Inicio>EconomíaSidor produjo más de 232.000 toneladas de cabillas de enero a septiembre25−Oct 06:51 pm|AVNSidor indicó que en septiembre Pdvsa Industrial recibió 11.515 toneladas de cabillas, mientras que Fundacomunal obtuvo 1.021 toneladasLa empresa Sidor | Saúl RondónLa producción de cabillas en la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor) desde enero a septiembre de 2011 se ubicó en 232.158 toneladas, destinadas a las obras de infraestructura y viviendas en el territorio nacional.De acuerdo con información publicada por la acería estatal, con el objeto de brindar apoyo a la Gran Misión Vivienda Venezuela, en el transcurso del año se han entregado 39.361 toneladas de cabillas a la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (Fundacomunal) para la edificación de desarrollos habitacionales.De igual forma, se han suministrado 18.691 toneladas de este insumo a Pdvsa Industrial, filial de Petróleos de Venezuela, y 12.979 toneladas a la empresa constructora BZS de Venezuela, mediante un convenio con la República de Bielorrusia.Sidor indicó además que en septiembre Pdvsa Industrial recibió 11.515 toneladas de cabillas, mientras que Fundacomunal obtuvo 1.021 toneladas.
ElNacional.com
26-10-2011
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miércoles, 26 de octubre de 2011
Asamblea Nacional eliminó fórmula que fija precios de viviendas
La polémica no abandona la discusión de la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas. Este martes, cuando la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) retomó el debate de la norma, el oficialismo aprobó la incorporación de dos nuevos capítulos (residencias estudiantiles y defensoría), y la eliminación de la fórmula para determinar el precio de los inmuebles, del cual se desprenderá el alquiler. El diputado del Psuv, Elio Serrano, propuso fusionar los apartados 61 y 62 −método de cálculo para valorar los inmuebles−, y delegar en la Superintendencia de Viviendas, la fijación del precio de las unidades según los siguientes parámetros: valor de reposición (costo de construir la casa en los actuales momentos), dimensiones del inmueble, valor de depreciación, vulnerabilidad sísmica, región geográfica y "cualquier otro elemento que considere el funcionario". Para los legisladores opositores Juan Carlos Caldera (Primero Justicia) y Leomagno Flores (AD), el artículo otorga discrecionalidad a la Superintendencia para determinar los costos. "Esa redacción deja en manos del funcionario, a su real saber y entender, desechar los cinco criterios de la ley y recurrir a otros que, en su opinión, sean mejores", dijo Flores; al tiempo que el dirigente aurinegro agregó "la fórmula debe estar expresa en la ley. Pedimos que el artículo sea diferido". En esta misma línea, la independiente María Corina Machado agregó que la propuesta destruye la propiedad privada. El primer vicepresidente de la AN, Aristóbulo Istúriz, insistió en que con el instrumento, compuesto de 142 artículos, no está en juego la propiedad privada, y la nueva redacción fue aprobada. Nuevos capítulos Previo a la discusión de los apartados 61 y 62, la AN además aprobó modificar el margen de ganancia de los alquileres (artículo 66). De ser una utilidad única de 3%, quedó entre este porcentaje y 5%, rango que retoma la propuesta inicial. La Ley vigente la establece entre 6% y 9%. También los legisladores incorporaron dos nuevos capítulos a la ley. En la sección tercera se creó el Sistema Nacional de Defensa del Derecho a la Vivienda, el cual será coordinado por la Defensa Pública de alquiler, en aras de proteger al débil jurídico, es decir, al inquilino. El diputado Leomagno Flores acusó que se crea una especie de híbrido entre la "fiscalía inmobiliaria" y una defensoría que atiende a una sola de las partes, el arrendatario, cuando la ley garantiza la igualdad. En contraparte, el pesuvista Algencio Monasterios, indicó que la Defensa Pública en materia inquilinaria ya existe, y que la ley refuerza la figura. En el texto también se incorporó un capítulo denominado "De las viviendas estudiantiles", el cual establece en su artículo 54, que los arrendadores de vivienda estudiantil deben registrarse en la Superintendencia. Quedó establecido que la duración de estos contratos deberán ser por el tiempo de estudios.
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AN aprueba artículo relativo a la fijación del canon de alquiler
Queda a la discrecionalidad del Estado la valoración de un inmueblePese a los intentos de los diputados de oposición por diferir nuevamente la aprobación del artículo 61 del proyecto de Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas, referidos a la fijación y determinación del canon de arrendamiento, la bancada oficialista le dio el visto bueno a la disposición, durante la sesión plenaria realizada este martes en la Asamblea Nacional.El citado artículo deja a la discrecionalidad de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento la valoración del precio de un inmueble para su alquiler, lo cual generó un debate acalorado durante buena parte de la sesión parlamentaria.El diputado Juan Carlos Caldera (PJ) rechazó tal discrecionalidad y exigió que la fórmula matemática para el cálculo del canon estuviese especificada en el mismo artículo. Sin embargo, su petición no fue escuchada.El primer vicepresidente de la AN, Aristóbulo Istúriz, consideró que la fórmula no puede ser incluida en la ley sino en el reglamento que el Ejecutivo deberá aprobar con posterioridad.María Corina Machado (independiente) también se opuso a la aprobación de esta normativa. La legisladora considera que el artículo "destruye la propiedad".Por su parte, el diputado Alfonso Marquina (UNT) recordó que "de la discrecionalidad a la arbitrariedad hay solamente un paso".Los defensores del proyecto también esgrimieron sus argumentos. El parlamentario Elio Serrano (PSUV) argumentó que la determinación del valor del inmueble se deja en manos de un funcionario "para que sea justo el cálculo y no el del mercado especulativo (…) Estamos proponiendo contrarrestar el mercado especulativo con las condiciones que colocamos para la valoración del inmueble".Los criterios de los que habla el parlamentario para valorar el inmueble se encuentran definidos en el mismo artículo, el cual contempla entre otros elementos: el valor actual de la construcción, la dimensión de la infraestructura, la vida útil del inmueble, la vulnerabilidad sísmica de la zona y la ubicación geográfica, así como los demás aspectos que considere la Superintendencia Nacional de Arrendamiento.Durante la sesión se aprobaron, además, las normativas que tienen que ver con las residencias estudiantiles, con los depósitos de los alquileres y con las atribuciones de la Defensoría Pública en protección de sus representados.Aunque la bancada oficialista tenía previsto terminar ayer la discusión del proyecto, el debate fue suspendido a las 9:00 de la noche y diferido para el próximo jueves.Con información de Yaneth FernándezALEJANDRA M. HERNÁNDEZ F. | EL UNIVERSAL
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Congelar los alquileres acrecienta el déficit habitacional
El presidente de la Cámara de Bienes Raíces, Felipe Martínez, considera que con la prórroga del decreto de congelación de arrendamientos “se incurre en el error del 2003 cuando se aplicó la medida con la diferencia de que en aquella oportunidad había una situación explicable o razonable, esta vez no”.
Dijo en Actualidad de Unión Radio que los indicadores económicos como el salario mínimo y las condiciones eran diferentes. Además los arrendadores están alquilando a pérdida. “Los mas afectados son los inquilinos porque es el propietario quien no tiene para mantener la calidad de la infraestructura y quien sufre en su calidad de vida son quienes residente en el inmueble”.
Rechazan que se haga control en todos los casos, pues aunque avalan el control ante los abusadores "no se puede criminalizar en todos” y debe ser una relación “ganar - ganar”.
A su juicio, cuando la balanza pesa más hacia determinado lado “la tendencia se inclina hacia la desaparición del mercado de arrendamiento y al desaparecer como solución se acrecenta el déficit habitacional”.
Unionradio.net
25-10-2011
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Rechazan que se haga control en todos los casos, pues aunque avalan el control ante los abusadores "no se puede criminalizar en todos” y debe ser una relación “ganar - ganar”.
A su juicio, cuando la balanza pesa más hacia determinado lado “la tendencia se inclina hacia la desaparición del mercado de arrendamiento y al desaparecer como solución se acrecenta el déficit habitacional”.
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El estacionamiento es la calle
En las calles de la ciudad los fiscales de tránsito terrestre remolcan vehículos y aplican multas exorbitantes a los ciudadanos que paran en las calles por la falta de estacionamientos en la ciudad.
La expropiación de más de cien estacionamientos y de pequeños parqueaderos en la ciudad produjo un déficit de 750 mil puestos en Caracas, según cifras de la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Garajes y Estacionamientos (Anpage).
Esa medida, ejecutada por orden de la Presidencia, y avalada por la Alcaldía de Libertador y el Gobierno del Distrito Capital, dejó a 200 vecinos de La Vega sin espacios para estacionar, resaltó Raquel Acosta, vocera comunal de la parroquia.
En calles angostas, plazas y aceras, decenas de vecinos estacionan sus vehículos en perjuicio del paso peatonal y vehicular en una ya congestionada parroquia La Vega. Acosta afirmó que en los estacionamientos expropiados "Zoraida" y "Rosángela" se construirán 72 nuevas viviendas para los damnificados por las lluvias de diciembre 2010, "las cuales no contarán con estacionamiento. "En la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe) informan que en socialismo no hace falta vehículo", indicó.
José Carrillo, vecino de La Vega, señaló que parte de la comunidad deja sus autos en parqueaderos de otras parroquias. "Muchas veces no hay puestos y dejamos el carro en la calle, a riesgo de que te roben. Eso ha aumentado el hurto de vehículos y los asaltos a mano armada de personas que dejan el carro afuera y deben tomar camioneta para ir a casa", dijo.
Las expropiaciones de estacionamientos para construir viviendas se realizaron mayormente en las parroquias La Vega, Candelaria, Santa Rosalía, Altagracia, San José, El Recreo y Sucre. A eso se suma la toma de parqueaderos y terrenos en los municipios Chacao, Sucre, El Hatillo y Baruta.
"A las 10 am los pocos estacionamientos que quedan están copados. Hoy se utilizan kilómetros de vías públicas para estacionar, a riesgo de que te remolquen y apliquen multas exorbitantes. Eso genera colas de más de una hora en el centro", resaltó Benigno Luis Marcos, presidente de Anpage.
Marcos indicó que más de 90% de los pequeños propietarios de los terrenos y bienhechurías de los estacionamientos expropiados en Caracas se quedaron en la ruina. "Hasta ahora nadie ha recibido un centavo del Estado por expropiación. Pedimos una entrevista hace más de un mes al alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, y a la fecha no da respuesta".
"En Santa Rosalía y Santa Teresa no hay dónde parquear. Vecinos y trabajadores paran sus autos en Parque Central. A la salida con frecuencia los atracan", dijo Marcos. El presidente de Anpage agregó que a las expropiaciones se suma la quiebra de decenas de garajes por la regulación de tarifas (Bs 1 la hora). "A los alquilados los están embargando por falta de pago y la ciudad pierde más estacionamientos. Tendremos a Caracas con más viviendas y menos parqueaderos", culminó.
En Santa Rosalía, Maigualida Rivera, vocera comunal, afirmó que algunos vecinos alquilan espacios en garajes de tiendas o residencias para no dejar el auto en la calle.
Ángelo Federico, dueño del ex estacionamiento "Rosángela", que quedaba en La Vega, informó que el Estado no le pagó y hoy busca dar clases para mantener a su familia. Mientras que Alí Velásquez, dueño de Multiservicios "El Gran Atahualpa", en Santa Rosalía, terminó vendiendo aceite en las calles para sobrevivir y pagar sus deudas (hoy retrasadas) a la banca privada.
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Esa medida, ejecutada por orden de la Presidencia, y avalada por la Alcaldía de Libertador y el Gobierno del Distrito Capital, dejó a 200 vecinos de La Vega sin espacios para estacionar, resaltó Raquel Acosta, vocera comunal de la parroquia.
En calles angostas, plazas y aceras, decenas de vecinos estacionan sus vehículos en perjuicio del paso peatonal y vehicular en una ya congestionada parroquia La Vega. Acosta afirmó que en los estacionamientos expropiados "Zoraida" y "Rosángela" se construirán 72 nuevas viviendas para los damnificados por las lluvias de diciembre 2010, "las cuales no contarán con estacionamiento. "En la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe) informan que en socialismo no hace falta vehículo", indicó.
José Carrillo, vecino de La Vega, señaló que parte de la comunidad deja sus autos en parqueaderos de otras parroquias. "Muchas veces no hay puestos y dejamos el carro en la calle, a riesgo de que te roben. Eso ha aumentado el hurto de vehículos y los asaltos a mano armada de personas que dejan el carro afuera y deben tomar camioneta para ir a casa", dijo.
Las expropiaciones de estacionamientos para construir viviendas se realizaron mayormente en las parroquias La Vega, Candelaria, Santa Rosalía, Altagracia, San José, El Recreo y Sucre. A eso se suma la toma de parqueaderos y terrenos en los municipios Chacao, Sucre, El Hatillo y Baruta.
"A las 10 am los pocos estacionamientos que quedan están copados. Hoy se utilizan kilómetros de vías públicas para estacionar, a riesgo de que te remolquen y apliquen multas exorbitantes. Eso genera colas de más de una hora en el centro", resaltó Benigno Luis Marcos, presidente de Anpage.
Marcos indicó que más de 90% de los pequeños propietarios de los terrenos y bienhechurías de los estacionamientos expropiados en Caracas se quedaron en la ruina. "Hasta ahora nadie ha recibido un centavo del Estado por expropiación. Pedimos una entrevista hace más de un mes al alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, y a la fecha no da respuesta".
"En Santa Rosalía y Santa Teresa no hay dónde parquear. Vecinos y trabajadores paran sus autos en Parque Central. A la salida con frecuencia los atracan", dijo Marcos. El presidente de Anpage agregó que a las expropiaciones se suma la quiebra de decenas de garajes por la regulación de tarifas (Bs 1 la hora). "A los alquilados los están embargando por falta de pago y la ciudad pierde más estacionamientos. Tendremos a Caracas con más viviendas y menos parqueaderos", culminó.
En Santa Rosalía, Maigualida Rivera, vocera comunal, afirmó que algunos vecinos alquilan espacios en garajes de tiendas o residencias para no dejar el auto en la calle.
Ángelo Federico, dueño del ex estacionamiento "Rosángela", que quedaba en La Vega, informó que el Estado no le pagó y hoy busca dar clases para mantener a su familia. Mientras que Alí Velásquez, dueño de Multiservicios "El Gran Atahualpa", en Santa Rosalía, terminó vendiendo aceite en las calles para sobrevivir y pagar sus deudas (hoy retrasadas) a la banca privada.
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Hoy continuará segunda discusión de la Ley de Arrendamiento
La plenaria de la Asamblea Nacional (AN) continuará este martes en sesión ordinaria la segunda discusión del proyecto de Ley sobre Donación y Transplante de Órganos, Tejidos y Células en Seres Humanos, instrumento que cuenta con 40 artículos aprobados.
Este martes también se abordará el proyecto de Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Vivienda, que ya ha sido discutido en varias sesiones y del cual se han aprobado 142 artículos.
La segunda discusión de esta normativa inició el pasado 20 de septiembre, oportunidad en la que los diputados aprobaron los primeros 3 artículos.
En el orden del día se contempla también la segunda discusión del Proyecto de Código Orgánico Penitenciario y la autorización para la ejecución de seis créditos adicionales a los ministerios del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (Mppsp) y para la Cultura (Mppc); para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); el Consejo Federal de Gobierno y la Vicepresidencia de la República.
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En el orden del día se contempla también la segunda discusión del Proyecto de Código Orgánico Penitenciario y la autorización para la ejecución de seis créditos adicionales a los ministerios del Poder Popular para el Servicio Penitenciario (Mppsp) y para la Cultura (Mppc); para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); el Consejo Federal de Gobierno y la Vicepresidencia de la República.
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Bs.F 1 mil 500 costará máximo el metro de viviendas alquiladas
Rígel Sergent dijo que antigüedad y áreas comunes definen valor del metro cuadrado
La Red Metropolitana de Inquilinos, autorizada por el Ejecutivo para negociar la venta de 100 edificios dedicados al alquiler en el área Metropolitana de Caracas, definió que el costo de los inmuebles será determinado por el metro cuadrado, el cual estará entre Bs.F 900 y Bs.F 1 mil 500.
El rango del metraje fue revelado por el vocero de este colectivo, Rígel Sergent, quien explicó que la definición estuvo sujeta a la antigüedad de los edificios y las áreas comunes. “Partiendo de ese valor del metro cuadrado es que se fijará el precio de las viviendas o apartamentos”, sostuvo.
Dijo que, hasta el momento, los propietarios de 70 edificios han consignado los documentos de los inmuebles de vieja data que el presidente Hugo Chávez ordenó vender en mayo pasado, pues además de la construcción, la adquisición de viviendas usadas será impulsada para mermar el déficit.
Aunque Sergent indicó que concretado el metraje y la consignación de documentos, el paso que prosigue es ejecutar la transacción de compra venta, hasta ahora se desconocen los lineamientos que seguirá la Vicepresidencia de la República, instancia encargada de mediar en el proceso.
El esquema que está siendo aplicado en estas edificaciones, también está contemplado en la Ley de Regularización de los Arrendamientos que discute la Asamblea Nacional (AN). Una disposición ordena a los dueños de edificios de vieja data alquilados, a vender sus propiedades, so pena de expropiación. Resta que la AN defina la fecha que calificará de antiguo a un inmueble.
Réplica nacional
El traspaso de inmuebles alquilados, como el que está en proceso en Caracas, según la Red de Inquilinos afectará a otros 2 mil 500 edificios en esta ciudad, y unos 3 mil en todo el país. El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, no dudó en señalar que ese valor del metro cuadrado será también usado para fijar el precio de los inmuebles que la nueva Ley obligará a poner en venta.
Al evaluar el rango del metraje, sentenció que es “absurdo”, ya que el costo de construcción (sin incluir urbanismo y propiedad del terreno) promedia en el país Bs.F 3 mil. Agregó que, en el caso de Caracas, la cifra asciende a Bs. F 5 mil como mínimo, cuando se consideran todos los elementos de valoración. En Puerto La Cruz (Anzoátegui), el costo tiene una base de Bs.F 2 mil el metro cuadrado.
Para Martini, la ubicación, año de construcción, si es edificio o casa, número de pisos y estado físico del inmueble, fijan el valor de la vivienda.
De aprobarse el metraje sugerido, dijo que un apartamento de 50 metros, pasaría a costar de Bs.F 500 mil a Bs.F 120 mil. “La pérdida del patrimonio familiar sería dramática”, advirtió Martini.
Mientras se avanza en el proceso de adquisición forzada de unidades habitacionales, el Ejecutivo prosigue con el control del mercado inmobiliario.
La Gaceta Oficial 39.783, de fecha 21 de octubre y que circulará este lunes, publica la resolución conjunta de los ministerios de Comercio y de Vivienda, con la cual se prorroga por seis meses el congelamiento de alquileres en viviendas construidas hasta 1987. La medida estará vigente desde este 15 de octubre y hasta el 15 de abril de 2012.
Con la nueva extensión, suman más de ocho años de la medida. Desde mayo de 2003, el Ejecutivo decidió congelar los precios de los arrendamientos sobre la base de los cánones de noviembre de 2002.
País dividido
La Red Metropolitana de Inquilinos, proponente de la Ley de Arrendamientos, evalúa dividir en ocho zonas geográficas al país para incluir la ubicación en el cálculo de los alquileres. Su vocero, Rígel Sergent, indicó que esta metodología establecería diferencias en los cánones por entidades, más esto no implicará arriendos diferentes en una misma localidad.
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El rango del metraje fue revelado por el vocero de este colectivo, Rígel Sergent, quien explicó que la definición estuvo sujeta a la antigüedad de los edificios y las áreas comunes. “Partiendo de ese valor del metro cuadrado es que se fijará el precio de las viviendas o apartamentos”, sostuvo.
Dijo que, hasta el momento, los propietarios de 70 edificios han consignado los documentos de los inmuebles de vieja data que el presidente Hugo Chávez ordenó vender en mayo pasado, pues además de la construcción, la adquisición de viviendas usadas será impulsada para mermar el déficit.
Aunque Sergent indicó que concretado el metraje y la consignación de documentos, el paso que prosigue es ejecutar la transacción de compra venta, hasta ahora se desconocen los lineamientos que seguirá la Vicepresidencia de la República, instancia encargada de mediar en el proceso.
El esquema que está siendo aplicado en estas edificaciones, también está contemplado en la Ley de Regularización de los Arrendamientos que discute la Asamblea Nacional (AN). Una disposición ordena a los dueños de edificios de vieja data alquilados, a vender sus propiedades, so pena de expropiación. Resta que la AN defina la fecha que calificará de antiguo a un inmueble.
Réplica nacional
El traspaso de inmuebles alquilados, como el que está en proceso en Caracas, según la Red de Inquilinos afectará a otros 2 mil 500 edificios en esta ciudad, y unos 3 mil en todo el país. El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, no dudó en señalar que ese valor del metro cuadrado será también usado para fijar el precio de los inmuebles que la nueva Ley obligará a poner en venta.
Al evaluar el rango del metraje, sentenció que es “absurdo”, ya que el costo de construcción (sin incluir urbanismo y propiedad del terreno) promedia en el país Bs.F 3 mil. Agregó que, en el caso de Caracas, la cifra asciende a Bs. F 5 mil como mínimo, cuando se consideran todos los elementos de valoración. En Puerto La Cruz (Anzoátegui), el costo tiene una base de Bs.F 2 mil el metro cuadrado.
Para Martini, la ubicación, año de construcción, si es edificio o casa, número de pisos y estado físico del inmueble, fijan el valor de la vivienda.
De aprobarse el metraje sugerido, dijo que un apartamento de 50 metros, pasaría a costar de Bs.F 500 mil a Bs.F 120 mil. “La pérdida del patrimonio familiar sería dramática”, advirtió Martini.
Mientras se avanza en el proceso de adquisición forzada de unidades habitacionales, el Ejecutivo prosigue con el control del mercado inmobiliario.
La Gaceta Oficial 39.783, de fecha 21 de octubre y que circulará este lunes, publica la resolución conjunta de los ministerios de Comercio y de Vivienda, con la cual se prorroga por seis meses el congelamiento de alquileres en viviendas construidas hasta 1987. La medida estará vigente desde este 15 de octubre y hasta el 15 de abril de 2012.
Con la nueva extensión, suman más de ocho años de la medida. Desde mayo de 2003, el Ejecutivo decidió congelar los precios de los arrendamientos sobre la base de los cánones de noviembre de 2002.
País dividido
La Red Metropolitana de Inquilinos, proponente de la Ley de Arrendamientos, evalúa dividir en ocho zonas geográficas al país para incluir la ubicación en el cálculo de los alquileres. Su vocero, Rígel Sergent, indicó que esta metodología establecería diferencias en los cánones por entidades, más esto no implicará arriendos diferentes en una misma localidad.
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Cédulas hipotecarias aportarán Bs 6.000 millones para la Misión Vivienda
avn.info.ve
A través de la emisión de cédulas hipotecarias por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), el Estado obtendrá 6.000 millones de bolívares a corto plazo que permitirán financiar la ejecución de obras de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
La propuesta fue presentada la tarde de este lunes ante representantes de las entidades financieras por las autoridades del Banavih y el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, en la sede del banco en Caracas.
La banca pública y privada adquirirá las cédulas, que emitirá el Banavih con respaldo de la cartera de créditos vigente, otorgada con recursos del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV). Este fondo está constituido por aportes obligatorios efectuados por los trabajadores bajo dependencia y sus patronos. Equivale a 3% del salario integral del empleado: 1% es retenido del sueldo de la persona y 2% lo consigna el empleador.
El ministro indicó que esta emisión de títulos permitirá obtener recursos para la construcción de la cartera hipotecaria que aún no ha sido ejecutada, además de que da una señal importante de la estabilidad económica del país.
Precisó Molina que para efectuar la emisión sólo resta la autorización del Banco Central de Venezuela (BCV), lo que estimó que debe producirse en una semana.
Explicó que estos 6.000 millones de bolívares formarán parte de los 57.000 millones previstos para la Gran Misión Vivienda Venezuela, un programa del Estado venezolano que tiene como meta construir 2 millones de unidades habitacionales entre 2011 y 2017.
Ya la banca dispuso de unos 10.000 millones de bolívares para la Misión Vivienda, a través de la reducción del encaje legal, que es la porción de depósitos que los bancos deben reservar en el BCV.
"Nos interesa garantizar un flujo financiero para que las obras puedan avanzar como se debe", manifestó Molina ante los banqueros.
La Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat de 2008 permite al Banavih desarrollar modalidades del mercado secundario de créditos hipotecarios, con el objeto de destinar nuevos recursos al otorgamiento de financiamientos.
Las cédulas tendrán un plazo de 10 años, una tasa de interés de 2% anual fija, que puede revisarse; y un monto mínimo de negociación de 1.000 bolívares.
La firma Softline Ratings, calificadora de riesgo, estimó positivamente esta emisión, con categoría A y subcategoría A2.
La adjudicación de las cédulas a los bancos se efectuará conforme al tamaño de la cartera hipotecaria que manejan las distintas entidades.
ABV: Propuesta favorable
Una evaluación positiva de la propuesta de emisión de las cédulas hizo el director ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), José Grasso Vecchio.
"Creo que la propuesta es buena, interesante, se hicieron las auditorías del caso. Es una oportunidad para que los bancos den su cuota para la cartera obligatoria. Las condiciones, la forma de amortización y los términos propuestos son favorables y muy aceptables", expresó al término del encuentro.
Confió en que las instituciones financieras adquirirán estos instrumentos. "Esto es bien importante porque abre la puerta para usar este tipo de mecanismos con más frecuencia, para generar un mercado de mediano y largo plazo, muy importante para el tema inmobiliario".
Señaló que, aunque no sea necesariamente con estos títulos, es importante crear mercados de largo plazo que pueden ser una fuente para que ahorristas e inversionistas puedan adquirir sus papeles y no solamente las instituciones financieras.
"Podría abrirse un mercado interesante de nuevos instrumentos que puedan ir más allá. En los (años) 60 hubo un desarrollo importante de las cédulas hipotecarias de la mano de la banca hipotecaria. Esta es una oportunidad buena para dar pasos, a fin de rescatar un mercado de mediano y largo plazo en este tema", expresó.
Asimismo, expuso que la banca privada exhibe valores "favorables y positivos" en cuanto al otorgamiento de créditos hipotecarios y que se esfuerza en cumplir todas las carteras dirigidas.
"Resolver el déficit habitacional es una tarea de todos los venezolanos. Las solicitudes de créditos muestran valores favorables y positivos. La banca privada respalda el tema de vivienda", agregó.
En la cita igualmente estuvo presente el ministro de Estado para la Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, quien preside también el Banco de Venezuela y el Banco del Tesoro.
Manifestó en el encuentro la satisfacción de las entidades estatales con esta propuesta de las cédulas hipotecarias y apuntó que para la banca pública corresponden títulos por 1.200 millones de bolívares.
Agencia Venezolana de Noticias
25-10-2011
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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A través de la emisión de cédulas hipotecarias por el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), el Estado obtendrá 6.000 millones de bolívares a corto plazo que permitirán financiar la ejecución de obras de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
La propuesta fue presentada la tarde de este lunes ante representantes de las entidades financieras por las autoridades del Banavih y el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, en la sede del banco en Caracas.
La banca pública y privada adquirirá las cédulas, que emitirá el Banavih con respaldo de la cartera de créditos vigente, otorgada con recursos del Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV). Este fondo está constituido por aportes obligatorios efectuados por los trabajadores bajo dependencia y sus patronos. Equivale a 3% del salario integral del empleado: 1% es retenido del sueldo de la persona y 2% lo consigna el empleador.
El ministro indicó que esta emisión de títulos permitirá obtener recursos para la construcción de la cartera hipotecaria que aún no ha sido ejecutada, además de que da una señal importante de la estabilidad económica del país.
Precisó Molina que para efectuar la emisión sólo resta la autorización del Banco Central de Venezuela (BCV), lo que estimó que debe producirse en una semana.
Explicó que estos 6.000 millones de bolívares formarán parte de los 57.000 millones previstos para la Gran Misión Vivienda Venezuela, un programa del Estado venezolano que tiene como meta construir 2 millones de unidades habitacionales entre 2011 y 2017.
Ya la banca dispuso de unos 10.000 millones de bolívares para la Misión Vivienda, a través de la reducción del encaje legal, que es la porción de depósitos que los bancos deben reservar en el BCV.
"Nos interesa garantizar un flujo financiero para que las obras puedan avanzar como se debe", manifestó Molina ante los banqueros.
La Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat de 2008 permite al Banavih desarrollar modalidades del mercado secundario de créditos hipotecarios, con el objeto de destinar nuevos recursos al otorgamiento de financiamientos.
Las cédulas tendrán un plazo de 10 años, una tasa de interés de 2% anual fija, que puede revisarse; y un monto mínimo de negociación de 1.000 bolívares.
La firma Softline Ratings, calificadora de riesgo, estimó positivamente esta emisión, con categoría A y subcategoría A2.
La adjudicación de las cédulas a los bancos se efectuará conforme al tamaño de la cartera hipotecaria que manejan las distintas entidades.
ABV: Propuesta favorable
Una evaluación positiva de la propuesta de emisión de las cédulas hizo el director ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), José Grasso Vecchio.
"Creo que la propuesta es buena, interesante, se hicieron las auditorías del caso. Es una oportunidad para que los bancos den su cuota para la cartera obligatoria. Las condiciones, la forma de amortización y los términos propuestos son favorables y muy aceptables", expresó al término del encuentro.
Confió en que las instituciones financieras adquirirán estos instrumentos. "Esto es bien importante porque abre la puerta para usar este tipo de mecanismos con más frecuencia, para generar un mercado de mediano y largo plazo, muy importante para el tema inmobiliario".
Señaló que, aunque no sea necesariamente con estos títulos, es importante crear mercados de largo plazo que pueden ser una fuente para que ahorristas e inversionistas puedan adquirir sus papeles y no solamente las instituciones financieras.
"Podría abrirse un mercado interesante de nuevos instrumentos que puedan ir más allá. En los (años) 60 hubo un desarrollo importante de las cédulas hipotecarias de la mano de la banca hipotecaria. Esta es una oportunidad buena para dar pasos, a fin de rescatar un mercado de mediano y largo plazo en este tema", expresó.
Asimismo, expuso que la banca privada exhibe valores "favorables y positivos" en cuanto al otorgamiento de créditos hipotecarios y que se esfuerza en cumplir todas las carteras dirigidas.
"Resolver el déficit habitacional es una tarea de todos los venezolanos. Las solicitudes de créditos muestran valores favorables y positivos. La banca privada respalda el tema de vivienda", agregó.
En la cita igualmente estuvo presente el ministro de Estado para la Banca Pública, Rodolfo Marco Torres, quien preside también el Banco de Venezuela y el Banco del Tesoro.
Manifestó en el encuentro la satisfacción de las entidades estatales con esta propuesta de las cédulas hipotecarias y apuntó que para la banca pública corresponden títulos por 1.200 millones de bolívares.
Agencia Venezolana de Noticias
25-10-2011
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Gran Misión Vivienda Venezuela será prioridad en 2012
Hasta la fecha se han construido 19.522 casas en Venezuela | Humberto Matheus
La Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), el programa del Estado anunciado en abril de 2011 para impulsar la construcción y dotar de un techo a cada familia del país, tendrá prioridad el próximo año, según lo establece el Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012, que presentó el Ejecutivo Nacional ante el Parlamento el jueves pasado para su aprobación.
Dentro de los proyectos prioritarios para el año entrante, de acuerdo con las directrices del Plan Operativo Anual 2012, figura la edificación de viviendas asociadas a espacios productivos, así como la generación de insumos para la construcción.
"Las acciones en materia de vivienda y hábitat se orientarán a la construcción y el financiamiento de los planes, proyectos y acciones habitacionales requeridos por la Gran Misión Vivienda Venezuela, con la finalidad de otorgar viviendas dignas al pueblo venezolano", expresa la Exposición de Motivos del Presupuesto de la Nación.
La estimación de gastos de 2012 de la República asciende a 297.836,70 millones de bolívares. De esa cifra, 115.717,6 millones están destinados a sectores sociales. En este aparte se incluyen 3.253,2 millones de bolívares para vivienda, desarrollo urbano y servicios conexos.
En específico, para el Ministerio para la Vivienda y Hábitat se destinarán 2.649 millones de bolívares, que representan 0,9% del total del Presupuesto. La meta del próximo año, según ha anunciado el presidente Hugo Chávez, es levantar 200.000 unidades habitacionales. En siete años, el objetivo es alcanzar las 2 millones de viviendas.
Para la Gran Misión Vivienda Venezuela había recursos asignados por 57.000 millones de bolívares hasta julio pasado, a los cuales el presidente Hugo Chávez, a principios de octubre, sumó un nuevo crédito adicional por 5.877 millones de bolívares.
De igual manera, como parte de los lineamientos para los gastos de inversión en 2012, uno de los más importantes es el fortalecimiento de la Misión Vivienda, en particular para beneficiar a damnificados por lluvias -quienes residen en zonas de alto riesgo- las personas de menores recursos y parejas jóvenes. Además, se prevé que esto dinamice la construcción y, a su vez, el crecimiento de la economía.
El Presupuesto también destaca la importancia del Plan Siderúrgico Nacional, que busca promover la producción de los insumos para abastecer la demanda nacional de cabillas, aunado el financiamiento con China acordado para la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor), con el fin de crear una planta de mallas electrosoldadas para viviendas.
El proyecto de Presupuesto señala que el Ministerio para las Industrias Básicas y Minería debe garantizar el suministro de los materiales para la construcción de viviendas.
Asimismo, se incluye el impulso a la Empresa Nacional de Obras Públicas, creada el 24 de agosto de 2011. Este organismo "procurará el componente humano y medios tecnológicos e industriales para fortalecer las capacidades reales de ejecución directa y masiva del Estado, de los proyectos de vivienda, infraestructura, vialidad y hábitat, y el desarrollo de la industria de la construcción a gran escala".
Esta compañía nacerá con 6.025 máquinas adquiridas en China, de las que 223 ya están en el país.
El Nacional
25-10-2011
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La Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), el programa del Estado anunciado en abril de 2011 para impulsar la construcción y dotar de un techo a cada familia del país, tendrá prioridad el próximo año, según lo establece el Proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2012, que presentó el Ejecutivo Nacional ante el Parlamento el jueves pasado para su aprobación.
Dentro de los proyectos prioritarios para el año entrante, de acuerdo con las directrices del Plan Operativo Anual 2012, figura la edificación de viviendas asociadas a espacios productivos, así como la generación de insumos para la construcción.
"Las acciones en materia de vivienda y hábitat se orientarán a la construcción y el financiamiento de los planes, proyectos y acciones habitacionales requeridos por la Gran Misión Vivienda Venezuela, con la finalidad de otorgar viviendas dignas al pueblo venezolano", expresa la Exposición de Motivos del Presupuesto de la Nación.
La estimación de gastos de 2012 de la República asciende a 297.836,70 millones de bolívares. De esa cifra, 115.717,6 millones están destinados a sectores sociales. En este aparte se incluyen 3.253,2 millones de bolívares para vivienda, desarrollo urbano y servicios conexos.
En específico, para el Ministerio para la Vivienda y Hábitat se destinarán 2.649 millones de bolívares, que representan 0,9% del total del Presupuesto. La meta del próximo año, según ha anunciado el presidente Hugo Chávez, es levantar 200.000 unidades habitacionales. En siete años, el objetivo es alcanzar las 2 millones de viviendas.
Para la Gran Misión Vivienda Venezuela había recursos asignados por 57.000 millones de bolívares hasta julio pasado, a los cuales el presidente Hugo Chávez, a principios de octubre, sumó un nuevo crédito adicional por 5.877 millones de bolívares.
De igual manera, como parte de los lineamientos para los gastos de inversión en 2012, uno de los más importantes es el fortalecimiento de la Misión Vivienda, en particular para beneficiar a damnificados por lluvias -quienes residen en zonas de alto riesgo- las personas de menores recursos y parejas jóvenes. Además, se prevé que esto dinamice la construcción y, a su vez, el crecimiento de la economía.
El Presupuesto también destaca la importancia del Plan Siderúrgico Nacional, que busca promover la producción de los insumos para abastecer la demanda nacional de cabillas, aunado el financiamiento con China acordado para la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor), con el fin de crear una planta de mallas electrosoldadas para viviendas.
El proyecto de Presupuesto señala que el Ministerio para las Industrias Básicas y Minería debe garantizar el suministro de los materiales para la construcción de viviendas.
Asimismo, se incluye el impulso a la Empresa Nacional de Obras Públicas, creada el 24 de agosto de 2011. Este organismo "procurará el componente humano y medios tecnológicos e industriales para fortalecer las capacidades reales de ejecución directa y masiva del Estado, de los proyectos de vivienda, infraestructura, vialidad y hábitat, y el desarrollo de la industria de la construcción a gran escala".
Esta compañía nacerá con 6.025 máquinas adquiridas en China, de las que 223 ya están en el país.
El Nacional
25-10-2011
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