La Vicepresidencia Ejecutiva de la República comenzará en los próximos días los avalúos de los 100 edificios para alquiler del área metropolitana de Caracas, que serán comprados por los inquilinos con la ayuda del Gobierno, según fuentes vinculadas con las negociaciones.
La Red Metropolitana de Inquilinos, que impulsa la compra de los inmuebles, admitió que el procedimiento va más lento de lo deseado porque el vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua, ha tenido que atender otros asuntos por el reposo del mandatario Hugo Chávez.
Algunos de los 70 propietarios que atendieron la convocatoria realizada por el Gobierno hace varias semanas reiteraron que no ha habido ningún avance en las negociaciones desde que presentaron los documentos requeridos en la sede de la Vicepresidencia.
Uno de los dueños que prefirió mantener su nombre en reserva aseguró que está dispuesto a vender, pero tiene dudas sobre el procedimiento.
"¿Cuál será el precio? ¿Cuándo me pagarán? Ojalá que la transacción sea en términos justos para ambas partes".
Agregó que valdría la pena que el Gobierno hiciera un estudio de quiénes son los inquilinos, porque en muchos casos son personas que poseen otros inmuebles o que tienen la capacidad de comprar los apartamentos a precio de mercado.
"Los inquilinos de mi edificio tienen 15 años pagando un alquiler regulado en 100 bolívares. Deberían tener ahorros suficientes para comprar una vivienda. ¿Por qué tengo que vender los apartamentos a precios regalados? ¿Cuál fue el delito que cometí?", dijo.
Trabas legales. Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, corroboró que las negociaciones marchan con lentitud y advirtió que el proceso de venta no será tan sencillo como afirman los que promueven la iniciativa.
Recordó que la mayoría de los inmuebles que se negocian con la intermediación de la Vicepresidencia no están bajo régimen de propiedad horizontal ni tiene documento de condominio, un requisito indispensable para que cada inquilino pueda comprar el apartamento en que se reside.
Orta agregó que una compra conjunta de todos los residentes de un edificio se enfrentaría con el obstáculo del financiamiento, porque la banca no suele otorgar créditos hipotecarios de manera colectiva.
Dijo, además, que entre los 100 inmuebles hay algunos que forman parte del grupo expropiado por la Alcaldía Metropolitana de Caracas entre 2006 y 2007, por lo cual no puede efectuarse ninguna transacción con ellos.
El Nacional
30-06-2011
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Lic. Henry Medina
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jueves, 30 de junio de 2011
Extienden consulta sobre proyecto de arrendamientos
Cortesia YVKE Mundial Radio
El próximo sábado 2 de julio debería concluir el proceso de consulta pública que inició el pasado 2 de junio la Asamblea Nacional en relación con el anteproyecto de ley de la regulación y control de los arrendamientos de vivienda. Sin embargo, diversas actividades han impedido cumplir al pie de la letra el cronograma, por lo que está siendo reajustado.
Fuentes ligadas al sector que representa a los inquilinos han señalado que el proyecto legal, en manos del Legislativo desde marzo pasado, será sancionado el próximo 5 de julio.
Sin embargo, el diputado oficialista Claudio Farías, quien es miembro de la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos, instancia que tiene a su cargo el proyecto, descartó tal posibilidad.
El 5 de julio son los actos conmemorativos del Bicentenario y la próxima reunión de la plenaria del Parlamento está prevista para el 8 de julio. Resaltó que el pasado martes se realizó la última jornada, por lo que no es cierto el señalamiento.
El parlamentario dijo que las consultas públicas continuarán en los estados Miranda (municipios Plaza y Zamora, altos mirandinos y Valles del Tuy), Anzoátegui, Vargas y las entidades llaneras. En estas últimas, la consulta se había programado para la semana comprendida entre el 23 y el 26 de junio.
De allí que -estima- la agenda se extenderá más allá del 15 de julio.
Una vez que culmine la jornada de consulta, la comisión realizará un informe que será sometido a discusión de la plenaria.
La meta es agosto
El proyecto de ley fue presentado por organizaciones populares en marzo pasado y recibió urgencia reglamentaria.
A pesar de los ajustes en el cronograma, la Comisión de Administración y Servicios no abandona la idea de que el instrumento sea sancionado antes del receso legislativo, que se inicia a mediados de agosto.
El proceso de consulta pública del anteproyecto de ley de regulación y control de los arrendamientos de vivienda comenzó a principios de junio en el Distrito Capital y parte del estado Miranda (Chacao, Baruta y El Hatillo).
El acto de inicio de la jornada se hizo en la plaza Altamira, en Caracas, y fue encabezado por el diputado Diosdado Cabello, quien preside la Comisión de Administración y Servicios Públicos.
El proyecto legal incluye todos los espacios destinados al arrendamiento de viviendas, entre ellos habitaciones y pensiones.
A pesar de que ha trascendido a la opinión pública que el proyecto sufrió modificaciones, particularmente en lo referente a la obligación de destinar 25% de los nuevos desarrollos inmobiliarios al arrendamiento, parlamentarios han negado tal versión.
El documento da pie para la transferencia de la propiedad a los inquilinos especialmente en aquellos edificios "de vieja data" destinados al alquiler.
De hecho, conmina a los propietarios a negociar y establece que, en caso contrario, procederá la expropiación.
Si bien este procedimiento es parte de un instrumento en discusión, está siendo puesto en práctica con un primer lote de 100 inmuebles ubicados en el Distrito Capital.
Agrupaciones de inquilinos esperan que esta iniciativa, que fue propuesta por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) al ex ministro de Vivienda y Hábitat, Luis Figueroa, en el año 2005, se extienda a otros estados del país.
La CIV y organizaciones de propietarios, incluida Apiur, han cuestionado que la fórmula que determina el valor de los inmuebles no contemple el terreno como parte del precio.
Entorno Inteligente
30-06-2011
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El próximo sábado 2 de julio debería concluir el proceso de consulta pública que inició el pasado 2 de junio la Asamblea Nacional en relación con el anteproyecto de ley de la regulación y control de los arrendamientos de vivienda. Sin embargo, diversas actividades han impedido cumplir al pie de la letra el cronograma, por lo que está siendo reajustado.
Fuentes ligadas al sector que representa a los inquilinos han señalado que el proyecto legal, en manos del Legislativo desde marzo pasado, será sancionado el próximo 5 de julio.
Sin embargo, el diputado oficialista Claudio Farías, quien es miembro de la Comisión Permanente de Administración y Servicios Públicos, instancia que tiene a su cargo el proyecto, descartó tal posibilidad.
El 5 de julio son los actos conmemorativos del Bicentenario y la próxima reunión de la plenaria del Parlamento está prevista para el 8 de julio. Resaltó que el pasado martes se realizó la última jornada, por lo que no es cierto el señalamiento.
El parlamentario dijo que las consultas públicas continuarán en los estados Miranda (municipios Plaza y Zamora, altos mirandinos y Valles del Tuy), Anzoátegui, Vargas y las entidades llaneras. En estas últimas, la consulta se había programado para la semana comprendida entre el 23 y el 26 de junio.
De allí que -estima- la agenda se extenderá más allá del 15 de julio.
Una vez que culmine la jornada de consulta, la comisión realizará un informe que será sometido a discusión de la plenaria.
La meta es agosto
El proyecto de ley fue presentado por organizaciones populares en marzo pasado y recibió urgencia reglamentaria.
A pesar de los ajustes en el cronograma, la Comisión de Administración y Servicios no abandona la idea de que el instrumento sea sancionado antes del receso legislativo, que se inicia a mediados de agosto.
El proceso de consulta pública del anteproyecto de ley de regulación y control de los arrendamientos de vivienda comenzó a principios de junio en el Distrito Capital y parte del estado Miranda (Chacao, Baruta y El Hatillo).
El acto de inicio de la jornada se hizo en la plaza Altamira, en Caracas, y fue encabezado por el diputado Diosdado Cabello, quien preside la Comisión de Administración y Servicios Públicos.
El proyecto legal incluye todos los espacios destinados al arrendamiento de viviendas, entre ellos habitaciones y pensiones.
A pesar de que ha trascendido a la opinión pública que el proyecto sufrió modificaciones, particularmente en lo referente a la obligación de destinar 25% de los nuevos desarrollos inmobiliarios al arrendamiento, parlamentarios han negado tal versión.
El documento da pie para la transferencia de la propiedad a los inquilinos especialmente en aquellos edificios "de vieja data" destinados al alquiler.
De hecho, conmina a los propietarios a negociar y establece que, en caso contrario, procederá la expropiación.
Si bien este procedimiento es parte de un instrumento en discusión, está siendo puesto en práctica con un primer lote de 100 inmuebles ubicados en el Distrito Capital.
Agrupaciones de inquilinos esperan que esta iniciativa, que fue propuesta por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) al ex ministro de Vivienda y Hábitat, Luis Figueroa, en el año 2005, se extienda a otros estados del país.
La CIV y organizaciones de propietarios, incluida Apiur, han cuestionado que la fórmula que determina el valor de los inmuebles no contemple el terreno como parte del precio.
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Vecinos piden al TSJ que proteja terrenos
Ayer en la mañana, un grupo de vecinos de la parroquia Caricuao introdujo un amparo en el Tribunal Contencioso Administrativo para solicitar que se aplique una medida cautelar que impida la construcción de edificios en los terrenos donde está planificada una sede de la Universidad Simón Rodríguez.
"El documento fue recibido por el juez superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, quien lo entregó al Tribunal Superior Segundo para que dé respuesta en 10 días hábiles", informó Milagros Perera, vocera de la UD-6 de Caricuao.
La abogada de Venezuela Alternativa Andrea Celis expresó, en nota de prensa, su preocupación por la construcción de las viviendas en el sector. Aseguró que la acción está tipificada como delito penal ambiental por la Ley Penal del Ambiente en su artículo 43, "debido a que es una actividad urbanística que deteriora y afecta la zona, así como también el paisaje de la parroquia ecológica".
"La construcción de un complejo habitacional supone un inminente colapso del sistema de servicios públicos de las zonas UD-5 y UD-6 de Caricuao, que es el mismo de hace 40 años, cuando en el lugar no había la densidad poblacional que se proyecta actualmente", subrayó Celis.
Los vecinos aspiran a que el Tribunal Supermo de Justicia dicte la medida cautelar y proteja el terreno, pues esperan que se construya la sede de la universidad.
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30-06-2011
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La abogada de Venezuela Alternativa Andrea Celis expresó, en nota de prensa, su preocupación por la construcción de las viviendas en el sector. Aseguró que la acción está tipificada como delito penal ambiental por la Ley Penal del Ambiente en su artículo 43, "debido a que es una actividad urbanística que deteriora y afecta la zona, así como también el paisaje de la parroquia ecológica".
"La construcción de un complejo habitacional supone un inminente colapso del sistema de servicios públicos de las zonas UD-5 y UD-6 de Caricuao, que es el mismo de hace 40 años, cuando en el lugar no había la densidad poblacional que se proyecta actualmente", subrayó Celis.
Los vecinos aspiran a que el Tribunal Supermo de Justicia dicte la medida cautelar y proteja el terreno, pues esperan que se construya la sede de la universidad.
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Una misión que no convence
TalCualDigital.com
Por: Eduardo Lugo
Hasta los momentos la Gran Misión Vivienda Venezuela no ha logrado convencer a las asociaciones privadas. Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, señaló que en la actualidad no se logran visualizar los grandes avances en cuanto a la creación de nuevas estructuras.
Aseguró que el Ejecutivo no ha inaugurado las urbanizaciones prometidas y por ello no cree que al finalizar el presente año se puedan llegar a los 150.000 mil inmuebles.
"Se habla mucho pero nada que se ven los grandes movimientos de construcción. No hay proyectos concretos, sólo existen promesas", dijo.
El miembro del gremio inmobiliario agregó que unos de los principales inconvenientes que desprestigia a la Gran Misión Vivienda Venezuela es la falta de materiales indispensables en la elaboración de una casa.
Manifestó que el levantamiento de viviendas "no se puede hacer de la noche a la mañana".
En referencia a la ola de expropiaciones que se viene acentuando en el país, expresó que el Gobierno no puede estar quitándoles la propiedad a unos para dárselos a otros. Insistió en la exhortación al Ejecutivo para alcanzar un acuerdo que permita laborar conjuntamente en la construcción de urbanismos en todo el territorio nacional.
SHOW ELECTORAL
Un informe de la Mesa de Unidad en materia de construcciones señala que la nueva iniciativa del Gobierno es el 13er programa en esa materia.
"Según lo que hemos podido apreciar es más una oferta política electoral que un verdadero plan. En las sucesivas cadenas televisivas en las que se usa una puesta en escena mediática, digna de los programas de variedades, lo que se pretende es vender ilusiones".
El texto menciona que hace falta convocar al sector privado y al extranjero con la finalidad de acabar con el déficit de unidades habitacionales, que ya ronda por las 2 millones 200 mil.
"El fracaso anticipado de la Gran Misión Vivienda Venezuela está cantado. La improvisación, la falta de planes, la toma de galpones, estacionamientos, y terreno, así como las invasiones, no están entre los valores que configuran el diseño de una política para atacar el problema eficientemente".
DE MAL EN PEOR
Un informe de la firma Ecoanalítica, destaca que en doce años de gestión del Gobierno actual se han construido cerca de 296.047 viviendas.
También añade que para cubrir la falta de unidades habitacionales se requerirá la construcción y culminación de unos 300.000 desarrollos anuales, "cifra que para algunos es un terrible síntoma de la realidad inmobiliaria, pero que para otros representaría una muestra de la credibilidad del primer mandatario nacional de cara a los comicios de 2012".
Respecto al estado de la Gran Caracas, el trabajo de Ecoanalítica señala que el gobierno nacional ha prometido la creación de 75.000 mil viviendas en los últimos cinco años pero sólo se han levantado 2.550 estructuras inmobiliarias, la cual representa 3,4% de la meta planteada.
Tal Cual
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Aseguró que el Ejecutivo no ha inaugurado las urbanizaciones prometidas y por ello no cree que al finalizar el presente año se puedan llegar a los 150.000 mil inmuebles.
"Se habla mucho pero nada que se ven los grandes movimientos de construcción. No hay proyectos concretos, sólo existen promesas", dijo.
El miembro del gremio inmobiliario agregó que unos de los principales inconvenientes que desprestigia a la Gran Misión Vivienda Venezuela es la falta de materiales indispensables en la elaboración de una casa.
Manifestó que el levantamiento de viviendas "no se puede hacer de la noche a la mañana".
En referencia a la ola de expropiaciones que se viene acentuando en el país, expresó que el Gobierno no puede estar quitándoles la propiedad a unos para dárselos a otros. Insistió en la exhortación al Ejecutivo para alcanzar un acuerdo que permita laborar conjuntamente en la construcción de urbanismos en todo el territorio nacional.
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Un informe de la Mesa de Unidad en materia de construcciones señala que la nueva iniciativa del Gobierno es el 13er programa en esa materia.
"Según lo que hemos podido apreciar es más una oferta política electoral que un verdadero plan. En las sucesivas cadenas televisivas en las que se usa una puesta en escena mediática, digna de los programas de variedades, lo que se pretende es vender ilusiones".
El texto menciona que hace falta convocar al sector privado y al extranjero con la finalidad de acabar con el déficit de unidades habitacionales, que ya ronda por las 2 millones 200 mil.
"El fracaso anticipado de la Gran Misión Vivienda Venezuela está cantado. La improvisación, la falta de planes, la toma de galpones, estacionamientos, y terreno, así como las invasiones, no están entre los valores que configuran el diseño de una política para atacar el problema eficientemente".
DE MAL EN PEOR
Un informe de la firma Ecoanalítica, destaca que en doce años de gestión del Gobierno actual se han construido cerca de 296.047 viviendas.
También añade que para cubrir la falta de unidades habitacionales se requerirá la construcción y culminación de unos 300.000 desarrollos anuales, "cifra que para algunos es un terrible síntoma de la realidad inmobiliaria, pero que para otros representaría una muestra de la credibilidad del primer mandatario nacional de cara a los comicios de 2012".
Respecto al estado de la Gran Caracas, el trabajo de Ecoanalítica señala que el gobierno nacional ha prometido la creación de 75.000 mil viviendas en los últimos cinco años pero sólo se han levantado 2.550 estructuras inmobiliarias, la cual representa 3,4% de la meta planteada.
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Indepabis reclama a constructora del Grupo Eiffel por incumplimiento en la entrega de viviendas
Funcionario del Indepabis | Angel DeJesús
El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) afirmó que la constructora del Grupo Eiffel, responsable de la culminación de las obras en la urbanización Terrazas de Guaicoco, mantiene paralizada sus labores para no cumplir con la entrega de viviendas.
En un documento entregado recientemente al Indepabis, firmado por Juan Andrés Azpúrua, -implicado en casos de estafas inmobiliarias- condiciona la culminación de la obra con pretensiones que perjudican a las cientos de familias.
El organismo protector se mantiene firme en su objetivo de entregar las viviendas a las familias víctimas de estafas inmobiliarias. Al respecto, el Instituto mantiene una posición ajustada a derecho fundamentándose en la facultad que le otorga la Providencia Administrativa número 108, del 02 de mayo del presente año, para ejecutar conjuntamente con los afectados y afectadas, todas las acciones necesarias con el objeto de lograr la continuidad y culminación de la obra.
La entidad bancaria Banesco debe exhortar a la constructora del Grupo Eiffel a culminar inmediatamente la construcción o tendrá que reemplazarla para cumplir en corto plazo el compromiso asumido por el banco ante el Gobierno Bolivariano.
Tal medida se debe a que la entidad financiera es la responsable de la contratación de la mencionada empresa, por tal motivo esta sujeta a obligarla a reiniciar los trabajo de culminación de la obra, en los próximos días; hecho que será supervisado por el Indepabis para hacer cumplir el derecho de las familias que habían firmado sus contratos para obtener su vivienda.
El Nacional
30-06-2011
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En un documento entregado recientemente al Indepabis, firmado por Juan Andrés Azpúrua, -implicado en casos de estafas inmobiliarias- condiciona la culminación de la obra con pretensiones que perjudican a las cientos de familias.
El organismo protector se mantiene firme en su objetivo de entregar las viviendas a las familias víctimas de estafas inmobiliarias. Al respecto, el Instituto mantiene una posición ajustada a derecho fundamentándose en la facultad que le otorga la Providencia Administrativa número 108, del 02 de mayo del presente año, para ejecutar conjuntamente con los afectados y afectadas, todas las acciones necesarias con el objeto de lograr la continuidad y culminación de la obra.
La entidad bancaria Banesco debe exhortar a la constructora del Grupo Eiffel a culminar inmediatamente la construcción o tendrá que reemplazarla para cumplir en corto plazo el compromiso asumido por el banco ante el Gobierno Bolivariano.
Tal medida se debe a que la entidad financiera es la responsable de la contratación de la mencionada empresa, por tal motivo esta sujeta a obligarla a reiniciar los trabajo de culminación de la obra, en los próximos días; hecho que será supervisado por el Indepabis para hacer cumplir el derecho de las familias que habían firmado sus contratos para obtener su vivienda.
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Gobierno estima que en diciembre cumplirá meta de vivienda
El ministro de la Vivienda, Ricardo Molina, señaló que antes del 10 de diciembre se cumplirán con la meta de construcción de 153.000 soluciones habitacionales.
El funcionario señaló desde el estado Monagas que se cuentan con suficientes materiales y que están garantizados los financiamientos, y reiteró que las familias con ingresos hasta 4 salarios mínimos tendrán subsidios.
Apuntó que para los planes están disponibles los ingresos petroleros y el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda.
El Universal
30-06-2011
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Apuntó que para los planes están disponibles los ingresos petroleros y el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda.
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Trabajadores denuncian que tras nacionalización producción de cemento cayó en 80%
Globovision.com
Giselle Almarza
Trabajadores de Cementos de Venezuela se declararon en "emergencia" ante las múltiples necesidades que atraviesa la industria. En primer lugar explicaron que la producción de cemento ha decrecido en 80% desde la nacionalización debido a la falta de equipos.
Exigieron también que se respeten todas las cláusulas de la contratación colectiva, entre ellas, el servicio médico, el cual, se encuentra suspendido desde hace varios meses.
Jhonny Sifontes, trabajador de la cementera, aseguró que hace 3 meses tanto la junta directiva de la empresa como el Ministerio Público acordaron, en una reunión, cancelar las deudas por concepto de pasivos laborales, y sustitución de materiales para llevar la producción a niveles óptimos, sin embargo, hasta la fecha no han cumplido, por lo que decidieron paralizar las actividades.
Auguran un mal futuro para la Misión Vivienda debido a esta situación, y dijeron que el Presidente de la República atender este problema, ya que no es la oposición quien está haciendo daño para perjudicarlo, sino su misma gente quien está destrozando las industrias.
Permanecerán de brazos caídos, hasta tener respuestas concretas.
Globovisión
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Trabajadores de Cementos de Venezuela se declararon en "emergencia" ante las múltiples necesidades que atraviesa la industria. En primer lugar explicaron que la producción de cemento ha decrecido en 80% desde la nacionalización debido a la falta de equipos.
Exigieron también que se respeten todas las cláusulas de la contratación colectiva, entre ellas, el servicio médico, el cual, se encuentra suspendido desde hace varios meses.
Jhonny Sifontes, trabajador de la cementera, aseguró que hace 3 meses tanto la junta directiva de la empresa como el Ministerio Público acordaron, en una reunión, cancelar las deudas por concepto de pasivos laborales, y sustitución de materiales para llevar la producción a niveles óptimos, sin embargo, hasta la fecha no han cumplido, por lo que decidieron paralizar las actividades.
Auguran un mal futuro para la Misión Vivienda debido a esta situación, y dijeron que el Presidente de la República atender este problema, ya que no es la oposición quien está haciendo daño para perjudicarlo, sino su misma gente quien está destrozando las industrias.
Permanecerán de brazos caídos, hasta tener respuestas concretas.
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Cabillas, socialismo y fallas de Gobierno
Analitica.com
Toda la prensa se ha hecho eco de los eventuales casos de corrupción relacionados con la producción y comercialización de cabillas, entre otros productos de material ferroso. Por otra parte, un estudio realizado por profesores del IESA revelaría que hay empresas públicas o estatizadas, laborando a 4% de su capacidad e incluso algunas que no han podido iniciar actividades tras ser expropiadas –según lo reseña El Mundo del 22 de junio de 2011-. Desde el año 2005 se habrían ejecutado más de 1.300 intervenciones, expropiaciones, confiscaciones e invasiones, según el Observatorio de la Propiedad Privada.
Estos eventuales actos de corrupción, peculado y desviación de productos ferrosos hacia mercados paralelos constituyen un claro ejemplo de fallas de Gobierno; como de igual manera lo representa el rotundo fracaso de sustituir a la actividad económica privada por la pública. Aun así debe tenerse cuidado que con un par de chivos expiatorios se pretenda tapar el tamaño del problema que enfrentamos los venezolanos con las acciones del Gobierno, ni se pretenda en adelante achacar a un funcionario de mediano rango el fracaso de la ineficiente política de viviendas en Venezuela.
La sociedad en su conjunto, más allá de los casos particulares, debe evaluar si el modelo económico y la desinstitucionalización de la nación llevada a cabo por la actual gestión de Gobierno constituyen la explicación del fracaso, la corrupción, la burocratización improductiva que resta recursos a la generación de bienes públicos tan clamados por la sociedad en su conjunto.
El socialismo y la propiedad pública sobre los medios de producción, así se pretenda en una primera etapa dosificar circunscribiéndola a los sectores “estratégicos”, constituye esquemas de desincentivo que explican la destrucción de valor de las sociedades que lo asumen como modelo.
Más allá, el intervencionismo económico, la planificación centralizada, la vulneración de los derechos de propiedad, la eliminación del mercado y sus mecanismos de información y asignación de recursos, y el constreñimiento de las libertades económicas, como modelo económico, encuentran mayor justificación en la teoría del public choice y la economía positiva, que explican como grupos limitados de espalda a la sociedad, buscan administrar mayor cantidad de recursos, empresas y poder, menoscaban las libertades y concentrando y centralizando poderes y recursos. Desde el punto de vista normativo –el deber ser- la intervención del Estado en la economía debe estar justificada y limitada. La intervención pública debe estar justificada porque el despliegue y uso de instituciones y fondos públicos posee altísimos costos de oportunidad en actividades que la sociedad clama y que solo el Estado puede coordinar, como los bienes públicos. Luego, porque la intervención del Estado en la economía se justificaría solo en aquellos casos de fallas de mercado y donde una intervención del Estado garantizaría una situación de eficiencia económica y de bienestar social superior. Es así como la intervención pública de forma intrusiva, excluyente y sustituta de la actividad económica privada y de los derechos de propiedad no encuentran asidero en las buenas prácticas de políticas públicas y regulatorias.
Cuando las empresas son propiedad pública tanto los propietarios como los objetivos de las mismas resultan tremendamente difusos en comparación a las empresas privadas, en las cuales se encuentran estrictamente establecidos quienes son las personas naturales propietarias de las mismas. Así las cosas, la propiedad pública suele estar atomizada –al menos teóricamente- a lo largo de todos los nacionales, mientras que son unos pocos los que manejan los recursos públicos. Una vez que los objetivos de las empresas públicas no suelen estar claros ya que no suele estar claro cuáles son los propietarios beneficiados (los votantes, la sociedad en su conjunto, los suscriptores actuales, nuevos suscriptores o clientes, el Gobierno, los sindicatos), resulta complejo monitorear el desempeño y el esfuerzo desplegado por las empresas públicas y más específicamente por parte de sus administradores. Concretamente, la gestión de Gobierno de turno podría tener intereses políticos-electorales que ponen de espalda la gestión de las empresas públicas con los intereses de la sociedad, por ejemplo, sobre-contratándose adeptos políticos, se les hace favores a sindicatos adeptos, se ofrecen bienes y servicios a pérdida para ganar votantes aunque esto implique despilfarro de recursos públicos, etc. Por definición el accountability o el seguimiento y administración de las empresas públicas resulta imperfecto. Incluso en países como Venezuela donde existe una enorme renta petrolera existe la tremenda tentación por parte del administrador de la cosa pública en “justificar” el despilfarro y uso discrecional de la petro-renta administrándola, estatizando, expropiando, etc.
Adicionalmente, los administradores de las empresas públicas -dado lo difuso de los verdaderos propietarios (cada uno de los ciudadanos), dado su atomización, lo que explica la falta de dolencia sobre los recursos mal usados y sus limitaciones para hacer contraloría- se aprovechan, satisfaciendo sus propios intereses. Dentro de los intereses de los administradores de empresas públicas como las ubicadas en Guayana puede estar ser candidato a la gobernación, por lo que posee todos los incentivos para hacer uso de los recursos de las empresas públicas para comprar o ganar adeptos o votantes futuros. Podrían tener intereses en desviar recursos para el partido al cual representan. Podrían sencillamente utilizar los recursos públicos y el poder que el cargo de administrador les ofrece para lucrarse, malversando o incurriendo en actos de corrupción. Estas situaciones constituyen fallas de Gobierno y notables problemas de agente-principal.
Por otra parte, las empresas y monopolios públicos constituyen estructuras organizacionales en los cuales los incentivos implícitos a favor de la eficiencia económica no existen o son poco creíbles. Lo anterior resulta preocupante porque la eficiencia económica constituye un bien social en la medida que garantiza una utilización óptima de recursos para la producción de bienes y servicios y posibilitaría estructuras de costos más planas al momento de la formación de precios en el mercado. En contraste con las empresas públicas, en las empresas privadas los objetivos de los propietarios, generar beneficios a través de una gestión eficiente y competitiva, permite aplanar las estructuras de costos, reduciendo los recursos comprometidos, porque de lo contrario los administradores serían echados de la compañía y perderían reputación en el mercado laboral. Más allá, de ser un desastre la gestión de la empresa privada, quienes habrían perdido su capital son los privados y no el país que despilfarraría recursos públicos.
analitica.com
30-06-2011
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Lic. Henry Medina
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Toda la prensa se ha hecho eco de los eventuales casos de corrupción relacionados con la producción y comercialización de cabillas, entre otros productos de material ferroso. Por otra parte, un estudio realizado por profesores del IESA revelaría que hay empresas públicas o estatizadas, laborando a 4% de su capacidad e incluso algunas que no han podido iniciar actividades tras ser expropiadas –según lo reseña El Mundo del 22 de junio de 2011-. Desde el año 2005 se habrían ejecutado más de 1.300 intervenciones, expropiaciones, confiscaciones e invasiones, según el Observatorio de la Propiedad Privada.
Estos eventuales actos de corrupción, peculado y desviación de productos ferrosos hacia mercados paralelos constituyen un claro ejemplo de fallas de Gobierno; como de igual manera lo representa el rotundo fracaso de sustituir a la actividad económica privada por la pública. Aun así debe tenerse cuidado que con un par de chivos expiatorios se pretenda tapar el tamaño del problema que enfrentamos los venezolanos con las acciones del Gobierno, ni se pretenda en adelante achacar a un funcionario de mediano rango el fracaso de la ineficiente política de viviendas en Venezuela.
La sociedad en su conjunto, más allá de los casos particulares, debe evaluar si el modelo económico y la desinstitucionalización de la nación llevada a cabo por la actual gestión de Gobierno constituyen la explicación del fracaso, la corrupción, la burocratización improductiva que resta recursos a la generación de bienes públicos tan clamados por la sociedad en su conjunto.
El socialismo y la propiedad pública sobre los medios de producción, así se pretenda en una primera etapa dosificar circunscribiéndola a los sectores “estratégicos”, constituye esquemas de desincentivo que explican la destrucción de valor de las sociedades que lo asumen como modelo.
Más allá, el intervencionismo económico, la planificación centralizada, la vulneración de los derechos de propiedad, la eliminación del mercado y sus mecanismos de información y asignación de recursos, y el constreñimiento de las libertades económicas, como modelo económico, encuentran mayor justificación en la teoría del public choice y la economía positiva, que explican como grupos limitados de espalda a la sociedad, buscan administrar mayor cantidad de recursos, empresas y poder, menoscaban las libertades y concentrando y centralizando poderes y recursos. Desde el punto de vista normativo –el deber ser- la intervención del Estado en la economía debe estar justificada y limitada. La intervención pública debe estar justificada porque el despliegue y uso de instituciones y fondos públicos posee altísimos costos de oportunidad en actividades que la sociedad clama y que solo el Estado puede coordinar, como los bienes públicos. Luego, porque la intervención del Estado en la economía se justificaría solo en aquellos casos de fallas de mercado y donde una intervención del Estado garantizaría una situación de eficiencia económica y de bienestar social superior. Es así como la intervención pública de forma intrusiva, excluyente y sustituta de la actividad económica privada y de los derechos de propiedad no encuentran asidero en las buenas prácticas de políticas públicas y regulatorias.
Cuando las empresas son propiedad pública tanto los propietarios como los objetivos de las mismas resultan tremendamente difusos en comparación a las empresas privadas, en las cuales se encuentran estrictamente establecidos quienes son las personas naturales propietarias de las mismas. Así las cosas, la propiedad pública suele estar atomizada –al menos teóricamente- a lo largo de todos los nacionales, mientras que son unos pocos los que manejan los recursos públicos. Una vez que los objetivos de las empresas públicas no suelen estar claros ya que no suele estar claro cuáles son los propietarios beneficiados (los votantes, la sociedad en su conjunto, los suscriptores actuales, nuevos suscriptores o clientes, el Gobierno, los sindicatos), resulta complejo monitorear el desempeño y el esfuerzo desplegado por las empresas públicas y más específicamente por parte de sus administradores. Concretamente, la gestión de Gobierno de turno podría tener intereses políticos-electorales que ponen de espalda la gestión de las empresas públicas con los intereses de la sociedad, por ejemplo, sobre-contratándose adeptos políticos, se les hace favores a sindicatos adeptos, se ofrecen bienes y servicios a pérdida para ganar votantes aunque esto implique despilfarro de recursos públicos, etc. Por definición el accountability o el seguimiento y administración de las empresas públicas resulta imperfecto. Incluso en países como Venezuela donde existe una enorme renta petrolera existe la tremenda tentación por parte del administrador de la cosa pública en “justificar” el despilfarro y uso discrecional de la petro-renta administrándola, estatizando, expropiando, etc.
Adicionalmente, los administradores de las empresas públicas -dado lo difuso de los verdaderos propietarios (cada uno de los ciudadanos), dado su atomización, lo que explica la falta de dolencia sobre los recursos mal usados y sus limitaciones para hacer contraloría- se aprovechan, satisfaciendo sus propios intereses. Dentro de los intereses de los administradores de empresas públicas como las ubicadas en Guayana puede estar ser candidato a la gobernación, por lo que posee todos los incentivos para hacer uso de los recursos de las empresas públicas para comprar o ganar adeptos o votantes futuros. Podrían tener intereses en desviar recursos para el partido al cual representan. Podrían sencillamente utilizar los recursos públicos y el poder que el cargo de administrador les ofrece para lucrarse, malversando o incurriendo en actos de corrupción. Estas situaciones constituyen fallas de Gobierno y notables problemas de agente-principal.
Por otra parte, las empresas y monopolios públicos constituyen estructuras organizacionales en los cuales los incentivos implícitos a favor de la eficiencia económica no existen o son poco creíbles. Lo anterior resulta preocupante porque la eficiencia económica constituye un bien social en la medida que garantiza una utilización óptima de recursos para la producción de bienes y servicios y posibilitaría estructuras de costos más planas al momento de la formación de precios en el mercado. En contraste con las empresas públicas, en las empresas privadas los objetivos de los propietarios, generar beneficios a través de una gestión eficiente y competitiva, permite aplanar las estructuras de costos, reduciendo los recursos comprometidos, porque de lo contrario los administradores serían echados de la compañía y perderían reputación en el mercado laboral. Más allá, de ser un desastre la gestión de la empresa privada, quienes habrían perdido su capital son los privados y no el país que despilfarraría recursos públicos.
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Definen vías para el aporte de la banca a la Misión Vivienda
El Gobierno ya definió el esquema por medio del cual los bancos aportarán recursos a la misión vivienda y sólo se espera porque Pdvsa abra esta semana un fideicomiso en el Bandes para que el dinero comience a fluir.
Gracias a la rebaja de las reserva que obligatoriamente las entidades financieras deben tener en el Banco Central, conocida técnicamente como encaje legal, surgen 10 mil millones de bolívares que llegarán a manos del Gobierno a través de la compra de certificados.
Pdvsa creará un fideicomiso en el Bandes. Luego, el Bandes emitirá unos certificados con plazos entre tres y cinco años y un rendimiento de 3,75% que las entidades financieras privadas comprarán a través del Banco Central.
Luego, el Banco Central transferirá los recursos al Fondo Simón Bolívar donde se depositan los bolívares destinados para la construcción de las viviendas.
Está contemplado que los bancos adquieran otro lote de certificados por 6 mil millones de bolívares pero con dinero que no provendrá de la liberación del encaje.
Además comprarán unas cédulas hipotecarias que emitirá el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) respaldadas con el Fondo de Ahorro Obligatorio de la Vivienda por un monto de 6 mil millones de bolívares.
De esta manera las entidades financieras aportarán 22 mil millones de bolívares a la misión vivienda durante lo que resta de año.
El Universal
30-06-2011
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Pdvsa creará un fideicomiso en el Bandes. Luego, el Bandes emitirá unos certificados con plazos entre tres y cinco años y un rendimiento de 3,75% que las entidades financieras privadas comprarán a través del Banco Central.
Luego, el Banco Central transferirá los recursos al Fondo Simón Bolívar donde se depositan los bolívares destinados para la construcción de las viviendas.
Está contemplado que los bancos adquieran otro lote de certificados por 6 mil millones de bolívares pero con dinero que no provendrá de la liberación del encaje.
Además comprarán unas cédulas hipotecarias que emitirá el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) respaldadas con el Fondo de Ahorro Obligatorio de la Vivienda por un monto de 6 mil millones de bolívares.
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Corrupción en Sidor dejó sin cabillas a Carabobo
el-carabobeno.com
Alejandro Villalobos
El efecto de la llamada mafia de las cabillas había llegado a Carabobo desde hacía tiempo. En varias ocasiones, el presidente de la Cámara de la Construcción, Antonio Bejarano Baquero, denunció la reventa con sobreprecio del producto a causa de las dificultades puestas a los distribuidores para obtener el cupo de comercialización, e incluso el desvío de cargas, lo no sólo afecta a la Misión Vivienda, sino a todo el sector de la construcción.
Este mes fue detenido el director de comercialización de Sidor, Luis Velásquez, por el supuesto desvío de cabillas al mercado paralelo, donde ya no es imposible comprar el insumo, pero sí mucho más costoso.
Días después la bautizada como "reina de las cabillas", Tatiana Orozco, fue apresada durante un allanamiento en la zona industrial Matanzas, en el estado Bolívar, desde donde los cargamentos eran sacados clandestinamente hacia Colombia, de acuerdo a la investigación penal que se ha colado a los medios de la zona.
El recorrido hasta Colombia iba desde Puerto Ordaz hasta el estado Táchira, donde el cargamento cruzaba la frontera, destino a Cúcuta. Se habla de sobornos a guardias nacionales y funcionarios del Seniat.
A Velásquez lo denunciaron desde hace algunos años, sobre varias irregularidades. Pero en 2010 dirigentes de Sutiss documentaron la pérdida de 12 gandolas cargadas de cabillas que nunca llegaron a su destino.
De acuerdo a reportes de prensa, basados en las investigaciones preliminares, el material se vendía a determinadas personas a precio regulado y posteriormente lo negocian en el mercado paralelo, mucho más caro.
El Carabobeño
30-06-2011
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Este mes fue detenido el director de comercialización de Sidor, Luis Velásquez, por el supuesto desvío de cabillas al mercado paralelo, donde ya no es imposible comprar el insumo, pero sí mucho más costoso.
Días después la bautizada como "reina de las cabillas", Tatiana Orozco, fue apresada durante un allanamiento en la zona industrial Matanzas, en el estado Bolívar, desde donde los cargamentos eran sacados clandestinamente hacia Colombia, de acuerdo a la investigación penal que se ha colado a los medios de la zona.
El recorrido hasta Colombia iba desde Puerto Ordaz hasta el estado Táchira, donde el cargamento cruzaba la frontera, destino a Cúcuta. Se habla de sobornos a guardias nacionales y funcionarios del Seniat.
A Velásquez lo denunciaron desde hace algunos años, sobre varias irregularidades. Pero en 2010 dirigentes de Sutiss documentaron la pérdida de 12 gandolas cargadas de cabillas que nunca llegaron a su destino.
De acuerdo a reportes de prensa, basados en las investigaciones preliminares, el material se vendía a determinadas personas a precio regulado y posteriormente lo negocian en el mercado paralelo, mucho más caro.
El Carabobeño
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Campamentos de Pioneros construirán 1.148 casas
Las comunidades construirán 30% de las casas de este año KISAÍ MENDOZA
El Gobierno en el marco del nuevo plan de vivienda decidió dejar en manos de las comunidades 30% de la producción de soluciones habitacionales.
En marzo la Asamblea Nacional autorizó un crédito adicional por 3,1 millardos de bolívares para permitir que los consejos comunales este año realicen 40.000 viviendas (lo que abarca la sustitución de ranchos por nuevas casas), y este miércoles los diputados aprobaron otro crédito por 210,4 millones de bolívares, que serán transferidos a los Campamentos de Pioneros para el desarrollo de 1.148 unidades.
El informe aprobado por la Comisión de Finanzas del Parlamento indica que esas soluciones habitacionales serán desarrolladas en 11 comunidades socialistas que están ubicadas en el Área Metropolitana de Caracas y en los estados Anzoátegui, Lara y Miranda.
Los Campamentos de Pioneros, es una de las organizaciones que pertenece al Movimiento Pobladores y está conformado por comunidades. El pasado mes de mayo el primer mandatario nacional delegó en esas instancias la producción de casas como parte de la Misión Vivienda Venezuela.
Los recursos serán traspasados al Fondo de Compensación Interterritorial, el cual luego realizará los desembolsos a los consejos comunales.
Esas viviendas que efectuarán los Campamentos de Pioneros serán financiadas con el diferencial cambiario de 2011 (que está depositado en el Fondo Independencia).
Otras operaciones
Esos ingresos extraordinarios por devaluación también cubrieron otros dos créditos adicionales. Una de las operaciones por 74,9 millones de bolívares fue para el Ministerio del Ambiente. Los fondos se emplearán en la reubicación de la planta de transferencia de residuos sólidos de Las Mayas. Ese espacio de la planta, según el diputado Ricardo Sanguino, se usará para la construcción de más viviendas.
Los diputados también dieron el visto bueno a un crédito por 502,1 millones de bolívares para el Ministerio de Educación y los recursos serán para efectuar el aporte patronal del plan de autogestión de salud de ese despacho así como para la cobertura de insuficiencias presupuestarias.
En el primer semestre del año, la Asamblea Nacional ya aprobó 26,1 millardos de bolívares en créditos adicionales.
Durante la reunión de la Comisión, los diputados de la oposición decidieron salvar sus votos en los créditos, debido a los pocos detalles que se están ofreciendo sobre las fuentes de financiamiento. En reiteradas oportunidades los diputados Alfonso Marquina y Vestalia Sampedro solicitaron a los miembros del oficialismo información sobre los ingresos.
Los créditos actualmente sólo notifican que se financian con ingresos extraordinarios o con disponibilidades de la Oficina Nacional del Tesoro. Hasta el pasado mes de marzo las operaciones precisaban sus fuentes, es decir, si eran ingresos petroleros, tributarios o si los recursos surgían de algún fondo paralelo.
El Universal
30-06-2011
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En marzo la Asamblea Nacional autorizó un crédito adicional por 3,1 millardos de bolívares para permitir que los consejos comunales este año realicen 40.000 viviendas (lo que abarca la sustitución de ranchos por nuevas casas), y este miércoles los diputados aprobaron otro crédito por 210,4 millones de bolívares, que serán transferidos a los Campamentos de Pioneros para el desarrollo de 1.148 unidades.
El informe aprobado por la Comisión de Finanzas del Parlamento indica que esas soluciones habitacionales serán desarrolladas en 11 comunidades socialistas que están ubicadas en el Área Metropolitana de Caracas y en los estados Anzoátegui, Lara y Miranda.
Los Campamentos de Pioneros, es una de las organizaciones que pertenece al Movimiento Pobladores y está conformado por comunidades. El pasado mes de mayo el primer mandatario nacional delegó en esas instancias la producción de casas como parte de la Misión Vivienda Venezuela.
Los recursos serán traspasados al Fondo de Compensación Interterritorial, el cual luego realizará los desembolsos a los consejos comunales.
Esas viviendas que efectuarán los Campamentos de Pioneros serán financiadas con el diferencial cambiario de 2011 (que está depositado en el Fondo Independencia).
Otras operaciones
Esos ingresos extraordinarios por devaluación también cubrieron otros dos créditos adicionales. Una de las operaciones por 74,9 millones de bolívares fue para el Ministerio del Ambiente. Los fondos se emplearán en la reubicación de la planta de transferencia de residuos sólidos de Las Mayas. Ese espacio de la planta, según el diputado Ricardo Sanguino, se usará para la construcción de más viviendas.
Los diputados también dieron el visto bueno a un crédito por 502,1 millones de bolívares para el Ministerio de Educación y los recursos serán para efectuar el aporte patronal del plan de autogestión de salud de ese despacho así como para la cobertura de insuficiencias presupuestarias.
En el primer semestre del año, la Asamblea Nacional ya aprobó 26,1 millardos de bolívares en créditos adicionales.
Durante la reunión de la Comisión, los diputados de la oposición decidieron salvar sus votos en los créditos, debido a los pocos detalles que se están ofreciendo sobre las fuentes de financiamiento. En reiteradas oportunidades los diputados Alfonso Marquina y Vestalia Sampedro solicitaron a los miembros del oficialismo información sobre los ingresos.
Los créditos actualmente sólo notifican que se financian con ingresos extraordinarios o con disponibilidades de la Oficina Nacional del Tesoro. Hasta el pasado mes de marzo las operaciones precisaban sus fuentes, es decir, si eran ingresos petroleros, tributarios o si los recursos surgían de algún fondo paralelo.
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La inversión pública en vivienda de 2010 fue la menor en 19 años
Los datos del Sisov señalan que de la inversión social prevista en 2010, 8,9% fue lo que se destinó al área de vivienda CRUZ SOJO
En este 2011 el Presidente Hugo Chávez señaló que es necesario acelerar la construcción de soluciones habitacionales para lo cual lanzó la Misión Vivienda Venezuela, pero desde 2010 el primer mandatario nacional ya había manifestado que era prioridad avanzar en los proyectos habitacionales.
Pese a que en los últimos meses del ejercicio pasado se anunció que los entes oficiales darían más recursos al sector, la información del Sistema de Indicadores Sociales de Venezuela (Sisov), revela que la inversión pública en vivienda en 2010 fue la más baja en 19 años.
De los recursos asignados por el Gobierno el pasado año a inversión social, 8,9% fue lo destinado a vivienda, mientras que en el año 1991 fue 23,5%, esas cifras indican, además, que ese fue el período de mayor inyección de recursos a la actividad.
Según los datos del Sisov, durante los años de administración de Hugo Chávez, el período de 2005 y 2006 fue en el que se erogaron más fondos a vivienda y ese dinero representó en la inversión social 17,1% y 17,4%, respectivamente.
En 2007 y 2008, pese a que fueron años de boom de ingresos petroleros, la inversión para el sector habitacional bajó y en 2009 la merma de recursos petroleros limitó los desembolsos para los planes de vivienda.
Y si bien en 2010 se recuperaron los aportes por la vía petrolera y tributaria, los recursos desembolsados al sector registraron una reducción.
En términos del PIB, los fondos erogados por los entes públicos para vivienda llegaron a representar 0,3% en 2010, mientras que en el año 1991 fue 2,1%. En los 12 años de gestión de este Gobierno, el 2006 fue el ejercicio en el que dicha inversión representó 1,6%.
Incidencia
La caída en la inversión del Gobierno central se reflejó en las unidades terminadas. El pasado año, de acuerdo a las cifras de los entes adscritos al Ministerio de la Vivienda, se terminaron 16.000 soluciones habitacionales, registrando un descenso de 47%, respecto a 2009 cuando se hicieron 30.000 casas.
Los organismos ejecutores de vivienda realizaron la mayor cantidad de edificaciones en el año 2006, en ese período se culminaron en total 58.000 soluciones habitacionales.
Entre 1999 y 2010 el sector público efectuó 284.000 unidades, a pesar de que se contemplaron dos misiones.
Objetivos
Para este año el Gobierno tiene previsto realizar 153.000 soluciones habitacionales y para ello estima una inversión de 40 millardos de bolívares.
Este miércoles el ministro de la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina indicó a VTV que antes del 10 de diciembre se cumplirá con el objetivo de 2011
El funcionario señaló durante una entrega de casas en el estado Monagas, que ya se cuentan con los recursos y los insumos esenciales para poder terminar las unidades y apuntó que se están afinando los financiamientos para las nuevas soluciones.
Las autoridades aseguran que para garantizar los objetivos la industria petrolera destinará 13 millardos de bolívares que están en el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, 2,9 millardos de bolívares erogará el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda y 12,7 millardos de bolívares serán de la gaveta hipotecaria. A ello se añaden 10 millardos de bolívares por medio del endeudamiento complementario.
El titular de la Vivienda y Hábitat, indicó que aquellas familias que serán beneficiadas de las casas y que perciben ingresos hasta 4 salarios mínimos (5.600 bolívares) tendrán subsidios. Quienes ganen más de ese tope recibirán créditos con tasas preferenciales.
Los voceros gubernamentales reiteran que las viviendas están marcha, aunque en el primer trimestre del año se culminaron 3.000 casas.
El Universal
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Pese a que en los últimos meses del ejercicio pasado se anunció que los entes oficiales darían más recursos al sector, la información del Sistema de Indicadores Sociales de Venezuela (Sisov), revela que la inversión pública en vivienda en 2010 fue la más baja en 19 años.
De los recursos asignados por el Gobierno el pasado año a inversión social, 8,9% fue lo destinado a vivienda, mientras que en el año 1991 fue 23,5%, esas cifras indican, además, que ese fue el período de mayor inyección de recursos a la actividad.
Según los datos del Sisov, durante los años de administración de Hugo Chávez, el período de 2005 y 2006 fue en el que se erogaron más fondos a vivienda y ese dinero representó en la inversión social 17,1% y 17,4%, respectivamente.
En 2007 y 2008, pese a que fueron años de boom de ingresos petroleros, la inversión para el sector habitacional bajó y en 2009 la merma de recursos petroleros limitó los desembolsos para los planes de vivienda.
Y si bien en 2010 se recuperaron los aportes por la vía petrolera y tributaria, los recursos desembolsados al sector registraron una reducción.
En términos del PIB, los fondos erogados por los entes públicos para vivienda llegaron a representar 0,3% en 2010, mientras que en el año 1991 fue 2,1%. En los 12 años de gestión de este Gobierno, el 2006 fue el ejercicio en el que dicha inversión representó 1,6%.
Incidencia
La caída en la inversión del Gobierno central se reflejó en las unidades terminadas. El pasado año, de acuerdo a las cifras de los entes adscritos al Ministerio de la Vivienda, se terminaron 16.000 soluciones habitacionales, registrando un descenso de 47%, respecto a 2009 cuando se hicieron 30.000 casas.
Los organismos ejecutores de vivienda realizaron la mayor cantidad de edificaciones en el año 2006, en ese período se culminaron en total 58.000 soluciones habitacionales.
Entre 1999 y 2010 el sector público efectuó 284.000 unidades, a pesar de que se contemplaron dos misiones.
Objetivos
Para este año el Gobierno tiene previsto realizar 153.000 soluciones habitacionales y para ello estima una inversión de 40 millardos de bolívares.
Este miércoles el ministro de la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina indicó a VTV que antes del 10 de diciembre se cumplirá con el objetivo de 2011
El funcionario señaló durante una entrega de casas en el estado Monagas, que ya se cuentan con los recursos y los insumos esenciales para poder terminar las unidades y apuntó que se están afinando los financiamientos para las nuevas soluciones.
Las autoridades aseguran que para garantizar los objetivos la industria petrolera destinará 13 millardos de bolívares que están en el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, 2,9 millardos de bolívares erogará el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda y 12,7 millardos de bolívares serán de la gaveta hipotecaria. A ello se añaden 10 millardos de bolívares por medio del endeudamiento complementario.
El titular de la Vivienda y Hábitat, indicó que aquellas familias que serán beneficiadas de las casas y que perciben ingresos hasta 4 salarios mínimos (5.600 bolívares) tendrán subsidios. Quienes ganen más de ese tope recibirán créditos con tasas preferenciales.
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