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viernes, 1 de junio de 2012
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Catia recuerda que "expropiar es robar"
El Gobierno arrasa con todo a su paso. Obsesionado por construir viviendas, poco o nada importan las ferreterías de zonas populares afectadas por la toma de galpones de Empresas Polar y otros locales en Catia. Mucho menos interesan los constructores populares de barrios cercanos, que se surten de estos comercios para parapetear sus modestas casas. Ni pensar en los 150 trabajadores desempleados por la medida. El alcalde Jorge Rodríguez debe estar satisfecho: una vez más se salió con la suya.
Desde el Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar informan que hay intereses ocultos.
"Detrás de todo esto existe la intención de someter a una sociedad, tratando a los ciudadanos como subalternos del Gobierno. De ahí la importancia de limitar las libertades económicas. A esto se suma el interés de vender puestos de trabajo y el cemento a los constructores de los conjuntos residenciales que quieren desarrollar en Catia", denuncia Alfredo Padilla, representante de esta ONG.
Vladimir Chiras teme perder el trabajo que conserva desde hace tres años. Aunque la empresa donde labora no tiene sentencia de expropiación, sigue sintiendo desconfianza. Si llegara extenderse la medida, no solo se atentaría contra su empleo, "pues Mil Cerámicas cubre mis estudios de Ingeniería Industrial. No solo es el salario, sino este respaldo económico para sostener mi carrera", destacó el joven de 22 años, cursante de quinto semestre.
Como otros empleados de la zona pide un proceso justo donde todos salgan ganando. "Quizás se trate de una campaña política.
Si se está expropiando para beneficiar a familias sin vivienda, pues deben hacerlo sin que esto afecte a los trabajadores de estos comercios", propone Chiras, quien deja sin efecto el discurso oficial que llama "explotadores" a los empresarios. "Todo lo contrario, a mí me están ayudando con mis estudios", acota.
"MARÍA CORINA TIENE RAZÓN" Como encargado del negocio, Víctor Maniglia dice sentir orgullo de pertenecer a la comunidad de Catia. "Nosotros también estamos con los vecinos. Si la expropiación se hace como debe ser, pues bienvenida.
De lo contrario sería un robo, como dijo la diputada María Corina Machado.
Estamos abiertos al diálogo y rechazamos toda medida arbitraria. Afortunadamente, la Alcaldía de Caracas nos manifestó que no seremos expropiados".
Pero la incertidumbre sigue: "igual estamos alerta", acota. "Ya estamos pensando cómo reaccionar ante cualquier situación.
Solo queremos proteger a 26 trabajadores directos.
Yo tengo un hijo de 15 años que mantengo y necesito el trabajo para seguir con su educación. No somos enemigos de nadie. Más bien hace poco la Guardia del Pueblo nos solicitó cooperar con materiales porcelanados para un destacamento del oeste. Por nuestra parte, estamos dispuestos a colaborar".
Agrega que este tipo de local tiene "estándares orientados para este tipo de población de zonas populares, con productos de muy alta calidad, pero con precios más accesibles que las de otras tiendas de cerámica filiales", respondió Maniglia, mientras señalaba las cerámicas y piezas sanitarias, llevadas de un lado a otro por sus propios trabajadores.
Gustavo Grau, asesor legal de Polar, dijo no entender cómo "habiendo cantidades de terrenos sin uso que son propiedad de la Alcaldía (..), vienen aquí a acabar con años de sacrificio y trabajo honesto de estos pequeños comerciantes".
Tal Cual
31-05-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
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Desde el Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar informan que hay intereses ocultos.
"Detrás de todo esto existe la intención de someter a una sociedad, tratando a los ciudadanos como subalternos del Gobierno. De ahí la importancia de limitar las libertades económicas. A esto se suma el interés de vender puestos de trabajo y el cemento a los constructores de los conjuntos residenciales que quieren desarrollar en Catia", denuncia Alfredo Padilla, representante de esta ONG.
Vladimir Chiras teme perder el trabajo que conserva desde hace tres años. Aunque la empresa donde labora no tiene sentencia de expropiación, sigue sintiendo desconfianza. Si llegara extenderse la medida, no solo se atentaría contra su empleo, "pues Mil Cerámicas cubre mis estudios de Ingeniería Industrial. No solo es el salario, sino este respaldo económico para sostener mi carrera", destacó el joven de 22 años, cursante de quinto semestre.
Como otros empleados de la zona pide un proceso justo donde todos salgan ganando. "Quizás se trate de una campaña política.
Si se está expropiando para beneficiar a familias sin vivienda, pues deben hacerlo sin que esto afecte a los trabajadores de estos comercios", propone Chiras, quien deja sin efecto el discurso oficial que llama "explotadores" a los empresarios. "Todo lo contrario, a mí me están ayudando con mis estudios", acota.
"MARÍA CORINA TIENE RAZÓN" Como encargado del negocio, Víctor Maniglia dice sentir orgullo de pertenecer a la comunidad de Catia. "Nosotros también estamos con los vecinos. Si la expropiación se hace como debe ser, pues bienvenida.
De lo contrario sería un robo, como dijo la diputada María Corina Machado.
Estamos abiertos al diálogo y rechazamos toda medida arbitraria. Afortunadamente, la Alcaldía de Caracas nos manifestó que no seremos expropiados".
Pero la incertidumbre sigue: "igual estamos alerta", acota. "Ya estamos pensando cómo reaccionar ante cualquier situación.
Solo queremos proteger a 26 trabajadores directos.
Yo tengo un hijo de 15 años que mantengo y necesito el trabajo para seguir con su educación. No somos enemigos de nadie. Más bien hace poco la Guardia del Pueblo nos solicitó cooperar con materiales porcelanados para un destacamento del oeste. Por nuestra parte, estamos dispuestos a colaborar".
Agrega que este tipo de local tiene "estándares orientados para este tipo de población de zonas populares, con productos de muy alta calidad, pero con precios más accesibles que las de otras tiendas de cerámica filiales", respondió Maniglia, mientras señalaba las cerámicas y piezas sanitarias, llevadas de un lado a otro por sus propios trabajadores.
Gustavo Grau, asesor legal de Polar, dijo no entender cómo "habiendo cantidades de terrenos sin uso que son propiedad de la Alcaldía (..), vienen aquí a acabar con años de sacrificio y trabajo honesto de estos pequeños comerciantes".
Tal Cual
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"En Catia trabajamos, no robamos"
Ayer los vecinos evitaron que Fundacaracas demoliera 15 locales
El director de Policaracas, Robinson Navarro, dijo que harán viviendas para damnificados de 2010
JORGE HERNÁNDEZ
"Catia no va a ser el depósito de Polar. Nosotros ya habíamos notificado a los comerciantes de la calle La Laguna de Los Magallanes que debían desalojar sus locales. Por los momentos en esta etapa por la avenida Simón Bolívar no tumbaremos viviendas. La expropiación de galpones no implica pago previo, yo soy abogado", anunció Carlos Mogollón, director del Gobierno Parroquial de la Alcaldía de Libertador frente a vecinos que rechazaban el "desalojo arbitrario" de 15 comercios para hacer viviendas.
La llegada de más de 40 funcionarios de la Policía de Caracas y de obreros contratados por la Fundación Caracas que pretendían derrumbar 15 comercios en Los Magallanes de Catia con retroexcavadoras y otras maquinarias pesadas, sin previo aviso, generó una protesta de vecinos, trabajadores y comerciantes, quienes gritaban que el alcalde Jorge Rodríguez dejará en la calle a 150 trabajadores. A ellos se suman otras cien personas que perderán su trabajo con el desalojo de doce galpones en la calle Panamerican y Ecuador de Catia.
"Ellos llegaron y nos dijeron que tienen orden de desalojar inmediatamente los comercios de la calle La Laguna para hacer viviendas. No nos vamos a salir. En Catia trabajamos, no robamos. Policaracas impide abrir nuestros negocios para trabajar. Se están metiendo con gente humilde. Catia les pasará factura", aseguró Eumar Gómez, comerciante afectada.
Wendy Ruiz, comerciante, conversó con los miembros de la Sindicatura Municipal, Fundacaracas y con el director de Policaracas, Robinson Navarro, durante más de una hora. A su salida informó que "por el momento" no entraría la maquinaria pesada a demoler locales". "Ellos van a retirar su fuerza policial y habrá que negociar sin uso de la violencia".
Las palabras de Ruiz causaron que decenas de vecinos protestaran y trancaran la avenida Simón Bolívar por al menos una hora. "El Plan Catia nunca ha cumplido con las leyes, Me vas a decir a mí que van a negociar si ya actuaron con mandarrias en la mueblería La Campagna y hoy llegaron con camiones a demoler. No seas falsa", le gritaron vecinos de Los Magallanes de Catia.
Ruiz recalcó que nunca antes recibieron notificación de desalojo ni se hicieron estudios de suelo, y que ellos solo pagan el alquiler a Inversiones Rodigama. Otros afectados indicaron que los terrenos y bienechurías de la calle La Laguna pertenecen a Ramón Machado, quien a la fecha no da la cara.
Mogollón por su parte aseguró que el dueño de alrededor de 5 mil m2 de terrenos en Catia nunca avisó a los inquilinos que se haría una expropiación.
Héctor Vizcaya, vocero de los comerciantes de Catia, contó que en Asamblea de Ciudadanos acordaron que no iban a negociar con la Alcaldía de Libertador porque siempre hacen mesas de trabajo ineficientes.
Ayer los miembros de la Fuerza Motorizada de Catia solo observaron los hechos. Luis Armando Ñanez, vocero, dijo que el gremio no ha sido atropellado. "Las expropiaciones se hacen con la legalidad de cada caso. Hay muchos colegas que tienen necesidad de vivienda y ya los hemos censado", indicó.
Luego de varias horas de reunión entre las partes, vecinos y Alcaldía acordaron hacer una asamblea el viernes en el mercado Don Pollo para ver el Plan Catia. También se permitirá trabajar a los comerciantes hasta que se les acabe la mercancía, dijo Gladys Acosta, vecina.
Robinson Navarro, director de Policaracas, informó que se harán viviendas con locales en la planta baja y los primeros beneficiados serán los comerciantes de Los Magallanes.
Trascendió que los dueños del terreno de Los Magallanes no ha hecho ninguna negociación con la Alcaldía de Libertador porque "nunca pagan".
"ABUSO DE PODER"
• Amante Crincoli, vocero de los comerciantes de Catia, anunció que en la parroquia Sucre están en estado de alerta ante el abuso de poder de la Alcaldía de Libertador con la expropiación de doce galpones y 15 comercios.
• El galpón de Polar en la calle Ecuador está en demolición a pesar que en la empresa anunciaron que la acción es desproporcionada y violenta.
• Abogados de los comerciantes de la calle Panamerican solicitaron a la Sindicatura Municipal al menos tres meses para desalojar, previo avalúo, justa indemnización, y permiso para ejercer sus actividad comercial hasta la entrega del local.
El Universal
31-05-2012
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El director de Policaracas, Robinson Navarro, dijo que harán viviendas para damnificados de 2010
JORGE HERNÁNDEZ
"Catia no va a ser el depósito de Polar. Nosotros ya habíamos notificado a los comerciantes de la calle La Laguna de Los Magallanes que debían desalojar sus locales. Por los momentos en esta etapa por la avenida Simón Bolívar no tumbaremos viviendas. La expropiación de galpones no implica pago previo, yo soy abogado", anunció Carlos Mogollón, director del Gobierno Parroquial de la Alcaldía de Libertador frente a vecinos que rechazaban el "desalojo arbitrario" de 15 comercios para hacer viviendas.
La llegada de más de 40 funcionarios de la Policía de Caracas y de obreros contratados por la Fundación Caracas que pretendían derrumbar 15 comercios en Los Magallanes de Catia con retroexcavadoras y otras maquinarias pesadas, sin previo aviso, generó una protesta de vecinos, trabajadores y comerciantes, quienes gritaban que el alcalde Jorge Rodríguez dejará en la calle a 150 trabajadores. A ellos se suman otras cien personas que perderán su trabajo con el desalojo de doce galpones en la calle Panamerican y Ecuador de Catia.
"Ellos llegaron y nos dijeron que tienen orden de desalojar inmediatamente los comercios de la calle La Laguna para hacer viviendas. No nos vamos a salir. En Catia trabajamos, no robamos. Policaracas impide abrir nuestros negocios para trabajar. Se están metiendo con gente humilde. Catia les pasará factura", aseguró Eumar Gómez, comerciante afectada.
Wendy Ruiz, comerciante, conversó con los miembros de la Sindicatura Municipal, Fundacaracas y con el director de Policaracas, Robinson Navarro, durante más de una hora. A su salida informó que "por el momento" no entraría la maquinaria pesada a demoler locales". "Ellos van a retirar su fuerza policial y habrá que negociar sin uso de la violencia".
Las palabras de Ruiz causaron que decenas de vecinos protestaran y trancaran la avenida Simón Bolívar por al menos una hora. "El Plan Catia nunca ha cumplido con las leyes, Me vas a decir a mí que van a negociar si ya actuaron con mandarrias en la mueblería La Campagna y hoy llegaron con camiones a demoler. No seas falsa", le gritaron vecinos de Los Magallanes de Catia.
Ruiz recalcó que nunca antes recibieron notificación de desalojo ni se hicieron estudios de suelo, y que ellos solo pagan el alquiler a Inversiones Rodigama. Otros afectados indicaron que los terrenos y bienechurías de la calle La Laguna pertenecen a Ramón Machado, quien a la fecha no da la cara.
Mogollón por su parte aseguró que el dueño de alrededor de 5 mil m2 de terrenos en Catia nunca avisó a los inquilinos que se haría una expropiación.
Héctor Vizcaya, vocero de los comerciantes de Catia, contó que en Asamblea de Ciudadanos acordaron que no iban a negociar con la Alcaldía de Libertador porque siempre hacen mesas de trabajo ineficientes.
Ayer los miembros de la Fuerza Motorizada de Catia solo observaron los hechos. Luis Armando Ñanez, vocero, dijo que el gremio no ha sido atropellado. "Las expropiaciones se hacen con la legalidad de cada caso. Hay muchos colegas que tienen necesidad de vivienda y ya los hemos censado", indicó.
Luego de varias horas de reunión entre las partes, vecinos y Alcaldía acordaron hacer una asamblea el viernes en el mercado Don Pollo para ver el Plan Catia. También se permitirá trabajar a los comerciantes hasta que se les acabe la mercancía, dijo Gladys Acosta, vecina.
Robinson Navarro, director de Policaracas, informó que se harán viviendas con locales en la planta baja y los primeros beneficiados serán los comerciantes de Los Magallanes.
Trascendió que los dueños del terreno de Los Magallanes no ha hecho ninguna negociación con la Alcaldía de Libertador porque "nunca pagan".
"ABUSO DE PODER"
• Amante Crincoli, vocero de los comerciantes de Catia, anunció que en la parroquia Sucre están en estado de alerta ante el abuso de poder de la Alcaldía de Libertador con la expropiación de doce galpones y 15 comercios.
• El galpón de Polar en la calle Ecuador está en demolición a pesar que en la empresa anunciaron que la acción es desproporcionada y violenta.
• Abogados de los comerciantes de la calle Panamerican solicitaron a la Sindicatura Municipal al menos tres meses para desalojar, previo avalúo, justa indemnización, y permiso para ejercer sus actividad comercial hasta la entrega del local.
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31-05-2012
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La producción de cabillas retrocedió 8% en 12 meses
En el primer trimestre la fabricación de acero bajó 32,8%
La menor producción de acero impacta en la ejecución de las obras de infraestructura ARCHIVO
MAYELA ARMAS H.
Las autoridades aseguran que el motor de la construcción ya se prendió y por ello la economía repuntó 5,6% en el primer trimestre, sin embargo, la producción de los insumos que se necesitan para poder avanzar en las obras no marchó igual.
La información del Banco Central de Venezuela (BCV) sobre el índice de producción física revela que en el período de enero-marzo de 2012 hubo un retroceso en la fabricación de cabillas, acero y aluminio.
Las cifras del ente emisor detallan que en el trimestre el descenso en la producción de acero primario fue de 32,8% y en la de cabillas 3,69%.
Esos resultados confirman los señalamientos de los trabajadores de las siderúrgicas, quienes en el transcurso del ejercicio indicaron que las empresas no estaban operando a plena capacidad por el déficit de insumos e inversión.
Los datos del BCV dejan al descubierto que la situación es más crítica, pues en 12 meses (marzo de 2012 vs marzo de 2011) la caída en la producción de cabillas fue de 8% y en acero primario 22%.
Durante la presentación de los resultados de la economía al cierre de marzo, el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani y el presidente del BCV, Nelson Merentes, tuvieron que reconocer que esa producción de acero y aluminio (que está en manos del Estado) registró un saldo negativo.
Impactos
La caída de la producción impacta en los proyectos. Lo poco que se genera de insumos de acero se está destinando a la Gran Misión Vivienda, pero ello no es suficiente para atender la demanda del plan habitacional, lo que ha llevado a Pdvsa a importar cabillas.
Representantes del sector construcción señalan que las fallas con los materiales de acero persisten. Aseguran que en las distribuidoras no hay cabillas ni mallas, y sin esos insumos, los desarrollos de vivienda no pueden avanzar.
De hecho el BCV admitió que en el primer trimestre la construcción privada bajó 10,6% justamente por la menor disponibilidad de materiales.
El descenso en la producción de los insumos básicos de la construcción no solo afecta a los privados. Las otras obras de infraestructura que ejecutan los entes oficiales marchan a un menor ritmo por la ausencia de materiales.
Las fuentes del sector construcción aseguran que con otros productos como cemento el suministro es irregular.
Las cifras del BCV no detallan la producción, solamente está la notificación que se realizó en el informe del primer trimestre, que indicó que la fabricación subió 15%. Y al igual que con los otros insumos de la construcción, la prioridad en la distribución de cemento fue para la Gran Misión Vivienda.
Las cifras del instituto emisor indican que la producción de aluminio primario bajó 16,6% en el primer trimestre y en 12 meses (marzo 2012 vs marzo 20119 la caída fue 30%.
En el transcurso del 2012 las líneas de producción de las empresas básicas del sector aluminio trabajaron a medias también por la falta de insumos para operar y la menor inyección de recursos.
CREARÁN GUÍAS DE MOVILIZACIÓN
El Gobierno pondrá en marcha el Sistema Integral de Insumos y Productos, a fin de erradicar el contrabando de materiales para la construcción, según informó el ministro de Industrias, Ricardo Menéndez.
"Va a significar todo el sistema de guías para aquellos productos que salen de la cementera, de nuestras plantas siderúrgicas, del sector aluminio para que tengamos la garantía de cómo sale, en qué punto sale, con qué volumen sale y que llegue al sitio que estaba planteado", dijo a Radio Nacional de Venezuela (RNV).
Los materiales supervisados serán los pegos, cemento en distintas variedades, las cabillas, el acero estructural, perfiles metálicos, tubos estructurales, mallas para concreto armado, entre otros, indicó el funcionario.
El pasado mes de marzo el funcionario ya había señalado que se contempla la incorporación "de códigos de barras, posicionadores satelitales, e incluso un sistema para el control del peso de la carga que transporta cada gandola, para determinar en qué punto del territorio nacional fue descargado un determinado material".
Ante la Misión Vivienda, el Gobierno ya creó centros de distribución de materiales, los Construpatria.
El Universal
31-05-2012
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La menor producción de acero impacta en la ejecución de las obras de infraestructura ARCHIVO
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Las autoridades aseguran que el motor de la construcción ya se prendió y por ello la economía repuntó 5,6% en el primer trimestre, sin embargo, la producción de los insumos que se necesitan para poder avanzar en las obras no marchó igual.
La información del Banco Central de Venezuela (BCV) sobre el índice de producción física revela que en el período de enero-marzo de 2012 hubo un retroceso en la fabricación de cabillas, acero y aluminio.
Las cifras del ente emisor detallan que en el trimestre el descenso en la producción de acero primario fue de 32,8% y en la de cabillas 3,69%.
Esos resultados confirman los señalamientos de los trabajadores de las siderúrgicas, quienes en el transcurso del ejercicio indicaron que las empresas no estaban operando a plena capacidad por el déficit de insumos e inversión.
Los datos del BCV dejan al descubierto que la situación es más crítica, pues en 12 meses (marzo de 2012 vs marzo de 2011) la caída en la producción de cabillas fue de 8% y en acero primario 22%.
Durante la presentación de los resultados de la economía al cierre de marzo, el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani y el presidente del BCV, Nelson Merentes, tuvieron que reconocer que esa producción de acero y aluminio (que está en manos del Estado) registró un saldo negativo.
Impactos
La caída de la producción impacta en los proyectos. Lo poco que se genera de insumos de acero se está destinando a la Gran Misión Vivienda, pero ello no es suficiente para atender la demanda del plan habitacional, lo que ha llevado a Pdvsa a importar cabillas.
Representantes del sector construcción señalan que las fallas con los materiales de acero persisten. Aseguran que en las distribuidoras no hay cabillas ni mallas, y sin esos insumos, los desarrollos de vivienda no pueden avanzar.
De hecho el BCV admitió que en el primer trimestre la construcción privada bajó 10,6% justamente por la menor disponibilidad de materiales.
El descenso en la producción de los insumos básicos de la construcción no solo afecta a los privados. Las otras obras de infraestructura que ejecutan los entes oficiales marchan a un menor ritmo por la ausencia de materiales.
Las fuentes del sector construcción aseguran que con otros productos como cemento el suministro es irregular.
Las cifras del BCV no detallan la producción, solamente está la notificación que se realizó en el informe del primer trimestre, que indicó que la fabricación subió 15%. Y al igual que con los otros insumos de la construcción, la prioridad en la distribución de cemento fue para la Gran Misión Vivienda.
Las cifras del instituto emisor indican que la producción de aluminio primario bajó 16,6% en el primer trimestre y en 12 meses (marzo 2012 vs marzo 20119 la caída fue 30%.
En el transcurso del 2012 las líneas de producción de las empresas básicas del sector aluminio trabajaron a medias también por la falta de insumos para operar y la menor inyección de recursos.
CREARÁN GUÍAS DE MOVILIZACIÓN
El Gobierno pondrá en marcha el Sistema Integral de Insumos y Productos, a fin de erradicar el contrabando de materiales para la construcción, según informó el ministro de Industrias, Ricardo Menéndez.
"Va a significar todo el sistema de guías para aquellos productos que salen de la cementera, de nuestras plantas siderúrgicas, del sector aluminio para que tengamos la garantía de cómo sale, en qué punto sale, con qué volumen sale y que llegue al sitio que estaba planteado", dijo a Radio Nacional de Venezuela (RNV).
Los materiales supervisados serán los pegos, cemento en distintas variedades, las cabillas, el acero estructural, perfiles metálicos, tubos estructurales, mallas para concreto armado, entre otros, indicó el funcionario.
El pasado mes de marzo el funcionario ya había señalado que se contempla la incorporación "de códigos de barras, posicionadores satelitales, e incluso un sistema para el control del peso de la carga que transporta cada gandola, para determinar en qué punto del territorio nacional fue descargado un determinado material".
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Bancos obligados a enviar a Sudeban datos de clientes
El organismo fijó julio como el mes límite para recibir la información
La Sudeban avanza en la puesta en marcha del SIF ARCHIVO
VÍCTOR SALMERÓN
La Superintendencia de Bancos estableció julio como mes límite para que las entidades financieras le entreguen los datos extra que exige el nuevo Sistema de Información Integral Financiero (SIF).
El SIF contiene una serie de "átomos" que incluyen los datos que los banqueros deberán transmitir y amplía notablemente la información a ser enviada en comparación con el sistema antiguo, conocido en la banca como ROCA.
El átomo catorce es uno de los que más preocupación genera en los bancos ya que de manera adicional a lo que contemplaba el ROCA (número de cédula, sexo, tipo de cuenta, actividad económica, nombre), deberán enviar a la Superintendencia el código de cuenta de cada cliente, la oficina donde tiene la cuenta, fecha de nacimiento, profesión u oficio y fecha en la que abrió la cuenta.
Al átomo catorce se añade el átomo cuatro que obliga a transmitir datos relacionados con las personas y empresas que han recibido créditos.
Concretamente se exige el número de RIF, "domicilio real del contribuyente en caso de ser persona natural", actividad económica a la que se dedica y la nacionalidad.
Al cierre de mayo los bancos habían transmitido 82% de la información requerida y las entidades financieras de gran tamaño son las que se encuentran más demoradas por considerar que la entrega de estos datos debilita en gran medida la protección que deben darle a la información de los clientes.
Banqueros señalan que les preocupa la posibilidad de que la información pueda filtrase y ser utilizada de forma inescrupulosa.
vsalmeron@eluniversal.com
El Universal
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El SIF contiene una serie de "átomos" que incluyen los datos que los banqueros deberán transmitir y amplía notablemente la información a ser enviada en comparación con el sistema antiguo, conocido en la banca como ROCA.
El átomo catorce es uno de los que más preocupación genera en los bancos ya que de manera adicional a lo que contemplaba el ROCA (número de cédula, sexo, tipo de cuenta, actividad económica, nombre), deberán enviar a la Superintendencia el código de cuenta de cada cliente, la oficina donde tiene la cuenta, fecha de nacimiento, profesión u oficio y fecha en la que abrió la cuenta.
Al átomo catorce se añade el átomo cuatro que obliga a transmitir datos relacionados con las personas y empresas que han recibido créditos.
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Al cierre de mayo los bancos habían transmitido 82% de la información requerida y las entidades financieras de gran tamaño son las que se encuentran más demoradas por considerar que la entrega de estos datos debilita en gran medida la protección que deben darle a la información de los clientes.
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Arrendatarios tendrán hasta seis meses para adquirir locales
La propuesta de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial permitirá la venta de locales comerciales a los arrendatarios, sin embargo, para la oferta se impondrán condiciones. Si los alquilados manifiestan su voluntad de comprar los inmuebles tendrán un plazo de seis meses para tramitar los financiamientos.
El artículo 78 del proyecto señala que "la preferencia ofertiva es el derecho que corresponde al arrendatario que ocupa un inmueble para que se le ofrezca en venta, en primer lugar y con preferencia ante terceros".
Según el proyecto que maneja la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, "en la oferta de venta no se podrá exigir el pago de contado, no se podrá establecer un plazo menor de seis meses a los efectos de la obtención del créditos". Se agrega que "en los contratos de opción de compraventa no se podrán colocar cláusulas que prevean la posibilidad de resolución unilateral por parte del propietario". MAH
El Universal
31-05-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
04166220453
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El artículo 78 del proyecto señala que "la preferencia ofertiva es el derecho que corresponde al arrendatario que ocupa un inmueble para que se le ofrezca en venta, en primer lugar y con preferencia ante terceros".
Según el proyecto que maneja la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, "en la oferta de venta no se podrá exigir el pago de contado, no se podrá establecer un plazo menor de seis meses a los efectos de la obtención del créditos". Se agrega que "en los contratos de opción de compraventa no se podrán colocar cláusulas que prevean la posibilidad de resolución unilateral por parte del propietario". MAH
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Vecinos de Catia pararon la demolición
A las 7 y 30 de la mañana de ayer, los comerciantes de la avenida Bolívar de Los Magallanes de Catia se encontraron con la maquinaria pesada que la Alcaldía del municipio Libertador dispuso para comenzar a derribar las estructuras de los negocios donde trabajan 150 familias.
Los comerciantes se apostaron en la entrada del lugar para impedir que se derrumbaran los locales que aún están ocupados por mercancía y mobiliario de los trabajadores, mientras un contingente de motorizados y efectivos de la Policía de Caracas junto a funcionarios del Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise) que abarcaba toda la avenida, custodiaban el lugar.
En medio de la tensión, 15 representantes de los comerciantes y funcionarios del municipio se reunieron durante más de una hora para tratar de encontrar una salida.
Wendy Ruiz, representante de los comercios, participó en la reunión y le explicó al grupo que la alcaldía había accedido a retirar las maquinarias mientras se instalan mesas de negociación.
Desde el lunes 28 los comerciantes se niegan a desalojar sin que antes les presenten un proyecto y expliquen en qué situación quedarán.
Proyecto. "Unos dicen que van a hacer casas, otros una cancha y otros dicen que van a hacer una extensión de la vía. Si aquí hay un proyecto desde hace seis meses, ¿por qué llegaron el lunes (28) con una notificación escrita a mano para desalojarnos sin siquiera tener un proyecto que mostrarle a la comunidad?", vociferó una de las comerciantes afectadas.
Vecinos del sector exigieron a Fundacaracas que presentara un proyecto, y les recordaron que ese terreno está ubicado sobre lo que se conoce como la Laguna de Catia, y que no es viable hacer viviendas allí.
Edumar Gómez, afectada y trabajadora del lugar, explicó que nunca estuvieron al tanto de estos trabajos y que los empleados de la alcaldía que ordenaron la salida el mismo lunes 28, sólo les entregaron una notificación escrita a mano con el sello de la alcaldía.
Sin embargo, un funcionario municipal aseguró que todos los vecinos habían sido notificados con suficiente tiempo y que los que no recibieron notificación era porque no serían afectados.
Los vecinos le insistieron al mismo funcionario que jamás recibieron información de la desocupación y que desconocen si les van a pagar −tal como corresponde en una expropiación− o si les iban a reubicar sus negocios. Ruiz aseguró que en la reunión les habían indicado que la expropiación formaba parte del Plan Catia y que ese espacio sería destinado para viviendas.
Vecinos. Después de cuatro horas de tensión, efectivos de Policaracas comenzaron a retirarse del lugar debido al acuerdo en el cual la alcaldía se comprometió a dialogar primero con los afectados, en especial con los vecinos de las casas próximas a un autolavado (en la parte posterior de la avenida Bolívar) y una zapatería donde ya llegaron obreros a derrumbar las paredes con mandarrias, según aseguró un habitante del sector y familiar de la casa que colinda con ese local.
"El lunes dijeron que se iban porque tenían que sentarse a dialogar con la comunidad, pero apenas 24 horas después llegan con la maquinaria para echar abajo los locales. Exigimos que hablen claro con los afectados porque no vamos a permitir más abusos", afirmó una vecina.
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Desde el lunes 28 los comerciantes se niegan a desalojar sin que antes les presenten un proyecto y expliquen en qué situación quedarán.
Proyecto. "Unos dicen que van a hacer casas, otros una cancha y otros dicen que van a hacer una extensión de la vía. Si aquí hay un proyecto desde hace seis meses, ¿por qué llegaron el lunes (28) con una notificación escrita a mano para desalojarnos sin siquiera tener un proyecto que mostrarle a la comunidad?", vociferó una de las comerciantes afectadas.
Vecinos del sector exigieron a Fundacaracas que presentara un proyecto, y les recordaron que ese terreno está ubicado sobre lo que se conoce como la Laguna de Catia, y que no es viable hacer viviendas allí.
Edumar Gómez, afectada y trabajadora del lugar, explicó que nunca estuvieron al tanto de estos trabajos y que los empleados de la alcaldía que ordenaron la salida el mismo lunes 28, sólo les entregaron una notificación escrita a mano con el sello de la alcaldía.
Sin embargo, un funcionario municipal aseguró que todos los vecinos habían sido notificados con suficiente tiempo y que los que no recibieron notificación era porque no serían afectados.
Los vecinos le insistieron al mismo funcionario que jamás recibieron información de la desocupación y que desconocen si les van a pagar −tal como corresponde en una expropiación− o si les iban a reubicar sus negocios. Ruiz aseguró que en la reunión les habían indicado que la expropiación formaba parte del Plan Catia y que ese espacio sería destinado para viviendas.
Vecinos. Después de cuatro horas de tensión, efectivos de Policaracas comenzaron a retirarse del lugar debido al acuerdo en el cual la alcaldía se comprometió a dialogar primero con los afectados, en especial con los vecinos de las casas próximas a un autolavado (en la parte posterior de la avenida Bolívar) y una zapatería donde ya llegaron obreros a derrumbar las paredes con mandarrias, según aseguró un habitante del sector y familiar de la casa que colinda con ese local.
"El lunes dijeron que se iban porque tenían que sentarse a dialogar con la comunidad, pero apenas 24 horas después llegan con la maquinaria para echar abajo los locales. Exigimos que hablen claro con los afectados porque no vamos a permitir más abusos", afirmó una vecina.
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Podrán desalojar a arrendatarios de locales con 3 meses de pagos atrasados
Según el proyecto de Ley que normará los alquileres de los locales comerciales, las demandas por desalojo tendrán que tramitarse ante la Dirección Nacional de Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial
El proyecto de ley contempla 7 causales de desocupación (Archivo)
MAYELA ARMAS H.
Caracas.- La propuesta de Ley de Regulación y Control del Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial contempla que aquellos arrendatarios de establecimientos comerciales que se retrasen en los pagos por tres meses podrán ser desalojados del local.
El proyecto contempla siete causales de desocupación y una de ellas es el atraso en la cancelación de las rentas.
El texto agrega que "cuando el desalojo se fundamente en demanda por falta de pago de tres cánones de arrendamiento consecutivos, luego de agotada la vía administrativa y se determine que la causa de falta de pago es enteramente imputable al arrendatario, éste perderá de forma inmediata los derechos adquiridos por ley".
La Ley señala que más allá de la mora en alquiler, los propietarios podrán pedir el desalojo si el inquilino destinó el inmueble a usos deshonestos, que haya realizado deteriores mayores provenientes del uso normal del local, que haya cambiado el uso del inmueble, que el bien sea objeto de demolición, que se haya cedido el contrato de arrendamiento o que el propietario necesita ocupar el inmueble para algún pariente.
Las demandas por desalojo tendrán que tramitarse ante la Dirección Nacional de Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial, que realizará audiencias conciliatorias, de haber acuerdos mediante ese sistema, los propietarios e inquilinos podrán usar la vía judicial.
El Universal
30-05-12
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El proyecto contempla siete causales de desocupación y una de ellas es el atraso en la cancelación de las rentas.
El texto agrega que "cuando el desalojo se fundamente en demanda por falta de pago de tres cánones de arrendamiento consecutivos, luego de agotada la vía administrativa y se determine que la causa de falta de pago es enteramente imputable al arrendatario, éste perderá de forma inmediata los derechos adquiridos por ley".
La Ley señala que más allá de la mora en alquiler, los propietarios podrán pedir el desalojo si el inquilino destinó el inmueble a usos deshonestos, que haya realizado deteriores mayores provenientes del uso normal del local, que haya cambiado el uso del inmueble, que el bien sea objeto de demolición, que se haya cedido el contrato de arrendamiento o que el propietario necesita ocupar el inmueble para algún pariente.
Las demandas por desalojo tendrán que tramitarse ante la Dirección Nacional de Arrendamiento Inmobiliario de Uso Comercial, que realizará audiencias conciliatorias, de haber acuerdos mediante ese sistema, los propietarios e inquilinos podrán usar la vía judicial.
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Dueños deberán devolver montos cobrados en exceso
Todo monto cobrado por encima del canon máximo establecido por la dirección nacional de arrendamiento inmobiliario de uso comercial deberá ser devuelto al inquilino, según la propuesta que la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional discutirá la próxima semana.
El artículo 24 del proyecto de ley de regulación y control del arrendamiento inmobiliario prohíbe el cobro indebido, entendido como cánones distintos a los calculados por el organismo gubernamental, mientras que el 77 veta el cobro en exceso bajo coacción.
En ambos casos quienes incumplan no sólo deberán reintegrar el dinero al inquilino, sino que también tendrán que pagar multas de entre 300 y 400 unidades tributarias, que equivalen a entre 27.000 y 36.000 bolívares al valor actual del indicador del Seniat.
La propuesta también indica que los propietarios de inmuebles y las administradoras cuando éstas sean las encargadas del cobro tendrán responsabilidad solidaria en la devolución del monto pagado en exceso, que generará intereses a la tasa pasiva de la banca.
Los reclamos para el reintegro de alquileres se tramitarán de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley, que incluye una instancia administrativa antes del juicio, y prescribirán en un lapso de 10 años contado a partir de la última fijación del canon por parte de las autoridades.
Más castigos. La sanción de entre 300 y 400 unidades tributarias, la más alta de las señaladas en el proyecto, también aplicará a quienes incumplan los artículo 52, que obliga a abrir una cuenta bancaria para cobrar la renta, y el 68, que ordena la inscripción en el registro que creará el Gobierno.
Las multas irán de 200 a 300 unidades tributarias (18.000 a 27.000 bolívares) cuando se desacate la obligación de remitir el contrato a la dirección nacional de arrendamiento en los 60 días posteriores a su firma o violen el derecho del arrendatario al uso y goce pacífico del inmueble.
Un castigo igual se impondrá en caso de incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la garantía. Los artículos 41 y 42 establecen que el depósito o la fianza no podrán exceder del equivalente a 3 mensualidades del canon de arrendamiento.
Las sanciones serán de entre 100 y 200 unidades tributarias (9.000 a 18.000 bolívares) para quienes cobren por exhibir inmuebles en oferta de alquiler o no asuman el costo de las reparaciones (corresponderán al propietario cuando el monto supere 5% del canon).
Esta multa también aplicará a los dueños que cobren por condominio más de lo permitido (el equivalente a 40% de la renta), a los inquilinos que realicen mejoras sin autorización y a ambas partes cuando entreguen o devuelvan (según el caso) el inmueble en malas condiciones.
En cada estado. La dirección nacional de arrendamiento inmobiliario de uso comercial, que supervisará al sector según el proyecto de ley, será un instituto público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Estará adscrito al Ministerio de Comercio y deberá crear oficinas en cada estado, municipio y dependencia federal para garantizar el cumplimiento de la ley en todo el país.
El diputado Tito Oviedo declaró en ANTV que esta norma es necesaria para terminar de derogar la ley vigente desde 2000 y que la próxima semana será discutida en la Comisión para enviarla a plenaria lo más pronto posible.
El parlamentario agregó que, aunque habrá un tratamiento distinto al otorgado al alquiler de viviendas, no serán permisibles los altos márgenes de ganancia ni habrá lugar para la especulación.
Proceso largo
Al igual que la Ley para Regularización y Control de los Arrendamiento de Viviendas, aprobada en noviembre de 2011, la propuesta para los alquileres de locales comerciales y afines tiene un mecanismo para demandar que incluye una etapa administrativa previa al juicio.
El artículo 89 precisa que el interesado deberá consignar una solicitud ante la dirección nacional de arrendamiento inmobiliario de uso comercial para iniciar el procedimiento, que empezará con una audiencia conciliatoria en la que cada una de las partes expondrá sus alegatos. El artículo 97 agrega que sólo cuando la audiencia no sirva para solucionar el conflicto entre las partes el interesado podrá acceder a los órganos jurisdiccionales, donde también habrá una audiencia de mediación.
Entorno Inteligente
30-05-2012
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En ambos casos quienes incumplan no sólo deberán reintegrar el dinero al inquilino, sino que también tendrán que pagar multas de entre 300 y 400 unidades tributarias, que equivalen a entre 27.000 y 36.000 bolívares al valor actual del indicador del Seniat.
La propuesta también indica que los propietarios de inmuebles y las administradoras cuando éstas sean las encargadas del cobro tendrán responsabilidad solidaria en la devolución del monto pagado en exceso, que generará intereses a la tasa pasiva de la banca.
Los reclamos para el reintegro de alquileres se tramitarán de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley, que incluye una instancia administrativa antes del juicio, y prescribirán en un lapso de 10 años contado a partir de la última fijación del canon por parte de las autoridades.
Más castigos. La sanción de entre 300 y 400 unidades tributarias, la más alta de las señaladas en el proyecto, también aplicará a quienes incumplan los artículo 52, que obliga a abrir una cuenta bancaria para cobrar la renta, y el 68, que ordena la inscripción en el registro que creará el Gobierno.
Las multas irán de 200 a 300 unidades tributarias (18.000 a 27.000 bolívares) cuando se desacate la obligación de remitir el contrato a la dirección nacional de arrendamiento en los 60 días posteriores a su firma o violen el derecho del arrendatario al uso y goce pacífico del inmueble.
Un castigo igual se impondrá en caso de incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la garantía. Los artículos 41 y 42 establecen que el depósito o la fianza no podrán exceder del equivalente a 3 mensualidades del canon de arrendamiento.
Las sanciones serán de entre 100 y 200 unidades tributarias (9.000 a 18.000 bolívares) para quienes cobren por exhibir inmuebles en oferta de alquiler o no asuman el costo de las reparaciones (corresponderán al propietario cuando el monto supere 5% del canon).
Esta multa también aplicará a los dueños que cobren por condominio más de lo permitido (el equivalente a 40% de la renta), a los inquilinos que realicen mejoras sin autorización y a ambas partes cuando entreguen o devuelvan (según el caso) el inmueble en malas condiciones.
En cada estado. La dirección nacional de arrendamiento inmobiliario de uso comercial, que supervisará al sector según el proyecto de ley, será un instituto público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Estará adscrito al Ministerio de Comercio y deberá crear oficinas en cada estado, municipio y dependencia federal para garantizar el cumplimiento de la ley en todo el país.
El diputado Tito Oviedo declaró en ANTV que esta norma es necesaria para terminar de derogar la ley vigente desde 2000 y que la próxima semana será discutida en la Comisión para enviarla a plenaria lo más pronto posible.
El parlamentario agregó que, aunque habrá un tratamiento distinto al otorgado al alquiler de viviendas, no serán permisibles los altos márgenes de ganancia ni habrá lugar para la especulación.
Proceso largo
Al igual que la Ley para Regularización y Control de los Arrendamiento de Viviendas, aprobada en noviembre de 2011, la propuesta para los alquileres de locales comerciales y afines tiene un mecanismo para demandar que incluye una etapa administrativa previa al juicio.
El artículo 89 precisa que el interesado deberá consignar una solicitud ante la dirección nacional de arrendamiento inmobiliario de uso comercial para iniciar el procedimiento, que empezará con una audiencia conciliatoria en la que cada una de las partes expondrá sus alegatos. El artículo 97 agrega que sólo cuando la audiencia no sirva para solucionar el conflicto entre las partes el interesado podrá acceder a los órganos jurisdiccionales, donde también habrá una audiencia de mediación.
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Hoy se celebra el natalicio de Carlos Raúl Villanueva
Este miércoles 30 de mayo Venezuela celebra el natalicio del arquitecto más importante del siglo XX del país, Carlos Raúl Villanueva, nacido el 30 de mayo de 1900 en Londres. Es considerado pionero y máximo exponente e impulsor de la arquitectura moderna en el país. Villanueva dejó muy en alto el nombre de la nación con su talentoso estilo, es por ello que hoy se dedica un breve trabajo especial.
Carlos Raúl Villanueva nació en el Consulado de Venezuela en Londres. Hijo de Carlos Antonio Villanueva, ingeniero civil y diplomático venezolano y Paulina Astoul, una dama francesa de las altas élites de París. Carlos Raúl tenía cuatro hermanos: Marcel, Sylvia, Susana y Laureano quienes prefirieron la vida europea a convertirse en un "criollo integral" como Carlos Raúl.
Entre sus obras principales destacan la Reurbanización El Silencio, un importante desarrollo habitacional y comercial ubicado en el centro de Caracas, que incluye 7.797 apartamentos y 207 locales comerciales; y la Ciudad Universitaria de Caracas, el campus principal de la Universidad Central de Venezuela, considerado una obra maestra de la planificación urbana modernista, arquitectura y arte. El campus fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 2000. Carlos Raúl Villanueva falleció el 16 de agosto de 1975. Sin duda un venezolano ejemplar.
acn.com.ve
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Entre sus obras principales destacan la Reurbanización El Silencio, un importante desarrollo habitacional y comercial ubicado en el centro de Caracas, que incluye 7.797 apartamentos y 207 locales comerciales; y la Ciudad Universitaria de Caracas, el campus principal de la Universidad Central de Venezuela, considerado una obra maestra de la planificación urbana modernista, arquitectura y arte. El campus fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el 2000. Carlos Raúl Villanueva falleció el 16 de agosto de 1975. Sin duda un venezolano ejemplar.
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Robert Orta: Es un error centralizar el mercado de alquileres de locales
Robert Orta Martínez, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, considera que es un error que el Gobierno intente controlar el arrendamiento de locales comerciales porque de esa manera se centraliza el mercado. Aseguró que aún no se ha fijado el valor de reposición de los alquileres de viviendas y que a seis meses de haberse aprobado la ley respectiva hay problemas para llevar a cabo los procedimientos correspondientes.
"Se está repitiendo el grave error de la Ley de Arrendamientos. Se quiere centralizar todo y lo que se ha generado es un caos que no ha beneficiado ni a propietarios ni a inquilinos", expresó. Galpones demolidos Aproximadamente 12 galpones fueron demolidos ayer en Catia por funcionarios de Fundacaracas y la Alcaldía de Libertador, entre ellos uno perteneciente a Empresas Polar. Fue para construir viviendas destinadas a damnificados. Los afectados aseguran que se trató de una expropiación sin pago y sin ningún procedimiento legal.
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