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martes, 8 de octubre de 2013
Exigen devolver el Sambil a 300 comerciantes expropiados
La Asamblea de Ciudadanos de la parroquia protestó frente al Ministerio de Comercio.
Pidieron la reubicación de los damnificados
Exigen devolución del Sambil La Candelaria a propietarios
Refugiados Sambil La Candelaria: Nadie quiere vivir aquí
E. A.
Vecinos de Candelaria manifestaron ayer frente a la sede del Ministerio de Comercio para exigir que las instalaciones del Sambil Candelaria sean devueltas a los más de 300 comerciantes que se vieron afectados con la orden de expropiación. Carlos Julio Rojas, coordinador de la Asamblea de Ciudadanos de la parroquia, recordó que están a punto de cumplirse 5 años de la toma del lugar por parte del Ejecutivo y el centro comercial está convertido en un foco de inseguridad.
“Solicitamos al ministro Alejandro Fleming abrir un diálogo que traiga como consecuencia la devolución del inmueble a los propietarios de locales, que luego de 5 años de la expropiación no han sido indemnizados tal como lo establece el artículo 115 de la Constitución”, dijo Rojas.
El dirigente vecinal aprovechó para solicitar la reubicación en viviendas de las 180 familias damnificadas que habitan en el refugio, que llevan 3 años viviendo en condiciones, a su juicio, inhumanas.
Semana de protesta. Los habitantes del refugio se mantienen en la calle desde la semana pasada. Primero realizaron vigilias nocturnas y esta semana hicieron las reuniones de las mesas técnicas creadas en el refugio en las mañanas. El jueves estuvo en la vigilia una representación de la Comisión Presidencial para Refugios Dignos, pero aún no obtienen respuesta a su petición de viviendas. Franklin García, damnificado del Sambil, dijo que sólo cinco familias que se mudarán a Catia La Mar, en el estado Vargas, tienen certeza sobre su adjudicación.
El Nacional
05-10-2013
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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Pidieron la reubicación de los damnificados
Exigen devolución del Sambil La Candelaria a propietarios
Refugiados Sambil La Candelaria: Nadie quiere vivir aquí
E. A.
Vecinos de Candelaria manifestaron ayer frente a la sede del Ministerio de Comercio para exigir que las instalaciones del Sambil Candelaria sean devueltas a los más de 300 comerciantes que se vieron afectados con la orden de expropiación. Carlos Julio Rojas, coordinador de la Asamblea de Ciudadanos de la parroquia, recordó que están a punto de cumplirse 5 años de la toma del lugar por parte del Ejecutivo y el centro comercial está convertido en un foco de inseguridad.
“Solicitamos al ministro Alejandro Fleming abrir un diálogo que traiga como consecuencia la devolución del inmueble a los propietarios de locales, que luego de 5 años de la expropiación no han sido indemnizados tal como lo establece el artículo 115 de la Constitución”, dijo Rojas.
El dirigente vecinal aprovechó para solicitar la reubicación en viviendas de las 180 familias damnificadas que habitan en el refugio, que llevan 3 años viviendo en condiciones, a su juicio, inhumanas.
Semana de protesta. Los habitantes del refugio se mantienen en la calle desde la semana pasada. Primero realizaron vigilias nocturnas y esta semana hicieron las reuniones de las mesas técnicas creadas en el refugio en las mañanas. El jueves estuvo en la vigilia una representación de la Comisión Presidencial para Refugios Dignos, pero aún no obtienen respuesta a su petición de viviendas. Franklin García, damnificado del Sambil, dijo que sólo cinco familias que se mudarán a Catia La Mar, en el estado Vargas, tienen certeza sobre su adjudicación.
El Nacional
05-10-2013
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Urbanizaciones se unen para enfrentar el plan San Antonio
El proyecto afecta 32 hectáreas entre Los Naranjos y El Cigarral
JAVIER BRASSESCO
Los primeros contactos entre los vecinos de La Boyera y otras urbanizaciones del sureste nacieron cuando en esta urbanización se planteó la posibilidad de construir una clínica, iniciativa que fue enfrentada con fuerza por la comunidad.
Cuando recientemente se abrió la consulta pública en torno al PDUL (Plan de Desarrollo Urbano Local), todos estos contactos entre vecinos de diferentes sectores volvieron a retomarse, y ahora, cuando se anunció que el plan especial San Antonio (que afecta a unas 32 hectáreas entre El Cigarral y Los Naranjos) se había aprobado en primera discusión, ya son más de 20 urbanizaciones las que han formado un frente común desde el que se plantean múltiples objeciones al mismo.
A Emigdio Pino (de la urbanización Los Pinos) le causa mucha suspicacia que en el último trimestre de gestión la Cámara Municipal esté intentando la aprobación no solo del PDUL sino de este plan que provocaría el desarrollo desmedido de estos terrenos.
Edgar Sahmkow, vecino de La Boyera, explica que según la ley los planes especiales se promulgan para la ordenación y mejoramiento de algunos sectores en particular, pero que el sector afectado por este plan no cumple con ninguno de los requisitos previstos: no es un área de conservación, ni de interés turístico o paisajístico, ni asentamiento no controlado ni un área de urbanización progresiva. Además critica otros hechos irregulares, como que la consulta pública se hizo cuando el plan no estaba completo (solo se sometió a consulta la memoria descriptiva) y no fue enviado al Ministerio de Transporte Terrestre ni nació de la autoridad urbana local sino de un particular.
A Xiomara Monagas de Quintero (Los Naranjos) le preocupa en particular este último aspecto, pues teme que detrás de este plan estén los dueños de estos terrenos y las grandes urbanizadoras. Sobre unas áreas que hoy tienen zonificación educacional y residencial de baja y mediana densidad se podrán construir edificios de apartamentos (curiosamente justo en las áreas con mayor pendiente, ahí donde está la vía de El Seminario, cerrada por derribo hace dos años) y una franja comercial de usos mixtos a ambos lados de la vía de El Seminario con comercios, oficinas, consultorios y clínicas, cines, macrotiendas y hasta una zona industrial.
Los vecinos ya pidieron un derecho de palabra ante la Cámara Municipal para plantear todas estas objeciones ante los concejales, pero el mismo no les fue concedido, lo que terminó de activar sus alarmas y suspicacias. Incluso comentan que cuando le hablaron sobre este plan a la alcaldesa Myriam Do Nascimento, ella dijo que eso era una iniciativa de la C´amara, que ella no tenía nada que ver con ese "mamotreto".
Desde este frente común, vecinos de más de 20 urbanizaciones del sureste seguirán su lucha para evitar la aprobación final de este plan.
El Universal
07-10-2013
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Los primeros contactos entre los vecinos de La Boyera y otras urbanizaciones del sureste nacieron cuando en esta urbanización se planteó la posibilidad de construir una clínica, iniciativa que fue enfrentada con fuerza por la comunidad.
Cuando recientemente se abrió la consulta pública en torno al PDUL (Plan de Desarrollo Urbano Local), todos estos contactos entre vecinos de diferentes sectores volvieron a retomarse, y ahora, cuando se anunció que el plan especial San Antonio (que afecta a unas 32 hectáreas entre El Cigarral y Los Naranjos) se había aprobado en primera discusión, ya son más de 20 urbanizaciones las que han formado un frente común desde el que se plantean múltiples objeciones al mismo.
A Emigdio Pino (de la urbanización Los Pinos) le causa mucha suspicacia que en el último trimestre de gestión la Cámara Municipal esté intentando la aprobación no solo del PDUL sino de este plan que provocaría el desarrollo desmedido de estos terrenos.
Edgar Sahmkow, vecino de La Boyera, explica que según la ley los planes especiales se promulgan para la ordenación y mejoramiento de algunos sectores en particular, pero que el sector afectado por este plan no cumple con ninguno de los requisitos previstos: no es un área de conservación, ni de interés turístico o paisajístico, ni asentamiento no controlado ni un área de urbanización progresiva. Además critica otros hechos irregulares, como que la consulta pública se hizo cuando el plan no estaba completo (solo se sometió a consulta la memoria descriptiva) y no fue enviado al Ministerio de Transporte Terrestre ni nació de la autoridad urbana local sino de un particular.
A Xiomara Monagas de Quintero (Los Naranjos) le preocupa en particular este último aspecto, pues teme que detrás de este plan estén los dueños de estos terrenos y las grandes urbanizadoras. Sobre unas áreas que hoy tienen zonificación educacional y residencial de baja y mediana densidad se podrán construir edificios de apartamentos (curiosamente justo en las áreas con mayor pendiente, ahí donde está la vía de El Seminario, cerrada por derribo hace dos años) y una franja comercial de usos mixtos a ambos lados de la vía de El Seminario con comercios, oficinas, consultorios y clínicas, cines, macrotiendas y hasta una zona industrial.
Los vecinos ya pidieron un derecho de palabra ante la Cámara Municipal para plantear todas estas objeciones ante los concejales, pero el mismo no les fue concedido, lo que terminó de activar sus alarmas y suspicacias. Incluso comentan que cuando le hablaron sobre este plan a la alcaldesa Myriam Do Nascimento, ella dijo que eso era una iniciativa de la C´amara, que ella no tenía nada que ver con ese "mamotreto".
Desde este frente común, vecinos de más de 20 urbanizaciones del sureste seguirán su lucha para evitar la aprobación final de este plan.
El Universal
07-10-2013
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Deben emprenderse políticas eficaces para regularizar la tenencia de la tierra
ENTORNO URBANO
R. ALEXIS DELGADO
¿Leyes Sociales?
Decir que el tema de la vivienda es de los más sensibles para los venezolanos no es novedad. Además de la inseguridad y el alto costo de la vida, es de los más importantes. Decir que no se han intentado medidas para normalizar la situación de la vivienda, no sería verdad. Decir que las medidas tomadas han sido las más acertadas es discutible.
La Gran Misión Vivienda Venezuela demostró algo que se ha dicho antes, el Estado solo no puede propiciar un programa sostenible de crecimiento en ningún área. Es necesario sumar esfuerzos con la comunidad organizada y el sector privado. Lamentablemente, medidas recientes limitan la participación del sector privado en cuanto al tema de la vivienda social. Entre las limitantes de la efectividad del sector: Leyes que restringen la posibilidad de amplia participación del sector privado en la industria de la construcción; materiales cada vez más difíciles de conseguir y a precios que distan mucho de los regulados; precios de vivienda regulados, inexistentes, para optar a créditos en el marco de la Política Habitacional, ya sea con los Fondos de Ahorro Obligatorio de Vivienda (FAOV) o con Fondos Propios de los Bancos.
Entre los mecanismos para facilitar acceso a recursos para las personas que deseen mejorar su situación habitacional está el Instructivo para el Otorgamiento de Créditos para Autoconstrucción, Ampliación o Mejoras de Vivienda Principal (Gaceta Oficial Nº 39.727, del 03/08/2011), que ha sufrido modificaciones, la más reciente en abril del 2013; cambios favorables en cuanto a mayores montos y mejores condiciones para los créditos. No obstante, existe una restricción importante, que hace que muchos no califiquen: La propiedad del terreno o de la vivienda. Esto deja por fuera casi al 70% de la población que ha construido sobre terrenos municipales donde no se ha desarrollado un eficiente proceso de regularización de la tenencia de la tierra. Esta situación frustra su intención de resolver los problemas de vivienda a través de créditos a los que pueden optar por ser ahorristas habitacionales, y los deja a merced de las políticas del Estado.
Estos mecanismos de financiamiento son ideales para que la gente resuelva sus problemas, el Estado debe facilitar el proceso. Deben emprenderse políticas eficaces para regularizar la tenencia de la tierra y así quienes han construido sus bienhechurías en terrenos municipales puedan tener un documento de propiedad que les permita acceder a créditos y lograr mejoras. Es necesario que las comisiones que diseñan estas leyes, instructivos, reglamentos, estén en sintonía con la realidad, e instruyan a otras instancias en cómo facilitar los procesos. De lo contrario, aunque suene contradictorio, se están creando leyes que favorecen a los de mayor poder adquisitivo y no a quienes realmente lo necesitan. Es urgente adaptar los instrumentos a esta realidad, de lo contrario seguirá aumentando el número de personas insatisfechas que no pueden resolver sus problemas por cuenta propia, ante un Estado imposibilitado para dar respuesta a millones de venezolanos.
Fundación Vivienda Popular
mdu@unimet.edu.ve
El Universal
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¿Leyes Sociales?
Decir que el tema de la vivienda es de los más sensibles para los venezolanos no es novedad. Además de la inseguridad y el alto costo de la vida, es de los más importantes. Decir que no se han intentado medidas para normalizar la situación de la vivienda, no sería verdad. Decir que las medidas tomadas han sido las más acertadas es discutible.
La Gran Misión Vivienda Venezuela demostró algo que se ha dicho antes, el Estado solo no puede propiciar un programa sostenible de crecimiento en ningún área. Es necesario sumar esfuerzos con la comunidad organizada y el sector privado. Lamentablemente, medidas recientes limitan la participación del sector privado en cuanto al tema de la vivienda social. Entre las limitantes de la efectividad del sector: Leyes que restringen la posibilidad de amplia participación del sector privado en la industria de la construcción; materiales cada vez más difíciles de conseguir y a precios que distan mucho de los regulados; precios de vivienda regulados, inexistentes, para optar a créditos en el marco de la Política Habitacional, ya sea con los Fondos de Ahorro Obligatorio de Vivienda (FAOV) o con Fondos Propios de los Bancos.
Entre los mecanismos para facilitar acceso a recursos para las personas que deseen mejorar su situación habitacional está el Instructivo para el Otorgamiento de Créditos para Autoconstrucción, Ampliación o Mejoras de Vivienda Principal (Gaceta Oficial Nº 39.727, del 03/08/2011), que ha sufrido modificaciones, la más reciente en abril del 2013; cambios favorables en cuanto a mayores montos y mejores condiciones para los créditos. No obstante, existe una restricción importante, que hace que muchos no califiquen: La propiedad del terreno o de la vivienda. Esto deja por fuera casi al 70% de la población que ha construido sobre terrenos municipales donde no se ha desarrollado un eficiente proceso de regularización de la tenencia de la tierra. Esta situación frustra su intención de resolver los problemas de vivienda a través de créditos a los que pueden optar por ser ahorristas habitacionales, y los deja a merced de las políticas del Estado.
Estos mecanismos de financiamiento son ideales para que la gente resuelva sus problemas, el Estado debe facilitar el proceso. Deben emprenderse políticas eficaces para regularizar la tenencia de la tierra y así quienes han construido sus bienhechurías en terrenos municipales puedan tener un documento de propiedad que les permita acceder a créditos y lograr mejoras. Es necesario que las comisiones que diseñan estas leyes, instructivos, reglamentos, estén en sintonía con la realidad, e instruyan a otras instancias en cómo facilitar los procesos. De lo contrario, aunque suene contradictorio, se están creando leyes que favorecen a los de mayor poder adquisitivo y no a quienes realmente lo necesitan. Es urgente adaptar los instrumentos a esta realidad, de lo contrario seguirá aumentando el número de personas insatisfechas que no pueden resolver sus problemas por cuenta propia, ante un Estado imposibilitado para dar respuesta a millones de venezolanos.
Fundación Vivienda Popular
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Tres meses de uso deterioran edificios de Misión Vivienda
Construcciones en Tanaguarena presentan grietas y filtraciones
La Guaira.- Desde el refugio en el que vivía en Caracas, Maribel Rodríguez soñaba con su nueva vivienda. Le informaron que sería adjudicada en una de las torres que la Misión Vivienda Venezuela levantó en la avenida principal de Tanaguarena en el estado Vargas, identificada con la nomenclatura OPPP25, sin nunca haber visto la construcción, ni conocer la zona, aunque los encargados del desarrollo, la Oficina Presidencial de planes y Proyectos Especiales (Opppe), estarían en el deber, según lo estipulado en el instructivo de la Misión, de haberlo hecho.
Tras tres meses de uso su apartamento luce los estragos graves de filtraciones, huecos en los techos, baños con paredes mohosas y la apariencia de obra inconclusa. Las áreas externas no corren mayor suerte: la azotea se filtra, los locales para desarrollo económico no han podido ser abiertos por las fallas, el tablero eléctrico del sistema de bombas produce cortos circuitos, la parte externa de la acera está levantada por un bote de aguas servidas, convertidas en criaderos de mosquitos, y las áreas posteriores no han sido terminadas por la empresa constructora.
Rodríguez junto a sus vecinos están luchando y organizándose para buscar soluciones. El pasado 1° de octubre hicieron llegar una carta al ministro de Vivienda, Ricardo Molina, haciéndole conocer la situación, como parte de su lucha.
"No sentimos preocupados porque no es justo que los edificios estén en estas condiciones. Esperamos por una vivienda digna y la recibimos con grandes defectos, que pueden ser corregidos desde la Opppe. Pero ahora hay como un peloteo de responsabilidades", explica la vecina que es miembro del Comité Multifamiliar.
"Nosotros no queremos problemas, lo que queremos son soluciones. Necesitamos resolver estas fallas, porque a la larga toda la estructura se verá afectada sino su pone remedio y corremos el riesgo de quedar otra vez sin techo", comenta Rosinell Escobar.
No solo los problemas de la estructura afectan a los nuevos residentes del este de Vargas. También la falta de servicios, el escaso transporte público y la lucha por conseguir cupo en los centros educativos de Caraballeda, ya saturados por la demanda propia, que se vio sobredimensionada con las nuevas construcciones.
Según estudios hechos por los beneficiarios y la Opppe, para este año escolar fue necesario crear 1.500 nuevos cupos de bachillerato y 2.000 de primaria, para garantizar la educación de los nuevos residentes de la Misión Vivienda en Caribe y Tanaguarena.
"Cómo no se construyeron nuevas escuelas pues se habilitaron espacios como patios y canchas para dar clases. Hay aulas con más de 50 chamos, lo que es un hacinamiento para nuestros niños y hace que muchas maestras y otros representantes nos traten mal, como si fuésemos nosotros los culpables", cuenta Odalys Gil.
Quienes no pudieron ser ubicados fue la población en edad de educación inicial: 3.500 infantes esperan la promesa de construcción de un centro. Tampoco han conseguido ser registrados en el sistema regional de pasaje estudiantil.
El Universal
07-10-2013
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La Guaira.- Desde el refugio en el que vivía en Caracas, Maribel Rodríguez soñaba con su nueva vivienda. Le informaron que sería adjudicada en una de las torres que la Misión Vivienda Venezuela levantó en la avenida principal de Tanaguarena en el estado Vargas, identificada con la nomenclatura OPPP25, sin nunca haber visto la construcción, ni conocer la zona, aunque los encargados del desarrollo, la Oficina Presidencial de planes y Proyectos Especiales (Opppe), estarían en el deber, según lo estipulado en el instructivo de la Misión, de haberlo hecho.
Tras tres meses de uso su apartamento luce los estragos graves de filtraciones, huecos en los techos, baños con paredes mohosas y la apariencia de obra inconclusa. Las áreas externas no corren mayor suerte: la azotea se filtra, los locales para desarrollo económico no han podido ser abiertos por las fallas, el tablero eléctrico del sistema de bombas produce cortos circuitos, la parte externa de la acera está levantada por un bote de aguas servidas, convertidas en criaderos de mosquitos, y las áreas posteriores no han sido terminadas por la empresa constructora.
Rodríguez junto a sus vecinos están luchando y organizándose para buscar soluciones. El pasado 1° de octubre hicieron llegar una carta al ministro de Vivienda, Ricardo Molina, haciéndole conocer la situación, como parte de su lucha.
"No sentimos preocupados porque no es justo que los edificios estén en estas condiciones. Esperamos por una vivienda digna y la recibimos con grandes defectos, que pueden ser corregidos desde la Opppe. Pero ahora hay como un peloteo de responsabilidades", explica la vecina que es miembro del Comité Multifamiliar.
"Nosotros no queremos problemas, lo que queremos son soluciones. Necesitamos resolver estas fallas, porque a la larga toda la estructura se verá afectada sino su pone remedio y corremos el riesgo de quedar otra vez sin techo", comenta Rosinell Escobar.
No solo los problemas de la estructura afectan a los nuevos residentes del este de Vargas. También la falta de servicios, el escaso transporte público y la lucha por conseguir cupo en los centros educativos de Caraballeda, ya saturados por la demanda propia, que se vio sobredimensionada con las nuevas construcciones.
Según estudios hechos por los beneficiarios y la Opppe, para este año escolar fue necesario crear 1.500 nuevos cupos de bachillerato y 2.000 de primaria, para garantizar la educación de los nuevos residentes de la Misión Vivienda en Caribe y Tanaguarena.
"Cómo no se construyeron nuevas escuelas pues se habilitaron espacios como patios y canchas para dar clases. Hay aulas con más de 50 chamos, lo que es un hacinamiento para nuestros niños y hace que muchas maestras y otros representantes nos traten mal, como si fuésemos nosotros los culpables", cuenta Odalys Gil.
Quienes no pudieron ser ubicados fue la población en edad de educación inicial: 3.500 infantes esperan la promesa de construcción de un centro. Tampoco han conseguido ser registrados en el sistema regional de pasaje estudiantil.
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07-10-2013
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Vecinos de Terrazas de La Vega se sienten estafados
En julio de 2011 los medios de comunicación dieron la noticia: 150 propietarios de apartamentos en el conjunto habitacional Terrazas de La Vega, afectados por fallas en el terreno, recibieron las llaves de sus nuevos apartamentos en Montalbán.
Sin embargo, a nueve de estas familias les quitaron esas llaves con el argumento de que su vida no corría peligro porque no vivían en esos apartamentos, bien porque aún no se habían mudado o porque lo tenían arrendado. Dos de estas familias consiguieron que eventualmente el Gobierno eventualmente les diera un apartamento, pero todavía siete siguen en el limbo.
"En la práctica perdí mi apartamento, mi vivienda principal, y ahora vivo arrimada con mi papá", cuenta Marlene Stagi al tiempo que se pregunta: "si tanto le preocupaba al Estado la vida de quienes habitaban esos apartamentos, cómo es que permiten que algunas personas sigan viviendo en esos cinco bloques del sector tres (del 9 al 13) afectados por deslizamientos del terreno".
Manuel de Lima, por su parte, explica que ya están cansados de ir a la Defensoría del Pueblo, y que el único órgano que parece haberlos escuchado es el Tribunal Supremo de Justicia, cuyas sentencias no son acatadas: el 14 de diciembre de 2012 admitió la demanda de los inquilinos y ordenó la demolición en noventa días de esos bloques, cosa que todavía no ha sucedido.
Hace un llamado a las autoridades para que tomen en cuenta el caso de estos propietarios que fueron víctimas de una estafa pero que jamás fueron indemnizados solo porque justo en ese momento todavía no habían habitado sus apartamentos (que en todos los casos es su vivienda principal).
El Universal
07-10-2013
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Sin embargo, a nueve de estas familias les quitaron esas llaves con el argumento de que su vida no corría peligro porque no vivían en esos apartamentos, bien porque aún no se habían mudado o porque lo tenían arrendado. Dos de estas familias consiguieron que eventualmente el Gobierno eventualmente les diera un apartamento, pero todavía siete siguen en el limbo.
"En la práctica perdí mi apartamento, mi vivienda principal, y ahora vivo arrimada con mi papá", cuenta Marlene Stagi al tiempo que se pregunta: "si tanto le preocupaba al Estado la vida de quienes habitaban esos apartamentos, cómo es que permiten que algunas personas sigan viviendo en esos cinco bloques del sector tres (del 9 al 13) afectados por deslizamientos del terreno".
Manuel de Lima, por su parte, explica que ya están cansados de ir a la Defensoría del Pueblo, y que el único órgano que parece haberlos escuchado es el Tribunal Supremo de Justicia, cuyas sentencias no son acatadas: el 14 de diciembre de 2012 admitió la demanda de los inquilinos y ordenó la demolición en noventa días de esos bloques, cosa que todavía no ha sucedido.
Hace un llamado a las autoridades para que tomen en cuenta el caso de estos propietarios que fueron víctimas de una estafa pero que jamás fueron indemnizados solo porque justo en ese momento todavía no habían habitado sus apartamentos (que en todos los casos es su vivienda principal).
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Petrocasa a menos de media máquina
Desde que se fundó Petrocasa para la elaboración de viviendas prefabricadas con un tipo de material proveniente de la industria petroquímica, se constituyó su sindicato afiliado a la Federación Unitaria de Sindicatos Bolivarianos del Estado Carabobo (Fusbec), cuyo presidente, Julio Polanco, acusa a la empresa de amedrentar al ente gremial, lo cual ha provocado una caída en la producción. Polanco afirma que las convenciones colectivas que estipulan los beneficios económicos fundamentales "no se discuten". Señala que el principal problema "es la violación de la empresa a la libertad sindical, por esta razón no existe convención colectiva, estabilidad laboral y la patronal hace lo que le parezca". Según el presidente de Fusbec durante dos años se han ejecutado más de 200 despidos, de los cuales 48 trabajadores se encuentran luchando por sus derechos. "Este grupo busca ser incluido de nuevos o solicitando sus liquidaciones. En estos momentos la empresa tiene 900 trabajadores activos en todas las plantas pero existe una importante inestabilidad porque despiden y contratan". En relación a la producción de la empresa, Polanco afirma que desde el inicio de sus operaciones siempre ha producido. Sin embargo sus niveles oscilan entre 20% y 30% de la capacidad instalada. "Desde hace 6 años la fabricación de los componentes para este tipo de casa nunca llegó al 50% de su capacidad debido a la desmotivación de sus trabajadores". El dirigente explica que esta compañía debería de fabricar 30 kit de casas diarios y la última información que maneja Fusbec es que diariamente "se producen entre 5 y 10 kits los cuales están conformados por la paredes y techos de estas viviendas prefabricadas". De acuerdo a Polanco esta poca producción se debe "a la mala gerencia que ha tenido la empresa desde sus inicios". Añade que su organización trata de defender el derecho de los trabajadores que los directivos ignoran. "Nosotros somos los radicales en contra de los burócratas que se encuentran en las empresas del Estado". En estos momentos se encuentran en funcionamiento cuatro fábricas Petrocasa. La primera en construirse fue Petrocasa Guacara I, ubicada en el estado Carabobo, inaugurada el 27 de julio de 2007, la cual elabora el conjunto de piezas necesarias para levantar cada unidad habitacional. La segunda fábrica fue inaugurada el 24 de abril de 2009, también en Guacara, y produce puertas, gabinetes para cocinas, mobiliario y clósets. La tercera planta abrió el 17 de mayo de 2011 en el estado Apure, y finalmente, la cuarta planta activa (Fábrica Petrocasa Ventanas I) fue inaugurada en 2012 y elabora las ventanas para la Gran Misión Vivienda Venezuela. Según Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Imobiliaria de Venezuela, a la cámara ha llegado información de que este tipo de viviendas sí se produce en el país. Sin embargo opina que "el problema es dónde la hacen, qué tipo de servicios tiene y si efectivamente producen en los tiempos estipulados". Explica que las viviendas Petrocasa son más frescas que las de concreto macizo prefabricado, "pero son más calientes que las que tienen revestimiento de anime". Pero desde la cámara se ha dicho "que lo primero que hay que realizar es urbanizar el terreno y por último levantar la vivienda".
Tal Cual
02-10-2013
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Vecinos preocupados por deterioro de parques del Suroeste
El segundo pulmón vegetal de la ciudad está en total abandono
El segundo pulmón vegetal de Caracas está en el suroeste, en donde existen más de tres mil hectáreas de zonas verdes (un área treinta veces mayor que la base aérea de La Carlota) y cuatro parques recreacionales: Leonardo Ruiz Pineda, Vicente Emilio Sojo, Universal de la Paz y Zoológico de Caricuao.
Sin embargo, estos parques no tienen ningún tipo de desarrollo más allá de las 32 hectárea que ocupa el zoológico. En el resto de este espacio no hay ni siquiera un caminito por donde andar ni un banco donde sentarse.
En el mes de septiembre la Red de Ambientalistas de Caricuao envió cartas al Ministerio del Ambiente, Inparques y Vicepresidencia de la República pidiendo la celebración de una reunión entre vecinos y autoridades para planificar algún tipo de rescate de estos espacios.
Se pudo conocer que esta iniciativa fue encomendada a los despachos de Planificación y Ordenación Ambiental y al de Vigilancia y Control, y que Inparques ha sido convocado a formar parte de estas conversaciones.
Los vecinos esperan que las mismas sean pautadas en el futuro cercano, pues ya llevan muchos años esperando un programa de recuperación de estos espacios que Inparques diseñó pero que jamás implementó.
El Universal
07-10-2013
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Administrador del Grupo Yahoo Corredor_Inmobiliario
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
twitter: @Henry_Medina
hmedina30@yahoo.es
Linkedin: http://ve.linkedin.com/pub/henry-medina/21/59b/59b
http://es.groups.yahoo.com/group/corredor_inmobiliario/
El segundo pulmón vegetal de Caracas está en el suroeste, en donde existen más de tres mil hectáreas de zonas verdes (un área treinta veces mayor que la base aérea de La Carlota) y cuatro parques recreacionales: Leonardo Ruiz Pineda, Vicente Emilio Sojo, Universal de la Paz y Zoológico de Caricuao.
Sin embargo, estos parques no tienen ningún tipo de desarrollo más allá de las 32 hectárea que ocupa el zoológico. En el resto de este espacio no hay ni siquiera un caminito por donde andar ni un banco donde sentarse.
En el mes de septiembre la Red de Ambientalistas de Caricuao envió cartas al Ministerio del Ambiente, Inparques y Vicepresidencia de la República pidiendo la celebración de una reunión entre vecinos y autoridades para planificar algún tipo de rescate de estos espacios.
Se pudo conocer que esta iniciativa fue encomendada a los despachos de Planificación y Ordenación Ambiental y al de Vigilancia y Control, y que Inparques ha sido convocado a formar parte de estas conversaciones.
Los vecinos esperan que las mismas sean pautadas en el futuro cercano, pues ya llevan muchos años esperando un programa de recuperación de estos espacios que Inparques diseñó pero que jamás implementó.
El Universal
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Piden devolver el Sambil Candelaria a sus dueños originales
Vecinos del Frente en Defensa del Norte de Caracas entregaron ayer una misiva al ministro de Comercio, Alejandro Fleming, en donde se le pide que considere la posibilidad de devolver el Sambil Candelaria a sus antiguos dueños antes de ser expropiado y se destine para lo que fue concebido: un centro comercial.
Este grupo de vecinos recordó que el próximo 21 de diciembre se cumplirán cinco años desde que el Presidente Hugo Chávez mencionó por primera vez su intención de expropiar este centro comercial, y que desde entonces el mismo no ha tenido ninguna utilidad para los vecinos del sector.
Desde hace casi tres años ha servido como refugio para damnificados, y todavía quedan allí más de 150 familias. En la carta se le recuerda a Fleming que él es el padrino de este refugio, y que como tal debería trabajar para que se lograra la tan ansiada reubicación.
Los vecinos proponen que sea utilizado como centro comercial mixto, reservando el piso cuatro para entes del gobierno: oficinas del Saime, bancos, policías del Estado, CDI y supermercados.
El Universal
05-10-2013
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Desde hace casi tres años ha servido como refugio para damnificados, y todavía quedan allí más de 150 familias. En la carta se le recuerda a Fleming que él es el padrino de este refugio, y que como tal debería trabajar para que se lograra la tan ansiada reubicación.
Los vecinos proponen que sea utilizado como centro comercial mixto, reservando el piso cuatro para entes del gobierno: oficinas del Saime, bancos, policías del Estado, CDI y supermercados.
El Universal
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Protestaron frente al Ministerio de Vivienda y en Fudayacucho
Con pancartas exigen aumento salarial los trabajadores que dependen del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Ayer en la tarde se registraron dos protestas en Caracas. A través del Twitter se conoció el reclamo de los trabajadores de la Fundación Ayacucho, que forraron la sede de la institución para pedir mejoras salariales.
Algunas de las pancartas decían “Salario justo”, “Aumento ya”. En otras se leía que desde hace 6 años los empleados de la institución –que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación– no reciben aumento.
Reclamaban que a otros ministerios y dependencias del Estado se les incrementó el salario. Mencionaron el caso de los maestros y los trabajadores de Cantv.
Después de las 1:00 pm, también por las redes sociales se supo que un grupo protestaba frente al Ministerio de Vivienda y Hábitat, en la avenida Miranda, para exigir casas.
Los twiteros se quejaban de que la entrada del municipio Chacao estaba restringida por la manifestación y reseñaron los atascos en el tránsito: “@traffiMiranda Protesta en el Inavi genera congestionamiento de vehículos en Chacao”.
El Nacional
05-10-2013
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Algunas de las pancartas decían “Salario justo”, “Aumento ya”. En otras se leía que desde hace 6 años los empleados de la institución –que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación– no reciben aumento.
Reclamaban que a otros ministerios y dependencias del Estado se les incrementó el salario. Mencionaron el caso de los maestros y los trabajadores de Cantv.
Después de las 1:00 pm, también por las redes sociales se supo que un grupo protestaba frente al Ministerio de Vivienda y Hábitat, en la avenida Miranda, para exigir casas.
Los twiteros se quejaban de que la entrada del municipio Chacao estaba restringida por la manifestación y reseñaron los atascos en el tránsito: “@traffiMiranda Protesta en el Inavi genera congestionamiento de vehículos en Chacao”.
El Nacional
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Ocariz inspeccionó obras en Caucagüita
Recorrió la carretera vieja de Guarenas
El alcalde de Sucre también hizo un recorrido casa por casa escuchando a los vecinos.
Varios vecinos acompañaron al alcalde (Cortesía)
Caracas.- El alcalde de Sucre Carlos Ocariz realizó un recorrido por la parroquia Caucagüita para inspeccionar obras que ha realizado o está realizando el ayuntamiento.
El recorrido inició en el sector A, luego pasaron por El Cují y de ahí a la carretera vieja Petare-Guarenas hasta llegar al Carmen, y el alcalde aprovechó la ocasión para pasar revista a obras como una cancha de grama artificial detrás de los bloques del sector La I, casas de abuelos, Hogares para Crecer, el parque y el bulevar en los principales bloques de la parroquia y también algunas torrenteras.
Aprovechó la ocasión para realizar una visita casa por casa a varios vecinos y desde allí escuchar las propuestas que cada uno le comunicó.
El Universal
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Varios vecinos acompañaron al alcalde (Cortesía)
Caracas.- El alcalde de Sucre Carlos Ocariz realizó un recorrido por la parroquia Caucagüita para inspeccionar obras que ha realizado o está realizando el ayuntamiento.
El recorrido inició en el sector A, luego pasaron por El Cují y de ahí a la carretera vieja Petare-Guarenas hasta llegar al Carmen, y el alcalde aprovechó la ocasión para pasar revista a obras como una cancha de grama artificial detrás de los bloques del sector La I, casas de abuelos, Hogares para Crecer, el parque y el bulevar en los principales bloques de la parroquia y también algunas torrenteras.
Aprovechó la ocasión para realizar una visita casa por casa a varios vecinos y desde allí escuchar las propuestas que cada uno le comunicó.
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Tres entes administran el complejo de Parque Central
Los vecinos de Parque Central no saben a ciencia cierta quién está administrando el complejo urbanístico. Los recibos de condominio salen a nombre de la empresa Centro Simón Bolívar, en teoría liquidada, pero que no ha vendido ni traspasado la propiedad de sus activos (el estacionamiento y las plantas de agua helada y de basura del complejo, entre otros).
Las solvencias de condominio y de aseo urbano que piden los propietarios las firma Lídice Altuve desde la Vicepresidencia de la República; Erick Valiente, representante de Corpocapital, despacha desde las oficinas que antes usaban funcionarios del CSB. Y la jefa de Distrito Capital, Jacqueline Faría, es la "encomendada" por el vicepresidente para hacerse cargo de Parque Central.
Miembros de la Asamblea de Propietarios de la Zona II e integrantes del consejo comunal El Tejar (zona I) han enviado correspondencias a Altuve y a Valiente para reunirse con ellos y hablar sobre las necesidades del condominio pero sus intentos han sido infructuosos.
Annery Fehr, integrante de la Asamblea de Propietarios de la Zona II, considera grave que se paguen las facturas a la empresa Centro Simón Bolívar, sin saber quién es su representante legal ni quién está disponiendo de los dineros que esta empresa recauda por concepto de condominio.
"Tampoco sabemos a quién se le ponen las quejas: si a la Vicepresidencia, a Corpocapital o al Gobierno del Distrito Capital", agregó Fehr.
José Abreu, propietario de la Zona I y miembro del consejo comunal El Tejar, lamenta la desinformación existente. "Actualmente están instalando los ascensores chinos y no sabemos en qué etapa van ni cuándo van a terminar. No hay un cronograma"
El proceso de instalación, en determinadas horas del día, está causando largas colas para acceder a los edificios, pues en muchos de ellos solo está activo uno de los tres ascensores. En el Caroata, por ejemplo, tienen más de seis meses trabajando en la instalación de dos ascensores.
Abreu precisa que el complejo urbanístico salió de una administración y entró en otra sin una comisión de enlace o transición y sin que la anterior gestión rindiera cuentas. "Queremos reunirnos con Corpocapital para trabajar mancomunadamente en las mejoras que necesita el complejo".
Se refiere al estado de los estacionamientos que están oscuros, son depósito de basura, aguas negras y cables sueltos. También a los atracos y arrebatones que se producen a diario en las áreas comunes. Piden que se restituya el circuito cerrado de los ascensores y tener más vigilancia.
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04-10-2013
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Las solvencias de condominio y de aseo urbano que piden los propietarios las firma Lídice Altuve desde la Vicepresidencia de la República; Erick Valiente, representante de Corpocapital, despacha desde las oficinas que antes usaban funcionarios del CSB. Y la jefa de Distrito Capital, Jacqueline Faría, es la "encomendada" por el vicepresidente para hacerse cargo de Parque Central.
Miembros de la Asamblea de Propietarios de la Zona II e integrantes del consejo comunal El Tejar (zona I) han enviado correspondencias a Altuve y a Valiente para reunirse con ellos y hablar sobre las necesidades del condominio pero sus intentos han sido infructuosos.
Annery Fehr, integrante de la Asamblea de Propietarios de la Zona II, considera grave que se paguen las facturas a la empresa Centro Simón Bolívar, sin saber quién es su representante legal ni quién está disponiendo de los dineros que esta empresa recauda por concepto de condominio.
"Tampoco sabemos a quién se le ponen las quejas: si a la Vicepresidencia, a Corpocapital o al Gobierno del Distrito Capital", agregó Fehr.
José Abreu, propietario de la Zona I y miembro del consejo comunal El Tejar, lamenta la desinformación existente. "Actualmente están instalando los ascensores chinos y no sabemos en qué etapa van ni cuándo van a terminar. No hay un cronograma"
El proceso de instalación, en determinadas horas del día, está causando largas colas para acceder a los edificios, pues en muchos de ellos solo está activo uno de los tres ascensores. En el Caroata, por ejemplo, tienen más de seis meses trabajando en la instalación de dos ascensores.
Abreu precisa que el complejo urbanístico salió de una administración y entró en otra sin una comisión de enlace o transición y sin que la anterior gestión rindiera cuentas. "Queremos reunirnos con Corpocapital para trabajar mancomunadamente en las mejoras que necesita el complejo".
Se refiere al estado de los estacionamientos que están oscuros, son depósito de basura, aguas negras y cables sueltos. También a los atracos y arrebatones que se producen a diario en las áreas comunes. Piden que se restituya el circuito cerrado de los ascensores y tener más vigilancia.
El Universal
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Venezolanos apuntalan mercado inmobiliario de Miami
Los venezolanos han pasado del tercero al segundo escalafón de compradores internacionales de inmuebles en la Florida. Representan 7,6% de las compras de extranjeros en el estado
Venezolanos apuntalan mercado inmobiliario de Miami
Compradores venezolanos buscan seguridad personal
Llevaban cinco años valorando si invertir sus ahorros fuera de Venezuela, en Europa o en la Florida. Buscaban una inversión que se revalorizara con el tiempo, pero sobre todo, que fuera segura. Hace 15 días firmaron la compra de un apartamento por unos $300,000 en Miami Beach que también les servirá como residencia de vacaciones, y la semana pasada les dieron las llaves.
Los compradores, Victoria, que no quiere ser identificada por su nombre real por temor a represalias, y su marido, dos jóvenes profesionales, forman parte de los venezolanos que han decidido invertir en Miami y que constituyen una parte cada vez mayor de los compradores internacionales de residencias en Miami, publicó en su página web El Nuevo Herald.
Los venezolanos han pasado de constituir el 16% del total de los compradores de inmuebles en las áreas de Miami y Miami Beach en los 12 meses previos a junio del 2012, al 20% en los 12 meses que anteceden a julio del 2013, según un informe preparado por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) de Estados Unidos para la Asociación de Agentes Inmobiliarios de la Florida.
Además, los venezolanos han pasado del tercero al segundo puesto en el escalafón de compradores internacionales de inmuebles en la Florida, al representar el 7.6 por ciento de las compras de extranjeros en el estado.
Están sólo por detrás de los canadienses (que firmaron casi el 30% de las compras de inmuebles de extranjeros en la Florida) y por delante de los brasileños, que los superaban en el informe del 2012. El salto se debe, sobre todo, a que el porcentaje de compras de inmuebles entre los brasileños cayó del 9.3 al 6.5 por ciento.
El reporte de la NAR se basa en una encuesta realizada entre 977 agentes inmobiliarios de la Florida.
“El número de compradores venezolanos definitivamente ha subido. Los venezolanos se sienten más seguros teniendo sus inversiones aquí”, afirmó Aurace Rengifo, agente inmobiliario en Ocean International Realty.
Seguridad para su inversión fue el principal objetivo de Victoria y su marido para invertir en Miami. Ellos no querían comprar en Venezuela por miedo a que si alquilan la propiedad, el arrendatario tenga derecho a comprarla por un precio reducido o, si la dejan vacía, que se la expropien.
“Quizás en Venezuela se te revaloriza más en porcentaje, porque la oferta es más escasa. Aquí hay más oferta, pero con todo y eso el inmueble se sigue revalorizando. Es una balanza riesgo-beneficio. Uno corre más riesgo en nuestros países aunque tiene más ganancia”, dijo Victoria, que trabaja en una empresa multinacional. Su marido tiene en Venezuela su propio negocio.
Victoria y su marido son el prototipo del inversor venezolano que está comprando en Miami, según lo describieron diferentes agentes inmobiliarios: profesionales jóvenes que en muchos casos tienen sus propios negocios en Venezuela, que frecuentemente tienen pareja y quizás también o hijos.
Los venezolanos destinaron las residencias que compraron en la Florida entre julio del 2012 y julio del 2013, sobre todo a rentarlas para obtener un rendimiento (38 por ciento de los compradores según el informe de NAR), como residencia de vacaciones que también alquilarían cuando no estuviera ocupada (32%) y exclusivamente como residencia de vacaciones (9%).
“En general, los venezolanos que invierten ahora quieren asegurarse de que mientras no usen el apartamento, puedan alquilarlo”, confirmó Rengifo, quien señaló que algunas asociaciones de condominios no permiten esta práctica.
“Es una mezcla de los dos usos, residencial y de inversión”, dijo Francisco Angulo, presidente electo de propiedades residenciales en la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami. “Muchos de estos compradores quieren hasta pensar en una alternativa en caso de que tengan que venirse a Estados Unidos”, añadió.
Aunque Victoria y su esposo compraron el apartamento sobre todo como una inversión, no piensan alquilarlo, pero sí planean pasar sus vacaciones en él. Pensaron en invertir en España, pero allí continúa la crisis, mientras que en Estados Unidos, los precios de los inmuebles están ya subiendo.
“En Estados Unidos, frente a cada crisis, se recuperan. Están preparados para recuperarse”, dijo Victoria. También compró en Miami Beach por el clima y la playa.
El 62% de los venezolanos que compraron un inmueble en la Florida, lo hizo en el área de Miami y Miami Beach, según el informe de NAR del 2013. Le siguen en popularidad Fort Laudedale (9% de los compradores) y el área de Naples-Marco Island (6%).
“Los que quieren emigrar, probablemente van a los lugares residenciales, como Weston, Doral o Kendall”, dijo Angulo. “Los inversionistas compran en Brickell, Downtown, Midtown, Doral y Aventura”. Otros agentes añaden Miami Beach a la lista de áreas preferidas.
Además de seguridad para sus inversiones, los compradores venezolanos también buscan seguridad personal. “Les gusta comprar edificios o comunidades con seguridad, en Doral, Weston, o condominios con seguridad en la puerta”, dijo Carlos Villanueva, gerente regional de Keyes Realtors. “El venezolano viene para acá más que nada por la protección de su capital y su protección personal”.
También el precio que pagaron por su apartamento está en la media. Casi el 60% de los venezolanos que compraron alguna propiedad en la Florida pagó entre $100,000 y $400,000, según el informe de la NRA. El precio les da para comprar, sobre todo, apartamentos en edificios de condominios o casas unifamiliares. La mayoría -el 78%- compra su apartamento en efectivo, sin recurrir a una hipoteca.
Para Victoria, la decisión de comprar un condominio era clara. “Quería playa. Tengo otros amigos que compraron en Kendall y ellos compraron casa, porque querían una casa al lado del lago.
Para mí las casas son más inseguras, están más aisladas. Me gusta más un apartamento, tienes un condominio, los gastos de mantenimiento son en común. Y además, si no vas a vivir allí, las casas se van a deteriorar más”, dijo Victoria, quien tiene claro que quiere seguir viviendo en Venezuela
El Mundo
04-10-2013
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Venezolanos apuntalan mercado inmobiliario de Miami
Compradores venezolanos buscan seguridad personal
Llevaban cinco años valorando si invertir sus ahorros fuera de Venezuela, en Europa o en la Florida. Buscaban una inversión que se revalorizara con el tiempo, pero sobre todo, que fuera segura. Hace 15 días firmaron la compra de un apartamento por unos $300,000 en Miami Beach que también les servirá como residencia de vacaciones, y la semana pasada les dieron las llaves.
Los compradores, Victoria, que no quiere ser identificada por su nombre real por temor a represalias, y su marido, dos jóvenes profesionales, forman parte de los venezolanos que han decidido invertir en Miami y que constituyen una parte cada vez mayor de los compradores internacionales de residencias en Miami, publicó en su página web El Nuevo Herald.
Los venezolanos han pasado de constituir el 16% del total de los compradores de inmuebles en las áreas de Miami y Miami Beach en los 12 meses previos a junio del 2012, al 20% en los 12 meses que anteceden a julio del 2013, según un informe preparado por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) de Estados Unidos para la Asociación de Agentes Inmobiliarios de la Florida.
Además, los venezolanos han pasado del tercero al segundo puesto en el escalafón de compradores internacionales de inmuebles en la Florida, al representar el 7.6 por ciento de las compras de extranjeros en el estado.
Están sólo por detrás de los canadienses (que firmaron casi el 30% de las compras de inmuebles de extranjeros en la Florida) y por delante de los brasileños, que los superaban en el informe del 2012. El salto se debe, sobre todo, a que el porcentaje de compras de inmuebles entre los brasileños cayó del 9.3 al 6.5 por ciento.
El reporte de la NAR se basa en una encuesta realizada entre 977 agentes inmobiliarios de la Florida.
“El número de compradores venezolanos definitivamente ha subido. Los venezolanos se sienten más seguros teniendo sus inversiones aquí”, afirmó Aurace Rengifo, agente inmobiliario en Ocean International Realty.
Seguridad para su inversión fue el principal objetivo de Victoria y su marido para invertir en Miami. Ellos no querían comprar en Venezuela por miedo a que si alquilan la propiedad, el arrendatario tenga derecho a comprarla por un precio reducido o, si la dejan vacía, que se la expropien.
“Quizás en Venezuela se te revaloriza más en porcentaje, porque la oferta es más escasa. Aquí hay más oferta, pero con todo y eso el inmueble se sigue revalorizando. Es una balanza riesgo-beneficio. Uno corre más riesgo en nuestros países aunque tiene más ganancia”, dijo Victoria, que trabaja en una empresa multinacional. Su marido tiene en Venezuela su propio negocio.
Victoria y su marido son el prototipo del inversor venezolano que está comprando en Miami, según lo describieron diferentes agentes inmobiliarios: profesionales jóvenes que en muchos casos tienen sus propios negocios en Venezuela, que frecuentemente tienen pareja y quizás también o hijos.
Los venezolanos destinaron las residencias que compraron en la Florida entre julio del 2012 y julio del 2013, sobre todo a rentarlas para obtener un rendimiento (38 por ciento de los compradores según el informe de NAR), como residencia de vacaciones que también alquilarían cuando no estuviera ocupada (32%) y exclusivamente como residencia de vacaciones (9%).
“En general, los venezolanos que invierten ahora quieren asegurarse de que mientras no usen el apartamento, puedan alquilarlo”, confirmó Rengifo, quien señaló que algunas asociaciones de condominios no permiten esta práctica.
“Es una mezcla de los dos usos, residencial y de inversión”, dijo Francisco Angulo, presidente electo de propiedades residenciales en la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami. “Muchos de estos compradores quieren hasta pensar en una alternativa en caso de que tengan que venirse a Estados Unidos”, añadió.
Aunque Victoria y su esposo compraron el apartamento sobre todo como una inversión, no piensan alquilarlo, pero sí planean pasar sus vacaciones en él. Pensaron en invertir en España, pero allí continúa la crisis, mientras que en Estados Unidos, los precios de los inmuebles están ya subiendo.
“En Estados Unidos, frente a cada crisis, se recuperan. Están preparados para recuperarse”, dijo Victoria. También compró en Miami Beach por el clima y la playa.
El 62% de los venezolanos que compraron un inmueble en la Florida, lo hizo en el área de Miami y Miami Beach, según el informe de NAR del 2013. Le siguen en popularidad Fort Laudedale (9% de los compradores) y el área de Naples-Marco Island (6%).
“Los que quieren emigrar, probablemente van a los lugares residenciales, como Weston, Doral o Kendall”, dijo Angulo. “Los inversionistas compran en Brickell, Downtown, Midtown, Doral y Aventura”. Otros agentes añaden Miami Beach a la lista de áreas preferidas.
Además de seguridad para sus inversiones, los compradores venezolanos también buscan seguridad personal. “Les gusta comprar edificios o comunidades con seguridad, en Doral, Weston, o condominios con seguridad en la puerta”, dijo Carlos Villanueva, gerente regional de Keyes Realtors. “El venezolano viene para acá más que nada por la protección de su capital y su protección personal”.
También el precio que pagaron por su apartamento está en la media. Casi el 60% de los venezolanos que compraron alguna propiedad en la Florida pagó entre $100,000 y $400,000, según el informe de la NRA. El precio les da para comprar, sobre todo, apartamentos en edificios de condominios o casas unifamiliares. La mayoría -el 78%- compra su apartamento en efectivo, sin recurrir a una hipoteca.
Para Victoria, la decisión de comprar un condominio era clara. “Quería playa. Tengo otros amigos que compraron en Kendall y ellos compraron casa, porque querían una casa al lado del lago.
Para mí las casas son más inseguras, están más aisladas. Me gusta más un apartamento, tienes un condominio, los gastos de mantenimiento son en común. Y además, si no vas a vivir allí, las casas se van a deteriorar más”, dijo Victoria, quien tiene claro que quiere seguir viviendo en Venezuela
El Mundo
04-10-2013
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Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
twitter: @Henry_Medina
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Cuba / Falta de casas en Cuba sigue siendo un problema sin solución
El gobierno quiso convertir el albergue en viviendas, pero los apartamentos carecen de agua corriente y ventilación.
“La Granjita” es un refugio temporal en La Habana donde vive desde hace años un grupo de mujeres. Su situación ejemplifica el problema de vivienda, que el gobierno cubano reconoce por primera vez.
“Nadie de Vivienda ha venido a saber cómo quedo la obra”. “En 10 años es la primera vez que los periodistas se ocupan de los albergados”. “Hace tres meses que terminaron la obra y todavía no tenemos agua”. “Todo ha sido cuento y mentiras”. “Vamos a vivir como sardinas”.
Las albergadas de “La Granjita” son amas de casa, jubiladas, maestras, estudiantes, trabajadoras de la salud o traductoras de idiomas. Viven con sus familias en un antiguo hotel de parejas y se quejan de la escasa atención que reciben de la Dirección de la Vivienda.
Por primera vez desde el inicio de la Revolución, el gobierno cubano reconoció que el déficit nacional de viviendas es de 600.000 unidades, y anunció que construirá apartamentos para los albergados.
Nada más en La Habana este déficit se estima en 28.000 para todos los que han perdido sus casas y viven en locales provisionales. Lugares seguros, pero con lo mínimo.
En “La Granjita” ya empezaron las obras pero los beneficiarios se quejan de que los trabajos quedan mal hechos, hay robo de materiales, se construyen habitaciones sin ventilación, apartamentos sin conexión de agua y se filtran los techos cuando llueve.
UNA VIVIENDA ADECUADA
“A mí se me quemó la casa y nos quedamos en la calle, sobrevivimos gracias a los vecinos que nos dejaban cocinar y bañarnos”, le dice Yoanka Penda a BBC Mundo. Y agrega “fue muy duro porque yo tenía 13 años y era madre de un niño pequeño”.
La vida fue difícil para ella, después del incendio levantó un rancho (vivienda precaria) de tablas y “el huracán Michel me lo destruyó”. Cuando su hijo se hizo un adolescente se pasó todo el preuniversitario sin salir de la beca (un internado preuniversitario) los fines de semana porque no tenía dónde ir.
Le dieron un cuarto de “La Granjita” hace 10 años y en junio le entregaron un apartamento de dos dormitorios pero “todavía no tenemos agua, las puertas se están despegando, los techos se filtran, no tengo ventilación y dicen que es una vivienda adecuada”.
Asegura la mujer a BBC Mundo que “tenemos una brigada trabajando y nadie de la (Dirección de la) Vivienda viene a ver cómo van las obras. Por eso nunca quedan bien, las brigadas dejan los trabajos por la mitad y se desaparecen los materiales”.
“CUENTOS Y MENTIRAS”
María del Carmen Linares es la presidenta del Comité de Defensa de la Revolución local. Nos cuenta que en “La Granjita” viven unas 90 personas de 14 núcleos familiares. A pesar de su cargo se muestra irritada con las autoridades de Vivienda.
“Aquí no hay agua, entra un chorrito, no tenemos cisterna ni tanques ni motor. La gente de Vivienda en cada reunión dice que va a arreglar el problema pero después todo sigue igual, nada se ha hecho, todo ha sido cuento y mentiras”.
Con Vivienda acordamos que se construirían “14 apartamentos de uno, dos y tres cuartos pero ahora quieren hacer 17 de dos cuartos y nosotros creemos que si hay núcleos de ocho personas no se les puede dar sólo eso porque vamos a vivir como sardinas”.
“No hay a quién dirigirnos ni tenemos ningún control sobre los materiales de construcción”, dice a BBC Mundo y agrega que “nadie de Vivienda viene aquí para nada. La administradora estuvo julio y agosto de licencia y ahora en septiembre tiene vacaciones”.
PAN Y AGUA CON AZÚCAR
Jaqueline Marcos Oviedo es maestra y lleva ya tres años en el albergue, pero está sin la libreta de alimentos subvencionados porque “cada vez que voy a ver a Juan Alberto Nachi nunca se encuentra y ningún jefe de Vivienda del Cerro sabe su paradero”.
“Todas las semanas dejo de dar clases para buscarlo porque necesito mi libreta para sacar los alimentos. Por eso a veces me toca desayunar un pan solo y agua con azúcar” y agrega que “cocino con una balita de gas que me prestan los vecinos o traigo la comida de la escuela para mis hijos”.
Marieta Santana tiene 23 años y es graduada en la Universidad de inglés y francés. Para ella “fue un trauma venir a un albergue dejando mi barrio, mis vecinos y mis amigos”. Se queja porque la falta de transporte le impide salir, “lo único que he aprendido aquí es a estar dentro de mi casa”.
Ella cree que “La Granjita” podría mejorar, pero no sólo ampliando los apartamentos, “es necesario asfaltar porque esto está lleno de hierbas que sólo trae ranas, ratas, mosquitos y cucarachas. Cuando llueve se convierte en un pantano y no hay quién entre”.
“ES UN DESORDEN”
Dulce María Pérez es una jubilada que trabajó 34 años como proyectista, ahora lleva 10 en el albergue, sin esperanzas de recibir un apartamento porque cambiaron el proyecto, ya no está previsto hacerlos de un cuarto y ella es una mujer sola.
Nos explica que “esto no avanza porque se construye y luego se destruye lo hecho” por falta de planificación. “Lo primero sería hacer un buen proyecto pero aquí empezaron la construcción sin una idea general para los albañales, para la luz o para el agua”.
“Lo que hacen es un desorden pero no me preocupa porque yo he podido vivir aquí sin fregadero, sin lavadero, sin lavamanos, fregando y botando el agua para la calle. Yo estoy infartada dos veces desde que llegué aquí y no voy a coger más lucha”.
En “La Granjita” están felices de que al fin la prensa cubana se acuerde de ellos.
“Lo bueno que tiene esto es lo mal que se está poniendo; hasta que las cosas no revientan no se hace nada”, dice Dulce María Pérez.
elcomercio.pe
04-10-2013
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Administrador del Grupo Yahoo Corredor_Inmobiliario
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
twitter: @Henry_Medina
hmedina30@yahoo.es
Linkedin: http://ve.linkedin.com/pub/henry-medina/21/59b/59b
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“La Granjita” es un refugio temporal en La Habana donde vive desde hace años un grupo de mujeres. Su situación ejemplifica el problema de vivienda, que el gobierno cubano reconoce por primera vez.
“Nadie de Vivienda ha venido a saber cómo quedo la obra”. “En 10 años es la primera vez que los periodistas se ocupan de los albergados”. “Hace tres meses que terminaron la obra y todavía no tenemos agua”. “Todo ha sido cuento y mentiras”. “Vamos a vivir como sardinas”.
Las albergadas de “La Granjita” son amas de casa, jubiladas, maestras, estudiantes, trabajadoras de la salud o traductoras de idiomas. Viven con sus familias en un antiguo hotel de parejas y se quejan de la escasa atención que reciben de la Dirección de la Vivienda.
Por primera vez desde el inicio de la Revolución, el gobierno cubano reconoció que el déficit nacional de viviendas es de 600.000 unidades, y anunció que construirá apartamentos para los albergados.
Nada más en La Habana este déficit se estima en 28.000 para todos los que han perdido sus casas y viven en locales provisionales. Lugares seguros, pero con lo mínimo.
En “La Granjita” ya empezaron las obras pero los beneficiarios se quejan de que los trabajos quedan mal hechos, hay robo de materiales, se construyen habitaciones sin ventilación, apartamentos sin conexión de agua y se filtran los techos cuando llueve.
UNA VIVIENDA ADECUADA
“A mí se me quemó la casa y nos quedamos en la calle, sobrevivimos gracias a los vecinos que nos dejaban cocinar y bañarnos”, le dice Yoanka Penda a BBC Mundo. Y agrega “fue muy duro porque yo tenía 13 años y era madre de un niño pequeño”.
La vida fue difícil para ella, después del incendio levantó un rancho (vivienda precaria) de tablas y “el huracán Michel me lo destruyó”. Cuando su hijo se hizo un adolescente se pasó todo el preuniversitario sin salir de la beca (un internado preuniversitario) los fines de semana porque no tenía dónde ir.
Le dieron un cuarto de “La Granjita” hace 10 años y en junio le entregaron un apartamento de dos dormitorios pero “todavía no tenemos agua, las puertas se están despegando, los techos se filtran, no tengo ventilación y dicen que es una vivienda adecuada”.
Asegura la mujer a BBC Mundo que “tenemos una brigada trabajando y nadie de la (Dirección de la) Vivienda viene a ver cómo van las obras. Por eso nunca quedan bien, las brigadas dejan los trabajos por la mitad y se desaparecen los materiales”.
“CUENTOS Y MENTIRAS”
María del Carmen Linares es la presidenta del Comité de Defensa de la Revolución local. Nos cuenta que en “La Granjita” viven unas 90 personas de 14 núcleos familiares. A pesar de su cargo se muestra irritada con las autoridades de Vivienda.
“Aquí no hay agua, entra un chorrito, no tenemos cisterna ni tanques ni motor. La gente de Vivienda en cada reunión dice que va a arreglar el problema pero después todo sigue igual, nada se ha hecho, todo ha sido cuento y mentiras”.
Con Vivienda acordamos que se construirían “14 apartamentos de uno, dos y tres cuartos pero ahora quieren hacer 17 de dos cuartos y nosotros creemos que si hay núcleos de ocho personas no se les puede dar sólo eso porque vamos a vivir como sardinas”.
“No hay a quién dirigirnos ni tenemos ningún control sobre los materiales de construcción”, dice a BBC Mundo y agrega que “nadie de Vivienda viene aquí para nada. La administradora estuvo julio y agosto de licencia y ahora en septiembre tiene vacaciones”.
PAN Y AGUA CON AZÚCAR
Jaqueline Marcos Oviedo es maestra y lleva ya tres años en el albergue, pero está sin la libreta de alimentos subvencionados porque “cada vez que voy a ver a Juan Alberto Nachi nunca se encuentra y ningún jefe de Vivienda del Cerro sabe su paradero”.
“Todas las semanas dejo de dar clases para buscarlo porque necesito mi libreta para sacar los alimentos. Por eso a veces me toca desayunar un pan solo y agua con azúcar” y agrega que “cocino con una balita de gas que me prestan los vecinos o traigo la comida de la escuela para mis hijos”.
Marieta Santana tiene 23 años y es graduada en la Universidad de inglés y francés. Para ella “fue un trauma venir a un albergue dejando mi barrio, mis vecinos y mis amigos”. Se queja porque la falta de transporte le impide salir, “lo único que he aprendido aquí es a estar dentro de mi casa”.
Ella cree que “La Granjita” podría mejorar, pero no sólo ampliando los apartamentos, “es necesario asfaltar porque esto está lleno de hierbas que sólo trae ranas, ratas, mosquitos y cucarachas. Cuando llueve se convierte en un pantano y no hay quién entre”.
“ES UN DESORDEN”
Dulce María Pérez es una jubilada que trabajó 34 años como proyectista, ahora lleva 10 en el albergue, sin esperanzas de recibir un apartamento porque cambiaron el proyecto, ya no está previsto hacerlos de un cuarto y ella es una mujer sola.
Nos explica que “esto no avanza porque se construye y luego se destruye lo hecho” por falta de planificación. “Lo primero sería hacer un buen proyecto pero aquí empezaron la construcción sin una idea general para los albañales, para la luz o para el agua”.
“Lo que hacen es un desorden pero no me preocupa porque yo he podido vivir aquí sin fregadero, sin lavadero, sin lavamanos, fregando y botando el agua para la calle. Yo estoy infartada dos veces desde que llegué aquí y no voy a coger más lucha”.
En “La Granjita” están felices de que al fin la prensa cubana se acuerde de ellos.
“Lo bueno que tiene esto es lo mal que se está poniendo; hasta que las cosas no revientan no se hace nada”, dice Dulce María Pérez.
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Víctor Álvarez: "Negar una pronta flexibilización del dólar es un riesgo"
El experto indica que hay que cambiar la mentalidad rentista que ha creado la política actual del país
Carjuan Cruz.- La situación económica actual de Venezuela -con índices de inflación altos, desabastecimiento, presiones sobre el dólar y una demanda de bienes que sobrepasa la oferta- puede enmendarse y, quizás, más rápido de lo que se creería.
Para el economista Víctor Álvarez, investigador del Centro Internacional Miranda, revolucionario y exministro de Industria, esa solución está "al alcance de la mano", y mucho tiene que ver con los cambios que se le hagan al marco regulatorio en materia cambiaria.
De acuerdo con el experto, si no se realizan acertadamente las modificaciones necesarias a las leyes de Ilícitos Cambiarios y Mercado de Capitales, para establecer así una flexibilización que despenalice la tenencia y comercialización de divisas en el país, la gestión actual de Gobierno estaría corriendo un riesgo económico alto, pero mucho más significativo en el ámbito político, pues podría implicar incluso pérdidas de alcaldías en las próximas elecciones municipales.
El Mundo
07-10-2013
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Para el economista Víctor Álvarez, investigador del Centro Internacional Miranda, revolucionario y exministro de Industria, esa solución está "al alcance de la mano", y mucho tiene que ver con los cambios que se le hagan al marco regulatorio en materia cambiaria.
De acuerdo con el experto, si no se realizan acertadamente las modificaciones necesarias a las leyes de Ilícitos Cambiarios y Mercado de Capitales, para establecer así una flexibilización que despenalice la tenencia y comercialización de divisas en el país, la gestión actual de Gobierno estaría corriendo un riesgo económico alto, pero mucho más significativo en el ámbito político, pues podría implicar incluso pérdidas de alcaldías en las próximas elecciones municipales.
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07-10-2013
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Ramírez: Se disparó compra de insumos para gasolina
El ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, afirmó que el incremento en la importación de componentes para la elaboración de combustible obedece al alto consumo de la gasolina de 95 octanos en el mercado interno. "Nuestra población sin necesitarlo, lo único que hace es consumir la gasolina de 95 porque cree que es mejor que la de 91 por el precio. Eso ha disparado la adquisición de los componentes requeridos para subir el octanaje en la industria", dijo. Indicó que conversarán con las ensambladoras para que den a conocer a sus clientes las especificaciones de la gasolina de 91. "Importamos insumos para producir combustible de alto octanaje. Es un tema mucho más complejo que tenemos que evaluar". Informó que el consumo interno llegó a 700.000 barriles diarios de petróleo. "Una cifra alta. Ahora está disparado por la gasolina y por el diésel para el sector eléctrico". Señaló que se invierten 7.000 millones de dólares para llevar gas a la industria eléctrica y para pasar de diésel a gas. La Faja El ministro reconoció, igualmente, que algunos problemas de infraestructura han impedido el aumento de la producción en la Faja Petrolífera del Orinoco. "Los nuevos negocios han venido presentando problemas de infraestructura y es un tema que estamos analizando en conjunto con los socios privados, por eso es que estamos teniendo un máximo nivel de discusión con ellos. Hacemos unos cambios para que la producción temprana pueda venir sin que eso signifique problemas contractuales con ellos". Recalcó que la meta para el próximo año en la Faja es que "la producción temprana llegue a 150.000 barriles diarios con los seis proyectos". Por ello, se llegó a acuerdos con China para ampliar la participación de la Corporación Nacional de Petróleo de China (Cnpc) en uno de los campos y se espera alcanzar nuevos pactos con empresas de la India. Dijo que los campos Junín tienen "muchas posibilidades" y se acordó con Cnpc expandir el mejorador de crudo para poder manejar de manera conjunta la producción de esas áreas. Esto, mientras se espera la visita de petroleras de la India, las cuales "quieren incrementar su participación en la Faja". Con relación a la posible salida de Venezuela de la refinería Abreu e Lima, Ramírez señaló que están en conversaciones con Petrobras, que debe dar una respuesta formal. "Nos queremos quedar ahí. No hemos recibido formalmente ningún documento que nos diga que hasta noviembre tenemos plazo"
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07-10-2013
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