafael Nuñez dueño de los terrenos en la calle Panamerican (Asociación Blandín), espacios donde geólogos de Libertador anunciaron que "están saturadas de agua".
Navarro por su parte ofreció espacios de Policaracas para estacionar maquinarias pesadas porque ellos ya necesitan "moverse entre los nueve galpones para hacer viviendas por orden del Presidente".
LOS AFECTADOS
• En la calle Panamerican de Catia están afectados los comercios Cerámicas Sucre, Mueblerías Eloína, Herrería Javier, Solda Todo, Transporte Rubert 3000, una tornería, una venta de repuestos y otros dos comercios.
• En la calle Ecuador de Catia fueron tomados la Distribuidora Fuentes J.B (Cervecería Polar) y el estacionamiento Tu Carro Chocado.
• En la calle El Cristo tomaron la empresa Comprotec. Y En Altavista a Aluminios Brito fue demolido.
• En el sector Vista Hermosa de los Magallanes de Catia Fundacaracas tomo la Mueblería La Campana, un autolavado y otros dos galpones (Don Pollo y un comercio).
• Los afectados harán vigilia para evitar más atropellos.
El Universal
29-05-2012
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Entre las calles Ecuador y Panamerican de Catia obreros de la Alcaldía de Libertador demolieron un galpón de Polar, tomaron el parqueadero Tu Carro Chocado e intentaron apoderarse, con apoyo de Fundacaracas, de otros nueve galpones donde sus propietarios mostraron que "no son terrenos ociosos". En las áreas tomadas en Catia se colocaron pancartas de la Gran Misión Vivienda Venezuela y se hablaba de que la ejecución del Plan Catia es una total improvisación que no fue consultada con los vecinos del casco central. Los propietarios de comercios de cerámicas mostraron sus inventarios. FOTOS VENANCIO ALCÁZARES
JORGE HERNÁNDEZ
En una acción coordinada con la Policía de Caracas funcionarios de la Sindicatura Municipal y de la Fundación Caracas (Fundacaracas) llegaron a las calles Panamerican, Ecuador, El Cristo, Bolivia, segunda avenida y sector Vista Hermosa de Los Magallanes, en Catia, para demoler doce galpones y tres comercios donde el Estado quiere construir viviendas para damnificados.
Pasadas las 10 am del lunes los trabajadores e inquilinos del galpón de Cervecería Polar en la calle Ecuador observaron como funcionarios y obreros de la Alcaldía de Libertador rompieron dos santamarías "a la fuerza", empleando mandarrias para "apoderarse" de más de 1.200 m2 de terrenos donde funciona la Distribuidora J.B Fuentes S.R.L. En la Mueblería La Campana de Los Magallanes también hubo demolición sin acuerdo previo.
"Están expropiados. No nos importa si tienen licores y neveras. Policaracas y el jefe de proyecto de Fundacaracas (Servando) nos gritaron que deben salir hoy. Ya tumbaron puertas principales, están demoliendo techos, luego van por las paredes", afirmó Denis Fuentes, dueño de Distribuidora Fuentes, arrendataria de Polar.
Puertas afuera funcionarios de la Sindicatura Municipal y de sindicatos bolivarianos colocaron en la fachada del galpón de Polar una pancarta de la "Gran Misión Vivienda Venezuela". Allí durante 17 años ha trabajado la familia Fuentes, con 16 empleados que se quedan en la calle. A ellos se suman otros 100 trabajadores directos que se quedarán sin empleo con la toma de nueve galpones en la calle Panamerican de Catia.
Mientras se demolían los techos de Polar en la calle Ecuador, sin pagar un centavo, Gabriela Guevara, funcionaria de la Sindicatura Municipal de Libertador, levantaba un acta de los hechos. Allí se anexó una declaración de un abogado de Polar que le decía que el procedimiento viola la ley y los procesos de negociación que se dictan en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de Emergencias para Terrenos y Vivienda (Gaceta Oficial 6.018 del 29/01/2001).
En Polar anunciaron que están evaluando la situación ocurrida ayer en Catia.
A media cuadra de la calle Ecuador Fundacaracas también tomó el galpón donde funciona el estacionamiento y comercio Tu Carro Chocado. Mientras que en la calle Panamerican de Catia nueve comerciantes y cien trabajadores rechazaron la violación de los acuerdos de la Asamblea de Ciudadanos de Nueva Caracas con el diputado Aristóbulo Istúriz y el alcalde de Libertador Jorge Rodríguez. "Ellos vinieron a inicios de año, luego en abril el presidente, Hugo Chávez, habló de tomar la zona para ejecutar el Plan Catia, y hoy llegan sin orden de desalojo ni aviso previo a demoler nuestros negocios", afirmó Carlos Rubio, quien trabaja y vive con su esposa embarazada en Transportes Rubert 3000.
"No vamos a entregarles nada. Tenemos maquinaria pesada que usamos en obras de Misión Vivienda y la Cota Mil (Inversiones Aldea C.A)", resaltó el trabajador.
Amante Crincoli, vocero de los comerciantes de Catia, explicó que Fundacaracas pasó por encima de las decisiones de la Asamblea de Ciudadanos. "Ese Plan Catia es pura improvisación. Estábamos trabajando para que hicieran estudios de suelo y luego veríamos que se iba a hacer. Hoy nos dicen que nos vayamos de nuestros doce galpones ya", alertó.
Yajaira Meléndez, vocera parroquial, indicó frente a los afectados que esa medida había sido advertida porque en Catia hay miles de damnificados. "Los funcionarios se quedarán para demoler", explicó.
Luego de cinco horas de conflicto la directora de Fundacaracas, arquitecto Paola Posani, llegó a la calle Panamerican de Catia acompañada por el director de Policaracas, Robinson Navarro, quienes conversaron con algunos dueños de galpones y les dijeron que ya debían demoler el local Solda Todo para hacer edificios.
"Tras el encuentro se acordó una reunión hoy a las 10:30 am en la Sindicatura Municipal de Plaza Venezuela", aseguró Rafael Nuñez dueño de los terrenos en la calle Panamerican (Asociación Blandín), espacios donde geólogos de Libertador anunciaron que "están saturadas de agua".
Navarro por su parte ofreció espacios de Policaracas para estacionar maquinarias pesadas porque ellos ya necesitan "moverse entre los nueve galpones para hacer viviendas por orden del Presidente".
LOS AFECTADOS
• En la calle Panamerican de Catia están afectados los comercios Cerámicas Sucre, Mueblerías Eloína, Herrería Javier, Solda Todo, Transporte Rubert 3000, una tornería, una venta de repuestos y otros dos comercios.
• En la calle Ecuador de Catia fueron tomados la Distribuidora Fuentes J.B (Cervecería Polar) y el estacionamiento Tu Carro Chocado.
• En la calle El Cristo tomaron la empresa Comprotec. Y En Altavista a Aluminios Brito fue demolido.
• En el sector Vista Hermosa de los Magallanes de Catia Fundacaracas tomo la Mueblería La Campana, un autolavado y otros dos galpones (Don Pollo y un comercio).
• Los afectados harán vigilia para evitar más atropellos.
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Prevén reinaugurar la Torre Este a mediados de 2013
Se ha erogado una cifra ocho veces superior a la que se previó gastar cuando se incendió JORGE SANTOS
Ocho años lleva el Ejecutivo Nacional ejecutando los trabajos de recuperación de la Torre Este de Parque Central, que quedó prácticamente destruida por un incendió que se registró el 17 de octubre del 2004.
Ayer, la presidenta de la Junta Liquidadora del Centro Simón Bolívar, Dayana Ramírez, en declaraciones que ofreció a la emisora de radio YVKE Mundial, prometió que sería a mediados de 2013 cuando sea reinaugurada dicho inmueble.
A pocos días del incendio que consumió casi un tercio de la edificación, voceros del Gobierno afirmaron que estaría lista en 2006 y luego dijeron que en el primer trimestre de 2009.
Ramírez informó que la rehabilitación lleva 85% de avance. Asimismo, manifestó que la estructura conservará el diseño original.
Además, explicó que los recursos recién aprobados fueron asignados para la realización de trabajos en dos núcleos.
El 28 de marzo de este año el Presidente de la República anunció desde La Habana un aporte de 265 millones de bolívares en la reconstrucción. Con este monto, lo erogado hasta ahora en el inmueble ya se acerca a los Bs 915 millones, ocho veces lo que se previó gastar luego del siniestro.
La Presidenta de la Junta Liquidadora del Centro Simón Bolívar acotó que actualmente están trabajando "desde el punto de vista de obras civiles, de protección antifuego y del recubrimiento de la cortina de vidrio de la torre". MCV
El Universal
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A pocos días del incendio que consumió casi un tercio de la edificación, voceros del Gobierno afirmaron que estaría lista en 2006 y luego dijeron que en el primer trimestre de 2009.
Ramírez informó que la rehabilitación lleva 85% de avance. Asimismo, manifestó que la estructura conservará el diseño original.
Además, explicó que los recursos recién aprobados fueron asignados para la realización de trabajos en dos núcleos.
El 28 de marzo de este año el Presidente de la República anunció desde La Habana un aporte de 265 millones de bolívares en la reconstrucción. Con este monto, lo erogado hasta ahora en el inmueble ya se acerca a los Bs 915 millones, ocho veces lo que se previó gastar luego del siniestro.
La Presidenta de la Junta Liquidadora del Centro Simón Bolívar acotó que actualmente están trabajando "desde el punto de vista de obras civiles, de protección antifuego y del recubrimiento de la cortina de vidrio de la torre". MCV
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La Ley de Alquileres de Locales se adapta al modelo socialista
El nuevo ente rector deberá estar en línea con la Comisión de Planificación
En la propuesta de la AN se prevé que un ente estatal fije los cánones de los locales comerciales y revise los contratos ARCHIVO
MAYELA ARMAS H.
La ley que se prepara para controlar los alquileres de los locales comerciales incorpora las líneas del modelo socialista.
El primer papel de trabajo de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional sobre la Ley de Regulación y Control del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial prevé la creación de un nuevo organismo de regulación, que estará en coordinación con la Comisión Central de Planificación.
La propuesta prevé la conformación de la Dirección Nacional de Arrendamientos Inmobiliarios de Uso Comercial (adscrita al Ministerio de Comercio) que tendrá entre sus atribuciones: establecer las rentas que podrán cobrar los propietarios de los establecimientos, según "lo justo a pagar y lo justo a cobrar", y revisar los contratos de alquiler.
Aunado a ello, determinará las políticas en materia de arrendamientos comerciales.
La propuesta en el artículo 34 indica que la "Dirección Nacional de Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial, estará dotada de personalidad jurídica, con competencias financieras, administrativas, presupuestarias, técnicas, normativas y políticas establecidas por el ente de adscripción en coordinación con la Comisión Central de Planificación".
En manos de la Comisión de Planificación está el impulso hacia el modelo socialista.
El decreto de creación de esa instancia señala que por esa vía se "avanzará en la transición hacia un modelo de planificación centralizada (...) y se transitará hacia un modelo de sociedad socialista, donde el sistema económico es un instrumento dirigido a ese fin, con garantía de la justa distribución de la riqueza".
La exposición de motivos del anteproyecto de Ley de Alquileres de Locales detalla que la Dirección de Arrendamiento tendrá que constituir un sistema de coordinación nacional en la materia "para la aplicación, vigilancia y control de la nueva normativa socialista".
Agrega que la ley "brindará los mecanismos para mantener la estabilidad de la relación arrendaticia, evitando la especulación y la usura por parte de los propietarios de los locales". Añade que "la base sobre la cual se levanta el orden capitalista es la estructura económica constituida por relaciones sociales de producción, basada en la explotación, que da lugar a las diversas formas de acumulación privada, convirtiendo a los arrendatarios en esclavos, y es un elemento más del fenómeno inflacionario que erosiona el poder adquisitivo de la población".
El diputado de la Comisión, José Gregorio Contreras, señala que ese nuevo texto apunta hacia un control estatal y afectará la propiedad privada. En ese contexto, agrega que "la discusión tiene que buscar el equilibrio para que no suceda lo mismo que con la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios".
El nuevo texto prevé regular el alquiler en locales ubicados en centros comerciales, quioscos, stand, edificaciones de uso educacional, galpones, estacionamientos y otros locales.
Sin beneficios
Ante el contenido de la propuesta que controla el alquiler en los comercios, el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta, aseguró a Unión Radio que "se está repitiendo el error de la Ley de Arrendamientos de Vivienda. Se quiere centralizar todo y lo que se ha generado es un caos que no ha beneficiado ni a los propietarios ni a los inquilinos".
Recordó que a seis meses de la aprobación de la Ley de Arrendamientos no se ha fijado el valor de reposición, no existen entes descentralizados que lleven a cabo los trámites, que están colapsados, porque todo está en un entre central.
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La propuesta prevé la conformación de la Dirección Nacional de Arrendamientos Inmobiliarios de Uso Comercial (adscrita al Ministerio de Comercio) que tendrá entre sus atribuciones: establecer las rentas que podrán cobrar los propietarios de los establecimientos, según "lo justo a pagar y lo justo a cobrar", y revisar los contratos de alquiler.
Aunado a ello, determinará las políticas en materia de arrendamientos comerciales.
La propuesta en el artículo 34 indica que la "Dirección Nacional de Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial, estará dotada de personalidad jurídica, con competencias financieras, administrativas, presupuestarias, técnicas, normativas y políticas establecidas por el ente de adscripción en coordinación con la Comisión Central de Planificación".
En manos de la Comisión de Planificación está el impulso hacia el modelo socialista.
El decreto de creación de esa instancia señala que por esa vía se "avanzará en la transición hacia un modelo de planificación centralizada (...) y se transitará hacia un modelo de sociedad socialista, donde el sistema económico es un instrumento dirigido a ese fin, con garantía de la justa distribución de la riqueza".
La exposición de motivos del anteproyecto de Ley de Alquileres de Locales detalla que la Dirección de Arrendamiento tendrá que constituir un sistema de coordinación nacional en la materia "para la aplicación, vigilancia y control de la nueva normativa socialista".
Agrega que la ley "brindará los mecanismos para mantener la estabilidad de la relación arrendaticia, evitando la especulación y la usura por parte de los propietarios de los locales". Añade que "la base sobre la cual se levanta el orden capitalista es la estructura económica constituida por relaciones sociales de producción, basada en la explotación, que da lugar a las diversas formas de acumulación privada, convirtiendo a los arrendatarios en esclavos, y es un elemento más del fenómeno inflacionario que erosiona el poder adquisitivo de la población".
El diputado de la Comisión, José Gregorio Contreras, señala que ese nuevo texto apunta hacia un control estatal y afectará la propiedad privada. En ese contexto, agrega que "la discusión tiene que buscar el equilibrio para que no suceda lo mismo que con la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios".
El nuevo texto prevé regular el alquiler en locales ubicados en centros comerciales, quioscos, stand, edificaciones de uso educacional, galpones, estacionamientos y otros locales.
Sin beneficios
Ante el contenido de la propuesta que controla el alquiler en los comercios, el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta, aseguró a Unión Radio que "se está repitiendo el error de la Ley de Arrendamientos de Vivienda. Se quiere centralizar todo y lo que se ha generado es un caos que no ha beneficiado ni a los propietarios ni a los inquilinos".
Recordó que a seis meses de la aprobación de la Ley de Arrendamientos no se ha fijado el valor de reposición, no existen entes descentralizados que lleven a cabo los trámites, que están colapsados, porque todo está en un entre central.
El Universal
29-05-2012
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Lic. Henry Medina
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Fogade entregará 15 inmuebles para la Gran Misión Vivienda
Hasta la fecha el organismo ha otorgado 1.413 apartamentos
ENDER MARCANO
El presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade), David Alastre, informó que dicho fondo transferirá 15 inmuebles a la Gran Misión Vivienda Venezuela, entre edificios, apartamentos y terrenos.
Durante su intervención ayer en el programa De Frente, que transmite Venezolana de Televisión, Alastre especificó que el Presidente de la República ya aprobó el punto de cuenta para la transferencia de estos bienes que pasarán a manos del Instituto Nacional de Vivienda (Inavi), que finalmente se encargará de regular la asignación dichos activos.
Entre los bienes se encuentran terrenos en el estado Táchira, Nueva Esparta, Carabobo y el Distrito Capital. Mientras que los edificios y apartamentos están ubicados en Caracas (parroquia Altagracia) y Cabimas, estado Zulia.
Alastre explicó que en todos los casos los terrenos o edificios ya han sido evaluados y están condicionados para destinarse a viviendas.
También informó que hasta ahora Fogade ha entregado 1.413 apartamentos que tenía en su poder a familias, y un total de 1.755 metros cuadrados en terrenos e infraestructura.
El Universal
29-05-2012
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El presidente del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (Fogade), David Alastre, informó que dicho fondo transferirá 15 inmuebles a la Gran Misión Vivienda Venezuela, entre edificios, apartamentos y terrenos.
Durante su intervención ayer en el programa De Frente, que transmite Venezolana de Televisión, Alastre especificó que el Presidente de la República ya aprobó el punto de cuenta para la transferencia de estos bienes que pasarán a manos del Instituto Nacional de Vivienda (Inavi), que finalmente se encargará de regular la asignación dichos activos.
Entre los bienes se encuentran terrenos en el estado Táchira, Nueva Esparta, Carabobo y el Distrito Capital. Mientras que los edificios y apartamentos están ubicados en Caracas (parroquia Altagracia) y Cabimas, estado Zulia.
Alastre explicó que en todos los casos los terrenos o edificios ya han sido evaluados y están condicionados para destinarse a viviendas.
También informó que hasta ahora Fogade ha entregado 1.413 apartamentos que tenía en su poder a familias, y un total de 1.755 metros cuadrados en terrenos e infraestructura.
El Universal
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"Desalojan por las buenas o por las malas"
Los comerciantes de las calles Panamericanas, El Cristo, Los Magallanes y Ecuador − en Catia− tendrán que desocupar los locales donde han trabajado por años debido a una medida de expropiación y demolición emanada por la Alcaldía de Libertador.
A las 10:00 de la mañana comenzaron a llegar funcionarios de Fundacaracas y de la Alcaldía del Libertador acompañados por efectivos de las policías Nacional Bolivariana y de Caracas, de inmediato tomaron 14 galpones, en el marco del Plan Catia con el fin de construir viviendas para damnificados.
2001
29-05-2012
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2001
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Siguen expropiando terrenos en Caracas para construir viviendas
El Gobierno venezolano ordenó hoy la ocupación inmediata de 105 terrenos a lo largo del país para la construcción de viviendas, entre los cuales se encuentran unos almacenes de la mayor firma nacional de producción de alimentos, Empresas Polar.
El ministro de Energía, Rafael Ramírez, indicó que el presidente, Hugo Chávez, dejó firmado un conjunto de decretos antes de partir, el sábado, a La Habana para seguir con su tratamiento contra el cáncer, entre ellos para la ocupación de 1.268 hectáreas que se destinarán a la construcción de 56.711 nuevas viviendas.
"Muchos de estos terrenos son privados. Hay uno de la Polar ahí en el estado Lara, una medida anunciada por el comandante presidente. Se dio un tiempo para que se reaccionara y, como finalmente no pasó nada, lo tomamos como área de vivienda", declaró Ramírez en una conferencia de prensa.
El Nuevo País
29-05-2012
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El ministro de Energía, Rafael Ramírez, indicó que el presidente, Hugo Chávez, dejó firmado un conjunto de decretos antes de partir, el sábado, a La Habana para seguir con su tratamiento contra el cáncer, entre ellos para la ocupación de 1.268 hectáreas que se destinarán a la construcción de 56.711 nuevas viviendas.
"Muchos de estos terrenos son privados. Hay uno de la Polar ahí en el estado Lara, una medida anunciada por el comandante presidente. Se dio un tiempo para que se reaccionara y, como finalmente no pasó nada, lo tomamos como área de vivienda", declaró Ramírez en una conferencia de prensa.
El Nuevo País
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Legislación frena inicio de nuevas obras
La incertidumbre y falta de garantías jurídicas que señalan los constructores con la entrada en vigencia de nuevas leyes, ha impedido que se inicien desarrollos habitacionales cumpliendo con estas normativas.
El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), Gilbert Dao, dijo que todavía ningún proyecto privado se ha adaptado a los avales o permisos que exigen la Ley Contra las Estafas Inmobiliarias o la Ley para la Regularización y Control de Arrendamiento de Viviendas.
Dijo que es comprensible, porque, por una parte, las leyes son muy recientes, pero "ciertamente hay limitaciones y genera cierto temor iniciar un proyecto con normas que todavía no tenemos muy claras y donde no vemos garantías, … no se trata de un capricho del constructor, es más que eso, es un temor real".
Dao refirió, por ejemplo, que la Ley Contra Estafas Inmobiliarias, exige una fianza −una garantía−, de 100% del costo total del desarrollo para poder empezar la construcción. Dijo que representa un riesgo para una empresa pequeña, que quizás no puede iniciar una obra porque el respaldo es muy alto. "Entendemos lo que busca el Gobierno, que es proteger al comprador para que le garanticen su casa, pero por eso creo que debemos sentarnos y conversar, buscar salidas, hay matices, quizás hay normas que se pueden modificar".
Dijo que la obligatoriedad de terminar una obra en 24 meses o de lo contrario se procede a multar al constructor, es discutible, porque "hay edificios pequeños que se construyen rápido, pero un complejo habitacional lleva más tiempo". Respecto a la obligación que señala la Ley de Arrendamiento, de destinar apartamentos nuevos para alquilar, también hay que revisar la rentabilidad para el constructor.
Entorno Inteligente
28-05-2012
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Dijo que es comprensible, porque, por una parte, las leyes son muy recientes, pero "ciertamente hay limitaciones y genera cierto temor iniciar un proyecto con normas que todavía no tenemos muy claras y donde no vemos garantías, … no se trata de un capricho del constructor, es más que eso, es un temor real".
Dao refirió, por ejemplo, que la Ley Contra Estafas Inmobiliarias, exige una fianza −una garantía−, de 100% del costo total del desarrollo para poder empezar la construcción. Dijo que representa un riesgo para una empresa pequeña, que quizás no puede iniciar una obra porque el respaldo es muy alto. "Entendemos lo que busca el Gobierno, que es proteger al comprador para que le garanticen su casa, pero por eso creo que debemos sentarnos y conversar, buscar salidas, hay matices, quizás hay normas que se pueden modificar".
Dijo que la obligatoriedad de terminar una obra en 24 meses o de lo contrario se procede a multar al constructor, es discutible, porque "hay edificios pequeños que se construyen rápido, pero un complejo habitacional lleva más tiempo". Respecto a la obligación que señala la Ley de Arrendamiento, de destinar apartamentos nuevos para alquilar, también hay que revisar la rentabilidad para el constructor.
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28-05-2012
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Lenta ejecución de fondos afectó casas por convenios
Por la vía de los acuerdos foráneos se prevén 90.000 casas ARCHIVO
En 2011 el Gobierno amplió los acuerdos internacionales para la construcción de viviendas, pero la Memoria del Ministerio de Vivienda del pasado año reveló que la ejecución de esos proyectos fue lenta.
Los técnicos de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional realizaron una revisión de la Memoria y detallaron que entre los obstáculos que enfrentó la producción de casas estuvo "la demora en el otorgamiento de los recursos por parte de los entes financieros y las fuentes de financiamiento de los convenios internacionales".
A través de los acuerdos con China, Belarús, Irán, Portugal, Brasil y Uruguay se contempla la construcción de 90.000 soluciones habitacionales. Para avanzar en esos proyectos el pasado año se asignaron 4,4 millardos de bolívares, pero al cierre de ejercicio solamente se erogó 55% de ese monto.
Además de los atrasos en el desarrollo de las casas por los convenios, el informe de los técnicos muestra otras fallas en los obras de los entes oficiales.
El documento indica que "hubo falta de transferencia del recurso por 157 millones que el Ipasmé debía usar para la reactivación de 38 obras". Agrega que al final el Ministerio de Vivienda asumió la asignación de los fondos faltantes.
El Universal
27-05-2012
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Los técnicos de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional realizaron una revisión de la Memoria y detallaron que entre los obstáculos que enfrentó la producción de casas estuvo "la demora en el otorgamiento de los recursos por parte de los entes financieros y las fuentes de financiamiento de los convenios internacionales".
A través de los acuerdos con China, Belarús, Irán, Portugal, Brasil y Uruguay se contempla la construcción de 90.000 soluciones habitacionales. Para avanzar en esos proyectos el pasado año se asignaron 4,4 millardos de bolívares, pero al cierre de ejercicio solamente se erogó 55% de ese monto.
Además de los atrasos en el desarrollo de las casas por los convenios, el informe de los técnicos muestra otras fallas en los obras de los entes oficiales.
El documento indica que "hubo falta de transferencia del recurso por 157 millones que el Ipasmé debía usar para la reactivación de 38 obras". Agrega que al final el Ministerio de Vivienda asumió la asignación de los fondos faltantes.
El Universal
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