“Chávez no va a venir a reparar la baranda”, dijo el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, el sábado 19 de enero a los residentes de los nuevos edificios de La Paz que fueron estrenados en diciembre. A pesar de que llevan menos de dos meses habitadas, las edificaciones de diseño bielorruso presentan filtraciones, roturas en barandas y escaleras y algunos desperfectos en los ascensores.
El ministro llamó a la comunidad a integrar lo que llamó “brigadas de mantenimiento”, creadas especialmente para atender los problemas que se presenten en las estructuras, tan nuevas que en su interior todavía se percibe el olor a cemento fresco.
Los problemas que se han presentado en las nuevas edificaciones son atendidos momentáneamente por las respectivas contratistas. Sin embargo, cuando los obreros se retiren, son los beneficiarios los que deben velar por el cuidado de las viviendas.
Cuando las obras sean de envergadura, la comunidad organizada puede solicitar apoyo al Estado, principalmente a través del Ministerio de Vivienda y Hábitat y el de las Comunas y Protección Social, de acuerdo con fuentes de este último organismo. Sobre cómo es el mecanismo de asistencia, todavía no se tiene mucha claridad.
El mes antepasado, en los edificios de La Paz, una válvula mal cerrada permitió la entrada de aire en la bomba de agua que surte el conjunto, lo que generó una sobrepresión que causó daños en las tuberías, explicó el ministro de Ambiente, Cristóbal Francisco, en aquella oportunidad.
El agua se filtró a los pisos inferiores, lo que provocó que se abrieran huecos de grandes dimensiones en los techos de los apartamentos de planta baja. Uno de los residentes debe vaciar el balde que recoge la fuga al menos tres veces al día. Indicó que los habitantes tienen acceso a las válvulas de paso de agua y en ocasiones no las abren correctamente, lo que también genera sobrepresión. Para él, no es tanto el descuido lo que genera el daño, sino también el desconocimiento.
Adicionalmente, se han presentado problemas con el suministro de agua debido a que el tanque sólo tiene capacidad para surtir el conjunto durante cuatro horas, cuando no existe presión proveniente de la calle.
Como los edificios son nuevos, la constructora realiza las reparaciones necesarias, sin embargo, una vez que el contrato finalice los beneficiarios deberán encargarse ellos mismos del mantenimiento. Algunos consideran que para esto son necesarios lineamientos de algún organismo, ya que no todos están dispuestos a participar.
Mientras, el Gobierno ha realizado asambleas en las comunidades para instruirlas sobre consumo responsable, cuidado de las instalaciones y organización popular.
“Se debe estar pendiente del mantenimiento de las edificaciones, hay personas que no les importa su entorno, tenemos que comenzar a cuidar mucho más el espacio; debemos tener las escaleras limpias, reparar lo dañado. Permanentemente debemos estar pendientes de mantenerlos”, dijo el ministro Molina en las declaraciones recogidas por AVN.
El Gobierno entregó 346.700 viviendas el año pasado, de las cuales alrededor de 135.600 fueron edificadas por el Poder Popular y 96.261 corresponden al sector privado. Esto significa que el Estado ha contribuido con 114.800 unidades nuevas, en parte realizadas a través de convenios con naciones como China, Rusia y Bielorrusia.
Organización y recursos. Dado que son viviendas de propiedad social, no existe la figura del condominio, explicó una de las beneficiarias de los apartamentos construidos en Ciudad Tiuna. Allí entregaron en diciembre dos torres, la 34 y la 18. Esta última carece de agua desde su adjudicación. Los residentes de cada piso se ponen de acuerdo sobre la higiene y el cuidado de los pasillos y las áreas comunes, así como las reparaciones menores.
Existe un vocero por planta que se encarga de coordinar las actividades de mantenimiento. Algunos son más meticulosos que otros, lo cual se percibe en el cuidado de los pasillos, escaleras, cuartos de basura y otros servicios. Sin embargo, la labor depende de la colaboración de los vecinos.
“Nos dijeron que teníamos que hacer un consejo comunal por torre”, indicó un residente de Ciudad Tiuna. A través de él podrán elevar reclamos, solicitar recursos y desarrollar actividades de economía comunal.
El abogado especialista en consejos comunales, José Gregorio Contreras, considera que el consejo comunal tal vez no sea la forma más idónea de organización en las comunidades. Explicó que esa instancia está compuesta al menos por 200 familias y comprenden un espacio territorial que va mucho más allá del que abarca un edificio.
Además, no se rige por la Ley de Propiedad Horizontal, sino por la Ley de los Consejos Comunales o la Ley de Orgánica de Gestión Comunitaria. “Lo ideal sería una junta administradora o una asamblea de adjudicatarios”, dijo el especialista. Sin embargo, la recomendación del Gobierno fue clara en este aspecto.
Mientras se organizan, los residentes se entienden directamente con los ingenieros de la empresa constructora, quienes no siempre están dispuestos a hacer reparaciones. A finales de diciembre se generó un bote de aguas negras que afectó sobre todo los pisos inferiores. Para retirar el agua de los pasillos, las personas la hicieron caer a través de la puerta del ascensor, lo cual averió el sistema.
Inicialmente, la contratista se negó a reparar el ascensor. Los obreros continúan en el lugar, no sólo para encargarse de la filtración, sino también porque la obra aún no está culminada. “Estos apartamentos no estaban listos para ser entregados, dijeron que eran para finales de febrero”, manifestó uno de los residentes. De allí derivan la mayor parte de los problemas: fallas en las griferías y desagües, tomacorrientes inoperantes, problemas para instalar electrodomésticos y otros detalles.
Los habitantes cuentan con que el Gobierno brindará el asesoramiento y los recursos necesarios cuando las reparaciones sean de gran envergadura, por lo cual necesitan organizarse. “Cualquier proyecto que planteen pueden presentarlo ante cualquier organismo porque todos tienen recursos para financiar consejos comunales, pero hay que ver con qué efectividad y con qué rapidez los otorgan”, advirtió Contreras.
Añadió que el asunto no es solamente la reparación y su costo, sino que no se conocen cuáles son los compromisos de mantenimiento. “Puede haber necesidad de reparaciones mayores, lo que implica que tiene que existir otro responsable. Eso es lo que no está definido: hasta dónde llegan los compromisos de convivencia”, indicó. Tampoco se tiene información sobre cuál es el gasto que esto representa para el Estado, que ya subsidia los servicios básicos en las edificaciones–agua, luz y gas–.
Canalización dudosa. Uno de los grandes problemas para el mantenimiento de los edificios es la canalización de los reclamos. Un informe elaborado por Transparencia Venezuela revela que no existe una estructura organizada que se encargue de atender a los beneficiarios del programa.
Fuentes del Ministerio de las Comunas y Protección Social señalaron que allí acuden las personas de los refugios que se encuentran a cargo del organismo, incluso después de que éstas obtienen la vivienda. En ese caso, la relación de padrinazgo existente entre el ministerio y los refugios se extiende después de que el damnificado es beneficiado por la misión. Estos acuden a la oficina de atención al ciudadano, en donde también se atienden otro tipo de reclamos.
“Existen Oficinas de Atención al Ciudadano pero no especializadas en el programa GMV; por tanto, la información que se suministra a los ciudadanos por cada una varía y no tiene unificación de procedimientos”, señala el informe de Transparencia Venezuela.
Sin embargo, esto no ocurre en todos los ministerios. En Ciudad Tiuna los residentes manifestaron que no han sido visitados por funcionarios del despacho para verificar su situación. El informe también reveló que no se realiza el seguimiento prudente del adjudicatario.
Los reclamos recaen, sobre todo, en el Ministerio de Vivienda y Hábitat, por lo menos hasta que exista una estructura que canalice las solicitudes de las comunidades organizadas de las nuevas residencias. Lo que se conoce es que la asistencia a los beneficiarios no finaliza cuando reciben la vivienda. Aunque muchos de ellos no tienen claridad sobre el proceso para recibir la atención requerida, entienden que de alguna forma deben hacerse cargo de su entorno. “Dos años en un refugio no es mantequilla. Esto tenemos que cuidarlo”, manifestó una habitante de Ciudad Tiuna.
Sin directriz
Los beneficiarios piden normas de convivencia
En todos los pisos de la torre 34 de Ciudad Tiuna se observa en las paredes el mismo letrero de papel: “Acuerdos de convivencia”. La Fundación Rusa, encargada del proyecto, realizó en enero una asamblea con los habitantes, en la que se acordaron algunas restricciones para no entorpecer las obras, como el paso vehicular y peatonal en horarios de trabajo.
Sin embargo, en las viviendas de La Paz, los beneficiarios conviven sin ningún tipo de directriz. “No sabemos si las normas nos las dará el ministerio o las tenemos que hacer nosotros mismos”, expresó un residente. La desorganización es visible: ropa colgada en los pasillos, rejas en ventanas y corredores, música a todo volumen a cualquier hora y motos estacionadas dentro de las instalaciones.
Allí, los beneficiarios ya han modificado las viviendas sin seguir ningún criterio. En Ciudad Tiuna, por ejemplo, deben esperar tres meses para realizar arreglos. Tanto en este conjunto como en La Paz se observan anuncios de ventas de comida y servicios de peluquería en los apartamentos. “El mantenimiento de las viviendas depende de la voluntad de los vecinos”, indicó el abogado especialista José Gregorio Contreras.
El Dato
Las viviendas construidas por la Fundación Rusa tienen áreas en la parte inferior para la instalación de locales comerciales socialistas, que serán gestionados por la propia comunidad. Las torres de Ciudad Tiuna tienen espacios designados para Simoncitos, guarderías que serán administradas por mujeres beneficiarias.
El Nacional
06-02-2013
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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