jueves, 17 de enero de 2013

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Pedirán precisiones del alquiler por Internet


Movimientos y organizaciones de inquilinos se reunirán en los próximos días con las autoridades de la Sunavi (Superintendencia de Arrendamientos de Vivienda), a fin de solicitar información detallada de la implementación −hace menos de un mes− del Sistema de Arrendamiento de Vivienda en Línea (Savil), que permite a los arrendatarios que consignaban los cánones en tribunales, efectuar sus pagos por Internet.

Rigel Sergent, del Movimiento de Inquilinos, informó que, entre otros aspectos, precisarán si habrá un tiempo límite, desde que se puso en funcionamiento el sistema, para que los más de 30 mil inquilinos que pagaban en los tribunales se pongan al día a través del Savil, dado que se acumularon nueve meses de retraso, porque los tribunales de consignación fueron cerrados en abril de 2012.Voceros de otras organizaciones indican que el Savil "está operativo y funciona muy bien", resaltó Maglene Sierralta, de la Organización Bolivariana de Inquilinos.

La Sunavi y el Banavih (Banco Nacional de la Vivienda) realizaron el año pasado una inducción para personal e inquilinos pertenecientes a las organizaciones sociales, para que ayudaran a los arrendatarios en el trámite para pago de los alquileres por Internet.Sólo para los de tribunales. Precisan que la consignación del canon a través del Savil está operativa sólo para los casos de inquilinos que consignaban sus pagos en tribunales.

La competencia de estas consignaciones estaba en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); el año pasado a medida que se fueron ajustando las normas a la nueva Ley de Arrendamientos de Vivienda, la competencia pasó a la Superintendencia de Vivienda.

Entorno Inteligente
15-01-2013

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Familia anuncia protestas por arriendo irregular


Los dueños del local comercial impidieron el tránsito por la vía principal para exigir desocupación
DALILA ITRIAGO
Acciones de protesta para exigir la salida de los inquilinos que ocupan un local comercial en la calle El Progreso, de El Hatillo, pudieran emprender en las próximas horas la familia Pacheco, que se considera afectada por la ocupación del lugar.
María Margarita Pacheco informó que el pasado lunes impidieron el tránsito por la principal vía de acceso al pueblo de El Hatillo, para alertar a la opinión pública sobre lo que consideran una toma ilegal de la propiedad.
Pacheco justificó el acto como una medida extrema para denunciar la apropiación del local, que está ubicado en el número 7 de la calle El Progreso. Relata que hace ocho años su padre hizo un contrato de arrendamiento por seis meses, únicamente para uso comercial. Al día de hoy el inmueble sigue ocupado y es utilizado como vivienda familiar, cuando, además, no cuenta con las condiciones para ello.
“Mi padre es un hombre muy noble, que alquiló ese local sólo para ayudar a otro. De un tiempo a esta parte todo eso cambió y empezó a llegar más gente al inmueble. Ahora allí viven niños, cuando no es un lugar acondicionado para vivienda”, dijo Pacheco. Subrayó que no descartan tomar otras medidas de protesta.

Abiertos a la negociación. En el local número 7 de la calle El Progreso, efectivamente, viven otras personas, además del primer inquilino, de nombre Gerónimo Malpica.
Si bien en un principio vivía solo, en la actualidad lo hace junto a su pareja, Candelaria Hernández, y a la hija de ambos, Daría Alejandra Malpica, de 4 años de edad. También reside allí su hijo José Leonardo Malpica y los dos descendientes de éste, de 4 y 5 años de edad.
Malpica reconoce que el contrato del local es para uso comercial, pero argumenta: “La vida no se paraliza. ¿Qué hago con mis hijos? ¿Los regalo?”.
Asegura que paga el arriendo y que está al día. Destaca que buscó ayuda ante la Superintendencia de Arrendamiento de Viviendas y que está dispuesto a llegar a un acuerdo con el propietario.
La Oficina de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de El Hatillo no quiso fijar posición sobre el problema. En la Dirección de Catastro informaron que no ha llegado denuncia de alguna de las partes involucradas, por lo tanto no existe información oficial.

El Nacional
16-01-2013

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Fedecámaras exhorta al Ejecutivo a tomar medidas económicas


Jorge Botti, presidente del gremio, leyó un comunicado en el que señala que condenan el acaparamiento que genera desabastecimiento

KATIUSKA HERNÁNDEZ

Los empresarios esperan que el Gobierno acelere la toma de decisiones económicas este año. Afirman que el país está en una situación de incertidumbre por los acontecimientos políticos de los últimos días.

El presidente de Fedecámaras, Jorge Botti, dijo mediante un comunicado leído a los medios de comunicación, que está afectada la producción y abastecimiento de bienes y servicios, así como el empleo. “Esto denota la urgente necesidad de atender los crecientes desequilibrios presentes. Como lo hemos venido manifestando en los últimos meses, nos encontramos en un momento de apremio que requiere, sin demora, la adopción de decisiones económicas racionales y sensatas, estrictamente apegadas al ordenamiento legal”, dijo Botti, quien se negó a contestar preguntas en una rueda de prensa convocada por el mismo gremio.

El empresario dijo que condenan el acaparamiento que genera desabastecimiento de alimentos y todas las prácticas económicas restrictivas al comercio o contrarias a la ley, tanto en la economía formal como en la informal.

“La inseguridad, la inestabilidad, la incertidumbre y erradas políticas económicas son las verdaderas causas de la escasez y de la inflación, teniendo como principal afectado al pueblo venezolano”, afirman los empresarios.

El gremio reiteró su disposición para ejecutar acciones mancomunadas entre el gobierno, sector empresarial y sector laboral, que permitan revertir el creciente deterioro que presentan los medios de producción, la infraestructura y los mecanismos de abastecimiento a objeto de promover, con inclusión, el progreso en nuestro país.

El gremio exhortó a los Poderes Públicos, en todas sus instancias a que, como resultado de ese diálogo, se adopten las decisiones pertinentes con el interés superior de crear y preservar el mayor bienestar de todos los venezolanos.



Decisión suprema. La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia respecto a la juramentación y toma de posesión del Presidente Electo de la República, Hugo Chávez, a criterio de los empresarios agremiados a Fedecámaras obedeció a intereses particulares.

“La decisión, que a nuestro criterio obedece a intereses particulares, contiene

múltiples inconsistencias sobre las cuales se han emitido diversas opiniones y

posiciones, todo lo cual, ha generado una grave incertidumbre e inestabilidad en la vida política y económica del país”, afirmó Botti en el comunicado.

El presidente de Fedecámaras considera que la temporalidad que genera la referida sentencia debe ser aclarada a objeto de evitar la profundización de la crisis.

El Nacional
16-01-2013

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Vecinos de Miramar en Vargas temen expropiación


Los afectados son 180 familias y 60 comercios de este sector de Pariata

La comunidad fue sorprendida con anuncios de voceros de la Gobernación de Vargas
NADESKA NORIEGA ÁVILA
Maiquetía.- En alerta. Así se declaran desde ayer los vecinos y comerciantes de las tres primeras transversales de la urbanización Miramar en Pariata, ante los anuncios hechos por voceros de la Gobernación de Vargas de necesitar los terrenos que hoy ocupan para culminar la ampliación vial y el empalme entre la avenida Bicentenaria (que va por Mare Abajo) con la entrada y salida de carga pesada del Puerto de la Guaira.

De ejecutarse la medida en este sector de la parroquia Maiquetía del estado Vargas, se afectarían a 180 familias y unos 60 negocios e industrias, entre ellos pescaderías, imprentas, oficinas de aduana, almacenes, talleres mecánicos, distribuidoras y procesadoras de alimentos y restaurante.

"En diciembre tuvimos conocimiento de la necesidad de expropiar unos espacios en la última transversal para empalmar la vía. Muchas de esas estructuras ya no eran usadas, como el caso de un astillero y un taller de lanchas, pero hoy vino el procurador Pedro Rodríguez y exigió el desalojo de otros locales, advirtiendo que la medida abarcará tres transversales del urbanismo, lo que tomó por sorpresa al propio consejo comunal", dijo la vecina Belén Rodríguez. "Lo que más nos preocupa es que el representante del ejecutivo regional, en este caso el Procurador, llegue de forma impositiva, sin mostrar proyecto, sin participar a los afectados (los empresarios y los empleados), advirtiendo que la orden está tomada y debemos buscar a dónde irnos", comentó Yasmira Bolívar.

Los afectados acordaron ayer solicitar una reunión con el gobernador de la entidad, Jorge García Carneiro, para hacer de su conocimiento el alcance que sobre ellos tendrá la medida.

El Universal quiso verificar con el procurador Pedro Rodríguez, las solicitud de expropiación y su alcance, pero no hubo respuesta de este despacho.

El Universal
16-01-2013

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El tráfico de la capital sin soluciones a la vista


Tras el corto receso de navidad y de comienzo de año, el caraqueño promedio vuelve poco a poco a esa rutina diaria en la que pierde dos horas y media metido en una cola. Tomando solo en cuenta los días laborales, estamos hablando de 27 días completos cada año perdidos en el tráfico, según indica un estudio de Sotravial (Sociedad Venezolana de Ingeniería de Transporte y Vialidad).

A partir de hoy se reincorporan además a la actividad diaria los trabajadores de grandes empresas de consumo masivo que tenían vacaciones colectivas hasta el 15 de enero, aunque tal vez el Día del Maestro y la suspensión de clases en algunos colegios mejorarán un poco la fluidez del tráfico. Pero desde mañana se prevé que comiencen las fuertes colas que ya forman parte del paisaje.

Desde que en el primer gobierno de Rafael Caldera se construyeron las últimas vías expresas (autopista de Prados del Este y el Distribuidor Ciempiés), en la capital el parque automotor se ha multiplicado por más de cien, y solo en sus autopistas circulan cada día millón y medio de vehículos.

Los expertos coinciden en que este año la única perspectiva que tiene el caraqueño en esta materia es "aguantar", pues no parece haber conciencia cabal de parte de las autoridades de la gravedad de un problema que afecta absolutamente a todos los habitantes de la ciudad, sin importar clase social o lugar de residencia.

Las opciones para disminuir los tiempos de recorrido están sobre la mesa y año tras año son repetidas por todos los especialistas en el tema. El problema, como explica el ingeniero Daniel Quintini, es que en esta materia no hay soluciones de fondo baratas, y no existe disposición del Estado para cobrar lo que se debe por los servicios: "Construir nuevas vías es esencial, pero para hacerlas se necesitarían diez mil millones de dólares en un plazo de quince a veinte años. En todo el mundo las vías se construyen con impuestos a la gasolina. ¿Qué vía van a construir aquí si estamos muy contentos con que la gasolina nos la regalen?".

Javier García, profesor de la Unimet, relata que en esa universidad se han hecho estudios que revelan que la velocidad promedio en horas pico es de apenas cinco kilómetros por hora en los cinco municipios capitalinos. Y que ya ni siquiera tiene sentido hablar de horas pico sino de "períodos pico", pues cada vez se van estirando más y más.

Ante todo esto, las autoridades parecen no darse por enteradas, por lo que augura que 2013 será, también, otro año perdido en esta materia.

El Universal
15-01-2013

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MP acusó a una docente por estafa inmobiliaria en Ciudad Bolívar


El Ministerio Público acusó a la docente María Romero (42), detenida el 31 de octubre de 2012, en la avenida Andrés Bello, municipio Heres del estado Bolívar, tras presuntamente estafar a 18 personas, a quienes les habría solicitado dinero para facilitarles la adjudicación de viviendas en el desarrollo habitacional Cayaurima, ubicado en la avenida Libertador de Ciudad Bolívar.

La fiscal 5º auxiliar del primer circuito de la referida jurisdicción, Haydee Betancourt, acusó a Romero por presuntamente incurrir en el delito de estafa agravada continuada, previsto y sancionado en el Código Penal.

En el escrito presentado ante el Tribunal 3º de Control de Ciudad Bolívar, la fiscal solicitó la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de la docente y que se mantenga la medida privativa de libertad contra la mujer, quien permanece recluida en el Retén Policial de Agua Salada.

De acuerdo con la investigación, una mujer contactó a Romero para que le ayudara en la adjudicación de una vivienda en el mencionado complejo habitacional, por lo que la docente le pidió un monto de 15 mi bolívares a fin de agilizarle el trámite.

No obstante, a la solicitante le pareció sospechosa la actitud de Romero, por lo que formuló la denuncia ante funcionarios de la Policía del estado Bolívar, quienes organizaron un pago controlado.

El citado día, Romero asistió al lugar acordado, donde fue aprehendida y puesta a la orden del Ministerio Público.

Vale destacar que tras diligencias de investigación coordinadas por el Ministerio Público, se determinó que Romero habría solicitado dinero a otras 17 personas, a cambio de ayudarlas en la adjudicación de viviendas en complejos urbanísticos de interés social.

Nueva Prensa de Guayana
14-01-2013

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Cemento de Venezuela viola leyes laborales


"Los trabajadores de cemento del estado Anzoátegui estamos en una situación de conflicto porque la gerencia de Recursos Humanos ha implementado una medida que consiste en que a los empleados con enfermedades ocupacionales les desmejoran el salario y los trasladan a otros puestos de trabajo. Ellos laboraban desde hace muchos años con este padecimiento en el turno rotativo, que es hacer guardias; pero, ahora la gerencia los cambió al turno diario y con este traslado les desmejoraron el salario", expresó Luis Chaparro, miembro sindical de Cemento de Venezuela.

Asimismo, indicó que el problema es que los empleados con este cambio dejan de percibir más del 60% de los ingresos que percibían regularmente. "El otro riesgo es que le provocaron un riesgo psicológico al empleado pues antes planificaban su vida con un monto mensual pero ahora ya no podrán cubrir sus necesidades como lo hacían anteriormente y está situación afecta a los familiares del asalariado".

Un trabajador, que prefirió mantener su nombre bajo reserva por miedo a represalias de la estatal, señaló que a los trabajadores con enfermedad ocupacional les están aplicando una medida en la cual los cambian de turno rotativo al turno diario y con ello los desmejoran económicamente.

"Antes percibía Bs 5.500 pero ahora percibiré Bs 3.700, nos trasladaron a otros puestos por ser enfermos ocupacionales. La empresa debió haberme evaluado con funcionarios de Inpsasel, con los médicos ocupacionales o con el Seguro Social para ver el grado de discapacidad y después de eso aplicarme la medida".

El afectado añadió que según la Ley del Trabajo estos cambios y desmejoras de sueldos están prohibidos, "prácticamente esto es un despido indirecto para que el trabajador se canse y renuncie. Yo pudiera trabajar en el turno rotativo con la destreza que pueda desempeñar. Nosotros hemos aumentado la producción y esto ni siquiera lo reconoce la estatal. Lo peor es que tenemos un contrato colectivo vencido desde hace más de 4 años", añadió el trabajador.

Chaparro aseguró que los miembros sindicales están haciendo todas las labores indispensables y competentes para introducir este inconveniente laboral en la Inspectoría del Trabajo ya que la empresa incumple con el contrato colectivo vencido y la LOT. "Estamos convocando a todos los empleados a que se unan en una movilización para rechazar está política de Cementos de Venezuela que lo que hace es violar los derechos laborales".

Los trabajadores señalaron que a pesar de que ya se han ingresado varios empleados a la nómina, todavía hay aproximadamente 40% en condición de tercerizados. Además, hay despidos injustificados con calificación de reenganche y todavía la empresa no acepta la orden.

ARIANA GONCALVES BRITO

La Región (Los Teques)
15-01-2013

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Desalojan a invasores de terreno de Guatire


El jefe del cuerpo policial, indico que "si se vuelven a meter los volveremos a sacar porque estas ocupaciones están prohibidas "
   
Irama Delgado |ÚN.- Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y Polizamora desalojaron esta noche a un grupo de 32 personas de un terreno en la zona industrial Sabello de Guatire (Mir), en el que permanecen desde hace mas de 15 días.

El comisario Edgar Martinez, jefe del cuerpo policial, indico que "si se vuelven a meter los volveremos a sacar porque estas ocupaciones están prohibidas ".
En el procedimiento actuaron efectivos de Dibise y el Destacamento 55.

El funcionario negó que se utilizo algún tipo de violencia.
Es la segunda vez que mandan a retirar del lugar a este grupo.

Por teléfono, las personas dijeron que la GNB quemo las colchonetas, bolsas de comida y sábanas. !Bomberos de Zamora se presentaron para apagar las llamas.

Las personas se resisten a salir del lugar porque quieren vivir allí. Aseguran que en Catastro les indicaron que podían quedarse siempre y cuando no construyeran ranchos.

Prometieron que este miércoles 16 confirmarían si el terreno es privado o no. El grupo procede del sector Sojo y afirman que necesitan vivienda.

Hace mas de 15 días custodian el lugar, del cual aseguran tiene 50 años abandonado. El terreno al parecer es privado y allí se construirán galpones para refrigeración de alimentos de empresas del Gobierno nacional.

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15-01-2013

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Policía de Aragua tumbó 197 ranchos de la invasión Corazón de Mi Patria


Pasadas las 10:00 de la mañana de este martes, una comisión de al menos 200 funcionarios de la Policía del estado Aragua, llegó a la invasión conocida como Corazón de Mi Patria en el sector Cachipo norte, del municipio Mariño, para derrumbar unas 197 viviendas improvisadas, las cuales según relataron los propietarios, habían sido levantadas hace más de 3 meses, después de haber cancelado 5 mil bolívares por cada una de las parcelas.

Camas, neveras, cocinas y ropas, quedaron al descubierto

Los vecinos de este sector, en su mayoría, adolescentes entre 13 y 17 años embarazadas y otras con bebés en brazos, relataron que se encontraban dentro de sus viviendas, cuando los uniformados comenzaron a tumbar los ranchos, alegando que se trataba de una orden emanada de un ente superior, sin definir de donde provenía ésta.

Zuly Velasco, habitante del lugar, explicó que hace más de cinco meses comenzaron las gestiones para que les fuera otorgada una parcela de dicho terreno que, asegura, pertenece al estado. La vocera para este fin es Yajaira Blanco -dijo Velasco- a quien le entregaron 5 mil bolívares por cada una.

"No sabemos a dónde fue a dar ese dinero, solamente sabemos que ella se identificó como representante de la gobernación y una vez que le cancelábamos, nos daba el permiso para levantar nuestro rancho y aquí vivimos desde hace más de tres meses, por lo cual desconocemos porqué ahora vienen a tumbarlos, sin mostrarnos una orden de desalojo".

Asimismo, explicó que la actuación de los uniformados fue violenta desde un principio: "No nos dejaron sacar nuestros corotos, se nos dañaron enseres y ropas, ellos llegaron con palos, bates y machetes y al tratar de impedir que continuaran destrozando todo a su paso, fuimos agredidas, nos arrastraron por el piso, golpearon y maltrataron, física y verbalmente, se llevaron presas a varias personas y no hemos visto a nadie que venga a defendernos".

Destacó que durante el período de campaña del gobernador, Tareck el Aissami, tuvo la oportunidad de conversar con él y explicarle la situación en que estaban viviendo, quien en repetidas ocasiones les indicó, que contaban con su apoyo, ayuda y absoluto respaldo, por lo que desconocen el porqué, ahora los están sacando.

"Tarek nos brindó su apoyo, él sabe que existimos y que aquí vivimos, somos pueblo y revolucionarias, no es justo que nos traten de esta manera. La noche del lunes, estuvo un representante de la gobernación quien se identificó como asistente de la secretaría, de nombre Gregori, asegurándonos que ésta medida no sería ejecutada, por lo que confiamos en él y ahora nos están sacando como animales", mencionó la afectada.

Los medios de comunicación allí presentes, tratamos de obtener alguna información oficial de parte de algunos de los funcionarios del ente policial o de un ciudadano que los acompañaba quien no quiso identificarse, pero aseguró que estaba en representación de la Defensoría del Pueblo, siendo imposible obtener alguna respuesta, de quién había autorizado la medida y sí estaban velando por los derechos de estas personas.

Más tarde, los mismos vecinos, comenzaron a tumbar unos 20 ranchos, que de manera curiosa, no estaban siendo tocados por los representantes del orden público, alegando que "si la medida era para todos, ahí nadie tenía corona" y con la fuerza que produce la impotencia y con lágrimas en los ojos, procedieron a arrancar las tablas y cartones que hacían funciones de paredes, situación que generó, que otros tantos fueran detenidos y llevados a la comisaría de la comunidad.

Finalmente, los afectados aseguraron que se ubicarían a las puertas de la gobernación del estado Aragua, con todos sus corotos, hasta que alguna autoridad les diera respuesta sobre el por qué se llevó a cabo esta medida, así como cuál será su techo a partir de ahora.

YETZENHIA PEÑA

El Siglo
15-01-2013

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