Los diputados debatirán hoy las disposiciones transitorias de la ley
Estima que el jueves esté sancionada la Ley de Arrendamientos
YANETH FERNÁNDEZ | EL UNIVERSAL
La aprobación del proyecto de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios entra esta semana en su recta final. Hoy los diputados revisarán las disposiciones transitorias y las modificaciones del texto, introducido el 20 de septiembre en plenaria para su segunda discusión.
Hasta ahora son encontradas las posiciones de las partes con respecto al proyecto. Aunque los inquilinos ven en esta ley la cristalización de un sueño, los propietarios consideran que los vacíos legales del instrumento van en contra del derecho de propiedad.
Una de las medidas que genera mayor inquietud por parte de los propietarios es la venta obligatoria de los inmuebles en alquiler ubicados en aquellas infraestructuras consideradas de vieja data (construidas hasta el año 1997).
Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios e Inmuebles Urbanos (Apiur), considera que la medida, que será revisada hoy entre las disposiciones transitorias, es inconstitucional. "Nadie puede ser obligado a vender ni a comprar una propiedad", asegura.
Según establece el proyecto, los propietarios tendrán 180 días para ofertar las viviendas a los inquilinos legítimos o cualquier otra familia o persona que habite el inmueble, indistintamente del tiempo que tengan ocupándolo, una vez que la Superintendencia Nacional de Arrendamiento fije el precio de venta.
Si en esos seis meses no se da ninguna oferta, los inquilinos están en su derecho de notificar su situación ante la Superintendencia, órgano que se encargará de iniciar el procedimiento expropiatorio y de adjudicación de la vivienda en caso de alguna negativa de los dueños a negociar la venta del inmueble.
Quedan exceptuados los inmuebles de los pequeños arrendadores. No obstante, "si ese pequeño arrendador resulta que no es pequeño arrendador, y tiene más de tres inmuebles en diferentes edificios, el inquilino puede ser beneficiado", advierte Irama Díaz, de la Red de Inquilinos.
Al respecto, el directivo de Apiur plantea que se contemple un mecanismo de flexibilización de la propiedad horizontal de los edificios viejos alquilados para que los inquilinos compren.
Depositarias judiciales
La comisión especial que aún debate las modificaciones al proyecto de ley incluyó entre las disposiciones transitorias lo relacionado con las depositarias judiciales. Según Díaz, está descartada la eliminación de esta figura, pero sí a partir de ahora tendrán que rendir cuentas de los bienes depositados de los inquilinos desalojados. "Porque se sabe de mafias que integran las depositarias, que los artículos que están allí los venden", dijo.
La Red de Inquilinos estima que el jueves quedará sancionado definitivamente el proyecto.
Temas pendientes
Hasta ayer en la mañana la comisión especial desconocía el estatus de la discusión del capítulo IV de la ley que fija el canon de arrendamiento, otro de los aspectos polémicos.
Apiur solicita que entre las reconsideraciones del canon de arrendamiento se incluya la ubicación y valor del inmueble, así como el valor fiscal y el valor de compra de la vivienda.
Plantea además que se derogue la Ley contra Desalojos Arbitrarios y la congelación de alquileres, vigente desde 2003.
yfernandez@eluniversal.com
El Universal
18-10-11
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martes, 18 de octubre de 2011
Inspección determinó ilícitos ambientales en Corralito
Deforestación en el predio y terrazas hechas con maquinarias pesadas por constructoras inmobiliarias provocó una erosión de los suelos en la zona rural de Corralito, municipio El Hatillo. Así lo determinó un equipo del INTI, durante una inspección técnica realizada en el sector.Este estudio se llevó a cabo con la finalidad de determinar qué actividades están permitidas, restringidas y prohibidas en los predios recuperados por el Gobierno Nacional, el pasado mes de septiembre.ÁREA BAJO PROTECCIÓNDe acuerdo al informe, el lote de terreno inspeccionado de la zona de Corralito se encuentra en el Área Crítica con Prioridad de Tratamiento Cuenca del Río Tuy, según decreto número 2.306 de fecha 5 de junio de 1992, publicado en Gaceta Oficial número 35.121 del 29 de diciembre de 1992.El Área Crítica con Prioridad de Tratamiento Cuenca del Río Tuy, cuenta con un Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso, con el objetivo de administrar y orientar los recursos y de los usos y actividades permitidas. En el caso de Corralito por estar sometida a un régimen especial deben implementarse medidas de conservación de suelos.Dentro de las actividades permitidas en el predio están la explotación agrícola, en especial de hortalizas y frutales, de acuerdo con las características físicas naturales y socioeconómicos del sector.Asimismo se puede realizar la siembra de plantas autóctonas o exóticas con fines de ornamentación o reforestación. En el lugar está totalmente prohibido el uso de maquinarias pesadas, ni siquiera para la actividad agropecuaria. Los implementos agrícolas deberán ser manuales (machate, pico, etc.)De igual manera, no se permite la destrucción del bosque natural, aserrío de madera con motosierra y la producción porcina.Todos los ocupantes o propietarios donde el INTI aplicó una medida cautelar deben ponerse a derecho con este organismo, llevando su documentación respectiva.JOSELIN ARTEAGA
Diario Ciudad CCS
18-10 11
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"Desapareció un sector importante del mercado: el comprador inversor"
Ríos manifiesta que no hay construcciones nuevas, pero que está despegando el comercio de inmuebles usados
Sin titubear. Desde su oficina, con una vista de la congestionada Lechería al fondo, casi a la hora pico, el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Anzoátegui, José Ramón de Los Ríos, asegura que el sector está “totalmente contraído”, y esto lo atribuye a una sola razón: “No hay reglas claras. Hay leyes en proyecto, anteproyecto y discusión, y mucha especulación (...) El inversionista no arriesga su dinero mientras no haya algo concreto. Mientras una ley esté en el limbo, la gente seguirá en stand by”.
El gremialista reta a aquellos que duden de su aseveración, a visitar las oficinas municipales de Planeamiento Urbano para que constaten que no hay nuevas construcciones.
-En el gremio llevan años hablando de crisis ¿Cuándo arrancó realmente la contracción?
-La contracción empezó en el momento en que se eliminó el IPC (Índice de Precios al Consumir, lo cual ocurrió hace alrededor de año y medio). Pero el mercado de vivienda de alquiler está contraído desde hace unos 8 años, desde que congelaron los precios (...) No hay duda de que el país tiene inflación. Por ejemplo, el gobierno para cobrar impuestos, primero ajusta su unidad tributaria y normalmente en base al índice inflacionario. Entonces, por qué los costos (en las construcciones) no se pueden ajustar. El problema no era eliminarlo (el IPC), sino controlarlo. Para que haya compradores debe haber constructores y viceversa.
-Según la información que maneja la cámara, ¿cuántas construcciones estarían en ejecución en la entidad?
-Las que ya estaban empezadas, pero proyectos nuevos -de manos privadas- prácticamente no hay (...) Lo que nos preocupa es un mercado negro. Siempre que hay limitaciones que dificultan el tejido natural del mercado, surge uno subterráneo (...) Realmente la mejor manera de manejar una situación, es con normas claras y equitativas.
-¿Y los compradores?
-En cuanto a ellos, desapareció un sector importante del mercado de vivienda: el comprador inversor, el que compraba inmuebles y los alquilaba para vivir durante su jubilación. Existe temor, no se sabe en qué condiciones alquilar, quizás no pierdas la propiedad, pero si no puedes disponer de ella, por muy tuya que sea, entonces no sirve de nada tenerla (...) Queda quien tiene un dinero guardadito y se compra una vivienda para él o para que viva un hijo. No lo hace como inversión, porque no lo hará para tenerla vacía y tampoco para alquilarla, porque tiene miedo. No hay claridad.
-¿El sector comprador inversor era representativo?
-Yo estimo que en el caso de Anzoátegui pasaba el 40%.
-¿Aunque hay necesidad, no hay demanda real?
-Quedan los que necesitan comprar una vivienda para vivir. Pero tienen otros problema. La ley que prohíbe los desalojos no solamente afecta a los inquilinos, también afecta al comprador. Eso genera que los bancos no presten dinero con garantías hipotecarias. Si el comprador de un apartamento con crédito de un banco deja de pagar, el apartamento sigue siendo propiedad del banco, pero a él no lo pueden sacar, así que lo tendrán toda la vida en un apartamento gratis.
El futuro
-¿Dónde quedaron las parejas jóvenes que quieren comprar su primera casa?
-Como no hay un ingreso fijo o estable es difícil acceder a un crédito. Algunos consiguen dinero prestado y hasta rompen el cochinito del muchachito, y logran dar la inicial. Pero luego no le dan el crédito porque su nivel de ingreso no le garantiza al banco el retorno del capital.
-¿Qué recomendación le daría a ese grupo?
-Comprar para vivir siempre es importante, porque da estabilidad. No es mal momento para comprar. Si compras a crédito tienes que poner garantías, como fiadores, para que te den un crédito. Hay poca construcción nueva, pero hay viviendas de segunda mano que se están vendiendo. Se trata de personas que las compraron como inversión, pero que ahora no le ven el queso a la tostada.
-¿Lechería sigue siendo lo más caro de la zona norte?
-Sí. Primero Lechería, luego Nueva Barcelona y Puerto La Cruz, aunque este último ha bajado mucho. Urbaneja , aparte de su ubicación, ha trabajado en el tema de la seguridad. Hoy en día la seguridad incide en el precio de un inmueble, como otros factores (si tiene planta eléctrica, ascensor, áreas recreativas y piscina). La parte más cara sigue siendo el Complejo Turístico El Morro, por sus condiciones y modelos de casas; allí el metro cuadrado va desde Bs.F 6 mil hasta 15 mil. En el resto del municipio, el precio puede bajar a 5 mil bolívares fuertes y subir hasta 9 mil.
-¿Y Nueva Barcelona?
-Es importante que la gente sepa que el metro cuadrado vale entre 15% y 18% del costo de un inmueble. El resto del valor tiende a ser igual, porque cuesta igual llevar el cemento a Lechería que a Nueva Barcelona. En esta localidad, el metro cuadrado va desde Bs.F 4 mil hasta Bs.F 9 mil.
-¿Qué aplica en Sotillo?
-Aplica es el mercado secundario. Una persona que compra dos casas y lo hace más para dedicarla al sector comercial que al residencial.
-Un periódico nacional reportó que Caracas tiene el metro cuadrado más costoso de América del Sur (de Bs.F 2 mil 760 a 27 mil 600). ¿Anzoátegui es considerada costosa, con respecto a otros estados?
-No hay grandes diferencias. Una construcción con puesto de yate en Lechería tenderá a ser más cara que una propiedad en Maturín. Realmente no hay mucha diferencia entre las regiones.
-¿Qué debe evaluar una persona antes de comprar una vivienda?
-Debe evaluarse todo, no solo el metro cuadrado. En principio, pensar si está en capacidad de comprar. No hace nada teniendo la inicial de un apartamento en El Morro, si no tiene para cancelar las cuotas. Debe analizar a quién se le va a comprar y ver si la empresa es sólida.
-¿2011 será decisivo para el sector y su futuro?
-Dependerá de muchas cosas, pero si todavía estamos aquí, es porque hay alguna esperanza. Si, definitivamente Será decisivo para el sector inmobiliario..
Eltiempo.com.ve
17-10-2011
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Sin titubear. Desde su oficina, con una vista de la congestionada Lechería al fondo, casi a la hora pico, el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Anzoátegui, José Ramón de Los Ríos, asegura que el sector está “totalmente contraído”, y esto lo atribuye a una sola razón: “No hay reglas claras. Hay leyes en proyecto, anteproyecto y discusión, y mucha especulación (...) El inversionista no arriesga su dinero mientras no haya algo concreto. Mientras una ley esté en el limbo, la gente seguirá en stand by”.
El gremialista reta a aquellos que duden de su aseveración, a visitar las oficinas municipales de Planeamiento Urbano para que constaten que no hay nuevas construcciones.
-En el gremio llevan años hablando de crisis ¿Cuándo arrancó realmente la contracción?
-La contracción empezó en el momento en que se eliminó el IPC (Índice de Precios al Consumir, lo cual ocurrió hace alrededor de año y medio). Pero el mercado de vivienda de alquiler está contraído desde hace unos 8 años, desde que congelaron los precios (...) No hay duda de que el país tiene inflación. Por ejemplo, el gobierno para cobrar impuestos, primero ajusta su unidad tributaria y normalmente en base al índice inflacionario. Entonces, por qué los costos (en las construcciones) no se pueden ajustar. El problema no era eliminarlo (el IPC), sino controlarlo. Para que haya compradores debe haber constructores y viceversa.
-Según la información que maneja la cámara, ¿cuántas construcciones estarían en ejecución en la entidad?
-Las que ya estaban empezadas, pero proyectos nuevos -de manos privadas- prácticamente no hay (...) Lo que nos preocupa es un mercado negro. Siempre que hay limitaciones que dificultan el tejido natural del mercado, surge uno subterráneo (...) Realmente la mejor manera de manejar una situación, es con normas claras y equitativas.
-¿Y los compradores?
-En cuanto a ellos, desapareció un sector importante del mercado de vivienda: el comprador inversor, el que compraba inmuebles y los alquilaba para vivir durante su jubilación. Existe temor, no se sabe en qué condiciones alquilar, quizás no pierdas la propiedad, pero si no puedes disponer de ella, por muy tuya que sea, entonces no sirve de nada tenerla (...) Queda quien tiene un dinero guardadito y se compra una vivienda para él o para que viva un hijo. No lo hace como inversión, porque no lo hará para tenerla vacía y tampoco para alquilarla, porque tiene miedo. No hay claridad.
-¿El sector comprador inversor era representativo?
-Yo estimo que en el caso de Anzoátegui pasaba el 40%.
-¿Aunque hay necesidad, no hay demanda real?
-Quedan los que necesitan comprar una vivienda para vivir. Pero tienen otros problema. La ley que prohíbe los desalojos no solamente afecta a los inquilinos, también afecta al comprador. Eso genera que los bancos no presten dinero con garantías hipotecarias. Si el comprador de un apartamento con crédito de un banco deja de pagar, el apartamento sigue siendo propiedad del banco, pero a él no lo pueden sacar, así que lo tendrán toda la vida en un apartamento gratis.
El futuro
-¿Dónde quedaron las parejas jóvenes que quieren comprar su primera casa?
-Como no hay un ingreso fijo o estable es difícil acceder a un crédito. Algunos consiguen dinero prestado y hasta rompen el cochinito del muchachito, y logran dar la inicial. Pero luego no le dan el crédito porque su nivel de ingreso no le garantiza al banco el retorno del capital.
-¿Qué recomendación le daría a ese grupo?
-Comprar para vivir siempre es importante, porque da estabilidad. No es mal momento para comprar. Si compras a crédito tienes que poner garantías, como fiadores, para que te den un crédito. Hay poca construcción nueva, pero hay viviendas de segunda mano que se están vendiendo. Se trata de personas que las compraron como inversión, pero que ahora no le ven el queso a la tostada.
-¿Lechería sigue siendo lo más caro de la zona norte?
-Sí. Primero Lechería, luego Nueva Barcelona y Puerto La Cruz, aunque este último ha bajado mucho. Urbaneja , aparte de su ubicación, ha trabajado en el tema de la seguridad. Hoy en día la seguridad incide en el precio de un inmueble, como otros factores (si tiene planta eléctrica, ascensor, áreas recreativas y piscina). La parte más cara sigue siendo el Complejo Turístico El Morro, por sus condiciones y modelos de casas; allí el metro cuadrado va desde Bs.F 6 mil hasta 15 mil. En el resto del municipio, el precio puede bajar a 5 mil bolívares fuertes y subir hasta 9 mil.
-¿Y Nueva Barcelona?
-Es importante que la gente sepa que el metro cuadrado vale entre 15% y 18% del costo de un inmueble. El resto del valor tiende a ser igual, porque cuesta igual llevar el cemento a Lechería que a Nueva Barcelona. En esta localidad, el metro cuadrado va desde Bs.F 4 mil hasta Bs.F 9 mil.
-¿Qué aplica en Sotillo?
-Aplica es el mercado secundario. Una persona que compra dos casas y lo hace más para dedicarla al sector comercial que al residencial.
-Un periódico nacional reportó que Caracas tiene el metro cuadrado más costoso de América del Sur (de Bs.F 2 mil 760 a 27 mil 600). ¿Anzoátegui es considerada costosa, con respecto a otros estados?
-No hay grandes diferencias. Una construcción con puesto de yate en Lechería tenderá a ser más cara que una propiedad en Maturín. Realmente no hay mucha diferencia entre las regiones.
-¿Qué debe evaluar una persona antes de comprar una vivienda?
-Debe evaluarse todo, no solo el metro cuadrado. En principio, pensar si está en capacidad de comprar. No hace nada teniendo la inicial de un apartamento en El Morro, si no tiene para cancelar las cuotas. Debe analizar a quién se le va a comprar y ver si la empresa es sólida.
-¿2011 será decisivo para el sector y su futuro?
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CAV en el Construya Vivienda 2011
cav.org.ve
Gracias a la cordial invitación que anualmente nos hace la organización Expo-Center, en la persona de Romeo Morabito y a la alianza con la Empresa STAGIO Mobiliario para oficinas, de los Arquitectos Keyly Bell Márquez y Levin Jiménez, el Colegio de Arquitectos de Venezuela está presente - OCUPANDO NUESTRO ESPACIO - en la 27° Exposición CONSTRUYA VIVIENDA 2011, en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco del 15 al 23 de Octubre.
Invitamos a todos los Arquitectos y Público en general a visitar esta importante muestra y nuestro Stand N° 118, en donde podrán obtener gratuitamente las Revistas CAV N° 57 y 58, para nuestros miembros solventes y disfrutar del Video del proceso de Construcción del WORD TRADE CENTER, que actualmente se expone en la sede del CAV en Casa Mall. “WTC Revisión de una Propuesta Arquitectónica”.
Como es tradicional el Colegio de Arquitectos, otorgó tres premios a los mejores Stands y el premio al más destacado Sistema Constructivo, con un Jurado integrado por los Arquitectos: Giovanna Medina, Carmen Navarro, Eugenio Mikolji y Tomas Pérez. Esperamos por el anuncio oficial de los otros premios para mostrarlo a todos ustedes.
Colegio de Arquitectos de Venezuela
17-10-2011
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Invitamos a todos los Arquitectos y Público en general a visitar esta importante muestra y nuestro Stand N° 118, en donde podrán obtener gratuitamente las Revistas CAV N° 57 y 58, para nuestros miembros solventes y disfrutar del Video del proceso de Construcción del WORD TRADE CENTER, que actualmente se expone en la sede del CAV en Casa Mall. “WTC Revisión de una Propuesta Arquitectónica”.
Como es tradicional el Colegio de Arquitectos, otorgó tres premios a los mejores Stands y el premio al más destacado Sistema Constructivo, con un Jurado integrado por los Arquitectos: Giovanna Medina, Carmen Navarro, Eugenio Mikolji y Tomas Pérez. Esperamos por el anuncio oficial de los otros premios para mostrarlo a todos ustedes.
Colegio de Arquitectos de Venezuela
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Vender antes que arrendar se convierte en una alternativa para los propietarios
VALOR. Los bienes inmobiliarios no se devalúan con el paso del tiempo, al contrario, se revalorizan.
La oferta de casas y apartamentos usados se ubica en alza en la región insular y el resto del país. Basta con dar una hojeada a los clasificados de la prensa local y nacional para evidenciar la situación.
Sin embargo, más allá de este indicativo, hay numerosas causas de fondo que desestimulan al sector de inquilinato y, por ende, generan desconfianza entre los propietarios, cuando faltan pocos días para que de forma definitiva se apruebe la Ley para Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas.
Las empresas promotoras del país destacan un balance preliminar, según el cual las operaciones de venta de inmuebles de segunda mano se dinamizaron levemente en los últimos meses, luego de más de un año de lentitud en el mercado.
Para el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Aquiles Martini, este panorama surge como una consecuencia de la inminente aprobación consecutiva al proyecto de la Ley de Arrendamientos que se discute actualmente en la Asamblea Nacional.
“El temor a perder una vivienda, si se oferta en alquiler, está haciendo que la gente busque la manera de vender antes que arrendar”, explicó el dirigente gremial, quien aseveró que de acuerdo con el instrumento legal, el que alquila no podrá recuperar el inmueble.
Las cifras hablan por sí solas. Martini justificó que se ha agudizado aún más el deprimido mercado de arrendamientos. “Si hace un trimestre hablábamos de una oferta de alquileres reducida a 3%, en este momento es cero ya nadie quiere alquilar”.
IMPUESTOS
Martini argumentó que el proyecto busca pechar con impuestos a los dueños de inmuebles que estén desocupados, además de la amenaza de expropiación cuando no se use la vivienda, razón por la cual se impulsa la comercialización en el mercado secundario.
“Esta especie de terror que se ha creado hacia la propiedad privada genera todo tipo de reacciones. El ciudadano busca defenderse, proteger su inversión, sus activos y su propiedad”, enfatizó el vocero del sector inmobiliario.
También expuso que una de las causas ocasionadas por el repunte en la venta de casas usadas, sería la caída en la construcción de infraestructuras nuevas.
AUMENTO DE VENTAS
De acuerdo con apreciaciones de los economistas, desde hace un par de años las transacciones de compraventa han venido en picada y de manera directa estos efectos han sido relacionados a la crisis económica y la reducción del poder adquisitivo del venezolano.
No obstante, según refiere el portal entornointeligente.com, fuentes bancarias reconocen que a partir de 2005, cuando se implementó la política habitacional con subsidios y fijación de tasas preferenciales para préstamos hipotecarios, hubo un aumento en los negocios.
¿CÓMO VENDER?
Generalmente, la venta de un inmueble cumple con dos etapas a seguir:
• Opción de compra-venta, donde se establecen las condiciones de la operación, las cuales consisten en efectuar la descripción del inmueble, precio, forma de pago, plazo para la protocolización del documento definitivo de venta, monto de la garantía entregada para asegurar la transacción, así como las penalidades correspondientes en caso de incumplimiento.
• Protocolización del documento definitivo de compra-venta, la cual tiene que ver con la presentación de este requisito al registro inmobiliario correspondiente, más una serie de recaudos exigidos.
El Sol de Margarita
17-10-2011
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Sin embargo, más allá de este indicativo, hay numerosas causas de fondo que desestimulan al sector de inquilinato y, por ende, generan desconfianza entre los propietarios, cuando faltan pocos días para que de forma definitiva se apruebe la Ley para Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas.
Las empresas promotoras del país destacan un balance preliminar, según el cual las operaciones de venta de inmuebles de segunda mano se dinamizaron levemente en los últimos meses, luego de más de un año de lentitud en el mercado.
Para el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Aquiles Martini, este panorama surge como una consecuencia de la inminente aprobación consecutiva al proyecto de la Ley de Arrendamientos que se discute actualmente en la Asamblea Nacional.
“El temor a perder una vivienda, si se oferta en alquiler, está haciendo que la gente busque la manera de vender antes que arrendar”, explicó el dirigente gremial, quien aseveró que de acuerdo con el instrumento legal, el que alquila no podrá recuperar el inmueble.
Las cifras hablan por sí solas. Martini justificó que se ha agudizado aún más el deprimido mercado de arrendamientos. “Si hace un trimestre hablábamos de una oferta de alquileres reducida a 3%, en este momento es cero ya nadie quiere alquilar”.
IMPUESTOS
Martini argumentó que el proyecto busca pechar con impuestos a los dueños de inmuebles que estén desocupados, además de la amenaza de expropiación cuando no se use la vivienda, razón por la cual se impulsa la comercialización en el mercado secundario.
“Esta especie de terror que se ha creado hacia la propiedad privada genera todo tipo de reacciones. El ciudadano busca defenderse, proteger su inversión, sus activos y su propiedad”, enfatizó el vocero del sector inmobiliario.
También expuso que una de las causas ocasionadas por el repunte en la venta de casas usadas, sería la caída en la construcción de infraestructuras nuevas.
AUMENTO DE VENTAS
De acuerdo con apreciaciones de los economistas, desde hace un par de años las transacciones de compraventa han venido en picada y de manera directa estos efectos han sido relacionados a la crisis económica y la reducción del poder adquisitivo del venezolano.
No obstante, según refiere el portal entornointeligente.com, fuentes bancarias reconocen que a partir de 2005, cuando se implementó la política habitacional con subsidios y fijación de tasas preferenciales para préstamos hipotecarios, hubo un aumento en los negocios.
¿CÓMO VENDER?
Generalmente, la venta de un inmueble cumple con dos etapas a seguir:
• Opción de compra-venta, donde se establecen las condiciones de la operación, las cuales consisten en efectuar la descripción del inmueble, precio, forma de pago, plazo para la protocolización del documento definitivo de venta, monto de la garantía entregada para asegurar la transacción, así como las penalidades correspondientes en caso de incumplimiento.
• Protocolización del documento definitivo de compra-venta, la cual tiene que ver con la presentación de este requisito al registro inmobiliario correspondiente, más una serie de recaudos exigidos.
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Entregan 22 terrenos aptos para urbanismos en Ciudad Guayana
Los 22 terrenos fueron aprobados por no tener ningún tipo de problema legal o técnico | Humberto Matheus
Los estudios aprobatorios de 22 terrenos aptos para la construcción inmediata de viviendas fueron entregados a la Gran Misión Vivienda Venezuela por una comisión interinstitucional creada en el estado Bolívar para el apoyo a este programa social.
La integrante de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional (AN) y miembro de esa comisión estadal, Yumelis Viloria explicó que estos predios forman parte de un grupo de 140 terrenos ociosos o abandonados, que fueron tomados preventivamente por las comunidades para evitar su ocupación ilegal por parte de terceros y usarlos en favor del pueblo a través de proyectos habitacionales.
El citado equipo está formado por la Asamblea Nacional (AN), Consejo Legislativo de Bolívar, Gobernación de Bolívar, Instituto Nacional de Tierras (Inti), Comité Regional de Tierras Urbanas y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Viloria declaró que la CVG es propietario de la mayor parte de las tierras que conforman el área urbana del municipio Caroní, sobre las cuales se levanta Ciudad Guayana (Puerto Ordaz y San Félix): "Nuestro objetivo fue cumplir con el mandato del presidente Chávez de evitar la ocupación ilegal de terrenos, que perjudicaría los objetivos de la Gran Misión Vivienda Venezuela".
Los 22 terrenos fueron aprobados por no tener ningún tipo de problema legal o técnico, ni violar las ordenanzas de urbanismo del municipio Caroní, además de contar con una comunidad organizada como patrocinante de los proyectos habitacionales a ejecutarse en cada uno de ellos.
El Nacional
16-10-2011
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El citado equipo está formado por la Asamblea Nacional (AN), Consejo Legislativo de Bolívar, Gobernación de Bolívar, Instituto Nacional de Tierras (Inti), Comité Regional de Tierras Urbanas y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Viloria declaró que la CVG es propietario de la mayor parte de las tierras que conforman el área urbana del municipio Caroní, sobre las cuales se levanta Ciudad Guayana (Puerto Ordaz y San Félix): "Nuestro objetivo fue cumplir con el mandato del presidente Chávez de evitar la ocupación ilegal de terrenos, que perjudicaría los objetivos de la Gran Misión Vivienda Venezuela".
Los 22 terrenos fueron aprobados por no tener ningún tipo de problema legal o técnico, ni violar las ordenanzas de urbanismo del municipio Caroní, además de contar con una comunidad organizada como patrocinante de los proyectos habitacionales a ejecutarse en cada uno de ellos.
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Gremio propone empresas mixtas para edificar viviendas de alquiler
En 6 años el Gobierno podría alcanzar la meta prometida de viviendas | Alveiro Bolívar
La Cámara Venezolana de la Construcción propondrá al Gobierno la formación de empresas mixtas con capital mayoritario del sector público que se dediquen a la edificación masiva de viviendas para alquilar.
"Podemos hacer un grupo de trabajo para acordar las condiciones", expresa Juan Francisco Jiménez, presidente del gremio.
Jiménez considera que la asociación entre el Ejecutivo y la empresa privada brindará mejores resultados que la obligación de alquilar un porcentaje de las viviendas nuevas que se impondrá a los constructores mediante la ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda, en segunda discusión en la Asamblea Nacional.
El quinto capítulo del proyecto de ley, aprobado por los diputados, indica que la superintendencia nacional de arrendamiento de vivienda que se creará al entrar en vigencia la legislación definirá el porcentaje que se deberá alquilar, escogerá los inmuebles que tendrán ese uso y seleccionará a los inquilinos, dando prioridad a los que tengan sentencia firme de desalojo.
El dirigente gremial afirma que el instrumento legal paralizará la inversión privada en la construcción residencial. "Llamamos a la reflexión a los diputados de la Asamblea Nacional y al presidente Hugo Chávez, cuando le toque promulgar la ley, porque lo que se logrará es eliminar los proyectos masivos de vivienda del sector privado.
Los constructores se limitarán a obras muy pequeñas".
Jiménez agrega que la aprobación de esa disposición es inconveniente porque lo que se necesita es atraer la inversión del sector privado para aumentar la producción nacional de unidades residenciales. "Será muy negativo para la economía y para los resultados de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que tiene un componente privado importante".
Lejos de la meta. A pesar de que el Gobierno acelera la construcción de conjuntos residenciales para mostrar resultados en la campaña electoral del próximo año, empresarios y especialistas afirman que difícilmente puedan lograrse las metas establecidas por el presidente Hugo Chávez al lanzar la misión: 153.000 unidades en 2011 y 200.000 en 2012.
El ministro Rafael Ramírez, presidente del Órgano Superior de Vivienda, aseguró que entre enero y septiembre se terminaron 55.576 casas, 36% de la meta gubernamental de este año. El Ministerio de Vivienda y Hábitat, en tanto, señaló que actualmente hay 120.000 unidades en construcción, que representan 78% de la cifra prometida.
Los cálculos del sector privado son menos optimistas. El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción sitúa entre 40.000 y 50.000 las viviendas concluidas al cierre de septiembre. Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, agrega que en el mejor de los casos se terminarán 90.000 este año.
La proyección de Betancourt significa un crecimiento de 45% en comparación con el año pasado, cuando el número de viviendas edificadas descendió 37% por la prohibición del cobro de ajustes por inflación en los contratos de preventa, la escasez de insumos (principalmente cabillas y cemento) y la expropiación de conjuntos residenciales en desarrollo.
La culminación de 90.000 casas en 2011, sin embargo, implicará un déficit de 63.000 viviendas con respecto al objetivo de 153.000 prometido para el primer año del plan gubernamental. Dificultará, además, la meta global de 2 millones de unidades hasta 2017, ya que se necesitará construir un promedio anual de 322.000 en los próximos 6 años para alcanzarla.
Betancourt considera que la distancia entre lo prometido y lo que realmente se construirá refleja improvisación. "Hay un margen de error de hasta 10% por factores externos como lluvias, fallas en el suministro de insumos o conflictos laborales; pero cuando te equivocas por una diferencia superior quiere decir que las proyecciones no tenían fundamento técnico".
Trabajo conjunto
El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Juan Francisco Jiménez, destaca que más allá de la cantidad de viviendas que se terminen en 2011, es necesario que el Gobierno se esfuerce por estimular la participación del sector privado en proyectos residenciales.
"80.000 ó 100.000 unidades son pocas. Incluso si se cumple el objetivo de 153.000 es insuficiente, porque el país requiere cada año por lo menos 130.000 casas para cubrir el crecimiento demográfico y otras 100.000 para comenzar a reducir el déficit acumulado", dice Jiménez.
Afirma que la única manera de construir al ritmo que necesita Venezuela es seguir la fórmula aplicada por países como Chile, México y Brasil. En este último se ejecutó una política conjunta entre sector público y privado que permitió levantar 750.000 viviendas en el primer año y 1 millón en el segundo.
"Esa es la verdadera solución. El Gobierno y la empresa privada poniéndose de acuerdo. Apostamos por eso. Seguimos dispuestos a colaborar, pero solicitamos que se generen las condiciones necesarias. Estamos pidiendo casi a gritos que nos dejen invertir", reitera Jiménez.
Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros, también cree que el Gobierno debe generar condiciones estables para que el sector privado invierta y colabore en la reducción del déficit. "No puede ser que todos los años haya un cambio en el marco legal", expresa.
El Nacional
16-10-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
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http://es.groups.yahoo.com/group/corredor_inmobiliario/
La Cámara Venezolana de la Construcción propondrá al Gobierno la formación de empresas mixtas con capital mayoritario del sector público que se dediquen a la edificación masiva de viviendas para alquilar.
"Podemos hacer un grupo de trabajo para acordar las condiciones", expresa Juan Francisco Jiménez, presidente del gremio.
Jiménez considera que la asociación entre el Ejecutivo y la empresa privada brindará mejores resultados que la obligación de alquilar un porcentaje de las viviendas nuevas que se impondrá a los constructores mediante la ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda, en segunda discusión en la Asamblea Nacional.
El quinto capítulo del proyecto de ley, aprobado por los diputados, indica que la superintendencia nacional de arrendamiento de vivienda que se creará al entrar en vigencia la legislación definirá el porcentaje que se deberá alquilar, escogerá los inmuebles que tendrán ese uso y seleccionará a los inquilinos, dando prioridad a los que tengan sentencia firme de desalojo.
El dirigente gremial afirma que el instrumento legal paralizará la inversión privada en la construcción residencial. "Llamamos a la reflexión a los diputados de la Asamblea Nacional y al presidente Hugo Chávez, cuando le toque promulgar la ley, porque lo que se logrará es eliminar los proyectos masivos de vivienda del sector privado.
Los constructores se limitarán a obras muy pequeñas".
Jiménez agrega que la aprobación de esa disposición es inconveniente porque lo que se necesita es atraer la inversión del sector privado para aumentar la producción nacional de unidades residenciales. "Será muy negativo para la economía y para los resultados de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que tiene un componente privado importante".
Lejos de la meta. A pesar de que el Gobierno acelera la construcción de conjuntos residenciales para mostrar resultados en la campaña electoral del próximo año, empresarios y especialistas afirman que difícilmente puedan lograrse las metas establecidas por el presidente Hugo Chávez al lanzar la misión: 153.000 unidades en 2011 y 200.000 en 2012.
El ministro Rafael Ramírez, presidente del Órgano Superior de Vivienda, aseguró que entre enero y septiembre se terminaron 55.576 casas, 36% de la meta gubernamental de este año. El Ministerio de Vivienda y Hábitat, en tanto, señaló que actualmente hay 120.000 unidades en construcción, que representan 78% de la cifra prometida.
Los cálculos del sector privado son menos optimistas. El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción sitúa entre 40.000 y 50.000 las viviendas concluidas al cierre de septiembre. Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, agrega que en el mejor de los casos se terminarán 90.000 este año.
La proyección de Betancourt significa un crecimiento de 45% en comparación con el año pasado, cuando el número de viviendas edificadas descendió 37% por la prohibición del cobro de ajustes por inflación en los contratos de preventa, la escasez de insumos (principalmente cabillas y cemento) y la expropiación de conjuntos residenciales en desarrollo.
La culminación de 90.000 casas en 2011, sin embargo, implicará un déficit de 63.000 viviendas con respecto al objetivo de 153.000 prometido para el primer año del plan gubernamental. Dificultará, además, la meta global de 2 millones de unidades hasta 2017, ya que se necesitará construir un promedio anual de 322.000 en los próximos 6 años para alcanzarla.
Betancourt considera que la distancia entre lo prometido y lo que realmente se construirá refleja improvisación. "Hay un margen de error de hasta 10% por factores externos como lluvias, fallas en el suministro de insumos o conflictos laborales; pero cuando te equivocas por una diferencia superior quiere decir que las proyecciones no tenían fundamento técnico".
Trabajo conjunto
El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Juan Francisco Jiménez, destaca que más allá de la cantidad de viviendas que se terminen en 2011, es necesario que el Gobierno se esfuerce por estimular la participación del sector privado en proyectos residenciales.
"80.000 ó 100.000 unidades son pocas. Incluso si se cumple el objetivo de 153.000 es insuficiente, porque el país requiere cada año por lo menos 130.000 casas para cubrir el crecimiento demográfico y otras 100.000 para comenzar a reducir el déficit acumulado", dice Jiménez.
Afirma que la única manera de construir al ritmo que necesita Venezuela es seguir la fórmula aplicada por países como Chile, México y Brasil. En este último se ejecutó una política conjunta entre sector público y privado que permitió levantar 750.000 viviendas en el primer año y 1 millón en el segundo.
"Esa es la verdadera solución. El Gobierno y la empresa privada poniéndose de acuerdo. Apostamos por eso. Seguimos dispuestos a colaborar, pero solicitamos que se generen las condiciones necesarias. Estamos pidiendo casi a gritos que nos dejen invertir", reitera Jiménez.
Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros, también cree que el Gobierno debe generar condiciones estables para que el sector privado invierta y colabore en la reducción del déficit. "No puede ser que todos los años haya un cambio en el marco legal", expresa.
El Nacional
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Apiur llama a reconsiderar la Ley de Arrendamientos
Los propietarios de inmuebles creen que el texto tendrá efectos nocivos VENANCIO ALCÁZARES
La aprobación del proyecto de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios se acerca a la recta final en la Asamblea Nacional y la forma como ha quedado redactado su contenido sigue despertando inquietud entre los propietarios de inmuebles dedicados al alquiler.
Para el próximo martes, 18 de octubre, se espera que los parlamentarios terminen la discusión de esta ley que cambia los términos de la relación entre arrendadores y arrendatarios.
La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) colocó en su página Web las razones básicas por las que rechaza este proyecto de ley, entre las que destaca la aplicación excesiva de controles.
Al respecto se indica que se convierte el arrendamiento de viviendas "en un trámite burocrático".
Apiur indica así que es su obligación difundir los nocivos efectos que tendrá el proyecto de ley, haciendo un llamado público al Presidente de la República y a los diputados oficialistas a que reconsideren y corrijan el texto.
Argumenta que "se han creado todas las trabas y subterfugios procesales para hacer imposible la recuperación de la vivienda alquilada, por más noble que sea la razón del propietario para recuperar su vivienda, ratificándose además a la Ley contra los Desalojos Arbitrarios, promulgada sin facultades especificas por el Presidente de la República por la vía Habilitante, la cual bloquea cualquier sentencia judicial favorable al propietario hasta que el Estado le consiga una vivienda al inquilino saliente, por lo que ninguna sentencia será aplicable".
Cuestiona, entre otras cosas, que se establecen multas solo para los propietarios, revelando el carácter punitivo y discriminatorio de la ley. "Además en el artículo 138, se estrena un nuevo tipo de expropiación por reincidencia en tres multas, lo cual desnaturaliza a la figura de la expropiación constitucional de la expropiación por causa de utilidad pública e interés social, convirtiéndola en una herramienta de castigo y obligado al Estado a pagar expropiaciones no beneficiosa para la administración pública y sin utilidad para la Nación".
El Universal
15-10-2011
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La aprobación del proyecto de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios se acerca a la recta final en la Asamblea Nacional y la forma como ha quedado redactado su contenido sigue despertando inquietud entre los propietarios de inmuebles dedicados al alquiler.
Para el próximo martes, 18 de octubre, se espera que los parlamentarios terminen la discusión de esta ley que cambia los términos de la relación entre arrendadores y arrendatarios.
La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) colocó en su página Web las razones básicas por las que rechaza este proyecto de ley, entre las que destaca la aplicación excesiva de controles.
Al respecto se indica que se convierte el arrendamiento de viviendas "en un trámite burocrático".
Apiur indica así que es su obligación difundir los nocivos efectos que tendrá el proyecto de ley, haciendo un llamado público al Presidente de la República y a los diputados oficialistas a que reconsideren y corrijan el texto.
Argumenta que "se han creado todas las trabas y subterfugios procesales para hacer imposible la recuperación de la vivienda alquilada, por más noble que sea la razón del propietario para recuperar su vivienda, ratificándose además a la Ley contra los Desalojos Arbitrarios, promulgada sin facultades especificas por el Presidente de la República por la vía Habilitante, la cual bloquea cualquier sentencia judicial favorable al propietario hasta que el Estado le consiga una vivienda al inquilino saliente, por lo que ninguna sentencia será aplicable".
Cuestiona, entre otras cosas, que se establecen multas solo para los propietarios, revelando el carácter punitivo y discriminatorio de la ley. "Además en el artículo 138, se estrena un nuevo tipo de expropiación por reincidencia en tres multas, lo cual desnaturaliza a la figura de la expropiación constitucional de la expropiación por causa de utilidad pública e interés social, convirtiéndola en una herramienta de castigo y obligado al Estado a pagar expropiaciones no beneficiosa para la administración pública y sin utilidad para la Nación".
El Universal
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Gobierno asignará inmuebles disponibles en obras tomadas
Urbanismos ocupados temporalmente serán asignados por MinVivienda | Juan Camacho
El Ministerio de Vivienda y Hábitat asignará los inmuebles de los conjuntos residenciales con medida de ocupación temporal que no fueron prevendidos por la constructora, según la resolución que establece las condiciones para la culminación de las obras, publicada en la Gaceta Oficial 39777.
La norma precisa que cada urbanismo intervenido por el Gobierno desde 2010 estará a cargo de una junta administradora formada por dos representantes del ministerio y uno de los compradores afectados. Esta instancia proporcionará una lista de las viviendas disponibles.
La junta también deberá suministrar una relación de precios desde la primera hasta la última venta, con el fin de que el ministerio determine el monto que se cobrará por los inmuebles sin vender, a los cuales sólo podrán optar personas que no posean vivienda principal.
Otras funciones serán velar por el cumplimiento del cronograma de ejecución física y financiera, manejar las cuentas bancarias de las empresas con medida de ocupación temporal y celebrar los contratos que sean necesarios para la finalización de la obra.
También deberán efectuar reuniones quincenales para mantener informados a los compradores, garantizar que se respeten las condiciones establecidas en los contratos firmados por las constructoras y tramitar los permisos necesarios para la protocolización de los inmuebles.
La banca, que firmó un compromiso con el Indepabis para terminar las obras, será responsable de la gerencia técnica y administrativa, la supervisión de las constructoras, el pago de la nómina y la elaboración de los documentos para la protocolización, entre otras tareas.
Las constructoras tendrán que respetar las condiciones del contrato inicial, preparar un cronograma para la culminación de los trabajos y reanudar de inmediato las labores. En caso de que sean las que iniciaron el proyecto, deberán devolver el dinero cobrado por índice de precios al consumidor.
Convenios de pago. El Ejecutivo también publicó en la Gaceta Oficial 39777 una resolución con los lineamientos para que el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat suscriba convenios de pago con los empleadores públicos y privados que tengan deudas con el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda.
El Banavih otorgará plazos de 3 a 18 meses para la cancelación de 2% del aporte que corresponde a las empresas, porque la contribución de 1% que se descuenta al empleado por nómina deberá ser cancelada en su totalidad al momento de suscribir el acuerdo.
Los convenios deberán incluir el cálculo de los rendimientos de las cuentas de ahorro de cada trabajador. Si durante la vigencia del trato se produce una variación de 10% o más entre la tasa acordada y la vigente, se ajustarán las cuotas restantes.
Los empleadores dispondrán de tres meses para solicitar los convenios de pagos de las deudas de años anteriores a 2011, para lo cual deberán consignar la nómina de trabajadores correspondiente a los meses adeudados.
Menos expositores
La 27ª edición de la feria Construya Vivienda que se inaugura hoy en el pabellón de exposiciones del Centro Comercial Ciudad Tamanaco tendrá 132 empresas exhibiendo sus productos, 10% menos que en 2010, según la firma Expocenter (organizadora del evento).
Romeo Moravito, director general, destacó que la cantidad de participantes es significativa a pesar de la disminución cuando se toma en cuenta la situación actual del sector construcción, el único que se mantuvo en recesión en el primer semestre del año.
Agregó que los expositores ofrecerán varios sistemas constructivos desde los tradicionales hasta las petrocasas y una gran variedad de insumos: agregados, ascensores, cerámicas, maquinarias, muebles, pinturas, plantas eléctricas, tanques de agua, techos y tuberías, entre otros.
Moravito espera que 25.000 personas visiten la exposición, que estará abierta durante 9 días y cerrará el 23 de octubre. "Ese fue el número que tuvimos el año pasado. Sería ideal repetirlo.
Sabemos que la situación no está fácil, pero siempre hay gente que quiere construir o remodelar".
Incluyen las casas remodeladas en los barrios
Las remodelaciones y reparaciones en las casas de los barrios son incorporadas a las cifras oficiales de la Gran Misión Vivienda, informaron ayer representantes de consejos comunales que pidieron no mencionar sus nombres por temor a represalias.
Los voceros señalaron que recibieron la orden de realizar un censo en las comunidades de las zonas populares y ofrecer créditos de entre 30.000 y 50.000 bolívares a los vecinos para que arreglen lo más pronto posible sus hogares.
Sin embargo, hay escepticismo en las agrupaciones comunitarias frente a la iniciativa crediticia gubernamental porque anteriormente les habían ofrecido el suministro de materiales para otro gran programa habitacional que es la autoconstrucción de viviendas.
Los informantes recordaron que la asistencia se tradujo en cinco sacos de cemento y una docena de cabillas por consejo comunal, volumen insuficiente para las necesidades de refacción de las casas en los barrios.
Al pueblo le quedó claro el mensaje de que la Gran Misión Vivienda Venezuela consiste en la entrega de una casa o apartamento nuevo dentro de complejos urbanos construidos bajo el programa del Ejecutivo.
Los miembros de los consejos comunales consultados consideran abultadas las cifras anunciadas el jueves por el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, quien dijo que se habían construido más de 60.000 casas en la Misión Vivienda y que a finales del presente año estarían concluidas otras 183.000.
El Nacional
15-10-2011
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El Ministerio de Vivienda y Hábitat asignará los inmuebles de los conjuntos residenciales con medida de ocupación temporal que no fueron prevendidos por la constructora, según la resolución que establece las condiciones para la culminación de las obras, publicada en la Gaceta Oficial 39777.
La norma precisa que cada urbanismo intervenido por el Gobierno desde 2010 estará a cargo de una junta administradora formada por dos representantes del ministerio y uno de los compradores afectados. Esta instancia proporcionará una lista de las viviendas disponibles.
La junta también deberá suministrar una relación de precios desde la primera hasta la última venta, con el fin de que el ministerio determine el monto que se cobrará por los inmuebles sin vender, a los cuales sólo podrán optar personas que no posean vivienda principal.
Otras funciones serán velar por el cumplimiento del cronograma de ejecución física y financiera, manejar las cuentas bancarias de las empresas con medida de ocupación temporal y celebrar los contratos que sean necesarios para la finalización de la obra.
También deberán efectuar reuniones quincenales para mantener informados a los compradores, garantizar que se respeten las condiciones establecidas en los contratos firmados por las constructoras y tramitar los permisos necesarios para la protocolización de los inmuebles.
La banca, que firmó un compromiso con el Indepabis para terminar las obras, será responsable de la gerencia técnica y administrativa, la supervisión de las constructoras, el pago de la nómina y la elaboración de los documentos para la protocolización, entre otras tareas.
Las constructoras tendrán que respetar las condiciones del contrato inicial, preparar un cronograma para la culminación de los trabajos y reanudar de inmediato las labores. En caso de que sean las que iniciaron el proyecto, deberán devolver el dinero cobrado por índice de precios al consumidor.
Convenios de pago. El Ejecutivo también publicó en la Gaceta Oficial 39777 una resolución con los lineamientos para que el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat suscriba convenios de pago con los empleadores públicos y privados que tengan deudas con el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda.
El Banavih otorgará plazos de 3 a 18 meses para la cancelación de 2% del aporte que corresponde a las empresas, porque la contribución de 1% que se descuenta al empleado por nómina deberá ser cancelada en su totalidad al momento de suscribir el acuerdo.
Los convenios deberán incluir el cálculo de los rendimientos de las cuentas de ahorro de cada trabajador. Si durante la vigencia del trato se produce una variación de 10% o más entre la tasa acordada y la vigente, se ajustarán las cuotas restantes.
Los empleadores dispondrán de tres meses para solicitar los convenios de pagos de las deudas de años anteriores a 2011, para lo cual deberán consignar la nómina de trabajadores correspondiente a los meses adeudados.
Menos expositores
La 27ª edición de la feria Construya Vivienda que se inaugura hoy en el pabellón de exposiciones del Centro Comercial Ciudad Tamanaco tendrá 132 empresas exhibiendo sus productos, 10% menos que en 2010, según la firma Expocenter (organizadora del evento).
Romeo Moravito, director general, destacó que la cantidad de participantes es significativa a pesar de la disminución cuando se toma en cuenta la situación actual del sector construcción, el único que se mantuvo en recesión en el primer semestre del año.
Agregó que los expositores ofrecerán varios sistemas constructivos desde los tradicionales hasta las petrocasas y una gran variedad de insumos: agregados, ascensores, cerámicas, maquinarias, muebles, pinturas, plantas eléctricas, tanques de agua, techos y tuberías, entre otros.
Moravito espera que 25.000 personas visiten la exposición, que estará abierta durante 9 días y cerrará el 23 de octubre. "Ese fue el número que tuvimos el año pasado. Sería ideal repetirlo.
Sabemos que la situación no está fácil, pero siempre hay gente que quiere construir o remodelar".
Incluyen las casas remodeladas en los barrios
Las remodelaciones y reparaciones en las casas de los barrios son incorporadas a las cifras oficiales de la Gran Misión Vivienda, informaron ayer representantes de consejos comunales que pidieron no mencionar sus nombres por temor a represalias.
Los voceros señalaron que recibieron la orden de realizar un censo en las comunidades de las zonas populares y ofrecer créditos de entre 30.000 y 50.000 bolívares a los vecinos para que arreglen lo más pronto posible sus hogares.
Sin embargo, hay escepticismo en las agrupaciones comunitarias frente a la iniciativa crediticia gubernamental porque anteriormente les habían ofrecido el suministro de materiales para otro gran programa habitacional que es la autoconstrucción de viviendas.
Los informantes recordaron que la asistencia se tradujo en cinco sacos de cemento y una docena de cabillas por consejo comunal, volumen insuficiente para las necesidades de refacción de las casas en los barrios.
Al pueblo le quedó claro el mensaje de que la Gran Misión Vivienda Venezuela consiste en la entrega de una casa o apartamento nuevo dentro de complejos urbanos construidos bajo el programa del Ejecutivo.
Los miembros de los consejos comunales consultados consideran abultadas las cifras anunciadas el jueves por el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, quien dijo que se habían construido más de 60.000 casas en la Misión Vivienda y que a finales del presente año estarían concluidas otras 183.000.
El Nacional
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Empresas tienen 3 meses para pagar deudas al Faov
Luís Quintana
Un plazo de tres meses tienen los empleadores que adeuden sus aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (Faov) para solicitar un convenimiento de pagos que les permita ponerse al día con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), según lo establece la resolución 171 del Ministerio de Vivienda y Hábitat, publicada en la Gaceta Oficial 39.777 de fecha 13 de octubre de 2011, que circuló este viernes.
Si los patronos no solicitan el convenimiento de pago, pueden ser objeto de averiguaciones administrativas por parte del Banavih. Si hay indicios de responsabilidades penales, se remiten al Ministerio Público (MP), de acuerdo con el artículo 89 del decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, vigente desde 2008.
El texto plantea los lineamientos para realizar convenimientos de pago de las deudas pendientes al FAOV, instrumento que "juega un rol fundamental en la ejecución de los proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV)", según señala uno de sus considerandos. La GMVV es un programa del Estado que promueve la construcción a fin de dar respuesta a la demanda habitacional en el país.
Este fondo está constituido por aportes obligatorios efectuados por los trabajadores bajo dependencia y sus patronos. Equivale a 3% del salario integral del empleado: 1% es retenido del sueldo de la persona y 2% lo consigna el empleador.
La resolución publicada en Gaceta Oficial especifica que el Banavih podrá suscribir convenios con el empleador para el pago de deudas correspondientes al 2% aportado por la empresa. Ese acuerdo debe tener un plazo de cancelación de mínimo tres meses y máximos 18 meses. Tiene que incluir el cálculo de los rendimientos de las cuentas de ahorro de cada trabajador.
Mientras, las deudas por el 1% que es retenido al empleado debe ser cancelado en su totalidad al momento de firmar el convenimiento de pago. En ningún caso se acordarán los pagos en plazos, ni tampoco se podrán celebrar convenios con empleadores que reincidan en el incumplimiento de su deber de cancelar los aportes al FAOV.
Al pago adeudado se le debe sumar la multa establecida en el artículo 91 de la Ley. Se trata de 200 unidades tributarias por cada aporte no enterado. El texto legal ordena que el empleador debe enterar los aportes los primeros cinco días hábiles de cada mes.
Este jueves, una comisión del Ministerio de Vivienda y Hábitat (Minvih) introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de revisión para garantizar que los patronos -públicos y privados- cumplan de forma oportuna con los aportes al Faov. Este Fondo tiene por objeto permitir a toda persona el acceso progresivo a créditos para la compra de vivienda principal.
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15-10-2011
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Un plazo de tres meses tienen los empleadores que adeuden sus aportes al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (Faov) para solicitar un convenimiento de pagos que les permita ponerse al día con el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), según lo establece la resolución 171 del Ministerio de Vivienda y Hábitat, publicada en la Gaceta Oficial 39.777 de fecha 13 de octubre de 2011, que circuló este viernes.
Si los patronos no solicitan el convenimiento de pago, pueden ser objeto de averiguaciones administrativas por parte del Banavih. Si hay indicios de responsabilidades penales, se remiten al Ministerio Público (MP), de acuerdo con el artículo 89 del decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, vigente desde 2008.
El texto plantea los lineamientos para realizar convenimientos de pago de las deudas pendientes al FAOV, instrumento que "juega un rol fundamental en la ejecución de los proyectos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV)", según señala uno de sus considerandos. La GMVV es un programa del Estado que promueve la construcción a fin de dar respuesta a la demanda habitacional en el país.
Este fondo está constituido por aportes obligatorios efectuados por los trabajadores bajo dependencia y sus patronos. Equivale a 3% del salario integral del empleado: 1% es retenido del sueldo de la persona y 2% lo consigna el empleador.
La resolución publicada en Gaceta Oficial especifica que el Banavih podrá suscribir convenios con el empleador para el pago de deudas correspondientes al 2% aportado por la empresa. Ese acuerdo debe tener un plazo de cancelación de mínimo tres meses y máximos 18 meses. Tiene que incluir el cálculo de los rendimientos de las cuentas de ahorro de cada trabajador.
Mientras, las deudas por el 1% que es retenido al empleado debe ser cancelado en su totalidad al momento de firmar el convenimiento de pago. En ningún caso se acordarán los pagos en plazos, ni tampoco se podrán celebrar convenios con empleadores que reincidan en el incumplimiento de su deber de cancelar los aportes al FAOV.
Al pago adeudado se le debe sumar la multa establecida en el artículo 91 de la Ley. Se trata de 200 unidades tributarias por cada aporte no enterado. El texto legal ordena que el empleador debe enterar los aportes los primeros cinco días hábiles de cada mes.
Este jueves, una comisión del Ministerio de Vivienda y Hábitat (Minvih) introdujo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de revisión para garantizar que los patronos -públicos y privados- cumplan de forma oportuna con los aportes al Faov. Este Fondo tiene por objeto permitir a toda persona el acceso progresivo a créditos para la compra de vivienda principal.
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En 50% ha mermado la oferta de alquileres en Aragua
elperiodiquito.com
La legislación ya fue aprobada en primera discusión el pasado 27 de septiembre y se espera que este martes sea sancionada
Expertos consideran que el proyecto de ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas ofrece muchas ventajas al inquilino
Héctor Gómez, presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Aragua, ofreció su punto de vista sobre el proyecto de ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, que se viene discutiendo en el seno de la Asamblea Nacional, legislación que ya fue aprobada en primera discusión el pasado 27 de septiembre.
Gómez consideró que el estatuto más allá de favorecer al inquilino lo perjudica. Detalló que en vista de que el proyecto le da mucha ventaja al arrendatario y desventaja al propietario, se está generando un desequilibrio en el mercado que está creando mucha preocupación. En este sentido, los arrendadores desde la perspectiva del tema inmobiliario no tienen garantías, lo que ha generado que la oferta de alquiler en Aragua haya mermado 50% con tendencia a seguir bajando.
Es decir, aquellas personas que no tienen como adquirir una vivienda propia cada vez tendrán menos oportunidades de ofertas para alquilar un inmueble. “De ser aprobados todos los artículos el mercado prácticamente va a desaparecer” sentenció. Esto, debido a que el dueño de una propiedad evitará poner en riesgo su inversión y su esfuerzo de muchos años, sin tener garantías de que el arrendatario va a estar al día con el pago mensual o se lo entregará al momento de que el arrendador se lo solicite.
Por ende, el representante de la cartera inmobiliaria aseguró que todo esto conllevará a un marco de turbulencia y de dudas muy grandes. Pronosticó que de aprobarse el proyecto de ley, los propietarios de viviendas valorarán no ceder los muebles en alquiler y optarán por ponerlos a la venta. “La opción será venderlo, porque si como propietario tengo un inmueble y no lo ofrezco en alquiler, el hecho de tenerlo vacío me va a generar un impuesto según este proyecto”, ejemplificó.
Esto debido, a que uno de los artículos habla del cobro de un impuesto cuando el inmueble se encuentra solo y no es alquilado. Gómez, recalcó que todas las leyes deben ser promulgadas para generar beneficios y equilibrio, más no inestabilidad.
ESTABLECERÁN MONTO DE ALQUILER
El monto de arrendamiento de inmuebles de ser aprobado el proyecto de ley va a ser establecido por la Superintendencia Nacional de Alquileres. Los propietarios temen que el arrendamiento de habitación, pensión, inmueble de interés social, inmueble de lujo, entre otros, no reciba el justiprecio acorde a la zona donde se ubique.
AFECTARÁ A PAREJAS JÓVENES
El presidente de la Cámara Inmobiliaria en Aragua consideró que al aprobarse la ley de arrendamiento las más afectadas serán las parejas jóvenes, por el hecho de no tener oportunidades de alquiler. Recalcó, que todavía se está a tiempo de ofrecer un estatuto que beneficie a ambas partes. “Para nosotros los inmobiliarios, tanto el inquilino como el propietario son pieza fundamental de negocio”, aseveró.
Además, señaló que el proyecto vislumbra la eliminación de la figura del depósito y dispone que los contratos no deban ser menores a tres años, tiempo en el que tampoco pueden generarse aumentos. “Es muy probable que se alquile un inmueble hoy, la persona se vaya en cinco años no pague y no pase nada, porque no hay algo que la obligue a pagar”, dijo.
INTERFERIRÁ EN EL TURISMO
“No queremos ser alarmistas ni profetas del desastre, pero sí se tiene que entender que esto puede generar un problema interno mucho más grande”, mencionó el presidente de la Cámara. Al mismo tiempo hizo referencia al tema turístico, que también está resultando afectado. Detalló que ya han recibido casos de personas que han dado en alquiler inmuebles en la Isla de Margarita y posteriormente, no han podido sacar a los inquilinos, aun cuando todavía no se aprueba la ley.
PROPIETARIOS ESTÁN A LA ESPERA
Sinoe García, asesora de una inmobiliaria en Aragua, destacó que actualmente el mercado está paralizado, a la espera de lo que va a ocurrir con el proyecto de Ley de Arrendamiento. “Las personas no quieren alquilar hasta saber realmente lo que va a pasar de ser aprobada esta nueva ley, hay mucha incertidumbre”, dijo.
Agregó que de aprobarse, los artículos no deben ser aplicados como “matemática pura”; es decir, los propietarios podrían establecer acuerdos con inquilinos responsables en compañía de un abogado, donde se establezca un acuerdo que beneficie a ambas partes.
“Para nosotros los inmobiliarios, tanto el inquilino como el propietario son pieza fundamental del negocio”
elperiodiquito.com
15-10-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
twitter: @Henry_Medina
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http://es.groups.yahoo.com/group/corredor_inmobiliario/
La legislación ya fue aprobada en primera discusión el pasado 27 de septiembre y se espera que este martes sea sancionada
Expertos consideran que el proyecto de ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas ofrece muchas ventajas al inquilino
Héctor Gómez, presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Aragua, ofreció su punto de vista sobre el proyecto de ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, que se viene discutiendo en el seno de la Asamblea Nacional, legislación que ya fue aprobada en primera discusión el pasado 27 de septiembre.
Gómez consideró que el estatuto más allá de favorecer al inquilino lo perjudica. Detalló que en vista de que el proyecto le da mucha ventaja al arrendatario y desventaja al propietario, se está generando un desequilibrio en el mercado que está creando mucha preocupación. En este sentido, los arrendadores desde la perspectiva del tema inmobiliario no tienen garantías, lo que ha generado que la oferta de alquiler en Aragua haya mermado 50% con tendencia a seguir bajando.
Es decir, aquellas personas que no tienen como adquirir una vivienda propia cada vez tendrán menos oportunidades de ofertas para alquilar un inmueble. “De ser aprobados todos los artículos el mercado prácticamente va a desaparecer” sentenció. Esto, debido a que el dueño de una propiedad evitará poner en riesgo su inversión y su esfuerzo de muchos años, sin tener garantías de que el arrendatario va a estar al día con el pago mensual o se lo entregará al momento de que el arrendador se lo solicite.
Por ende, el representante de la cartera inmobiliaria aseguró que todo esto conllevará a un marco de turbulencia y de dudas muy grandes. Pronosticó que de aprobarse el proyecto de ley, los propietarios de viviendas valorarán no ceder los muebles en alquiler y optarán por ponerlos a la venta. “La opción será venderlo, porque si como propietario tengo un inmueble y no lo ofrezco en alquiler, el hecho de tenerlo vacío me va a generar un impuesto según este proyecto”, ejemplificó.
Esto debido, a que uno de los artículos habla del cobro de un impuesto cuando el inmueble se encuentra solo y no es alquilado. Gómez, recalcó que todas las leyes deben ser promulgadas para generar beneficios y equilibrio, más no inestabilidad.
ESTABLECERÁN MONTO DE ALQUILER
El monto de arrendamiento de inmuebles de ser aprobado el proyecto de ley va a ser establecido por la Superintendencia Nacional de Alquileres. Los propietarios temen que el arrendamiento de habitación, pensión, inmueble de interés social, inmueble de lujo, entre otros, no reciba el justiprecio acorde a la zona donde se ubique.
AFECTARÁ A PAREJAS JÓVENES
El presidente de la Cámara Inmobiliaria en Aragua consideró que al aprobarse la ley de arrendamiento las más afectadas serán las parejas jóvenes, por el hecho de no tener oportunidades de alquiler. Recalcó, que todavía se está a tiempo de ofrecer un estatuto que beneficie a ambas partes. “Para nosotros los inmobiliarios, tanto el inquilino como el propietario son pieza fundamental de negocio”, aseveró.
Además, señaló que el proyecto vislumbra la eliminación de la figura del depósito y dispone que los contratos no deban ser menores a tres años, tiempo en el que tampoco pueden generarse aumentos. “Es muy probable que se alquile un inmueble hoy, la persona se vaya en cinco años no pague y no pase nada, porque no hay algo que la obligue a pagar”, dijo.
INTERFERIRÁ EN EL TURISMO
“No queremos ser alarmistas ni profetas del desastre, pero sí se tiene que entender que esto puede generar un problema interno mucho más grande”, mencionó el presidente de la Cámara. Al mismo tiempo hizo referencia al tema turístico, que también está resultando afectado. Detalló que ya han recibido casos de personas que han dado en alquiler inmuebles en la Isla de Margarita y posteriormente, no han podido sacar a los inquilinos, aun cuando todavía no se aprueba la ley.
PROPIETARIOS ESTÁN A LA ESPERA
Sinoe García, asesora de una inmobiliaria en Aragua, destacó que actualmente el mercado está paralizado, a la espera de lo que va a ocurrir con el proyecto de Ley de Arrendamiento. “Las personas no quieren alquilar hasta saber realmente lo que va a pasar de ser aprobada esta nueva ley, hay mucha incertidumbre”, dijo.
Agregó que de aprobarse, los artículos no deben ser aplicados como “matemática pura”; es decir, los propietarios podrían establecer acuerdos con inquilinos responsables en compañía de un abogado, donde se establezca un acuerdo que beneficie a ambas partes.
“Para nosotros los inmobiliarios, tanto el inquilino como el propietario son pieza fundamental del negocio”
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Inmobiliarios advierten que ley inhibirá fabricación de viviendas
Martini dijo que Ley arriesga inversión de constructores y anula parte de la renta
Los miedos parecen elevarse en el sector inmobiliario. El gremio que aglutina a los promotores de viviendas, advierte que la Ley de Arrendamientos le pondrá un “candado” a la construcción, ya que la obligación de ceder una porción de los inmuebles para alquiler, no solo violenta la propiedad privada, sino que expone a pérdida parte de la inversión.
El pronóstico lo hizo el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini. En una entrevista radial, precisó que la norma “empeora” la situación de las constructoras, que actualmente están aquejadas por falta de insumos e inseguridad jurídica, y ahora quedan sometidas a la discrecionalidad de un funcionario público para entregar un número indeterminado de viviendas para alquiler.
El apartado legal al que se refiere Martini fue el aprobado esta semana por la Asamblea Nacional (AN) donde se estipula que las constructoras deben obligatoriamente destinar inmuebles para el arrendamiento, en conformidad con lo que establezca el Ministerio de la Vivienda (artículo 73).
Otras disposiciones indican que los inmuebles serán alquilados a personas elegidas por el despacho Vivienda, el cual además impondrá el canon y el valor de la estructura cuando vaya a ser vendido al término de 10 años. “Para eso que confisquen la mitad del edificio y listo” sentenció Martini al decir que estas normas “inhibirán la construcción, ya que se desconoce cuántas viviendas deberán ser cedidas, lo cual pone en riesgo la inversión del constructor y anula parte de la rentabilidad”.
Depositarias en la mira
La Ley de Arrendamientos, actualmente en segunda discusión por la AN, la conforman 142 artículos, de los cuales 114 ya fueron aprobados y 28 apartados están diferidos, entre los que se cuentan los referidos a fijación del canon de alquiler.
Martini anticipa que el cerco legal se estrechará para el sector, por lo que los constructores dejarán de invertir. Agrega que las numerosas trabas redujeron 60% entre 2009 y 2010 los metros cuadrados permisados para edificar, que pasaron de 2 millones a 800 mil. En 2011, estima que caerá otro 50%, porque la cifra de metros autorizados no llega a 400 mil.
Aunado a la entrega de inmuebles para alquiler, expuso que será la Superintendencia de Vivienda la que avale la construcción, revisará los costos para fijar el alquiler, y además determinará el precio del inmueble para ser vendido. “Obligar a alquilar e imponer precios, es un riesgo muy elevado para el inversor”, dijo.
Aunque los inmobiliarios consideran que la Ley perjudicará a los futuros arrendatarios, porque no habrá oferta, la vocero de la Red Metropolitana de Inquilinos, Elizabeth Santos, descartó que el mercado de alquileres disminuya, sino por el contrario, se hará más justo. Argumentó que actualmente de nada vale la oferta, porque “los costos son tan elevados y desproporcionados que las familias no pueden pagarlos”. Anticipó que la regulación hará accesible la vivienda para todos.
Mientras la polémica persiste, la Red de Inquilinos, proponente de la Ley, avanza en ampliar el ámbito de aplicación. Roberto Orta, presidente de la Asociación de Inmuebles Urbanos, Apiur, informó que este viernes, el grupo aprobó solicitar a la AN incluir un capítulo que elimine las depositarias judiciales en materia de arrendamiento (que preservan bienes y enseres a desalojados) que están en manos privadas, y se cree una de propiedad estatal.
Análisis alterno
Son 28 artículos de La Ley de Arrendamientos que debate la AN, los que han sido diferidos. La Red Metropolitana de Inquilinos decidió este viernes crear una Mesa Técnica que estudie los apartados legales para elevar propuestas a la plenaria Legislativa. El grupo de inquilinos evaluará modificaciones en el método de cálculo de alquiler y en la protección del pequeño arrendador.
Eltiempo.com.ve
15-10-2011
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Los miedos parecen elevarse en el sector inmobiliario. El gremio que aglutina a los promotores de viviendas, advierte que la Ley de Arrendamientos le pondrá un “candado” a la construcción, ya que la obligación de ceder una porción de los inmuebles para alquiler, no solo violenta la propiedad privada, sino que expone a pérdida parte de la inversión.
El pronóstico lo hizo el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini. En una entrevista radial, precisó que la norma “empeora” la situación de las constructoras, que actualmente están aquejadas por falta de insumos e inseguridad jurídica, y ahora quedan sometidas a la discrecionalidad de un funcionario público para entregar un número indeterminado de viviendas para alquiler.
El apartado legal al que se refiere Martini fue el aprobado esta semana por la Asamblea Nacional (AN) donde se estipula que las constructoras deben obligatoriamente destinar inmuebles para el arrendamiento, en conformidad con lo que establezca el Ministerio de la Vivienda (artículo 73).
Otras disposiciones indican que los inmuebles serán alquilados a personas elegidas por el despacho Vivienda, el cual además impondrá el canon y el valor de la estructura cuando vaya a ser vendido al término de 10 años. “Para eso que confisquen la mitad del edificio y listo” sentenció Martini al decir que estas normas “inhibirán la construcción, ya que se desconoce cuántas viviendas deberán ser cedidas, lo cual pone en riesgo la inversión del constructor y anula parte de la rentabilidad”.
Depositarias en la mira
La Ley de Arrendamientos, actualmente en segunda discusión por la AN, la conforman 142 artículos, de los cuales 114 ya fueron aprobados y 28 apartados están diferidos, entre los que se cuentan los referidos a fijación del canon de alquiler.
Martini anticipa que el cerco legal se estrechará para el sector, por lo que los constructores dejarán de invertir. Agrega que las numerosas trabas redujeron 60% entre 2009 y 2010 los metros cuadrados permisados para edificar, que pasaron de 2 millones a 800 mil. En 2011, estima que caerá otro 50%, porque la cifra de metros autorizados no llega a 400 mil.
Aunado a la entrega de inmuebles para alquiler, expuso que será la Superintendencia de Vivienda la que avale la construcción, revisará los costos para fijar el alquiler, y además determinará el precio del inmueble para ser vendido. “Obligar a alquilar e imponer precios, es un riesgo muy elevado para el inversor”, dijo.
Aunque los inmobiliarios consideran que la Ley perjudicará a los futuros arrendatarios, porque no habrá oferta, la vocero de la Red Metropolitana de Inquilinos, Elizabeth Santos, descartó que el mercado de alquileres disminuya, sino por el contrario, se hará más justo. Argumentó que actualmente de nada vale la oferta, porque “los costos son tan elevados y desproporcionados que las familias no pueden pagarlos”. Anticipó que la regulación hará accesible la vivienda para todos.
Mientras la polémica persiste, la Red de Inquilinos, proponente de la Ley, avanza en ampliar el ámbito de aplicación. Roberto Orta, presidente de la Asociación de Inmuebles Urbanos, Apiur, informó que este viernes, el grupo aprobó solicitar a la AN incluir un capítulo que elimine las depositarias judiciales en materia de arrendamiento (que preservan bienes y enseres a desalojados) que están en manos privadas, y se cree una de propiedad estatal.
Análisis alterno
Son 28 artículos de La Ley de Arrendamientos que debate la AN, los que han sido diferidos. La Red Metropolitana de Inquilinos decidió este viernes crear una Mesa Técnica que estudie los apartados legales para elevar propuestas a la plenaria Legislativa. El grupo de inquilinos evaluará modificaciones en el método de cálculo de alquiler y en la protección del pequeño arrendador.
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Porcentaje de viviendas para alquilar se fijará en forma discrecional
Será un funcionario cualquiera, de manera discrecional, el que determinará cual es el porcentaje de viviendas que deberán levantar los constructores para dedicarlas al alquiler, lo cual genera gran incertidumbre en el sector inmobiliario y de la construcción.
El planteamiento lo hizo el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, al cuestionar la aprobación de nuevos artículos de la Ley de Arrendamiento por parte de la Asamblea Nacional.
-La situación es verdaderamente inquietante, porque en esa norma relativa a los constructores, que no solo los obliga a construir viviendas para alquilar, antes en un 25%, luego se bajó al 10%, más tarde lo eliminaron y dejaron a la libre discrecionalidad de un funcionario público cuánto es lo que se tiene que destinar para alquilar, pero no solo lo tiene que alquilar a la persona que diga la Superintendencia, sino al precio regulado que ellos fijen, pero además dentro de diez años hay que vendérselo obligatoriamente al precio que ellos decidan, lo mejor es que hablen claro y nos digan que nos van a confiscar la mitad de los edificios-, afirma.
Insiste que la norma en su contenido es inflexible, ya que si no se acepta lo que establece la norma, amenazan con expropiar, que es una práctica macabra de amedrentar.
Recuerda que hace menos de un mes, el Presidente dijo que se habían construido 55.000 viviendas; la semana pasada el ministro para la Vivienda y Hábitat dijo que se había construido el 78% de la meta; el presidente de Banavih dijo hace dos días que eran 40.000 y hoy sale el ministro asegurando que son 70 mil.
-Ahora bien, los informes del Banco Central de Venezuela sobre la construcción de viviendas más nunca los hicieron, uno busca estas viviendas y no aparecen; si la prioridad eran los damnificados, siguen apareciendo damnificados-, afirma.
Admite que muchos constructores, ante esta persecución y la satanización contra el sector y el lanzarlo al escarnio público, a diestra y siniestra no les ha quedado más remedio que irse, por cuanto su seguridad no está garantizada.
EL IMPULSO
15-10-2011
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-La situación es verdaderamente inquietante, porque en esa norma relativa a los constructores, que no solo los obliga a construir viviendas para alquilar, antes en un 25%, luego se bajó al 10%, más tarde lo eliminaron y dejaron a la libre discrecionalidad de un funcionario público cuánto es lo que se tiene que destinar para alquilar, pero no solo lo tiene que alquilar a la persona que diga la Superintendencia, sino al precio regulado que ellos fijen, pero además dentro de diez años hay que vendérselo obligatoriamente al precio que ellos decidan, lo mejor es que hablen claro y nos digan que nos van a confiscar la mitad de los edificios-, afirma.
Insiste que la norma en su contenido es inflexible, ya que si no se acepta lo que establece la norma, amenazan con expropiar, que es una práctica macabra de amedrentar.
Recuerda que hace menos de un mes, el Presidente dijo que se habían construido 55.000 viviendas; la semana pasada el ministro para la Vivienda y Hábitat dijo que se había construido el 78% de la meta; el presidente de Banavih dijo hace dos días que eran 40.000 y hoy sale el ministro asegurando que son 70 mil.
-Ahora bien, los informes del Banco Central de Venezuela sobre la construcción de viviendas más nunca los hicieron, uno busca estas viviendas y no aparecen; si la prioridad eran los damnificados, siguen apareciendo damnificados-, afirma.
Admite que muchos constructores, ante esta persecución y la satanización contra el sector y el lanzarlo al escarnio público, a diestra y siniestra no les ha quedado más remedio que irse, por cuanto su seguridad no está garantizada.
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Misión Vivienda ha construido 19.522 casas en Venezuela
Hasta la fecha se han construido 19.522 casas en Venezuela | Humberto Matheus
La ministra de las Comunas y Protección Social, Isis Ochoa, aseveró que los consejos comunales han asumido el compromiso de la autoconstrucción de viviendas y señaló que a través de este programa se están ejecutando en la actualidad 55 mil nuevas casas en el territorio nacional.
El Poder Popular, con asistencia técnica de diferentes instituciones del Estado venezolano, ha construido hasta la fecha 19.522 casas como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela, programa social que tiene como objetivo solucionar el déficit habitacional en el país.
La ministra de las Comunas y Protección Social, Isis Ochoa, acotó que los consejos comunales han asumido el compromiso de la autoconstrucción de viviendas y señaló que a través de este programa se están ejecutando en la actualidad 55 mil nuevas casas en el territorio nacional.
El Nacional
15-10-2011
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El Poder Popular, con asistencia técnica de diferentes instituciones del Estado venezolano, ha construido hasta la fecha 19.522 casas como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela, programa social que tiene como objetivo solucionar el déficit habitacional en el país.
La ministra de las Comunas y Protección Social, Isis Ochoa, acotó que los consejos comunales han asumido el compromiso de la autoconstrucción de viviendas y señaló que a través de este programa se están ejecutando en la actualidad 55 mil nuevas casas en el territorio nacional.
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