El 12 de noviembre de 2011 fue promulgada en Gaceta Oficial la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, y ahora “se cumple un año de la vigencia de esa normativa y los problemas que la misma ha generado acabaron completamente con los alquileres como una salida habitacional para las familias venezolanas”, afirmó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri.
Una de las consecuencias más graves de esa ley, acotó Martini Pietri, es que “por el desequilibrio que consagra, la mayoría de las personas han preferido no arrendar, y quienes así lo hacen, se encuentran con conflictos que no pueden ser resueltos por los canales regulares, lo que altera la paz social y conlleva a soluciones no necesariamente legales” manifestó. No es posible que la sociedad deba acostumbrarse a que para hacer valer sus derechos y ser atendidas sus necesidades, deban hacer uso de medidas extremas como encadenarse a la puerta de su vivienda o mudarse al pasillo indefinidamente para que le sean restituidos sus derechos” resaltó Martini.
Martini Pietri recordó que la Ley de Arrendamiento fue discutida en medio de una “muy marcada parcialidad que, de forma notoria lesionaba al propietario”, pero que sin duda, como se advirtió en ese momento, dañaría de igual manera a los actuales y futuros inquilinos por su “inaplicabilidad y el exacerbado ventajismo que originaba para un grupo que vio en esta ley la posibilidad de sacar provecho personal”.
Detalles de la Ley
“Para el correcto acatamiento de esta ley, entre otras, es necesaria la determinación del canon de alquiler, pero el mismo no se puede calcular porque el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat no ha fijado el valor del metro cuadrado de reposición”, señaló Martini Pietri. Detalló que el valor de reposición es necesario para conocer cuánto sería el costo total de la vivienda, si se quisiera vender, siendo el inquilino quien tiene la primera opción bajo la Ley. Ese mismo valor se requiere para aplicarlo a la fórmula que aparece en la Ley de Arrendamiento y así obtener el valor del alquiler mensual, pero “lamentablemente desde que fue aprobada la ley, ha sido imposible implementarla pues, hasta ahora, no se ha fijado el valor de reposición antes mencionado”.
"¿Cuántas personas han sido lesionadas por no poder recibir un pago justo? Personas enfermas, madres de familia que han luchado solas por sacar sus hijos adelante, personas de la tercera edad que luego de sacrificarse y ahorrar, ahora no pueden comprar sus medicinas por no recibir la contraprestación a la que tienen derecho", advirtió el líder del sector inmobiliario.
Añadió que preocupa especialmente que las autoridades hayan manifestado que ese valor de reposición será establecido con “criterio socialista”, concepto este confuso, cuando la realidad es que el precio de un metro cuadrado puede ser calculado fácilmente con la sumatoria de los costos de los insumos y servicios que requiere para su construcción. “Existe miedo de que no se reconozca el verdadero valor que tienen las viviendas”, manifestó Martini Pietri.
Un propietario no puede, según la ley, recuperar de un inquilino su inmueble bajo ningún concepto ya sea que: no pague el canon de arrendamiento; que lo necesite para sí mismo o para un hijo, sin que antes el inquilino se provea o el Estado le facilite otra vivienda donde pueda habitar pero, "¿cómo podría hacerse si el déficit de viviendas en nuestro País sigue y continua aumentado cada año?", expresó Martini Pietri.
Por otro lado, destacó el centralismo que impone la Ley de Arrendamiento, porque todas las decisiones y trámites deben pasar por la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda en Caracas. Añadió que, para más desespero de los afectados, todavía no están debidamente conformadas las oficinas de representación en las diversas regiones del país.
Martini Pietri insistió en que este desequilibrio normativo generó, “y lo seguirá haciendo”, efectos perjudiciales para todos los sectores vinculados, e hizo referencia a que ley prevé multas entre 50 y 1.000 Unidades Tributarias para las personas que no la cumplan. Destacó que por ejemplo los contratos deben ser redactados conforme a los lineamientos de la Ley y aprobados por SUNAVI, siendo obligatorio para ello que éste organismo fije el canon máximo a cobrar, más ahora que los cánones fueron descongelados. Lo que no puede, pues no hay valor de reposición. Sin embargo, el incumplimiento de esto acarrea sanciones para el propietario. “Por esta y otras razones más, aquel compatriota que este arrendando viviendas, lo está haciendo al margen de la Ley, no porque no quiera cumplirla, sino porque no puede”.
“Es un círculo vicioso, tenemos una ley profundamente politizada que reduce la posibilidad de cumplirla, y se ven afectados aquellos quienes desean actuar conformes a la legalidad y al estado de derecho, como lo han venido demostrando la mayoría de los propietarios e inquilinos que entienden la importancia de una relación arrendaticia sana. Esto es justamente lo que hemos intentado explicar a la opinión pública, ya que existen personas que, en medio de este desorden, sacan ventaja económica”, señaló Martini Pietri.
Soluciones
Restaurar la confianza es fundamental para la recuperación del alquiler como opción habitacional para los millones de venezolanos que están urgidos de un techo, sentenció Martini Pietri. “Mientras no exista seguridad para la inversión, para el respeto a la propiedad privada, mientras los propietarios sientan que sus inmuebles pueden ser arrebatados sin que ni siquiera reciban ningún tipo de justo pago por su trabajo, entonces el mercado arrendaticio, el arrendamiento como solución habitacional, mantendrá su ritmo de decrecimiento”, explicó.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela afirmó que democráticamente, con la participación genuina de todos los sectores y actores, debe discutirse el destino de este instrumento, siempre con miras a que se faciliten los alquileres. Resaltó que en el país hay un déficit habitacional que vienen incrementándose en los últimos 14 años de 1.500.000 viviendas a más de 2.750.000 unidades habitacionales tal y como lo censó la Gran Misión Vivienda, lo que quiere decir que la demanda crece sin que pueda ser satisfecha por si misma, sin el apoyo del sector privado ni por los programas gubernamentales de vivienda de manera aislada.
“El arrendamiento es necesario y bien orientado beneficia a toda la sociedad venezolana, porque los propietarios, con el estímulo adecuado, reinvierten ahorrando para producir más soluciones habitacionales, y así las familias encuentran sitios donde vivir con mucha más facilidad, lo que sería un alivio para el Gobierno y para la sociedad en general”, explicó Martini Pietri.
De acuerdo con Martini Pietri, con una reforma de la ley debe venir la descentralización de las funciones de los organismos públicos que rigen la materia, la simplificación de los trámites administrativos, la garantía de un justo canon, y la posibilidad real de recuperar el inmueble, respetando el derecho humano a la vivienda pero también el derecho de propiedad privada.
El máximo representante de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela aseveró que el interés de los profesionales del gremio es el bienestar de toda la población, y concluyó que se ha evidenciado tras un año de vigencia que la Ley de Arrendamientos no ha beneficiado a ninguna de las partes, por el contrario, ha causado un gran desbalance en las relaciones arrendaticias, por lo que se hace impostergable su revisión. De no realizarse los cambios necesarios, el daño a largo plazo será más difícil de subsanar, especialmente cuando continúa ampliándose la brecha entre la necesidad y la factibilidad de satisfacción de viviendas dado al crecimiento de la población.
Cámara Inmobiliaria de Venezuela
09-11-2012
Recopilado por:
Lic. Henry Medina
Asesor Inmobiliario, de Seguros e Inversiones
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