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Regular alquileres vía lucha de clases

ALEXANDER GUERRERO E.
Con un régimen legal dirigido a doblegar la fuerza política de los sectores medios, el Gobierno impone normas para fijar alquileres y precios de ventas de viviendas. El método político clásico comunista traído en la norma de la Ley de Arrendamiento es la lucha de clases, de quienes teniendo vivienda lograda con trabajo y ahorro, son enfrentados por quienes no la tienen, pero si tienen la mano de un gobierno dispuesto a empobrecer a los que la tienen.

Las normas crean mecanismos para depredar el rendimiento de un activo, la vivienda, regulando el canon de arrendamiento por debajo del rendimiento del capital, así como prefijar precios de las viviendas. Esa norma se expresa en una "formula mágica" que convierte el precio de reposición de la vivienda en la base para el calculo del canon de arrendamiento, es claro que el objetivo de la regulación, aunque no explicito, es el precio actual y de reposición, y fijarlo por debajo del precio de mercado, lo que finalmente determina el rendimiento de ese capital, léase, el canon de arrendamiento. En consecuencia el canon de arrendamiento es menor que el rendimiento del capital. EL mecanismo de expropiación ocurre vía precios.

Ese esquema depredador funciona así.  En primer lugar se determinan los parámetros que afectan el precio actual y el de reposición: sísmicos, depreciación por uso y ubicación geográfica. Esos parámetros son predeterminados por el MVH bajo consideraciones no-económicas, ajenas a la realidad de un mercado depredado por los mecanismos de formación de precios dado los controles de precios, además por la carencia de un marco jurídico que proteja los derechos de propiedad. De hecho la norma de alquiler depreda esos derechos. Veamos un ejemplo, el parámetro que marca la ubicación geográfica. Aunque la norma establece diferencia entre áreas, Caracas de Los Andes, etc., no se considera valor económico las diferencias dentro de una región determinada.

Así, una vivienda construida en el casco de Catia, con un precio de mercado muy diferente a otra en Chacao, digamos, podría ser alquiladas por el mismo canon, en este caso, la de Chacao por el precio de Catia. La norma no pondera esa diferencia por ubicación eliminando los diferenciales de precios entre áreas que compiten con diferentes niveles en calidad de vida. Se elimina el mercado que conformar derechos de propiedad en base a la inversión en capital y crédito para adquirir una vivienda como activo inmobiliario.

Al considerarse similar en términos de precio o valor o costo de construcción del metro cuadrado, más allá de la incidencia urbanística, en la definición de precio de venta y reposición pasaron un rasero sobre el de reposición menor al precio de mercado; así, los precios de mercado de la zonas mas "baratas" descapitalizan y depredan el ahorro inmobiliario invertido zonas de mayor poder adquisitivo de mercado mas exigente, en urbanismo y calidad de vida, el objetivo del MVH es hacernos iguales al costo de la pobreza de los sectores medios. Así se proyecta el canon representando una ganancia 3%-5% dependiendo del cuantas viviendas un dueño tenga en alquiler. La norma incorpora un mecanismo de socialización de la vivienda similar al de Cuba, allí bajo la violencia de los fusiles, acá bajo la violencia de la ley anticonstitucional.

Es evidente que esa la renta tampoco cubre la inflación, con lo cual el capital del dueño de la vivienda será depredado por la inflación, al mismo tiempo que tampoco recoge la percepción del mercado de quienes demandan viviendas para alquilarlas; el costo de oportunidad para el dueño es muy elevado, al no poder recuperar el capital para adquirir eventualmente una vivienda similar. Las normas "cuantifican el costo por la intervención del gobierno –Ley de Arrendamiento- un costo de que mutila derechos de propiedad al depredar el capital invertido, un esquema legal que funciona a expensas de los derechos de propiedad sobre la vivienda en alquiler, transfiriendo el capital a quien el Gobierno determina como su inquilino, convertido de cliente-comisario de la revolución a eventual "socio" del dueño de la vivienda.

Las consecuencias socioeconómicas de la regulación por fijar alquiler y precios, son conocidas; el ya conocido empobrecimiento inmobiliario de áreas urbanizadas, donde la reposición del capital no pagará costos de construcción estimados a precios reales. El empobrecimiento de esos propietarios se transmite como costo social, en baja calidad de vida, inseguridad, depauperación urbanística, y pérdida de ese activo inmobiliario. Bello Monte, El Valle, cascos urbanos, casco de Catia, muestran como ocurre ese empobrecimiento y deterioro de calidad de vida, por surgimiento de la marginalidad con sus lacras socioeconómicas, pagando renta que no cubre el costo de mantenimiento de esos centros urbanos. La Ley de Arrendamiento se convierte en un manual para la cultura de la pobreza; la vivienda convertida en la tragedia de los comunes por fuerza de una ley y un régimen de fuerza de liquidación de los derechos de propiedad.

Economist, PhD

www.alexanderguerrero.com

@alexguerreoe

El Universal
10-12-2012

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Mercado negro mueve alquileres altomirandinos

Se estima que en la zona hay 1.500 inmuebles arrendados

Más de 50% de los contratos de arendamiento se realizan en el mercado negro OSWER DÍAZ MIRELES
ANDREÍNA GÓMEZ
Se calcula que en Altos Mirandinos existen unos 1.500 inmuebles en condición de arrendamiento. Sin embargo, la cifra no es precisa, porque más de 50% de los contratos se realizan en un mercado negro, a fin de evadir los controles de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos, cuyos inspectores aún no han llegado a la región.

Julio González, gerente de la inmobiliaria Venespa, destacó que Sunavi no cuenta con capital humano suficiente para cubrir el área y menos para abarcar las cifras que podrían moverse en un mercado paralelo, donde incluso no están contabilizados aún las pensiones y casas estudiantiles.

Hace más de siete meses la Alcaldía de Guaicaipuro prometió que habilitaría las oficinas de los representantes de Sunavi para establecer el movimiento de protección a los inquilinos del municipio, pero ya casi para finalizar el 2012 los voceros comunales se quedaron esperando las labores de acondicionamiento de la vieja sede de Fogade en Los Teques para este fin. "Las estrictas regulaciones de alquileres, la prohibición de desalojos y sus normativas adicionales terminaron por dar pie a muchos acuerdos privados e incluso verbales, donde no hay documentación que permita avalar la condición de alquiler para aplicar la regulación", indicó González.

Agregó que los comodatos contribuyen al desarrollo del mercado paralelo, dando lugar a contratos de préstamo, donde el propietario deja al arrendatario usar el inmueble por un tiempo determinado, pero al término del tiempo no hay reglas para la renovación de los convenios.

"Por lo general, se busca un nuevo inquilino, a fin de evitar que la excusa de la antigüedad de ocupación perjudique al dueño de la vivienda", indicó el vocero inmobiliario.

Encarecimiento de viviendas

Aunque hasta hace apenas dos años la alternativa de una vivienda accesible se situaba en Los Teques, la situación ha cambiado radicalmente. Las inmobiliarias señalan que los posibles compradores se quejan de que los precios de los apartamentos en edificaciones de unos 50 años se volvieron inalcanzables.

"Dueños de apartamentos ubicados en el casco central aspiran como mínimo Bs 380 mil y la Ley de Política no financia la compra de apartamentos de tan vieja data", dijo Concepción Rojas, vocera del Consejo Comunal de la Avenida Bermúdez. Esta condición abarca construcciones como las residencias El Parque, Maribel, San José, Corantia, Cristo Rey, Venezuela y San Antonio, donde los inquilinos están dispuestos a comprar las viviendas que habitan desde hace medio siglo.

El Universal
10-12-2012

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Reportan caída de 55% este año en el sector de la construcción

Vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria regional, José De los Ríos, argumentó que la aplicación de la Ley de Inquilinato y la escasez de materiales han provocado inseguridad.

Rogelio Enrique Acosta

Lechería.- Por cada 10 obras nuevas que en 2011 arrancaban su ejecución en el estado Anzoátegui, este año sólo cinco iniciaron el proceso de construcción, según cifras de la Cámara Inmobiliaria de la entidad, la cual reportó una caída de 55% en ese sector durante 2012.

El vicepresidente del gremio, José De los Ríos, puntualizó que ese 55% representa un  promedio entre  la caída de 70% en el desarrollo residencial y  40% en la ejecución de proyectos en el ámbito comercial.

Indicó que la baja se produjo debido a la inseguridad jurídica que -argumentó- generó la aplicación de Ley de Inquilinato, sancionada por la Asamblea Nacional (AN) a finales de noviembre del año pasado.

Aunque De los Ríos admitió que la norma no ha sido aplicada en su totalidad, criticó que establezca que un número determinado de inmuebles, de un conjunto construido, deba ser alquilado bajo las regulaciones de la ley.

“Luego de un tiempo, se debe vender la casa a los arrendatarios con un descuento por el tiempo de residencia. No es una oferta muy atractiva para invertir”.

Sustentó que los inversionistas se inclinan más por el área comercial, debido a que son espacios únicamente para desarrollo de empresas.

El vocero gremial agregó  que la escasez de materiales para ejecutar los proyectos es otro de los aspectos influyentes en la paralización del sector, pues explicó que los constructores deben asegurarse de tener todos los materiales para garantizar la culminación de las obras.

Justicia

Rafael Graterol,  concejal del municipio Diego Bautista Urbaneja, refutó la apreciación de De los Ríos sobre la caída del sector construcción en la entidad y contrastó que la intención de los empresarios es edificar para luego especular con el precio de los inmuebles.

“El costo final para una familia es inalcanzable y eso es lo que busca frenar el Gobierno nacional con la Ley de Inquilinato”.

Señaló que esta “actitud” ha obligado al Estado a brindar acceso a la vivienda a personas con bajos recursos económicos, pues reconoció que “no muchos” tienen capacidad para pagar un inmueble en la actualidad.

En cuanto al arrendamiento de viviendas, rechazó que en la zona norte del estado  Anzoátegui el costo de una habitación esté por encima de los 2 mil bolívares. “También debemos garantizar el acceso a este servicio”.

Escasez

Graterol, quien también representa al Consejo Patriótico de Vivienda en la entidad, dijo no creer “en ese asunto de la escasez” de materiales que, señaló, usan los constructores como excusa cuando no pueden especular.

El edil alegó que la Misión Vivienda mantiene su programa de entrega de inmuebles en todo el país, pero destacó que el sector privado también sigue con la ejecución de sus obras.

“Los empresarios siguen construyendo y ellos no tienen fábrica de materiales. Si algunos pueden, todos tienen oportunidad”.

Riesgo manejable
El vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Anzoátegui, José De los Ríos, admitió que  hay  un riesgo manejable al desarrollar un conjunto residencial. Citó que la obtención de financiamiento privado se ha vuelto “difícil” y que los empresarios actuales construyen para personas que ya adquirieron sus inmuebles. “Trabajan prácticamente contratados por los propietarios”.

El Siglo
10-12-2012

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Inquilinos que cancelaban en tribunales podrán pagar alquileres en línea

A partir de este viernes, cerca de 30.000 arrendatarios que cancelan sus alquileres en los tribunales de consignación de la República, podrán pagarlos a través del Sistema de Arrendamiento de Vivienda en Línea (Savil), informó la superintendente, Ana Marina Rodríguez. Para formalizar el pago, los arrendatarios, el arrendador y las empresas inmobiliarias deben ingresar a la página web www.banavih.gob.ve, e ingresar al link del Savil ubicado en la parte derecha. Posteriormente, deberán crear un usuario, una clave y registrarse, reseñó AVN en su página.

Tanto los arrendatarios como el arrendador tendrán la posibilidad de ingresar todos sus datos personales, así como la información sobre el apartamento, casa, habitación o anexo. El Savil emitirá un código de afiliación que será utilizado permanentemente por los usuarios.

“Una vez registrados los inquilinos en el Savil, deberán validar el código y sus datos ante la superintendencia. Con esa información se pueden realizar pagos en el Banco del Tesoro y en las demás entidades financieras privadas. Mientras que para retirar los pagos, el arrendador debe ir la la Sunavi con su código de afiliación y el organismo le autoriza los pagos”, explicó Arelis Guzmán, gerente de tecnología del Banavih.

Por su parte, la superintendente Ana Marina Rodríguez destacó que el sistema permitirá que aquellos arrendatarios que no han podido, por alguna razón, hacer efectivo los pagos de los cánones de alquiler, se pongan al día y emitan su estado de solvencia a través de este sistema, creado por la Sunavi y el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), ambos adscritos al Ministerio de Vivienda y Hábitat.

Muchos inquilinos debían pagar en tribunales porque sus arrendadores se rehusaban a recibir los pagos mensuales de alquiler como una manera de alegar mora y activar procesos de desalojo. Ahora podrán usar el sistema en línea, mientras se realiza la debida revisión de sus contratos.

“El resto de los inquilinos tiene otro proceso que está establecido en la Ley para la Regularización y Control de Arrendamiento Inmobiliario, que es el sistema de adecuación de contratos de arrendamiento. Para ello, deben acudir ante la superintendencia a regularizar esa situación para hacer efectivo el pago a través de una cuenta que indica el propietario”, detalló Rodríguez.

Por otra parte, la superintendente indicó que ya iniciaron las inspecciones necesarias a los inmuebles para precisar su valor real y así revisar los montos de los alquileres para adecuarlos a la ley.

“Esta Ley ha tenido grandes detractores, que son los grandes latifundistas urbanos, quienes han tenido el control del mercado inmobiliario en todos los sentidos, y por ende se sienten afectados en sus intereses capitalistas”, denunció Rodríguez..

Por esa razón, alertó que “a través de diferentes medios de comunicación privados se ha querido ‘satanizar’ el contenido de la normativa, que lo único que pretende “es generar equilibrio entre las partes involucradas y no que una parte se imponga sobre la otra, como ocurría con la Ley anterior”.

Informe21.com
08-12-2012

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Tabla para cálculo de alquileres de Arrendamiento

Tabla para cálculo de alquileres de Arrendamiento

La vicepresidenta de Información de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, Rosalinda Bruzual, explicó en una Mesa de Análisis realizada el jueves 6 de diciembre que los alquileres seguirán contrayéndose debido a que la tabla para el cálculo del canon de arrendamiento no considera variables importantes como el valor del terreno.

http://issuu.com/camara_inmobiliaria_venezuela/docs/calculo_de_canones_de_arrendamientos_segun_los_lin

Mesa de Analisis
07-12-2012

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Dueños de parqueaderos están en la quiebra por expropiaciones

La próxima semana cumplen dos años sin recibir indemnización justa

Alotto se sostiene con la ayuda de sus familiares y de un trabajo temporal
JORGE HERNÁNDEZ
Calogero Alotto trabaja como recepcionista temporal en un hotel del centro de Caracas para sobrevivir. Nelson Rojas repara vehículos en las calles de Santa Rosalía. Alí Velázquez se convirtió en buhonero y mecánico a destajo porque debe pagar sus deudas y mantener a sus hijos. En 2010, todos ellos administraban estacionamientos, ventas de repuestos y autolavados que fueron expropiados, sin indemnización previa, para construir viviendas para personas damnificadas.

El 15 de diciembre de 2010, el Ejecutivo inició la expropiación de 20 estacionamientos en las parroquias Santa Teresa, Santa Rosalía y Altagracia para ejecutar la Misión Vivienda.

Los terrenos fueron tomados por la milicia bolivariana, funcionarios que desalojaron a propietarios y trabajadores sin notificarles ni cancelarles el inmueble que compraron hace más de 30 años.

Alotto cuenta que está desesperado, que su situación económica está por el piso. A él solo lo sostiene la ayuda de sus familiares. "Hace dos meses tuvimos una reunión en la Procuraduría General de la República, en Santa Mónica, con funcionarios que nos ofrecían firmar un nuevo arreglo a un costo 76% por debajo del valor inicial de mi propiedad (estacionamiento Inversiones Lilo te lo Lleva) en la esquina Candilito de Santa Rosalía. Esa oferta es inaceptable".

Destaca que en junio pasado el Gobierno hizo un decreto ley donde se toma el precio inicial de la compra-venta de un terreno para pagar una indemnización. "Eso es prácticamente un robo. Si lo compramos hace 30 años no puedes tomar ese precio devaluado para pagar la indemnización en 2012", asegura Alotto.

Según cifras de la Asociación Nacional de Propietarios y Administradores de Garajes y Estacionamientos (Anpage) en Caracas fueron expropiados cien estacionamientos.

El grupo de propietarios de estacionamientos privados busca negociar con el Ejecutivo la asignación de comercios en la planta baja de los edificios de la Misión Vivienda para iniciar un nuevo negocio que les permita recuperarse.

"Hicimos la petición al asesor jurídico de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe), Alexander Mongua, quien nos dijo que es viable", indica Alotto.

Agrega que a dos años de ser expropiado está luchando por hacer justicia. El dos de noviembre pasado, Alotto envió un comunicado a la almirante Carmen Meléndez, ministra de seguimiento de la Gestión del Gobierno, para tratar de resolver su situación. "Aún no recibimos respuesta. Serán otras navidades negras con mis hijos. No obstante a los nuevos vecinos les damos la cordial bienvenida a la parroquia".

Nelson Rojas, propietario del Serviautos Rocasti C.A, relata, por su parte, que perdió su vivienda principal y su trabajo en diciembre de 2010, y tampoco fue indemnizado.

"Me enviaron a Fuerte Tiuna a vivir en un apartamento en transición. Hoy trabajo como mecánico en las calles de Santa Rosalía. El pago de mi terreno no se ha hecho efectivo. Luego de 35 años de trabajo me dejaron sin mi propiedad. Ellos solo me reubicaron en un apartamento de la Misión Vivienda construido sobre mi estacionamiento", indica.

Rojas pasará su segunda "Navidad en ruinas" en el apartamento que le dio el Estado con sus hijos, a quienes no les puede pagar sus estudios superiores en Caracas y Valencia.

Mientras que Alí Velázquez, propietario de Multiservicios el Gran Atagualpa C.A., de la esquina El Viento, de Santa Rosalía, narra que en dos días su hija cumplirá 15 años y no tiene recursos para celebrárselo.

Cuenta que está de manos atadas, que trabaja en la calle como buhonero o atiende a algún cliente a domicilio.

"El Gobierno me dejó sin nada. Estoy molesto con la vida, muy mal. Hoy tenemos que hacer lo que dice el Estado. No quieren pagarle a nadie. Le debo dinero a todo el mundo. Lucharé a ver si me dan un local. Solo quiero trabajar".

El Universal
08-12-2012

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Más de 80 familias intentaron invadir construcción de la Misión Vivienda en San Martín

En horas de la madrugada

Desde tempranas horas un grupo de personas se concentró a la altura de una reconocida cadena de ferretería ubicada en la avenida San Martín, con el objetivo de invadir de ingresar ilegalmente unos apartamentos en construcción que se encuentran en dicha zona.

Efectivos policiales del municipio Libertador, se acercaron al lugar para tratar de dialogar con los invasores, para controlar la situación y evitar que la edificación sea invadida.

Aparentemente los invasores intetanron ingresar a la edificación perteneciente a la Misión Vivienda Venezuela y Petróleos de Venezuela, en horas de la madrugada.
(NU)

Diario 2001
10-12-2012

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Para 2013 quedó 70% de Misión Vivienda en Tanaguarena

Sólo 800 viviendas se entregarán a damnificados de la zona antes del 28

En el eje Caribe-Tanaguarena entregarán 30% de lo ofrecido CRUZ SOJO
NADESKA NORIEGA ÁVILA
La Guaira.- Sólo 30% de la oferta de la Gran Misión Vivienda Venezuela en el eje Caribe-Tanaguarena será entregado antes del 31 de diciembre. Implica una cifra de 800 soluciones habitacionales. El 70% restantes con 2 mil viviendas pendientes para primer trimestre de 2013.

A pesar de que la promesa tanto del Gobierno Nacional como regional había sido lograr el desalojo de los refugios para finales de este año, hechos puntuales como protestas y paralizaciones de obreros, o escasez de materia prima, retrasaron los planes. "En Tanaguarena hubo factores externos que nos ocasionaron retraso. Sin embargo, estamos en plena "operación remate. Antes del 28 entregaremos por lo menos 800 viviendas, concentradas en modelos tetrafamiliares. Los edificios serán entregados el primer trimestre de 2013", aseguró el Procurador de Vargas, Pedro Rodríguez, vocero principal del Estado Mayor de Viviendas en el litoral central.

De acuerdo a Rodríguez, quien paso revista a las obras el fin de semana, se exige a las contratistas que se trabaje de manera continua y acelerada.

Sin embargo, los obreros dicen que los patronos no cumplen. "Nos paramos y nos quejamos porque los pagos no se hacen de manera correcta. En ocasiones nos adeudan bonos y cesta ticket. Le hemos hecho llegar nuestras quejas a las autoridades, pero no hay cambios. Por ello seguiremos manteniendo nuestros horarios normales", comenta el obrero José Córdova.

Las otras entregas que visualizan serán las viviendas tetrafamiliares de Playa Grande y un lote concluido en el urbanismo que se desarrolló con el convenio con Turquía.

El Universal
10-12-2012

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Planes de vivienda no llegan a sector del Tuy

Conductores pasan roncha por pésima vialidad

Las propiedades son de zinc, cartón piedra y madera
Roberto Mate | ÚN.- Dieciséis años en espera de la construcción de un techo digno en el marco de los proyectos habitacionales del Gobierno nacional en la subregión, llevan, en la actualidad 85 familias de la comunidad Jesús del Nazareno, municipio Tomás Lander.

Los ocumareños aseguraron al equipo reporteril de ÚN que, en reiteradas oportunidades han introducido documentos ante el Programa de Sustitución de Viviendas (Suvi) y Remodelación y Mantenimiento de Viviendas (Remavi).

Pero, hasta el sol de hoy, las autoridades municipales y gubernamentales no les han suministrado respuesta relacionadas con las peticiones.

Jenny Gómez, vecina de la mencionada comunidad, comentó que el alcalde del municipio Tomás Lander, Julio César Marcano, y el Gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, conocen la situación de las familias.

“Cuando llueve, nuestras casas se anegan de aguas piches, pues están construidas con zinc, cartón piedra y madera. No podemos continuar viviendo en estas condiciones, porque somos humanos”, aseguró Gómez.

Lugareños agregaron que, “para poder medio caminar por las calles deterioradas” al caer la noche, tuvieron que optar por colocar postes improvisados a modo de alumbrado público.

“Corpoelec de la subregión no se ha tomado la molestia de visitar la comunidad para colocarnos un cableado que de verdad sirva. Los apagones están quemándonos los aparatos domésticos que con mucho sacrificio hemos comprado”, dijo el vecino Carlos Pérez.

Otras carencias, mencionadas por los ocumareños, es la falta de agua potable suministrada por tuberías.

“Para sobrevivir a la escasez del líquido, varios vecinos compraron un pedazo de manguera y, desde un tubo matriz cercano, nos surtimos por nuestra cuenta”, añadió la vecina Cándida Pacheco.

Las familias exhortan al presidente Hugo Chávez y al ministro de la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, visitar la comunidad para que ejecute un proyecto habitacional.

dmarte@cadena-capriles.com

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10-12-2012

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"Planes para mejorar viviendas desaparecieron de Miranda"

Capriles entregó certificados de maeriales para la construcción. (Foto Ubaldo Medina)

Adriana Chirinos Castro | achirinos@el-carabobeno.com

El candidato a la reelección de Miranda, Henrique Capriles Radonski, criticó este sábado que los programas que el Gobierno nacional implementaba en las comunidades desposeídas para mejorar las viviendas desaparecieron por completo. El mandatario mirandino entregó 468 certificados de materiales para la construcción o mejoras de viviendas.

Capriles aseguró que un líder electo por votación debe gobernar de acuerdo a lo que necesita la comunidad sin imponer o pedir algo a cambio. En Miranda -destacó- el presupuesto se reparte, además de otras cosas, en puntos fundamentales como educación, salud, seguridad y vivienda, que es lo que más le han pedido los habitantes.

El proyecto de certificados de materiales para la construcción surgió del propio pueblo y ante la no respuesta de las instituciones nacionales, precisó el gobernador. “Hay mujeres que ellas mismas han hecho su vivienda. Las hemos visto con mucha dignidad construyendo su casa”.

El Carabobeño
08-12-2012

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