La AN está abierta a escuchar propuestas de arrendadores
El diputado Francisco Martínez, dio un balance del avance que han tenido para el proyecto de la Ley de arrendamiento y destacó las propuestas realizada por los estudiantes a fin de incluir a las residencias en los cánones de arrendamientos, además de escuchar sobre abusos de precios en los centros comerciales.
Dijo que el parlamentarismo de calle, han logrado detectar problemas que no estaban contemplados, además de dimitir de algunos capítulos completos de la Ley que en un principio contemplaba 150 artículos, “hemos tenido que diferirlos porque coinciden (…) con la propuesta de Ley de desalojo y la Ley de costos y precios”.
Indicó que la tabla científica de precios también fue eliminada, pues según el diputado resulta difícil establecer un canon de arrendamientos cuando existen edificaciones viejas que cobran bajo, mientras las nuevas tienen precios elevados, y el igualar el precio no sería una justa opción “con esta tabla existiría una disparidad”.
Para llegar a una paridad el diputado Martínez, dijo que siguen las reuniones con los propietarios y las comunidades, “ellos han estado presente en las reuniones, se esta buscando, decir que se tiene una respuesta es mentira, se sigue con las discusiones(…) no tenemos un precio exacto todavía”.
Martínez explicó que han desarrollado un articulado con el fin de evitar irregularidades como el caso de personas que alquilaban la vivienda con un contrato de seis meses, pedían adelanto, y una vez vencido el contrato volvían a realizar otro contrato y pedir nuevamente el deposito al arrendado, “esto quedo anulado en el artículo que aprobamos”.
Ante la preocupación de los dueños de quedar sin garantías, por los posibles daños que puedan realizar los arrendatarios en sus inmuebles, el parlamentario indicó la creación de un fondo que cubrirá los gastos en ese sentido, “este fondo cubrirá a los pequeños arrendadores, que tienen una casa o dos y de eso viven (…) a los grandes empresarios no los protegerá.
Unionradio.net
06-09-2011
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Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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miércoles, 7 de septiembre de 2011
Proponen nuevos parámetros para fijar canon de arrendamiento
(Créditos: Gustavo Ramírez)
Para fijar el canon de arrendamiento se debe tomar en cuenta el valor de la inversión del inmueble, así como el ingreso del grupo familiar que alquila la vivienda, así lo indicó María Elena Navarro, miembro de la Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler.
Ayer, en una reunión que efectuó este movimiento para afinar detalles sobre su constitución y los objetivos de la misma, Navarro indicó que hay que evaluar el ingreso de todo el grupo familiar y no solamente de un solo inquilino para fijar el canon de arrendamiento.
Sobre la propuesta de que el canon de arrendamiento no debe pasar 15% del ingreso del inquilino, la vocera del movimiento indicó que en cualquier parte del mundo el monto de los alquileres lo determina la inversión que ha realizado el propietario.
Navarro consideran erróneo que no se tome en cuenta la ubicación de la vivienda, el monto que pagó el propietario por la vivienda y los gastos de condominio para fijar la fórmula que establecerá el pago del alquiler.
Asegura que el proyecto de Ley sólo inclina el beneficio hacia los inquilinos, olvidando los pequeños propietarios y a los venezolanos, que con mucho esfuerzo, y ahorro utilizan sus prestaciones sociales para comprar una vivienda para alquilar, para complementar los sueldos o las jubilaciones.
Navarro indicó que 450 mil propietarios serán afectados de aprobarse esta Ley.
Total Control
La vocera del movimiento de propietarios objetó la creación de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento, pues considera que esta institución eliminará los contratos de alquileres y generará procesos engorrosos para arrendar los inmuebles.
Otros de los aspectos que criticó Navarro es que la Ley obliga al propietario a elaborar el contrato de alquiler por un mínimo de tres años, con un mismo precio, sin tomar en cuenta la inflación. "Esto genera una situación económica precaria para el propietario porque los ingresos no alcanzarán para cubrir los gastos que genera de la vivienda", precisó.
En caso de vender el inmueble al inquilino, el propietario debe esperar un año para que se apruebe el crédito bancario, sin inicial y con un precio fijo regulado por el Estado. "Esta situación va en detrimento del dueño porque de esta forma se crea una defensa pública que asistirá a inquilinos pero genera desventaja para el propietario", dijo.
El proyecto también prevé la creación de un impuesto para las viviendas que están desocupadas, aspecto que -según Navarro- afecta la economía y la libre disposición de la propiedad privada.
La mayoría de los artículos establecen muchas multas para los propietarios y muy pocas para los inquilinos, lo que demuestra la parcialidad de la Ley a favor del inquilino, señaló la vocera de la red. "Esta Ley está burocratizando los alquileres en el país", acotó.
Piden derogación
Luego de aprobarse la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, ( 9 de mayo de 2011) se han agudizado la congelación de alquileres, informó Navarro.
Señaló que esta normativa paralizó las devoluciones de las viviendas por la vía judicial, luego que el propietario ha pasado años en un proceso de juicio, por problemas relacionados con el vencimiento del contrato, o por la falta de pago del inquilino.
Aseguró que muchos propietarios tienen alquiladas las viviendas principales y no tienen otra donde habitar. Mencionó el caso de la familia Kleimbergs, pareja de la tercera edad que actualmente vive en un vehículo y esperan que les restituyan sus derechos.
El arrendatario está en indefensión, con la Ley aprobada, y quedará aún más indefenso legalmente de aprobarse la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos y Viviendas.
Informó que actualmente hay, aproximadamente, 200 juicios paralizados debido a la aprobación de la Ley contra el Desalojo.
Por otro lado, Alfredo Padilla, otro vocero de la Red señaló han realizado varias propuestas pero estas no han sido tomadas en cuenta.
"Están burocratizando la Ley en perjuicio del arrendador, no toman en cuenta al pequeño propietario que ha ahorrado toda la vida para obtener una vivienda, y que tiene un bien para cubrir gastos".
La red solicitará una reunión con Diosdado Cabello, para efectuar una discusión que busque el beneficio equitativo del arrendador y arrendatario.
La red de Inquilinos solicitó la reconsideración de los artículos planteados en la discusión de la Ley de Arrendamiento, así como la derogación de la Ley contra los Desalojos Arbitrarios; exhortaron al Ministerio de Vivienda para que no renueve la congelación de los alquileres de viviendas.
Aseguraron que el alquiler ha desaparecido en el país, y que estas normativas no solucionan el déficit de 2 millones 500 mil viviendas que no están el mercado.
Aseguraron que continuarán participando en las mesas de trabajo en la AN.
Elmundo.com.ve
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Ayer, en una reunión que efectuó este movimiento para afinar detalles sobre su constitución y los objetivos de la misma, Navarro indicó que hay que evaluar el ingreso de todo el grupo familiar y no solamente de un solo inquilino para fijar el canon de arrendamiento.
Sobre la propuesta de que el canon de arrendamiento no debe pasar 15% del ingreso del inquilino, la vocera del movimiento indicó que en cualquier parte del mundo el monto de los alquileres lo determina la inversión que ha realizado el propietario.
Navarro consideran erróneo que no se tome en cuenta la ubicación de la vivienda, el monto que pagó el propietario por la vivienda y los gastos de condominio para fijar la fórmula que establecerá el pago del alquiler.
Asegura que el proyecto de Ley sólo inclina el beneficio hacia los inquilinos, olvidando los pequeños propietarios y a los venezolanos, que con mucho esfuerzo, y ahorro utilizan sus prestaciones sociales para comprar una vivienda para alquilar, para complementar los sueldos o las jubilaciones.
Navarro indicó que 450 mil propietarios serán afectados de aprobarse esta Ley.
Total Control
La vocera del movimiento de propietarios objetó la creación de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento, pues considera que esta institución eliminará los contratos de alquileres y generará procesos engorrosos para arrendar los inmuebles.
Otros de los aspectos que criticó Navarro es que la Ley obliga al propietario a elaborar el contrato de alquiler por un mínimo de tres años, con un mismo precio, sin tomar en cuenta la inflación. "Esto genera una situación económica precaria para el propietario porque los ingresos no alcanzarán para cubrir los gastos que genera de la vivienda", precisó.
En caso de vender el inmueble al inquilino, el propietario debe esperar un año para que se apruebe el crédito bancario, sin inicial y con un precio fijo regulado por el Estado. "Esta situación va en detrimento del dueño porque de esta forma se crea una defensa pública que asistirá a inquilinos pero genera desventaja para el propietario", dijo.
El proyecto también prevé la creación de un impuesto para las viviendas que están desocupadas, aspecto que -según Navarro- afecta la economía y la libre disposición de la propiedad privada.
La mayoría de los artículos establecen muchas multas para los propietarios y muy pocas para los inquilinos, lo que demuestra la parcialidad de la Ley a favor del inquilino, señaló la vocera de la red. "Esta Ley está burocratizando los alquileres en el país", acotó.
Piden derogación
Luego de aprobarse la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, ( 9 de mayo de 2011) se han agudizado la congelación de alquileres, informó Navarro.
Señaló que esta normativa paralizó las devoluciones de las viviendas por la vía judicial, luego que el propietario ha pasado años en un proceso de juicio, por problemas relacionados con el vencimiento del contrato, o por la falta de pago del inquilino.
Aseguró que muchos propietarios tienen alquiladas las viviendas principales y no tienen otra donde habitar. Mencionó el caso de la familia Kleimbergs, pareja de la tercera edad que actualmente vive en un vehículo y esperan que les restituyan sus derechos.
El arrendatario está en indefensión, con la Ley aprobada, y quedará aún más indefenso legalmente de aprobarse la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos y Viviendas.
Informó que actualmente hay, aproximadamente, 200 juicios paralizados debido a la aprobación de la Ley contra el Desalojo.
Por otro lado, Alfredo Padilla, otro vocero de la Red señaló han realizado varias propuestas pero estas no han sido tomadas en cuenta.
"Están burocratizando la Ley en perjuicio del arrendador, no toman en cuenta al pequeño propietario que ha ahorrado toda la vida para obtener una vivienda, y que tiene un bien para cubrir gastos".
La red solicitará una reunión con Diosdado Cabello, para efectuar una discusión que busque el beneficio equitativo del arrendador y arrendatario.
La red de Inquilinos solicitó la reconsideración de los artículos planteados en la discusión de la Ley de Arrendamiento, así como la derogación de la Ley contra los Desalojos Arbitrarios; exhortaron al Ministerio de Vivienda para que no renueve la congelación de los alquileres de viviendas.
Aseguraron que el alquiler ha desaparecido en el país, y que estas normativas no solucionan el déficit de 2 millones 500 mil viviendas que no están el mercado.
Aseguraron que continuarán participando en las mesas de trabajo en la AN.
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Se agotan las ofertas de viviendas en alquiler
Cada vez son más las casas con avisos de venta, en fachadas de diversas zonas de la Capital, mientras escasean las ofertas de alquiler.
Para alquilar cualquier apartamento o casa, los propietarios lo piensan dos veces y hasta más. Conseguir una oferta de inmueble para vivir actualmente es muy difícil, más aun a partir de la entrada en discusión, en la Asamblea Nacional, del proyecto de Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas, el cual tiene a los dueños tensionados y atemorizados.
Según cifras de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, el porcentaje de viviendas en alquiler bajó de 30% a 3% en menos de un año en todo el país, esto como consecuencia de la inseguridad jurídica en la que se sienten inmersos.
Tanto en los anuncios clasificados de la prensa de circulación regional, como en las agencias inmobiliarias, las ofertas de casas o apartamentos en alquiler han caído drásticamente. Incluso, según señalan fuentes del sector inmobiliario que solamente hacen algunas renovaciones de contrato, muchos propietarios que lograron el desalojo por conciliación han vuelto a sus inmuebles, pero este sector se encuentra estancado ya que, de paso, las ventas de inmuebles están "duras", por la poca capacidad adquisitiva y la exigencia de los bancos.
Además, la mayoría de la cartera de clientes de las principales agencias, que se estima suma más de 800 propietarios solo en San Cristóbal, tiene procedimientos abiertos en la Oficina de Inquilinato, y prácticamente casi todos se encuentran a la espera de que los arrendados devuelvan los inmuebles, pero las esperanzas de recuperarlos son mínimas, ya que, según la vocera, los procesos pueden demorar de tres a cinco años, por lo menos.
Sumado a esto, han sido aprobados 70 artículos del proyecto de la nueva normativa, y lo más probable es que sea aprobado el proyecto, a pesar de los argumentos ofrecidos por los propietarios, quienes aseguran que va en detrimento de la propiedad de una parte de la población.
En vista de las normativas vigentes, ninguna persona puede ser desalojada. De hecho, ni siquiera, como lo estipulaba la antigua ley, con tres años de anticipación a los arrendados para que desocuparan el inmueble, pues ese artículo quedaría derogado en el nuevo instrumento legal.
En este sentido comenta la encargada de otra inmobiliaria que: "está bien reconocer que se han cometido abusos por parte de algunos, pero eso perjudicará a un gran colectivo que ha luchado por tener su propiedad y subsiste gracias al pago por alquiler; y ahora ni siquiera tendrán la potestad de fijar el valor de su inmueble, eso tampoco parece justo".
Señala, además, que desde 2003 los cánones de arrendamiento permanecen congelados. Salvo en algunos casos, que por convenimiento de las partes se han incrementado y no más de lo que establece la ley, es decir, entre 10 y 15% anual.
Existen infinidad de casos, comenta la fuente consultada. Por ejemplo, tenemos clientes que han sido demandados ante el Consejo Estadal de Protección del Niño y del Adolescente porque se sienten acosados y amenazados psicológicamente, por parte de los arrendadores, quienes les han solicitado reintegren el inmueble que les han alquilado y requieren de nuevo su propiedad.
Muchos han optado por ubicarles a estas familias que viven alquiladas alguna opción de vivienda que sea accesible, lo cual tampoco es sencillo; porque no se consiguen, y si existen son muy costosas. Quienes han podido, ofrecen la opción a compra, aunque los préstamos hipotecarios también resultan tediosos para los particulares, quienes deben justificar ingresos y recabar una serie de requisitos para que sean evaluados en principio, y luego de un período de tiempo no precisado conocer si son candidatos o no a optar al financiamiento de la banca, tanto privada como pública.
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Para alquilar cualquier apartamento o casa, los propietarios lo piensan dos veces y hasta más. Conseguir una oferta de inmueble para vivir actualmente es muy difícil, más aun a partir de la entrada en discusión, en la Asamblea Nacional, del proyecto de Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas, el cual tiene a los dueños tensionados y atemorizados.
Según cifras de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, el porcentaje de viviendas en alquiler bajó de 30% a 3% en menos de un año en todo el país, esto como consecuencia de la inseguridad jurídica en la que se sienten inmersos.
Tanto en los anuncios clasificados de la prensa de circulación regional, como en las agencias inmobiliarias, las ofertas de casas o apartamentos en alquiler han caído drásticamente. Incluso, según señalan fuentes del sector inmobiliario que solamente hacen algunas renovaciones de contrato, muchos propietarios que lograron el desalojo por conciliación han vuelto a sus inmuebles, pero este sector se encuentra estancado ya que, de paso, las ventas de inmuebles están "duras", por la poca capacidad adquisitiva y la exigencia de los bancos.
Además, la mayoría de la cartera de clientes de las principales agencias, que se estima suma más de 800 propietarios solo en San Cristóbal, tiene procedimientos abiertos en la Oficina de Inquilinato, y prácticamente casi todos se encuentran a la espera de que los arrendados devuelvan los inmuebles, pero las esperanzas de recuperarlos son mínimas, ya que, según la vocera, los procesos pueden demorar de tres a cinco años, por lo menos.
Sumado a esto, han sido aprobados 70 artículos del proyecto de la nueva normativa, y lo más probable es que sea aprobado el proyecto, a pesar de los argumentos ofrecidos por los propietarios, quienes aseguran que va en detrimento de la propiedad de una parte de la población.
En vista de las normativas vigentes, ninguna persona puede ser desalojada. De hecho, ni siquiera, como lo estipulaba la antigua ley, con tres años de anticipación a los arrendados para que desocuparan el inmueble, pues ese artículo quedaría derogado en el nuevo instrumento legal.
En este sentido comenta la encargada de otra inmobiliaria que: "está bien reconocer que se han cometido abusos por parte de algunos, pero eso perjudicará a un gran colectivo que ha luchado por tener su propiedad y subsiste gracias al pago por alquiler; y ahora ni siquiera tendrán la potestad de fijar el valor de su inmueble, eso tampoco parece justo".
Señala, además, que desde 2003 los cánones de arrendamiento permanecen congelados. Salvo en algunos casos, que por convenimiento de las partes se han incrementado y no más de lo que establece la ley, es decir, entre 10 y 15% anual.
Existen infinidad de casos, comenta la fuente consultada. Por ejemplo, tenemos clientes que han sido demandados ante el Consejo Estadal de Protección del Niño y del Adolescente porque se sienten acosados y amenazados psicológicamente, por parte de los arrendadores, quienes les han solicitado reintegren el inmueble que les han alquilado y requieren de nuevo su propiedad.
Muchos han optado por ubicarles a estas familias que viven alquiladas alguna opción de vivienda que sea accesible, lo cual tampoco es sencillo; porque no se consiguen, y si existen son muy costosas. Quienes han podido, ofrecen la opción a compra, aunque los préstamos hipotecarios también resultan tediosos para los particulares, quienes deben justificar ingresos y recabar una serie de requisitos para que sean evaluados en principio, y luego de un período de tiempo no precisado conocer si son candidatos o no a optar al financiamiento de la banca, tanto privada como pública.
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Prevén conflictos entre propietarios e inquilinos en Venezuela
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La Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Inmuebles acentuará conflictos entre inquilinos y propietarios, aseveró hoy aquí el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (APIUR), Roberto Orta.
"La ley lejos de estimular las inversiones en vivienda va a crear anarquía en la relación contractual inquilino-arrendador, porque atenta contra la propiedad y no establece sanción para el inquilino que deliberadamente viole el contrato de arrendamiento", dijo Orta.
En diálogo con Notimex, Orta precisó que esta ley establece que los inquilinos que rechacen la opción a compra permanecerán en el inmueble sin poder ser desalojados hasta tanto consigan una nueva vivienda.
Orta afirmó que "ahora el dueño deberá ofertar el apartamento a su inquilino, quien tiene la primera opción a compra y también un lapso de un año para conseguir el dinero y adquirirlo".
Advirtió que la ley dice que si el inquilino carece del dinero necesario, el propietario lo podrá vender a otra persona, pero se preguntó ¿cómo hacerlo con un inquilino dentro, el cual tampoco puede desalojar porque aun no consigue nueva vivienda?".
"El mercado inmobiliario va a verse totalmente restringido con una ley de este tipo, pues también se pretende obligar a los promotores de viviendas a destinar el 25 por ciento de las construcciones para el alquiler", añadió el dirigente gremial.
Denunció la falta de promoción de debates en el Congreso para buscar una solución que favorezca a ambas partes.
"Esta ley lejos de contribuir a solucionar el grave problema de la vivienda, lo que hace es acentuarlo, pues ya nadie quiere construir ni alquilar su vivienda", recalcó.
El presidente de APIUR considera que la Asamblea Nacional (Congreso unicameral) debe retomar el proyecto de reforma original que la Comisión de Administración y Servicios trabajó durante 32 meses y consultó con todos los sectores involucrados.
"El proyecto de reforma que surgió de estas discusiones públicas, las cuales quedaron grabadas en los archivos de la comisión, es incluyente y mantiene el equilibrio entre propietarios e inquilinos", aseguró.
Orta rechazó que la mayoría de los propietarios sean "latifundistas urbanos", como dice el gobierno nacional, sino de clase media que invirtieron en inmuebles o habitantes de barrios que construyeron piezas en sus viviendas para tener una fuente adicional de ingresos.
sdpnoticias.com
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"La ley lejos de estimular las inversiones en vivienda va a crear anarquía en la relación contractual inquilino-arrendador, porque atenta contra la propiedad y no establece sanción para el inquilino que deliberadamente viole el contrato de arrendamiento", dijo Orta.
En diálogo con Notimex, Orta precisó que esta ley establece que los inquilinos que rechacen la opción a compra permanecerán en el inmueble sin poder ser desalojados hasta tanto consigan una nueva vivienda.
Orta afirmó que "ahora el dueño deberá ofertar el apartamento a su inquilino, quien tiene la primera opción a compra y también un lapso de un año para conseguir el dinero y adquirirlo".
Advirtió que la ley dice que si el inquilino carece del dinero necesario, el propietario lo podrá vender a otra persona, pero se preguntó ¿cómo hacerlo con un inquilino dentro, el cual tampoco puede desalojar porque aun no consigue nueva vivienda?".
"El mercado inmobiliario va a verse totalmente restringido con una ley de este tipo, pues también se pretende obligar a los promotores de viviendas a destinar el 25 por ciento de las construcciones para el alquiler", añadió el dirigente gremial.
Denunció la falta de promoción de debates en el Congreso para buscar una solución que favorezca a ambas partes.
"Esta ley lejos de contribuir a solucionar el grave problema de la vivienda, lo que hace es acentuarlo, pues ya nadie quiere construir ni alquilar su vivienda", recalcó.
El presidente de APIUR considera que la Asamblea Nacional (Congreso unicameral) debe retomar el proyecto de reforma original que la Comisión de Administración y Servicios trabajó durante 32 meses y consultó con todos los sectores involucrados.
"El proyecto de reforma que surgió de estas discusiones públicas, las cuales quedaron grabadas en los archivos de la comisión, es incluyente y mantiene el equilibrio entre propietarios e inquilinos", aseguró.
Orta rechazó que la mayoría de los propietarios sean "latifundistas urbanos", como dice el gobierno nacional, sino de clase media que invirtieron en inmuebles o habitantes de barrios que construyeron piezas en sus viviendas para tener una fuente adicional de ingresos.
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El mercado arrendatario ¿Tiene sus días contados?
“El 65% de los inmuebles arrendados se encuentran en zonas populares del país, por lo cual el daño será para este sector”
No es algo banal y, mucho menos, para tomarlo a la ligera. El proyecto de Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Viviendas, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional (AN), implica más que el futuro de la oferta arrendataria en el país; se pone en juego, según el director jurídico de la Cámara Inmobiliaria del estado Bolívar, Pedro Pérez, el estatus legal de la propiedad privada en Venezuela.
Ante la discusión legal, el ambiente inmobiliario condensa la expectativa del país. No se sabe qué va a pasar: mientras los diputados que integran la Comisión de Administración y Servicio de la AN, ente encargado de la discusión del proyecto ley, aseguran que el derecho al uso, goce, disfrute y disposición de los bienes, contemplado en el artículo 115 de la Constitución Nacional, es respetado en la nueva legislación; la Cámara Inmobiliaria de Venezuela destaca que, sólo ante el proyecto, la oferta de inmuebles ha mermado en un 45%.
Génesis
La confusión está en el ambiente y, para hablar de la nueva legislación, el abogado especialista asegura que, primero, hay que aclarar que el proyecto en discusión no es nuevo.
“Previo a este proyecto, en el 2007, se había consignado otro, el cual fue llevado hasta primera discusión, pero hasta ahí llegó. Y no es sino hasta que por iniciativa popular, del Movimiento de Pobladores y la Red Metropolitana de Inquilinos, se activa lo relativo en cuanto al alquiler en Venezuela”.
Sin embargo, entre los dos proyectos, el cambio es contundente. “Cuando se analiza lo que es el nuevo proyecto de ley, se nota un cambio en la nueva articulación que, de alguna manera, crea un desequilibrio, entre el propietario y el inquilino. Esta legislación contempla la creación de una Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda que, entre otras cosas, va a establecer el canon de arrendamiento, que antes era concretado en acuerdo entre las partes”.
Asimismo, este nuevo órgano tendrá la potestad de inspeccionar los inmuebles sujetos a arrendamiento y fijar multas para aquellos propietarios que incumplan con esta ley.
Todo contrato de alquiler deberá pasar, previamente, por la superintendencia en la materia, la cual certificará que en el documento se establece el canon exigido por el ente, y eliminará toda cláusula que represente una penalidad para el inquilino. Las únicas sanciones permitidas para el arrendatario son las contempladas en el proyecto ley.
Contrario a esto, destaca el consultor jurídico de la Cámara Inmobiliaria del estado Bolívar, las cláusulas exigidas en los nuevos contratos restringirán a los propietarios.
Preferencia de inquilinos
De concretarse el proyecto ley, el mínimo de tiempo en alquiler de un inmueble será de 3 años. Concluido este tiempo, la primera opción para un nuevo periodo de arrendamiento siempre será el inquilino.
“Una vez transcurridos los tres años, se tiene la oportunidad de recuperar el inmueble si se justifica que es para el uso propio o de algún familiar. Ahí estaría justificado el desalojo del inquilino. Pero, ¿qué ocurre si se solicita el inmueble y se lo arrienda a otra persona que no es familiar? Bueno, ahí la superintendencia tiene la capacidad de penalizar y multar al propietario con el valor de 100 unidades tributarias por cada mes que permanezca fuera de ese inmueble el arrendatario que fue ‘desocupado entre engaños y mentiras’”.
Según el especialista, el desalojo ya no es una opción. La orden de desocupación de un inmueble solo podrá ser emitida bajo 5 causales: la mora de 4 canon de arrendamientos por parte del inquilino; comprobación del uso deshonesto del espacio arrendado; daños “malintencionados” en la infraestructura; finiquito del contrato; o ante la necesidad de uso del propietario, para esto se deberá notificar con anticipación al inquilino.
En cualquiera de los casos, si el arrendado no posee a dónde ir, el propietario está obligado a agotar la fase administrativa contemplada en Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de viviendas, y si en éstas no hay un acuerdo entre las partes, se tendría que apelar a tribunales.
Una vez dada la orden de desocupación, contará con un plazo, no mayor de 180 días ni menor de 90, para desalojar. Es decir, la permanencia del inquilino en el inmueble es indefinida.
“Ahora, después de todo esto, según la vigente Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, en su artículo 13, aun cuando ya se tenga la causal y el desalojo fuese una decisión tomada por los tribunales, la persona no podrá ser desalojada si no se tienen un lugar a dónde llevar a esa persona, ya sea un refugio temporal o una solución habitacional definitiva, si no existe al momento algunas de estas dos para la persona, la autoridad no puede proceder al desalojo”.
Limitaciones de la ley
En el proyecto discutido en la actualidad no sólo se agregan nuevas normas; según Pérez, también desaparecen algunas figuras tradicionales, y que suman confianza al propietario, en el proceso de alquiler.
Ejemplo de esto es la suspensión del depósito. “En principio se habló de limitarlo a dos meses; sin embargo, ya no existe”.
De igual forma, las reparaciones del inmueble, que en la actualidad son asumidas por ambas partes, reparaciones menores por el inquilino y mayores por el arrendatario; serán asumidas en totalidad por el propietario del inmueble, con excepción de aquellas que se compruebe la mala intención del inquilino.
Estas limitaciones legales, según Pérez, generarán la caída total del mercado arrendatario en el país. Los dueños optarán por vender sus inmuebles debido a que, según lo estipula el proyecto, todo espacio destinado a la vivienda que se encuentre desocupado será blanco de impuestos por la superintendencia.
“Contrario a lo que se piensa, aunque la ley sanciona al propietario, afectará a los inquilinos que en un futuro no podrán alquilar debido a que no habrán inmuebles en oferta. Aún más, el 65% de los inmuebles arrendados se encuentran en zonas populares del país, por lo cual el daño será para este sector. De aprobarse esta ley, se protege a los inquilinos de hoy, pero se cierran las puertas a los de un futuro. De aprobarse esta ley, los actuales serían los últimos inquilinos”, concluyó el especialista.
Correo del Caroní / Ciudad Guayana
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No es algo banal y, mucho menos, para tomarlo a la ligera. El proyecto de Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Viviendas, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional (AN), implica más que el futuro de la oferta arrendataria en el país; se pone en juego, según el director jurídico de la Cámara Inmobiliaria del estado Bolívar, Pedro Pérez, el estatus legal de la propiedad privada en Venezuela.
Ante la discusión legal, el ambiente inmobiliario condensa la expectativa del país. No se sabe qué va a pasar: mientras los diputados que integran la Comisión de Administración y Servicio de la AN, ente encargado de la discusión del proyecto ley, aseguran que el derecho al uso, goce, disfrute y disposición de los bienes, contemplado en el artículo 115 de la Constitución Nacional, es respetado en la nueva legislación; la Cámara Inmobiliaria de Venezuela destaca que, sólo ante el proyecto, la oferta de inmuebles ha mermado en un 45%.
Génesis
La confusión está en el ambiente y, para hablar de la nueva legislación, el abogado especialista asegura que, primero, hay que aclarar que el proyecto en discusión no es nuevo.
“Previo a este proyecto, en el 2007, se había consignado otro, el cual fue llevado hasta primera discusión, pero hasta ahí llegó. Y no es sino hasta que por iniciativa popular, del Movimiento de Pobladores y la Red Metropolitana de Inquilinos, se activa lo relativo en cuanto al alquiler en Venezuela”.
Sin embargo, entre los dos proyectos, el cambio es contundente. “Cuando se analiza lo que es el nuevo proyecto de ley, se nota un cambio en la nueva articulación que, de alguna manera, crea un desequilibrio, entre el propietario y el inquilino. Esta legislación contempla la creación de una Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda que, entre otras cosas, va a establecer el canon de arrendamiento, que antes era concretado en acuerdo entre las partes”.
Asimismo, este nuevo órgano tendrá la potestad de inspeccionar los inmuebles sujetos a arrendamiento y fijar multas para aquellos propietarios que incumplan con esta ley.
Todo contrato de alquiler deberá pasar, previamente, por la superintendencia en la materia, la cual certificará que en el documento se establece el canon exigido por el ente, y eliminará toda cláusula que represente una penalidad para el inquilino. Las únicas sanciones permitidas para el arrendatario son las contempladas en el proyecto ley.
Contrario a esto, destaca el consultor jurídico de la Cámara Inmobiliaria del estado Bolívar, las cláusulas exigidas en los nuevos contratos restringirán a los propietarios.
Preferencia de inquilinos
De concretarse el proyecto ley, el mínimo de tiempo en alquiler de un inmueble será de 3 años. Concluido este tiempo, la primera opción para un nuevo periodo de arrendamiento siempre será el inquilino.
“Una vez transcurridos los tres años, se tiene la oportunidad de recuperar el inmueble si se justifica que es para el uso propio o de algún familiar. Ahí estaría justificado el desalojo del inquilino. Pero, ¿qué ocurre si se solicita el inmueble y se lo arrienda a otra persona que no es familiar? Bueno, ahí la superintendencia tiene la capacidad de penalizar y multar al propietario con el valor de 100 unidades tributarias por cada mes que permanezca fuera de ese inmueble el arrendatario que fue ‘desocupado entre engaños y mentiras’”.
Según el especialista, el desalojo ya no es una opción. La orden de desocupación de un inmueble solo podrá ser emitida bajo 5 causales: la mora de 4 canon de arrendamientos por parte del inquilino; comprobación del uso deshonesto del espacio arrendado; daños “malintencionados” en la infraestructura; finiquito del contrato; o ante la necesidad de uso del propietario, para esto se deberá notificar con anticipación al inquilino.
En cualquiera de los casos, si el arrendado no posee a dónde ir, el propietario está obligado a agotar la fase administrativa contemplada en Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de viviendas, y si en éstas no hay un acuerdo entre las partes, se tendría que apelar a tribunales.
Una vez dada la orden de desocupación, contará con un plazo, no mayor de 180 días ni menor de 90, para desalojar. Es decir, la permanencia del inquilino en el inmueble es indefinida.
“Ahora, después de todo esto, según la vigente Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, en su artículo 13, aun cuando ya se tenga la causal y el desalojo fuese una decisión tomada por los tribunales, la persona no podrá ser desalojada si no se tienen un lugar a dónde llevar a esa persona, ya sea un refugio temporal o una solución habitacional definitiva, si no existe al momento algunas de estas dos para la persona, la autoridad no puede proceder al desalojo”.
Limitaciones de la ley
En el proyecto discutido en la actualidad no sólo se agregan nuevas normas; según Pérez, también desaparecen algunas figuras tradicionales, y que suman confianza al propietario, en el proceso de alquiler.
Ejemplo de esto es la suspensión del depósito. “En principio se habló de limitarlo a dos meses; sin embargo, ya no existe”.
De igual forma, las reparaciones del inmueble, que en la actualidad son asumidas por ambas partes, reparaciones menores por el inquilino y mayores por el arrendatario; serán asumidas en totalidad por el propietario del inmueble, con excepción de aquellas que se compruebe la mala intención del inquilino.
Estas limitaciones legales, según Pérez, generarán la caída total del mercado arrendatario en el país. Los dueños optarán por vender sus inmuebles debido a que, según lo estipula el proyecto, todo espacio destinado a la vivienda que se encuentre desocupado será blanco de impuestos por la superintendencia.
“Contrario a lo que se piensa, aunque la ley sanciona al propietario, afectará a los inquilinos que en un futuro no podrán alquilar debido a que no habrán inmuebles en oferta. Aún más, el 65% de los inmuebles arrendados se encuentran en zonas populares del país, por lo cual el daño será para este sector. De aprobarse esta ley, se protege a los inquilinos de hoy, pero se cierran las puertas a los de un futuro. De aprobarse esta ley, los actuales serían los últimos inquilinos”, concluyó el especialista.
Correo del Caroní / Ciudad Guayana
06-09-2011
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Ministra de comercio no descarta importar cabillas para Misión Vivienda
La ministra de comercio Edmée Betancourt destacó que la demanda de cabillas en Venezuela ha aumentado, y que no descarta recurrir a la importación para cumplir con la Gran Misión Vivienda.
“Se está trabajando para que el propio ministerio (de Industrias Básicas) pueda hacer la importación de cabillas. (…) Si se necesita estamos prestos para que ocurra”, dijo a Unión Radio.
Por otra parte, manifestó que se está trabajando en el reglamento de la Ley de Costos y Precios Justos. “Ya se está comenzando a hacer la lista por jerarquía de los productos. Se comienza por los alimentos, que es lo más importante para nosotros y seguirá el sector salud”.
Noticias24
06-09-2011
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“Se está trabajando para que el propio ministerio (de Industrias Básicas) pueda hacer la importación de cabillas. (…) Si se necesita estamos prestos para que ocurra”, dijo a Unión Radio.
Por otra parte, manifestó que se está trabajando en el reglamento de la Ley de Costos y Precios Justos. “Ya se está comenzando a hacer la lista por jerarquía de los productos. Se comienza por los alimentos, que es lo más importante para nosotros y seguirá el sector salud”.
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Analizan método para fijar canon de arrendamiento
Para determinar el canon se tomará en cuenta el tipo de vivienda y la construcción
La instancia técnica de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional inició la revisión al método de cálculo del canon de arrendamiento.
En el marco de la discusión de la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, las redes de inquilinos presentaron una propuesta que contempla que para la estimación del canon se tomará en cuenta el valor actual del inmueble y un porcentaje de rentabilidad, que será de 3%.
Ese cálculo del valor actual del inmueble incluiría, además del valor del reposición y la depreciación del bien, el tipo de vivienda y el aspecto constructivo (paredes, techos, pisos, instalaciones eléctricas, puertas, ventanas, entre otros).
En la metodología que está en estudio se prevé que por ejemplo el Ministerio de la Vivienda y Hábitat y la Superintendencia Nacional de Arrendamiento sean los encargados de determinar el valor del metro cuadrado "en concordancia con las políticas nacionales para combatir la especulación".
La participación del Estado también se extendería a la estimación de los terrenos.
En la metodología se analiza incluir el costo de la tierra, y en la propuesta se indica que si la edificación se encuentra en un terreno del Estado ello no será imputable al valor.
Si el terreno es privado, el propietario tiene que consignar ante los entes oficiales el documento de propiedad del terreno y el Ministerio determinará el valor de esa tierra.
Para terminar de afinar el metodología de cálculo, algunas organizaciones de inquilinos plantearon incluir la ubicación, pero ese aspecto continúa en estudio.
La instancia técnica continuará revisando esta semana la fórmula de estimación del canon de arrendamiento para luego consignarla a los diputados de la Comisión, quien darán el visto bueno final.
El presidente de la Comisión de Administración y Servicios, Diosdado Cabello, comentó la semana pasada que los artículos de la ley que ya han sido aprobados por la instancia serán presentados en los próximos días la plenaria para la segunda discusión.
El Universal
06-09-2011
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En el marco de la discusión de la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, las redes de inquilinos presentaron una propuesta que contempla que para la estimación del canon se tomará en cuenta el valor actual del inmueble y un porcentaje de rentabilidad, que será de 3%.
Ese cálculo del valor actual del inmueble incluiría, además del valor del reposición y la depreciación del bien, el tipo de vivienda y el aspecto constructivo (paredes, techos, pisos, instalaciones eléctricas, puertas, ventanas, entre otros).
En la metodología que está en estudio se prevé que por ejemplo el Ministerio de la Vivienda y Hábitat y la Superintendencia Nacional de Arrendamiento sean los encargados de determinar el valor del metro cuadrado "en concordancia con las políticas nacionales para combatir la especulación".
La participación del Estado también se extendería a la estimación de los terrenos.
En la metodología se analiza incluir el costo de la tierra, y en la propuesta se indica que si la edificación se encuentra en un terreno del Estado ello no será imputable al valor.
Si el terreno es privado, el propietario tiene que consignar ante los entes oficiales el documento de propiedad del terreno y el Ministerio determinará el valor de esa tierra.
Para terminar de afinar el metodología de cálculo, algunas organizaciones de inquilinos plantearon incluir la ubicación, pero ese aspecto continúa en estudio.
La instancia técnica continuará revisando esta semana la fórmula de estimación del canon de arrendamiento para luego consignarla a los diputados de la Comisión, quien darán el visto bueno final.
El presidente de la Comisión de Administración y Servicios, Diosdado Cabello, comentó la semana pasada que los artículos de la ley que ya han sido aprobados por la instancia serán presentados en los próximos días la plenaria para la segunda discusión.
El Universal
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Dueños bajo el yugo de inquilinos
La Red de Propietarios instó al diputado Diosdado Cabello a equilibrar el proyecto de Ley de Arrendamiento porque solo beneficia al inquilino. Esta semana anunciarán nuevas acciones NICOLA ROCCO
En tres oportunidades los inquilinos de Maruja Lameda Vásquez han intentado tomar por completo su casa en la calle El Cristo de Las Delicias en Sabana Grande. Ella solo les arrendó la parte alta para mantenerse y vivir en la planta baja de su inmueble con entrada independiente.
Lameda y otros 42 propietarios de inmuebles en Caracas y el interior del país denunciaron atropellos por parte de inquilinos y exdueños de viviendas que se "apoderan de la propiedad privada" en una reunión de la Red de Propietarios en Los Caobos, organización con más de 350 miembros que luchan por sus derechos.
"El viernes pasado me cortaron la electricidad y me atacan en mi propiedad porque logré recuperarla", resaltó Lameda.
Alfredo Padilla, vocero del Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar, denunció que el nuevo marco jurídico que se discute en la Asamblea Nacional para regular los alquileres terminará afectando a 70% de propietarios que construyeron sus viviendas en barrios para arrendamientos.
"El sociólogo Roberto Briceño investigó que 70% de la gente que construyó viviendas en los barrios la comparte con al menos un inquilino. A veces hasta cinco familias arrendadas. Esos ciudadanos se verán afectados con la Ley de Arrendamiento", resaltó Padilla.
El marco jurídico que se discute obligará a los arrendadores de viviendas en 70% de las barriadas de Caracas a someterse a un registro de inmuebles en alquiler reguladas y administradas por el Estado, a juicio de Padilla.
Los propietarios afectados exigieron al Ejecutivo la derogación inmediata del decreto contra desalojos de inquilinos y la modificación del proyecto de Ley de Arrendamiento porque solo beneficia a los arrendatarios y multa a los dueños de inmuebles privados.
Eva Matos, propietaria de un inmueble en Macuto, estado Vargas, relató durante el encuentro que desde 2009 lucha porque su inquilino, un concejal de la entidad, le devuelva su vivienda para resolver los problemas de salud de su madre, María de las Nieves Ríos.
La familia Matos compró el apartamento 1-C en la urbanización Punta Brisas de Macuto, residencias Parque del Caribe, en los años 70. En 2006 lo alquilaron para sostener a su familia en Mérida y el 14 de 2009 le exigieron a su inquilino el desalojo sin éxito.
"Llevamos cuatro meses en Caracas intentando resolver nuestra situación. Nos amenaza con maltrato y agresiones si lo denunciamos. A mi mamá no la atiende porque el concejal dice que no se siente bien. Solo paga Bs 800 de alquiler y acumuló una deuda de Bs 12 mil por condominio. Le propusimos la venta del apartamento y nos respondió que como se va a caer el viaducto viejo no pagará el costo de mi residencia", afirmó Eva Matos.
Mientras que Yoleida Márquez compró un apartamento en el bloque 1, piso 7 de la urbanización Diego de Lozada de Los Mecedores, parroquia La Pastora, el 20 de octubre de 2010 y tras firmar la compra-venta del inmueble sus residentes se niegan a entregárselo.
"El Banco Activo me aprobó el crédito y la familia, conocida por mi esposo. No lo desalojó. Ana Ojeda y su familia se quedaron con mi casa", dijo.
Márquez lleva casi un año viviendo arrimada en una vivienda en el barrio Unión de Artigas. Hoy aún paga las cuotas de su crédito. Ella denunció su caso en Inquilinato y Defensoría del Pueblo y no recibe respuesta. "Le pagué Bs 55 mil a la familia y su abogado en abril y tampoco se fueron", resaltó.
María Elena Navarro, vocera de la Red de Propietarios, hizo un llamado al diputado Diosdado Cabello, a que la ley sea equilibrada. "Afecta el esfuerzo de dueños clase baja y media".
El Universal
06-09-2011
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Lameda y otros 42 propietarios de inmuebles en Caracas y el interior del país denunciaron atropellos por parte de inquilinos y exdueños de viviendas que se "apoderan de la propiedad privada" en una reunión de la Red de Propietarios en Los Caobos, organización con más de 350 miembros que luchan por sus derechos.
"El viernes pasado me cortaron la electricidad y me atacan en mi propiedad porque logré recuperarla", resaltó Lameda.
Alfredo Padilla, vocero del Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar, denunció que el nuevo marco jurídico que se discute en la Asamblea Nacional para regular los alquileres terminará afectando a 70% de propietarios que construyeron sus viviendas en barrios para arrendamientos.
"El sociólogo Roberto Briceño investigó que 70% de la gente que construyó viviendas en los barrios la comparte con al menos un inquilino. A veces hasta cinco familias arrendadas. Esos ciudadanos se verán afectados con la Ley de Arrendamiento", resaltó Padilla.
El marco jurídico que se discute obligará a los arrendadores de viviendas en 70% de las barriadas de Caracas a someterse a un registro de inmuebles en alquiler reguladas y administradas por el Estado, a juicio de Padilla.
Los propietarios afectados exigieron al Ejecutivo la derogación inmediata del decreto contra desalojos de inquilinos y la modificación del proyecto de Ley de Arrendamiento porque solo beneficia a los arrendatarios y multa a los dueños de inmuebles privados.
Eva Matos, propietaria de un inmueble en Macuto, estado Vargas, relató durante el encuentro que desde 2009 lucha porque su inquilino, un concejal de la entidad, le devuelva su vivienda para resolver los problemas de salud de su madre, María de las Nieves Ríos.
La familia Matos compró el apartamento 1-C en la urbanización Punta Brisas de Macuto, residencias Parque del Caribe, en los años 70. En 2006 lo alquilaron para sostener a su familia en Mérida y el 14 de 2009 le exigieron a su inquilino el desalojo sin éxito.
"Llevamos cuatro meses en Caracas intentando resolver nuestra situación. Nos amenaza con maltrato y agresiones si lo denunciamos. A mi mamá no la atiende porque el concejal dice que no se siente bien. Solo paga Bs 800 de alquiler y acumuló una deuda de Bs 12 mil por condominio. Le propusimos la venta del apartamento y nos respondió que como se va a caer el viaducto viejo no pagará el costo de mi residencia", afirmó Eva Matos.
Mientras que Yoleida Márquez compró un apartamento en el bloque 1, piso 7 de la urbanización Diego de Lozada de Los Mecedores, parroquia La Pastora, el 20 de octubre de 2010 y tras firmar la compra-venta del inmueble sus residentes se niegan a entregárselo.
"El Banco Activo me aprobó el crédito y la familia, conocida por mi esposo. No lo desalojó. Ana Ojeda y su familia se quedaron con mi casa", dijo.
Márquez lleva casi un año viviendo arrimada en una vivienda en el barrio Unión de Artigas. Hoy aún paga las cuotas de su crédito. Ella denunció su caso en Inquilinato y Defensoría del Pueblo y no recibe respuesta. "Le pagué Bs 55 mil a la familia y su abogado en abril y tampoco se fueron", resaltó.
María Elena Navarro, vocera de la Red de Propietarios, hizo un llamado al diputado Diosdado Cabello, a que la ley sea equilibrada. "Afecta el esfuerzo de dueños clase baja y media".
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