750.000 familias están alquiladas en Venezuela
Beatriz Caripa.- Especialistas aseguran que la Ley se inclina más hacia el inquilino mientras deja al propietario en un estado de debilidad jurídica.
Las relaciones entre arrendadores y arrendatarios, que en el pasado conducían a un diálogo simple y sencillo al estilo: "aquí está el dinero del depósito; esta es la mensualidad...." o "necesito que en tres meses desocupes porque se venció el contrato y no voy a seguir alquilando el apartamento..."; en los últimos diez años, se convirtieron en una auténtica cadena de forcejeos y peleas cual perros y gatos y en una sucesión interminable de dramas, unos más críticos que otros.
Aunque hay excepciones, y existen casos de tratos cordiales, transparentes y donde la comunicación fluye sin mayores fricciones, desde que se implementaron las medidas de regulación del mercado de alquileres, las relaciones de arrendamiento ya no son las mismas.
Los vínculos entre propietarios e inquilinos se mantienen hoy, aún después de promulgada la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas, envueltos en una maraña de desencuentros "y falta de equidad que no ha logrado y no logrará resolver una ley tan injusta con una de las partes", asegura Cora Farías, abogada litigante de casos inquilinarios y corredactora de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que fue derogada el 12 de noviembre de 2011, cuando entró en vigencia el nuevo texto que regula el alquiler de viviendas.
Dos dramas por igual
Abogados de parte y parte, tanto en defensa de los inquilinos, como los defensores de los propietarios, admiten que los cambios legales y las medidas previas dictadas en el mercado de alquileres, produjeron desajustes, desequilibrios y estremecimiento "de las relaciones arrendaticias", por una parte.
Por otra, provocaron que las autoridades se involucraran en un mercado, que según los movimientos sociales de inquilinos que impulsaron los cambios "era muy injusto, especulativo y que mantuvo al inquilino a merced de los latifundistas urbanos".
Lo cierto, es que el estremecimiento de las relaciones tocó a ambas partes en una fibra muy sensible. Para el inquilino, la falta de un techo propio y su humana necesidad de satisfacer la búsqueda de una vivienda en arriendo para cobijo de su familia; parejas, muchas jóvenes recién casadas o con hijos, que al no contar con capacidad de ahorro para comprar una vivienda, recurrieron al alquiler.
Otro drama humano se produjo con la necesidad de algunos propietarios de alquilar su inmueble como manera de obtener una entrada de dinero extra y, en algunos casos también, para mantener a sus familias, pagarle estudios superiores a sus hijos o, como el caso de personas de la tercera edad, para sufragar gastos de medicinas.
Los cambios que se iniciaron en 2003 con la congelación de cánones de alquiler, vislumbraron para algunos propietarios que la cosa no pintaba bien.
Luego, con las medidas de expropiación dictadas por el ex alcalde de Caracas, Juan Barreto, sobre edificios de vieja data, los ánimos de los propietarios se fueron caldeando .
La medida, aunque no aplicó ni aplica para apartamentos ni casas unifamiliares que lleven años alquilados, no escapó a la especulación de que "nos quitarán nuestras casas y no las podremos recuperar". Este menú de circunstancias, unido al ingrediente de polarización política entre oficialistas y opositores, provocó que se fuera cerrando el mercado de alquileres.
Ya nadie quería arrendar, mientras por otra parte, se empezaron a dictar en los tribunales desalojos forzosos.
Estas medidas impulsaron hace ocho años, el surgimiento de movimientos sociales en defensa de derechos de los inquilinos, a fin de detener los desalojos y evitar que "se especulara con la necesidad de vivienda que tiene la gente".
Según los voceros de estos colectivos, muchos propietarios se aprovecharon de la confusión y los desalojos inminentes para aumentar de forma desmedida los alquileres "por debajo de cuerda", pasando por alto la congelación de cánones.
Razón de ambas partes
Cora Farías, sentencia que ciertamente la situación arrendaticia se estaba saliendo de control "por culpa de muchos propietarios", pero que la falta de transparencia y "el revanchismo político" también provocaron una maraña de confusiones y que se generaran "verdaderos dramas humanos de parte y parte".
La abogada, quien mantiene una posición crítica frente a la nueva Ley de Alquileres, aunque no del todo cerrada pues "no todo lo que está en la ley está mal", sostiene que inquilinos y propietarios necesitan que se le entienda. A su juicio, hay arrendatarios que actúan de mala intención, que no pagan y se quieren quedar con las viviendas "pero son muy pocos"; también hay propietarios que no han hecho las cosas bien.
"Aquí en algunos casos sí había mucha especulación y propietarios que querían sacar a la gente sin cumplir pasos, y eso lamentablemente no fue bien manejado por las autoridades y por eso surgieron los movimientos de inquilinos, que se unieron para defenderse.
Lo que pasó después, fue que lamentablemente el tema de la ley se politizó, la Asamblea Nacional agarró la redacción de la ley como bandera política y las cosas tampoco se manejaron bien porque no se hizo un texto justo, equitativo para las partes, que tuviera mecanismos de conciliación y muy importante, que el propietario pudiera recuperar en un tiempo justo su vivienda".
La Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas, es la primera que se aprueba durante el Gobierno del presidente Chávez, bajo la esquema de "parlamentarismo de calle", porque en su redacción y discusión participaron los movimientos de inquilinos y también se le permitió la intervención a la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur).
Esta asociación se ha quejado del escaso margen que se les concedió en la intervención permitida. "Fue muy limitada y no pudimos hacer propuestas", afirma Roberto Orta, de Apiur.
Los movimientos y redes de inquilinos mantuvieron la postura de que había que hacer una ley "más humana y socialista donde no se viera la necesidad de vivienda como una mercancía sino como una necesidad porque aquí los grandes latifundistas urbanos se aprovechan de la necesidad de la gente y por eso hicieron una ley a su medida (en referencia a la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios de 1999)".
Parte de este discurso fue utilizado por diputados de la Comisión de Administración y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional, instancia presidida en 2011 por Diosdado Cabello, donde se debatió y aprobó el nuevo instrumento de alquileres de viviendas.
Las historias
Antes de promulgar la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas, se conocía en los medios "muy pocas" historias sobre dramas personales de propietarios e inquilinos llenos de desesperanza y desesperación. Los primeros por no poder recuperar su vivienda; los segundos, por no tener a dónde ir porque no conseguían para arrendar.
"Lo poco que había era demasiado caro, no lo podía pagar", asegura Marina Cárdenas, quien después de cuatro años desalojada aún vive con sus padres en una reducida habitación en el barrio La Trilla, en la avenida Panteón.
Del lado opuesto está el caso de Perla Mosquera, quien dice haber batallado en los tribunales hasta que logró sacar a los inquilinos. En 2005 empezó una demanda contra una familia de padre, madre y dos hermanos de estos, más tres hijos de la pareja.
"Les alquilé mi segundo apartamento en Quinta Crespo, una casa que me quedó de mi primer matrimonio. Cuando me jubilaron decidí arrendarlo para pagarme las medicinas, pero cuando les iba a aumentarme dijeron que no me iban a pagar el aumento y que tampoco se irían. Me moví en todas partes, moví cielo y tierra, pensé que perdería mi casa y en eso pasé seis años, hasta me enfermé, pero lo recuperé".
El Mundo Economía & Negocios
03-01-2013
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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