lunes, 25 de marzo de 2013

SUSCRIBETE 100% AL EXCLUSIVO GRUPO YAHOO CORREDOR_INMOBILIARIO HENRY MEDINA


EXCLUSIVAMENTE PARA CORREDORES INMOBILIARIOS
(Se reserva el derecho de admisión)

Suscribir:
corredor_inmobiliario-subscribe@yahoogroups.com

Sigue al Grupo Y Corredor_Inmobiliario ( @Henry_Medina ) en Twitter

* DISTRIBUCION DE AVISOS sobre la compra, venta, alquiler y permuta de inmuebles, que se encuentren en Venezuela, en los cuales comparten comisión los Asesores Inmobiliarios participantes

* EXCLUSIVO GRUPO donde solamente participan Asesores Inmobiliarios

* SIN LIMITE en el numero de avisos enviados

* NOTICIAS INMOBILIARIAS

* SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD para Ud y sus clientes

* ¡ MAXIMICE SU OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS !

SUSCRIBETE !00% AL EXCLUSIVO GRUPO YAHOO CORREDOR_INMOBILIARIO HENRY MEDINA
http://es.groups.yahoo.com/group/corredor_inmobiliario/




















PARA MAS INFORMACION:

Lic. Henry Medina
Administrador del Grupo Yahoo Corredor_inmobiliario
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
hmedina30@yahoo.es
twitter: @Henry_Medina
Linkedin: http://ve.linkedin.com/pub/henry-medina/21/59b/59b

SUSCRIBETE 100% AL EXCLUSIVO GRUPO YAHOO CORREDOR_INMOBILIARIO HENRY MEDINA


Subscribir:
corredor_inmobiliario-subscribe@yahoogroups.com

EXCLUSIVAMENTE PARA CORREDORES INMOBILIARIOS
(Se reserva el derecho de admisión)

"El Gobierno entendió que la producción nacional de insumos es insuficiente"


Gilbert Dao Presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción / Alex Delgado

Hubo momentos en los que la industria de la construcción, agremiada desde hace 70 años en una organización que agrupa 2.500 empresas, aportaba información técnica que nutría e impulsaba políticas públicas de envergadura. Pero eso no ocurre desde hace aproximadamente 6 años, afirma Gilbert Dao, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción.

“El diálogo entre los organismos públicos y el sector privado de la construcción es inexistente”, dice sin vacilar. Esto explica por qué problemas como la escasez de insumos, la conflictividad laboral y un marco legal que inhibe el desarrollo del sector no han podido ser resueltos, agrega.

Entre los deberes como cámara, que representa una de las industrias con mayor influencia en la economía, se encuentra la producción de estudios y propuestas que permitan lo que Dao llamó un “desarrollo real de la construcción”. Sin embargo, el aporte no ha hallado cabida en un sector público que busca mediante decretos y restricciones bajar a toda costa los precios de las viviendas en el país.

—¿Cuáles han sido las consecuencias de la falta de diálogo entre el Gobierno y la industria privada de la construcción?
—No poder exponer los cuellos de botella que presenta nuestra actividad diaria. Cuando no hay comunicación la industria se paraliza. Hay que entender que si los proyectos dejan de ser rentables el sector privado simplemente los deja de hacer, porque no tiene la facultad que sí tiene el Gobierno de hacerlos a cualquier costo. Lo que proponemos es un diálogo sincero para entender por qué la construcción ha venido cayendo durante 12 trimestres consecutivos. Eso debería llamarle la atención al sector público.

—¿Cuáles son los cuellos de botella que afronta el sector?
—Son muchos porque lo primero que hay que entender es que la construcción es un proceso complejo que implica planificación, disponibilidad de insumos, buenas relaciones laborales, visión a largo plazo, garantía de recursos para el financiamiento, entre otros requisitos. Todo tiene que funcionar de una manera armónica. Ahora ocurre que, primero, hay escasez de insumos principales, sobre todo de cemento y cabillas, que están regulados pero no se consiguen al precio controlado. Segundo, el desarrollo de todo un nuevo marco legal desde el año 2009 que es muy restrictivo. A eso le sumas el repunte de precios de los insumos, nacionales e importados, los conflictos laborales y una Ley Orgánica del Trabajo que incrementa los costos para la industria.

—¿Cómo ha sido la caída del sector?
—No hay cifras oficiales de 2012. La iniciativa privada es muy escasa. Hay afiliados que están haciendo vida en la Misión Vivienda, pero la realidad es que en 2011 el sector privado construyó 80.000 viviendas, cifra que después bajó a 38.000 unidades anuales aproximadamente. Este año es muy poco lo que ha arrancado nuevo.

—¿El incremento de la cartera hipotecaria de 15% a 20% no fomenta la construcción privada?
—Por un lado contribuye porque tienes una masa monetaria mayor para la construcción, pero por otro tienes unas condiciones que no permiten que los empresarios se motiven a invertir. La legislación del sector financiero ha abierto muchas posibilidades, pero no hay quién construya porque las condiciones son muy complejas

—¿Qué papel tiene el nuevo ordenamiento legal dentro de los factores inhibitorios?
—El nuevo ordenamiento legal es muy restrictivo y tiene unas condiciones que desde nuestro punto de vista no están alineadas con la realidad económica que vive el país. Incluye la Ley de Estafa Inmobiliaria, la ley de emergencia de viviendas, por nombrar las más importantes. Todo ese nuevo ordenamiento hace que el sector privado tenga que reacomodarse, lo que se traduce en costos adicionales. Además, la ley exige que los precios de la vivienda sean fijos, pero cómo pueden establecerse cuando se trabaja con una devaluación, importación de insumos, escasez e inflación. Un proyecto típico tiene una duración de 12 a 18 meses y el propio BCV indica que lo que se está construyendo ya cuesta 25% más. Por eso hemos propuesto una fórmula escalatoria para ajustar los precios en función de las cifras oficiales de inflación.

—¿Y los insumos?
—Entre enero y febrero hubo problemas con el cemento, no sabemos los motivos, pero la mayoría de las obras reportaban una paralización de dos y tres días a la semana por falta de cemento. Los niveles de escasez varían dependiendo de la región del país, lo que genera atrasos.

También se han observado fallas importantes en las cabillas y, recientemente, en las tuberías. Y hay que agregar el aumento de los precios. Todos los insumos están subiendo. Son muy pocas las fábricas en Venezuela de hidroneumáticos, bombas y ascensores, los cuales tienen muchos componentes importados.

—Pero el Gobierno ha dicho que los costos de construcción no deberían aumentar porque 95% de los insumos son de origen nacional.
—Es un poco simplista decir que todos los insumos son nacionales y tiende a estar fuera de la realidad. Ahora estamos haciendo un estudio al respecto. Dependiendo del tipo de obra, el porcentaje de insumos nacionales frente a los importados es diferente. Sin embargo, la realidad es que esta economía es cada vez más importadora y la producción nacional de cemento y cabillas no alcanza. Por eso se están otorgando certificados de no producción para importarlos y así evitar la paralización de la obra. El Gobierno entendió que la producción nacional de insumos es insuficiente.

—¿Entonces sí les ha afectado la devaluación?
—Claro, si hubo una devaluación de 46% importar ahora es más caro. Es cierto que hay insumos nacionales, pero no garantiza que no estén subiendo debido, por ejemplo, al sobrecosto que genera el cambio en la Ley Orgánica del Trabajo.

—¿Cómo afecta la aplicación de la Ley del Trabajo en la industria?
—Básicamente, se han tenido que aplicar tres turnos, salvo que sea una obra muy particular. La jornada paso de 44 a 40 horas semanales y si se quiere mantener el ritmo hay que contratar personal adicional para hacer lo mismo se que estaba haciendo antes en el mismo tiempo. Otro factor que influye es el pago del día de descanso, porque la construcción solía trabajar mucho los sábados. Aun así, el sector privado de la construcción ya está prácticamente adecuado a la jornada. El sobrecosto debería estar entre 10% y 15% adicional, dependiendo de si trabajas los sábados.

—¿Han tenido que contratar más personal?
—No, más bien lo que se está haciendo es adecuar la obra en el tiempo porque los constructores están muy amarrados con los costos. Además, hay problemas con la mano de obra, hay violencia en los proyectos y bajo rendimiento producto de la misma Ley del Trabajo, que limita los despidos. Se hace complejo, por eso se trata de mantener la misma plantilla.

—¿Cuáles son las propuestas inmediatas del sector?
—Son tres cosas puntuales: crear alguna fórmula de ajuste al precio de la vivienda, disponer de terrenos con servicios y evaluar las leyes que se han venido aprobando. En una de mesa de negociación esto se aclara, pero si se parte de la base de que el diálogo no existe, el sector se inhibe. Esta industria es la que más mano de obra puede generar, la que trae mayor bienestar y la que más rápido reacciona para mover la economía. No somos un problema, somos parte de la solución.

Déficit y potencial

Sector privado podría aportar 100.000 viviendas al año

Para cubrir el déficit de viviendas en Venezuela, calculado en 2 millones, se deben urbanizar alrededor de 16.000 hectáreas, señala el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Gilbert Dao. “Esto equivale aproximadamente a la ciudad de Valencia”.

Indica que las 200.080 viviendas construidas en el año 2012 apenas alcanzan para cubrir el crecimiento vegetativo de la población, que demanda 150.000 nuevas unidades anuales.

Considera que lo primordial es cambiar el enfoque de las políticas de vivienda, ya que no se trata de construir “donde sea” sino generar terrenos urbanizados que permitan procesos de autoconstrucción. Además, deben realizarse proyectos de ciudad que posibiliten a las personas vivir fuera de los grandes centros poblados.

El Perfil

Gilbert Dao es ingeniero electricista egresado de la Universidad Metropolitana. Tiene una maestría en el IESA y trabaja en una empresa de su propiedad. Es miembro de la junta directiva de la Cámara Venezolana de la Construcción, en la que se desempeñó como vicepresidente ejecutivo hasta 2012, cuando es nombrado presidente de la organización. Además, es integrante del Consejo Directivo de la Fundación Cámara Venezolana de la Construcción.

El Nacional
21-03-2013

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Administrador del Grupo Yahoo Corredor_Inmobiliario
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
twitter: @Henry_Medina
hmedina30@yahoo.es
Linkedin: http://ve.linkedin.com/pub/henry-medina/21/59b/59b

http://es.groups.yahoo.com/group/corredor_inmobiliario/

8.004 viviendas culminaron empresas extranjeras en 2012


Las compañías solamente cumplieron con el 56% de la meta

El pasado año los chinos realizaron en total 4.094 soluciones habitacionales en tres estados

En el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela el Gobierno decidió ampliar los convenios internacionales pactados desde 2006 con el fin de garantizar una mayor producción de unidades, pero la información oficial muestra que las metas de construcción de casas fijadas a las empresas extranjeras se han cumplido a medias.

La Memoria y Cuenta del Ministerio de la Vivienda de 2012 señala que por la vía de los acuerdos se contempló la construcción de 14.303 soluciones habitacionales en un año y al cierre del ejercicio pasado, solamente se terminaron 8.004 casas, el 56% de la meta.

Aunque el monto previsto para realizar las 14.303 casas fue 6,7 millardos de bolívares, la información del despacho señala que el monto desembolsado en los desarrollos habitacionales al final fue mayor y para las 8.004 unidades la inversión fue 7,3 millardos de bolívares.

Para realizar la inyección de recursos a esas viviendas el Gobierno usó los aportes del Fondo Simón Bolívar, el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, el Fondo Chino así como las contribuciones de Pdvsa.

El despacho de la Vivienda detalla que los chinos fueron los que terminaron la mayor cantidad de unidades el pasado año e hicieron en total 4.094 soluciones en los estados Aragua, Barinas y Miranda.

Se agrega que por medio del acuerdo con Belarús se culminaron 2.120 casas en el estado Aragua y por el convenio con Turquía se concluyeron 1.168 viviendas en el estado Vargas.

La empresa constructora de Brasil con la que el Gobierno hizo convenio culminó 320 soluciones habitacionales y la compañía de Rusia realizó 302 casas en el Distrito Capital, específicamente en Fuerte Tiuna.

El informe del Ministerio de la Vivienda no precisa las razones que llevaron a las empresas foráneas a incumplir con los objetivos previstos.

La participación de los convenios internacionales dentro de la Gran Misión Vivienda es de 20%. El Ministerio señala que en el plan habitacional los entes adscritos al despacho tienen que hacer 35% de las casas, Pdvsa y otras instituciones públicas el 20% y las empresas privadas el 15%.

Culminar este año

El Ministerio de la Vivienda destaca en la Memoria y Cuenta de 2012 que se espera que gran parte de las casas que están pactadas en los convenios internacionales se culminen en el transcurso de este año.

Se apunta que por medio de los acuerdos "se prevén realizar en total 42.420 viviendas adicionales y su culminación está prevista a lo largo del año 2013, lo que permite arrancar el año con mayor fuerza y cumplir con los retos de la Misión".

Para este ejercicio las autoridades han anunciado que el objetivo es construir un total de 380.000 unidades habitacionales y ya están en ejecución 188.000 soluciones.

marmas@eluniversal.com

El Universal
22-03-2013

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Administrador del Grupo Yahoo Corredor_Inmobiliario
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
twitter: @Henry_Medina
hmedina30@yahoo.es
Linkedin: http://ve.linkedin.com/pub/henry-medina/21/59b/59b

http://es.groups.yahoo.com/group/corredor_inmobiliario/

Propietaria protesta para recuperar su apartamento en Manzanares


La propietaria Anabella Martínez se instaló en las puertas de su inmueble a fin de lograr la desocupación


En el pasillo del piso 11 de las residencias Once ubicada en la mencionada urbanización del municipio Baruta, vive Anabella Martínez, quien decidió tomar esta medida porque lleva dos años tratando de recuperar su apartamento, tras haberlo rentado hace cinco años a un pareja de inquilinos que ahora se niega a devolvérselo

“Renté mi apartamento por problemas de salud y ahora no lo puedo recuperar”.

Este es el caso de Anabella Martínez, quien es una más de las personas que de buena fe dejaron su propiedad en manos de una inquilina, y que ahora -pese a que ya se vencieron los contratos y le ha pedido en reiteradas ocasiones la desocupación del inmueble-, que se niega acceder a la entrega, amparándose en la nueva Ley de Inquilinatos, que según afirma, “la protege”.

En vista que la propietaria no ha recibido ninguna garantía por parte de su inquilina para recuperar su inmueble, decidió instalarse este martes frente a las puertas de su apartamento, ubicado en las residencias Once de la urbanización Manzanares, municipio Baruta, como una medida de presión para que su arrendataria acceda a la entrega.

Costosos tratamiento médicos

“Hace cinco años tomé la decisión de alquilar mi apartamento con la intención de cubrir costosos tratamientos médicos, debido a problemas de salud, mientras trascurrían el proceso de recuperación conseguí que me alquilaran dos pequeñas habitaciones, una para mi hija de 23 años y otra para mi, ubicadas en direcciones diferentes”, narró.

Cuenta la arrendadora que debido a la cantidad de gastos y servicios públicos que le ha tocado costear, los cuales comprende el pago del condominio de su inmueble, la habitación de su hija, la comida y demás gastos personales, tuvo la obligación de desocupar la habitación,  a fin de aminorar los gastos e instalarse en las fueras de su vivienda para agilizar el proceso de desocupación.

Aunque fue un sorpresa para la inquilina encontrarme instalada en el pasillo, “nunca me imaginé que tomaría una actitud  grosera contra mi, pues minutos después de haberme instalado con mi colchón, mis dos sillas y una cava refrigeradora fui denunciada ante  Polibaruta por un presunto secuestro, pero al percatarse los oficiales que todo era una farsa, abandonaron el lugar exclamando que estaba en mi derecho de protestar”.

Conciliación

Martínez destacó que en estos casos acudir a varias instancias gubernamentales no es lo correcto, “porque primero intentaré hacer una conciliación con  mi inquilina, espero que haga la devolución pacífica y voluntaria del bien dado en alquiler, porque tengo esperanza y creo en Dios que todo saldrá bien”, puesto que no quiero perjudicar a nadie dando por comienzo un proceso judicial.

Resaltó el apoyo de los vecinos y la justa de condominio del mencionado edificio, permitiéndole que utilice el salón de fiesta para poder realizar su aseo personal, así como de la Red de Pequeños Propietarios que ha intervenido en este caso para poder lograr el diálogo y se llegue a buenos términos.

 Violó contrató de alquiler

De acuerdo al testimonio de la propietaria Anabella Martínez, la inquilina violentó el contrato de alquiler, una vez que se enteró que aquella pareja, la cual inició contrato hace cinco años, hoy en día se duplicó, pues actualmente viven cuatro personas dentro del inmueble.

“Aunque mi inquilina alega que la nueva Ley de Arrendamiento los protege, tengo esperanza que recuperaré lo que es mío y con tanto esfuerzo logré comprar”. El equipo reporteril intentó obtener la versión de la inquilina, pero no recibió respuestas.

Mairy Chourio / mchourio@diariolavoz.net  / @mairychourio

LA Voz
19-03-2013

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Administrador del Grupo Yahoo Corredor_Inmobiliario
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
twitter: @Henry_Medina
hmedina30@yahoo.es
Linkedin: http://ve.linkedin.com/pub/henry-medina/21/59b/59b

http://es.groups.yahoo.com/group/corredor_inmobiliario/

Damnificados tomaron la Gobernación


Familias que están en el refugio La Velita IV denuncian que viven en extrema pobreza y no les han entregado viviendas
Denuncian que entregan viviendas a personas que no las necesitan. Muchas de las manifestantes son madres de familia

JOANNE LÓPEZ CH.

Un grupo de mujeres cansadas de falsas promesas protestaron ayer desde la mañana en la sede de la Gobernación del estado Falcón para exigir que se les entreguen viviendas dignas. La mayoría de ellas, que son madres de familia, dijeron que están damnificadas desde el año 2011.

Señalaron que son más de veinte familias las afectadas, y que la mayoría de ellas están refugiadas en la casa comunal del sector La Velita IV de Coro, al oeste de la ciudad, a la salida de la carretera nacional Falcón-Zulia, vía a Maracaibo, estado Zulia.

“El miércoles entregaron 64 apartamentos, y de la Velita IV ni una sola familia fue beneficiada. Lo hicieron en la noche para que no nos diéramos cuenta”, dijo Eneidis Coronado, madre de cinco hijos.

Denunciaron que los trabajadores de la gobernación son clasistas porque se han negado a hacer visitas sociales en zonas muy pobres como Las Tenerías, sector donde funcionó el primer relleno sanitario de Coro y donde residen más de 50 familias en extrema pobreza y que viven de la basura.

“A mí no me han visitado. Yo vivo en el basurero y la gente de la Misión de la Gran Vivienda, desde la gobernación, me dicen que no me pueden visitar en Las Tenerías. ¿Cómo van a darse cuenta de mis necesidades si no lo hacen? ¿o será que no tengo derecho?”, señaló Jennifer Navas, madre de tres hijos.

Dijo además que siempre le dicen que la van a visitar, pero nunca lo hacen. La mujer pide que la tomen en cuenta.



Exigen pagos en Pdvsa. Alrededor de 24 trabajadores de la contratista Construcciones Moriarca C.A., contratada por Pdvsa-Gas, tomaron ayer la sede del proyecto ICO en Coro, Falcón, para exigir el pago de más de 63.000 bolívares en pasivos laborales que les adeuda la empresa por concepto de horas extras.

La queja llegó a la sede de la Inspectoría del Trabajo en la entidad. Oscar Arias, vocero de los trabajadores, señaló que se ordenó el pago, la empresa se niega a pagar las indemnizaciones.

Los trabajadores fueron contratados para construir 25 viviendas en la población La Ciénega, en el municipio Zamora, eje oriental de la entidad, luego de que en diciembre de 2006 se produjera una explosión e incendio en un gasoducto del proyecto ICO en la zona por fisura en soldadura originada por falla en las pruebas hidrostática.

En siete años, la construcción de las casas sólo ha avanzado en 50%. Estaban pautadas para ser entregadas en 2010.



La Cifra

10 trabajadores de los 24 que protestaban en Pdvsa-Gas en Falcón fueron despedidos por la gerencia

El Nacional
22-03-2013

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Administrador del Grupo Yahoo Corredor_Inmobiliario
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
twitter: @Henry_Medina
hmedina30@yahoo.es
Linkedin: http://ve.linkedin.com/pub/henry-medina/21/59b/59b

http://es.groups.yahoo.com/group/corredor_inmobiliario/

Adjudicación de viviendas causa conflicto en conjunto de Los Teques


El Gobierno aseguró a los vecinos que los apartamentos fueron entregados de forma transitoria
Damnificados del Sambil Candelaria habitarán de forma transitoria edificios en El Solar de la Quinta

MAOLIS CASTRO

En la tercera etapa del conjunto residencial El Solar de la Quinta, en Los Teques, están desvelados. El martes, a las 9:00 pm, tres apartamentos fueron ocupados por familias damnificadas del albergue Sambil de Candelaria. “Vinieron en una camioneta y se metieron en las viviendas. Lo hicieron sin documentos de propiedad. Hemos llamado a la Guardia del Pueblo y la Policía de Miranda, pero ninguno ha podido hacer nada”, contó Melitza Rico, propietaria.
Tres de 20 edificios de la tercera etapa del conjunto residencial fueron vendidos por el consorcio de constructores Coinsa-La Quinta al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Vicente Torrealba, representante político para Refugios Dignos del Ministerio del Comercio y encargado del refugio Sambil de Candelaria, aseguró en una reunión con vecinos que el Ejecutivo compró 80 apartamentos. “El Gobierno adquirió 1.000 apartamentos en varias zonas del estado Miranda. Compraron residencias en Las Acacias, El Solar del Ávila y otros. Las viviendas se entregan de forma transitoria, pues ellos luego serán ubicados en otros inmuebles que se construyen en Santa Mónica”.
Torrealba afirmó que clasificaron a las familias que iban a las nuevas viviendas: “Sabemos que en los refugios hay gente de mal vivir, pero no todos son así. Estaremos supervisando”.
Señaló que desde el lunes han asignado viviendas en la tercera etapa del urbanismo. “El martes se entregaron seis apartamentos en la torre C, por ejemplo”.
Ayer en la tarde, más de 20 personas procedentes del Sambil de Candelaria aguardaron en las afueras del conjunto residencial, que fue cercado luego del ingreso de damnificados a los apartamentos. “No queremos que esto sea otro refugio. Supimos días atrás que iban a meter a empleados del Gobierno, pero ahora traen a damnificados. Quisiéramos que hubiese más transparencia”, dijo Ivón Alvarado, propietaria.

Las llaves. En El Solar de la Quinta fueron sorprendidos el lunes en la tarde por el recorrido que hacían en dos autobuses. “Iban y venían. En una oportunidad, se bajó un hombre con manojo de llaves y un grupo de personas para ir mostrando apartamentos. Comenzamos a sospechar que algo raro estaba pasando”, dijo una vecina.
Diana Carmona tiene las llaves del apartamento que ocupó en el edificio 10-B de la tercera etapa: “Me las entregó el Ministerio del Comercio. No entré a la fuerza, pero los vecinos se negaron a que estuviésemos en este lugar porque vengo del Sambil de Candelaria”.
La versión es respaldada por otra ocupante, Ketty Arce: “El martes, llegamos temprano, a las 6:30 pm, y no hubo inconvenientes porque no lo notaron. Luego comenzamos a recibir agresiones de parte de los vecinos, aunque sólo pedíamos diálogo”.
En el edificio 11-C también habría familias adjudicadas. “Hay más personas que vienen del refugio. A nosotros no nos dejaron pasar nuestros enseres y tuvieron que colocarnos policías cerca para que los propietarios no nos hicieran algo”, explicó Arce.
Algunos propietarios expresaron su deseo de que mostraran los documentos de identidad de quienes iban a ocupar los edificios. “Nos preocupa que haya inseguridad. Sabemos que no toda la gente de los refugios es mala, pero también tememos que ingresen unos que sí”, aseguró Rosaura Obelmejias, propietaria.
Los habitantes del conjunto residencial piden al Gobierno que consigne los documentos de propiedad.
En el Sambil de Candelaria, que fue rebautizado por el Ejecutivo como Centro de Transición para una Nueva Vida, fueron reubicados alrededor de 1.000 damnificados.

En asamblea
Los propietarios de la tercera etapa de El Solar de la Quinta se declararon en asamblea permanente. Ayer sostuvieron cuatro reuniones, dos de ellas con representantes del consorcio Coinsa-La Quinta y del Ministerio de Comercio.
Indicaron que no dejarán pasar a otros damnificados hasta no ver los documentos de propiedad. “No dormiremos hasta que se aclare esta situación. Debe evaluarse la posibilidad de que sean reubicados”, dijo Melitza Rico, vecina.
Un grupo acudió al Ministerio de Comercio y la Defensoría del Pueblo.

El Nacional
21-03-2013

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Administrador del Grupo Yahoo Corredor_Inmobiliario
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
twitter: @Henry_Medina
hmedina30@yahoo.es
Linkedin: http://ve.linkedin.com/pub/henry-medina/21/59b/59b

http://es.groups.yahoo.com/group/corredor_inmobiliario/

¿Cómo funciona la subasta que usará el Gobierno para vender dólares?


La subasta comenzará la próxima semana (Créditos: Emen)

AVN.- El nuevo sistema se basa en una subasta pública en la que participarán las empresas inscritas en el Rusad de Cadivi, se basa en una variación de la ideada por William Vickrey, economista canadiense.

El Gobierno venezolano anunció este martes la creación del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad) que, en conjunto con la Comisión de Administración de Divisas ( Cadivi ).

"Tenemos un sistema transparente, rápido, que permitirá jerarquizar y priorizar la asignación de divisas a los sectores económicos que garantizan nuestro crecimiento y correcto funcionamiento de la economía", dijo el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, al anunciar el mecanismo que funcionará desde el lunes 25 de marzo.

El nuevo sistema se basa en una subasta pública en la que participarán las empresas que estén inscritas en el Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (Rusad) de Cadivi . Esa subasta pública será fijada por el Órgano Superior para la Optimización del Sistema Cambiario, una instancia nacida en febrero pasado y que está integrada por los ministerios de Planificación y Finanzas y Petróleo y Minería, y el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esa subasta es una variación de la ideada por William Vickrey, economista canadiense y ganador del Premio Nobel de Economía en 1996, precisó Giordani. Este especialista enfocó su trabajo en las consecuencias de la asimetría de información y el funcionamiento de los incentivos.

En 1961, publicó un artículo donde detalla un tipo de subasta denominada de oferta sellada de "segundo precio", que posteriormente se conoció como subasta tipo Vickrey.

En esta modalidad de subasta existe una sola ronda de negociación, durante el cual las empresas envían sus propuestas en sobre cerrado, es decir, son privadas. El bien es asignado (en este caso dólares) al agente que oferte el mayor valor, pero pagando el segundo valor más alto. Esto tiene sentido para reducir la posibilidad que tengan los ofertantes de cartelizarse y tratar de afectar en su beneficio la subasta.

En la subasta se crea un compromiso entre el subastador y el participante, quienes se transan en función de dos premisas: que el subastador aspira a obtener el precio máximo y el participante quiere pagar lo mínimo.

La Subasta de Vickrey es una variante de las llamadas subastas de sobre cerrado, en las que cada participante propone un precio sin conocer el que plantean los demás. El que gana es quien ofrece más, pero en esta modalidad, no debe pagar ese monto sino el segundo más alto. De esta manera se incentiva a los participantes a hacer una oferta que represente el verdadero valor del bien al que aspira.

Si los agentes ofrecen cantidades superiores a las que creen que tiene el bien (en este caso el dólar ), el que gane la subasta terminará pagando más del valor real del producto. Si oferta menos, la oportunidad de ganar es menor. La subasta Vickrey busca que se hagan "ofertas sinceras", sin tener en cuenta las características de los restantes participantes.

El mismo Vickrey indicó en su texto que este tipo de subasta muestra fácilmente que "el procedimiento requerido es pedir ofertas bajo el entendimiento de que la adjudicación se hará a la oferta más alta, pero sobre la base del precio fijado por la segunda oferta más alta".

El Mundo
21-03-2013

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Administrador del Grupo Yahoo Corredor_Inmobiliario
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
twitter: @Henry_Medina
hmedina30@yahoo.es
Linkedin: http://ve.linkedin.com/pub/henry-medina/21/59b/59b

http://es.groups.yahoo.com/group/corredor_inmobiliario/

82,1% de la población no tiene acceso a las divisas con tarjeta de crédito


Pago con tarjeta de crédito
El presidente de Anauco cuestiona que a la mayoría de los venezolanos de la tercera edad se les niega el acceso a los dólares

BLANCA VERA AZAF

La Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores rechazó que el nuevo Sistema Complementario de Administración de Divisas discrimine a las personas naturales y les niegue el acceso al libre tránsito establecido en la Constitución al excluirla como beneficiarios en la adjudicación de dólares.

Según el presidente de la alianza, Roberto León Parilli, preocupa el hecho de que sólo se aprobarán divisas para sectores prioritarios. "Deben ponerse sobre la mesa todos los dólares para que los anaqueles de los venezolanos estén llenos".

Explicó que en la presentación de pruebas que se realizó en el juicio que se sigue contra el Estado por la discriminación que hace Cadivi de las personas naturales con la eliminación de las tarjetas prepagaras, se demuestra que 15.032.290 personas, es decir, 82,1% de la población mayor de 18 años no tiene tarjeta de crédito, instrumento necesario para poder tener acceso a las divisas.

Las pruebas presentadas por el Instituto Nacional de Estadísticas determinaron que existe 1.620.499 venezolanos de la tercera edad. Por su parte, la Superintendencia del Sector Bancario informó que en Venezuela hay 3.258.184 titulares de tarjeta de crédito y de este total 123.628 personas pertenecen a la tercera edad.

"Sólo 8,2% de la población de tercera edad tiene acceso a las divisas a través de una tarjeta de crédito y el resto, que totaliza 1.496.871 personas mayores de 60 años, no tienen tarjeta de crédito. Esto es injusto porque han trabajado toda su vida y ahora se les niega un beneficio".

León Parilli también se refirió a los resultados de las investigaciones llevadas a caso para la eliminación de la tarjeta prepagada, cuyo principal argumento fue el fraude a la nación a través del uso indebido de las divisas. Finalmente se determinó que de casi 99.000 casos abiertos contra personas por presunto fraude sólo 700 estaban implicados en casos ilícitos. "Se le quitó un beneficio a la población por 700 casos y por la falta de control previo y posterior de las propias autoridades".

El Nacional
21-03-2013

Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Administrador del Grupo Yahoo Corredor_Inmobiliario
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
twitter: @Henry_Medina
hmedina30@yahoo.es
Linkedin: http://ve.linkedin.com/pub/henry-medina/21/59b/59b

http://es.groups.yahoo.com/group/corredor_inmobiliario/