Queda a la discrecionalidad del Estado la valoración de un inmueblePese a los intentos de los diputados de oposición por diferir nuevamente la aprobación del artículo 61 del proyecto de Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas, referidos a la fijación y determinación del canon de arrendamiento, la bancada oficialista le dio el visto bueno a la disposición, durante la sesión plenaria realizada este martes en la Asamblea Nacional.El citado artículo deja a la discrecionalidad de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento la valoración del precio de un inmueble para su alquiler, lo cual generó un debate acalorado durante buena parte de la sesión parlamentaria.El diputado Juan Carlos Caldera (PJ) rechazó tal discrecionalidad y exigió que la fórmula matemática para el cálculo del canon estuviese especificada en el mismo artículo. Sin embargo, su petición no fue escuchada.El primer vicepresidente de la AN, Aristóbulo Istúriz, consideró que la fórmula no puede ser incluida en la ley sino en el reglamento que el Ejecutivo deberá aprobar con posterioridad.María Corina Machado (independiente) también se opuso a la aprobación de esta normativa. La legisladora considera que el artículo "destruye la propiedad".Por su parte, el diputado Alfonso Marquina (UNT) recordó que "de la discrecionalidad a la arbitrariedad hay solamente un paso".Los defensores del proyecto también esgrimieron sus argumentos. El parlamentario Elio Serrano (PSUV) argumentó que la determinación del valor del inmueble se deja en manos de un funcionario "para que sea justo el cálculo y no el del mercado especulativo (…) Estamos proponiendo contrarrestar el mercado especulativo con las condiciones que colocamos para la valoración del inmueble".Los criterios de los que habla el parlamentario para valorar el inmueble se encuentran definidos en el mismo artículo, el cual contempla entre otros elementos: el valor actual de la construcción, la dimensión de la infraestructura, la vida útil del inmueble, la vulnerabilidad sísmica de la zona y la ubicación geográfica, así como los demás aspectos que considere la Superintendencia Nacional de Arrendamiento.Durante la sesión se aprobaron, además, las normativas que tienen que ver con las residencias estudiantiles, con los depósitos de los alquileres y con las atribuciones de la Defensoría Pública en protección de sus representados.Aunque la bancada oficialista tenía previsto terminar ayer la discusión del proyecto, el debate fue suspendido a las 9:00 de la noche y diferido para el próximo jueves.Con información de Yaneth FernándezALEJANDRA M. HERNÁNDEZ F. | EL UNIVERSAL
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26-10-2011
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